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Etiqueta: plaguicidas

Investigación sobre los efectos del plaguicida etropofós

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.

Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.

Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.

Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.

En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.

La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.

El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.

La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.

En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.

Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.

Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.

Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.

Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.

Abril de 2021.

 

Foto: UCR.

Talamanca: denuncian fumigación aérea por daños a la salud y ecosistemas

  • Área de salud solicita ayuda a Aviación Civil

  • Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas

Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.

El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.

Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.

Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.

También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “un video en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.

Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.

Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas

En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).

En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).

Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica abocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.

En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se está tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).

[i]http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=52129&nValor3=70809&strTipM=TC

[ii] https://historico.semanariouniversidad.com/pais/en-talamanca-estudio-revela-presencia-de-agroqumicos-en-orina-de-nios/

[iii]http://www.isa.una.ac.cr/images/articulos/cientificos/2014_Aplicacion_aerea_de_Mancozeb_esp.pdf

[iv]http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2014/octubre/2014octubre_pag05.html%23:~:text=Las%20mujeres%20embarazadas%20que%20viven,se%20aplica%20mediante%20fumigaci%C3%B3n%20a%C3%A9rea.

[v]https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014

[vi] https://surcosdigital.com/podrian-permitir-fumigacion-cerca-de-escuelas-ebais-y-centros-de-poblacion/

Compartido con SURCOS por Fabián Pacheco

Hoy en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas llaman a proteger las abejas y la vida

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Henry Picado:

Celebrarán foro sobre los agrotóxicos y polinizadores en Costa Rica

El 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Se trata de un día en el que se le llama la atención a la población mundial sobre la grave consecuencias socio ambientales originadas por el uso de los agroquímicos para los ecosistemas y el ser humano.

Esta fecha fue establecida en 1984 por las 400 organizaciones que formaban parte de la Red de Atención en Plaguicidas (Pesticide Action Network) de un total de 60 países, en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bhopal, India, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico, utilizado por una transnacional agroquímica para fabricar plaguicidas.

Desde hace más de una década se viene investigando la relación que tiene el uso de plaguicidas con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global.

El pasado jueves 26 de noviembre se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley bajo el expediente N.º 21982, en el cual se declara a las abejas de “interés público” y se decreta un día en su honor.

Algunos ecologistas aseguran “este es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para consolidar una verdadera protección a las abejas hay que prohibir los agroquímicos que las asesinan. En este sentido, hoy 3 de diciembre, un día mundial de lucha contra los plaguicidas, es urgente detener y revertir el proceso de flexibilización de la normativa de registro de agrotóxicos en el país y hacer los análisis de evaluación de riesgo ambiental a los productos químicos”.

Según el artículo publicado el día de hoy “en lo que va del año, el país ha reportado al menos diez casos de intoxicaciones masivas en apiarios y se estima que han muerto unos 60 millones de abejas. Pero son muchos millones más de abejas, insectos y microorganismos que mueren a diario sin ser contabilizados. La causa central de esta masacre es la agricultura industrial de exportación, que coloca frutas baratas con externalidades incalculables y, como si esto fuera poco, se contaminan las fuentes de agua de las comunidades, la vida silvestre, los ecosistemas cercanos y las personas que trabajan y viven cerca de estas plantaciones”. (1)

“Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen muchas interrogantes: ¿Se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos agro venenos?, ¿qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de este nuevo proyecto de ley de protección a las abejas? Aún sin tener respuestas a esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas”, aseguraron los ecologistas.

Notas:

1.Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. En el Día Mundial contra los agro venenos, protejamos las abejas. https://semanariouniversidad.com/opinion/en-el-dia-mundial-contra-los-agro-venenos-protejamos-las-abejas/

Foro internacional: “Políticas para la reducción del uso de plaguicidas en la agricultura, la protección de la salud y el ambiente”

La Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) organiza el foro internacional “Políticas para la reducción del uso de plaguicidas en la agricultura, la protección de la salud y el ambiente” agendado para este próximo jueves 03 de diciembre a la 1:00 pm, hora de Costa Rica.

El evento virtual contará con los siguientes panelistas:

– Alexander Von Hildebrand (Alemania). Asesor OPS, OMS y FAO.
– Fernando Ramírez (Costa Rica). Docente e investigador Universidad Nacional.
– Jaime Delgado Zegarra (Perú). ex congresista, docente e investigador Universidad San Martín de Porres.
– Luis Gomero Osorio (Perú). Presidente Consorcio Agroecológico Peruano, coordinador nacional ejecutivo RAAA y docente.
– Medardo Ávila Vásquez (Argentina). Médico docente Hospital Universitario de Córdova y Red de Médicos de Pueblos Fumigados

El foro virtual será transmitido por Zoom y en el Facebook Live de la RAAA.

Información compartida a SURCOS por la Red de Coordinación en Biodiversidad.

Anarquía ambiental y negocios

Limón, 2 de noviembre de 2020

Licda. Emilia Navas Aparicio
Fiscala General, Ministerio Público

Estimada señora fiscala general:

Tal y como le expusimos, la anarquía impera en los centros de rescate a nivel de la región Caribe. Igualmente, debemos de agregar que en nuestra región se han drenado miles de hectáreas de humedales de yolillo para ampliar la frontera agrícola, a vista y paciencia de un inoperante Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) que, únicamente reacciona a gestión de parte, olvidando aspectos básicos de planificación y gestión.

Tan grave como lo anterior, tenemos la incesante lluvia de biocidas y plaguicidas que día a día recibimos por parte de actividades agroindustriales mal reguladas por el Ministerio de Salud, que hace interpretaciones antojadizas del reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, en detrimento de la ley y la calidad de vida de miles de sencillos pobladores, que a su vez son trabajadores de empresas bananeras, a los cuales ni siquiera se les respeta los estándares internacionales sobre retorno a las plantaciones bananeras después de la aplicación de los productos químicos, lo cual es absolutamente abusivo para ese importante sector de trabajadores, que son extranjeros en algunos casos, lo que quizás favorece la comisión de estos abusos.

Los reglamentos y leyes ambientales que conforman nuestra normativa no cuentan para dicha población, debido a una corrupta casta de inspectores del Ministerio de Salud, que privilegian los intereses de los empresarios bananeros por encima del bienestar común. Los ejemplos abundan en casi todos los cantones bananeros de nuestra región Caribe, en las cuales existen barreras arbóreas naturales que no contienen el desplazamiento de los productos químicos (la llamada deriva), como consecuencia de los fuertes vientos que imperan en nuestra zona.

En ese mismo orden, tenemos enormes diques construidos en su mayoría de manera ilegal o al amparo de decretos de emergencias ya caducos o inaplicables, por empresas bananeras en los cantones de Limón, Matina, Siquirres y Sixaola, generándose un ilegal negocio para un reducido grupo de empresas allegadas a CORBANA, a la Dirección de Obras Fluviales, la Comision Nacional de Prevención y Atencion de Emergencias (CNE) y JAPDEVA, instituciones todas que tienen por norma reconstruir diques que fueron construidos ilegalmente, librando así de toda responsabilidad a algunos conocidos empresarios de la región, que usualmente cuando se ven afectados por inundaciones generadas por las mismas obras empíricas que han edificado (muchas veces dentro de la ripa y cauces de dominio público), entonces encuentran muy pronto amparo en las instituciones supra citadas, lo cual constituye claramente un asalto «legalizado» a la hacienda pública. Los ejemplos y las pruebas abundan, a la espera de un acucioso esfuerzo de coordinación entre las fiscalías Agrario Ambiental y de Probidad.

Adicionalmente, en el cantón central de Limón, se está impulsando el precarismo y ocupación de zonas de recarga acuífera a vista y paciencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA).

Estimada señora fiscala general: esta es una pequeña muestra de la anarquía y la corrupción que impera en nuestra región, que es una de las que ostenta los más bajos índices de desarrollo, lo cual ha venido sucediendo de manera ininterrumpida por décadas, todo lo cual nos impone el deber de solicitarle muy respetuosamente, se sirva interceder en favor de nuestra gente, aras de la institucionalidad y los derechos humanos ambientales de quienes no son atendidos como en derecho corresponde.

Ruego proceder de conformidad, asignando un funcionario o funcionaria que ponga un alto a los abusos antes indicados, estableciendo plazos y cronogramas de cumplimiento.

Gracias y saludos,
Marco Levy

 

Imagen ilustrativa: Fecon.

El ambientalismo del gobierno profundiza las crisis

COECOCeiba – Amigos de la Tierra CR

Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.

Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.

Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.

El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.

El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)

La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?

Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).

Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.

Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.

[1]El País, 15 de julio del 2020: http://www.elpais.cr/2020/07/15/costa-rica-propone-incluir-a-la-naturaleza-como-eje-de-decisiones-economicas-frente-a-la-pandemia/

[2]En el segundo artículo de esta serie, analizaremos las soluciones basadas en la naturaleza.

[3]https://www.weforum.org/communities/champions-for-nature

[4]En el segundo artículo de esta serie, nos referiremos a las mismas.

El 65% de los alimentos frescos consumidos en Costa Rica contiene residuos de agroquímicos

  • Un 19,5% de los vegetales frescos producidos en el país tienen niveles de contaminación de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido.
  • Poder Ejecutivo sin iniciativa para remediar la situación.

(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.

Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).

En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.

Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).

Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.

Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.

Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.

Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.

Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.

Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.

Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Los polinizadores son imprescindibles para la reactivación económica después del COVID19

Henry Picado Cerdas*

En las últimas semanas las cámaras empresariales, el INCAE y ministro de Agricultura y Ganadería presionan de manera irresponsable que Costa Rica debe permitir el uso de más agroquímicos sin su evaluación toxicológica para superar la crisis sanitaria. Premisa falsa que sólo protege los bolsillos de los importadores de venenos.

Esta temeraria exigencia pone en riesgo diversos sectores de la economía que no soportan más contaminación de plaguicidas. Hablo de escolares fumigados diariamente, agua captadas para uso humano contaminado con agrotóxicos cancerígenos, miles de personas enfermas por la exposición a plaguicidas, trabajadores sin indemnizaciones de parte de las empresas responsables por la pérdida de salud, 90% de los alimentos que consumimos a diario contaminados con plaguicidas. Estos son algunos de los muchos impactos de los agrovenenos importados diariamente al país. Pero ahora quiero que pensemos en los unos seres diminutos que tienen un aporte indiscutible a la economía de un país dedicado a la agricultura, las abejas.

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el aporte de los polinizadores como las abejas equivale a 20 veces del valor de la miel que producen. Para un país como Costa Rica que cuenta con unas 40 mil colmenas, las cuales produce unas 1.200 toneladas métricas de miel, lo que equivale a unos ¢6.000 millones por su valor en el mercado. Si hacemos la multiplicación que siguiere la FAO encontraremos que las abejas melíferas proporcionan en servicios de polinización al menos ¢120.000 millones (unos USD$210 millones) la economía nacional todos los años. Pero claramente el valor económico no es lo más importante en este tema, pero al parecer este el único lenguaje que comprende el gobierno.

Este aporte poco contabilizado en la lógica del Banco Central, nos dará luces para entender sobre la importancia en la economía de la defensa de las abejas contra el abuso de los plaguicidas y de sus vendedores. Se calcula que Costa Rica importa USD$160 millones en agrovenenos. Estas empresas importadoras de plaguicidas incorporadas en la UCCAEP, reciben al menos USD$30 millones en exenciones fiscales anualmente según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Es importante decir que el registro plaguicidas está siendo revisado por la Sala Constitucional desde el año 2019, debido a que distintas organizaciones ambientales como la Federación Ecologista (FECON) y del Movimiento para la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) han acudido al tribunal constitucional para denunciar el abuso en la incorporación de los plaguicidas sin análisis técnico, piden su revisión bajo la ciencia y la técnica. Además, existe un Recurso de Amparo apoyado por cientos de apicultores nucleados en la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura (CNFA) contra los Neonicotiniodes (agrovenenos con nefastos contra las abejas). Por lo que pedir más agrotóxicos atenta contra el accionar del mismo Poder Judicial.

Hoy toca decidir para dónde quiere el país encaminarse: hacía la agri-cultura-economía de la vida o una de la muerte. Pero Casa Presidencial al parecer solo tiene oídos para quienes proponen toxicidad y explotación laboral.

Es urgente proteger a los polinizadores, la apicultura y así a la economía costarricense y no hacerles caso a los vendedores de venenos.

* Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y parte de la Alianza Biodiversidad y el Comité editorial de la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas.

 

Foto: Quique Vega
Apicultura aporta anualmente más de ¢120.000 millones en servicios de polarización.

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Sala IV ordena estudios sobre impacto de agroquímicos en abejas

El doctor Jaime García, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad informó a SURCOS que la Sala Constitucional ordena realizar estudios sobre impacto de agroquímicos en abejas, esto, en defensa de la biodiversidad. La resolución procura proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, según el comunicado.

La nota publicada de la Sala Constitucional indica:

“La Sala Constitucional, en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordena al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (especie clave para la biodiversidad) del uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides.

Por medio de la sentencia N° 2019-024513, votada por unanimidad el viernes 6 de setiembre, la Sala procura que se mejoren las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población.

El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica

La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.

El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.

“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.

La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta, quien acudió al Tribunal garante de derechos y libertades luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos”.

 

Imagen ilustrativa.

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