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Etiqueta: plaguicidas

La Comisión Europea avanza en la regulación para reducir un 50% los plaguicidas

Martin Dermine, responsable de políticas de PAN Europa, dijo: «La agricultura pro-intensiva y el lobby del agronegocio han utilizado la crisis de Ucrania para intentar posponer y diluir cualquier mejora para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente contra los plaguicidas. Su lobby ha encontrado el apoyo de 12 Estados miembros que han sometido a la Comisión a una intensa presión. Es excepcional que la Comisión Europea se enfrente a semejante presión del Consejo antes de publicar un proyecto de texto legislativo».

Doce Estados miembros (la Unión Europea se compone de 27 países miembros), encabezados por Polonia y Estonia, han publicado dos documentos de posición, en los que piden que se posponga la aplicación de la estrategia «del campo a la mesa» o que se suavice. Mientras la guerra de Ucrania ponía de manifiesto la fragilidad e insostenibilidad del sector agrícola de la Unión Europea (UE), un lobby masivo de la agroindustria, apoyado por países como Francia y Polonia, jugaba con mensajes de alarma para mantener nuestro modelo dominante de agricultura tóxica.

Martin Dermine comentó: «El proyecto de la propuesta de la Comisión es un punto de partida para los debates: necesita mejoras para evitar que los Estados miembros jueguen con las cifras para escapar de la necesaria transición hacia las prácticas agroecológicas. El sistema de cálculo para medir los avances es defectuoso y necesita importantes mejoras».

Martin Dermine añadió: «Para complacer a los Estados miembros amigos de los plaguicidas, la Comisión ha incluido en el último minuto un concepto de «intensidad» que permitiría a algunos Estados miembros con regiones de agricultura intensiva mantener su actividad como siempre, dejando el medio ambiente desprotegido».

El proyecto de reglamento de la Comisión establece algunas normas claras para reducir el uso de plaguicidas, imponiendo a los agricultores el «Manejo Integrado de Plagas» (MIP), al tiempo que prohíbe los plaguicidas en las ciudades y en las zonas «sensibles». Además, como cambio de última hora, la Comisión propone modificar el reglamento sobre los planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC), permitiendo a los Estados miembros ofrecer a los agricultores financiación de la PAC para aplicar el MIP.

Henriette Christensen, asesora política principal de PAN Europa, dijo: «Es totalmente inaceptable utilizar la financiación de la PAC para apoyar la aplicación del MIP: El MIP es obligatorio desde 2014. Esta propuesta está retrasando una década la aplicación del MIP. Por el contrario, la no aplicación de la ley sobre el MIP y las normas sobre plaguicidas debería conducir al reembolso de las subvenciones de la PAC por parte de los agricultores».

Natalija Svrtan, responsable de la campaña «Ciudades sin plaguicidas» de PAN Europa, añadió que «países como Francia o Bélgica han prohibido hace tiempo el uso de plaguicidas en espacios públicos. El hecho de que la Comisión quiera hacerlo obligatorio en toda la UE es muy positivo».

Natalija Svrtan añadió: «PAN Europa apoya firmemente la propuesta de prohibir los plaguicidas en las zonas naturales protegidas: de hecho, no tiene sentido financiar medidas de restauración de la naturaleza, por un lado, y permitir la destrucción de la biodiversidad con plaguicidas por otro».

Martin Dermine para concluir: «Recientemente, 1,2 millones de ciudadanos de la UE apoyaron una Iniciativa Ciudadana Europea para una UE libre de plaguicidas para 2035. La propuesta de la Comisión debe ser mejorada, ¡si queremos marcar la diferencia! La reducción de plaguicidas debe ser una realidad en toda la UE».

PAN Europa considera que una reducción del 50% de los plaguicidas no es, desde una perspectiva agronómica, un objetivo ambicioso: los conocimientos científicos y empíricos demuestran que los agricultores convencionales pueden alcanzar este objetivo a través de pequeños cambios en las prácticas, sin reducciones de rendimiento. PAN Europa aboga por una verdadera transición hacia la agroecología, con una reducción del 80% de los plaguicidas hasta 2030 y del 100% hasta 2035, como objetivo realista. Esto beneficiaría la sostenibilidad a largo plazo de los agricultores, la recuperación de la biodiversidad y la protección de la salud de los ciudadanos.

Ante acción comunitaria, ministra de Salud pide al AYA investigar productos de la degradación del agrotóxico clorotalonil en el agua de Cipreses

  • La ministra solicitó un plan de medición para analizar moléculas de degradación del clorotalonil en los acueductos que puedan estar siendo contaminados en Costa Rica.

  • El clorothalonil no está autorizado en la Unión Europea desde marzo del 2019 por los riesgos que este agrotóxico presenta para la salud ambiental.

El pasado 03 de junio la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, director ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas. (ver adjunto (MS-DM-5043-2022).

La directriz girada por la ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, desde el Frente Ecologista de Cipreses (grupo conformado por vecinos de Cipreses de Oreamuno, afectados por la contaminación de sus nacientes con productos de la degradación del clorothalonil) extendemos nuestras felicitaciones a la señora ministra por tan diligente pronunciamiento a favor de la salud de todos los costarricenses. Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población.

Es importante informar a la población que este fungicida, el cuál es el segundo más utilizado en Costa Rica, es considerado altamente peligroso y entre las afectaciones sobre la salud humana que provoca, destacan problemas hepáticos e insuficiencia renal, además, está catalogado como un producto cancerígeno, según el reporte Final Renewal report for the active substance chlorothalonil, publicado en el 2019 por la Dirección General de salud y Alimentación segura de la Unión Europea. (ver adjunto)

El Frente Ecocipreses viene denunciado en diversos medios de comunicación que las nacientes de agua llamadas Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses, Cantón de Oreamuno, destinadas para consumo humano presentaron resultados positivos para los productos de la degradación del clorothalonil según cuatro muestreos realizados entre el 2020 y 2021 por parte del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. Según consta en el último informe del 17 de diciembre (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) del IRET se han encontrado la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorothalonil, así como trazas de 9 plaguicidas varios en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno Cartago. (https://semanariouniversidad.com/pais/iret-confirma-contaminacion-de-agua-en-naciente-de-cipreses-de-oreamuno-con-derivados-de-fungicida/)

 Los miembros del Frente Ecocipreses hacen un llamado a que este caso de contaminación confirmado pueda llevarse desde las instituciones del estado de una forma más diligente y profesional en comparación como se llevó años atrás el caso de contaminación del agua con bromacil de múltiples comunidades de Costa Rica, sobre todo considerando que tuvieron que pasar más de ocho años para que las comunidades pudieran recibir agua sin el agrotóxico llamado bromacil. El hallazgo con moléculas de la degradación del plaguicida clorothalonil en Cipreses de Cartago y la forma en que se está llevando este caso recuerda el largo camino ya recorrido con el bromacil y la torpeza de las instituciones en proteger la salud pública de forma eficiente.

El Frente Ecologista de Cipreses Cartago hace un vehemente llamado al Gobierno de La República y en Especial a la Presidencia del AyA para que se fortalezca con recursos, infraestructura y personal el Laboratorio Nacional de Aguas. ¿cómo es posible que el Laboratorio Nacional de Aguas solo pueda analizar la presencia de 24 plaguicidas en el agua potable (el conocido análisis N4)? cuando en el país hay más de 200 plaguicidas registrados y según el reciente informe del PNUD hay 161 moléculas altamente peligrosas. Es evidente la falta de capacidad de monitoreo del AyA en uno de los países de mayor uso y abuso de agrotóxicos. (https://impactoplaguicidas.cr/)

El clorothalonil que hoy contamina el agua de cipreses y ¿quién sabe cuántos tomas y nacientes de aguas más? no está permitido en la Unión Europea desde marzo 2019 como consta en documento adjunto. Tampoco está permitido su uso en otros 17 países más precisamente por ser un agente contaminador del agua potable y sus impactos negativos en materia de salud pública.

La solicitud de la ministra muestra una rápida respuesta a un problema que ha sido ampliamente documentado en Europa y que aquí se está destapando recientemente gracias a la lucha ecologista de la comunidad de Cipreses por defender las nacientes y tomas de agua que abastecen a más de tres mil personas.

Facebook: Frente Ecocipreses

Universidades de Yale y Columbia incluyen a Costa Rica entre los peores países en materia de uso de agroquímicos

-Somos el basurero global de agrovenenos que en otras partes del mundo están prohibidos.

(Bloque Verde, 18-6-2022) Las universidades norteamericanas de Yale y Columbia han publicado el Índice de Desempeño Ambiental (EPI por su siglas en inglés) el cual analiza 180 países en materia de cambio climático, salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Este índice reporta 40 indicadores de desempeño en más de 11 categorías. En este prestigioso reporte Costa Rica se sitúa en la posición 68, muy por debajo de lo que se esperaría de un país que hace tanto autobombo de la supuesta efectividad de sus políticas ambientales (Wolf, 2021).

El informe de la universidades norteamericanas se desglosa en 40 indicadores y es verdaderamente vergonzosa puntuación para Costa Rica sobre el riesgo en el uso de plaguicidas. El país se encuentra en el puesto 96 sobre el manejo del riesgo de los agrotóxicos y el 156 en eficiencia de uso de fertilizantes. Es decir, existen 95 países como mejor desempeño ambiental en materia agrícola, incluso vecinos de nuestra región como Colombia, ,a cual está en el puesto 56 en materia de riesgo por uso de plaguicidas.

Además Costa Rica está entre los 30 países en los cuales la biodiversidad está sujeta a alto riesgo de contaminación por mezclas de plaguicidas, además es la nación en posición 11 en dónde existe especies en peligro de extinción amenazadas por agroquímicos.

Las universidades de Yale y Columbia además señalan a Costa Rica como un lugar donde existe un alto riesgo de contaminación de agua por plaguicidas. Situación que ha sido más que patente en comunidades de San Carlos Siquirres y Cartago.

En Costa Rica se siguen usando 133 agrotóxicos considerados altamente peligrosos por sus implicaciones en la salud y en el medio ambiente, como por ejemplo, el paraquat y el metamidofós, un insecticida que está prohibido en 102 países (Semanario, 2021). El reciente informe del PNUD sobre uso de plaguicidas en el país revela que el 93% de los agrovenenos usados en Costa Rica son Pesticidas Altamente Peligrosos (PAP).

Lo anterior podría resumirse en que Costa Rica es el basurero de los agroquímicos que en otras partes del mundo están prohibidos y que acá todavía se comercializan. Un ejemplo de esto es el clorotalonil segundo fungicida de mayor uso en el Costa Rica y ha sido prohibido en 32 países, al ser considerado un plaguicida altamente peligroso debido a sus probabilidades de producir cáncer. Justamente está el plaguicida que ha contaminado las fuentes de agua de unas 3000 personas en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

Referencias:

Wolf, M. J., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2022). 2022 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/cri

En Costa Rica se usan 133 plaguicidas considerados altamente peligrosos. Setiembre 2021. https://semanariouniversidad.com/pais/en-costa-rica-se-usan-133-plaguicidas-considerados-altamente-peligrosos

Otra agricultura es posible, hacia la reducción de agroquímicos

El día de ayer, lunes 13 de junio del presente año 2022, se llevó a cabo, bajo el marco de la celebración del mes del Ambiente, la charla “Otra agricultura es posible gracias a la reducción de agroquímicos”, impartida por la unidad regional del INA. 

En el evento se discutieron temas referentes a los peligros del uso de plaguicidas y vías para reducir su uso en los cultivos nacionales. 

Puede ver charla completa en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/SectorAgroCR/videos/746684639690052/Encuentro 

Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común

El 8 de junio de 2022, se realizó el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común”, organizado por el Programa Kioscos socioambientales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La intencionalidad de este foro fue exponer sobre la mesa, temas primordiales como el uso alarmante de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, mencionado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, del riesgo para la salud humana y el ambiente, la conservación del medio, el uso sostenible de los recursos naturales, los retos y desafíos, entre otros. Se indicó en dicho informe que, los plaguicidas usados son de alta  peligrosidad, estableciendo un rango significativo de uso muy por encima de países del continente que poseen condiciones agrícolas similares a las de Costa Rica.

La mesa de panelistas fue integrada por el representante residente adjunto del PNUD Kifah Sasa; la Docente en la Escuela de Salud Pública, Rebeca Alvarado; el Químico David Bolaños; el Químico Ambiental Clemens Ruepert; la Síndica del distrito Cipreses de Cartago, Isabel Méndez y la moderadora Isabel Avendaño.

Para más información, en el siguiente enlace encontrará el vídeo completo del foro: https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos/videos/7668355893239026/ 

Diputaciones de Cartago piden cuentas al AyA y a Salud sobre contaminación en agua de Cipreses, Cartago

Comunicado de prensa

  • Diputaciones de Cartago del PLN y FA piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud sobre contaminación en el agua de Cipreses Oreamuno Cartago

  • Se realizará foro académico para esclarecer discusión técnica ante los hallazgos de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil en el agua de Cipreses

En el marco del Día Mundial del Ambiente se llevará cabo el foro PLAGUICIDAS EN COSTA RICA, EL AGUA DE CIPRESES Y EL CUIDO DEL BIEN COMÚN en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, el próximo 08 de junio a las 5:00PM de forma presencial (se adjunta afiche del foro).

El objetivo de este importante espacio es poder analizar los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago que vienen encontrándose por parte del IRET de la UNA. (adjunto análisis UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021). El clorotalonil fue prohibido en Europa y 17 países más por contaminar el agua con dichos productos de degradación y es lo que precisamente está sucediendo en la zona Norte de Cartago según denuncian voces de los habitantes desde la comunidad de Cipreses.

En el foro también estará presente en mesa la experta de la UCR, Rebeca Alvarado, quien en coordinación con el PNUD han dado a conocer recientemente el informe: Diagnóstico De Afectación A La Salud Por Uso De Agroquímicos En Costa-Rica (https://impactoplaguicidas.cr/repositorio/diagnostico-de-afectacion-a-la-salud-por-uso-de-agroquimicos-en-costa-rica/) donde se evidencia que solamente en el tratamiento de dolencias, incapacidades, y pérdida de productividad asociada al alto consumo de plaguicidas Costa Rica paga $9 millones al año. Eso sin contar y sin haber podido estimar las enfermedades crónicas de personas expuestas a plaguicidas como son las malformaciones congénitas, el cáncer, entre otras…

Costa Rica es uno de los países den el mundo de mayor consumo de agrotóxicos en el mundo según se han dado a conocer el reciente informe del PNUD  https://impactoplaguicidas.cr/.

“Mientras los sectores corporativos industriales que lucran en el negocio de venta y consumo de plaguicidas exigen la entrada de nuevas moléculas, nadie está hablando de sacar del mercado nacional los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países por ser altamente tóxicos y contaminantes, como por ejemplo el clorotalonil, que como podemos ver se ha encontrado en el agua de nuestra ASADA  en Cipreses y bien sabemos del riesgo que esto representa para nuestra salud” Indicó Jordan Vargas vocero del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago que hoy lucha por la protección ecológica  de las nacientes y la no aplicación de agrotóxicos en el área de recarga acuífera  de las nacientes de su comunidad.

Por su parte la diputada Rosaura Méndez, Segunda Prosecretaria PLN y el Diputado Antonio Ortega del Frente Amplio piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud y han enviado escritos (ver adjuntos) desde sus despachos pidiendo explicaciones. Las diputaciones de Cartago cuestionan la falta de capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas ya que no tienen capacidad técnica de esclarecer la denuncia que con análisis de laboratorio en mano han hecho los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses (se adjunta memorando del AYA GSUD-UEM-GAR-2022-01098).

Integrantes del Frente Ecologista de Cipreses reconocen el gran apoyo que la diputada Rosaura del PLN de Cartago y Antonio Ortega del Frente Amplio están dando por el cuido del bien común, la salud pública y los recursos naturales con sus acciones concretas como diputaciones de la provincia y se evidencia el compromiso real con el bienestar de la gente.

La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la alta incidencia en cáncer estomacal que bien se conoce en la provincia y su relación con el consumo de plaguicidas.

Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com Síguenos en Facebook:  FRENTEECOCIPRESES

Día del Ambiente: “Plaguicidas en Costa Rica, el Agua de Cipreses y el cuido del bien común”

Conmemorando el Día del Ambiente, se invita a la actividad que se realizará en la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales UCR, el próximo 08 de junio a las 5:00 p.m. El foro es titulado “Plaguicidas en Costa Rica, el Agua de Cipreses y el cuido del bien común”.

Entre las personas invitadas se encontrará Kifa Sasa (PNUD- CR), Rebeca Alvarado Prado (área de investigación PNUD), David Cambronero del Laboratorio Nacional de Aguas, Clemens Reupert (IRET-UNA) e Isabel Méndez (Frente Eco Cipreses). Moderará Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales.

Se realizará una transmisión del evento en el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y Programa Kioscos Socioambientales.

Entre los temas a tratar se encuentran los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago.

Plaguicidas en Costa Rica: El agua de cipreses y el cuido del bien común

Se le invita a la actividad “Plaguicidas en Costa Rica: El agua de cipreses y el cuido del bien común”, realizada en un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, Kioscos Socioambientales y Frente ECO-CIPRESES. 

La actividad contará con los siguientes panelistas:

  • Sr. Kifa Sasa. PNUD C.R
  • Sra- Rebeca Alvarado. UCR 
  • Sr.Darner Mora. Laboratorio Nacional de Aguas (Sin confirmar)
  • Sr. Clemens Ruepert. IRET-UNA
  • Sra. Isabel Méndez. Frente Eco-Cipreses

Moderadora: Isabel Avendaño Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se realizará en el marco de la celebración del Día Mundial Medio Ambiente y tendrá lugar el miércoles 08 de junio a las 5:00 pm en la sala de la biblioteca Eugenio Fonseca en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.

Se transmitirá en vivo desde las páginas de Facebook de Kioscos Socioambientales UCR y Facultad de Ciencias Sociales.

Arte a la memoria de Xinia Briceño: defensora del agua en el Caribe

Este sábado 28 de mayo se pintará un mural en memoria de Xinia Briceño fallecida recientemente

Xinia Briceño falleció el pasado 20 de marzo y fue una referente en la defensa del derecho de su comunidad al agua potable. Luchó por más de quince años a la cabeza del acueducto comunal de Milano de Siquirres, desde dónde batalló contra la contaminación con agroquímicos, vertidos por las empresas piñeras circundantes. Este caso emblemático sale a la luz en el año 2003 cuando el Instituto de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional realizó estudios y detectó la presencia del herbicida bromacil en el agua que abastecía a más de dos mil personas de la zona.

La compañera Xinia Briceño organizó a sus vecinas y vecinos para lograr solucionar la grave situación en la que se encontraban. Junto a otras personas, en 2007 fundaron el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, organización que reunía a comunidades, organizaciones ambientales, religiosas y sindicales. Este espacio fue heredero directo del Foro Emaus, que años atrás luchó contra la expansión bananera y denunció durante años la situación de trabajadores/as y comunidades afectadas.

Este no es un caso aislado, sino que retrata la afectación que sufren cientos de comunidades en un país que tiene el más alto índice de consumo de plaguicidas del mundo. Según un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica consume hasta 51 Kg de ingrediente activo de agroquímicos por hectárea. Una cifra hasta 6 veces mayor que países vecinos sistemas agrícolas similares. Este sobre consumo de plaguicidas trae, entre otras consecuencias, una amenaza a miles de sistemas comunitarios de abastecimiento de agua. Es tan dramático el abuso de los agroquímicos en el país que existen acueductos, escuelas y centro de salud que sufren diariamente la fumigación con estos venenos a pocos metros de las aulas o incluso son rociados con avionetas y helicópteros desde las alturas.

La comunidad de Milano recibió agua contaminada por más de quince años y la alternativa eran camiones cisterna, que pasaban dos veces a la semana ofreciendo agua limpia. Esta situación llegó a su fin gracias a la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad con un precio superior a los tres mil millones de colones, aportados desde la institucionalizad pública y dónde la empresa contaminante nunca se hizo responsable. Este acueducto nunca se habría construido sin la lucha incansable de Xinia Briceño y cientos de personas que supieron organizarse para defender el derecho a tomar agua limpia.

La muerte de Xinia deja un vacío profundo en las organizaciones en las que participaba. Es por eso que, desde la ASADA de Milano, el TCU “Pensando el presente” de la Universidad de Costa Rica y también desde le Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera se quiere hacer un homenaje con arte y color haciendo un mural a su memoria. La actividad será este sábado 28 de mayo a partir de las 8:00 AM. Se realizará la pintada del mural, juegos infantiles, caminatas, y un cine al aire libre.

Agenda:

  • 8:00 a.m. Inicio del mural y actividades recreativas
  • 1:00 p.m. Cine en la ASADA
  • 4:30 p.m. Presentación del mural y palabras de homenaje

Más información al teléfono 7238 4277.

Malas noticias para el sector agropecuario, para los consumidores de productos agrícolas y los que siguen tomando agua contaminada con residuos de plaguicidas

Compartido con SURCOS por Bloque Verde

La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos. 

Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios. 

Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas. 

Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas. 

Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.

El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia. 

Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.

Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias. 

El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios  y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.

Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.

Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.

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Fuente: distintaslatitudes.net