El doctor Jaime García, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad informó a SURCOS que la Sala Constitucional ordena realizar estudios sobre impacto de agroquímicos en abejas, esto, en defensa de la biodiversidad. La resolución procura proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, según el comunicado.
La nota publicada de la Sala Constitucional indica:
“La Sala Constitucional, en garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordena al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (especie clave para la biodiversidad) del uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides.
Por medio de la sentencia N° 2019-024513, votada por unanimidad el viernes 6 de setiembre, la Sala procura que se mejoren las prácticas agrícolas, así como resguardar la seguridad alimentaria de la población.
El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica
La resolución señala que “de encontrarse (en el estudio) riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las poblaciones de abejas melíferas, el Ministerio deberá adoptar las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.
El Tribunal advierte en el fallo que en la protección de los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro.
“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.
La sentencia se origina en un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta, quien acudió al Tribunal garante de derechos y libertades luego de que el Ministerio de Agricultura le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos”.
Imagen ilustrativa.
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