Este jueves 29 de noviembre de 5 a 9 p.m. se realizará el conversatorio “El plan fiscal y la independencia judicial, a propósito del voto de la Sala Constitucional”, en el Miniauditorio de la Facultad de Derecho, UCR.
Esta será una actividad abierta al público; debe confirmar su asistencia al correo electrónico derecho@sep.ucr.ac.cr
Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.
1) Embarrialar la cancha
Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.
Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.
De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.
Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.
2) El orden institucional-democrático en tensión
Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.
Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.
Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.
Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.
La jefa del equipo económico de C. Alvarado.
3) Poner a la democracia contra la democracia
La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.
El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.
La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.
Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.
Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.
Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.
Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.
El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.
Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores” (Proverbio africano)
Un tema novedoso, controversial, en los procesos de calificación de huelga que están en curso en los tribunales de trabajo, contra el Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580, concierne a la causa, en el sentido jurídico, de este conflicto colectivo.
Hasta ahora, las sentencias se han partido en dos aguas: algunas determinaron que la huelga de carácter político-laboral, contra políticas públicas, no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, cuya consideración llevó a los juzgadores de la mano a declarar la ilegalidad de esos movimientos.
Otros pronunciamientos judiciales, por contrario, definieron que se trata de una especie de huelga atípica, admisible en nuestro ordenamiento, por la vía de la incorporación de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que en materia de huelga han definido los alcances del C. 87 OIT.
Esta controversia judicial, más allá de la crítica de dichos pronunciamientos, que no es objeto de esta reflexión, nos concita a visibilizar y revalorizar la función que los sindicatos deben cumplir en una sociedad democrática.
La Libertad Sindical es un componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas más reconocidos destacan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni), la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos (Verdier) y Lyon-Caen concluye que no existe democracia, sino existe libertad sindical.
Por nuestro lado, la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, representativa, participativa, multiétnica y pluricultural, cuya soberanía reside en el pueblo.
En el marco de esta definición programática, política, que no podemos olvidar la base de producción y apropiación capitalista en que se radica esta declaración constitucional, tenemos que circunscribir la función que le corresponde asumir a los sindicatos.
Los sindicatos son entidades de relevancia constitucional (art. 60), que les compete la representación colectiva de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras; es decir, los intereses profesionales, cuya consecución se materializa en la negociación colectiva (principio de autonomía colectiva) y también mediante el recurso a la huelga.
Pero la función de los sindicatos no se restringe exclusivamente a esta representación colectiva, de carácter gremial.
Quienes sostienen, por contrario, esta posición reduccionista de la función de los sindicatos -por cierto, con una doble moral, porque, por una parte, la tratan de constreñir a este papel, pero por otra parte, son los primeros que salen a defender las prácticas antisindicales de las empresas-, convenientemente enervan la proyección que se deriva de los postulados del Estado Social de Derecho, democrático y participativo.
Además de la promoción de los intereses profesionales, a los sindicatos no le es ajena la tutela de los intereses político-sociales de la población, en general, dentro de la cual quedan inmersos los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras.
Este reconocimiento, en una sociedad plural, democrática, implica admitir, sin más, que los sindicatos pueden confrontar los poderes públicos, en su carácter de tales, contra las políticas públicas, económicas y sociales, recurriendo legítimamente a los instrumentos de participación ciudadana y acciones de autotutela colectiva que comprende nuestro ordenamiento jurídico, incluida la huelga, Libertad de presión y expresión de la clase trabajadora.
La coyuntura nacional por la que atravesamos no podría ser más oportuna para rescatar y resaltar una extraordinaria disposición contenida en el Código de Trabajo, que desafortunadamente pasa por mucho inadvertida:
“Artículo 332.- Declárase de interés público la constitución de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.
Esta bellísima norma, de gran calado político, debería estar esculpida en arco, a la entrada del Ministerio de Trabajo, que no obstante que el Código de Trabajo obliga a este despacho de Gobierno a “garantizar la efectividad del derecho de sindicación” (art. 361), las autoridades de turno, cada cuatro años, han quedado con tanta deuda con los trabajadores y defraudado el cumplimiento de esta obligación legal.
La acción política, de protesta social, de los sindicatos contra los poderes públicos que impulsan frenéticamente aquel funesto y regresivo proyecto de reforma fiscal, se ha materializado en los espacios públicos, calles, puentes, plazas públicas, en los paisajes urbanos, rurales y costeros del país, donde los trabajadores han recuperado sus derechos políticos de expresión, participación, movilización, reunión y resistencia, inherentes a la democracia, aunque fueron reprimidos por la acción policial y judicial, que no tienen acceso al lobby legislativo que las corporaciones y los rapaces intereses económicos se garantizan desde el financiamiento de las campañas electorales.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal
Mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mesoamericanas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, colectivos feministas convocadas por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste en el Encuentro Mesoamericano “Juntarnos para la reflexión de la situación de las mujeres del campo”, el día 14 de octubre de 2018, desde la indignación y la necesidad de justicia social manifestamos:
La imposición de la reforma fiscal que quiere hacer el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en Costa Rica, atendiendo los intereses de quienes concentran el capital, atenta contra los principios de justicia social y económica y contra las mujeres de los sectores populares en particular. Las acciones de gobierno han estado caracterizadas por tergiversación de la realidad, desprecio de la opinión popular, invisibilización de las manifestaciones opositoras de cientos de miles de personas en diversas comunidades, persecución de las organizaciones gremiales, comunitarias y otras organizaciones populares, violación del derecho a huelga, persecución y represión de las manifestaciones de oposición en diferentes lugares del país.
Esta propuesta de reforma fiscal contiene impuestos regresivos y exoneraciones injustas, que provocaría un mayor empobrecimiento de los sectores marginados de este país, mientras que por otro lado, favorece el enriquecimiento por evasión y elusión fiscal.
El sistema económico actual favorece la concentración de los bienes del territorio nacional y el despojo de los sectores populares. Este proyecto de Ley impulsado por las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, conduciría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
La desinformación desde los sectores dominantes del país ha promovido la división de buena parte de la sociedad y conduce a negar el derecho a la oposición, el derecho humano a la protesta y a que no se escuchen las propuestas alternativas que han construido organizaciones populares y gremiales.
El gobierno ha venido desarrollando una estrategia de agotamiento de los sectores y organizaciones que buscan una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esta estrategia pasa por generar desde noticias falsas, argumentos fundamentados en falacias, hasta el sabotaje y el uso directo de la fuerza a través de la violencia policial y la criminalización de la protesta social.
Las mujeres campesinas, indígenas y las organizaciones fortalecidas hemos determinado que el combo fiscal aumenta la feminización de la pobreza y pone en riesgo las actividades económicas de nuestras comunidades, incrementa los atentados contra una forma de vida saludable, contra la soberanía alimentaria, contra el ambiente sano y el bienestar de nuestras comunidades y familias. Este proyecto de Plan Fiscal limitaría aún más nuestras capacidades productivas y fomentaría la continuidad y expansión de los monocultivos como el de la piña.
Como organizaciones conscientes de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos sabemos que este combo fiscal no va a generar impactos sustantivos sobre el déficit que existe, o una dinamización sobre la producción del país, sino todo lo contrario, afectaría las diferentes actividades económicas.
Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo a quienes se mantiene en oposición al proyecto de ley 20.580 y multiplicamos el llamado a la movilización de las diferentes comunidades y organizaciones populares. Es desde los puntos en común entre las distintas organizaciones y movimientos, que podemos construir para transformar la opresión que enfrentamos.
Estamos convencidas que la Reforma Fiscal solo puede ir en una dirección: que quienes tienen más, paguen más. Por ello no puede haber reforma fiscal sin la participación de distintas organizaciones y movimientos en proyectos alternativos y solidarios. La canasta básica no debe ser gravada.
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
SALUD SIN PAREDES
AUTOCONVOCADAS NICARAGUA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS ASTRADOMES
CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCION
ORGANIZACIÓN POLITICA CARMEN LYRA
HAND MAIDS-CR.
RED DE MUJERES NICARAGÜENSES
COLECTIVO AUTONOMO ESTUDIANTIL Y POPULAR EL QUILOMBO
RADIO 8 DE OCTUBRE
YARÄ KANIC
ASOCIACIÓN TINAMASTE
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales
Se extiende la invitación a la comunidad de San Ramón, Piedades Sur para asistir a la Asamblea Popular sobre el tema: “El Plan Fiscal y cómo afectará a su comunidad”, en el salón comunal de El Salvador, el próximo jueves 18 de octubre a las 4 p.m.
Dany Villalobos compartió una producción propia basada en datos de Stella Chinchilla hasta el 10 de octubre, en relación con el rechazo municipal al actual plan fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
1.La “reactivación” de la economía
Tras la aprobación en primer debate del proyecto fiscal 20.580, tanto el Presidente Alvarado, como su Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresaron, en diferentes contextos (entrevista a La Nación y conferencia de prensa respectivamente), una idea similar: las medidas fiscales que impulsa este gobierno –impuestos más recorte de gastos– traerán reactivación de la economía, porque devuelven la confianza y reaniman la inversión de las empresas y la contratación de personal. En la teoría económica, esto tiene un nombre: “austeridad expansiva”, la cual propone que aplicar medidas de austeridad tiene un efecto impulsor sobre la economía.
Aunque inspirada en principios derivados del ordoliberalismo alemán, esta teoría se origina en Italia, vinculada al nombre de Luigi Einaudi en la Universidad de Boconi (Milán). Otros economistas italianos, discípulos suyos, le dieron continuidad hasta lograr que tuviera influencia a escala mundial…Costa Rica incluida, como bien lo vemos. Las conclusiones a que la teoría llega, parten de supuestos o premisas altamente restrictivas, las cuales se resumen en esa cosa extremadamente fantasiosa y alucinada llamada “hipótesis de las expectativas racionales”.
No sé si Alvarado y Aguilar saben de estos antecedentes. Posiblemente no. Esta idea –que tanto les conforta– ha sido severamente cuestionada en lo teórico y no ha logrado sobrevivir a ningún test empírico al que haya sido sometida. Pero no les culpo: también muchos economistas siguen repitiendo ideas fosilizadas, con toda la intrepidez que la ignorancia infunde.
Lo importante es que, al fin, encuentro respuesta a una pregunta que muchas veces he formulado: ¿existe una propuesta gubernamental para la reactivación? Sí, efectivamente, existe ¡Albricias! Alvarado y Aguilar nos lo han explicado. Que sea una idea desatinada y sin futuro de nada, pues ya eso es estiércol de otro chiquero.
2.Déficit fiscal, inflación y tasas de interés
El gobierno –incluyendo a don Carlos y a doña Rocío– se hacen eco de una tesis que se ha vuelto epidémica en el paisaje ideológico de Costa Rica: el déficit fiscal –nos dicen– provoca aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, frena la inversión de las empresas y de las familias, y, asimismo, agudiza la inflación.
Si usted observa los datos disponibles con algún detenimiento, no encontrará respaldo alguno para tan preocupante advertencia. Dígase, por ejemplo, el último año, entre octubre 2017 y septiembre 2018. En ese lapso la inflación apenas si logra llegar al 2% y toda la amplia gama de las tasas de interés en el sistema financiero se mantienen notablemente estables. Entretanto el déficit escala nuevas cumbres. Esto claramente desmiente esa narrativa, y evidencia que, en realidad, se trata de pura cháchara ideológica, cuyo propósito es justificar el recorte al sector público y la violenta estigmatización contra empleados y empleadas públicas.
Detrás de esto hay otra teoría económica, la cual se ha demostrado –lo mismo en el debate teórico que en la evidencia empírica– falaz e insostenible. Es básicamente la tesis de los “fondos prestables”, una antigualla según la cual en un momento dado, hay una cierta cantidad de dinero disponible para financiar los préstamos que los bancos dan y el déficit presupuestario del gobierno. Se postula entonces una especie de competencia entre bancos y gobierno por captar ese dinerillo disponible, lo cual elevaría las tasas de interés. En realidad, la teoría correcta (la de la «endogeneidad de la oferta de dinero»), bien respaldada empíricamente, es la que nos explica que los bancos no necesitan depósitos para generar créditos, cuando más bien los créditos crean el dinero y generan los depósitos.
De ahí que el único episodio de aumentos de tasas de interés que tuvimos en los últimos dos años se escenificó allá por los meses de mayo a julio de 2017, pero fue enteramente provocado por el Banco Central, como respuesta a la inestabilidad y alza del tipo de cambio en mayo de aquel año. Nada tuvo que ver el déficit fiscal, y, en la eventualidad de que, desgraciadamente, la economía costarricense sufra una crisis (y ese es un peligro muy real), es bien posible que de nuevo el Banco Central opte por elevar las tasas de interés, para tratar de apaciguar la fuga de capitales que la crisis generaría, y la consecuente devaluación del colón frente al dólar. Y, por otra parte, esto último –la devaluación– sería el desencadenante de una mayor inflación. Pero nada de esto sería consecuencia directa del déficit, sino resultado de un mal manejo de ese problema, que desemboque en una crisis.
Esto hay que entenderlo correctamente, para entender lo que hemos venido observando: el Ministerio de Hacienda se ve obligado a pagar tasas de interés cada vez más altas sobre los bonos de deuda que trata de colocar, sin que las demás tasas en el sistema financiero sufran ningún sobresalto. Esto refleja una situación de creciente desconfianza respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica, pero de por medio hay también un factor de poder, porque se trata de una acción de chantaje que ejercen quienes tienen dinero, tratando de sacar ganancias de las penurias financieras del gobierno. No olvidemos, por favor, que, coaligados con poderes financieros externos, podrían hacer que la profecía que habla del colapso financiero de nuestro sector público, se haga realidad. No deberíamos permitírselos, pero lamento constatar que el gobierno Alvarado no hace lo correcto ni lo necesario para prevenirlo.
3.La anemia crónica de la economía ¿es culpa del déficit fiscal?
Esta es otra de las mentiras que deambulan rozagantes y saludables, y que este gobierno se afana por repetir para justificar el carácter marcadamente retrógrado de su política fiscal.
Volver al punto 1) nos ayudará a entenderlo: nos regalaban don Carlos y doña Rocío la falacia de que su política de austeridad (recorte de gastos + aumento de impuestos) devuelve la confianza y reactiva la economía. Pues pongamos el argumento al revés (como si lo miráramos al espejo): como hay déficit –nos dicen– ello crea desconfianza y frena la economía. De nuevo, es posible que poca gente en el gobierno –si es que alguien– tiene consciencia de la teoría detrás de ese discurso y de los supuestos voladísimos que la alimentan: que los “agentes económicos” no solo entienden a la perfección el problema del déficit, sino que, además, anticipan con certeza sus consecuencias futuras. Tal es, muy en resumen, la llamada “hipótesis de las expectativas racionales”, que ya mencioné en el punto 1). Una propuesta perfectamente desquiciada y delirante.
No es cierto que la anemia crónica que sufre la economía costarricense y los gravísimos problemas de empleo que la aquejan sean causados por el déficit. La relación que se intenta establecer entre una cosa y otra es tan abstracta y esotérica, que merece ser considerada en el orden de lo supersticioso. Los problemas son otros e incluyen, entre algunos más, la sobrevalorización del colón y los grandes rezagos de la infraestructura, las cuales son situaciones de muy largo plazo que reflejan las grandes falencias del proyecto neoliberal. Un aspecto en particular es omitido como causa muy importante de la ralentización de la economía en los últimos dos años: los altísimos niveles de deuda privada que introducen una presión hacia abajo en el consumo de las personas y la inversión de las empresas, obligadas a entrar en un proceso de “desapalancamiento”, o sea, de recorte de gastos a fin de reducir la presión asfixiante de las deudas acumuladas. Lo cual, por cierto, dice mucho acerca de los graves problemas de la banca surgida a partir de la reestructuración neoliberal del sistema financiero.
Es cómodo achacarle estas culpas al déficit fiscal para justificar el tipo de ajuste fiscal regresivo por el que ha optado el gobierno de Alvarado. Permite distraer la atención lejos de las grandes fallas del proyecto neoliberal –las cuales convocan a su urgente replanteamiento– y asimismo son una graciosa concesión a los prejuicios ideológicos dominantes. También resulta una tonada dulce y acariciadora para el gran poder económico y para los ricos-realmente-ricos (los del 1%), que saben muy bien que este mensaje falaz y retorcido, les inmuniza ante el “peligro” de que alguien les recuerde su deber con el sostenimiento del Estado social del que Costa Rica solía –pero ya no más– enorgullecerse.
He explicado en este artículo, tres grandes banderas ideológicas, que son otras tantas groseras mentiras, utilizadas por Carlos Alvarado y sus aliados para justificar su “plan fiscal”. Quedan pendientes otras que espero escrutar en un futuro artículo.
¿Qué sabe usted acerca del plan fiscal y cómo podría afectarlo?
Este sábado 13 de octubre a las 4 p.m. en el galerón de Ángeles Sur, se llevará a cabo la Asamblea Popular «Plan Fiscal y sus implicaciones», con la participación del señor Luis Soto del movimiento «Salud sin Paredes» y el Lic. Dennis Solís, dirigente del APSE.
