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Etiqueta: plantaciones agrícolas

Mujeres de plantaciones bananeras denuncian discriminación laboral en el Día Internacional de la Mujer

Mujeres trabajadoras de plantaciones agrícolas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alzan la voz, ante diversas situaciones de discriminación que viven en sus trabajos, especialmente cuando se afilian a un sindicato.

Hoy, 8 de marzo, mujeres que forman parte del sector agrícola denuncian las diversas situaciones que viven a nivel laboral. Delatan la falta de respeto por sus derechos, la discriminación y la persecución que sufren en manos de sus superiores. Además, mencionan como alejan y manipulan a personas que quieran afiliarse a los sindicatos.  

Estas declaraciones ganan mayor importancia al tomar en cuenta los intentos por mantener la imagen limpia de las plantaciones agrícolas. Yaney Elizondo hace énfasis en las repercusiones físicas, como alergias e irritación, a las que se ven expuestas por la cercanía a los productos químicos. Asimismo, Lolita Ortega denuncia su despido injustificado tras un accidente laboral. Cristina Pérez también señala la fatiga diaria que sufren por las largas horas laborales y la poca empatía por parte de los superiores. 

La ANEP busca que estas mujeres gocen de derechos laborales, libertad sindical y justicia sin que esto afecte el desarrollo, la producción, y la exportación de la fruta. 

Video de YouTube:

SITRAP y ANEP preparan acción internacional por violación de derechos laborales en finca agrícola

ANEP y SITRAP continúan trabajando en conjunto en defensa de los trabajadores de plantaciones agrícolas de la piña y el banano de Costa Rica. En esta ocasión, para plantear una serie de denuncias internacionales ante la violación de derechos laborales en fincas agrícolas.

Como parte de esta estrategia, ANEP y SITRAP se reunieron con trabajadores, para escuchar desde los trabajadores, la situación que viven diariamente. Se espera que en este mes de enero, se realice otro taller similar para continuar recopilando los testimonios de los trabajadores, para plantear las denuncias correspondientes. 

Para observar más detalladamente la nota, ingresar al siguiente enlace:

ANEP y SITRAP responden ante falsas aseveraciones sobre el trabajo de denuncia que se realiza con OXFAM

ANEP y SITRAP representan poco más de 6 mil trabajadores de plantaciones agrícolas, concentradas en Sarapiquí, Zona Sur y el Caribe de nuestro país. Las organizaciones sindicales sostienen que la denuncias por violaciones a los derechos laborales son reales, por lo que buscan el diálogo social en garantía de estos derechos y un trabajo digno.

Fumigación aérea: Riesgos ignorados en el campo costarricense

Observatorio de Bienes Comunes

Ante los hechos recientes de la intoxicación de 27 personas de la Escuela de San José de Upala, nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la situación actual de la fumigación aérea en Costa Rica, su falta de regulación y protocolos pone en riesgo a miles de personas que viven cerca de estas plantaciones.

Por esta razón, a partir de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa bajo el número No. 23.697 Ley de Protección Fitosanitaria para prohibir en un radio de tres mil metros alrededor “centros de población, centros educativos, centros de salud, EBAIS, clínicas, hospitales, centros de deporte y recreación, así como carreteras y áreas de paso”. Les invitamos a reflexionar sobre el contexto que representa la fumigación para las personas que trabajan o viven cerca de estas plantaciones.

La capacidad de concentración y traslado de estas sustancias a través del polvo y el aire, hace que su interacción sea indiscriminada y ponga en riesgo los ecosistemas, y en particular tenga efectos irreparables en la salud humana.

Les invitamos a leer la nota de Semana Universidad Ecologistas piden normativa que restrinja fumigaciones cerca de centros educativos o de salud. 

Compartimos la siguiente infografía con algunas ideas claves para la reflexión.

Explotación laboral en plantaciones agroindustriales agrava impactos de COVID-19

Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.

Martes 9 de junio del 2020.

La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.

En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

  1. Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
  2. Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
  3. Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
  4. Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.

Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

  • Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
  • Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
  • Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
  • Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
  • Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.

Foto: https://ojoalclima.com