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Etiqueta: plazo de gobierno

Plazo de gobierno, reelección presidencial y de diputaciones

Vladimir de la Cruz

En la vida política y electoral de Costa Rica, desde el siglo XIX empezaron a desarrollarse procesos electorales para la elección de jefes de Estado, diputados y senadores, cuando hubo Senado que elegir.

Los procesos electorales estaban regidos por leyes, y estas eran suficientes para validar los procesos políticos y a las personas electas en sus cargos públicos.

Fue un proceso intenso de aprendizaje el que se impulsó y se fue perfeccionando. Hubo elecciones públicas, directas y de segundo grado, con nombramiento de electores que eran los que terminaban definiendo la elección, cuyo resultado se enviaba al Congreso, o Asamblea Legislativa de la época, para su validación. Los subjefes de Estado y los designados a la Presidencia, equivalentes a las vicepresidencias actuales, eran nombrados por el Congreso.

El voto directo se estableció para las elecciones de 1914, eliminándose las de segundo grado, y el voto secreto se estableció en 1924, lo que fortaleció el voto de conciencia y evitó la presión directa sobre los electores por parte de sus patronos o de personas que tenían poder sobre ellos. Para esos años habían surgido las manifestaciones que luchaban por el sufragio femenino. Las elecciones hasta 1949 excluían a las mujeres y establecían requisitos para ser elector. Había pocos votantes por esta vía, pero así funcionaba y se validaba la sociedad, el poder político y la democracia nacional. Así se construyó el sistema político y democrático que, ya evolucionado, tenemos hoy.

En cuanto a los tiempos de gobierno, estos variaron en distintos momentos del siglo XIX. Durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, estas operaron por períodos no mayores de un año. En el período del Estado, 1824-1848, se reguló un mayor tiempo de gobierno, que en ese momento no superaba los tres años.

Desde el inicio de la República, en 1848, hasta 1948, los períodos se regularizaron en tres y cuatro años. Hubo el caso de uno de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras, que fue de seis años, 1853-1859.

A partir de 1949, con la Segunda República, se estableció el período de gobierno en cuatro años, lo que se ha cumplido hasta hoy.

Hubo luchas en defensa del sufragio, con manifestaciones populares inmensas para la época, como las movilizaciones ciudadanas que culminaron el 7 de noviembre de 1889 para defender el resultado electoral, fecha que se ha establecido como efeméride nacional.

En las elecciones del primer tercio del siglo XX, una persona podía participar como candidata a diputada en varios partidos a la vez. Así, por ejemplo, en las elecciones de medio período 1930-1934, Otilio Ulate Blanco participó como candidato en dos partidos: en el Partido Alianza de Obreros y Campesinos, en el segundo lugar por San José, acompañando en el primer lugar a Joaquín García Monge, y en el primer lugar de otro partido como candidato por Alajuela, por el que salió electo diputado. A su vez, Marcial Fallas Díaz participó en la misma provincia de San José como candidato en dos partidos, el Unión Provincial y el Republicano Constitucional. Igual hizo Alberto Chavarría Escalante, en dos partidos, el Renovación Nacional y el Republicano Constitucional.

Los resultados electorales, hecho el escrutinio de ley, se pasaban al Congreso para su validación y decisión final. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1913-1914 se presentaron como candidatos presidenciales Rafael Iglesias Castro, Máximo Fernández y el doctor Carlos Durán Cartín. Ninguno obtuvo el porcentaje necesario para ser electo, por lo que el Congreso debía decidir entre ellos. No se pusieron de acuerdo ni los candidatos ni los diputados, de modo que el Congreso terminó nombrando a los designados a la Presidencia, lo cual era potestad legislativa, y así se llamó a Alfredo González Flores, que era el primer designado, para ejercer la Presidencia de la República.

Este mismo procedimiento debió emplearse tras la anulación de las elecciones presidenciales de 1948, lo que no se hizo por el levantamiento militar de José Figueres y la interrupción de 18 meses en los que se quedó gobernando, después de imponérsele a Otilio Ulate con el Pacto del 1 de mayo de 1948, con lo que inició su gobierno de facto. En ese sentido, se barajaba la idea de que, si se procedía a nombrar designados, se considerara a Miguel Brenes Gutiérrez, quien fue el primer ministro de Trabajo, en 1943, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, y alto mediador político nacional durante el conflicto militar de 1948. Brenes Gutiérrez gozaba de la confianza del gobierno saliente y de Otilio Ulate, no así de Figueres, y también fue diputado constituyente en 1949.

En el siglo XIX la reelección presidencial consecutiva estuvo permitida. Tres casos sobresalientes fueron los de Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, en tres gobiernos, 1823-1833; Juan Rafael Mora Porras, en tres gobiernos, 1849-1859, cuyo tercer gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, y Rafael Iglesias Castro, con dos gobiernos seguidos, 1894-1902.

El siglo XX no conoció presidentes que se reeligieran de manera inmediata y consecutiva al término de su período. Sí hubo presidentes que alternaron en el ejercicio de la Presidencia, como Cleto González Víquez, en 1906-1910 y 1928-1932, y Ricardo Jiménez, en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936. Con Ricardo Jiménez se intentó ir a la elección de 1939 con una alianza democrática nacional antifascista, candidatura que no prosperó. También se consideró a Otilio Ulate, lo que tampoco prosperó, y esto obligó al Partido Comunista de Costa Rica a participar solo, con Manuel Mora como candidato, constituyéndose en la segunda fuerza electoral frente a la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

La Constitución de 1949 estableció que un presidente no podía reelegirse de manera sucesiva e inmediata, siendo presidente en ejercicio. Para ello tenían que transcurrir dos períodos presidenciales, establecidos desde entonces en cuatro años. El derecho de reelección presidencial fue eliminado en 1969 y luego, a principios de este siglo, fue restituido, por considerar la Sala IV que no se podían restringir, eliminar o debilitar derechos ciudadanos y políticos establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, pues solo otro poder constituyente originario podía hacerlo.

La discusión sobre la validez de la reelección presidencial consecutiva e inmediata sigue abierta. Está en manos de la Asamblea Legislativa, por el proyecto que ha puesto a conocimiento de las diputaciones el diputado oficialista José Miguel Villalobos. Primero propuso que el presidente pudiera reelegirse cuatro años después de haber dejado el gobierno. Luego modificó la propuesta para que fuera consecutiva, de manera inmediata. En mi opinión, la posibilidad de hacerla inmediata es la correcta, aunque tiene riesgos.

¿Por qué es más correcta esta posición? Por simple lógica. Hoy, un gobierno de cuatro años, con la complejidad de la sociedad y el entorno que nos rodea, plantea grandes retos y desafíos a quien ejerza la Presidencia para impulsar el desarrollo nacional. Un presidente que asume el gobierno en mayo del año electoral se encuentra, en primer lugar, con que el presupuesto nacional de ese año lo diseñó el gobierno que termina en mayo, que le impone un presupuesto aprobado en el noviembre anterior de conformidad con los intereses de quien estaba gobernando. Solo le queda administrar ese presupuesto.

Esta situación hizo que, históricamente, en cada proceso electoral el candidato presidencial que ganaba la elección poco pudiera hacer respecto a la propuesta electoral que había formulado para el ejercicio de gobierno. Esa quizá sea una de las causas del abstencionismo y de la desilusión popular respecto a los partidos gobernantes y sus dirigencias históricas. Además, en mayo la Asamblea Legislativa empezaba sus sesiones ordinarias, en las que solo las diputaciones podían proponer proyectos de ley, situación que en la práctica se prolongaba hasta noviembre. Esto se corrigió con una propuesta que hice en la Comisión de Notables, durante el gobierno de Laura Chinchilla, para que se invirtieran las sesiones parlamentarias, de manera que quien asume la Presidencia entre al gobierno con sesiones extraordinarias, en las que tiene la iniciativa de ley, lo que le facilita impulsar proyectos derivados de su campaña electoral. Esta reforma parlamentaria empezó a aplicarse por primera vez en 2022, al iniciar el gobierno de Rodrigo Chaves, y de nuevo al iniciar la actual administración de Laura Fernández Delgado, sin que ninguno de los dos haya aprovechado esa reforma de manera más decisiva.

Al final del gobierno, en su cuarto año, sucede algo parecido: el presupuesto del año electoral se aprueba en noviembre y el gobierno que lo aprueba termina el 8 de mayo siguiente, lo que en la práctica le resta siete meses de tiempo real de gobierno.

Así, la reelección es necesaria para que un presidente tenga más margen para impulsar su obra política de gobierno y sus compromisos con el electorado y la sociedad nacional.

Frente a cualquier reelección, consecutiva o alterna, las elecciones siempre serán el termómetro de la voluntad popular para determinar si se le debe dar confianza al presidente para otro mandato. Este es el punto principal. Se ha comprobado varias veces con presidentes que no han ganado la confianza del electorado en los procesos electorales en los que han participado.

Estaría también la posibilidad de que, a la par de la reelección o en lugar de ella, se discuta aumentar el plazo de gobierno a seis años. Si se combinan las dos alternativas, reelección y aumento de plazo, se debería acompañar con un referéndum o un plebiscito obligatorio a la mitad del gobierno, a los tres años, para determinar si hay satisfacción con lo actuado y, en consecuencia, si el presidente debe separarse del cargo o continuar en él.

Un tema que no debe dejarse de lado en la discusión de la reelección presidencial consecutiva es la reelección consecutiva de las diputaciones, derecho que estaba establecido antes de 1948. Hay tres casos, por ejemplo. Dos grandes políticos, ambos declarados beneméritos de la patria, fueron diputados de manera continua: Rafael Ángel Calderón Guardia fue diputado desde 1934-1938, diputación que suspendió al ser investido como presidente de la República, y Manuel Mora Valverde fue diputado de 1939 a 1948 de forma consecutiva, lo que se interrumpió por la disolución del Congreso por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948. El tercero fue Rafael Rodríguez Salas, quien prácticamente fue diputado desde 1902 hasta 1920; fue también diputado constituyente en 1917 y combatiente leal, junto a Julio Acosta, contra la dictadura de los hermanos Tinoco Granados, 1917-1919.

El trabajo de las diputaciones es serio y duro. Exige lectura, disciplina, conocimientos políticos y de diversas materias. Quienes ejercen la Presidencia o una diputación no nacen, se hacen: se forman, se pulen. La carrera parlamentaria es una profesión que se debe aprender. Los partidos tradicionales iban formando a sus candidaturas por etapas: como síndicos o regidores en las municipalidades, como diputados en el Congreso o la Asamblea Legislativa, en juntas directivas de instituciones públicas, como embajadores o en el servicio exterior, o como asesores parlamentarios. Así se desarrollaba el oficio político que se iba a desempeñar, con experiencia y sabiduría surgidas de esa trayectoria.

No todas las diputaciones sobresalen por su trabajo o por el reconocimiento público que obtienen. No todas las personas diputadas se reeligen, como tampoco todos los presidentes se reeligen.

No hay que tenerle miedo a la reelección consecutiva e inmediata de la Presidencia de la República ni a la de las diputaciones. Igualmente, los presidentes deben formarse, aunque algunos puedan improvisarse.

El electorado bien informado, educado políticamente, con cultura ciudadana y conocimiento de la historia nacional sabrá cómo votar y a quién escoger.

Esta formación es más urgente hoy, cuando los partidos políticos han debilitado la capacitación de sus simpatizantes, afiliados y cuadros dirigentes, y han dejado de actuar como organizaciones de combate de los distintos sectores sociales y políticos.

En mi opinión, hay que introducir la discusión de las dos reelecciones: la de la Presidencia y la de las diputaciones.

No hay que ver la reelección en función de la posibilidad de que Rodrigo Chaves pueda reelegirse. Con reelección o sin ella, podrá hacerlo en 2030 o en 2034 si se mantiene vigente en el escenario político y público, y si sus adversarios políticos le tienen miedo manifiesto.

El reto lanzado por José Miguel Villalobos, de enfrentar a Rodrigo Chaves con cualquier expresidente, es válido para lograr simpatías hacia él y para atemorizar a quienes simpatizan con otros expresidentes. Chaves fue derrotado por José María Figueres en la primera vuelta electoral. Puede volver a ser derrotado en otra elección. Figueres, en mi opinión, perdió la segunda vuelta por errores políticos de su partido en el diseño estratégico de esa etapa, que no logró atraer a votantes de los partidos que ya no participaban ni a quienes se abstuvieron en la primera vuelta.

Frente a Rodrigo Chaves, Laura Fernández Delgado o sus posibles candidaturas en 2030 (Yara Jiménez, Nogui Acosta o José Miguel Villalobos) y su Partido Pueblo Soberano, hay que empezar a desarrollar un gran frente nacional, un gran frente popular, si ningún partido por sí mismo se ve con la capacidad de enfrentarlo y derrotarlo.

El canto «El pueblo unido jamás será vencido» está vigente, tiene vida. La posibilidad de un frente nacional unitario siempre dependerá de la capacidad y de la voluntad políticas de quienes puedan unirse alrededor de una plataforma política común, básica y esencial. Para ello, deberán reconocer que pueden mantenerse diferencias políticas sobre prejuicios que se alimenten y sobre aspectos que, para efectos del frente nacional, se consideren secundarios respecto a los puntos esenciales de la unidad nacional.

Frente a las próximas elecciones nacionales, en un posible frente nacional puede haber diversidad de opiniones, pero una sola unidad de acción. Esta es la tarea política a la que hay que poner atención y que hay que procurar construir.