El plenario legislativo ha aprobado una moción presentada por el Frente Amplio para expresar su agradecimiento a la Universidad de Costa Rica y a sus personas funcionarias por su valiosa colaboración durante la reciente crisis del agua contaminada.
La moción fue respaldada por una mayoría de diputaciones, destacando la disposición de la Universidad de Costa Rica para sumarse a los esfuerzos de mitigación y solución ante la problemática del agua contaminada que afectó a diversas comunidades en el país. La institución académica desempeñó un papel fundamental al proporcionar conocimientos especializados, recursos y apoyo logístico que contribuyeron a enfrentar la emergencia de manera eficaz.
Sin embargo, es importante señalar que la moción no fue respaldada por las diputadas Daniela Rojas y María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). A pesar de la aprobación mayoritaria, la discrepancia de estas dos diputadas destaca la diversidad de opiniones y enfoques en el plenario respecto a la gestión de crisis y agradecimientos.
La crisis del agua contaminada ha sido un desafío para la sociedad costarricense, y la colaboración entre sectores públicos y privados, así como con instituciones académicas, ha sido esencial para superar los obstáculos. Esta moción refleja el reconocimiento oficial del plenario hacia la Universidad de Costa Rica por su papel activo en la resolución de esta problemática ambiental.
La comunidad espera que esta colaboración sirva como ejemplo de unidad y cooperación en situaciones de crisis futuras, demostrando la importancia de trabajar de la mano con instituciones educativas y expertos para enfrentar desafíos ambientales y sociales en el país.
Lo restos de Newton reposan en la histórica Abadía de Westminster al lado del formidable edificio del Parlamentos Británico, pero su Ley de la Gravitación Universal, sigue vigente y por tanto se aplica necesariamente, en el espantoso edificio del Parlamento costarricense.
Así, todas las aguas negras que se producen en los servicios sanitarios de los 22 pisos, irremediablemente fluyen hacia abajo, incluyendo (no podría haber excepciones) las de los cuatro pisos subterráneos que comprenden el faraónico salón del Plenario Legislativo.
Por algo tan sencillo, todas las aguas negras y grises de esos cuatro niveles en el subsuelo, no queda más que estarlas acumulando y bombeando hacia arriba, por lo menos hasta el nivel del suelo, donde seguramente se encontrarán con las otras aguas inmundas que han de estar cayendo desde los pisos superiores de ese horrible block de cemento, sede del Primer Poder de la República.
Pues resulta que ante la ausencia de un sistema adecuado de mantenimiento (según la Contraloría General de la República) cabe cuestionar la explicación que diera la autoridad administrativa del Congreso, acerca del derrame de las aguas de los excusados de los seis pisos inferiores del feo edificio, incluyendo obviamente los cuatro del subsuelo. Según el señor Ayales, el grave problema sanitario se debió a un tampón (podrían ser más) encontrado en uno de los inodoros del nivel inferior. Respuesta que está muy lejos de explicar razonablemente, cómo ¡al haberse taqueado un inodoro, (o quizá dos) se desbordaron algunas de las aguas negras de seis pisos! ¿No será que se trata más bien, de un posible problema de diseño y construcción del complejo sistema de recolección y bombeo de las aguas servidas de ese inmueble? ¿Habrá fallado el mecanismo de bombeo que hubo que instalar en el nivel ubicado al fondo del hueco excavado, que por cierto, provocó la salida de aguas subterráneas provenientes del acuífero alcanzado?
Hay que recordar, que como los responsables de la construcción no cumplieron con el requisito legal de haber presentado el obligatorio «Estudio de Impacto Ambiental», se podría pensar que lo sucedido quizá se podría haber evitado. La duda es razonable, pues entonces se habrían valorado aspectos de hidrología e ingeniería, por lo menos, que insólitamente, la Setena no exigió al permitir que no se tramitara la evaluación ambiental de rigor.
En la Sesión nº29 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, siete miembros votaron a favor de la moción presentada por el diputado Jonathan Prendas. (Imagen tomada de la grabación de la sesión / Asamblea Legislativa).
El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.
La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.
“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.
El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).
El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.
“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.
En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.
