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Etiqueta: población adulta mayor

Fundación Nuestramérica invita a reflexionar sobre el envejecimiento y las Zonas Azules

SURCOS comparte la siguiente información.

La Fundación Pedagógica Nuestramérica tiene el agrado de invitarles a una tertulia presencial que promete ser una experiencia enriquecedora. Exploraremos el fascinante tema de las Zonas Azules en Costa Rica, conocidas por albergar algunas de las poblaciones más longevas y saludables del mundo. El evento se llevará a cabo el próximo 30 de octubre de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. en el acogedor Café Green Roast, ubicado en Barrio Escalante. La conversación estará guiada por Anne Robert, Fabiola Bernal, y una invitada especial de una de las zonas azules. Para asegurar tu espacio en este evento íntimo, puedes realizar tu reservación directamente con la Fundación Nuestramérica o con el Café Green Roast. 

¡Te esperamos para compartir una tarde de aprendizaje y reflexión en un entorno único!

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

Defensoría urge medidas a CONAPDIS y CONAPAM tras investigación del caso Manos Abiertas

Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.

El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.

Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.

A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.

Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.

Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.

Recomendaciones a CONAPDIS

  1. Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
  2. Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
  3. Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
  4. Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
  5. Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.

Recomendaciones a CONAPAM

  1. Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
  2. Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
  3. Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

¡Yo me apunto! Viejos pero no pendejos

José Luis Valverde Morales

J

– Por servicio de Emergencia en el Hospital Raúl Blanco Cervantes.

– El personal de excelencia en ese entrañable centro médico hace malabares para prodigar amor.

– La población adulta mayor somos más de 525.000 personas.

– ¡Basta ya de ser ninguneados!

– Nos vemos a las 10 de la mañana en el Parque Central este miércoles 21 de agosto.

– Luchemos por un hospital de primer mundo para los mal llamados “ciudadanos de oro”, tratados en las políticas públicas como si fuéramos de hojalata.

UCR: El abandono, la dependencia y la desnutrición persisten en población adulta mayor en Costa Rica

  • Costa Rica presenta un envejecimiento acelerado de su población lo que genera un impacto importante en el sistema de salud y una mayor presión en la calidad de los servicios.

  • Un número importante de personas de 65 años y más, muestra un envejecimiento saludable. No obstante, otro grupo presenta enfermedades crónicas, comorbilidades, desnutrición, exclusión social, discriminación, abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otros.

Viernes 16 de febrero del 2024. La Universidad de Costa Rica llama la atención sobre la realidad y condiciones en las que vive un grupo considerable de personas adultas mayores. Estas personas de 65 años y más padecen enfermedades crónicas, más de una enfermedad conjunta, desnutrición, exclusión social, mayor discriminación y abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otras. Los datos revelan la necesidad de poner mayor atención al deterioro de sus facultades físicas o mentales y el gran impacto que se genera en el sistema de salud.

El tercer informe sobre personas adultas mayores fue presentado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambas instancias de la Universidad de Costa Rica. El documento elaborado por el Observatorio del Envejecimiento muestra información actualizada respecto a los servicios de atención en salud a las personas adultas mayores que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un tema de gran preocupación es que las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias agudas y los tumores, siguen siendo las principales causas de fallecimiento que enfrentan las personas adultas mayores en el país. Esto concuerda con los diagnósticos más frecuentes en esta población, en donde se presentan cifras preocupantes en relación con enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son: las infecciones respiratorias agudas (no incluye COVID-19), la diarrea, la neumonía, la infección nosocomial, la parasitosis intestinal, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

En relación con los servicios de atención en salud, se muestra que, en la consulta externa, el número de personas adultas mayores atendidas se ha incrementado en los últimos cuatro años, en contraste con una disminución de estos servicios en personas ubicadas entre los 0 y 14 años. Para el año 2022, el 21% de las consultas externas correspondió a personas de 65 años y más. Las mujeres adultas mayores superan en un 15% las consultas de los hombres adultos mayores.

Por su parte, para el año 2021, en el caso de personas adultas mayores, los egresos hospitalarios representaron un 22%, aproximadamente, y las cinco causas de los egresos provienen de: medicina, cirugía vespertina, cirugía ambulatoria, cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) medicina.

Otra referencia importante, muestra que el abandono de personas adultas mayores en los hospitales de la CCSS continúa incrementándose. Esta situación afecta la dignidad de este grupo etario y aumenta significativamente los costes del sistema de salud. En término de ocho años (2014 a 2022) los egresos registrados en personas de 65 años y más debido a negligencia o abandono, pasaron de 9 personas en 2014 (4 hombres y 5 mujeres) a 89 personas en 2022 (71% son hombres). Con respecto a la estancia hospitalaria, el promedio de días llegó a 41 días (un mes y once días) en 2022.

Los datos fueron recopilados por el Área de Estadística en Salud de la CCSS y suministrados al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). También, se contó con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud (MINSA).

La Universidad de Costa Rica exhorta a tener presente que los servicios de atención en salud para las personas adultas mayores se constituyen en una garantía para el cumplimiento de sus derechos humanos y fundamentales, así también, representan un componente importante en las acciones destinadas a fomentar un envejecimiento saludable. El cumplimiento de tales derechos exige un esfuerzo conjunto con el fin de garantizar una vida sana, así como el bienestar personal y colectivo de este grupo de la población.

La normativa y los lineamientos de política pública institucional fortalecen la prestación de los servicios públicos en salud, en el marco de un abordaje integral hacia la persona adulta mayor. Asimismo, proporcionan una guía en la definición de la oferta de servicios con el fin de mejorar las condiciones de salud y, por supuesto, la calidad de vida y el bienestar individual de esta población.

El Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, señala que: “Conocer algunas características sobre los servicios que se ofrecen a las personas adultas mayores, así como la información sobre su estado de salud, representa una oportunidad para replantear mejoras o para diseñar acciones de política pública que permitan incrementar su bienestar y promover un envejecimiento saludable”

Algunos datos demográficos y epidemiológicos dan cuenta del éxito que ha tenido el país con la implementación de programas y acciones destinados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas adultas mayores, tales como: el aumento en la expectativa de vida o la disminución del índice de mortalidad, entre otros. Sin embargo, en la información presentada sobresale la gran cantidad de personas adultas mayores y la presión que estas generan por servicios de salud con calidad y calidez.

Para el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, “las demandas que plantean las personas adultas mayores en el ámbito de la salud deben ser abordadas con un gran compromiso y un mayor esfuerzo por parte de todos los actores sociales. El fin consiste en buscar y elaborar nuevas alternativas de intervención, acordes a las nuevas exigencias. Requiere excelencia en el desempeño de quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea de ofrecer servicios de salud, más dignos y con enfoque de derechos; más eficaces y centrados en la persona; y, por supuesto, sostenibles”.

Un claro ejemplo de estas demandas es el llamado que hacen las personas adultas mayores y las personas pensionadas y jubiladas del Magisterio Nacional en el Manifiesto Público, en el sentido de que se respete su dignidad y el derecho de vivir una vejez plena y satisfactoria hasta el último día.

El Mag. Agustín Gómez Meléndez, Investigador principal y responsable del Proyecto Observatorio del Envejecimiento indica que: “El acceso a los servicios de salud garantiza un derecho humano y fundamental, lo que implica contar con acciones dirigidas a la promoción, prevención, atención de la enfermedad en todas las etapas, la rehabilitación y los cuidados paliativos, con el fin de propiciar, en el caso de las personas adultas mayores, el disfrute al más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”.

El gran desafío consiste en ofrecer un envejecimiento activo, exitoso y saludable, en donde se brinden mejores condiciones de vida a las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.

Por lo tanto, en el documento presentado se concluye que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su condición de ser la principal responsable en la prestación de los servicios públicos en salud, debe visualizar el panorama y prepararse para este desafío, disponiendo de una estructura asistencial y de apoyo que contemple las necesidades y requerimientos de las personas adultas mayores en el país. Por lo tanto, la propuesta de mejores servicios debe ir acompañados de esfuerzos en infraestructura accesible, recurso humano óptimamente capacitado, así como programas de prevención y promoción de la salud, entre otros.

Para consulta o declaraciones con el Dr. Carlos Murillo Zamora al celular 8379-8043, al Dr. Fernando Morales al 8381-6891 o a la M.Sc. Emiliana Rivera al 8848-3563.

Descargue el comunicado de prensa, así como las declaraciones en audio, video y el informe en: https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jenniffer_jimenezcordoba_ucr_ac_cr/EveGFXEkb6lGkUY-uyZp5WUBI0WFpQxVcOpoO0a7zZkFmA?e=toC1XW

Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

Vamos a la marcha

Vamos a defender a la Caja Costarricense de Seguro Social

Vamos a exigir el pago los recursos adeudados por el Estado a la Caja

Vamos a demandar la atención humana y oportuna de la población adulta mayor

Vamos a demandar la construcción del Hospital Geriátrico

Por Ana Lorena Cartín, Ana Chacón, Gerardo Cruz, Giselle García, Club de Lectura de Personas Adultas y Adultas Mayores PIAM UCR

La Caja Costarricense de Seguro Social, ha sido, históricamente, un pilar de nuestro Estado de Derecho.  Ha permitido materializar el Derecho Universal a la Salud, lo que ha contribuido a que el  país muestre indicadores en Salud, cercanos a los que presentan países con muchos más recursos que el nuestro.

En la década de los años 70, se trasladaron a la CCSS, los Hospitales que eran financiados con los recursos de la Lotería Nacional, que opera la Junta de Protección Social.  El Estado se comprometió con la CCSS, a girarle el costo de operación de dichos Centros, ya que los mismos, atendían en un alto grado, población no cubierta por el Seguro Social. Conforme fueron pasando los años, los recursos de la Junta de Protección Social, por iniciativas de Diputados y la anuencia de los gobiernos de turno, se dedicaron a apoyar proyectos distintos a los que se contemplaron originalmente, cuando se hizo el traslado de los hospitales a la Caja. EL ESTADO NO HONRO EL COMPROMISO INICIAL Y NO TRASLADO RECURSOS A LA CAJA QUE PERMITIERAN ATENDER ESOS NUEVOS COMPROMISOS.

Posteriormente, se le asignó a la Caja la atención de una parte importante de la población nacional, ubicada en el Régimen No Contributivo, cuyos recursos para esa atención, procedían de Asignaciones Familiares, recursos que se han ido reduciendo como resultado de la política estatal de fomentar el sector informal de la economía, reduciendo los aportes de la población que se encuentra en el Sector formal de la economía.

A raíz de la crisis provocada por la afluencia de migrantes al país y como un apoyo estatal al Sector Privado Agroindustrial, se ha obligado a la CCSS a atender a esa población indocumentada y no contribuyente, que labora en forma irregular en las grandes explotaciones agrícolas dedicadas a la exportación. Los gobiernos de la República han solicitado ayuda a Organismos Internacionales, recursos que se ingresan a la Hacienda Pública, pero no son trasladados a la CCSS. 

La población adulta mayor del país, se ha venido incrementando y llegará, para el año 2030, a una cifra cercana a 1.060.000 personas, lo que representa un reto enorme para el país en cuanto a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de las personas adultas mayores.  Considerando lo anterior, y desde hace más de 10 años, se viene impulsando la necesidad de un nuevo Hospital especializado en la atención de esa población adulta mayor, iniciativa que se encuentra plasmada en el Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías 2021-2030, con el número CCSS-0998, Nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.

 En una arbitraria decisión, el Gobierno ha decidido de suspender el proceso de trámite de construcción de dicho Hospital, lo que es una ofensa para ese importante sector de nuestra sociedad.  La saturación de los servicios que presta la CCSS, afecta directa y ofensivamente, a la población adulta mayor, esto por no contar esos con espacios apropiados para atender a la población adulta mayor.

UCR: PIAM cumple 35 años renovando oferta

Con variedad de cursos virtuales este programa sigue abriendo puertas

El PIAM sigue ofreciendo opciones educativas y recreativas para la población adulta mayor de Costa Rica. Debido a restricciones sanitarias todos los cursos seguirán bajo la modalidad virtual. Foto PIAM

Ya son miles de personas quienes desde el año 1986 han matriculado los cursos que cada año ofrece el Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM).

Con tan solo 300 personas, aquel año la Universidad de Costa Rica (UCR) dio un paso adelante en América Latina para crear un espacio de formación permanente. Además de intercambiar saberes de las personas adultas matriculadas, abrió un espacio social a personas de diferentes generaciones para crecer y compartir sus vidas, encontrar amigos y volver a las aulas.

Y aunque la pandemia sanitaria impidió desde el año pasado las actividades presenciales, la virtualidad se convirtió en aliada de cientos de personas adultas mayores. Para el año 2021 el PIAM abrió la matrícula para 104 grupos, con una amplia oferta de cursos. Entre los días lunes 15 al viernes 19 de marzo se abrirá un periodo de matrícula extraordinaria, para lo cual debe revisar la Guía de Cursos y Horarios del primer ciclo 2021, disponible en este enlace.

Esa guía corresponde a la oferta de cursos específicos, es decir, aquellos que son impartidos propiamente por el PIAM, agrupados en ocho módulos temáticos: tecnologías de la información y la comunicación, nuevos idiomas, artesanías y manualidades, movimiento humano, estilos de vida saludable, arte y cultura, conocimientos generales, y grupos artísticos.

Para quienes nunca han sido estudiantes del PIAM, el primer paso es contar con un usuario para ingresar al sistema de matrícula virtual, para solicitarlo debe completar un formulario en en este enlace. Las personas que ya son estudiantes regulares deben actualizar su información personal en el sitio web https://piam.fundacionucr.ac.cr con la dirección de correo y la contraseña anteriores.

MÁS CURSOS

Otra de las opciones que ofrece el PIAM es la matrícula a cursos regulares de la UCR, impartidos por las diferentes escuelas. Aprender historia, arquitectura, literatura, psicología, tecnología de alimentos y otras ramas del saber es posible gracias a los espacios que cada una de las carreras abre para recibir a todas las personas adultas mayores de 50 años de edad.

Según la magister María José Víquez Barrantes, asesora educativa del PIAM, los cursos regulares no tienen como objetivo la profesionalización, entregar algún título formal o certificar conocimientos adquiridos. La meta es la actualización o el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, así como posibilitar el intercambio entre personas de distintas generaciones que confluyen en el aula.

La publicación de la guía de cursos regulares se realizará el 22 de marzo, pero previamente la persona interesada debe completar un formulario en la semana del 15 al 19 de marzo en este enlace.La matrícula y pago se realizará en la semana entre los días 23 y 25 de marzo en la página web https://piam.fundacionucr.ac.cr.

Todos los cursos iniciarán a partir del próximo 5 de abril, en los horarios y plataformas especificadas en cada uno de ellos.

IMPACTO DEL COVID-19

Las restricciones sanitarias incidieron en una baja de la matrícula, que habitualmente ronda en las 2500 personas por ciclo. Para el segundo ciclo del año pasado se abrieron 165 grupos, 117 específicos y 48 cursos regulares, con una matrícula estimada en 1600 personas. Y para el verano 2021 se matricularon 247 personas en 28 grupos.

Previo a la pandemia sanitaria, la población estudiantil del PIAM representaba el 8% de la matrícula total de la UCR. Sin embargo, el COVID-19 implicó la suspensión de las clases presenciales desde el primer ciclo 2020.

“No obstante, el PIAM buscó opciones que le permitan atender el llamado a la protección de los derechos de igualdad y no discriminación, participación, integración e inclusión plena y a la autorrealización, mediante la defensa al derecho a la educación y a la atención de las oportunidades educativas para las personas adultas y adultas mayores, desde la virtualidad”, acotó la magister Segura.

La continuidad de este programa significa un acto de resistencia ante las circunstancias que se presentan en la actualidad. Significa proponer expectativas de aprendizaje, más allá de estereotipos asociados a la edad. Significa construir desde un aprendizaje colaborativo, basado en el respeto a la diversidad. Significa plantear y replantear objetivos que respondan a lo que la sociedad demanda de la Universidad. Significa reflexión, compromiso y trabajo, pero, también significa celebración, remembranzas y esperanza. Por todo esto, celebramos con júbilo este 35 aniversario, reiteramos nuestro compromiso y les damos la más cordial bienvenida”, concluyó Segura.

Adicional al desarrollo de los cursos, durante el año 2020 el PIAM realizó 53 conversatorios de temáticas diversas, la mayoría de ellos mediante Facebook Live y transmitió 52 programas radiofónicos en La Rocola, la cual se transmite los martes a las 11 a.m. por la Radio Universidad, por la frecuencia 870AM.

En la foto Amigas de Al son de la Vida presentando la coreografía Ticas Lindas.

 

Autoría:
Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)