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Etiqueta: población carcelaria

¿Cómo abordar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

  • Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.

  • Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.

Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.

Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.

Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.

Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.

La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.

Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.

La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

Imagen ilustrativa.

UCR: El autoritarismo atenta contra la resocialización y la dignidad de la población carcelaria

Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, tuvo a su cargo la reflexión inicial del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Inauguración del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal

En la actividad se presentó la nueva edición de la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, magistrado constitucional

Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.

Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.

De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.

Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.

“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”

Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.

“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.

“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”

Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.

Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”

Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:

 

Fernando Montero Bolaños

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR