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Etiqueta: población migrante

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • ₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Otro día sin inmigrantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La banda sonora de la producción “Otro día sin mexicanos” filmada en 2004 y dirigida por Sergio Arau, incluía una de las canciones más críticas compuestas sobre el tema migratorio, creada por el grupo mexicano Molotov.

En su letra se advertía el desencanto por el trato recibido por las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos. Uno de sus fragmentos decía:

“Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, ¿les seguirás diciendo: Good for nothing Wetback “si tuvieras tú que empezar de cero?”

La producción de bajo presupuesto abordaba una hipotética desaparición de todos los migrantes de origen hispano en el Estado de California y el impacto que producía en la economía, las interacciones cotidianas y los servicios realizados por esta población.

Mientras escribo esta columna la población migrante en Estados Unidos organizó una jornada parecida. Esta vez se convocó a no consumir productos estadounidenses, no ir al trabajo ni enviar a los hijos a las escuelas.

Me resulta inevitable no pensar en la fuerza de esta acción como acto de recibimiento de una ciudadanía activa e importante en ese país. Pero también pienso en el aporte significativo de una población que a menudo es colocada en niveles inferiores de valoración.

Durante los primeros meses de pandemia y dada la prohibición de entrada a Costa Rica de población proveniente de Nicaragua y Panamá, las autoridades del sector cafetalero costarricense encendieron las voces de alarma por la falta de manos para la corta del café de ese periodo, que dicho sea de paso sería concebida como uno de los momentos históricos en la producción del grano.

Ante la ausencia de las inmigraciones laborales, se acudió a una convocatoria para la población costarricense. Se esperaba un aproximado de 70.000 personas. Solo acudió la mitad.

Esta situación contingente demostró la relevancia del aporte de la población inmigrante en la economía costarricense. También en Costa Rica ante su ausencia muchas actividades esenciales se desplomarían sin duda.

En el actual contexto antiinmigración que campea en Estados Unidos, la convocatoria a un día sin inmigrantes es absolutamente necesaria la acción organizada pareciera ir levantando una respuesta frontal. Ni el miedo, ni la xenofobia, ni el racismo ni la exclusión son muros para detener esto que parece ser una reivindicación política contundente.

Una segunda parte de la producción cinematográfica de 2004 esperaba ser estrenada en 2012. Eso nunca sucedió. Sin embargo, estamos ante una de esas ocasiones en que la realidad supera a la ficción.

Esperemos por sus resultados. Por sus impactos. Por sus efectos en una sociedad que deberá entender sí o sí el alto valor cultural, económico y político de una población que ha construido con su aporte lo que Estados Unidos es hoy en día.

La exaltación por el muro

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En varias de nuestras columnas a lo largo de los años hemos reseñado la reflexión impulsada por la intelectual estadounidense Wendy Brown sobre los estados amurallados.

Publicado inicialmente en 2010, su trabajo “Estados amurallados, soberanías en declive” constituye una de las mayores contribuciones analíticas sobre la construcción de muros fronterizos a nivel global y su significado semiótico y simbólico.

Es un trabajo que dicho sea de paso no ha perdido vigencia y resulta útil para interpretar acontecimientos actuales que tienen como tema central la fortificación de las fronteras, en particular en países con una larga tradición como receptores de población migrante.

Recordemos acaso dos o tres ideas centrales desarrolladas por Brown en su análisis.

La primera: los muros fronterizos representan una expresión del debilitamiento de la soberanía estatal, el declive de su funcionamiento. Ante esta condición, el muro expresa una forma de poder material y simbólico.

La segunda, la constatación de que los muros y las vallas fronterizas son expresión de una tensión entre los Estados-nación y agentes transnacionales que son concebidos como amenazas. Entre estos agentes sobresalen las subjetividades en contextos de movilidad, contra quienes pesa el largo y profundo poder de los estados.

Una tercera idea en la propuesta de Brown plantea que con la construcción de muros los estados ganan popularidad al demostrar un poder de protección y garantía de seguridad ante las amenazas externas. Generan procesos de separación, segregación y segmentación.

Estás tres ideas plateadas por la intelectual, condensan la conferencia de prensa realizada hace unos días por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

En su primera comparecencia luego de resultar ganador en las últimas elecciones presidenciales en aquel país, Trump dedicó varios minutos a reafirmar una de las promesas que lo hicieron vencedor en la contienda: retomará la construcción del muro fronterizo en aquellas secciones entre México y Estados Unidos donde esté incompleto y para ello destinará millones de dólares. Con esta acción, plantea, se detendrá la “amenaza criminal de quienes intentan entrar a Estados Unidos de forma irregular”.

La exaltación performativa y discursiva de este personaje resulta consecuente con el valor simbólico y material de un muro que ha cobrado cientos de miles de vidas humanas. A este muro vertical debe sumarse las acciones en tierra de agrupaciones antiinmigrantes que tienen como objetivo principal “cazar personas que se muevan a través de la frontera”.

Al asumir la presidencia en enero de 2025, Donald Trump deberá confirmar con hechos sus promesas de campaña. Una de sus primeras Directivas será sin lugar a dudas la de la deportación masiva y el aumento de los controles fronterizos en los que el muro resulta personaje principal.

Estamos a las puertas de una nueva ola epidémica contra las subjetividades migrantes regionales. Alertamos sus consecuencias para nuestros países, sus procesos sociales y culturales y la construcción de ciudadanías que al igual que las soberanías, muestran un franco declive y debilitamiento.

Que la vida humana y la dignidad imperen ante la locura y sinrazón de iba política migratoria abusiva y securitaria.

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Estudio del Cide confirma abandono social y educativo en frontera norte

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Un ambicioso estudio de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional (DER-UNA) busca comprender a fondo las dinámicas y desafíos que caracterizan los contextos transfronterizos, a través del proyecto Contexto transfronterizo del Triángulo Norte-Norte de Costa Rica: Percepción identitaria, realidad socioeducativa y cumplimiento de los Derechos Humanos. La investigación, que comenzó en enero de 2021 y se extiende hasta diciembre de 2023, se lleva a cabo en conjunto con la comunidad local.

El objetivo principal de esta indagación es analizar la percepción identitaria, la realidad socioeducativa y el cumplimiento de los derechos humanos en los contextos transfronterizos del Triángulo Norte-Norte de Costa Rica. Para ello se emplea una metodología cualitativa que permita profundizar sobre la realidad social y educativa de esta zona, involucrando a las poblaciones locales, estudiantes residentes y organizaciones locales.

“Es muy importante porque en diferentes espacios que hemos podido movernos nos hemos dado cuenta de que realmente hay un abandono de estas zonas fronterizas y que tienen una realidad migratoria importante, porque la mayoría de la investigación, soporte y atención a este tipo de poblaciones se da para quienes viven en el valle central o en cabeceras de cantón. Entonces, la realidad que se vivencia en zonas binacionales de ocho comunidades no aparece consideradas en ninguno de los espacios que hemos tenido la oportunidad de acceder, incluso foros donde están trabajando otras universidades y otras instituciones que atienden a la población en condición de refugio o población migrante. Para la DER significa una manera de coronar esfuerzos y conocimientos que se han construido a lo largo de los años y que se ven materializados en proyectos como este y otros que tiene la unidad en este momento”, mencionó Vivian Carvajal Jiménez, subdirectora de la DER

El Triángulo Norte-Norte de Costa Rica es una región en la que conviven poblaciones costarricenses y nicaragüenses, en donde comparten tierras sin derechos de propiedad formal. A pesar de ello, estas poblaciones enfrentan desafíos significativos, como la falta de reconocimiento en alguno de los dos países y la discriminación histórica hacia las poblaciones migrantes. La investigación se alinea con la misión de la UNA de educar para la convivencia, la no discriminación y el cumplimiento de los derechos humanos en contextos vulnerables como este.

Además de su impacto en la comunidad, esta iniciativa tiene como objetivo secundario fortalecer el talento humano en la División de Educación Rural, pues brinda oportunidades de participación a otros profesores de dicha unidad académica, lo cual enriquecerá tanto la investigación como el desarrollo de habilidades investigativas y pedagógicas de quienes conducen el estudio.

Proyecto pionero

La identidad en el Triángulo Norte-Norte de Costa Rica se forja en un contexto de convivencia interétnica, influenciada por conflictos históricos y la construcción de una subcultura que fomenta la tolerancia y la adaptación a las diferencias culturales. Este proyecto se enfoca en la autopercepción identitaria de los habitantes de las fronteras y busca comprender cómo las dinámicas transfronterizas influyen en la construcción de identidad.

Los contextos transfronterizos de esta investigación se encuentran en los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles, en el Triángulo Norte-Norte de Costa Rica. Estas áreas se caracterizan por conflictos históricos entre Costa Rica y Nicaragua, lo que ha dado lugar a desafíos únicos y una mayor vulnerabilidad de las poblaciones locales.

El acceso a los derechos humanos es esencial para garantizar la calidad de vida de las personas, y este programa se esfuerza por comprender y mejorar la situación de las poblaciones vulnerables en la región.

“El proyecto es pionero en lo que es la educación en contexto fronterizo; hay una realidad que no ha sido leída y que no se ha materializado al campo educativo, llámese escuela, colegio o universidad, por lo que nosotros consideramos que este proyecto puede dar hallazgos valiosos para que sean contemplados. Por ejemplo, la cultura que se vive en estos lugares es tan diferente: es una cultura binacional que se construye con las riquezas de dos pueblos hermanos, habrá una línea imaginaria entre fronteras, pero entre las familias y comunidades eso no existe. Esto debe de materializarse como producto de la investigación para que haya una lectura de esas realidades y esa lectura pueda impregnar todas las propuestas educativas que se promueven en estas comunidades, porque son completamente olvidados. Hay una ausencia estatal que a través de la investigación se puede develar”, acotó Marielos Vargas, académica de la DER.

La División de Educación Rural de la UNA trabaja para formar profesionales de la educación comprometidos con la mejora de la calidad de la educación en contextos rurales y vulnerables. A través de la investigación, la formación docente y la extensión, la División promueve el acceso a una educación de calidad y la protección de los derechos humanos en todas las comunidades.

Asimismo, la Universidad Nacional reafirma su compromiso con la excelencia académica, la inclusión social y la promoción de los derechos humanos. Como institución pública de educación superior, contribuye al desarrollo sostenible de Costa Rica y la región a través de la formación, la investigación y la extensión en diversas áreas del conocimiento.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Universidad Nacional de Costa Rica se pronuncia en contra de toda forma de discriminación hacia las poblaciones trabajadoras migrantes

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Consejo Universitario de la UNA se pronunció en contra de toda forma de discriminación hacia las poblaciones trabajadoras migrantes. Dando importancia al papel de la población migrante en la economía costarricense y la necesidad de gestionar políticas públicas a favor de esta población.

Según los datos del pronunciamiento la población trabajadora migrante genera un impacto positivo en la economía nacional, el cual se estima en un 12%, según lo establece el documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Además, las relaciones poblacionales han generado un conjunto de experiencias familiares binacionales y un recurso social y cultural para el desarrollo del país.

Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 el contexto económico y social que atraviesa el país ha generado un 18,5%1 de desempleo, lo que incluye tanto a nacionales como a migrantes, situación que debe ser un tema de especial atención por parte de la presidencia de la República.

El decreto n.° 42766-MGP-S-MAG, establece el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de las personas extranjeras bajo la categoría especial de personas trabajadoras temporales para laborar en el sector agrícola en el marco del estado de emergencia nacional por COVID-19.

Este documento destaca que los sectores agropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación por la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país y en consecuencia, se ha dejado un vacío muy grande en ese sector de la economía del país. […]

Para atender la necesidad de mano de obra para la actividad productiva agrícola, se suscribió el Convenio Binacional entre los Estados de Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de regular los aspectos de contratación temporal de personas trabajadoras del país vecino para las actividades agrícolas en territorio nacional.

Entre los acuerdos de la sesión están:

-Destacar la importancia de la población trabajadora migrante en la sociedad costarricense y su contribución a la economía nacional.

-Rechazar toda forma de discriminación en contra de la población migrante específica.

Además, se solicita al gobierno:

-Generar acciones específicas y mecanismos efectivas para la formulación y ejecución de políticas públicas enfatizadas a la no discriminación y la deposición de discursos discriminatorios en contra de poblaciones migrantes trabajadoras.

-Formular políticas de reactivación económica que reconozcan a la población migrante trabajadora como parte intrínseca del modelo de crecimiento y desarrollo económico del país.

-Generar espacios de diálogo social con la participación plena de las organizaciones de empleadores y trabajadores para la definición de medidas integrales cuya finalidad sea combatir la crisis actual y que contemplen la participación de la población trabajadora migrante.

Cabe mencionar que en 2020 el Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Población (Idespo), mediante el acuerdo UNA-CO-IDESPO-ACUE-133-2020, argumentaba sobre la reivindicación de las poblaciones trabajadoras migrantes en el país, al respecto destacaba la importancia de:

-Invitar a profundizar en el conocimiento de las causas de la migración que ingresa a Costa Rica con fines sociolaborales a través de la historia del país.

-Reconocer la característica de segmentación laboral de la sociedad costarricense que produce una inserción histórica específica y diferenciada de población trabajadora migrante en sectores acotados de la economía nacional.

-Invitar a las poblaciones que viven en Costa Rica a desarrollar acciones de solidaridad , empatía y compañía para contender de forma colectiva los efectos de la crisis sanitaria experimentada en la actualidad.

Información resumida del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo VI, inciso I, de la sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, acta no 4017.

 

Información compartida con SURCOS por el Departamento de Comunicación UNA

La superación de la pandemia de COVID-19 sólo es posible con políticas de vacunación universal y sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

  • Más de 400 organizaciones y personas de todo el continente americano exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna persona atrás.

Las Américas, 18 de enero de 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en todo el continente americano en contra de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y pueblos indígenas abajo firmantes exigimos a las autoridades de todos los Estados de la región a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado. Obligaciones legales ineludibles y fundamentos básicos de salud pública hacen imprescindible la universalidad en el acceso a todas las medidas que los Estados implementen frente a la pandemia del virus COVID-19.

Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado. Los órganos internacionales creados por los Estados a través de los tratados, han reafirmado una y otra vez esta obligación, enfatizando la prohibición de discriminación por razones como la nacionalidad, el tiempo o tipo de residencia, o la condición migratoria:

  • El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ha señalado que los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluyendo las personas en situación migratoria irregular, garantizando el acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, ha reafirmado la obligación de garantizar a las personas migrantes los derechos protegidos en el Pacto (PIDESC), incluyendo el derecho a la salud, sin ninguna discriminación.
  • Los Comités de Derechos de Trabajadores Migratorios y de Derechos del Niño han subrayado que las restricciones impuestas al derecho a la salud de los migrantes adultos a causa de su nacionalidad o su situación migratoria podrían afectar también al derecho a la salud, la vida y el libre desarrollo de sus hijos. Por consiguiente, un enfoque integral de los derechos de los niños debe incluir medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus familiares adultos sin importar su situación migratoria y, en caso de ser no acompañados, de sus cuidadores principales. Hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes garanticen que la vacunación a menores de 16 años es segura y adecuada, niñas, niños y adolescentes migrantes deben de tener el mismo acceso que los nacionales al resto de servicios de salud disponibles, sin importar su situación migratoria o la de sus familiares.
  • En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios Interamericanos sobre derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, incluyó los siguientes:
    • Principio 2: Dignidad humana. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los Estados deben crear las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión, condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los derechos a la salud (…).
    • Principio 35: Derecho a la salud. Todo migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales (…).

Asimismo, en contexto de la pandemia actual, estos organismos han reafirmado la importancia de asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “solo a través de la inclusión de toda la población en dichas medidas [sanitarias], sin discriminación de nacionalidad y origen, la región podrá superar la crisis de salud pública”. Recientemente, ha recordado “que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección”. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que, “dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas (…) migrantes, los refugiados, los apátridas (…)”.

En la misma dirección, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó, entre las Directrices relativas a la COVID-19, que los “Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos…, cualquiera que fuere su condición jurídica”. El Relator de Derechos de Migrantes, junto al Comité de Derechos de Migrantes y sus Familias, también subrayó que los Estados deben integrar a las personas “migrantes a los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 (…) y respeten su derecho a la salud, incluyendo a través del aseguramiento de que las pruebas, las medicinas esenciales, y las medidas de prevención y de tratamiento sean proporcionadas de manera no discriminatoria”.

Por otra parte, en términos de salud pública y para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.

En este marco, toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial. Por ende, el resto de las personas de cada sociedad, aún pudiendo acceder a la vacunación, pueden verse afectadas también en sus derechos a la salud y la vida, como consecuencia de la exclusión de las personas en razón de la nacionalidad o condición migratoria. No hay beneficio para las personas “nacionales” en la exclusión de las personas migrantes que conviven en la misma sociedad, como plantean algunas autoridades de manera irresponsable. Al contrario, esa exclusión puede poner en riesgo la salud de millones de personas, o incluso poner en riesgo el éxito de las políticas que los Estados implementen para enfrentar esta gravísima e inédita crisis sanitaria mundial.

Finalmente, junto a la obligación legal ineludible de garantizar estos derechos en condiciones de igualdad y sin ninguna clase de discriminación, lo cual a su vez es esencial para alcanzar las metas de salud pública -y por ende, prevenir que se propague el virus-, múltiples aspectos operativos, incluyendo recursos económicos y humanos, también exigen la universalidad como estrategia esencial para enfrentar la pandemia. En efecto, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia, afectando consecuentemente su salud y la de otras personas, podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas – como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.

En virtud de todo lo expuesto, consideramos inadmisibles y totalmente contrarias a derechos humanos y obligaciones legales inexcusables cualquier política, programa, protocolo u otra medida dirigida a prevenir y combatir la pandemia de la COVID-19, que excluya total o parcialmente a las personas en virtud de su nacionalidad, lugar de origen, tipo de residencia o tiempo de residencia, o estatus migratorio. Asimismo, como se explicó, esas restricciones constituyen medidas contrarias a metas de salud pública que son más vitales que nunca para todos los pueblos del mundo, y pueden afectar los recursos humanos, técnicos y financieros de los sistemas de salud, agravando la emergencia sanitaria existente.

Por lo tanto, exigimos a los Estados americanos el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.

De manera complementaria, instamos a todas las autoridades de los Estados de la región a actuar con profunda responsabilidad en esta delicada y desafiante etapa que atraviesa la humanidad, absteniéndose de todo tipo de discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de la población migrante y refugiada. En esta emergencia sanitaria mundial que exige que todas las personas accedan al tratamiento (por derecho y para proteger a las demás), los discursos de corte nacionalista o de preferencia con base en la nacionalidad no solo derivan en la vulneración de derechos sino que pueden poner en serio riesgo todos los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra la pandemia.

Organizaciones sociales e Instituciones académicas firmantes:

  1. Acceso a la Justicia
    2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino AC
    3. AlertaVenezuela
    4. Alianza Américas
    5. América Diversa
    6. American Friends Service Committee LAC
    7. Amnistía Internacional
    8. Articulate Foundation INC
    9. Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica
    10. Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
    11. Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI
    12. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
    13. Asociación Intercultural Miranda
    14. Associacao Casinha de Acolhida para Lesbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgeneros (Brazil)
    15. Asociación Pop No’j
    16. Asociación pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú)
    17. Asylum Access Mèxico (AAMX) A.C
    18. Belo Horioznte
    19. Canada Venezuela Democracy Forum
    20. Casa de la Mujer
    21. Casa del Migrante de Saltillo
    22. Casa Paraguaya de Cordoba
    23. Cátedra Racismos y Migraciones Contemporaneas, Universidad de Chile
    24. Catedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR – CSVM/UFPR- Brasil
    25. Cecavid-Venezuela
    26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
    27. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    28. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ», CSMM (Ecuador)
    29. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    30. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
    31. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED
    32. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF) Venezuela
    33. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
    34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD (Perú)
    35. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OBMICA
    36. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
    37. Chicago Religious Leadership Network on Latin America
    38. Corporación ONG Raíces, Chile
    39. Civilis Derechos Humanos, CivilisDDHH, (Venezuela)
    40. Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
    41. Colectiva Luna Celaya
    42. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
    43. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas
    44. Colectivo justicia y esperanza de San Luis de la paz, Guanajuato
    45. Colectivo Rebeldía
    46. Coletivo Flores de Lótus – Brasil
    47. Colegiado do NIEM – Núclei Interdisdisciplinar de Estudos Migratórios. Brasil, Rio de Janeiro
    48. Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEHICA (Perú)
    49. Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH
    50. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS (Perú)
    51. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, (México)
    52. Comite Migracoes e Deslocamentos_ Associacao Brasileira de Antropologia(ABA)
    53. Comité de familiares

Afectación sobre pueblos transfronterizos por el cierre de fronteras ante Covid-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El cierre de fronteras impulsado por gobierno de Costa Rica a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19, ha provocado que las condiciones de acceso a la salud y a la educación de las personas y familias transfronterizas se vean afectadas. Las personas que habitan en la franja fronteriza tienen un grado mayor de vulnerabilidad sanitaria y la imposibilidad de paso de un lugar a otro lo ha hecho más preocupante.

Las familias binacionales no pueden reunirse y están constantemente preocupadas por como estarán enfrentando la situación sus seres queridos.

Conozca más en este audiovisual producido por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

Video: Efectos sobre pueblos transfronterizos por el cierre de fronteras ante COVID19 (VAS-UCR, 2020)

Los derechos laborales no tienen nacionalidad: situación laboral de las personas migrantes a raíz del COVID19

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

La pandemia del COVID19 ha evidenciado las condiciones de explotación que experimenta la población migrante en el país. La situación que se presentó semanas atrás en la zona norte no es nueva y muestra que miles de trabajadores y trabajadoras de las plantas empacadoras, en el trabajo doméstico, en las plantaciones de caña, de banano, de piña, entre otros cultivos, tienen que enfrentarse día a día a escenarios donde tienen que exponer su salud para poder llevar el sustento a sus familias.

Las personas migrantes en el país son una parte fundamental de los sectores productivos de la economía nacional. La crisis sanitaria ha encrudecido las relaciones laborales y se ha aplicado reducciones en los salarios sin consecuencia en la jornada laboral.

¡Los derechos laborales nos tienen nacionalidad!

Conozca más en este audiovisual producido por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

Video: Pandemia por Covid-19 y situación laboral de la población migrante en Costa Rica (VAS-UCR, 2020)