El Consejo Universitario de la UNA se pronunció en contra de toda forma de discriminación hacia las poblaciones trabajadoras migrantes. Dando importancia al papel de la población migrante en la economía costarricense y la necesidad de gestionar políticas públicas a favor de esta población.
Según los datos del pronunciamiento la población trabajadora migrante genera un impacto positivo en la economía nacional, el cual se estima en un 12%, según lo establece el documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. Además, las relaciones poblacionales han generado un conjunto de experiencias familiares binacionales y un recurso social y cultural para el desarrollo del país.
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 el contexto económico y social que atraviesa el país ha generado un 18,5%1 de desempleo, lo que incluye tanto a nacionales como a migrantes, situación que debe ser un tema de especial atención por parte de la presidencia de la República.
El decreto n.° 42766-MGP-S-MAG, establece el procedimiento de ingreso, documentación y permanencia legal de las personas extranjeras bajo la categoría especial de personas trabajadoras temporales para laborar en el sector agrícola en el marco del estado de emergencia nacional por COVID-19.
Este documento destaca que los sectores agropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación por la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país y en consecuencia, se ha dejado un vacío muy grande en ese sector de la economía del país. […]
Para atender la necesidad de mano de obra para la actividad productiva agrícola, se suscribió el Convenio Binacional entre los Estados de Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de regular los aspectos de contratación temporal de personas trabajadoras del país vecino para las actividades agrícolas en territorio nacional.
Entre los acuerdos de la sesión están:
-Destacar la importancia de la población trabajadora migrante en la sociedad costarricense y su contribución a la economía nacional.
-Rechazar toda forma de discriminación en contra de la población migrante específica.
Además, se solicita al gobierno:
-Generar acciones específicas y mecanismos efectivas para la formulación y ejecución de políticas públicas enfatizadas a la no discriminación y la deposición de discursos discriminatorios en contra de poblaciones migrantes trabajadoras.
-Formular políticas de reactivación económica que reconozcan a la población migrante trabajadora como parte intrínseca del modelo de crecimiento y desarrollo económico del país.
-Generar espacios de diálogo social con la participación plena de las organizaciones de empleadores y trabajadores para la definición de medidas integrales cuya finalidad sea combatir la crisis actual y que contemplen la participación de la población trabajadora migrante.
Cabe mencionar que en 2020 el Consejo Académico del Instituto de Estudios de la Población (Idespo), mediante el acuerdo UNA-CO-IDESPO-ACUE-133-2020, argumentaba sobre la reivindicación de las poblaciones trabajadoras migrantes en el país, al respecto destacaba la importancia de:
-Invitar a profundizar en el conocimiento de las causas de la migración que ingresa a Costa Rica con fines sociolaborales a través de la historia del país.
-Reconocer la característica de segmentación laboral de la sociedad costarricense que produce una inserción histórica específica y diferenciada de población trabajadora migrante en sectores acotados de la economía nacional.
-Invitar a las poblaciones que viven en Costa Rica a desarrollar acciones de solidaridad , empatía y compañía para contender de forma colectiva los efectos de la crisis sanitaria experimentada en la actualidad.
Información resumida del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo VI, inciso I, de la sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, acta no 4017.
Información compartida con SURCOS por el Departamento de Comunicación UNA
