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Etiqueta: población migrante

Costa Rica entre el miedo y el odio: hacia la anulación de un sujeto histórico

Guillermo Acuña González*
Sociólogo-Escritor
12 de junio 2020

Recientemente el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) en la voz de su directora ejecutiva Xinia Chaves emitió dos señalamientos importantes en cuanto a su proceso productivo actual y el vínculo con los impactos de la crisis sanitaria global.

El primero indica que la cosecha 2020-2021 será “una de las más importantes de la historia”, dada la coyuntura sanitaria global y las circunstancias que afectan todos los ámbitos de la vida misma. El segundo consiste en la convocatoria, inédita en décadas, a la fuerza de trabajo costarricense a incorporarse a la recolección, que este año podría empezar en agosto en su etapa temprana. [1].

En mayo anterior, la misma representante había dibujado tres escenarios posibles con relación a los requerimientos de mano de obra para la temporada 2020-2021[2]: el primero, el optimista, se basaba en contar con la habitual fuerza de trabajo extranjera (fuerza de trabajo migrante de origen nicaragüense y panameña) que por décadas ha soportado sobre sus hombros el peso de la recolección completa desde la etapa temprana hasta su clausura, al promediar el mes de marzo del siguiente año.

El segundo, intermedio como ella misma señala, se caracterizaría por la implementación de una serie de protocolos de seguridad sanitaria para garantizar el concurso de la misma fuerza de trabajo.

El tercero, “el peor”, consistiría en la restricción absoluta de entrada de fuerza de trabajo migrante nicaragüense y panameña, dadas las implicaciones de cierre de fronteras y las disposiciones emanadas por las autoridades de Salud Pública en el país. Este escenario obligaría al sector a tomar medidas de contingencia, entre ellas considerar incorporar una masa trabajadora que hace lustros dejó de interesarse por participar en la actividad, dada su calificación laboral y sus niveles aspiracionales.

Junio llegó y trajo consigo el peor escenario posible, no solo para la actividad cafetalera sino para la población migrante trabajadora en general, que de acuerdo al estudio de OCDE-OIT de 2018, es la responsable en buena medida del 12% de la producción nacional. [3]

Producto del aumento en la detección de casos positivos de COVID-19 en personas trabajadoras provenientes de Nicaragua, ubicadas en actividades como plantas empacadoras y fincas productoras de piña en la zona norte del país, se profundizaron los discursos de rechazo, motivados por el miedo sanitario al contagio, mezclados con una tendencia existente en el imaginario del costarricense a considerar al nicaragüense trabajador pobre como una amenaza para su identidad blanca, homogénea y vallecentralina.[4]

No solo los discursos potenciaron la discriminación. Las prácticas sociales e institucionales también: una directriz emitida por el Área de Salud de Los Chiles, ubicada en frontera con Nicaragua, indica la prohibición de atender personas indocumentadas si no es con presencia policial y de personal de migración[5].

Estos discursos y prácticas señalan la instalación en Costa Rica de una discriminación de naturaleza estructural[6] que amenaza con eliminar simbólica y espacialmente a un sujeto histórico, importante para el desarrollo económico y social del país.

La urgencia por contar con fuerza de trabajo para la cosecha de café 2020-2021 (que inicialmente ha sido estimada por las autoridades de ICAFE en 75.000 personas trabajadoras) ha supuesto la interpelación inédita a la fuerza de trabajo costarricense para que se incorpore a la actividad, obviando que el mercado laboral costarricense ha adquirido desde hace bastantes décadas una característica de segmentación, consistente en la ocupación de fuerza de trabajo migrante en sectores específicos de la economía local.

Este proceso, además, ha aniquilado del discurso social e institucional la referencia a esa población trabajadora migrante, habitual y necesaria. En el caso del migrante nicaragüense, el recurso a la apelación a su cuerpo enfermo y expuesto como amenaza biológica y sanitaria, opera en el imaginario de buena parte de costarricenses como una fuente natural de miedo, que fácilmente deriva hacia otros sentimientos o estados emocionales. En el caso del migrante indígena panameño el proceso es peor, porque ni siquiera se le nombra o referencia, invisibilizando en ambos casos su existencia como sujeto histórico.

La psicoanalista Marie France Brunet en el libro El odio y la clínica psicoanalítica actual (Pólvora Editorial, 2020) señala que el odio surge como síntoma en el racismo y la xenofobia, entre otros males sociales.

El otro, el extranjero, a través de sus rasgos de diferencia y especificidad, pero también de amenaza, de enfermedad, asusta y crea en los demás mecanismos de reacción y rechazo, como los experimentados en estos momentos en la sociedad costarricense. Se produce así, el proceso de anulación del otro como una forma de destruirlo, eliminarlo simbólicamente[7].

En el caso específico de los actuales discursos contra la migración laboral nicaragüense, dos aspectos importantes explican su rápida difusión social en medio de la coyuntura.

El primero, vinculado con una matriz histórica de superioridad biológica que el costarricense ha construido para diferenciarse de los otros, motivada por el proyecto oficial de blanqueamiento de la población en el proceso de construcción del estado nación[8].

El segundo, la construcción de una espacialidad riesgosa, que en este caso se ubica en las narrativas sobre la frontera con Nicaragua. La construcción de una espacialidad que explicara el origen de la Pandemia fue determinante a inicios de la misma y determinó rápidamente la construcción global de discursos de peligro y responsabilización[9].  Lo mismo opera con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como recurso retórico, pese a que los casos se siguen presentando en otros lugares del país.

Esta acción ha supuesto por ejemplo, que comunidades ubicadas en esa espacialidad fronteriza muestren su oposición a recibir personas migrantes identificadas como positivas con el virus en una acción absolutamente opuesta a la supuesta solidaridad y hospitalidad que ha caracterizado la identidad social costarricense. Al mismo tiempo, el tono de los discursos, su acento, ha estado puesto sobre la persona migrante y no sobre las empresas que les contratan en condiciones laborales y sociales deficitarias.

Los rasgos de individuación y ausencia de cooperación como consecuencia de las respuestas estatales ante la pandemia a través de cierre de fronteras, ordenamiento de cuarentenas y aislamiento social, han supuesto un resultado que quizá sea igual o más profundo que los efectos sanitarios de la pandemia: la deconstrucción de convivencias sociales y las confianzas colectivas, colocando en el otro extranjero pobre y vulnerable toda la carga de esos procesos de desestructuración.

Es urgente la tarea inmediata a revisar los discursos y las prácticas sociales contra las personas migrantes trabajadoras. No solo por que lesionan su dignidad y la de sus familias como seres humanos, sino porque al eliminar simbólicamente ese sujeto histórico mediante la invisibilización y el rechazo, potencian en el corto plazo la búsqueda de otros chivos expiatorios que bien podrían ser ubicados al interior mismo de la sociedad costarricense, provocando una polarización más profunda que la ocasionada por el escenario socio político del país de los últimos 20 años. Personas Jóvenes, desempleadas, sin acceso a estudio, podrían ser eventualmente erigidas como ese nuevo otro social que tanto necesita la sociedad costarricense para construir su identidad.

Es necesario reconocer ese otro sujeto histórico, vincularse a su biografía y sus necesidades, asumirlo como persona con deberes y derechos que lo integren formal y prácticamente a nuestra experiencia cotidiana. Solo así nacerá una sociedad nueva, sin tanto odio y temor como política de las relaciones humanas. Sustituyamos esos rasgos por el afecto. El escenario nos desafía a intentarlo.

* Sociólogo y escritor costarricense. Investigador del Programa de Investigación Migración, Cambio Social e identidades, de IDESPO-UNA. Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2019 con ensayo: “Déjennos pasar: Migraciones y trashumancias en Centroamérica”. Editorial Amargord, España.

[1] Xinia Chávez, Presidenta Ejecutiva ICAFE. Entrevista edición meridiana Telenoticias, 11 de junio de 2020.

[2] ICAFE prepara posibles  escenarios para que crisis sanitaria no afecte cosecha 2020-2021. En www.columbia.co.cr recuperado el 12 de junio de 2020.

[3] OCDE-0IT. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica, Éditions OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264303867-es.

[4] Ver referencias sobre estas construcciones imaginarias y discursivas en textos como Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso    filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul; Alvarenga, Patricia. (2005). La identidad amenazada. Los costarricenses ante la inmigración nicaragüense.  En https://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/alvarenga.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2020; Sandoval, Carlos (2002) Otros Amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

[5] Directriz DGASLCH-00126-2020. 29 de mayo de 2020.

[6] Pelletier, Paola (2014).  La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf  Recuperado el 12 de junio de 2020

[7] El odio nos toca la puerta. En www.ciperchile.cl.  Recuperado el 12 de junio de 2020.

[8] Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso        filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul

[9] Lois, Marie (2020). Los estados cierran sus territorios por seguridad…pero los virus están emancipados de sus fronteras. En Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder. https://dx.doi.org/10.5209/geop.69370

Costa Rica y Nicaragua: Dos pueblos que comparten un mismo destino

 

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

(Acuerdo del Consejo Científico del CICDE, 22 de agosto de 2018)

 

1.Los hechos de violencia discursiva, simbólica y física acaecidos el pasado sábado 18 de agosto, y dirigidos contra población migrante de origen nicaragüense son absolutamente condenables y desde todo punto de vista injustificados. Producen extrema vergüenza, pero sobre todo son muy preocupantes en cuanto se inscriben en una tendencia hacia la polarización social y el fortalecimiento y proliferación de discursos de odio. Ya los vimos emerger, con inusitada virulencia, en la pasada campaña electoral, y se renuevan, de forma siniestra, en este tipo de expresiones que, más que xenofóbicas, son, como lo ha hecho ver Adela Cortina, de aporofobia, o sea, de miedo irracional, rechazo y violencia contra las personas pobres. Porque, como es evidente, se ataca a la persona migrante pobre, sobre todo si es de origen nicaragüense, no al potentado o la estrella de cine que enajena propiedades y activos en Costa Rica, ni al turista adinerado que alimenta con sus dólares, las espernibles redes de la prostitución infantil o la droga.

2.Las personas migrantes brindan un aporte muy significativo a la economía costarricense. Hallazgos derivados de trabajos de nuestros investigadores Gustavo Gatica López y Andrey Badilla Solano, nos permiten aportar los siguientes datos, sumamente reveladores:

a.Alrededor del 11,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica se origina en el trabajo de personas migrantes, lo cual es coincidente con datos que brinda la OCDE.

b.Un 29,27% de la población nicaragüense residente en Costa Rica es asegurada directa, por encima, incluso, del porcentaje correspondiente a la población costarricense.

c.El 69% de la población migrante cuenta con algún tipo de aseguramiento. Su aportación anual excede en más del doble el costo de los servicios que reciben (en 2008 aportaron 80 mil millones de colones y recibieron servicios por 37 mil millones, con un excedente positivo de 43 mil millones). Al ser una población mayoritariamente joven, contribuye positivamente al sostenimiento de nuestros sistemas de seguridad social, cada vez más presionados por el envejecimiento de la población costarricense.

3.Por lo tanto, es completamente falso que las personas migrantes sean una carga para la economía o los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

4.Debemos asimismo recordar que hay población costarricense que ha migrado hacia otros países, en busca de nuevas oportunidades. Para el caso de Estados Unidos, principal receptor de migrantes costarricenses, los datos del Censo de Población del año 2011 mostraban que 126.000 costarricenses vivían en ese país. Hoy día muchos de estos y estas compatriotas sufren la violencia, el maltrato y el temor derivados de la agresiva política anti-migratoria de la administración de Donald Trump.

5.Es imprescindible tener presente que Costa Rica y Nicaragua comparten historia y vecindad geográfica. Nos unen lazos culturales, familiares, políticos y económicos. Puesto que nuestros destinos están inextricablemente vinculados, tenemos el deber de cultivar formas de convivencia pacíficas, respetuosas y colaborativas.

6.Lamentamos la crisis política que actualmente vive Nicaragua, y, en especial, todo el dolor y la zozobra que ello trae el pueblo humilde de ese hermano país. Condenamos enérgicamente la sistemática violencia contra los derechos humanos y contra la democracia ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sobre todo nos duelen profundamente las numerosas muertes, desapariciones y las muchas personas que han resultado heridas. Hacemos un llamado vehemente por la paz, el diálogo y la reconciliación.

7.Reconocemos que el descontento de la población costarricense con su actual situación económica está plenamente justificado. La carencia de empleos decentes; el estancamiento, a lo largo de muchos años, de los salarios; la pobreza jamás resuelta o los extremos insultantes de marginación y opulencia, así como la inseguridad frente al futuro, generan frustración, malestar y mucha veces furia. Pero nada de esto es atribuible a las personas migrantes, sino fruto malsano de una estrategia de desarrollo que, al cabo de casi 35 años de vigencia, acumula una serie de déficits escandalosos y se muestra claramente fallida, tanto en lo económico como en lo social.

8.La violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas sexualmente diversas LGBTIQ y contra las personas migrantes, contradice y empaña la tradición democrática y de respeto a los derechos humanos de que presumimos en Costa Rica y que el mundo nos reconoce. Estas situaciones traen justificado desprestigio internacional, pero, sobre todo, nos obligan a interpelarnos sobre el país que tenemos y el futuro al que aspiramos. Nada de esto es antojadizo ni fruto de la casualidad: algo no camina bien –por el contrario: algo camina muy mal– en nuestra economía, nuestras relaciones sociales y nuestra cultura, para que estas manifestaciones de intolerancia, odio y violencia –que por momentos han adquirido tintes claramente fascistas– se expresen de manera tan estridente, muchas veces mezcladas, en un cóctel realmente tóxico, con discursos religiosos y con partidos políticos y proyectos electorales.

9.No basta con la condena enérgica y vehemente, como inexcusablemente debemos hacerlo. Si hay sinceridad en nuestras convicciones democráticas y republicanas y en nuestra opción por la paz, los derechos humanos, la solidaridad y la hermandad, obligatoriamente debemos entrar a reconsiderar, con sentido crítico –sin maquillajes ni anestesias–, pero también con afán propositivo y visión de futuro, las orientaciones y el rumbo por el que se encamina nuestro país.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Una responsabilidad de Costa Rica

Por Carlos Meneses Reyes

 

Como miembro de la Asociación Americana de Juristas(AAJ), Capitulo de Costa Rica, anoto que en las Observaciones del Comité de los Derechos Humanos al Informe de Costa Rica en materia de derechos humanos ante las Naciones Unidas, ha brillado por su ausencia un acápite relacionado con la población migrante, sobre todo en el periodo de la pos-guerra centroamericana, hasta el año de 2016; en que Costa Rica continuó siendo país receptor de refugiados latinoamericanos, durante el incesante y creciente periodo de guerra civil en Colombia, cambio de régimen político en Venezuela, fatídica actuación de la dictadura fujimorista, periodo anterior al régimen de Correa en Ecuador, hasta el drama último de los cubanos.

Puntualmente mencionó la imposición de visas a colombianos (as) en el periodo del presidente Pacheco. Sin discutir esa decisión soberana costarricense ante la potencialidad de una población superior a la costarricense que podía desplazarse por motivos laborales o políticos desde la poblada Colombia (hoy 48 millones de habitantes); falta un observatorio que ausculte el drama padecido por la población refugiada y desplazada en Costa Rica cuando hizo carrera- en la última década- una“política de Estado”. La actual Ley de Migración vigente, calificada de draconiana y luego de suspensiones, activamente aplicada, jugó pareja al bloque institucional y estatal representado en el ejercicio común de la OIJ, DIS, Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) y Dirección de Migración, para hacer efectivo el dique o “tapón” como control que impidiera el crecimiento de población migrante en Costa Rica. El meollo de la cuestión radica en que las decisiones administrativas y del ente judicial redundaron en violación a los derechos humanos de los migrantes y de población ya naturalizada en Costa Rica, en cuanto a expedición de visas, permisos de trabajos y reunificación familiar. Como abogado litigante daría testimonio de dramas en ejercicio de mi profesión, padecidos. Como se dice en esta materia de protección de derechos humanos, con un solo caso de violación, ¡basta!

Corresponde al Comité de los Derechos Humanos en Costa Rica y a las Ong´s consecuentes, auscultar, tras un observatorio, de seguimiento de actos administrativos de la Dirección General de Migración y fallos de recursos de amparo, atinentes o en materia de visas, migrantes, etc.; este capítulo negativo a la tradición humanitaria y con respecto al derecho internacional humanitario por parte del Estado de Costa Rica. Por ejemplo, que la Asamblea Legislativa, como órgano de Poder Público, asimilé, en torno al ejercicio soberano, cómo es posible que un visitante procedente o clasificado dentro de los países que requieren visa para entrar a Costa Rica, por el solo hecho de reseñar visa a los Estados Unidos de Norteamérica, queda excluido de tramitar visa en Costa Rica, contrario al principio de legalidad.

Esta no es labor para un Quijote, aunque siempre nuestra brújula política sea la consecución de lo utópico.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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