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Bukele y las maras en El Salvador

Escrito en 14/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

(Segunda parte).

Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.

En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.

Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.

Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.

Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.

Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)

Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).

Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)

Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.

El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.

Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).

A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).

Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.

IICE: Número de personas pobres en Costa Rica aumentó durante el segundo semestre del 2022

Escrito en 04/05/2023. Publicado en Derechos.

Pie de foto: En diciembre del año pasado, el 25 % de las personas vivía en situación de pobreza en Costa Rica. A inicios del 2020, antes de la pandemia, esta cifra era del 22 %, lo que evidencia el deterioro social que ha vivido el país en los últimos tres años. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Estudio determinó un ligero descenso en la desigualdad

La población en pobreza extrema creció de forma preocupante: pasó de un 6 % en abril a un 8 % en diciembre del 2022.

Según el informe Análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica, que presentó este martes 2 de mayo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), una de cada cuatro personas en Costa Rica (el 24,9 %) se ubicó bajo la línea de pobreza para diciembre del año pasado.

De hecho, este porcentaje mostró un leve crecimiento a lo largo del segundo semestre del 2022. Pero el aumento es aún más significativo si se compara con los primeros meses del 2020 (previo a la pandemia), cuando este porcentaje rondaba el 22%.

Mientras tanto, la pobreza extrema sí creció de forma alarmante en los últimos meses del año pasado, donde ocho de cada 100 personas en el país fueron incapaces de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. De hecho, en abril del mismo 2022, el porcentaje de pobreza extrema fue del 6 %, con lo que se puede concluir que este rubro creció dos puntos porcentuales en tan solo ocho meses.

La pobreza es más evidente en espacios rurales

Si se distingue el fenómeno de la pobreza por zona, se observa que en diciembre del 2022 el 30,1 % de la gente que vivía en la ruralidad era pobre, mientras que este porcentaje caía al 22,9 % en las áreas urbana.

Esta diferencia se ha acrecentado desde junio del 2020, cuando la pandemia produjo el efecto contrario y hubo más individuos pobres en zonas urbanizadas que en el campo. Otro fenómeno que destaca es que, independientemente de dónde vivan las personas, la pobreza aumentó a partir de mayo del año pasado.

Luis Oviedo Carballo, investigador del IICE: 8 de cada 10 personas en pobreza son pobres extremos

De forma similar se ha comportado la pobreza extrema: mientras el 7,1 % de las personas en las ciudades no logra satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, este porcentaje sube al 10,1 % en el campo. Ambos porcentajes han venido en aumento desde mayo del 2020 y se mantienen muy por encima de los datos previos a la pandemia, cuando había alrededor del 6 % de pobreza extrema en zonas urbanas y 7 % en las rurales.

Más pobres, menos desiguales

Pese al aumento de la pobreza, la desigualdad descendió de forma lenta pero estable desde febrero del año pasado e incluso presenta una baja significativa en comparación con agosto del 2021.

Para diciembre pasado, el Coeficiente de Gini (donde 1 es el máximo de desigualdad y 0 el mínimo) la cifró en 0,49, lo que significaría que el país es más pobre – según los datos presentados en los párrafos anteriores – pero un poco menos desigual que el año pasado.

El IICE también realizó el cálculo del comportamiento de la pobreza considerando la ausencia de los subsidios económicos como Avancemos y otras ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las Pensiones del Régimen No Contributivo y otras fuentes de transferencia económica. Si todos estos rubros se eliminaran, la pobreza en el país llegaría al 27,2 % (2,3 puntos porcentuales más de la que ya hay), mientras que la pobreza extrema sería de un 12,2 % (4.3 puntos porcentuales extra).

Luis Oviedo Carballo, investigador del IICE: impacto de subsidios en reducción de la pobreza

Pablo Mora Vargas

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina

Escrito en 24/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico por Costa Rica.

¿Puede parecer una protesta de este tipo acto vandálico? No conocí de esta noticia hasta hoy, sin embargo, independientemente de quiénes fueron (estudiantes, profesionales de la educación, administrativos, algún grupo focalista), la reacción es una muestra para mí respetuosa, ante la agresión, que no por ser verbal deja de serlo, de las opiniones del gobierno en materia de educación y de la Superior, con el FEES, que es un soporte del Estado Social de Derecho.

Las universidades públicas hace rato, están en la mira, representan no solo un baluarte de la democracia y nuestro Estado, su proyección con el desarrollo del país, con los programas de extensión, la preparación de profesionales de alta calificación, con sus observatorios en las distintas disciplinas y materias educativas, cursos libres, y lo mejor, la investigación científica, cultural, económica, entre otras representan la mejor forma de generar conocimiento, crearlo y reinvertirlo socialmente.

Ese es el problema en las sociedades signadas por el neoliberalismo, forma encubierta para no decir capitalismo salvaje (ya señalado desde los últimos decenios del siglo XX).

Aquí seguimos, bueno, los vasallos del poder hegemónico (G-7 con USA, al frente), demoliendo este Estado, les molesta que un país con 50100 kms2 de territorio (sin contar los casi 600 mil kms2 de mar territorial, abusado por pesca ilegal, ruta de narcos, contrabando, entre otras) tenga un Estado Social de Derecho. En tanto, las poblaciones costeras están en los niveles más deprimidos de la estadística oficial, (primeros lugares en pobreza extrema, en exclusión, en niveles de desocupación, y las mujeres encabezan esas listas).

Potencialmente el mar es la frontera económica que solventaría la crisis actual del país y la región centroamericana, lo que se necesitaría, es unir voluntades, inteligencias, cooperación, espíritu gregario, una alta dosis de patriotismo y de solidaridad. No es posible tener al frente la solución y solo postergarla, en aras de intereses mezquinos.

Que no nos pase como en otras naciones de América Latina, donde arrasaron con el Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, sumiendo esas naciones en una pobreza sin límite, que recae, como «norma” del capital y su acumulación ambiciosa, en los segmentos de población más vulnerable, y la deuda pública, externa e interna inmanejable.

Las múltiples cabezas de la hidra

Escrito en 18/02/2022. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Manuel Delgado

El capitalismo produce riqueza en uno de sus polos, en el polo minoritario de los grandes propietarios, pero produce pobreza y miseria en el otro, el de los trabajadores asalariados. Es el resultado normal, natural, de su funcionamiento.

En 1820, cuando la revolución industrial era una señora de setenta años de vida, casi el 90% de la población vivía todavía en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (para esta entidad, están en pobreza extrema aquellos que reciben por día un dólar y medio, llevado a valor presente).

Ese régimen se basaba en un sistema de libre empresa y libre mercado, y se inspiraba en una filosofía llamada liberalismo. Según el liberalismo, el mercado se regía por leyes naturales y sus formas de desarrollo estaban determinadas por lo que llamaron la “ libre mercado ”. Cualquier intervención que corrigiera los mandatos de esa “mano invisible” era inaceptable. Se suele identificar el liberalismo decimonónico con la frase francesa “Laisser faire, laisser passer”, que quiere decir: “Dejar hacer, dejar pasar”. Y añadían: “Que el mundo marcha por sí solo”.

Fue la libre mercado , sus sindicatos y sus partidos la que logró volcar esa mano invisible y conquistar mejoras en la condición de vida de los asalariados.

En los años siguientes muchos millones salieron de la pobreza extrema y se sumaron al ejército de los pobres no extremos. En 1820, estos sumaban 117 millones. En 1859, ya eran 164 millones. En 1910, 445 millones. En todo este tiempo, sin embargo, el número de pobres extremos siguió creciendo.

Esas espantosas cifras de pobreza, que se mantenían en momentos enorme crecimiento económico, tenían que ser subsanadas, aliviadas, para impedir estallidos sociales que ya se habían producido a montones, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que ponían en peligro la existencia misma del capitalismo. Pero para subsanar esos extremos del capitalismo no bastaba el libre juego del mercado. Había que introducir correctivos desde fuera de la economía, desde la política y la lucha social. Es decir, eran correctivos extraeconómicos.

Así fue como tomaron auge las doctrinas reformistas procedentes de las iglesias y de los partidos reformistas, entre ellos los partidos socialdemócratas.

En Estados Unidos, esas reformas las introdujo el presidente Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, un plan de reforma de la economía basada en las doctrinas económicas de keynesianismo (llamadas así porque estaban inspiradas en la teoría del economista británico John M. Keynes).

En contra de la doctrina liberal que abogaba por la no intervención del estado en la producción, el New Deal inyectó sumas gigantescas a la economía para crear fuentes de empleo que la empresa privada no podía o no quería abrir. Con ese método, el desempleo se redujo del 25% al 10%.

Además, este plan elevó los salarios de los trabajadores; fortaleció los sindicatos obreros; creó un sistema de seguro de desempleo; creó un sistema de ayuda médica para la población más pobre; favoreció la educación; creó normas de protección al consumidor; protegió la agricultura; impuso severos controles a la banca.

En 1934, Roosevelt y sus diputados aprobaron una ley subiendo el impuesto de la renta al 79% para las fortunas más elevadas y del 70% para las grandes herencias.

El New Deal comenzó a aplicarse en 1933 y ya para 1950 el porcentaje de pobreza se había reducido en el país al 30%. En los siguientes 15 años, la pobreza se redujo al 15%. Curiosamente aún hoy se mantiene en esa cifra porcentual.

Esta experiencia fue muy similar a la vivida por los países capitalistas de Europa. También allí las cifras de pobreza descendieron en proporciones similares. Los detalles de ese proceso no son el tema de este material.

El capitalismo se mantuvo así hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado y, de nuevo, son las dos principales escuelas económicas, la norteamericana y la británica, los que crean un nuevo concepto de economía. Este nuevo concepto se llama neoliberalismo.

¿Cuál es el nervio teórico del neoliberalismo? Pues volver a la economía liberal de comienzos y mediado del siglo XIX, es decir, eliminar las “distorsiones” extraeconómicas que afectaban el mercado, volviendo hacer que reinara el “laisser faire, laisser passer”.

El neoliberalismo, aparecido en textos teóricos de mediados del siglo XX, no era nada novedoso ni revolucionario. Es la teoría más conservadora, una momia del siglo XIX. Es una teoría que, en esencia, se propuso hacer retroceder las cosas al estado en que se hallaban antes de la introducción de las reformas arriba descritas. Era la época de Reagan y Thatcher, los dos líderes del reaccionarismo mundial.

Para lograrlo los grupos dirigentes recurrieron a todas las medidas. En las ideológicas, por ejemplo, pusieron las universidades a formar líderes de opinión afines, y separaron de los puestos directivos y académicos a los intelectuales que no estaban de acuerdo. En nuestra región jugó un importante papel el INCAE, creado por Kennedy para otra cosa, fue copado por gente de esta ideología para formar los cuadros que hoy son los que dirigen el estado, los centros de investigación, los grupos empresariales y los partidos políticos.

Pero su carácter antipopular, esta teoría solo podía ponerse en práctica por la fuerza, con la persecución y la represión de los grupos progresistas y los sindicatos en las esas dos naciones, y mediante las dictaduras sangrientas en América Latina. Aquí se empezó con Pinochet, se pasó luego a las dictaduras del cono sur y luego lo extendieron por todo el continente.

Los resultados no pudieron ser más devastadores. Después de 1965 la pobreza en Estados Unidos había descendido aún más, colocándose cerca del 10%. Subió otra vez al 15% en 1983, producto de la crisis de los mercados mundiales. A partir de ese comento comenzó el ataque neoliberal y hoy la pobreza ha subido. Antes de la pandemia de la covid se había posicionado en 14,8%. Pero el número absoluto de pobres sí creció, pasando de 40 millones en 1983 a más de 47 millones antes de la pandemia. Ahora ha crecido mucho más.

Según fuentes cercanas al Banco Mundial, pobreza extrema ascendía, antes de la pandemia, a 20,5 millones, lo que obligaba a 39,5 millones de personas a recibir estampilla de comida, es decir, a vivir de la ayuda social.

Si exceptuamos los altos salarios de los ejecutivos de las grandes compañías, los salarios reales en EEUU se han reducido a la mitad entre 1993 y 2003, un descenso de alrededor de 0,75% por año.

En Europa las cosas son similares. Antes de la pandemia era pobre el 12% de la población. Ahora se habla de 120 millones de pobres, que corresponde al 25% de la población. En España son el 27%. La Unión Europea había creado el concepto de privación severa, que afectaba al 45,1% de la población en el 2010.

Si quisiéramos seguir, veríamos que las tendencias se repiten por todo el mundo.

Lo que no cesa de crecer es la riqueza. Hoy el 1% de la población adulta mundial es dueña del 51% de la riqueza mundial. El 10% de la población mundial es dueña del 89% de toda la riqueza. Mientras tanto solo una centésima parte de esa riqueza llega al 50% de la población. Lo anterior es un estudio del Credit Suisse Bank.

¿Qué se propuso y se propone el neoliberalismo? ¿Cuál es su programa? Hagamos un breve resumen.

-1. La fuerza de trabajo, es decir, la mano de obra, es una mercancía y su precio, el salario, lo fijan las leyes de la oferta y la demanda. Para corregir las injusticias provocadas por la “mano invisible” se crearon leyes, procedimientos y organismos de defensa de trabajador. Entre ellos cabe citar las leyes de protección del trabajo, los salarios mínimos, la jornada de ocho horas, las leyes de protección de los menores y las mujeres trabajadoras, los derechos a huelga y a contraer contratos colectivos de trabajo, así como una serie de formas del salario no monetario, como son la escuela gratuita, los seguros de salud y los regímenes de pensiones subvencionados por el estado.

El neoliberalismo cree que esa “intervenciones extraeconómicas” deben desaparecer y han estado trabajando para eliminarlas.

Dado que a veces no es fácil eliminar, por ejemplo, los salarios mínimos o las convenciones colectivas de trabajo, se legisla para hacer esos derechos o inaplicables o inservibles. En relación con los salarios mínimos, su propósito es bajarlo a tales niveles que simplemente sería una norma irrelevante, dejando el precio de la fuerza de trabajo por la libre. En el caso de las convenciones colectivas la ley ya aprobada hace el proceso tan engorroso que las hacen casi inaplicables.

Una parte esencial de este punto es que el neoliberalismo pretende eliminar la organización sindical, criminalizarla y reducirla a la mínima expresión. En esta tarea han avanzado mucho en nuestro país y en todo el mundo.

-2. Uno de los puntos esenciales de esta filosofía es reducir el tamaño del estado y sus funciones, privatizando la mayor parte de los servicios que presta. Para ello han levantado una gigantesca labor ideológica haciendo que la población reniegue del estado. Esa campaña va a acompañada de una labor de zapa consistente en empeorar los servicios para lograr el apoyo de la población a sus propósitos.

El programa privatizador tiene varias vertientes:

a.- Una es vender simple y llanamente. Aquí esa propuesta no ha sido efectiva por la oposición de los trabajadores y usuarios, pero también porque a la burguesía le conviene que el estado le brinde servicios eficientes y baratos, como lo hace el ICE con la producción y distribución de la electricidad, el AyA con el suministro de agua, Recope con la distribución de los combustibles, y otros.

b.- Una segunda forma es colocar al lado de las instituciones existentes empresas privadas que venden esos mismos servicios, pero exigiendo ventajas de parte de las entidades estales. Así ha ocurrido con la cogeneración eléctrica, la educación superior, la banca, los seguros, la infraestructura y la salud

c.- La tercera fórmula es la tercerización de servicios, de la que son testigos, principalmente, los servicios de salud.

3.- El país realizó grandes avances en materia social, una gran parte de ellos financiados con el dinero de los mismos usuarios o trabajadores, otros cubiertos por el fisco. Independientemente que los que han gobernado, muchos de ellos neoliberales convencidos, han utilizados esos recursos para la corrupción y la politiquería, lo cierto es que buena parte de la población más pobre se ha visto beneficiada por muchas décadas.

El plan neoliberal contiene propósitos muy claros de eliminar eso que llamó “estado de bienestar social” o “estado solidario”. Su meta más importante y ambiciosa es acabar con el sistema de salud, parte del cual ya han tercerizado, a veces con pésimos resultados, pero que se plantean reducir a los servicios básicos, dejando a las grandes empresas de la salud el ejercicio (y lucro) que representan los servicios y procedimiento más complejos.

Lo mismo ocurre con las pensiones, parte de las cuales se han privatizado por la vía de los sistemas de pensión complementaria que, aunque a veces en manos en entidades estatales, actúan como bancos privados de capitalización individual que favorecen en muy poco la población más pobre, que paga proporcionalmente mucho por esos ahorros.

En estos dos rubros el plan es ir reduciendo servicios, bajando su calidad y obligando a los trabajadores mejor remunerados a recurrir a los servicios privados.

Más o menos lo mismo ocurre con la educación. Hoy en día la educación superior estatal recibe a una minoría de los graduados de secundaria y la mayoría de los profesionales son graduados por las universidades privadas y carecen casi totalmente de control estatal.

4.- El neoliberalismo es inseparable de los programas fiscales regresivos e injustos. Ese fue uno de los mayores “logros” de Reagan: reducir a casi nada los impuestos a las grandes fortunas que habían sido creados por el programa de Roosevelt, y que mencionamos arriba.

Impedir toda ley o procedimiento que pretenda hacer tributar a los grandes ricos y las compañías extranjeras y, por el contrario, estrujar fiscalmente cada vez más a las clases medias, esa ha sido la política aplicada en nuestro país y en todo el mundo.

5.- La desregularización de la producción es otra de las vertientes de esa filosofía. El país ha hecho un enorme y sostenido esfuerzo por proteger el medioambiente y el entorno social y eso molesta a las grandes compañías, que siguen adueñándose de nuestras playas en contra de la ley y siguen aplicando sistemas productivos que dañan el ambiente, agotan o contaminan las fuentes de agua, deforestan y dañan nuestra fauna. Acabar con las leyes de protección de la salud y el medioambiente es parte de la política del neoliberalismo.

Pese a la enorme campaña ideológica de los medios de comunicación, las cámaras patronales y los partidos políticos, nuestro pueblo rechaza esta ideología y sus políticas. Desdichadamente esa es la ideología de los partidos más grandes del país, de Liberación Nacional, el PUSC, los religiosos fundamentalistas y, en buena medida, el saliente PAC. Lo candidatos de esta segunda vuelta no dan trazas de querer darle vuelta a las cosas. O más o menos palabras, insisten en la receta que ellos mismo generaron desde el gobierno del país y desde el Banco Mundial.

La justicia social, la erradicación de la explotación y la libertad y democracia verdaderas solo se pueden alcanzar en otro tipo de sociedad, la sociedad socialista. Pero la unión del pueblo y su lucha pueden hacer avanzar la sociedad hacia una relación más igualitaria, más justa, más responsable con el medioambiente y, sobre todo, una sociedad que preserve y mejore los logros del pasado, esa aspiración, digo, no es ilusoria. Tenemos derecho a pensar en un mundo mejor todos nosotros, los que creemos en una sociedad distinta del capitalismo, pero también los que creen que en capitalismo es viable, o irremediable o incluso defendible. Muchos cabemos en esa bandera que tiene como centro el humanismo.

Y ahora, ¿qué haremos?

Escrito en 09/02/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar

Para el 2021, el 10 % más rico de la población concentraba el 52 % de los ingresos y el 76 % de la riqueza del planeta, en tanto el 50 % de los más pobres únicamente obtenían el 8 % de los ingresos y el 2 % de la riqueza. 100 millones de personas pasaron a engrosar el número de los que se encuentran en pobreza extrema. El calentamiento global no se resuelve, las personas con hambre, sin vivienda, ni educación, etcétera, han aumentado, mientras que el 0.001 % de la población que son los más ricos vieron como aumentaba su riqueza en 14 % durante la pandemia del Covid-19.

Esta trágica desigualdad solo es posible cuando los sectores populares se encuentran distanciados entre sí, sin derribar los muros y construir los puentes en objetivos y organización común. Esta división contribuye, es parte del problema. No está bien negarse a hacer evidente que las diferencias, la incapacidad de integrarse, se suma a la inequidad, al no construir una democracia participativa. La ausencia de diálogo e interacción organizada de los pueblos es su propia condena.

Es como si cada persona, desde que nace, es colocada en una banda transportadora de fábrica por la que pasa del hogar, a la iglesia, a la escuela, al trabajo, a la calle, al recinto electoral, siendo modelada para ser sumisa-sometida. Se perfeccionan y, refuerzan, los constructos creencias-sentimientos-respuestas conductuales, incorporando vergüenza, miedo, violencia-venganza, tentaciones-placeres distractores, para que se domestique ante todas las formas de autoridad, para no mirar, para callar, para obedecer. Los padres, los educadores, los policías, los jueces, sacerdotes y pastores, los jefes, reproduciendo gestos, reglas, comportamientos, premios-castigos, que pulsan conexiones en la mente que hacen a la persona agachar la cabeza o reaccionar con una violencia de arrebato de rebeldía que destruye, sin mejorar su posición para Decidir-Hacer, Por-Para sí mismo, en función de Realizarse-Ser feliz, cooperando con otros. Cada persona disgregada en su mente. Cada persona conducida, como rebaño. Educada para que no se conecte con otras personas cooperando, sino que desconfíe, que se justifique por aislarse o, peor, por traicionar a los demás, para recibir beneficios que únicamente ellos reciben.

Los golpes más fuertes, contundentes, no se dan con los puños, se dan con la cabeza. La ausencia de investigación, de trabajo intelectual, de educación, de debate, todo ello alimentando, puesto a prueba por la acción popular, impide el surgir de esos golpes decisivos. La impotencia de Voluntades individuales para reconocer, desde sus relaciones de pareja, en el hogar, que nos encontramos respondiendo a las mismas formas de poder del sistema, impiden transformaciones que lleven a salirse del sistema. El problema se amplía cuando esas mismas Voluntades no se plantan con determinación para descubrir que, aún las mismas organizaciones populares, reproducen estructuras organizativas de Sumisión-Sometimiento. Procesos de decisión que no integran a las personas en un pensamiento y acción coherente, unitaria, de transformación. Se pierden en acciones inofensivas, por ser débiles, debido al aislamiento de personas, colectivos que no buscan identificar situaciones problemáticas comunes, objetivos integradores, procesos paulatinos de acumulación de conocimiento, recursos, sectores.

La unidad es necesaria y obligatoria. La unidad personal, de hombres y mujeres que se confrontan a sí mismas, reconociendo sus propias contradicciones, su modo de ser corresponsables de este sistema. La unidad es necesaria y obligatoria como objetivo, camino al que debiera adentrarse sin permiso de renunciar. El sistema funciona porque es totalizador, integra a todas las personas y grupos por premios-castigos que, o vencen a algunos y, a otros los hace cómplices, conscientes o, no, de ello.

La pandemia del Covid-19 ha desnudado la realidad de un sistema económica acumulando riqueza en unos pocos, extendiendo el sufrimiento a mayorías crecientes. Nos encontramos, todos, ante una encrucijada que no admite engaños. La libertad sólo es posible si lo es en todo, para TODOS.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

Escrito en 16/11/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

REDUCIR LA POBREZA: ¿NO SE PUEDE, O SI SE PUEDE?

Escrito en 23/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Sobrado

La pobreza, a pesar de tener nuestro país una de las mayores inversiones en política social por habitante del continente, había permanecido inmutable durante las últimas dos décadas, antes de la pandemia, en un 20% global y un 6% de pobreza extrema. En ese mismo período de tiempo Uruguay que también tenía un porcentaje inicial del 20%, la había reducido, al 7% y prácticamente erradicado la pobreza extrema.

Mientras aquí tenemos un sistema centralizado, con instituciones poco flexibles, en Uruguay tienen un sistema descentralizado con controles locales que permite hacer ajustes de acuerdo a las necesidades y evolución de las condiciones.

Como ejemplo de lo nefasto del centralismo tenemos la noticia que 45000 personas abusaron del bono Proteger, centralizado en el Ministerio de Trabajo. Un gran esfuerzo de la hacienda Pública para compensar la pérdida de ingresos a la población afectada por la pandemia. Difícilmente este abuso hubiera alcanzado esas cifras si la distribución hubiera estado a cargo de poderes u organizaciones locales, al menos en zonas rurales cafetaleras donde todos se conocen y autocontrolan.

Pero no se trata solo del problema de una estructura centralizada, ya que la descentralización no siempre es una pomada canaria, sino de la visión implícita que se tiene de la pobreza como problema de “perdedores”. Esto es de personas fracasadas que tienen que ser asistidas y orientadas por las instituciones, cada una desde su campo de acción y especialidad. Visión que no percibe individuos integrales, familias, grupos organizados autónomamente o comunidades sino problemas técnicos. De tal forma que no existen individuos y unidades sociales con potencial de incorporarse activamente en la solución de su situación, sino problemas fragmentados que deben ser resueltos con la intervención externa. Esta visión, además de reflejarse en el diseño institucional centralizado, coincide con los intereses ideológicos clientelistas y configura, más allá de las declaraciones ideológicas, la acción asistencial de los técnicos institucionales.

El problema ha sido visualizado y existen resultados convincentes, pero no voluntad de cambio institucional

El programa de varias décadas liderado por doña Rose Marie Ruiz de la UNA en Isla Venado, así como el que desarrolló la ex primera dama doña Mercedes Peñas Tejiendo Desarrollo, en la administración pasada se hicieron esfuerzos importantes por articular, las instituciones en el ámbito local con algunos resultados importantes, de los cuales lamentablemente no se han sacado conclusiones para el cambio estructural porque hacerlo afectaría las relaciones de poder político e institucional.

¿Es posible hacerlo diferente incorporando a la población organizada en la solución de su situación?

El programa del Hospital sin Paredes demostró en nuestro país, sin lugar a dudas por sus resultados y el reconocimiento nacional e internacional, que otra forma de organización institucional es posible. Una organización con la participación autónoma de las poblaciones, que las incorpora en una gran simbiosis creativa con las instituciones aumentando sus alcances, reduciendo sus costos y tiempos al mismo tiempo que potencian los resultados.

Por otro lado, existen experiencias en nuestro país y en otras regiones del mundo con el enfoque de la metodología de capacitación masiva, en proyectos de reforma agraria, comunales y de desarrollo con la participación de las comunidades y grupos que han confirmado que otro camino es posible, pero que hay que empezar por cambiar la visión.

Una visión sobre el potencial humano

En primer lugar, los pobres no son perdedores sino personas que no han tenido oportunidades para mejorar sus condiciones ni acceso a los servicios que ofrecen las políticas públicas, pero si son capaces, cuando están sanos, de aportar esfuerzo y crear soluciones para salir de la pobreza y la exclusión. O sea, son seres humanos cuyo potencial depende de su capacidad de auto organización, así como del acceso a las oportunidades y servicios que ofrecen las políticas públicas. Don José Figueres Ferrer decía muy acertadamente “Los hombres sin organización no tienen ningún poder”

La capacitación en organización es fundamental como instrumento de poder. Esta solo se da cuando responde a sus necesidades propias, no a los mandatos institucionales y al margen de autonomía de que dispongan. No existe capacitación sin proyecto propio ni participación sin autonomía. La instrucción se puede recibir en el aula, pero la capacitación, al igual que el manejo de un vehículo, solo se da en una práctica donde las personas deben tomar decisiones frente al objeto.

En segundo lugar, clarificar los conceptos de organización y participación que se utilizan formalmente en todas las visiones, pero que tienen significados y resultados diferentes de acuerdo a la visión predominante.

Organización para la visión positiva es auto organización de los grupos o comunidades, que puede tener o no personería jurídica, pero que no se limita a esta. Es un ente vivo no solo formal, como el aglutinamiento administrativo de personas en los proyectos asistenciales.

La participación en condiciones de autonomía es real. Parte de la definición del problema, en el establecimiento de soluciones, y en la evaluación de resultados.

El papel de los técnicos institucionales es de apoyo técnico y profesional, como la asistencia profesional comprometida en las empresas privadas, con una buena dosis de capacidad didáctica. La participación de la comunidad con su conocimiento y acción es real y enriquece a todos en el diagnóstico y ejecución del proyecto. No se ve como un apoyo subordinado a las directrices institucionales, por ejemplo, limpiar los locales, sino como un trabajo conjunto, dentro de una relación de respeto y evaluación de resultados.

Formar los equipos técnicos de desarrollo

Aplicar la política social con esta visión, no es un cambio de camiseta administrativo. Requiere de una preparación de los equipos formadores, en un proceso organizativo de varios meses que empieza por romper, en la práctica, los círculos viciosos asistencialistas y la formación de nuevos círculos virtuosos. Un trabajo arduo pero que, genera condiciones para la incorporación de las comunidades al mismo tiempo que estimula la transformación institucional.

Existen experiencias y método para hacerlo. Lo que hace falta son decisiones.

La brecha digital y su impacto en la educación, una de las revelaciones de la pandemia

Escrito en 27/05/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

German Masís M.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia varios problemas sociales y económicos, como la vulnerabilidad de las pymes, el crecimiento del empleo informal y la importancia de la brecha digital, que aunque han estado presentes en el desarrollo del país de los últimos años, la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria ha revelado sus verdaderas dimensiones.

Los efectos generados en el país por motivo del COVID-19, han tenido severas repercusiones en el sector económico, turístico, social y educativo, en este último caso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) se ha visto forzado a establecer planes y estrategias de emergencia que le permita mantener el contacto con el 1,2 millón de estudiantes incorporados al sistema educativo público.

Para continuar con el vínculo entre docente-estudiante, el MEP habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 alumnos matriculados en el curso lectivo 2020, con la idea que aquellos que cuenten con dispositivos tecnológicos y conectividad a internet lograran continuar su proceso educativo por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Sin embargo, muy pronto los registros oficiales del MEP indicaron que de ese total de cuentas habilitadas, únicamente 147.705 usuarios se reportaban como activos en la plataforma.

El principal objetivo de las autoridades educativas en este momento era no perder el rastro de los estudiantes desde niveles de preescolar hasta incluso educación abierta, pese a estar luchando contra un fuerte enemigo: la brecha digital. (CR.Hoy,4-5-2020)

Un año después en esta semana, el MEP logró identificar a los 425 mil estudiantes sin conectividad a Internet, a partir del Censo Inicial del curso lectivo 2021, realizado entre febrero y marzo, que incluyó la variable conectividad.

El resultado de un primer diagnóstico, en mayo de 2020, había arrojado que 535 mil estudiantes del país no tenían conectividad en sus hogares. Esos resultados preliminares evidenciaron la necesidad de depurar la información y planificar estrategias de atención individualizada para los estudiantes.

El dato recolectado por el MEP era incluso inferior a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de los años 2019 y 2020, que ubicaban a casi 500 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares o solo lo pueden hacer mediante dispositivos móviles, como teléfonos celulares de sus padres o tutores.

Durante el 2020, el MEP recurrió a la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, con componentes virtuales y materiales, que dejó al descubierto la brecha digital en la educación pública.

En agosto del año anterior, el MEP remitió al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el informe con el dato actualizado (324 mil) de los estudiantes que no contaban con internet en sus hogares. De ellos, 215.936 se ubican en los estratos de bajos ingresos que son los definidos por el MICITT para ser incluidos en los proyectos financiados con cargo a FONATEL. De hecho, 70% de esos estudiantes están en los niveles más bajos de pobreza.

El MEP solicitó atender a estos 215 mil estudiantes, para que fueran los nuevos beneficiarios del Programa Hogares Conectados y de esa manera los 147 mil hogares donde residen esos estudiantes fueran contactados por las operadoras de telecomunicaciones que aceptaran la invitación de SUTEL a formar parte del Programa.(Mep.go.cr,24-5-2021)

En consecuencia, los 535 mil estudiantes identificados sin acceso a internet hace un año, los 425 mil sin conectividad identificados en la actualidad y a 215.936 ubicados como beneficiarios del programa Hogares conectados, son los sujetos concretos de la brecha digital, que han visto afectada su vinculación al sistema educativo el curso lectivo anterior y actual.

Son en su gran mayoría estudiantes de escuelas y colegios públicos, originarios de centros educativos de las zonas rurales, de barrios populares y urbanos marginales, que en nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet, es la otra Costa Rica con acceso limitado a la educación virtual que restringe el derecho a la educación a un sector importante de la población en diferentes regiones del país.

“La falta de conectividad en los hogares ha impedido una educación a distancia equitativa, y se ha convertido en uno de los obstáculos relevantes para llevar la modalidad virtual a todas personas estudiantes en tiempo de pandemia”, dijo la Ministra de Educación, Guiselle Cruz. (Cr-Hoy,24-5-2021)

Es una realidad, que a pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo. De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.

Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales. El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año

Este momento difícil, debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación. (Delfino.cr,12-10-2020)

Una de las soluciones al problema de conectividad de los estudiantes, es el proyecto de alfabetización digital que pretende utilizar recursos del Fonatel para proveer de equipo y conexión a internet a hogares de las zonas rurales, sin embargo algunos especialistas consideran que este proyecto no resolvería la brecha digital existente en el acceso a las tecnologías de comunicación y a la educación de los sectores de escasos recursos.

Según la CEPAL, “los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”.

“La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital”, subrayó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. (CEPAL, Informe especial covid-19, # 7,2020)

La brecha digital en la educación, es una de las mayores expresiones de la desigualdad social y económica vigente y uno de los mayores desafíos de equidad del desarrollo nacional, el cual se ha agudizado durante la pandemia y demanda una solución integral e impostergable.

Imagen: Semanario Universidad.

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Escrito en 18/03/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

Que la crisis del Covid-19 no se convierta en una crisis alimentaria

Escrito en 01/08/2020. Publicado en Análisis, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

German Masís

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación. Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017). Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica. También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático. La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio. Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura. La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.