Presenta coadyuvancia ante el sistemático decrecimiento de la asignación presupuestaria hacia el sector educación respecto a la obligación constitucional.
“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.
Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.
De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo. Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).
A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.
La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.
De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el próximo miércoles 16 de octubre de 2024 se llevará a cabo un Conversatorio Virtual bajo el título: «Bono Alimentario Costa Rica Hambre Cero: Rescate del FODESAF y Reactivación del Sector Agropecuario».
El evento se realizará a las 7:00 p.m., de forma virtual, y reunirá a reconocidos expertos del ámbito económico y agropecuario para debatir sobre la propuesta elaborada por el MSc. Francisco Esquivel, publicada previamente en SURCOS Digital.
Este conversatorio busca abordar soluciones concretas para enfrentar los retos de la seguridad alimentaria en Costa Rica, resaltando el potencial de reactivar el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) como un instrumento clave para erradicar el hambre y revitalizar el sector agropecuario nacional.
El evento será transmitido vía Zoom en este enlace con ID de reunión 842 2432 3761 y código de acceso 643897.
A su vez el panel contará con la participación de importantes figuras del sector público y económico, entre ellos:
MSc. Francisco Esquivel, exviceministro de Planificación y consultor internacional.
MSc. Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda.
MSc. Welmer Ramos, exministro de Economía.
Dr. Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería.
MSc. Greivin Hernández, exdirector de FODESAF.
El espacio promete ser una plataforma de discusión enriquecedora sobre el rol que el FODESAF y el sector agropecuario pueden jugar en la lucha contra el hambre, en sintonía con los esfuerzos globales hacia el Hambre Cero.
La celebración del Día Mundial de la Alimentación, organizada por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANacional), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de garantizar el acceso a alimentos de calidad para todos los costarricenses.
Como se trató anteriormente en SURCOS, sobre la propuesta elaborada por el Msc. Francisco Esquivel, la erradicación de la pobreza extrema y la reactivación del sector agropecuario en Costa Rica deben ser abordadas de manera conjunta. La propuesta sugiere que asegurar el acceso a alimentos esenciales, junto con el fortalecimiento de la producción nacional, es clave para enfrentar estos desafíos.
La reducción de la capacidad del Estado para apoyar a la población vulnerable, agravada por la reforma fiscal de 2018, ha debilitado el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Esto ha limitado los recursos para programas contra la pobreza extrema, lo que hace urgente reconstruir su financiamiento y dirigirlo hacia un subsidio alimentario que permita a las familias acceder a productos básicos.
Además, es fundamental fortalecer el sector agropecuario local, garantizando que éste subsidio alimentario impulse la producción nacional en lugar de depender de importaciones. Una política que promueva una «canasta alimentaria nacional», junto con incentivos para la compra de productos locales, crearía un ciclo positivo entre la oferta y demanda internas, ayudando a reducir la pobreza y reactivar el sector agro.
La abogada Rixi Moncada es la principal pretendiente para la presidencia del Poder Ejecutivo de Honduras en las próximas elecciones internas, en marzo y el 30 de noviembre, del 2025 en las elecciones generales nacionales. Así mismo se elegirán 128 diputados, e igual número de suplentes, para el Congreso Nacional, además de 20 propietarios y 20 suplentes para el Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y vicealcaldes y 2092 regidores. Hasta ahora, ella va punteando las encuestas para sustituir a la presienta Xiomara Castro, ambas del partido político de Libertad y Refundación Libre.
Las mujeres están tomando impulso en las actividades de tipo partidario, animadas por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Esperemos que hagan un mejor papel que los hombres, pues hay muy poco que demostrar como buenos gobernantes en los últimos 200 años, en favor de las grandes mayorías.
Hemos visto a la presidenta de Honduras entrevistándose con Sheinbaum, dos mujeres con diferente historial político, por lo que deseamos que Xiomara Castro mantenga ese vínculo de amistad e intercambio.
Es claro que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum estará aplicando una gestión para el bienestar social de las mayorías que se incluye en la cuarta transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente para muchos analistas con la reducción de la pobreza y muy alejada del modelo neoliberal. A Honduras le vendrá muy bien una gestión con los mismos principios, lo mismo que a los demás países de la región centroamericana, aunque en Costa Rica, será muy difícil con el presidente Rodrigo Chaves, hecho a la medida del Banco Mundial quién desde su llegada al país, comenzó a privatizar todo lo público, su receta aprendida con transfusiones sanguíneas en los solones de lujo del BM.
El partido gobernante en Honduras es LIBRE, quien se supone favorece las políticas del bienestar de las mayorías y la reducción de la pobreza, con lo que no estaría para favorecer a las grandes empresas. Es decir, que Rixi Moncada debe contar con el respaldo de las mayorías de trabajadores asalariados pobres, que llega a superar el 51%, aunque es el 59% de la población la que vive bajo la línea de la pobreza y de esa el 32% pertenece a la pobreza extrema.
Cualquiera que gobierne en los próximos años, si aplica los principios del neoliberalismo, al que se opone el gobierno mexicano, no hará otra cosa que hacer crecer la pobreza extrema y engordar a los grandes empresarios extranjeros y nacionales y Rixi lo sabe muy bien.
El país ha tratado de eliminar la pobreza extrema a lo largo de varias décadas. Lamentablemente esa pretensión no se ha logrado. En parte, los problemas radican en la incapacidad estatal de darle los ingresos adecuados a la población pobre para que adquiera los alimentos necesarios para superar la situación en que viven. Además, simultáneamente, se ha destruido la capacidad productiva nacional que podría abastecer a la población pobre con tales alimentos. En consecuencia, un reto de una nueva política social y productiva es la creación de mecanismos efectivos de subsidio, que le den capacidad de compra a la población en extrema pobreza, a la vez que se reconstruye la capacidad productiva nacional para abastecer a esa población. Se trata de crear la demanda de alimentos, incorporando un concepto moderno de subsidio alimentario, y, además, aportar la oferta de alimentos que capte esa demanda, mediante la reconstitución del productor agropecuario nacional. A continuación, formulamos una propuesta en esa dirección.
El desmantelamiento delFondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ha experimentado en los últimos años un ataque sistemático que busca su destrucción. Este Fondo se financia con dos fuentes básicas. Por una parte, se le asigna una porción del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que es administrado por el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, el Fondo recibe un flujo de recursos que se derivan de la aplicación de un recargo del 5% sobre las planillas del sector privado, que es captado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como parte de las cargas sociales que administra dicha institución. En circunstancias normales, ambas fuentes generan una recaudación cercana al 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Al respecto, un segmento del sector empresarial y los economistas neoliberales con posiciones de poder, han buscado debilitar estas fuentes de financiamiento. La base ideológica de este movimiento se fundamenta en el concepto de que el Estado es mal administrador de los recursos que capta por la estructura tributaria, por lo que los recursos estatales generarían un mayor aporte a la economía en manos privadas. Desde luego, este manto ideológico encubre el deseo del segmento empresarial, que lo propaga, de aumentar sus ganancias a corto plazo, sin hacer un esfuerzo por lograr la mejora de la productividad, a mediano y largo plazo, como base genuina del aumento de las ganancias.
A finales de 2018, la ley 9635, de ajuste fiscal, eliminó la base legal que sustentaba el aporte del Ministerio de Hacienda al FODESAF. El grupo neoliberal que se instaló en el Gabinete Económico y en dicho Ministerio, a partir de mayo de 2018, logró incorporar una reforma a la ley constitutiva del Fondo mediante dicha ley, cercenando el párrafo que contemplaba el mecanismo de asignación de los recursos derivados del IVA. Algunos años antes, se había incorporado a la ley del FODESAF una fórmula que definía la forma de darle, obligatoriamente, un financiamiento mínimo al Fondo, en la parte correspondiente al IVA. El artículo 26 de la ley de FODESAF contemplaba asignar al Fondo un segmento del IVA de acuerdo a lo siguiente:
“Artículo 26.-
Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los ingresos estimados y presupuestados por el Poder Ejecutivo mediante la asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”
La ley 9635, sin ningún miramiento, creó la base del recorte indiscriminado del Fondo modificando este artículo 26. La parte subrayada en la cita anterior fue eliminada, en el título IV, capítulo VI, artículo 30 de dicha ley, quedando la nueva redacción de la siguiente manera:
“Refórmese el artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares… para que se lea de la siguiente manera:
(…)
Artículo 26-
Los gastos que se generen con ocasión de la administración del Fondo constituido en la presente Ley, por parte de la Desaf, deberán incluirse en el presupuesto respectivo, con base en la totalidad de los recursos presupuestados por el Poder Ejecutivo, además del cinco por ciento (5%) de las planillas de los trabajadores y cualesquiera otras fuentes de ingreso existentes.”
¡Sorprendente! El artículo 26 tenía unos pocos años de existencia. Se creó precisamente para garantizar el financiamiento del principal fondo social del país. Y aquí, la ley, con absoluta frialdad, eliminó los recursos por el equivalente al 1% del PIB. El grupo neoliberal que ha manejado el Ministerio de Hacienda tenía claro lo que buscaba: iniciar un proceso de desmantelamiento del FODESAF. Por eso era necesario, para sus intenciones, modificar el citado artículo 26. Así, el gasto de FODESAF queda a discreción del ministro de Hacienda. La reducción constante de la asignación de recursos derivada del IVA, observada en los últimos años, ratifica cómo se está produciendo el desmantelamiento del Fondo, como lo muestra el gráfico 1.
La destrucción del sector agropecuario
En las últimas cuatro décadas el pais ha experimentado la aplicación de una estrategia productiva que favorece la exportación, basada en las zonas francas, y deprime la participación del sector agropecuario. Se ha desarrollado un modelo económico dual: por un lado, crece la producción para la exportación de bienes y servicios, instalada en zonas francas: y por otro, la producción para el mercado nacional se mantiene estancada. Los promotores del modelo argumentan que es más barato comprar productos agropecuarios importados, por lo que no tiene sentido producir esos productos a nivel local. De esta manera, se ha abierto el mercado nacional a los productos agropecuarios importados, disminuyendo los impuestos de importación. Simultáneamente, se va destruyendo todo el apoyo estatal a los productores agropecuarios, lo que genera una desprotección total de los pequeños y medianos empresarios del campo. Como resultado, el sector agropecuario pierde participación en el total de la producción nacional, como lo muestra el gráfico 2, en el caso de la producción agrícola.
Recientemente, a la baja de aranceles de importación de los productos agropecuarios se une la caída del tipo de cambio, lo que se traduce en una reducción acelerada del precio en colones de estos productos. Tal baja genera un abaratamiento del costo de importación, lo que beneficia a los grandes empresarios importadores agropecuarios. Con esto aumenta la ganancia de tales empresarios (si no bajan los precios al consumidor) o genera presión sobre el productor nacional (si bajan el precio del producto en colones). De esta manera, el pequeño y mediano productor no se beneficia de la baja del tipo de cambio, quedando rezagado en la competencia con los grandes importadores.
Este enfoque de desprotección no tiene fundamento en la realidad del comercio internacional. A nivel mundial muchos productores del campo son subsidiados por los gobiernos extranjeros lo que produce una competencia desleal para los productores de países pobres como el nuestro. Además, las fluctuaciones del comercio internacional producen alzas repentinas de los precios de los productos, lo que hace difícil cumplir la pretensión de bajar los precios de los productos importados. Todo esto se traduce en una competencia injusta al productor agropecuario nacional que le resta mercado donde vender sus productos. Como consecuencia, muchos productores han abandonado su actividad durante este período, profundizando la pobreza de las zonas rurales.
El modelo dual genera un estancamiento del empleo para la mayor parte de la población que no tiene la preparación para participar en la producción de las zonas francas. De esta manera, importantes segmentos de la población se quedan con muy pocos ingresos, ante la falta de empleo. Esto genera un efecto fuerte sobre el sector agropecuario que en su mayoría vende para el mercado interno. Es decir, en la medida en que la población no tiene ingresos, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias ven reducidas sus ventas. El sector agropecuario podría alimentar a la población con su producción, pero esto se dificulta por la falta de poder adquisitivo de las personas, además de la influencia de la apertura del mercado a las importaciones.
Hacia una política de eliminación del hambre junto a la reconstrucción del sector agropecuario
En principio, el desmantelamiento del FODESAF y la destrucción del sector agropecuario parecen dos problemas diferentes. Sin embargo, es posible diseñar una política pública que busque la solución de ambos problemas, de manera integrada. Con voluntad política el panorama anterior puede cambiar. El cambio de administración gubernamental en 2026 podría abrir el espacio político necesario.
Por una parte, el FODESAF puede reconstituirse devolviéndole los recursos que el Ministerio de Hacienda le asignaba antes de la aprobación de la ley 9635. Es cuestión de restablecer la redacción que tenía el artículo 26 de la ley de Fodesaf antes de la modificación de 2018. Desde luego hay que actualizar los parámetros de la redacción original porque el fenómeno inflacionario ha desactualizado varios elementos. Reconstituido el Fondo puede llegar a un 2% respecto al PIB, sumando el financiamiento que da el Ministerio de Hacienda y lo que se recauda con el recargo sobre las planillas (captado por la CCSS). En este momento, eso puede significar un monto cercano a un billón de colones (1.000.000.000.000). Así, el Fondo podría dedicar una parte de sus recursos a la eliminación de la pobreza extrema. Este nivel de la pobreza se define como la falta de ingreso para cubrir la canasta alimentaria. Al 2023 el costo de esta canasta en la zona urbana era de un poco menos de ₡63.000, y en la zona rural fue de ₡52.000. En la zona urbana se estimó que había 246.000 personas en condición de pobreza extrema, en dicho año; mientras que en la zona urbana vivían 149.000 personas en tal condición.
¿Cómo se logra que las personas superen esa situación? Otorgando un subsidio por el monto de ingreso que les falta para adquirir la canasta alimentaria. El FODESAF da una cantidad importante de financiamientos para diversos propósitos sociales. En ese sentido, es necesaria una reorganización de sus programas de financiamiento para que respondan a una planificación apropiada. Parte de la dispersión se genera por las obligaciones legales que se han acumulado, a lo largo del tiempo, lo que limita la posibilidad de una asignación ordenada de recursos. Es probable que se necesiten algunas reformas legales para alcanzar este propósito. Sin embargo, restableciendo el financiamiento óptimo del Fondo (el billón de colones citado antes), existe la posibilidad de crear una línea de financiamiento a un “subsidio alimentario” que llegue a la totalidad de las personas en condición de pobreza extrema. ¿Cómo se llega a esas personas? A través del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que es la entidad encargada de los principales programas de reducción de la pobreza. El IMAS tiene las herramientas tecnológicas apropiadas para hacer el “mapeo” de la población pobre, de tal forma que se puedan seleccionar las personas que deberían recibir el subsidio alimentario. Para esto el IMAS debe pasar de la práctica existente de esperar que los pobres lleguen a sus escritorios a una acción fuera de los edificios de la institución, recorriendo el país completo para hacer el mapeo citado y la selección de la población que se debe beneficiar con sus programas. Esto lo han hecho los países que han tenido éxito en sus programas de reducción de la pobreza, como Brasil, Ecuador, Chile, Colombia y México, entre otros. Costa Rica puede repetir las experiencias exitosas. Es cuestión de voluntad política.
Una estimación muy preliminar indica que se necesitarían aproximadamente ₡100.000 millones anuales para otorgar el subsidio alimentario a la población en condición de pobreza extrema. Con sólo restablecer el financiamiento óptimo del FODESAF se tendrían esos recursos. Desde luego, antes de usar ese financiamiento, es fundamental hacer un análisis de duplicidades existentes o que se puedan producir a futuro.
¿Cómo se relaciona lo anterior con la reconstrucción del sector agropecuario? Al respecto, la pregunta básica es: ¿quién produce los alimentos que se necesitan para satisfacer la canasta alimentaria?: ¡El sector agropecuario! Sin embargo, si intentamos beneficiar al sector con sólo otorgar el subsidio alimentario, no se producirá la reactivación deseada, porque el proceso destructivo creado por el modelo aperturista de las últimas décadas no lo permite. La apertura del mercado agropecuario y el desmantelamiento de los mecanismos de apoyo, que antes tenía el Estado costarricense, impedirían que los productores locales abastezcan a los demandantes de alimentos, si éstos tienen capacidad de compra gracias al subsidio alimentario. La capacidad de compra creada con el subsidio se iría al exterior en la forma de importaciones. Y las ganancias, en parte, se quedarían en manos del capital importador. Por lo tanto, hay que bloquear los mecanismos destructivos. ¡Con voluntad política, desde luego!
En consecuencia, el subsidio debe otorgarse condicionado a que sirva para comprar sólo productos nacionales. Los pequeños y medianos empresarios han planteado que se establezca la “canasta alimentaria tica”. En ese sentido, han hecho reiterados llamados a la población para que compre los productos nacionales. Pero, eso no sucederá mientras operen los mecanismos destructivos de la apertura. Por lo tanto, hay que bloquearlos. Eso se puede hacer estableciendo un mecanismo de asignación del subsidio alimentario que sólo permita la compra de productos elaborados por el productor nacional. La tecnología de información moderna, apoyada en la inteligencia artificial, permite hacerlo. La clave es transferir el subsidio a través de una tarjeta de débito: la tarjeta Costa Rica Solidaria (CRS). Mediante un convenio con uno o varios bancos, el IMAS puede emitir esa tarjeta que se asignaría sólo a las personas beneficiarias del subsidio alimentario. Tal tarjeta sólo permitiría comprar los productos de la canasta alimentaria tica. Habría que establecer, simultáneamente, convenios con comercios que se convertirían en distribuidores de dicha canasta. Además, el productor nacional debe hacer las mejoras en la presentación del producto para que pueda operar la tarjeta CRS. No estamos descubriendo el agua tibia. Brasil con su programa Bolsa Familia operó con una tarjeta similar. Este programa sacó de la pobreza a 30 millones de personas. Comenzó inicialmente con la consigna Fome Zero (Hambre Cero). Uruguay tiene la Tarjeta Uruguay Social que ha colaborado a la reducción de la pobreza en ese país. Y, en general, muchos países latinoamericanos han avanzado en esa dirección. En el siguiente enlace se puede observar un ejemplo, que es una breve descripción de la Tarjeta Uruguay Social: www.youtube.com/watch?v=ZlkUkgJIDnQ
Durante la época colonial, Limón era considerado un lugar inhóspito habitado por indígenas y negros salvajes, una percepción que perduró hasta mediados del siglo XX.
En la Segunda República, el principal desafío para los gobernantes fue controlar la provincia y la ciudad de Limón. Se establecieron divisiones territoriales para los diferentes grupos étnicos: a los indígenas se les asignaron tierras mediante tratados internacionales convertidos en ley, mientras que la población no indígena recibió territorios de acuerdo con el derecho consuetudinario. Esto condujo a la creación de áreas como las «tierras de los negros» desde Barra del Colorado hasta Gandoca y Sixaola, donde vendieron parcelas de sus tierras a amigos inmigrantes para compartir su paraíso y poder subsistir.
Sin embargo, el rápido ascenso de los negros desde la pobreza extrema hasta adquirir propiedades en zonas exclusivas de la capital, como Plaza Víquez y Paso Ancho en la década de 1950, sin ayuda gubernamental, alertó a los gobernantes sobre el fracaso de su estrategia.
En las últimas tres décadas del siglo pasado, se observó una notable inmigración de europeos a Limón, especialmente al Distrito de Cahuita. Estos nuevos residentes se integraron rápidamente a la cultura local en lugar de imponer la suya, lo que desconcertó a los líderes del país.
Desde el cambio de siglo, se ha observado una política gubernamental que intenta revertir las leyes y derechos consuetudinarios que anteriormente llevaron al éxito a los habitantes del Caribe. Además, se ha evidenciado complicidad con bandas organizadas que invaden fincas para luego venderlas a quienes financiaron la invasión, poniendo fin al desarrollo económico autónomo del Caribe Costarricense.
Dra. Yamileth González Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica
Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.
La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.
Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?
Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.
Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.
En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.
Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.
La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.
La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).
Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.
En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.
Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.
Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.
Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.
En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.
*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter
Resumen
“El enfoque dominante en la lucha contra la pobreza se basa en el aumento de la producción agregada de la economía (medida como producto interno bruto), junto con la redistribución después de la comercialización mediante impuestos y transferencias. No obstante, el Relator Especial sostiene que el actual interés por aumentar el producto interno bruto es desacertado. El aumento del producto interno bruto no es una condición previa para hacer efectivos los derechos humanos ni para combatir la pobreza y las desigualdades. La ideología del “crecimientismo” no debe desviar la atención de la urgente necesidad tanto de proporcionar más bienes y servicios que mejoren el bienestar como de reducir la producción de lo que es innecesario o incluso tóxico. Mientras la economía se rija principalmente por la obtención del máximo beneficio, responderá a la demanda expresada por los grupos más ricos de la sociedad, provocando formas de producción extractivas que empeoran la exclusión social en nombre de la creación de más riqueza, y no logrará hacer efectivos los derechos de las personas en situación de pobreza. El paso de una economía impulsada por la búsqueda de la maximización de los beneficios a una economía basada en los derechos humanos no solo es posible, sino que resulta necesario para mantenerse dentro de los límites planetarios. En el presente informe, el Relator Especial explica por qué es necesario este cambio y cómo podría materializarse”.
Si desean informarse más acerca de lo que trata este informe sobre cómo erradicar la pobreza más allá del crecimiento, les invitamos a descargar el documento PDF.
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
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PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.
En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.
Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.
Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.
Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.
Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)
Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).
Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)
Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.
El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.
Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).
A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).
Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.
De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.
