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Etiqueta: pobreza

Las mujeres trabajadoras y el COVID-19

La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.

En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.

En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.

En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.

Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.

El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.

Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.

Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.

El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.

Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.

En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:

  • Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
  • Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
  • Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
  • Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
  • Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
  • Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
  • Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
  • Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Las evidencias de la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La pandemia que nos toca vivir y padecer en la presente coyuntura, ha puesto en evidencia la confluencia de distintos procesos. No solo ha permitido hacer transparente la existencia de una estructura social inequitativa y contradictoria, que no es posible ocultar por la creciente pobreza y desigualdad, que son visibles y cotidianas, también hace posible constatar el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad. Procesos que no fueron creados por el Covid-19, ya eran tendencias en la globalidad de la economía contemporánea, que polarizaba abismalmente las sociedades del mundo, como profundizaba las brechas sociales en los espacios nacionales, producto de la mayor concentración y centralización de la riqueza.

Crece la pobreza y la riqueza entre los pueblos y sectores polarizados estructuralmente, pero no como un resultado de la crisis económica, sino por el despotismo político que crea, propicia y apoya la mayor explotación del trabajo, la destrucción de la seguridad social y la institucionalidad pública. La globalización de la pobreza y de la riqueza son resultados de la mayor productividad del trabajo y una menor absorción laboral o, dicho de otro modo, mayor apropiación de los excedentes generados colectivamente y una significativa disminución de los salarios. Esto es, la pandemia ha hecho transparente la quiebra de algunos negocios, al no haber consumidores ni trabajadores ante las previsiones sanitarias y la menor capacidad adquisitiva.

La carencia y la precariedad de trabajo remunerado tampoco es algo nuevo, Peter Drucker, el teórico de la gerencia privada, demostraba que hacía un siglo la productividad de los trabajadores había aumentado significativamente, por cambios en las formas organizativas del trabajo en las organizaciones y las renovaciones tecnológicas. De este modo, las técnicas administrativas como la reingeniería, control total de calidad, downsizing-rightsizing, benchmarking, planificación estratégica, etc., lograban sus propósitos, así como, la imaginación y creatividad de los trabajadores y las condiciones de cada época permitían el aumento de la productividad y la innovación productiva. Así, desde la primera revolución industrial tecnológica de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actual cuarta revolución o industria 4.0, las técnicas se han incorporado masiva e intensivamente en gran parte de los procesos de trabajo, que modificaban las formas técnicas de producción que incrementaba el volumen de mercancías en menor tiempo y con menos trabajadores. Tendencia que no se eliminará con el fin de la pandemia, por el contrario, están muy extendidas y son inherentes a la economía capitalista. El uso masivo de las técnicas en los procesos laborales en la actualidad hace posible el teletrabajo, el cual ha significado para los propietarios una reducción de los costos operativos de los servicios básicos como en electricidad, agua, alquiler de instalaciones, limpieza, etc., a la vez que exigen a los trabajadores usar sus equipos personales para conservar sus empleos. Así, los empresarios se benefician al prolongar las jornadas de trabajo más allá de las establecidas legalmente, así como, modifican contratos que implican recargos laborales con reducidos salarios.

Esto es, las restricciones sanitarias, la reducción de compradores y la pérdida del dinamismo mercantil de las empresas, no inciden por igual en todas las actividades económicas de las empresas, algunas se han visto beneficiadas obteniendo plus ganancias, por la prolongación de la jornada laboral y mayor intensidad laboral a sus trabajadores y disminución de gastos y el aumento de precios a sus compradores. Mientras que, los pobres en su lucha por la sobrevivencia, recurren a la solidaridad familiar y la cooperación en los espacios de vida comunitaria para la satisfacción de sus necesidades.

La aparente omnipotencia de los empresarios queda reducida a la oposición a las autoridades de salud y del gobierno, que no pueden revertir las consecuencias de las tendencias y contradicciones prevalecientes. Aun cuando se consiga doblegar al gobierno para poner el fin de las restricciones sanitarias, que limitan el colapso del sistema de salud, no se restablecerá el dinamismo económico, sin vacunas ni tratamientos eficaces, lo cual generará muchos fallecimientos en los pobres e incluso en las propias filas empresariales, así como, tampoco podrán evitar que sus negocios y privilegios se liberen de la espada de Damocles que penden sobre sus intereses.

Asimismo, la insolidaridad de los empresarios con la sociedad, con los trabajadores y entre los propios empresarios, es otra muestra que ha sido puesta de manifiesto por la crisis sanitaria. Ellos están convencidos que sobrevivirán y están dispuestos a sacrificar a los otros, los trabajadores y pobres. El maltusianismo liberal de los empresarios se encarna en la expresión de un directivo de la Cámara de Comercio chileno “¡Que mueran los que tengan que morir!”, que replica el Presidente de la Cámara Nacional de Pymes de Costa Rica. Esas manifestaciones de los representantes empresariales ante la posibilidad de un destino crítico, son reacciones desesperadas e impotentes contra enemigos imaginarios. La provocación, el miedo y la violencia son recursos de la dominación, como actos amenazantes para la perpetuación del poder, pero también encubren sus propios miedos y vulnerabilidades creadas por ejercicio social, político y económico de los poderes prevalecientes. La oligofrenia narcisista de los empresarios les impide comprender, en su falsa conciencia y superficial existencia, que ellos también fenecerán y que, en una nueva época ellos no serán sus conductores ni dominadores.

Esta pandemia también ha permitido evidenciar que el desarrollo científico e investigativo son actividades destacadas de pocas sociedades y universidades del mundo y Costa Rica entre ellas, gracias al compromiso con la sociedad, ciencia, la investigación de las universidades públicas. Así, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica además de haber creado y proporcionado suero antiofídico, que ha salvado la vida de miles de personas en el mundo, en la actualidad desarrolla la fase final de soluciones alternativas contra el virus pandémico Covid-19 que afecta a la sociedad mundial. De este y muchos modos la Universidad de Costa Rica muestra ser una institución emblemática para el desarrollo y bienestar nacional, la cual es amenazada con ser liquidada económica y políticamente, como una evidencia adicional de la torpeza de propietarios y gobernantes y de los medios que les sirven.

Esto es, creer que ser poseedores de riqueza monetaria los hace omnipotentes a sus poseedores, a la vez que los libera de cualquier adversidad, no puede calificarse de ignorancia, es ESTUPIDEZ, pues no solo perjudican a otros, también se perjudican a sí mismos, así como creen que, destruyendo a los otros, se defienden y están protegidos. El pensamiento único, así como la única alternativa de acción, es estúpido. Los griegos calificaron de idiotas a quienes juzgan y valoran a los otros desde su propia perspectiva y reductivo pensamiento.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Covid-19, marginalidad y pobreza: El desafío fundamental

Luis Paulino Vargas Solís
Economista; Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

La estrategia que se está aplicando para controlar la pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros, pero éstos son insuficientes.

Si uno se remite al total de nuevos casos registrados semanalmente (de lunes a domingo), observa que el crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico (de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento semanal en dos meses y medio.

Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento, es decir, si lográramos que cada semana el número de casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.

Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema precariedad, y en situaciones de hacinamiento.

Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en espacios externos a los del sitio de trabajo.

Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.

La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y prevención.

No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.

Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos, pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.

Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.

¡Pongámosle ganas!

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/08/covid-19-marginalidad-y-pobreza-el.html?m=1

Que la crisis del Covid-19 no se convierta en una crisis alimentaria

German Masís

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad.  Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación.  Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017).   Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica.  También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.   Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios.  La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático.  La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio.  Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura.  La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Algunas reflexiones sobre el momento que vivimos

Vladimir de la Cruz

Los problemas más urgentes a atender nacionalmente, en la situación que tiene el país, presionada por la Pandemia del Coronavirus, a mi modo de ver son: el primero, el empleo o el trabajo, el segundo, el ingreso económico de las personas, el tercero, el funcionamiento del aparato productivo, económico y comercial nacional, el cuarto, el hambre al que se someten las familias que sufren pobreza extrema, pobreza en general, ambos rubros creciendo, junto con los desempleados, y los subempleados, los que han perdido su capacidad salarial y de ingresos, los que han reducido sus jornadas y con ello también el pago parcial de su salarios o ingresos, que pasan formalmente a ser parte de la pobreza general del país, el quinto, las condiciones materiales de vida y de trabajo de una inmensa población nacional, sexto, el fortalecimiento de las instituciones públicas estratégicas, como la CCSS y el Ministerio de Salud, el ICE, AyA, las Universidades públicas y la Educación en general, y las que tienen que ver con el asistencialismo social en general, y sétimo, congelar, mientras dure la situación de la pandemia, los precios o tarifas de los servicios públicos, como agua, electricidad, impuestos municipales, todos los precios de los productos de la canasta básica, todos los alquileres nacionales, sin que se puedan aplicar alzas por anualidad, considerar la posibilidad de reducir alquileres en la proporción en que han sido reducidos los ingresos salariales y de pensiones de los trabajadores durante este período de pandemia, congelar las tasas de interés bancario de los préstamos, de las diferentes carteras crediticias, y de las de los comercios en general, de manera que durante el período que dure la pandemia no se paguen intereses de ningún tipo a favor de las instituciones acreedoras, y en cualquier caso se rebajen, en su pago, en la misma proporción que se rebajan los ingresos, salarios o pensiones, de quienes los reciben y están obligados a pagarlos, ejercer mayor control con los precios de las medicinas y congelarlos a la baja, de manera que con ellos no se especule competitivamente, ni oligopólicamente.

Los asalariados como los pensionados, en general, tienen altamente comprometidos sus salarios y pensiones, no solo por lo que tienen que disponer para su comida, sino por los endeudamientos que tienen que cubrir, resultado de sus modestos modos de vida, en general, y por la sociedad de consumo que les conduce a tener inversiones en esos modos de vida impuestos por la sociedad del consumo. Ningún salario ni pensión se disfruta al 100% de lo que se nominalmente se establece. En la práctica son salarios y pensiones reales hechas las deducciones de ley, y cancelados los rubros que con ellos se cubre fundamentalmente, préstamos, cuotas de afiliación de asociaciones y otros.

En el caso de los pensionados en general, pasa igual con los educadores que están en el régimen de la CCSS, en que su ingreso de pensión se reduce hasta en un 40% de lo que recibían como salarios. No es el caso de los de sistemas que mantienen condiciones favorables a los pensionados, por las leyes que los protegen, al pensionarse, que es una parte pequeña de los pensionados, que aunque se les rebaja más del 40% mantienen altos ingresos, ahora afectados más, hasta un 75% de sus montos.

Si a ellos, los pensionados en general, como a los asalariados se les castiga con rebajas mayores a sus salarios y pensiones, se les deteriora su nivel de vida y se les perjudica en sus compromisos económicos adquiridos, así como se les empobrece su situación real de vida.

En este campo de rebaja de salarios, ahora hasta un 15% en aquellos salarios superiores a 1.500.000 colones, y en el régimen de pensiones hasta un 75% de los altas pensiones, se acusa perversamente y públicamente que estos sistemas, de salarios y de pensiones, son los culpables de la mala situación económica del país, lo que no es cierto, y con ello se hace ver a los altos asalariados y altos pensionados como delincuentes públicos, sin valorar su vida de trabajo y los méritos de sus altos salarios, y la repercusión que esos altos salarios tienen a las pensiones que reciben.

Las pensiones altas están en relación con los salarios altos. Cuando se trata de poner como el modelo de la pensión alta, la más alta de la CCSS, hay que entender también que, en la escala de salarios del sector público cubierto por la CCSS, a los efectos de pensiones, esas pensiones, las del techo de la CCSS, son las pensiones de lujo, para llamarlas de esa manera también, las pensiones de la CCSS, que no todos los trabajadores pueden llegar a tener. Así de simple. Por eso es que se impulsan, del mismo modo, políticas a establecer techos de salarios, con tendencia a la baja.

Si se trata de salarios los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por un salario cada vez más alto, más digno, más decoroso. Si se trata de jornadas de trabajo los trabajadores siempre tendrán derecho a luchar por jornadas más bajas sin rebajar los salarios, como ya se hace en muchos países de mundo y de Europa. Si se trata de pensiones, también los trabajadores tienen derecho a pelear por mejores pensiones. En todas partes del mundo, en Latinoamérica y en Europa se han producido recientemente movimientos en estos sentidos.

Si aceptamos que esos salarios y pensiones deben sufrir esos tijeretazos, machetazos y guillotinazos, también debemos aceptar que en la misma proporción los capitales nacionales, las altas riquezas nacionales deberían ser igualmente gravadas, desde un 15% hasta un 75 % según corresponda para atender la situación de crisis nacional que vivimos.

Aquí se está tasando, gravando solo a los trabajadores. A los sectores de mayor riqueza nacional no se les está tocando. Los presidentes Alfredo González Flores y José Figueres Ferrer, en su tiempo, con valor, impusieron cargas tributarias y porcentajes al capital para atender las crisis de la primera guerra mundial, y sus efectos en el país, y las consecuencias de la crisis de la guerra civil del 1948. El 10% al capital impuso Figueres y Alfredo González una Reforma Tributaria, bajo el lema de que “el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

¿Por qué el Gobierno de Carlos Alvarado, valientemente, como ha hecho y agredido a los asalariados y pensionados del país, no ha hecho lo mismo con los sectores más ricos del país, los que más pueden aportar solidariamente en esta crisis? En el primer caso ha actuado como tigre suelto contra burros amarrados, y, en el segundo caso son los tigres sueltos los que tienen acorralado al burro, que no está amarrado, pero sí amenazado, hasta de no aceptar las disposiciones que se han lanzado para tratar de frenar la pandemia. ¿O le habrán amenazado recordándole el 27 de enero del 1917? Entre esos grupos y tigres sueltos hay también tigres sediciosos. Ya han externado sus posturas sediciosas y algunos se acantonan en organizaciones sociales con altoparlantes.

El problema del trabajo es esencial, es vital, es de vida o muerte. Sin el trabajo no se genera producción de ningún tipo, pero tampoco se genera ingreso económico para quienes pierden sus trabajos, por despidos forzados, por reducción de jornadas, por suspensión de jornadas, por modificación de jornadas, por establecer solapadamente la jornada 4-3. Los trabajadores en teletrabajo no tienen ningún estímulo adicional, en sus equipos de trabajo, los gastos adicionales que ocasionan en sus hogares con su trabajo empresarial, los apoyos tecnológicos que se les deben suministras, como instrumentos de trabajo, por parte de los patronos, como computadoras, por ejemplo.

En materia de trabajo se ha puesto en evidencia, lo que ya se sabía, pero que se hizo muy visible, aunque rápidamente le han puesto un manto protector, el trabajo de los inmigrantes en ciertas regiones y áreas de trabajo del país, de sus condiciones infrahumanas de trabajo, de sus pésimas condiciones de vida y de seguridad laboral, de malos salarios, de salarios menores o más bajos que el mínimo establecido, las condiciones de vida en chinchorros, covachas y edificaciones más que tugurientas de hacinados trabajadores en trabajos agrícolas donde los tienen concentrados. Esto condujo a paralizar casi 50 empresas por un breve tiempo, solo por el tiempo de “control” de los enfermos del COVID que trabajaban en ellas, porque sus condiciones de vida y de trabajo continúan prácticamente igual. Más evidente quedó con ello la corrupción institucional de los Inspectores de la CCSS y del Ministerio de Trabajo, que se han hecho de la vista gorda por años y años, ante esas situaciones, y pareciera que siguen igualmente campantes en sus escritorios…

En Costa Rica no tenemos seguros de desempleos como existen en algunos pocos países, para garantizar por un breve tiempo, a estos desempleados, mientras se encuentran buscando trabajo, algún ingreso mínimo de subsistencia.

La inmensa masa de costarricenses, mayores de 15 años, representa, en términos generales, casi un 75% de la población del país, alrededor de 4.000.000 personas, la de trabajadores es de 2.400.000 personas, un poco menos que el año pasado, junto con poco más de un millón de niños y jóvenes que asisten al proceso educativo, con poco más de 3 millones de votantes, mayores de 18 años, con un 40% menores de 40 años y con casi un 30% de personas de la tercera edad. De toda esta población casi 400.000 son desempleados.

De esta masa trabajadora las mujeres son una tercera parte, casi 700.000 mujeres. De estas mujeres trabajadoras poco más de la mitad, más de 300.000, son cabezas de familia, es decir mujeres que por su trabajo se convierten en el principal ingreso de sus hogares independientemente de si tienen esposo o compañero.

El desempleo nacional hace un año superaba los 200.000 trabajadores, que se sostenían, en la realidad, con el trabajo de sus mujeres, sus abuelas, sus madres, sus esposas o compañeras, sus hijas, o todas ellas juntas en los hogares. Por ello quizá no hay o no ha habido más luchas sociales intensas, de calle, en el país.

Hoy, por el impacto de la pandemia, y las medidas que se han tomado respecto al empleo, de expulsión o cesantía de trabajadores de los trabajos, de subempleo, de rebajo de jornadas, y con ello de reducción de ingresos y salarios, el desempleo se acerca a los 400.000 trabajadores con grave tendencia al alza, más de 100.00 que hace un año, superando el número de mujeres cabeza de familias, con lo cual la amenaza fundamental es que familias completas queden desempleadas. Las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo en este momento.

El 40% de los costarricenses, mayores de 15 años, se encuentra literalmente fuera de la la fuerza de trabajo, y dentro de esta fuerza las mujeres representan el 51%. A su vez las personas subempleadas, que trabajan menos de 40 horas, pero que pueden y quieren trabajarlas, hoy representan un 15%, un 6% más que el año pasado, y las mujeres en este conjunto son casi el 17%.

Durante la crisis mundial de 1928-1934, en su impacto en Costa Rica, el desempleo alcanzó casi el 13%, cuando las mujeres no jugaban un papel tan estratégico en la producción, como actualmente lo es. El 13% de desempleados en esos años significó el 13% de familias desempleadas. Eso condujo al surgimiento de Sindicatos de Desempleados y de luchas sociales, en las calles, por parte de los desempleados movilizados casi permanentemente, cotidianamente. Resultado de esas luchas en una manifestación, en mayo de 1933, en un enfrentamiento con la policía, un policía resultó muerto. Los trabajadores, en su inmensa mayoría campesinos, desfilaban con machetes, palas y cuchillos.

Hoy la legislación no permite hacer Sindicatos de Desempleados, pero no impediría hacer Asociaciones de Desempleados, con apoyo sindical, con similares objetivos de lucha.

Los sindicatos y la afiliación sindical en el país hoy son débiles. Las equivocadas luchas del 2018 les debilitaron. La reacción contra ellas por la legislación aprobada en el 2019 igualmente les redujo sus márgenes de actuación y de lucha. La Pandemia en muchos sentidos los debilita más. Provoca temor ante la masa trabajadora de perjudicarse en su trabajo, cuando éste escasea, si se sindicaliza. Ante situaciones difíciles de condiciones de vida y de trabajo, de limitaciones y rebajas salariales y de ingresos, los trabajadores primero tratarán de encontrar la seguridad de su estabilidad laboral y de sus salarios o ingresos y seguidamente buscarán las formas de lucha adecuadas a sus necesidades, desde el ludismo primitivo que puede expresarse en cualquier momento hasta las organizativas. Preferiblemente, siempre, serán mejor, las organizativas, las que pueden terminar en mesas de negociaciones y en pactos políticos entre los distintos sectores laborales.

Allá por 1910 Omar Dengo discutiendo con un diputado destacaba que el elemento más importante de la producción son los trabajadores, son los hacedores de la riqueza. Con un ejemplo sencillo ilustraba. Le decía al diputado, imagínese que un buen patrón se lleva a todos sus trabajadores en un viaje de paseo por mar. Tienen una situación de naufragio que los obliga a terminar viviendo en una isla solo ellos. Todos se salvaron. El patrono les recuerda a los trabajadores que él era el patrono y los iba a organizar para que en la isla todos volvieran a trabajar. Así empezaron. Al tiempo se murió un trabajador, y el proceso productivo continuó, luego otro trabajador y así sucesivamente, hasta que un día se murió el único patrón que había en la isla, y el proceso productivo continuó. La moraleja que deducía Omar Dengo es que si se morían todos los trabajadores la producción se detenía o se paraba, no se generaba riqueza, pero si se moría el patrón la producción continuaba porque seguían los trabajadores laborando y generando riqueza. De otra manera decía Omar Dengo que los patronos no eran tan necesarios al proceso productivo como si lo eran los trabajadores, y que sin patronos la economía y la sociedad podían funcionar.

Omar Dengo era uno de los líderes culturales y sociales que impulsó la creación de la primera Confederación General de Trabajadores en 1913 y que impulsó la celebración de los desfiles del Primero de Mayo, desde ese año.

Todo esto se mezcla con los índices de pobreza y de pobreza extrema. Históricamente la pobreza y la pobreza extrema han existido desde hace bastante tiempo. De esta manera la pobreza y la pobreza extrema no es la misma. Hay “movilidad” social hacia arriba y hacia abajo en esto conceptos, es decir hay gente que sale de esas categorías y hay gente nueva que entra a ellas. Hoy estamos ante una situación de ver quienes “entran”, más que considerar quienes salen, y sobre todo de evitar que esa caída sea acelerada.

Desde finales del siglo XIX se hablaba de pobreza y se asociaba visualmente a tres “grandes males sociales”, los “chinchorros”, la mala vivienda, las drogas, como la marihuana y el alcoholismo, y las enfermedades venéreas.

En los programas políticos electorales de los partidos políticos, en las campañas electorales, no se agitaban problemas relacionados con la pobreza ni con la pobreza extrema. Todavía hoy estos temas, pobreza en general y pobreza extrema, no son de atención especial en los programas políticos que presentan los partidos políticos ante el Tribunal Supremo de elecciones, en cada campaña, que tienen obligación de presentar un Programa Político o un eventual Programa de Gobierno.

Al no tener estos temas como Planes de Gobierno a resolver, no son prioridades políticas de los gobiernos, ni obligaciones a resolver por quienes les toca desempeñarse como los gobernantes. Pero tampoco lo son, porque la pobreza y la extrema pobreza, que no es la misma históricamente, es en la realidad un gran negocio económico, de quienes pululan con sus entramados negocios para atenderla alrededor de los distintos gobiernos y partidos gobernantes. Así por ejemplo, el tema de vivienda social no responde a políticas públicas de gobierno, sino que responde a los proyectos que desarrolladores privados ofrecen a las instituciones con capacidad de decidir sobre ellos, al Ministerio de Vivienda como al Banco que los financia. Y muchos de estos proyectos son verdaderas estafas al Estado y a la Sociedad, y resultan un fiasco, en la realidad, para las familias beneficiadas, por los malos terrenos y las malas calidades de construcción donde se terminan haciendo estas soluciones de vivienda.

En el gobierno de Abel Pacheco, el Ministro de Vivienda, Helio Fallas, me parece, hizo la mejor propuesta para resolver los problemas de vivienda social en el país distinguiendo tres tipos de vivienda, para tres tipos de zonas en el territorio nacional, señalando además que debían tener dos y tres cuartos para tratar de resolver los problemas de hacinamiento en sus efectos de violaciones, incestos y malas relaciones familiares surgidas de esas condiciones de vida. Fueron proyectos que debieron asumirse, desde esos años, como políticas de Estado a largo plazo. Si esto se hubiera empezado a resolver de esa manera desde esos años, hoy tendríamos un mejor frente de batalla contra la pandemia, sin lugar a dudas. Pero, probablemente se impuso el alacranerío de los vividores de la construcción de viviendas sociales que viven a expensas del Estado, de sus fondos económicos, del sometimiento de las juntas directivas institucionales ante esos desarrolladores y sus agentes asesores, y de los malos controles institucionales sobre esos proyectos, que generan grandes ganancias, como las que se destinan proporcionalmente a las obras de infraestructura en general…acordémonos de la Trocha…o de las carreteras que en sus contratos y licitaciones se permite “arreglarlas” al año de entregadas nuevas, porque el negocio no es hacer carreteras perdurables sino hacer arreglos periódicos de mantenimiento. Pareciera que, hasta ahora, con Rodolfo Méndez Mata, se ha puesto un freno a este tipo de acciones. Sin embargo, siempre veremos cuanto durarán las nuevas obras para empezar a ser arregladas.

Sin embargo, por el impacto de la pandemia, por el crecimiento de desempleados, de subempleados, de mujeres desempleadas, con tasas que llegan al 30% de pobreza en general, por el deterioro de la clase media, especialmente de la clase media baja, y de la clase media media, estos temas si van a ser temas de la campaña electoral del 2022.

Los índices históricos de la pobreza han oscilado entre el 17 y el 22 % y los de la pobreza extrema entre el 4 y 7%. Hoy de manera alarmante se acercan al 30% y al 11%. Esto es explosivo.

Para muchos empresarios, especialmente los grandes, la crisis que vive el país solo les repercute en una reducción de sus ganancias, lo que no los empobrece, no es su ruina, dejan de ganar más, pero siguen ganando, siguen siendo los mismos ricos.

Los empresarios afectados son los micro, los pequeños, y los medianos, que están ubicados en el sector de servicios, alimentación “callejera”, en el encadenamiento de ciertos tipos de actividades económicas… Los agricultores de alimentos básicos se han mantenido produciendo. Gracias a ellos no hay más agudeza en la crisis de la Pandemia. A estos es a quienes urgentemente hay que ayudarlos. Son la base de la inmensa contratación laboral nacional. Son parte de la llamada clase media.

Si se salva la clase media en esta crisis se salva el país. Este es el colchón principal, hacia arriba y hacia abajo en todas sus repercusiones.

Las políticas que vienen ejecutándose contra las clases medias profesionales, laborales en general y productivas en particular, solo están preparando el país para grandes confrontaciones sociales y políticas. Las sociales probablemente se resolverán más en las calles con repercusión al escenario político electoral, las políticas se expresarán con las caídas de los partidos políticos, que principalmente han ejercido el Gobierno de la República, y han dominado la Asamblea Legislativa, abriendo el cauce a las corrientes populistas desde la izquierda hasta la derecha, con un amplio espectro.

En la calle, asociadas al hambre, y no al simple vandalismo, se podrán realizar asaltos de carros o de transportes distribuidores de alimentos. En estos días la prensa ha informado de esos asaltos, muy esporádicos, más como simples robos. Pero podrían darse asaltos organizados políticamente para distribuir esos alimentos en las poblaciones pobres, donde pasan esos vehículos. Así se desarrollaron los Tupamaros en Uruguay, gozando de mucha simpatía política.

En Costa Rica todavía no han surgido organizaciones de este tipo, pero bien podrían aparecer. No es un problema de la vieja literatura de la izquierda latinoamericana. Puede ser de la nueva literatura y de discursos de movimientos populistas, del siglo XXI, en su práctica antisistema, anti políticas, antipolíticos, anti partidos políticos. ¡Cuidado!

La reducción brutal de salarios, de pensiones y de ingresos de los distintos grupos sociales, inevitablemente conducirá a la reducción de estilos de vida, de condiciones y calidades de vida, de capacidad de consumo, de “empobrecimientos” de quienes ven reducidos sus salarios, sus pensiones o sus ingresos, principalmente de los asalariados en general, pero especialmente de las clases medias, que han sido el colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales en el país. Esta es la bomba social. Esa reducción conduce literalmente al hambre, y el hambre a la desesperación sin control.

Conozco situaciones por las cuales elementos hoy de las clases medias, que tienen a sus hijos en colegios privados, de un pago mensual no muy alto, ya consideran no inscribir a sus niños en esos centros escolares en próximo año, porque ya se les redujeron sus ingresos. Para ellos es literalmente una bajada de piso, pero es también una presión muy alta sobre los centros educativos públicos que tienen que recibirlos, y sobre los privados que pierden esos ingresos. De los que asisten a las escuelas y colegios públicos probablemente habrá una fuga y una deserción del ciclo escolar inevitable.

Una parte de la clase media media, la clase media alta, y los ricos, probablemente mantendrán a sus niños en las escuelas y colegios públicos, concierto sacrificio aún soportable o con cierta holgura. Solo dos colegios privados del país tienen más de 3000 estudiantes, a más de $1.500 dólares mensuales. Estos probablemente no sufran nada en su matrícula, pero otros sí.

La pandemia ha puesto en evidencia la crisis de los centros educativos, principalmente públicos, por sus instalaciones, por su falta de instrumentación técnica, por la carencia de apoyos tecnológicos, computadoras, ipads y otros, no necesariamente teléfonos inteligentes, en sus estudiantes, pero también en sus profesores, así como en la capacitación para poder enfrentar situaciones como las que se están viviendo de educación “virtual”.

Los teléfonos inteligentes son más de uso para redes y afines, que para estudio. Aun así, en su conjunto, solo el 40% del estudiantado tiene algún instrumento de este tipo, y las condiciones del país no facilitan las fibras ópticas ni las bandas anchas para que todo el proceso educativo nacional pueda tener acceso, y ojalá libre acceso, para poderse comunicar y realizar de mejor forma el proceso educativo. La teleeducación como el Teletrabajo, igual que el coronavirus, llegó para quedarse en muchos aspectos. La brecha en el campo educativo, ¿cómo la vamos a enfrentar y a resolver? ¿Qué solo los ricos y las clases medias puedan educar a sus hijos con perspectivas reales futuras?

La situación acumulada que vive el país de excesos que se cuestionan es responsabilidad de todos los actores políticos, en los distintos momentos históricos que se han tomado.

Si el Estado y la organización estatal e institucional requiere una ingeniería, independientemente de si se piensa en un Estado más pequeño, igual al actual o más grande, hay que hacerla, pero como resultado de un gran pacto nacional. Nadie puede quedar excluido de esta decisión si queremos perfilar la Costa Rica de los próximos 30 o más años.

El país no está para más tensiones de las que la Pandemia produce. Requiere sensatez, madurez y capacidad de negociación de los principales actores y conductores políticos, de los partidos políticos, de las asociaciones de trabajadores, de los distintos sectores sociales, y del Gobierno. Se requiere urgentemente un Gran Pacto Nacional, una voluntad nacional capaz de tomar acuerdos nacionales, de perspectiva histórica de largo plazo, de carácter estratégico. En el pasado se tomaron esos acuerdos, ¿por qué no ahora intentarlo? En un acuerdo en que necesariamente todos los actores deberán contribuir y ceder en lo que cada quien deba hacerlo. Si de sacrificios se trata se deben compartir solidaria y proporcionalmente a la capacidad de cada grupo y actor político nacional. ¿Hay líderes para enfrentar esta situación? El país los tiene.

Solo así podemos salir adelante si realmente queremos salir bien. Solo así se pueden tomar las decisiones políticas para que no se produzca un desempleo y un hambre explosiva socialmente.

Solo así se puede llegar a verdaderos acuerdos que permitan tomar las medidas del caso desde el punto de vista de recursos públicos para evitar que nos vayamos al foso.

Se requiere una actitud muy patriótica para poder enfrentar los retos y desafíos que este momento nos impone.

Si de sacrificios se trata, que todos los sectores se sacrifiquen proporcionalmente a sus posibilidades. Que no se cargue todo únicamente sobre el lomo de los trabajadores, de los asalariados y de los pensionados.

Que no se destruya más la clase media. Salvando la clase media, en todas sus expresiones, se salva el país como un todo.

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ya vivíamos en una burbuja

Rafael Mora Goñi. Educador, si, con E mayúscula

Ya vivíamos en una burbuja. Desde hace décadas sabíamos de las condiciones de los inmigrantes, les pagábamos salarios menos que mínimos, éramos felices porque estaban en sus cuarterías y bares clandestinos, mientras no nos molestaran en el Mall de moda o restaurante ‪o en el hotel todo incluido, vivíamos indiferentes a esos que sostenían con sus salarios menos que mínimos a los de arriba de la pirámide.

Sabíamos de los precarios, sabíamos del abandono de los indígenas, pero éramos el país más feliz del mundo. Jugaba la sele y éramos felices con ese circo.

Éramos felices e indiferentes a que un entrenador de fútbol o jugador ganara mucho más que un maestro o una enfermera, porque era el equipo de todos, ¿cuáles todos? En el Sport Bar pagábamos caprichos para llorar viendo a la Sele, endiosando personajes de papel.

Eso si era una burbuja, en Miami de compras o en Avenida Escazú dictando políticas públicas con una taza de café de 5000 colones. No pasábamos en nuestro carro por León XIII o barrios del sur para ver la realidad, porque hay mucha chusma. Elitistas de tercer mundo, hablando de la pobreza desde nuestros lujos.

Sabíamos de la corrupción por todo lado, por todo trámite sabíamos cómo hacerlo más rápido, no pedíamos factura y buscamos al mejor contador para reportar pérdidas; éramos muy “jugados” y siempre con la malicia tica para ganar más y pagar lo menos posible, siempre fuimos así… Sabíamos de la enorme brecha educativa. ¿Dónde estudiaron los hijos de los empresarios y políticos? No en el Liceo de Pavas…no. No en la escuelita unidocente rural, no, esa educación era para los pobres, los míos van a privado, donde ganarán las mejores becas y volverán bien conectados, pero no intervenimos el MEP porque es sensible para las votaciones.

Éramos una burbuja, sabíamos que cada cuatro año venían las plazas públicas, los debates y las promesas… los grandes capitales donaban a todos los partidos y así entre “todos” nos ayudábamos…pero el pobre siempre pobre… y el inmigrante pobre en la cuartería… el inmigrante rico ese si era bienvenido, hasta pronto lo veíamos en política. La burbuja era antes, burbuja maloliente, pero nos hicimos de la vista gorda…. los paisas, los cholos, la chusma… esa burbuja era grande, pero segregada y escondida.

Éramos felices comiendo hasta enfermar en los todo incluido o en los rodizios, hartando carne hasta explotar. Endiosamos al politiquillo de barrio hasta hacerlo diputado eterno y se olvidó del barrio, ellos probaron los gusticos y lujos y los perdimos.

Más de un pegabanderas inepto tenía un hueso asegurado y en propiedad. Siempre lo supimos… pero la idea era estar adentro.

Creemos una burbuja de polos con plata, bien jugados en artimañas contables para no pagar impuestos, bien jugados para los negocios oscuros… y el pobre más pobre. Pero la población aumentó y creamos una subburbuja que ingorábamos… fuimos poco solidarios, corruptos, marulleros y engreídos.

Solo el 30% de los niños que entran a primer grado se graduan en bachillerato, y de ese 30% exclusivo solo el 50% termina la Universidad.

Si el 15% de los afortunados, lo sabíamos…si lo sabíamos. Eso si era una burbuja…

‪Quédate en casa decimos ahora, qué facil si en décadas no construimos las condiciones para miles y miles que les pagamos salarios de miseria…. quédate en casa decimos y cuanto defraudamos al fisco? Quédate en casa y permitimos la corrupción.

¿Seguiremos igual con esta farsa del país más feliz del mundo?

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Compartido con SURCOS por Elena Manzanares.

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020