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Etiqueta: pobreza

Solicitan firmas para que quienes más recursos tienen aporten ante crisis

Los sectores sociales y productivos de Costa Rica, que tenemos propuesta para salir adelante como país, invitamos a la población en general y a las distintas organizaciones a sumarse a esta campaña nacional de recolección de firmas.

Con ella, le estamos solicitando a las personas y empresas más ricas del país que destinen recursos reales y efectivos para reducir al máximo la crisis económica y humanitaria que se avecina posterior a que superemos como sociedad la etapa sanitaria.

Debemos aspirar a tener una sociedad más justa e inclusiva post Covid-19.

Para firmar: https://forms.gle/cuJeVqvcutXUibqLA

Leer la carta aquí: https://wp.me/p6rfbZ-aXx

 

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Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

Carta abierta a quienes más recursos tienen en Costa Rica: Una salida costarricense frente a la emergencia requiere de sus aportes

Estimados señores y estimadas señoras:

El país atraviesa por la más grave crisis económica y social desde 1948. Ya antes de marzo de 2020 había 1.7 millones de personas viviendo en unas condiciones tales de pobreza que no podían resolver sus necesidades más básicas de alimento o vivienda. La diferencia entre los ingresos de ustedes y los de estas personas impresiona: ustedes son 100, el 0,002% de la población de Costa Rica, pero reciben al menos 37 veces más ingresos que 1 millón de costarricenses– esto de acuerdo al Banco Mundial y sin contar su patrimonio expresado en múltiples bienes como casas, fincas, o capital. Además, después de haber sido un país aplaudido por su igualdad socioeconómica, Costa Rica era ya antes de marzo de 2020, uno de los más desiguales de América Latina.

A abril de 2020, este escenario es muchísimo peor ya que, estimaciones aún muy conservadoras nos indican que producto de la pandemia generada por el COVID-19, hay entre nosotros y nosotras, un millón de personas más en condiciones de pobreza.

Los hemos escuchado decir que su éxito empresarial, su diversificación y el crecimiento de sus empresas se ha debido a su esfuerzo personal y familiar. Reconocemos que han hecho esos y otros esfuerzos. Sin embargo, para que lo hecho a nivel individual y familiar se tradujera en el éxito que han logrado, este país les ha dado a ustedes mucho más que al promedio de familias costarricenses. Con fondos públicos, financiados por toda la población, Costa Rica les ha dado una fuerza laboral altamente educada y sana gracias a la educación pública y a la Caja; un clima de estabilidad social para ustedes y sus empresas; energía sostenible y estable; asesorías, promoción de sus exportaciones y atracción de inversiones; subsidios por miles de millones de dólares en exenciones fiscales, incentivos a las exportaciones,  devoluciones de dinero, créditos a bajísimas tasas de interés, y, acceso privilegiado a la banca pública.

En resumen, ustedes, el 0,002% de las personas de este país, tienen asegurado su futuro, y el de sus próximas generaciones. A la vez, tienen una deuda enorme con Costa Rica. Su campaña de recolección de dinero para comprar mascarillas ayuda, pero no alcanza: más de dos millones de costarricenses carecen de un ingreso básico para las próximas semanas. Sin su contribución será imposible sostener a la Caja que todos tanto valoramos y evitar que la mayor parte de la población caiga en la pobreza. Ayudar a evitar que miles de costarricenses caigan en la pobreza es también, en el mediano y largo plazo, sostener sus empresas e inversiones.

De nada servirá intentar salvar a la “primera clase” si se hunde todo el barco: el país, ustedes y su futuro depende de que como sociedad contemos con dinero público para enfrentar las crisis y financiar la reconstrucción post COVID-19.

El país requiere que ustedes den un paso al frente, sean ejemplo, y aporten un impuesto temporal destinado a financiar la emergencia nacional. La mesa está abierta para definir un uso transparente de estos recursos y de otros que podrían ser parte de un fondo solidario frente a la emergencia nacional. Nos dirigimos a ustedes quienes más recursos tienen en nuestro país:

Wilhelm Steinvorth FIFCO
Walter Kissling – Carao Ventures
Victor Oconitrillo – Grupo Sama
Víctor Mesalles – Grupo COMECA
Tomás Gilmore – Sardimar
Tomás Dueñas – INTACO
Steve Aronson – Café Britt
Silvio Lacayo – Desyfin
Sergio Egloff – Productos de Concreto
Salo Ponchner – Multifrío
Rubén Pacheco – Enjoy Group
Román Salazar – Constructora Edificar
Rodrigo van der Laat – Constructora van der Laat & Jiménez
Rodrigo Uribe – Grupo Cuestamoras
Rodrigo Salas -Grupo Farmanova-Intermed-Sucre
Rodolfo Tabash  – BAC Credomatic
Rodolfo Jiménez – FIFCO
Roberto Zamora – Banco Lafise
Roberto Artavia – LEAD University
René Picado – TELETICA
Raymond Tang-Lee – Banco Cathay
Ramón Mendiola – FIFCO
Rafael Mencia – AERIS
Philippe Garnier- Garnier & Garnier
Orlando Soto – ACOBO Corporación
Olga Cozza-Teletica
Maurizio Musmanni – Roma Prince
Mauricio Prada -Opticas Visión
Mauricio Bruce – ILG Logistics
Mario Amrhein – FACO
Marianela Ortuño – IMPROSA
María Andrea Arias – Ingenio Taboga
Marcos Dueñas – INTACO
Marco Tristán – BCT
Marco Cercone -Lucema
Manuel Francisco Jiménez – Grupo Nación
Manrique Constenla – CIAMESA
Manrique Arrea – Holcim
Luis Manuel Chacón – EDICA
Luis Javier Castro – Mesoamérica
Luis G. Ramírez -Grupo TICAL
Leonel Baruch – CRHOY
José Rossi – LEAD University
José González – Grupo Numar
José Antonio Sauma – Mesoamerica
José Álvaro Jenkins -Azucarera El Viejo
José Alberto Castillo – Grupo Colono
Jorge Walter Bolaños – Banco Cathay
Jorge Trejos – TRAESA
Jorge Oller -DIPO S.A.
Jorge Acon -Grupo Acon
Javier Quirós – Grupo Purdy Motors
Jaime Mesalles – Grupo COMECA
Jaime Gurdián – Agrosuperior
Jack Loeb  – Banco PRIVAL
Hernán Solís – Grupo H Solís
Harry Strachan – Mesoamerica
Hans Spesny -HA Logística
Gonzalo Delgado -Constructora Delgado
Gonzalo Chaves – Dos Pinos
Gilbert Meltzer  -CEMACO
Gerardo Volio – Volio & Trejos
George Durman- Durman Esquivel
Gastón Monge – Grupo Monge
Francis Durman- Grupo Montecristo
Fernando Contreras – REPRETEL
Federico Odio – BAC CREDOMATIC
Familia Zingone – Grupo Zeta
Familia Zamora– Grupo Pedregal
Familia Wasserstein – Laboratorios Stein
Familia Marín Raventós -Corporación Raventós
Familia Giordano – Grupo Sur
Familia Chavarría Ferraro – Grupo MEGA
Familia Alonso Guzmán- AutoMercado

Familia Aizenman – Grupo VEINSA
Ernesto Castegnaro – Grupo Cuestamoras
Emilia Amado – Grupo Cuestamoras
Eliseo Vargas Fagre -EVCO Constructora
Eladio Bolaños – AMCO
Edgar Zurcher – Zurcher Raven Odio
Daisy Puig – Grupo Marta
Cristina Masís – Mercado de Valores
Carlos Wong – Coyol Free Zone
Carlos Víquez – Air Costa Rica
Carlos González -Grupo Pelón
Carlos Fischel – ILG Logistics
Carlos Federspiel – Universal
Carlos Federico Monge – Grupo Monge
Carlos Chotocruz -ITS
Carlos Cerdas -Grupo MECO
Arturo Giacomin-Banco Davivienda
Armando Javier González Jiménez- AM PM y Fresh Market
Armando González Fonseca – AM PM y Fresh Market
Antonio Burgués -BCT
Andrés Pozuelo – Alimentos Jack’s
André Garnier – Ministro Coordinación
Amadeo Quirós – Grupo Purdy Motors
Alvaro Carballo – Zona Franca Coyol
Alfredo Volio – Upala Agrícola
Alan Saborío – Deloitt

Fuentes: Merco (2019), Revista Suma (2018), Revista Eka (2015), Revista Forbes (2019)**

La autoridad moral para demandar que otros aporten solo pueden tenerla dando un paso al frente y contribuyendo solidariamente a financiar al Estado y a la gente que tanto les han dado El resto de quienes continúan teniendo ingresos estables y altos, también podrán y deberán sumarse.

Atentamente,
Costa Rica
Si estás de acuerdo con esta petición compartila.

**Efectivamente: ni están todas las personas que son, ni son todas las personas que están. Pero, se acerca mucho y al igual que la medición de la pobreza, es perfectible (aunque los datos más difíciles de obtener).

Compartido con SURCOS por varias personas. Circula en redes digitales.

Sea parte de SURCOS:
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Por una participación efectiva y justicia social para salir de la crisis

FECON

La Federación Ecologista (FECON) se encuentra articulando con diferentes organizaciones sociales para impulsar propuestas justas y combativas ante la crisis del Covid-19. Desde el 2 de abril publicamos un comunicado de FECON exponiendo 12 propuestas basadas en nuestros valores organizativos y en rechazo directo a propuestas neoliberales presentadas por la UCCAEP al Gobierno de Carlos Alvarado.

Hemos hecho énfasis en que es momento para impulsar un plan de recuperación económica reorganizando el modelo de producción de alimentos. Hay que fortalecer la participación y articulación comunitaria entre pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y grupos pesqueros, apoyando primordialmente las prácticas ecológicamente sanas.

Esto significa que se deben establecer mecanismos de gestión público-comunitaria para la recuperación de la soberanía alimentaria del país. Los tratados de libre comercio ahogaron la producción local de alimentos y ahora nos ponen en indefensión ante el impacto internacional de la crisis de la salud.

La atención económica de la emergencia

El Estado tiene el desafío de hacer sostenible económicamente la atención de cientos de miles de personas afectadas por reducción de ingresos, recortes de jornadas laborales, paralización económica total, como por la pobreza estructural del país que supera el millón de habitantes. Sin las necesidades económicas cubiertas las medidas de aislamiento social son inviables.

Carlos Alvarado expresó que “en este momento el gobierno cuenta con recursos económicos suficientes para manejar los primeros tres meses de la emergencia”. Indicó además que “el Ejecutivo maneja actualmente cuatro alternativas para extender la atención luego de esos tres meses, que son: 1) Reducción o redistribución del gasto, 2) más ingresos con impuestos, 3) recurrir a más endeudamiento con el FMI, 4) generar política monetaria.”

Llamado de las organizaciones

Desde siempre y ahora más que nunca consideramos necesario detener las propuestas que aceleren la liberalización económica en Costa Rica. Casi cuarenta años y esta nueva crisis sanitaria internacional demuestran que es un modelo absolutamente dañino para la naturaleza e incapaz de garantizar la protección y el bienestar social de los pueblos.

Consideramos que el Gobierno debe analizar otros planteamientos creativos, con criterio de realidad y sin condicionamientos especulativos del capitalismo financiero. El modelo neoliberal requiere salidas urgentes y la participación ciudadana organizada es vital para construir las nuevas alternativas. Hay que combatir las desigualdades con propuestas que apunten a la justicia social, ambiental y de género, para incidir en las acciones del gobierno ante la crisis.

Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

https://feconcr.com/noticias/por-una-participacion-efectiva-y-justicia-social-para-salir-de-la-crisis/

Carta a la Ministra de la Condición de la Mujer y a la Junta Directiva del INAMU

Enlace para firmar abajo

14 de abril del 2020
Señora
Patricia Mora Castellanos
Presidenta Junta Directiva
INAMU

Junta Directiva
INAMU

Estimada señora y estimadas personas integrantes de la Junta Directiva,

Las integrantes del movimiento de mujeres y feminista abajo firmantes solicitamos se reconsidere el acuerdo de la Sesión de la Junta Directiva del INAMU mediante el cual se instruye a la administración a trasladar 4 mil millones de colones al Instituto Mixto de Ayuda Social, sin tomar en consideración las advertencias y recomendaciones de la Dirección Administrativa recogidas en el oficio INAMU-PE-DAF-158-2020 sobre el impacto que ello tendría en el funcionamiento regular de la institución ante la falta de liquidez producto de la reducción anunciada del 20% al 60% de los Fondos de FODESAF.

Solicitamos respetuosamente acoger la recomendación hecha por la Dirección Administrativa de hacer un traslado solidario de ₡1,200 millones del superávit institucional. Con esta medida se contribuye a paliar la crisis y sus efectos en las mujeres sin comprometer la estabilidad institucional.

Asimismo, instamos a la Junta Directiva del INAMU a considerar un mecanismo de administración conjunta de estos fondos con el IMAS, de manera que sean entregados efectivamente a mujeres que lo necesiten y no solo a las que se encuentran en extrema pobreza a las cuales se les financia con fondos regulares del IMAS.

Frente a la crisis generada por el COVID 19 y las repercusiones económicas y sociales, es el deber mantener a instituciones como el INAMU fuertes, sobre todo considerando que los recursos de FODESAF se han visto disminuidos y por lo tanto, las mujeres afectadas por situaciones de violencia, las de los territorios rurales, las indígenas, las empobrecidas arriesgan no encontrar un espacio para poder ser atendidas una vez concluida la pandemia.

Esta situación de confinamiento como medida sanitaria ha generado que muchas mujeres y niñas queden atrapadas en sus hogares con hombres agresores; ante los recortes laborales, son las primeras que ven sus jornadas disminuidas parcial o totalmente. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado fortalecer las labores de atención estatal a mujeres para poder salir adelante ante la pandemia.

Es nuestro deber como movimiento solicitar la reconsideración de este acuerdo, en la medida en que pone en riesgo el funcionamiento habitual de la institución y la labor que realiza en la lucha por la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.

Muchas gracias, por su atención

Para firmar haga clic en este enlace

 

Enviado a SURCOS por organizaciones feministas.

Lo que cambiará post-pandemia

Óscar Madrigal, abogado

Muchas cosas cambiarán después de esta pandemia, pero esas cosas y los asuntos sociales y de Estado no lo harán automáticamente, de manera mecánica, sino que requieren del empuje de los movimientos sociales y políticos para que el país avance. Cuando no se genera una fuerza innovadora, las sociedades se estancan, se inmovilizan y tienden inercialmente por volver al viejo estado de cosas. En estas circunstancias, como lo ha mostrado la historia, por regla general ocurre una descomposición social, que se traduce en más pobreza, desigualdad y desesperación.

De aquí surge la imperiosa necesidad de la articulación del movimiento social y del movimiento progresista para desarrollar un programa que permita a la sociedad costarricense planear y avanzar en un nuevo concepto de sociedad.

Esa nueva alternativa de sociedad deberá fundamentarse en nuevos conceptos. Pienso en los siguientes:

1-. Ciudadanía. La ciudadanía debe concebirse de manera activa, contralora y propositiva. Los ciudadanos dejan de ser solo sujetos de momentos electorales, para asumir el poder ciudadano desde la sociedad misma para pedir cuentas, exigir cumplimiento de promesas o censurar a todos los ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el Estado.

2-. Nación. La globalización como ha sido concebida ha mostrado ser insuficiente para afrontar los problemas globales. El concepto de Nación debe ser retomado para asumir el compromiso de desarrollo económico nacional y para exigir normas internacionales que resguarden los intereses laborales y económicos de todos los países.

3-. Soberanía. Solo mediante un concepto de soberanía que recupere el poder de decisión nacional en cuanto al apoyo a la producción nacional, así como la capacidad del país de mantener una política internacional independiente, sea manteniendo una neutralidad y respeto por a la autodeterminación de los países.

4-. Producción. El desarrollo productivo seguido hasta ahora debe cambiar de paradigma. El crecimiento económico desmedido sin considerar a la Naturaleza y la igualdad social es insostenible. El crecimiento del PIB no debe ser un único parámetro de medición de la riqueza social o natural. El respeto por la Naturaleza debe sustentarse en el apoyo y desarrollo de un fuerte movimiento ecologista para revertir los daños que estamos ocasionando a nuestro Planeta.

5-. Igualdad. La brecha social que cada vez se agranda más entre unos cada vez más ricos y otros cada vez más pobres, debe revertirse inmediatamente. La distribución de la riqueza, que es producida por los trabajadores, debe hacerse de manera equitativa. La igualdad de derechos humanos y patrimoniales entre hombres y mujeres es la única forma de mantener un desarrollo realmente humano.

6-. Solidaridad y humanismo. La sociedad debe fundamentarse en nuevos conceptos de solidaridad para que el desarrollo se vea como responsabilidad de todos, pero también para beneficio de todos. El humanismo es el fundamento del respeto a los derechos humanos de todas las personas como un atributo natural: creencias religiosas, preferencias sexuales, políticas, etc., la política es la no discriminación.

La democracia es el mecanismo político que permitirá el acceso de todos los grupos sociales y partidos políticos, en un plano de igualdad, a los medios de comunicación y a los procesos electorales.

Estos son algunos conceptos que debemos asumir para la sociedad post-pandemia. No son, lógicamente, los únicos, ni tal vez lo mejor elaborados, pero pueden ser una base de pensamiento.  De ellos se deducirán medidas concretas, como debe ser.

Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena

Pamela Jiménez Fontana, Natalia Morales Aguilar y Rafael Segura Carmona (PEN)*

Este texto es una producción del Programa Estado de la Nación escrito por las personas que se indica. SURCOS lo comparte por la calidad y pertinencia del artículo.

Durante estos días, las familias costarricenses enfrentan las disposiciones sanitarias implementadas por el Gobierno para evitar un crecimiento exponencial en el número de personas contagiadas por la pandemia COVID-19. Entre las principales medidas de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional se encuentra la restricción en la operación de locales comerciales, cierre de fronteras y limitación en la circulación de vehículos, las cuales pretenden que la población se mantenga en sus casas durante las próximas semanas. Sin embargo, dadas las brechas sociodemográficas y económicas que persisten en el país, los hogares podrían estar enfrentando en maneras muy distintas la cuarentena.

Por ejemplo, el distanciamiento físico en períodos de larga estancia no es lo mismo para gran parte de la población. De los poco más de 1.600.000 hogares de Costa Rica, un 9% reside en viviendas en mal estado y un 2% posee hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio). Los espacios reducidos también dificultan la situación. Aproximadamente un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados (m2), en contraste, un 27% supera los 100 m2 (INEC, 2019). Además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos.

Los efectos negativos del distanciamiento físico que está experimentando la población podrían ser compensados por una mayor conectividad remota a través de herramientas digitales; sin embargo, esto no es una posibilidad para todas las familias costarricenses. Mientras que un 79% de los hogares de mayores ingresos (quintil 5) tiene una computadora en la vivienda, en las familias de menores recursos (quintil 1) este indicador es de un 25%. Además, es importante considerar que un 40% de las viviendas en el país no tiene acceso a internet ni por cable coaxial, fibra óptica, o teléfono fijo.

Durante estas semanas de “quedarse en casa”, no todas las familias han tenido las mismas posibilidades de abastecerse de alimentos o de hacer uso de servicios de comida a domicilio para satisfacer sus necesidades. Aproximadamente 335.900 hogares (21%) se encontraban en condiciones de pobreza antes de la crisis, de los cuales 93.500 ni siquiera tenían los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas alimentarias. Las limitaciones económicas que viven muchas familias de bajos recursos contrastan con la cuarentena que están viviendo aquellas de mayor ingreso. En Costa Rica, el 10% de los hogares más ricos tiene un ingreso 25 veces superior que los más pobres (PEN, 2019).

Una de las principales advertencias del Ministerio de Salud, es que aunque el COVID-19 puede afectar a toda la población, existen grupos con mayor riesgo. La tasa de mortalidad del virus es más alta en personas adultas mayores, los cuales representan un 9% de la población total. En casi una quinta parte de los hogares en Costa Rica reside al menos una persona de 65 años o más, lo cual significa que una gran parte de las familias deberían estar implementando medidas especiales para proteger a este grupo más vulnerable.

Las medidas sanitarias y de distanciamiento físico que ha implementado el Gobierno en las últimas semanas son fundamentales para evitar un colapso del sistema de salud y tener el menor número de personas fallecidas posible por COVID-19. Sin embargo, las brechas sociodemográficas entre los hogares costarricenses generan que las formas de enfrentar la cuarentena y acatar las disposiciones sanitarias sean distintas según dónde, cómo y con quién viva usted. Por lo tanto, más allá del fuerte impacto económico que va significar esta pandemia en la historia del país, es fundamental considerar en paralelo como parte del plan de atención y recuperación, el impacto social y en la salud mental que está teniendo esta crisis sobre las familias.

Fuentes:

INEC. 2019. Encuesta Nacional de Hogares. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

CCP-INEC. 2013. Estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad 1950-2050. San José: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

PEN. 2019. Informe Estado de la Nación 2019 en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.

* Publicado en: https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Ilustraciones: SURCOS.

El COVID-19 y las tareas ciudadanas dentro del mandato constitucional

Carlos Campos Rojas

Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.

El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.

La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.

De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.

Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.

Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.

La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.

Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.

La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.

Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.

Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.

Aportes desde la Maestría en Planificación – UNA para la atención de los efectos inmediatos y posteriores al COVID-19 en Costa Rica

Las personas proponentes de este documento lo hacen a título personal y no representan las opiniones oficiales de la Universidad Nacional ni de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Forman parte del equipo de la Maestría de Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA*.

La emergencia del Covid-19 ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.

Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos. La urgencia de las circunstancias ha obligado a enfocar la atención en la inmediatez sanitaria y en la crítica situación socio-económica.

Los efectos de la paralización sobre el sistema económico se han manifestado de forma casi instantánea, provocando cierres de negocios, despido de colaboradores o reducción de sus jornadas laborales, disminución de transacciones nacionales e internacionales, y en general la inmovilización de la dinámica económica en los principales centros urbanos.

De todo lo anterior, se puede inferir que el mundo post-pandemia va a estar signado por las urgencias económicas, el aumento del desempleo, la profundización de brechas sociales y la agudización de la pobreza. Las usuales recetas económicas, en especial las monetaristas, en boga desde los años ochenta, no van a ser tan útiles ni suficientes. En el futuro cercano la política social tendrá que ser muy creativa porque con pocos recursos se deberá atender las necesidades de una masa creciente de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza.

A la situación descrita se le debe agregar las condiciones igualmente críticas que está viviendo el resto del planeta. Los principales socios comerciales de Costa Rica también están siendo vulnerados por el Covid-19, de lo cual se puede inferir que sus prioridades posteriores a la crisis sanitaria serán el rescate de su propia estructura productiva. Esto podría llevar a un mayor debilitamiento de las economías en desarrollo y con altos niveles de dependencia, o bien podría abrir oportunidades para reformular un modelo de desarrollo más inclusivo y que refleje mejor los intereses nacionales.

Por otra parte, la crisis sanitaria del Covid-19 está agravando una serie de problemas económicos y sociales preexistentes en el país, tales como: la condición de pobreza en muchas familias, el alto índice de desempleo y la informalidad laboral, la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, los problemas de las finanzas públicas y la disminución de la demanda interna. Otros problemas son generados por la propia atención de la epidemia, tales como: la caída total de la industria turística nacional, la disminución de las exportaciones, el debilitamiento de los transportes, el deterioro de la clase media y de los ingresos de las personas trabajadores independientes, el crecimiento de la informalidad y el aumento del endeudamiento y el déficit fiscal. A ello se suma la paralización de los esfuerzos y avances generados en la seguridad social, que habían logrado movilizar las listas de espera y mejorar las condiciones de atención en la salud pública.

No sería posible determinar cuáles son las mejores respuestas a este reto sin antes detenerse, repensar las oportunidades que surgen y los escenarios que un país pequeño como Costa Rica, con una economía frágil, podría tener que enfrentar una vez termine la etapa crítica de la pandemia. Desde la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, llamamos y nos sumamos a pensar y construir los posibles escenarios que se puedan concebir desde la perspectiva de diversas disciplinas científicas y con una visión de largo plazo.

SURCOS le invita a descargar más adelante el documento para ver toda la propuesta que incluye los siguientes apartados:

II. Escenarios posibles y recomendaciones
II. 1. SECTOR EXTERNO
II. 2. RELANZAMIENTO DE LA OFERTA INTERNA
II. 3. RELANZAMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL
II. 4. POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
II. 5. POLÍTICA SOCIAL
III. Implementación de la estrategia
IV. Consideraciones finales

* Proponentes: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero, José Angel Castro Granados.