Ir al contenido principal

Etiqueta: pobreza

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

Jornadas Solidarias pide apoyo para personas en extrema pobreza

Jornadas solidarias, desde un espacio autónomo y autoconvocado, desde marzo han estado recolectando comida y dinero y con esto han realizado diversas acciones para llevar alimentación e implementos de limpieza a las personas en condición de callejización. Ahorita se encuentran en contacto con personas de la cuartería donde hay casos positivos de COVID, con el fin de acompañar el proceso de satisfacción de necesidades básicas.

Jornadas solidarias le invita colaborar con donaciones ya sea en especies o de dinero. Actualmente son 30 familias en pobreza extrema y con una medida sanitaria que no les permite salir.

“Apoyo mutuo y solidaridad en medio de esta crisis por la pandemia y profundizada por el neoliberalismo”.

Experiencias adversas en la infancia en tiempos de pandemia

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

infancia COVID-19 vulnerabilidad factores de riesgo pobreza violencia sistema patriarcal neoliberalismo Estado Código de la niñez y la adolescencia PANI programas sociales solidaridad confinamiento nueva normalidad

La Pandemia, una reflexión obligada

German Masís Morales

El virus covid-19 o SARS 2 está entre nosotros y no sabemos qué tan cerca.

Esa enfermedad que podría no ser más que un nuevo tipo de gripe pudo haberse modificado con respecto al que surgió en el continente asiático, pero se ha diseminado por el mundo con la certeza de la letalidad y el poder de contagio.

En un momento nos pareció lejano, luego “lo hemos visto” recorrer los países como una peste que no reconoce fronteras, ni origen étnico o social, llevando muerte y desolación a lugares inimaginables, ciudades y poblaciones notables que parecían inmunes, generando imágenes dantescas propias de una película de terror.

Los medios de comunicación informan en crudo tiempo real y hemos aprendido a recibir listados de enfermos y de muertes como si un escenario de guerra hubiera regresado, no han sido suficientes los sistemas, equipos y personal de salud tampoco los cuantiosos recursos económicos de algunos países.

De pronto un virus invisible nos ha igualado y nos ha mostrado la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y la debilidad de las sociedades y de los sistemas políticos.

Un virus ha paralizado lenta y progresivamente el mundo, ha detenido sorprendentemente las actividades económicas, ha suspendido la desenfrenada dinámica comercial, ha dejado desoladas las calles, los parques, los estadios y las iglesias.

Como por arte de magia o como en una obra de teatro la tragedia, la ficción y la realidad se reunieron, lo impredecible e inimaginable sucedió, la libertad de movimiento y de desplazamiento dejo de ser útil, dejó de ser importante.

Por el contrario, el confinamiento ha sido la estrategia de sobrevivencia, el distanciamiento social la recomendación, las medidas de prevención y protección la obligación, el hogar y la familia es la trinchera.

La convivencia social se ha transformado, la salud y la vida han vuelto a ser prioritarias, los hospitales vuelven a ser lugares esenciales, el personal médico el recurso más valioso.

La solidaridad humana ha despertado escenas del pasado, vuelven a ser presente, el trabajo dejó de ser obligatoriamente presencial, la comunicación electrónica y virtual surge como la solución profundizando el abandono de la relación interpersonal.

El comercio exprés dejó ver sus bondades, el comercio minorista resultó ser el gran ganador y las empresas que elaboran las vacunas lo serán aún más.

Los gobiernos siguen buscando diversas formas de ayuda a los desempleados y desplazados, pero también a las empresas, han recordado las dimensiones de la pobreza y la indigencia y han constado que hay condiciones que favorecen el contagio.

Las ciudades y pueblos ahora se diferencian por cuál tiene más o menos contagios o muertes, pero también por cuáles tienen centros de salud adecuados.

Las familias se han convertido en burbujas, algunas reales y otras forzadas, unas satisfactorias otras complicadas, la gente podría morir del virus o de hambre, ciertos sectores sociales no podrán escoger.

El dilema entre la salud y la economía está presente, algunos países ya han definido cuál de las dos privilegian.

Una nueva normalidad vendrá … pero nada volverá a ser igual.

La pobreza es la mayor violencia contra la humanidad

Manuel Hernández

Cortemos oxígeno al discurso xenofóbico que tanto conviene al gobierno y empresarios de la muerte. El Covid19 no lo trajeron a las plantaciones piñeras y otras actividades productivas, la mano de obra nicaragüense, que tanto han explotado.

El Covid lo trajeron los empresarios que obligaron a laborar a esos trabajadores y trabajadoras en condiciones de cuasi esclavitud y que durante mucho tiempo las autoridades públicas mantuvieron silencio cómplice.

Paremos la criminalización de comunidades vulnerables, como localidades de Pavas y Alajuelita, a las que de manera también muy calculada se les ha transferido la responsabilidad del momento tan aciago por el que ahora estamos pasando.

Aquí el Covid lo trajo la pobreza, que alcanza más del 20% de la población del país.

La pobreza también le abrió al Covid las puertas, de par en par, en las cuarterías, donde viven hombres, mujeres, niños y ancianos, privados de los más elementales derechos humanos.

Paremos la criminalización de los condenados de la tierra.

La pobreza es la mayor violencia contra la humanidad.

Red Clamor sobre la realidad de personas migrantes y refugiadas en tiempos de Covid 19

Conocerlos para comprenderlos

“Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.

La anterior frase nos la ha regalado el Papa Francisco en su mensaje para el Día Mundial del Migrante y Refugiado 2020. A nosotros, integrantes de la Red Clamor Costa Rica –una instancia de comunión en la que, diócesis y congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, procuramos hacer real el compromiso pastoral liberador junto a hombres y mujeres en situación de migrantes y refugiados–, nos ha parecido muy elocuente para dar a conocer, ante los hermanos miembros de nuestra Iglesia Católica Costarricense y los ciudadanos que habitamos en este hermoso país, nuestra mirada pastoral sobre realidades que viven los hombres y mujeres obligados a migrar o a buscar refugios lejos de sus comunidades de origen.

En el actual contexto provocado por la pandemia del Covid-19, los rostros de los migrantes y refugiados emergen como expresión de un drama humano agudizado, donde no solo la enfermedad misma, que tiene sometida a toda la humanidad, sino otros agravantes sociales y legales, están poniendo de manifiesto el estado de vulnerabilidad que les agrieta la esperanza y les carcome la posibilidad de alcanzar condiciones de vida digna. En medio de una sociedad que parece dejarse empequeñecer por el pánico ante un virus, se están develando una serie de atropellos a la dignidad humana, que tiene como destinatarios a hombres y mujeres empobrecidos, no solo de origen extranjero, sino también a personas de nuestro propio país. Prueba de ello es la constatación de las condiciones en que nuestros hermanos y hermanas son contratados laboralmente, con las consecuentes disminuciones de sus opciones de tener viviendas adecuadas, adquisición de servicios básicos, acceso al derecho humano de condiciones adecuadas en su salud.

Es deplorable que, en medio de lo que una realidad no prevista, y ante la que ningún grupo social podría haber actuado de forma previsora, surjan voces desde las que, con una negación casi absoluta de objetividad, aun cuando hoy se tiene acceso a tanta información calificada, se culpabilice a las personas migrantes y refugiadas como los grandes contagiadores, relevando la responsabilidad de otros actores que por intereses económicos reducen a las personas migrantes y refugiadas a simples medios de producción, ante los que no hay compromisos morales ni legales para preservarles su integridad.

La vida en plenitud (Jn 10,10) de una sociedad que tiene que ver con la salud como asunto público, demanda la corresponsabilidad para todos los miembros de la colectividad, y no puede ser concebida como privilegio de un sector social, en detrimento de las calidades de otro, que, por su origen o condición migratoria, lo excluye de la posibilidad de ser estimado como destinatario de las estrategias para preservarlos de los factores de riesgo. Como ha afirmado el papa Francisco, en el mensaje citado, es necesario conocer para comprender.

Para la Red Clamor Costa Rica la comprensión de la realidad de migrantes y refugiados, no es asunto intelectual, sino el desarrollo de actitudes de cuño cristiano que no requieren de permisos especiales, y que tampoco se dictaminan por decreto, sino que únicamente demandan volver la mirada hacia la presencia acogedora de un Dios que es padre de todos (Lc 11,2-4), que pide mostrar nuestra fidelidad a la Buena Noticia dada a conocer en su Hijo Jesucristo, para que pasemos por el tamiz de la misericordia todas nuestras acciones, asumiendo con rectitud evangélica que dar de comer al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante (cf. Mateo 25, 31 ss), no es un compromiso a negociar, sino un estilo de vida solidaria que urge fortalecer.

Es oportuno y necesario que, como miembros de la familia humana, en estos tiempos aciagos de pandemia, tengamos claro que el cuidado es compromiso universal, y por ello tenemos que poner mucha atención en las poblaciones afectadas por el pecado social, porque “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas” (Papa Francisco, Día del Migrante y del Refugiado 2020).

Desde la Red Clamor invitamos a todas las personas que creemos en el Dios de la Vida, fuente del Amor generoso y sin prejuicios, a despertar nuestras conciencias, en este momento de la pandemia, comprender que los y las hermanas migrantes continúan pasando, ahora más que nunca, una situación dolorosa y difícil, la cual reclama un actuar desde la hondura de nuestra fe y desde la dulzura de la misericordia.

Todas las personas tenemos dignidad, independientemente de nuestro origen, y, en consecuencia, todos debemos cuidarnos y debemos ser cuidados. Dios nos auxilie en esta misión de preservar la vida para todos, y nos dé la gracia para comprometernos en ella.

San José, Costa Rica, 6 de julio de 2020

Suscriben.
Secretariado Nacional Pastoral Social-Caritas Costa Rica.
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Cartago
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Puntarenas
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Alajuela
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Arquidiócesis de San José
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Tilarán-Liberia
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de San Isidro El General
Pastoral de Movilidad Humana Pastoral Social-Caritas Diócesis de Limón
JPIC Claretianos Costa Rica
JPIC Familia Franciscana Costa Rica
Pastoral de Jóvenes Migrantes Costa Rica
Servicio Jesuita para Migrantes (SJM Costa Rica)
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Hermanas Scalabrinianas Costa Rica

 

Compartido con SURCOS por Jaime García.

Las víctimas principales de la pandemia están a la vista

Freddy Pacheco León

No es algo que necesite de un «estudio estadístico», para detectarlas. Son los más pobres, los miserables, los que subsisten en cuartuchos de tugurios, los olvidados, los que se ubican en el fondo del oscuro pozo de la escala social.

En la populosa «Gran Área Metropolitana» deambulan en un mundo «extraño», vergüenza del «capitalismo salvaje» denunciado por Juan Pablo II y reafirmado por Francisco cuando sentencia: «Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad INDIVIDUALISTA, INDIFERENTE Y EGOÍSTA, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra».

Al no ser así, al no considerar esas lecciones nacidas de la doctrina social de la Iglesia, en Costa Rica (y muchas otras naciones) más bien crece la pobreza, la desigualdad, y el hambre, en comunidades que no son inmunes al diminuto virus que tiene al planeta a su merced, sin enemigo al frente.

El más evidente «factor de riesgo» es la pobreza. Por ahora, los grandes porcentajes de contagiados están donde imperan las más tristes condiciones de vida, donde la madre se desvela angustiada por el virus que contagia a sus vecinos. Pero después de esa fase, aquellos que nos creíamos alejados de esa vulnerabilidad, más temprano que tarde, podríamos compartir en carne propia ese dolor… SI NO REACCIONAMOS oportunamente, y humildemente no nos sometemos a las órdenes sanitarias oficiales.

Si lo logramos, luego de que ese virus «se canse» y nos deje respirar aliviadamente, la lección aprendida ha de ser tal, que la ciudadanía debería exigir la toma de decisiones más humanas, justas, menos egoístas, donde no haya ni un niño que al irse a dormir tenga hambre.

 

Compartido con SURCOS por Manuel Delgado Cascante.

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19 – Grupo Economía Pluralista

Urge replantear la estrategia económica frente a la crisis del Covid-19

  1. Tal y como en anteriores ocasiones hemos manifestado, el orden razonable de las cosas aconseja poner máximo empeño en controlar la pandemia. Se debe entonces priorizar la protección de la vida y la salud de las personas, y al mismo tiempo adoptar políticas que alivien la recesión y protejan a los sectores más vulnerables de la población. Todo lo cual es requisito necesario para avanzar hacia un amplio programa nacional para la recuperación de los empleos y de la economía.
  2. Al deteriorarse la situación sanitaria, esto último se vuelve más incierto. Nos preocupa el acelerado incremento de los casos de Covid-19, todo lo cual aparece vinculado a gravísimas irregularidades laborales y a situaciones de pobreza y marginalidad. En ese contexto, cobra mayor relevancia entrar a analizar y discutir la estrategia económica que está aplicando el gobierno de Carlos Alvarado, la cual consideramos arrastra serias limitaciones y falencias. Como explicaremos en lo que sigue, es urgente replantearse esa estrategia.
  3. Prevalece un enfoque ortodoxo y conservador en la conducción de la política económica, lo cual está teniendo negativas consecuencias. Frente a una situación excepcional, parece tenderse al inmovilismo: se sigue haciendo lo que siempre se hizo, excepto por algunas medidas marginales y limitadas, esencialmente anodinas. Pero, lo que es peor, se insiste en propuestas –a las que nos referiremos más adelante– que, de concretarse, agravarán la crisis y la prolongarán en el tiempo. Tengamos presente que enfrentamos un desafío absolutamente inédito, lo cual exige audacia y capacidad de innovación en las políticas que se formulen y apliquen.
  4. El mejor ejemplo de ello lo da el Banco Central, que sigue apegado al objetivo de la baja inflación, no obstante que más bien nos movemos en territorio deflacionario. El gobierno enfrenta presiones para obtener financiamiento, y se ve forzado a pagar altísimas tasas de interés sobre sus emisiones de deuda, y el Banco Central, que tiene a su alcance las herramientas para facilitar el financiamiento y hacer bajar las tasas, prefiere no hacerlo. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo emprendimientos de la economía social y solidaria y algunas empresas grandes, están urgidas de un apoyo financiero en condiciones muy favorables que les provea capital de trabajo y les permita transitar por este difícil período y sobrevivir a la crisis, y el Banco Central ofrece tan solo un programa de crédito sujeto a la concesión de garantías de “muy alta calidad”, lo cual es, en realidad, garantía de una sola cosa: que ese programa no servirá.
  5. El equivocado criterio, tan reiterado, según el cual una acción proactiva del Banco Central deteriorará la imagen internacional del país, deja sin respuesta algunas preguntas fundamentales.
  6. Primero, si la recesión de la economía y la destrucción de empleos es uno de los factores principales detrás del deterioro de la situación fiscal, no hacer nada para cuando al menos aliviar la recesión, es, por lo tanto, propiciar que se agudice la crisis fiscal. El Banco Central parece optar por esto último.
  7. Segundo, si los pagos por intereses siguen siendo el factor que, desde el lado de los gastos, tiene mayor incidencia negativa sobre el déficit fiscal, limitarse a disposiciones de muy limitado alcance que no logran que se reduzcan las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, es, nuevamente, propiciar el agravamiento de la situación fiscal. También en este caso el Banco Central opta por la inacción.
  8. Tercero, el estrés financiero al que se ve sometido el gobierno por parte de sectores deseosos de obtener rentas especulativas, introduce el riesgo de que en algún momento el gobierno no logre cubrir todas sus necesidades de financiamiento, lo cual pondría en peligro la continuidad de los servicios públicos. Y si ante una eventualidad como esa –extrema pero no imposible– el Banco Central no hace nada, con ello estará contribuyendo a un agravamiento peligroso de la crisis.
  9. Cuarto, si el Banco Central, paralizado por sus tesis antiinflacionarias, no propone ni lidera el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento, que le permitan a la Caja sobrellevar el peso enorme de esta crisis sanitaria, sin sufrir un grave deterioro en su situación financiera, con ello se hará corresponsable en un problema cuyas consecuencias negativas a mediano y largo plazo son incalculables.
  10. Enfatizamos que justificar el inmovilismo del Banco Central, apelando a un problema inexistente –la inflación– o a experiencias del pasado –la crisis de inicios de los ochenta– que se dieron en un contexto histórico y bajo condiciones económicas completamente distintas, es una posición que carece de fundamento en la evidencia disponible.
  11. Por otra parte, resulta cuanto menos misteriosa, la lógica detrás de las propuestas de las cámaras de la gran empresa privada. Por un lado, plantean un larguísimo listado de exigencias de auxilio al gobierno, en lo que claramente implica una operación masiva de socialización de las pérdidas. Del otro exigen recortes draconianos al gasto público ¿Cómo podría dar el gobierno a los empresarios de las cámaras todas las ayudas que estos demandan y al mismo tiempo recortar el gasto? La respuesta a esa pregunta pasa necesariamente por el recorte de salarios públicos y servicios fundamentales como los de salud y educación, el endeudamiento sujeto a diversos condicionamientos y la “venta de activos”, o sea, las privatizaciones. Todo lo cual es tan solo otra forma de socializar las pérdidas empresariales.
  12. Es igualmente misteriosa la lógica recortista y austeritaria por la que ha optado la mayor parte de las élites políticas que tienen representación parlamentaria ¿Serán acaso ideas inspiradas en las hipótesis teóricas –ampliamente desacreditas– de la “austeridad expansiva” (la cual asume erróneamente que la contracción del gasto público serviría de estímulo a la actividad económica y el empleo)? En su calidad de representantes populares, esos diputados y diputadas tienen el deber de explicarle a la ciudadanía, cuál es el razonamiento detrás de esos planteamientos.
  13. Tengamos claro que cuando la economía se contrae, debido a que, a su vez, se reduce el consumo de las personas, la inversión empresarial y las exportaciones, se hace indispensable introducir una fuerza positiva y un empuje ascendente, que frene el derrumbe, y, eventualmente, lo reviertan. En el momento actual, eso solamente puede surgir del sector público y, en general, del mercado interno. Es imperativo ser innovadores en las políticas que se formulen y apliquen, y tener capacidad y disposición para el diálogo generoso y desprendido: solo así se podrá poner en marcha las políticas macroeconómicas que al país le urge, las cuales deben enfatizar el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendimientos de la economía social y solidaria, e incluir, como uno de sus aspectos principales, un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, dotado de grandes capacidades para la dinamización del empleo en actividades ambientalmente sostenibles.
  14. Nos preocupa que la negociación con el Fondo Monetario Internacional pudiera quedar planteada en términos tales, que dificulten, y eventualmente bloqueen, los esfuerzos de reactivación de la economía y los empleos. Se está formulando una agenda, en gran medida de tipo ideológico, centrada en el recorte, la austeridad y las privatizaciones, complaciente con las demandas e intereses de grupos muy poderosos, la cual podría ahondar las divisiones que hoy fracturan la sociedad costarricense, y que, además, resulta desatinada desde el punto de vista de los desafíos económicos que hoy enfrentamos.
  15. Una vez más insistimos que es indispensable movilizar ingresos hacia los sectores de la población más carenciados y vulnerables. Primero, por un imperativo moral de compasión, humanidad y solidaridad, pero además porque ello propiciará la reactivación de la economía al reanimar el consumo privado y el mercado interno. Por ello apoyamos el programa Proteger, aunque lo consideramos muy limitado, y lamentamos que varios diputados y diputadas se nieguen a financiarlo.
  16. Consideramos indispensable introducir una reforma tributaria altamente progresiva, que no afecte la actividad empresarial creadora de empleos en actividades rentables y sostenibles, y que se concentre en los altos ingresos personales, las rentas pasivas y los grandes patrimonios personales y familiares. Debe hacerse un examen meticuloso de las exenciones tributarias, incluyendo las concedidas a las zonas francas. Es urgente que el gobierno ponga en marcha un esfuerzo enérgico y decidido de combate a la evasión y elusión tributaria.
  17. Concluimos enfatizando que las políticas de austeridad fiscal, aparte de las dañinas consecuencias económicas y sociales que tienen, son, desde el punto de vista económico, un arma de doble filo, y muy seguramente tendrán un efecto bumerang: impiden que el sector público lleve adelante las políticas macroeconómicas indispensables para reactivar la economía y el empleo, con lo que, de vuelta, provocarán mayor deterioro fiscal y, por lo tanto, mayor crecimiento de la deuda pública.
El grupo Economía Pluralista promueve el estudio, el debate y la reflexión sobre la economía, desde una pluralidad enfoques, y perspectivas teóricas y epistémicas. Está conformado por más de 25 economistas, provenientes de la academia y del ejercicio profesional de la economía tanto en el sector público como en el privado.

Paralelos en la confrontación al Covid-19 en Centroamérica

Marlin Óscar Ávila

22 de junio de 2020

La mayoría de los países de América Latina padece del flagelo de la corrupción, por lo que pensar que la llegada de una pandemia como la Covid-19 no fuese aprovechada por los círculos de poder político y empresarial para aumentar sus caudales económicos sería un tanto ingenuo. No ha habido oportunidad en que los círculos de poder, particularmente los más apegados al modelo neoliberal, no hayan aprovechado para enriquecerse ilícitamente. El caso de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, quien repartió fuertes coimas en no menos de una docena de países, es uno de los mejores ejemplos de esta campante corrupción. Sin embargo, ninguna de las oportunidades de defraudar los bienes y finanzas del Estado había tenido como denotación salvar vidas humanas de forma global y, el fraude ha sido tan inhumana y grotesca como la que actualmente vivimos con esta pandemia del Covid-19.

Insigth Crime del 9 de junio 2020, dice que “A medida que América Latina emerge como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con políticos e intermediarios que rápidamente se llenan los bolsillos.”

Centroamérica ha sido una región dominada por líneas ideológicas predominantemente conservadoras desde el siglo XIX. Eso ha hecho que un tramo de territorio continental pequeño [1]y, una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, con una densidad no más de 385 hab/km2 en una extensión de 523 000 kilómetros cuadrados,  que sus siete países se constituyeran en repúblicas soberanas, hace poco más de 500 años, sin llegar a unirse en una sola federación para administrar políticamente sus recursos, constituyéndose más bien en un grupo de países en competencia constante por recursos económicos en el mundo global. Todos ellos mantienen una amplia brecha entre ricos y pobres, además de un subempleo y desempleo que ronda el setenta por ciento de su PEA. Sus élites económicas llenas de mezquindad rosan con lo absurdo, incluyendo agendas ideológicas que terminan siendo motivo de manipulación político-económico internacional.

Así es que, cada país tiene un sistema de salud con ciertas diferencias, dependiendo de negociaciones logradas por las omnipresentes agencias del FMI, BM y BID, en cuanto a “liberalizar” los programas públicos hacia el sector privado. Por este motivo se distingue a los de Nicaragua y Costa Rica, como únicos con sistemas universales de servicios públicos por ser los que más se han resistido a la privatización. Los demás han cedido al fuerte asecho de organismos internacionales para convertir la salud en un negocio privado. Honduras se distingue entre los países que más ha privatizado su sistema, dejando en una calamidad su sistema hospitalario, que pareciera sufrir una grave embolia pulmonar en este momento.  

Es decir, los círculos del poder local han venido haciendo negocio hasta de los “cueros y huesos” del sistema de salud pública que fuera construido en el siglo pasado, pero con la pandemia, el tema de salud pública, resalta internacionalmente y se ha visto como una nueva oportunidad de enriquecerse, aunque esto signifique una violación flagrante al derecho humano, al derecho público y a la esencia del servidor público dentro de las instituciones del Estado, convirtiéndose en una especie de crimen de lesa humanidad.

Insigth Crime continúa diciendo[2] “En Honduras, el gobierno compró pruebas de coronavirus a $ 100 cada una de tres intermediarios que habían comprado las pruebas por solo $ 4 por unidad de China. En Guatemala, el gobierno compró máscaras N95 por 18 veces su valor de mercado a un empresario que previamente había sido condenado por cargos de corrupción.” Pero el gobierno hondureño adquirió, desde mediados de marzo, aproximadamente 7 mil millones de dólares, más que ningún otro país de la región, que aún no se logra saber adónde están, pese a los constantes y variados reclamos de muchos sectores sociales e incluso, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) en la zona norte. Este lunes 22, su director ejecutivo Pedro Barquero, dijo “Cómo es posible que en medio de la muerte de estas 300 personas se estén mal utilizando recursos públicos pagando 100 mil dólares por una cama en una carpa cuando en el vecino país de El Salvador se gastan 37 mil dólares por cama en una construcción de cemento”, recriminó.[3] En resumen, solicitó transparencia de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y que rindan cuentas a la población en qué han invertido cada lempira que se les ha asignado. Y es que Invest-H supuestamente compró dos o tres hospitales móviles por 47 millones de dólares entre marzo y abril, sin embargo, solamente se ha visto una carpa de plástica instalada en la zona norte, sin utilidad alguna.

Esta misma fuente, Insight Crime, señaló[4] que “una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada que encontró que el gobierno guatemalteco aún no ha gastado un solo dólar de dinero de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.”

“La escala exacta del fraude contractual y la interrupción del gasto es difícil de estimar, ya que los gobiernos han limitado la cantidad de información que ponen a disposición del público. Algunos líderes, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador, simplemente se han negado a revelar cómo y dónde han asignado contratos y gastos de emergencia.”

Fuertes dificultades se notan en el caso guatemalteco, cuando se califica, al igual que en El Salvador, de ausencia de transparencia en el manejo de los recursos definidos para combatir la pandemia, de muchos millones de quetzales aprobados por su Congreso Nacional. Como sucede en Honduras, el personal sanitario reclama los insumos indispensables, equipos de bioprotección, medicamentos y mascarillas. Esa opacidad existente en estos países del llamado triángulo norte, no hace más que sugerir un alto nivel de corrupción.[5]

Similitudes y diferencias

Los gobernantes, con excepción de Costa Rica, dieron prioridad a lo político, más que a la salud. En toda la empresa privada dominante (poder fáctico) presiona por abrir lo más pronto el mercado, sin embargo, ha sido otra vez, Costa Rica, donde la industria del turismo ha presionado fuertemente, donde no sede ante tales presiones, dando prioridad a la salud pública, en la medida de lo posible. Quien siempre ha dado prioridad a lo económico ha sido el gobierno nicaragüense, cediendo poco a poco las medidas recomendadas por la OMS y OPS para detener la línea ascendente de contagios.

En la región se distinguen tres países por la gravedad de la pandemia con un índice de contagios mayor que los otros cuatro. Panamá, Guatemala y Honduras.  Hoy en día, 22 de junio, 2020, Panamá reporta 26,752 casos; fallecidos, 521; recuperados clínicos, 14,664; pruebas realizadas, 109,990.[6] Guatemala, a 99 días de haberse detectado el primer contagio de coronavirus, la cifra total de casos llega a 12 mil 755, según información del Ministerio de Salud. El 20 de junio, hubo 246 nuevos casos, 31 fallecimientos, pero el día anterior se dieron 34 decesos, con 139 recuperados. [7] Honduras, al día 22 de junio de 2020, contabiliza 13,356 casos de Covid-19, incluyendo los de este día que suman 584 personas, 385 total de fallecimientos, sumando los 32 nuevos de este día, los recuperados aumentaron 69 personas para llegar al total de 1,362. Hay hospitalizados 1,093, de los cuales hay 366 en situación grave y 48 en cuidados intensivos. [8]

En estos tres países las capacidades de atención a nuevos pacientes están en cero (0), aunque en el caso de Guatemala, al cambio de la cúpula ministerial en salud el pasado viernes, se espera abrir algunos espacios y obtención de algunos recursos.

Una de las mayores semejanzas entre estos países es sus niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, de 0 a 100 puntos, Guatemala y Honduras tienen un mismo índice de 26, y Panamá tiene 36 puntos. [9];[10]

Guatemala y Honduras, tuvieron una lucha interna por expulsar los dos instrumentos internacionales que a través de la presión ciudadana local y algunos esfuerzos de la comunidad internacional habían instalado contra la corrupción y la impunidad, el primero en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y la MACCIH [11], en Honduras, ambas expulsadas por los círculos de corrupción dominantes en cada Estado el año 2019. Haber logrado la expulsión de unas tres docenas de asesores internacionales de ambos países, consolidó la fuerza de los grupos de poder locales que manejan las redes de corrupción locales. En el caso hondureño, la complejidad es mayor, porque no solamente hay redes de corrupción expertas en extraer fraudulentamente recursos del Estado, como ocurre en Guatemala, en una combinación de la clase político-empresarial y militar construidas en los últimos doce años[12], pero enriquecida por una especie de sinergia entre los mismos actores, constituyéndose en un cartel de producción y comercialización de drogas y otros negocios ilícitos, que incluyen unas redes del crimen organizado, ligados internacionalmente desde Suramérica, hasta los Estados del Norte de América y Europa. El poder constituido en Honduras es como tener un Chapo Guzmán, tomando decisiones sobre una red corrupta y a Pablo Escobar dirigiendo el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional[13], ambos en habitando en el espíritu del presidente de la República de Honduras. Así que el nivel de ética y moral que existe en el actual gobierno no es más elevado que el que pudieron tener estos dos personajes juntos bien conocidos por la DEA[14]. Los escrúpulos que pueda tener el gobernante Juan Orlando Hernández[15], de producir los daños humanos que actualmente se dan en Honduras, por la pandemia, no se diferencian en nada a los escrúpulos que pudiera tener ninguno de los personajes citados arriba, siempre que las consecuencias de sus actos aumenten su ya sustancioso capital.  Lo irónico del caso es, el apoyo irrestricto que ha obtenido, hasta esta fecha, por las actuales autoridades de los EUA.

Nicaragua y El Salvador

Los gobiernos de ambos países se han enfrascado en una fuerte controversia con las respectivas oposiciones políticas.

Así que opacaron la capacidad científica instalada existente haciendo caso omiso a instituciones, médicos especializados y asesoría de organismos como la OPS y OMS, buscando protagonismo como “grandes estadistas”, aislados de quienes tienen autoridad científica para tratar el problema grabe de salubridad. Los casos más visibles han sido los del presidente de El Salvador, Nayibe Bukele y de Nicaragua, la pareja gobernante de Daniel y Rosario Ortega. Ambos gobernantes hacen sentir su compromiso por el bien común, por hacerse conocer por sus obras en favor de las mayorías y de los pobres.

Sus diferencias, son en algunos aspectos importantes, como es la experiencia y recorrido político de Daniel Ortega, dirigente del FSLN desde la primera conquista del poder en Nicaragua en 1979 y el alto grado de narcisismo en Bukele, con una corta experiencia en la vida pública.

El presidente Bukele se ha distinguido por muy escasa humildad de gobernante, su manejo de la pandemia inició siendo admirado por tomar medidas tempranas y supuestamente adecuadas. No obstante, más temprano que tarde, su riña con la oposición política, que controla los otros dos poderes del Estado, ha sobresalido más que la solución a la pandemia, que pareciera estar ahora descontrolada. Es una figura mediática que logra atraer la atención pública, pero se le critica por irrespetar el marco legal republicano y por aparecer un tanto opaco en cuanto al manejo presupuestario, así como de inmiscuir a sus parientes en funciones pública. Estos últimos aspectos no lo diferencian del gobierno nicaragüense. En fin, sus diferentes modelos de respuesta a la pandemia, habrá que evaluarlos en unos meses o un año después.

Dejamos a Costa Rica aparte, no por creer que es “la Suiza centroamericana”. Este país ha estado con serios problemas financieros y su presidente, Carlos Alvarado, estaba en muy bajo nivel de popularidad cuando llegó la Covid-19. Fue precisamente la pandemia que le salvó parte de su prestigio, porque a diferencia de las otras administraciones de la región, decidió centralizar en su Ministro de Salud, Daniel Salas, epidemiólogo de profesión, todas las decisiones estratégicas y coyunturales para combatir la pandemia. Ordenó a todas las dependencias del ejecutivo, autónomas y centrales, colocarse a las órdenes de su joven ministro de salud. El otro aspecto que contribuyó, como ocurrió con Nicaragua, es que, pese a las presiones de los organismos multilaterales para que privatizara los servicios de salud pública[16], su clase trabajadora logró resistir las presiones[17], manteniéndose las estructuras de un sistema universal de salud[18].

Es así como, después de Belice, quien tiene apenas cuenta con una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados y una población de 383 mil 71 habitantes, siendo el que tiene más bajas estadísticas de contagios, Costa Rica es de los países, a nivel global, que mejor ha controlado la pandemia del Covid-19.

Dignificación de toda una población centroamericana

A Costa Rica como a los demás países dañados en su economía les está quedando un crecimiento significativo de pobreza y desempleo que constituye un reto enorme. Sin embargo, a los países donde sus gobiernos usurparon los recursos sagrados para salvar la vida de sus ciudadanos, le quedará, además de los profundos niveles de pobreza y desempleo, el rescate de su dignidad, investigando y procesando a nivel nacional e internacional a sus gobernantes y empresarios corruptos.

[1] Tiene un territorio de 523 000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el istmo de Tehuantepec (situado al sur de México), hasta el Valle del río Atrato, en Colombia, franja territorial con el océano Atlántico a un costado y el océano Pacífico, al otro.

[2] https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-corruption-pandemic/

[3] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/incapacidad-o-corrupcion-o-una-mezcla-de-ambas-dice-pedro-barquero-sobre-compra-de-hospitales-moviles.html

[4] Ídem

[5] https://www.nodal.am/2020/05/guatemala-mal-manejo-de-la-crisis-sanitaria-por-covid-19-por-factor-mendez-doninelli/

[6] https://www.prensa.com/sociedad/data-studio-casos-de-coronavirus-covid-19-en-panama/

[7] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-registra-segundo-dia-de-mas-decesos/

[8] RDS Radio 88.9 FM

[9] https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Percepcin_de_corrupcin_crece_en_Centroamrica

[10] No incluimos el IPC dado sobre Nicaragua, a sabiendas de la campaña internacional contra su gobierno por parte de instituciones como Transparencia I., la OEA, UE y otras, evitando su carga de prejuicio político.

[11] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp

[12] https://www.cna.hn/

[13] https://criterio.hn/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/

[14] https://notibomba.com/gobierno-de-eeuu-demostrara-que-juan-orlando-hernandez-conspiro-para-el-trafico-de-drogas/

[15] https://notibomba.com/fiscalia-y-la-dea-identifican-que-cc4-es-juan-orlando-hernandez/

[16] https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-ccss-rechaza-tercerizacion-y-privatizacion-de-salud/

[17] https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodriguez-privatizar-la-caja-afectaria-directamente-a-poblacion-de-menos-ingresos/

[18] https://www.nacion.com/el-pais/privatizar-la-ccss-no-es-prioridad/MMHBEPGUFJDO5HANMBLA7AQ2FY/story/

Del distanciamiento a la convivencia digna

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

            No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

            Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

            El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

            Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

            El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo?  No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

            Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

            La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

            Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

            Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

             Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

            Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible.  Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

            El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

            El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/