Ir al contenido principal

Etiqueta: Poder Judicial

Envidia

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Dedicado al Dr. Alfredo Chirino Sánchez

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El diccionario de la Real Academia define la envidia como la tristeza o pesar que puede sentir alguien por el bien ajeno, en razón del deseo frustrado de poseer lo que otro sí tiene.

Al pobre de don Quijote de la Mancha, a ratos el Caballero de la Triste Figura, a ratos el Caballero de Los Leones, lo persiguió obsesivamente un “encantador” (Frestón) que, por pura ojeriza, le tergiversaba y malograba sus hazañas y proezas, sus ideales de belleza femenina (transformando a Dulcinea en una ruda campesina), o echando a perder sus luchas justicieros (haciendo parecer molinos de viento lo que eran malvados gigantes).

Por otra parte, la tradición teológica cristiana, desde muy temprano enlistó siete pecados capitales, entre ellos, la envidia, junto a conductas también reprochables como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza. En esa misma tradición cultural de Occidente, Dante Alighieri, si bien no concibe al envidioso como un pecador imperdonable, digno de ir directo al Infierno, sí lo considera un sujeto merecedor de pasar su buen rato en el Purgatorio, cosidos sus párpados con alambres de hierro y su cuerpo vestido con túnica gris a modo de penitencia.

La virtud contraria a la envidia es la generosidad. Si aquélla se duele del éxito o bienestar ajeno, ésta en cambio la reconoce y se alegra sin resentimientos. Ambas reacciones están en la naturaleza humana y se producen de muy variadas maneras. El problema es cuando la envidia se cultiva como pasión incontrolable, en una mente desequilibrada o en un espíritu mezquino. Se vuelve entonces manía obsesiva contra quien el envidioso percibe como persona dotada de talentos especiales o logros sobresalientes, que quisiera tener o alcanzar y que no lo conseguirá jamás.

Todos podemos revisar y encontrar ejemplos en nuestras propias biografías. La envidia cunde entre hermanos, “amigos”, compañeros de escuela o colegio, y con especial rigor, entre compañeros de trabajo y colegas profesionales. Una carrera destacada atrae la sigilosa serpiente de la envidia y su veneno puede ser muy dañino. Curiosamente puede provenir de personas que también han logrado lo suyo, pero viven en un pantano de frustración –nunca sabremos porqué- en el que no encuentran la paz ni la alegría de vivir sus propios logros. Es proverbial que uno de los hombres más poderosos de la tierra, como Donald Trump, no disimule la inquina que siente contra quienes han sido premiados, homenajeados, o distinguidos con el Premio Novel de la Paz. En la Costa Rica de nuestros días, decir que hemos vivido en una dictadura los últimos 70 años, o promover el despojo de visas estadounidenses a adversarios políticos, son acciones hijas de la peor envidia.

Quizá eso explica por qué un buen refugio para los envidiosos es el terreno del poder político. Con facilidad, pueden trepar con pocas luces y menos talentos. Ahí campean a sus anchas y pueden, acuerpados por aparatos de propaganda, obtener la influencia que da la mentira, la difamación y la calumnia, enlodar honras, dañar reputaciones y agraviar a quienes perciben como enemigos, sólo por “el delito” de pensar distinto, defender sus ideas y albergar concepciones del mundo contrarias a las suyas, brillando, en definitiva, con luz propia a donde quiera que vayan.

Poseer un Doctorado en Derecho en una Universidad alemana, haber sido Letrado de la Sala Tercera, Director de la Escuela Judicial y Juez de Apelaciones, además de ser profesor con grado de catedrático y ejercer la Decanatura de la Escuela de Derecho de la UCR, tener a su haber una lista inmensa de libros y artículos especializados en Derecho Penal que se estudian y citan dentro y fuera del país, haber redactado sentencias sobresalientes que de igual manera han sentado jurisprudencia, dominar cuatro idiomas (o más) y litigar con éxito ante los tribunales de justicia, todo eso, en una sola vida, es definitivamente envidiable. Aparecen entonces los enemigos gratuitos, con su extravío y mediocridad a cuestas, disparando desde el poder político contra el mérito ajeno que no soportan contemplar. La desgracia es que puedan influir a otros que prefieren, por temor o cálculo político, volverse cómplices de tan malas artes.

Breve exposición de la coyuntura nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Francescomc8@gmail.com

En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.

A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.

Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.

Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.

Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.

Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.

El presupuesto como látigo: la encrucijada de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.

La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.

Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.

La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.

Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.

La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.

La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.

El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.

Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.

Corte Plena defiende al Poder Judicial y responde al Ejecutivo

Escrito en . Publicado en Derechos.

En la sesión de este lunes 6 de julio, la Corte Plena aprobó, por unanimidad, emitir el siguiente pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la República en la conferencia de prensa del pasado miércoles 1 de julio:

Pronunciamiento de Corte Plena

La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado.

El Poder Judicial está conformada por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.

Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente.

Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.

6 de julio de 2026

¿Estará viviendo el Estado costarricense una crisis de esquizofrenia institucional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández

Si observamos el funcionamiento del Estado costarricense, como un todo, algunos fenómenos parecieran sugerir que la estrategia política de la actual élite en el poder posee ciertos rasgos asociados con una especie de esquizofrenia institucional.

Por un lado, las voces más representativas de esa élite declaran, un día sí y otro también, ser los garantes idóneos del sano manejo de la institucionalidad nacional. Sin embargo, le imponen una serie de limitaciones a determinadas instituciones que atentan contra su buen desempeño, en detrimento de las necesidades que deben atender frente a la sociedad costarricense. Ese es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, del Poder Judicial. Las limitaciones presupuestarias a las que estarán sometidas esas instituciones parecieran inspiradas en condiciones de delirio de quienes están tomando tan importantes decisiones.

En tal sentido, no nos deja de preocupar el autoritarismo que caracteriza a las voces y actitudes de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández (en ese orden) para amenazar desde sus tribunas a todas aquellas instituciones y funcionarios que se niegan a subordinar sus tareas a las tácticas autoritarias que desean imponer en el funcionamiento general del Estado.

El achicamiento del aparato estatal es su objetivo, pero sus tácticas riñen con la lógica histórica del funcionamiento de la sociedad costarricense. No terminamos de acostumbrarnos a la vulgaridad y al absurdo de los comportamientos de la presidente Fernández y del ministro Chaves, en aras de deslegitimar nuestra tradición de cuido de las buenas formas y del respeto entre gobernantes y gobernados.

El proceso actual de contrarreforma del Estado costarricense se inició hace décadas. Hemos pasado por tres Programas de Ajuste Estructural y por un doloroso referéndum para imponer un TLC con Estados Unidos, hoy letra muerta para el presidente Donald Trump. Más aún, enfrentamos la administración del expresidente Carlos Alvarado y sus rigurosas medidas fiscales, de ingrata memoria por la grave violación de los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Pero no esperábamos llegar a experimentar la esquizofrenia colectiva que desea imponer la actual élite instalada en Zapote. Y menos aún podríamos suponer cómo esa élite se ha engrosado con cuadros tan variados, provenientes de los protagonistas de desecho que han ido dejando tirados por el camino de su historia, tanto los partidos tradicionales como los nuevos partidos de orientación pentecostal. No deja de ser este un fenómeno interesante. Quizá podría estar apareciendo un nuevo ámbito de estudio para las ciencias sociales que podría denominarse “la política circular”, parafraseando a nuestros colegas economistas dedicados al estudio de la “economía circular” o “economía del desecho”.

Al final de todo esto, lo que se vislumbra claramente son sus esfuerzos por fomentar un modelo autocrático, de extrema derecha, como ocurre en la actualidad en tantos países americanos y europeos.

Los amortiguadores de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roger Ríos Duarte

Costa Rica construyó, quizá sin proponérselo del todo, uno de los entramados de amortiguadores más densos de América Latina. Un Poder Judicial que, dentro de sí, alberga una policía de investigación —el OIJ— deliberadamente separada del Ejecutivo, para que quien investiga el delito no dependa de quien gobierna. Una Sala Constitucional capaz de anular los actos del poder. Un Tribunal Supremo de Elecciones tan autónomo que se ganó el apodo de cuarto poder. Una Contraloría que vigila el gasto público. Universidades con autonomía constitucional, encargadas de pensar el país sin pedir permiso. La Caja, la Defensoría, la prensa independiente, las municipalidades. No son adornos institucionales: son los diques que han hecho de Costa Rica una excepción en la región.

Tienen un nombre antiguo: los cuerpos intermedios. Montesquieu los llamó pouvoirs intermédiaires, los poderes interpuestos entre el soberano y el súbdito, que impiden que el poder fluya sin diques desde el centro. Tocqueville, un siglo después, vio en ellos el secreto mismo de la libertad: las asociaciones, los tribunales independientes, la prensa, los gobiernos locales, las universidades. Son, a la vez, un freno y un refugio. Frenan al poder porque lo obligan a rendir cuentas; y le dan al ciudadano común un punto de apoyo para no quedar solo, inerme, frente a la maquinaria del Estado. Una democracia sin cuerpos intermedios no es una democracia más ágil: es un individuo aislado frente a un poder sin contrapeso.

Esos diques están siendo erosionados, y hay que decirlo con nombres. El Ministerio de Hacienda —hoy en manos del mismo Rodrigo Chaves, que además concentra la cartera de la Presidencia en un arreglo sin precedentes en nuestra historia— se ha negado a girar más de ₡8.600 millones que la Asamblea ya había aprobado para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, mientras engrosaba la Fuerza Pública que responde al Ejecutivo. El oficialismo mantiene bloqueado, ronda tras ronda, el nombramiento de los magistrados suplentes que la Sala Constitucional necesita para operar. Y sobre las universidades públicas pende, año con año, la amenaza del recorte y el discurso que las pinta como privilegio y no como patrimonio. El patrón es reconocible: no se abolen las instituciones autónomas —eso sería escandaloso—, se las asfixia, se las bloquea, se las desprestigia. Se las vacía por dentro, con formas legales y en nombre del pueblo.

Hay una escena que lo resume. El 14 de mayo de 2025, en Casa Presidencial, el entonces presidente Chaves comparó en voz alta los cerca de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública con los cerca de 1.000 agentes del OIJ. La comparación fue tan cargada que un diputado le preguntó si imaginaba a ambas policías dándose de balazos, y un periodista le consultó sin rodeos si aquello no era un llamado solapado a un golpe de Estado. El presidente esquivó la pregunta. Pero el mensaje implícito ya estaba dicho, y era el más primitivo de todos: nosotros somos más.

La pregunta no es quién tiene más fuerza; esa la responde cualquier autócrata. La pregunta, la que funda toda democracia, es cómo se logra que la fuerza se transforme en autoridad legítima y no en mera dominación. Weber lo vio con claridad: el poder desnudo, el que solo cuenta cabezas y fusiles, es preinstitucional; la civilización política empieza cuando ese poder acepta límites que no puede fijar él mismo. Tocqueville, por su parte, advirtió sobre dos tiranías, no una. La del poder central que absorbe a los cuerpos intermedios hasta dejar al ciudadano a solas con el Estado. Y la tiranía de la mayoría: aquella en la que un gobierno que invoca al pueblo y se sabe más numeroso atropella los límites que protegen a las minorías y a las instituciones. Lo inquietante de nuestro momento es que las dos operan juntas, y que la segunda se anunció con todas sus letras aquel 14 de mayo. «Somos más» no es un dato: es un programa.

Nada de esto niega que algunas de estas instituciones tengan defectos reales: un Poder Judicial con permanencias de décadas, procesos lentos, opacidades que irritan con razón. Pero hay una diferencia decisiva entre reformar un contrapeso y demolerlo. A un tribunal enquistado se lo renueva con reglas transparentes; no se lo deja sin presupuesto. A una universidad se le exige rendir cuentas; no se la ahoga. Quien confunde deliberadamente las dos cosas —reforma y demolición— no busca mejores instituciones: busca instituciones más dóciles.

Por eso hay que decirlo ahora, y no después. Los amortiguadores de la República no son obstáculos para gobernar: son la garantía de que, el día en que a cualquiera de nosotros le toque enfrentar el poder, no estará solo. Se los defiende cuando todavía están en pie, no cuando ya hicieron falta. Protegerlos no es asunto de tal o cual gobierno: es la condición para que siga habiendo democracia cuando los gobiernos cambien.

«El cuchillo para el propio pescuezo»: la miopía política de las mayorías de turno

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El error político más grave y frecuente de las mayorías electorales es legislar y gobernar, como si la correlación de fuerzas nunca fuera a cambiar, es decir, actuar bajo la ilusión de que han llegado para quedarse por siempre.

Así, el chavismo boicotea la elección de magistraturas indispensables, propone reformas penales para despojar a los jueces de sus competencias y dárselas a la policía, y pretende que el fiscal general sea escogido por una mayoría partidista en la Asamblea Legislativa, entre otros muchos despropósitos.

Son tan poco visionarios e incompetentes, que no pueden ver que el día de mañana, bajo otras mayorías coyunturales, podrán ser víctimas del boicot para paralizar la justicia, perderán las garantías y libertades de un Estado de Derecho convertido en un régimen policiaco, y serán víctimas de un Ministerio Público partidarizado que persigue oponentes y premia amigotes.

En fin, como dice el refrán popular, lo que está haciendo el gobierno del continuismos es afilar un “cuchillo para el propio pescuezo”.

Podcast de la Defensoría da voz a las víctimas de femicidio

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Defensoría de los Habitantes lanzó el octavo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

Este nuevo capítulo se enfoca el trabajo de las 31 Fiscalías con personal especializado que conocen materia de violencia de género, los retos en materia presupuestaria para su funcionamiento, las plazas requeridas para el fortalecimiento del trabajo de estas unidades, analizar los retos en materia de acceso a la justicia y el trabajo de la prevención de la violencia.

En el nuevo episodio se aborda el testimonio de un familiar de una víctima de femicidio, el acompañamiento recibido, cómo enfrentar el proceso y la solicitud de justicia.

Para la edición del podcast participan la fiscal adjunta de género del Poder Judicial, Debby Garay Boza y Laura Tacsan Ulate, hermana de una víctima de femicidio.

▶️ El episodio completo aquí.

Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6AFl0YB0BU62X4XQ5fNbNy?si=rsky87XzQJStSqHNT2Fbgg

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Foro de Justicia invita a participar en consulta nacional sobre reforma judicial democrática y viable

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Portada.

El Foro de Justicia informó que se encuentra habilitada una consulta en línea dirigida a todas las personas interesadas en aportar ideas y propuestas para la iniciativa “Diálogos propositivos para una reforma judicial democrática y viable”.

La consulta complementa una serie de actividades presenciales que se desarrollan en distintas regiones del país y busca recoger perspectivas, experiencias y propuestas que contribuyan a la construcción colectiva de alternativas para fortalecer la administración de justicia en Costa Rica.

Según la información suministrada por las organizaciones impulsoras, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura compleja marcada por cuestionamientos sobre el desempeño institucional, desafíos relacionados con la administración de justicia y presiones derivadas de la inseguridad y el crimen organizado. Ante este escenario, el Programa Estado de la Nación, con el apoyo del Foro de Justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, impulsa un proceso de diálogo orientado a identificar rutas de reforma que fortalezcan la independencia, legitimidad y capacidad de respuesta del sistema judicial.

La consulta tiene como objetivo recopilar aportes técnicos, analíticos y prácticos provenientes de diversos sectores de la sociedad para construir una agenda de reforma plural, técnica y viable. Las organizaciones promotoras señalan que la intención es avanzar del diagnóstico a la formulación de propuestas concretas que permitan ofrecer una justicia pronta, cumplida e igual para toda la población.

El proceso se fundamenta en un enfoque propositivo, centrado en la construcción de soluciones y alternativas más allá de la crítica. Asimismo, se informa que la participación es confidencial, que no se requiere identificación individual y que las respuestas serán analizadas de manera agregada, privilegiando el contenido de las ideas aportadas.

El cuestionario tiene una duración aproximada de diez minutos y estará disponible hasta el 29 de junio.

Las personas interesadas pueden participar en la consulta mediante el formulario que se encuentra en este enlace.

El diablo repartiendo escapularios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Resulta irónico, los trece de treinta y un diputado de Pueblo Soberano, encabezados por Nogui Acosta, que suman más de cincuenta expedientes acusatorios en la Fiscalía General, son los que impiden nombrar los diez y ocho magistrados suplentes de la Sala Constitucional, fundamentales para conocer casi un centenar de expedientes en dicha sala, pero sobre todo, para evitar que por ausencia justificada de un magistrado propietario, se paralice totalmente la Corte Plena que por ley, no puede sesionar si falta uno o más magistrados. Es decir, agazapados en su impunidad de diputados, impiden y poner en peligro la justicia.

¿Y por qué, desde la pasada cuadrilla jefeada por Pilar Cisneros y ahora por el encartado en la Fiscalía Nogui Acosta, no quieren votar? Por la sencilla razón de que, como todos los movimientos fascistas, quieren tomar el Poder Judicial para hacer sus tropelías.

Dice el tal Nogui como jefe de la pandilla oficialista, que quieren una lista nueva pues la que hay, que viene de la Asamblea Legislativa anterior no les gusta, porque no conocen a los candidatos. Ignorancia, estupidez o mala fe, usted escoge.

Resulta que ser candidato a un cargo de magistrado suplente implica un largo proceso que, por ley, debe realizar la Corte antes de enviar el listado a la Asamblea donde deben pasar los filtros de la Comisión de Nombramientos y pasar al Plenario para ser electo por 38 votos. Es decir, no es como hacer la lista de candidatos a súbditos diputados del chavismo, hecha a voluntad imperial desde Zapote.

Si desean conocer a los candidatos, ahí están los expedientes de cada uno, vayan a estudiar y dejen de joder. Pueden tener seguridad de que ninguno tiene expediente en la Fiscalía, ni cuentas pendientes o juicios en su contra en los Tribunales, ni nunca han pesado sobre ellos acusaciones vergonzosas o vergonzantes, ninguno se ha cambiado la nacionalidad adulterando documentos, y otras acusaciones, como si abundan en algunas listas de ministros y diputados.

Sabemos que buscan quebrar la institucionalidad, pero los ciudadanos les vamos a delatar sus triquiñuelas. No vengan los diablos antidemocráticos de la ultraderecha fascista, a querer vendernos esos escapularios.