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Etiqueta: Poder Judicial

Juicios por política o lo que significa mancillar la libertad

Mario Rodríguez Bonilla
Central General de Trabajadores, Costa Rica

La población de nuestro país puede tener niveles importantes de desconfianza del Poder Judicial, por razones como la lentitud de los procesos, la influencia de los poderosos en el resultado, poca objetividad de los jueces y fiscales, pero poco o nada saben sobre qué es un juicio político o “lawfare”.

También es conocida como “guerra jurídica”, la combinación de ‘law’ y ‘warfare’ hace referencia al uso de procesos legales como arma política, lo vimos en caso en América del Sur contra figuras políticas como los expresidentes Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma y Lula da Silva en Brasil, en España contra Pablo Iglesias, en nuestro país tenemos uno que está empezando.

La activista pro Palestina Tatiana Gamboa está enfrentándose no solo al poder judicial, sino a las presiones de la embajada de Israel por el desarrollo de su actividad en el marco de la protesta social y la libertad, que se supone garantiza la constitución política a todos sus habitantes, aunque en esta situación parece que “aplican restricciones”.

Tatiana fue detenida por las autoridades policiales en medio de una protesta enfrente a la embajada israelí, pues se atrevió a quemar una bandera de ese país, comete un extraño delito de “irrespetar los símbolos nacionales de Estados extranjeros”, un tema que da para una discusión sobre la libertad de protesta cercenada por las leyes.

En otra protesta en la embajada (afueras del edificio Colon) mancha con pintura de agua roja la pared de Edificio Colón, como simbolismo de la sangre de la masacre en Palestina, la detiene la policía y al ser una contravención la dejaron libre.

Nuevamente protestan los activista en frente a la embajada y manchan otra vez de pintura de agua con rojo la pared y esta vez la policía detiene a Tatiana la “pasea” de manera sospechosa en la “perrera” más tiempo de lo razonable, sin que se conociera su destino por mucho tiempo, la llevan frente a otro fiscal que considera un delito lo realizado en la embajada, sacándose, cuál mago de la manga, que “se dañó la propiedad y que esto siendo un segundo delito (aunque el primer juicio está por empezar de nuevo, con lo que no hay ninguna condena) en opinión del fiscal ameritaba la cárcel preventiva.

Mientras Tatiana está detenida escucha a los policías conversar entre ellos sobre la “majadera vieja de la embajada de Israel que quiere que la encarcelen a como dé lugar”, los agentes planteaban que eso no era ningún delito, pero el fiscal en su vergonzoso papel que parece ser una extraña cruzada no opinó lo mismo.

El fiscal consideró a Tatiana una “peligrosa criminal” que no podía vivir en sociedad, dentro de un pensamiento cavernario despojado de criterios de objetividad de los hechos, imponiendo una restricción de que no podía acercarse a la embajada de Israel, nos da pena el papel sesgado y de defensor del sionismo que pareceré estar jugando.

El jueves antepasado fue el inicio del juicio contra Tatiana procesada por su forma de pensar y de protestar, por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento e incomodar con sus acciones, no solo al Poder Judicial sino también al Estado costarricense por su papel de cómplice en la masacre contra civiles palestinos al bombardear escuelas, iglesias hospitales y edificios con habitantes no armados, solo por el crimen de nacer en una tierra ocupada y arrebatada.

Notamos que este proceso montado con una intencionalidad más allá de lo racional parece estar pasando desapercibido por los grandes medios nacionales y gran parte del movimiento popular, que no comprende que si Tatiana es condenada será el inicio de la jurisprudencia para condenar la protesta ante las injusticias.

¡Exigimos el retiro de los cargos de inmediato y respeto a la libertad y a la protesta en lo que debe ser un país en democracia!

Expediente electrónico llega a personas usuarias del Juzgado Penal de Talamanca

Poder Judicial facilita acceso a la información judicial de forma electrónica, a las partes del proceso penal de la zona.

El expediente electrónico llegó al Juzgado Penal de Talamanca para quedarse. De esta manera se suma al modelo electrónico de los despachos judiciales, que facilita el acceso al expediente completo y actualizado, a todas las partes que intervienen en el proceso penal.

Las personas usuarias externas que tramitan un expediente penal en este juzgado, abogados litigantes o partes del proceso, puede solicitar un usuario y contraseña en el despacho judicial más cercano y consultar su expediente si ya se tramita en formato electrónico.

Los expedientes que llegan al Juzgado Penal de Talamanca, sean de nuevo ingreso o ya en trámite, son escaneados y transformados en electrónicos; y se les incluye una resolución que comunica esta nueva forma de tramitación.

“El modelo de expediente electrónico beneficia tanto a las personas usuarias internas como externas, pues tienen la posibilidad de consultar su expediente de forma electrónica, completa y actualizada; revisar todas las diligencias que se han realizado y los avances. Además, pueden presentar escritos, solicitudes judiciales o la incorporación de documentos, de forma electrónica y descargar el expediente completo. Con ello, el Poder Judicial garantiza a las partes del proceso, el acceso a la información”, explicó el juez coordinador del despacho, Miguel Acosta Granados.

Los expedientes electrónicos del despacho de Talamanca, se pueden consultar desde el Sistema de Gestión en Línea para cualquiera de los trámites ya mencionados y otros.

Para Acosta Granados, gestionar el expediente penal bajo el modelo electrónico, agiliza la tramitación de las diligencias judiciales, la consulta es más célere y las personas usuarias ya no tienen que desplazarse hasta las oficinas físicas para consultar el expediente.

En esta jurisdicción se atiende población indígena de Alto Talamanca, quienes en su mayoría acuden a las personas defensoras para realizar consultas directas al expediente, esto también permite que la defensa técnica tenga acceso inmediato al proceso.

Desde el 19 de setiembre, el Juzgado Penal de Talamanca trabaja bajo la modalidad electrónica, así establecido por acuerdo del Consejo Superior y contó con el acompañamiento de las Direcciones de Tecnología de la Información y Planificación, para los procesos de migración a expediente electrónico y la estandarización de ubicaciones y tareas electrónicas del Escritorio Virtual.

Actualmente el Juzgado registra un circulante de 334 asuntos.

Penas alternativas para mujeres en condición de vulnerabilidad: una mirada desde la justicia restaurativa

  • Seminario internacional se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial es anfitrión del seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurola Holiday In en San José y tiene como objetivo discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad que las lleva a introducir droga en centro penal.

Para la apertura del seminario se contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica; Exleine Sánchez Torres, Ministerio de Justicia y Paz; Heldren Solórzano Manzanares, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas; Cheryl St. Louis, Directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago; Oswaldo Aguirre Retana, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y Peggy Martinello, Directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, FIIAPP.

Además, se contó con la asistencia de Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como representación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Secretaría Técnica de Género.

Para Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, incluir la perspectiva de género en el tratamiento de aquellas mujeres que se ven involucradas en delitos menores de drogas es importante y de una visión integral para reparar el daño.

“El artículo 77 bis de la Ley de sicotrópicos se regula una pena atenuada para las mujeres que introducen droga a los centros penales, lo que vamos a realizar de la mano de la cooperación internacional de COPOLAD es hablar de las experiencias de América Latina, España, Portugal y El Caribe y como hemos podido llevar adelante este tipo de políticas. En el caso de Costa Rica se han enmarcado dentro del proceso de Justicia Restaurativa que permite que estas mujeres puedan tener una alternativa de previo al juicio para resolver su problemática mediante una reparación del daño con la conciencia de que se ha cometido un daño o en el cumplimiento de la pena con una alternativa en ejecución”, indicó el magistrado Alfaro.

Por su parte, Macarena Eseverri, Jurista y experta en Acceso a la Justicia y Justicia Restaurativa COPOLAD, destacó que el objetivo general de COPOLAD es favorecer una política criminal más humana, más dedicada a las necesidades específicas de las personas”.

“Lo esencial del taller es unificar criterios que sirvan para humanizar esa política criminal y también aterrizar ese marco regional a nivel nacional en la realidad de Costa Rica aprovechando el artículo 77 BIS tan importante que introduce criterios de género y de proporcionalidad para que mujeres que son imputadas por un delito de menudeo puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad”, manifestó.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Poder Judicial lidera seminario internacional que analiza la justicia restaurativa para mujeres con delitos menores de drogas

  • Seminario se realizará del 16 al 18 de octubre de 2023.

El Poder Judicial realizará un seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurora Holiday In, a partir de las 8:00 de la mañana.

Este taller internacional tiene como objetivo principal discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad.

Se contará con la participación de Gerardo Rubén Alfaro, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública, así como representación del Ministerio de Justicia y Paz, Asamblea Legislativa y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

La participación internacional estará representada por la Conferencia del ministro de Justicia de los Países Iberoamericanos y los operadores de justicia de la República Dominicana, Colombia, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago y Argentina.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Poder Judicial presenta presupuesto austero para 2024 y reitera necesidad de más recursos para combatir criminalidad

  • Presupuesto judicial mantiene una disminución sostenida de recursos desde hace 15 años

  • Urge mayor inversión para enfrentar judicialmente la ola de criminalidad en el país

Con un rígido crecimiento presupuestario para el año 2024, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, expuso ante la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa los proyectos prioritarios en los que se invertirán los recursos judiciales para el ejercicio económico del año próximo.

“Presentamos un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial más que austero. Es un plan sumamente rígido para la atención de los requerimientos mínimos del Poder Judicial y con ello garantizar la operatividad de los servicios judiciales existentes. Nos apegamos a los límites y disposiciones establecidos por el Ministerio de Hacienda”, detalló el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

El presupuesto proyectado para 2024 es de ₡491.269 millones. La variación con respecto al del 2023 es de solamente ₡504 millones, monto que se destinará a recurso humano para la Defensa Pública por la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

El Poder Judicial, con estos recursos debe atender la entrada diaria -en promedio- de más de 2.500 procesos nuevos, que registran los despachos judiciales de todo el país y que se traducen en trámites como pensiones alimentarias, procesos de divorcios, cobros judiciales, intervención de las comunicaciones, investigación de denuncias, exámenes forenses, peritajes psicológicos de trabajo social, medicatura forense, acusaciones penales y juicios, entre otros.

Lucha contra ola de violencia

Los requerimientos de recursos para atender la ola de delincuencia que vive el país se visibilizaron durante la comparecencia ante el órgano legislativo. Para enfrentar la criminalidad, la estructura penal demanda un requerimiento de 1.712 plazas, de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

La solicitud de más recursos se fundamenta en estudios técnicos elaborados por la Dirección de Planificación de este Poder de la República que toman en consideración, entre otras variables: denuncias interpuestas, la cantidad de asuntos ingresados, capturas, diligencias judiciales y el aumento de homicidios por zona, entre otros.

“Hacemos una respetuosa instancia para que conciban nuestra presupuestación como un sistema en el que las funciones de sus órganos están concatenadas y se afectan mutuamente. La administración de justicia es una cadena intrincada y compleja que incluye desde la policía de investigación, pasando por la defensa pública, los juzgados y fiscalías, hasta llegar a los órganos de apelación y casación. Financiar de manera desbalanceada a uno de estos eslabones, sin considerar el sistema en su conjunto, provocaría un efecto embudo que perjudicaría la eficacia del aparato judicial como un todo”, puntualizó el jerarca judicial.

La exposición del presupuesto del Poder Judicial integró a los jerarcas de los órganos auxiliares de justicia, el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

Randall Zúñiga López, director Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

“Como institución tenemos un camino difícil, con obstáculos, pero estamos en la mayor disposición de servir y entregarnos por Costa Rica, de la mejor forma que podamos, hasta que nuestras fuerzas y nuestra capacidad operativa, nos lo permitan.

El punto medular es que se requiere reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía e incluyendo a la Defensa Pública y Judicatura. Hemos ido buscando como generar recursos desde San José, para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra más criminalidad. Pero hay una necesidad real de invertir en las oficinas regionales pues cuenta con menor capacidad de personas. La Dirección de Planificación determinó un estudio de necesidades reales del OIJ, de manera objetiva, neutral, sin sesgo y de manera técnica, que alcanza un requerimiento de más de mil puestos; pero somos conscientes de la crisis fiscal del país”.

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República

“La grave realidad que enfrenta el país hace imprescindible y urgente que contemos con más recursos, puesto que, si se continúa trabajando con las mismas limitaciones, vamos a obtener los mismos resultados que hemos visto hasta ahora. Esto porque actualmente se registran un promedio de 2.5 homicidios por día; además, el OIJ ha identificado casi tres centenas de organizaciones criminales y no tenemos la capacidad de investigarlas todas con la misma prioridad.

La situación del Ministerio Público es crítica; el año pasado ingresaron más de 200 mil causas nuevas y contamos únicamente con 127 fiscales y 455 fiscales auxiliares, quienes deben atender un circulante mensual de aproximadamente 70 mil causas; esto quiere decir que, solo en las fiscalías ordinarias, cada uno de ellos maneja un promedio de 250 expedientes.

Aunque hemos apostado por mantener un ambiente laboral saludable, por disminuir el rezago (resolver los expedientes con más antigüedad) y descongestionar fiscalías, esto no es sostenible en el largo plazo, porque nuestro personal fiscal está desbordado, razón por la cual se hace urgente la dotación de más recursos”.

Juan Carlos Pérez Murillo, director Defensa Pública

“Desde la Defensa Pública es importante contar con recursos económicos que permitan garantizar el acceso a la justicia de toda la población, especialmente para aquellas personas que requieren resguardar sus derechos fundamentales y no cuentan con la solvencia económica para pagar los servicios de una persona abogada particular.

Se requiere un crecimiento integral que permita reforzar las oficinas con plazas especializadas en el área social como: pensiones alimentarias, laboral y en la atención de las personas indígenas, de manera que se pueda brindar asesoría y representación legal de calidad, con perspectiva de género y tomando en consideración las necesidades propias de cada comunidad, brindando el servicio en los distintos territorios, maximizando el uso de recursos públicos y evitando el traslado de las personas que residen en áreas alejadas a las oficinas judiciales.

Esta institución es un pilar de la democracia y requiere que se fortalezca mediante la asignación de recursos que le permitan continuar dando una respuesta efectiva a las poblaciones más vulnerables y colaborar con la resolución pacífica de los conflictos sociales”.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial

Poder Judicial aboga por mejorar atención a víctimas de delitos sexuales

Magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género y Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género, comparecen ante Comisión Permanente Especial de la Mujer

Dar un paso más a favor de las víctimas de delitos sexuales, así como propiciar un trabajo de prevención en el país, es lo que expuso la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza atendieron la convocatoria del órgano legislativo, que tiene a cargo la tramitación del expediente 23 633, “Ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales (ERRVV)”.

“Este proyecto es una iniciativa propia del Poder Judicial. Lo que buscamos es que el protocolo de atención en las primeras 72 horas de ocurrido un delito de violación, que sufren, niñas, niños, adolescentes y mujeres pueda ser elevado a ley, pues permite suministrar los medicamentos de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en las primeras horas del hecho y se impulsa la prevención, información y la capacitación de más personas, que conozcan el servicio que se brinda y que ha futuro se pueda contar con presupuesto para extenderlo a zonas más alejadas donde no hemos podido llegar”, puntualizó la magistrada Roxana Chacón.

Se explicó que el Poder Judicial implementa el protocolo en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el 2011, para darle una atención más efectiva a las personas víctimas de violación. Hoy se cuentan con 18 equipos completos de Respuesta Rápida funcionando y que se encuentran distribuidos en 20 zonas específicas del país, así como 5 equipos medianamente integrados.

Esto permite disminuir la revictimización de las personas ofendidas y favorece que se obtenga la prueba de forma oportuna, lo que combate la impunidad en este tipo de delitos. Un total de 1500 violaciones ha acreditado y atendido el protocolo.

En los ERRVV intervienen las siguientes instancias del Poder Judicial: Departamento de Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses, Medicina Legal, Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y Fiscalías Adjuntas territoriales durante la disponibilidad.

De parte de la Caja Costarricense del Seguro Social están: Servicios de Emergencias, Trabajo Social y Psicología, Farmacia y Laboratorio. Además de estas instancias también participan: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Salud; y Ministerio de Justicia y Paz, así como la Defensa Pública para dar la alerta, cuando conocen de una violación que se generó en el sistema penitenciario.

Magistrada Roxana Chacón.

Emprenden acciones para agilizar reclutamiento y selección de personal del OIJ

  • Labor coordinada entre la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y la Dirección del OIJ

Manteniendo la rigurosidad en los requisitos para ingresar a trabajar en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial inició una labor coordinada para agilizar las diversas etapas del proceso de selección y reclutamiento.

El trabajo coordinado lo emprenden la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y la Dirección del OIJ, con el apoyo del Consejo Superior.

El objetivo es acortar los plazos de contratación y atender los requerimientos de recurso humano que demanda el Organismo, manteniendo los estándares de rigurosidad en la contratación del personal más idóneo para los puestos requeridos en la policía judicial.

Para las autoridades del Consejo Superior, a partir de los acuerdos tomados, se atienden las necesidades institucionales del OIJ, respecto a la contratación de personal y mediante la coordinación entre los entes a cargo del proceso de reclutamiento y selección, se ejecutan acciones adecuadas para darle celeridad.

Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana destacó que se propuso un plan de trabajo, que involucra a la Dirección con la Unidad de Potencial Interno (UPI) del OIJ, que promueve la revisión del modelo de reclutamiento y selección del personal policial, ante la cantidad masiva de personas que se incriben en los concursos.

“Una propuesta innovadora es la aplicación de una prueba de inteligencia con una duración de 30 minutos, como primer filtro y cuyo resultado se obtiene el mismo día de realización. Esta nueva prueba tiene como fin buscar el mejor talento para el desempeño de los puestos del OIJ. Nos permite además, en un tiempo muy corto la aplicación y el resultado de una prueba que se apega a la atención de los nuevos retos, la evaluación de habilidades y competencias”, explicó Arrieta Meléndez.

Randall Zúñiga López, Director del OIJ, señaló que los acuerdos alcanzados con la Dirección de Gestión Humana, permitirán agilizar los procesos de contratación de personal policial y reducir los plazos de nueve meses a tres meses en promedio.

“No estamos bajando los parámetros rigursos de ingreso al OIJ, estamos difiriendo en el tiempo algunas etapas para su incorporación al Organismo, pues siempre se les va a exigir a las personas todos los exámenes y requisitos propios del reclutamiento. En el caso de los exámenes médicos que deben costearse con recursos propios, estamos permitiendo que procedan una vez que ingresen a trabajar, pues tienen un costo alto”, explicó Zúñiga López.

Para el jerarca del Organismo, esta representa una acción afirmativa a favor de mujeres jefas de hogar y con recursos económicos limitados, pues facilita que más personal femenino se pueda incorporar a la labor del OIJ.

También se coordina la capacitación del personal del UPI en la aplicación de la metodología de las pruebas psicológicas, revisión de antecedentes y verificación de algunas competencias que exigen los puestos.

Información del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial

Ocho poblaciones de Bejuco tramitarán procesos contravencionales nuevos en Juzgado de Nandayure

  • Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla.

  • Trámite se llevarán a cabo a partir del 15 de setiembre de 2023.

Para acercar la justicia a ocho poblaciones del distrito de Bejuco, el Poder Judicial cambió la competencia territorial de los juzgados contravencionales de Nandayure y Jicaral, para beneficiar a las personas usuarias.

A partir del 15 de setiembre de 2023, por cercanía, los asuntos nuevos que requieran tramitar las personas que viven en las poblaciones de Pueblo Nuevo, Bejuco Centro, Punta Islita, Corozalito, Las Parcelas o Colonia del Valle, Pilas de Bejuco, San Gabriel y Jabilla, podrán realizarlos en el Juzgado Contravencional de Nandayure.

Los procesos judiciales contravencionales que actualmente se encuentran en trámite o activos en el Juzgado Contravencional de Jicaral, y que provienen de las zonas indicadas, deberán mantenerse en este despacho, hasta su finalización.

La disposición de las nuevas competencias territoriales de estos despachos judiciales contravencionales, las aprobó Corte Plena, mediante acuerdo tomado en la sesión 35-2023 del 08 de agosto de 2023, artículo V y se establecieron en la circular interna No. 196-2023.

Los cambios en la atención de los asuntos contravencionales de estas ocho poblaciones de Bejuco, se determinaron luego del informe y recomendaciones que presentó la Dirección de Planificación.

Adicionalmente, el acuerdo también estableció “…Mantener en el Juzgado Contravencional de Jicaral, la competencia territorial del resto de poblados pertenecientes a la zona de Coyote, en tanto se les facilita el traslado a las personas usuarias de ese lugar, dada su cercanía y el transporte público disponible, según pudo constatarse”.

Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Los asuntos contravencionales nuevos de las poblaciones indicadas se tramitarán a partir del 15 de setiembre en el Juzgado Contravencional de Nandayure.

Sala Primera recalca obligación de proteger y asegurar delimitación de territorios indígenas para evitar venta de estos

En la resolución, la Sala Primera recalca la obligación jurídica del INDER y el CONAI, cada uno desde sus competencias, a partir de la creación de la Ley Indígena, “de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para poder mantener la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de los territorios indígenas que se encuentran dentro de las Reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas”.

Afirma la Sala Primera que entre las acciones de aseguramiento que están a cargo de estas entidades, está el gestionar, ante el Registro Nacional, la publicidad ante terceros, de las tierras y territorios que se encuentran en las Reservas Indígenas, según lo que establece el Convenio 169 de la OIT; y con ello evidenciar su situación de bienes ubicados en áreas indígenas.

El criterio de la Sala Primera se da, luego de analizar el caso concreto que planteó una emprensa que adquirió unos terrenos, ubicados dentro de la Reserva Indígena de Guatuso. En la sentencia se determinó que dichos terrenos se adquirieron cuando la reserva ya tenía dos décadas de estar constituida, por lo tanto, no era posible concluir que la adquisición se hiciera de buena fe, para proceder a una indemnización por expropiación.

La resolución se da en cumplimiento con la normativa nacional, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016; además, las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Boletín de noticias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Autoridades del Poder Judicial visitan cantón de Limón para escuchar y atender necesidades de comunidad

  • Consejo Ampliado se realizará el 24 y 25 de agosto en los Tribunales de Justicia de Limón.

Comunicado

El Poder Judicial se acercará a los vecinos del cantón central de Limón durante la celebración del Consejo Ampliado a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2023, en los Tribunales de Justicia de Limón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de construir un Poder Judicial al lado de la gente.

Este espacio de encuentro entre autoridades judiciales con fuerzas vivas, sociedad civil y personal del Circuito Judicial de Limón tiene como fin promover la transparencia y rendición de cuentas relacionados al servicio público que brinda la institución.

El Poder Judicial preocupado por el aumento de la criminalidad en este cantón actuó de manera rápida con la puesta en marcha del plan de trabajo denominado “Impacto Limón 2023” y ha dotado al Juzgado Penal de Limón con 3 plazas de personas juzgadoras categoría 3 para agilizar el trámite en materia penal. Además, se reforzó el personal de investigación del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón).

La actividad contará con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los órganos auxiliares de justicia y jefaturas administrativas.

“Estamos muy contentos de este viaje a Limón, es un objetivo de la Corte visitar a las comunidades, compartir con el funcionariado y, desde luego, con los habitantes; queremos escucharlos, saber qué necesitan e informarles de todas las cosas que estamos haciendo para construir un mejor Poder Judicial y garantizar un mayor acceso a la justicia”, manifestó don Orlando.

Para el 24 de agosto se organizó una reunión con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, en donde se expondrán sobre los principales requerimientos y necesidades de la zona.

A las 8:30 am del viernes 25 de agosto la reunión concentrará a las fuerzas vivas de la comunidad, sociedad civil de instituciones públicas y privadas del circuito, así como personas facilitadoras judiciales.

 

Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Imagen: https://www.anywhere.com