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Etiqueta: Poder Legislativo

Los aretes y el éxito

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En los últimos días hemos visto cómo la idea presidencial de poner aretes al ganado para, supuestamente, controlar su comercialización y el concepto de lo que debe ser el éxito espetado por la diputada Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa, han permitido que aparezcan los más venenosos ataques desde el albañal del oficialísimo.

Por un lado, Cisneros considera que el éxito en la vida de una persona se mide por la acumulación de bienes materiales como un apartamento de lujo. Visión pobre y retorcida de lo que debe ser un ser humano: noble, generoso, amante del servicio a los demás y con una dosis enorme de humanismo. Pero nada de eso se puede esperar de quien dedicó su vida profesional a denigrar a otras personas, atacar a las instituciones, decir en campaña que se puede vivir sin cultura y que no cree en Dios; con semejante pedigree qué se puede esperar sino el ataque y verbo incontenible de improperios y agresiones falsas, propias de quien se proclamó maestra de la mentira del presidente y altos funcionarios.

Pero la diputada no hizo más que ir a la zaga de su compañero de equipo el presidente Chaves que, desde su teatro mediático de los miércoles y los días siguientes, ha hecho gala no sólo de lo más procaz de su lenguaje, sino que también de su capacidad para denigrar y ofender a una persona, como meterse en la vida privada del auditor de la CCSS, que fue el denunciante de los gusanos barrenadores que él introdujo en la institución para destruirla; o la forma impropia de tratar como “diputadilla” a la Lic. Sofía Guillén ignorando que ella es parte de Poder Legislativo, con los mismos derechos y prerrogativas que él como Presidente y que es el que debe dar cuentas de sus actos a los diputados, así que debe respetar para ser respetado; y la flor en el ojal la puso en la zona norte, a donde fue a inaugurar un puente Bailey y que son estructuras provisionales… vaya ridiculez! Ahí se enfrentó a pequeños productores de ganado por los famosos aretes; no solo defendió a los grandes productores, sino que maltrató a aquellos ciudadanos que se atrevieron a confrontarlo insinuando que quienes se oponían a su idea eran contrabandistas, lavadores de dólares, narcos y otras lindezas, al amparo de las ferias ganaderas. Por cierto, vale felicitar a la esposa del señor Alfaro, dueño de algunas de esas ferias por su entereza al darle respuesta firme, enérgica y valiente a un presidente que se va de boca insultando a su familia.

En fin, que el dúo partidario de la autocracia, se retrató de cuerpo entero esta semana, al exhibir lo más procaz de su limitado lenguaje, que solo se amplía para insultar y crear odios desde el centro, no de un apartamento de lujo ni de la casa en Monterán, sino desde su albañal, permanentemente surtido de las aguas negras de su visión materialista de la vida o de dictadura en la función pública a la que aspiran llegar, inspirando odio y resentimientos en sectores a los que creen que podrán llevar a votar por sus súbditos, puestos en las papeletas de algún partido taxi, jalados como ganado , no de las orejas, sino de las argollas propias de animales domesticados.

Contralora General de la República comenta el proyecto de ley para el referéndum impulsado por el gobierno

En un video recibido por SURCOS, se expresa por parte de la Contralora lo siguiente:

Buenas tardes:

Con todo respeto, deseo manifestarles que, en días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el referéndum, orientado principalmente a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo los ejercidos por la Contraloría General, sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende enseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la Asamblea Legislativa perderá insumo de control político que actualmente recibe de la Contraloría General de la República, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad. 

El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente. Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum. ¿Qué obras públicas se pueden contratar a dedo? ¿Que no se registre deuda pública? Que no se puede alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles. También le impediría a la Contraloría General la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como disposiciones y advertencias. 

De modo que, por ejemplo, si la Contraloría recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran ahí posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la Contraloría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. Y como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que de la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de los contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la hacienda pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.

En relación con el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta, el Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera las de la Asamblea Legislativa, de manera que se potencian riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente. 

Y en relación con Japdeva, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a Japdeva escoger a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.

El panorama es bastante claro, se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, o sea aquellos que pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes. Ante lo delicado de esta situación es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite de Referéndum. 

Muchísimas gracias

Dos años moviditos

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

¿Se ha comprado la bronca el presidente Chaves? Desde luego que sí. La tiene con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la prensa, que él llama canalla.

En esa bronca no le ha ido tan mal.

Prueba de ello es que Rodrigo Arias Sánchez, que ahora se rasga las vestiduras, y todo el resto de los candidatos a la presidencia de la Asamblea, corrieron a su despacho en busca de su apoyo. Prueba de ello es que también tiene “comprados” al partido de los neopentecostales de Fabricio y a una parte de la Unidad.

La bronca contra la llamada elite política por lo menos no es desaprobada por un grupo cercano a la mitad de la población; pelear contra los políticos, sus partidos y los jueces y legisladores, tan venidos a menos, no es tan negativo en cuanto a opinión pública.

Chaves, además, se presenta como el adalid contra la corrupción de los políticos y contra los grandes negociados de algunos, lo cual se asienta en una verdad. Sin embargo, lo que él oculta es que lo que propone es eliminar procedimientos para saltarse los procesos de contratación pública y con ello otorgar las contrataciones millonarias con mecanismo poco claros, lo que aumentaría aún más la corrupción. O sea, propone un sistema más corrupto.

Pero Chaves mete gato por liebre, hace que algunos ciudadanos se vayan por la forma, mientras propone liquidar el Estado de Bienestar. La bronca, el escándalo, distraen, oculta y desorienta de lo esencial o fundamental: la aprobación de medidas contra el pueblo.

La agenda que ha propuesto Chaves para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa es el mejor ejemplo: propone vender el Banco de Costa Rica, imponer las jornadas 4×3, quitar la dirección del sector electricidad al ICE, imponer la renta global que es aumentar los impuestos de renta a las micro y pequeñas empresas, a los asalariados y las personas físicas sin toca a las compañías, empresas o personas jurídicas, reformar leyes para reducir los mecanismos de contratación administrativa, así como una serie de proyectos de seguridad encaminados a aumentar penas y reducir garantías.

Esto es lo que este gobierno propone a los diputados. Claramente solo proyectos contra el pueblo. Es un programa del más rancio neoliberalismo.

En esta agenda profundamente regresiva y neoliberal es muy posible que estén de acuerdo, con algunos arreglos y matices, los de Nueva República, los de Eli, los de Pilar, la Unidad y una parte de Liberación Nacional, probablemente comandados por Rodrigo Arias. Ya los amenazó y chantajeó: me aprueban eso o voy a referendo, les dijo Chaves el pasado dos de mayo.

Habrá que movilizarse contra esta agenda de Chaves que está en la Asamblea Legislativa.

Si no prefiero el referéndum. Y a ganarlo.

Lo que sí está claro es que nos esperan dos años bastantes moviditos.

Peligra la institucionalidad democrática de Costa Rica – Reformas del gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.

A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.

La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.

Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.

En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.

En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.

El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.

Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.

Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.

 

Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.

Prisma Latinoamérica: El fraude del que no se habla

Prisma Latinoamérica compartió un vídeo en su página de Facebook titulado: “El fraude del no se habla en Costa Rica”, acerca del fondo para las pensiones de los docentes. En él, se expone lo siguiente: los docentes costarricenses cotizaron entre 1958 y 1992 para crear un fondo que atendiera sus pensiones, sin embargo, el Estado malversó esos recursos en actividades ajenas por ley, y no aportó a los fondos de los docentes como dicta la ley. 

Para cubrir con esta obligación, se creó el Régimen Temporal de Reparto, como si este fuera un fondo de gracia, y no como corresponde ante una indemnización por el daño causado por el desvío ilegal e inconstitucional de los fondos de la pensión de los docentes.

A pesar de ser víctima del desvío ilegal de los fondos por parte del Poder Ejecutivo y con la ayuda del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República, los docentes de este régimen son tratados o acusados como los responsables de que no existan recursos para las demás pensiones.

Si desea observar el vídeo completo lo puede hacer al siguiente link: https://fb.watch/i_k1bBtuG-/?mibextid=2Rb1fB

 

Información compartida con SURCOS por Miguel Sobrado y por Carlos Sáenz.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo deben asumir la responsabilidad en materia fiscal

José Luis Pacheco Murillo

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) incluyeron el martes pasado a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. La decisión fue tomada en Bruselas, Bélgica, sede de la UE. Una decisión que tomaron en virtud de que Costa Rica no cumplió con compromisos adquiridos ante la Unión Europea. Una situación vergonzosa y preocupante, máxime que desde hace años ya se había advertido sobre esa posibilidad. Incluso, el actual presidente fue informado cuando fue ministro de Hacienda.

Hoy, las autoridades pasadas y las actuales se culpan unos a otros, pero lo cierto es que pese a esas advertencias no se hizo nada. Esto nos refleja de cuerpo entero como país que no se ocupa de lo importante.

La principal observación que se nos hace es que la legislación costarricense exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas que son aquellas en las que la persona no participa activamente en la actividad, por ejemplo, una compra de un título valor, o la  compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.

La UE considera que Costa Rica tiene un sistema tributario carente de transparencia, en el que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.

Esta situación nos perjudica como país en cuanto a la reputación en materia fiscal y nos acerca mucho a ese concepto internacional de ser un “paraíso fiscal”. También nos afecta en cuanto a inversiones extranjeras y a la credibilidad internacional.

Contrario a lo que sucedió con Costa Rica, esa misma comisión reconoció que Uruguay logró cumplir con el compromiso adquirido y por ello salió de esa lista.

Esa lista se revisa cada seis meses, así que tenemos ese tiempo para corregir esa legislación y hacer lo propio para que demos un paso adelante y salgamos de esa vergonzosa lista. Eso implicará actuar con patriotismo y no pensando en intereses particulares. Si no lo hacemos en estos seis meses nos deterioremos en nuestra imagen y seguiremos en ese “nadadito de perro”, sin tomar las decisiones que son urgentes y necesarias.

Dios quiera que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dejen de “jugar chapitas” y asuman con responsabilidad las obligaciones que les corresponden.

Declaración sobre la situación de la República de Perú

El intento de autogolpe de Estado perpetrado hoy por el ex Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, el que incluyó la disolución del Poder Legislativo, la intervención del Poder Judicial y la instauración del Estado de sitio, lesiona las libertades y la vigencia de los derechos políticos y humanos de todo el pueblo peruano. Ante estos acontecimientos expresamos nuestra condena a cualquier intento de interrupción del orden constitucional.

Desde la Alianza Progresista, lucharemos incansablemente por el restablecimiento del orden y las garantías constitucionales e instamos a los actores políticos del Perú a buscar una salida democrática y progresista que evite la confrontación armada y posibilite al país atender sus grandes desafíos.

Daremos seguimiento al acontecer en Perú y no dejaremos de defender la democracia y el diálogo político como el mecanismo de solución de conflictos nacionales e internacionales.

Contrapesos republicanos y contrapesos ciudadanos

La división de poderes ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Por Miguel Sobrado*
20 de noviembre 2022

La exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente.

La república, como sistema político, presupone un equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que cimenta las democracias. Esta división ha funcionado en sociedades en que la ciudadanía es un estatus jurídico universal amparado a un régimen de libertades y derechos.

Son Estados donde existe acceso a la propiedad y oportunidades que favorecen el bienestar, tales como la educación y la salud, condiciones que permiten ascender socialmente y participar en las decisiones, especialmente, locales y regionales.

Estas condiciones conducen no solo al crecimiento social y del capital humano, sino también al progreso económico, y estimulan una mejor distribución del ingreso y amplia participación ciudadana. Esto se evidencia en los países nórdicos y algunas partes de los Estados Unidos. En otras palabras, los pesos y contrapesos operan no solo porque existen formalmente, sino también porque se sustentan en una base social empoderada.

En América Latina, las repúblicas nacieron con los dados cargados, basadas en la exclusión de las mayorías y la desigualdad social, situación no superada en la mayor parte del continente, especialmente para los afrodescendientes de Brasil, el Caribe y sur de los Estados Unidos —que comparten la historia esclavista con América Latina—, quienes fueron los que con trabajo forzado produjeron durante siglos la riqueza y los grandes capitales de estos países.

La situación de los indígenas americanos, sometidos a la servidumbre mediante las encomiendas españolas, no fue mucho mejor, y con su aportación obligada se amasaron también los grandes capitales de México, Centroamérica y sur de la América andina.

La lucha por la independencia y la construcción de repúblicas fue una reivindicación de los hijos de los conquistadores, nacidos en América o criollos, que fueron discriminados por Madrid en favor de los peninsulares. Su lucha solo involucró a las poblaciones indígenas y mezcladas como carne de cañón en las guerras, pero no les abrió acceso a las tierras ni a la educación. La élite criolla, por su parte, mantuvo el sistema centralista heredado de España para su beneficio y cerró las puertas a los desarrollos regionales.

Exclusión persistente

A pesar de los siglos transcurridos y los cambios —más cosméticos que profundos—, la exclusión de las mayorías, especialmente afrodescendientes, los de origen indígena y pobres en general, junto con el centralismo institucional, sigue siendo una característica en nuestro continente. De ahí que, por carecer de una base ciudadana empoderada, no haya existido un soporte social al balance de poderes y nuestras repúblicas hayan renqueado a lo largo de la historia hacia el autoritarismo.

Esto es especialmente grave en la época en que vivimos debido a tres razones: a) la importancia del conocimiento y la educación de calidad para el desarrollo de nuestros países en este siglo; b) el crecimiento del poder del narcotráfico, que se alimenta, entre otros, de la exclusión, en un momento en que los sistemas clientelistas tradicionales se encuentran agotados; y c) la necesidad de preservar y regenerar el medioambiente para mitigar los desastres del cambio climático.

Nuestro problema como latinoamericanos tiene orígenes sistémicos, debe hacérsele frente con soluciones que rompan los círculos viciosos, dirijan parte de los ingresos a una inversión en educación y capacitación modernas que propicien soluciones a través de los movimientos sociales e instituciones renovadas la participación autónoma organizada de los grupos y comunidades.

La medición del impacto de las políticas públicas debe hacerse considerando los resultados tras la incorporación de los excluidos a los procesos educativos y la capacitación organizacional que impulse su integración a la vida nacional y local.

Estos resultados son los que interesan, y son el mejor indicador de que se están creando fundamentos sólidos para la construcción de una república moderna y para el ejercicio de las libertades democráticas.

Brasil

Lula, en Brasil, en sus gobiernos anteriores, creó 29 universidades federales para brindar oportunidades a los excluidos y contribuir de esta manera también a mitigar la explosión social, en una realidad convulsa. Aunque no fue suficiente, pues dejó por fuera a quienes perdieron la oportunidad educativa básica, fue un paso en la dirección correcta.

En su nuevo gobierno, sería conveniente que aproveche la capacitación masiva llevada a cabo por Clodomir Santos de Morais, a quien premió por su trabajo en la lucha contra la pobreza, como uno de los ejes de la política de inclusión.

La experiencia fue aprovechada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra para formar cooperativas y comunidades, y ha sido exitosa durante las últimas décadas en tres continentes. Debe valorarse, más allá de la formación de empresas, que es en lo que ponen énfasis los tecnócratas, el poder de organización ciudadana y su aportación a mediano plazo a la creación de una base social de gestión democrática.

Debemos recordar que el narcotráfico, a través del terror y su poder económico, se perfila como una opción real. Al mismo tiempo, crece la amenaza del cambio climático para nuestras naciones y la especie humana.

*miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.

Compartido con SURCOS por el autor.

Las formas tienen que ver muchísimo en la consecución de los objetivos

José Luis Pacheco Murillo

Difícilmente se podrá lograr un propósito con manifestaciones en contra de los que deben aprobar ese propósito. Cuando la forma es de enfrentamiento y de señalamientos, las respuestas serán, muy posiblemente de la misma manera y quizá con mayor ímpetu, provocando distanciamiento y dejando el camino que se debe transitar en el futuro lleno de escombros y de rupturas que deberán de corregirse y limpiarse pero que costará mucho lograrlo. La violencia engendra violencia.

Lo que ha venido sucediendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evidencia una relación poco amistosa y mucho más distante que lo que debería de ser.

Dos resellos en una semana, para establecer como ley de la República dos proyectos que el Poder Ejecutivo consideraba que tenían que aprobarse de manera diferente y modificaciones significativas al proyecto de presupuesto presentado por el ejecutivo y palabras fuertes de unos y de otro, demuestran que las cosas no van por buen camino entre ambos poderes.

Lo que llama la atención es la poca eficiencia en el diálogo por parte de la responsable de que esa relación sea lo más fructífera y sana posible. Me refiero a la ministra de la Presidencia. Ante la presentación del presupuesto el diálogo debe ser de mucha cercanía y apertura para que se comprendan los porqués se presenta de esa forma y se convenza con razones sobre su aprobación y valorar si a través de ese diálogo se vislumbra que las cosas no serán las que se pretenden y tratar de modificar aquello que se pueda para así mantener la puerta abierta para futuras negociaciones.

Hoy, las cosas se han puesto muy difíciles y aún quedan muchos proyectos en el debate legislativo que deben ser discutidos y para ello el poder ejecutivo debe volver a un diálogo abierto y apegado al respeto institucional si desea su aprobación en los términos en que han sido propuestos.

Dios quiera que, por el bien del pueblo y el futuro del país, las aguas vuelvan a su cauce y se den los acercamientos necesarios entre ambos poderes para que se logre la mayor producción de leyes y estas sean de la calidad necesaria para satisfacer las necesidades que hoy tenemos.

¿Montesquieu en el olvido?

Freddy Pacheco León

HAY quienes no lo conocen o quizá, han olvidado las lecciones de educación cívica en secundaria, pero el Barón de Montesquieu (1689 – 1755) fue uno de los más importantes y reconocidos filósofos políticos de La Ilustración. Precursor de la antropología y la sociología, construyó un recuento naturalista de las diferentes FORMAS DE GOBIERNO y, más trascendental aún, de las causas de su evolución o limitado desarrollo.

Magistralmente explicó cómo los gobiernos podrían ser preservados de la corrupción y vio en el despotismo, principalmente, la forma en cómo podía surgir un peligro permanente para cualquier gobierno que no fuera despótico, ante lo cual argumentó que era mejor prevenirlo por medio de un sistema en el que diferentes cuerpos ejercen el PODER JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO y en el que ellos tres, estaban enlazados estrechamente por el estado de derecho. Teoría de la separación e independencia de poderes derivada por él a partir del conocimiento de la monarquía parlamentaria británica, que habría de tener eventualmente un enorme impacto en la teoría política liberal y en los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

Para Montesquieu los poderes administrativos ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados y depender unos de otros para que la influencia de cualquier poder no pueda exceder la de los otros dos, ya sea individualmente o en combinación. Fórmula que hoy podría parecer sencilla, pero que fuera cuidadosamente elaborada gracias al genial pensamiento de tan gran filósofo. Escribió: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura se combina la autoridad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Nuevamente, no hay libertad si la autoridad para juzgar no está separada de las autoridades legislativa y ejecutiva. Si se combinara con la autoridad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería ARBITRARIO, pues el juez sería el legislador. Si se combinara con el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar resoluciones públicas». (El Espíritu de la Ley, XI, 6. 1748).

Por nuestro lado, además de recogerse esas premisas en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 es diáfano en señalar que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes».

Montesquieu reafirmó que la libertad era posible cuando los poderes del gobierno eran limitados y que la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, era la mejor forma de alcanzar la libertad y el bien común. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», sentenció. Tiranías que con cierta abundancia han vivido y viven los pueblos latinoamericanos donde la sola mención del Barón de Montesquieu le produce escozor a los déspotas. Personajes que entre menos piensan más hablan, más engañan, más desprecian la institucionalidad, en su camino hacia el vasallaje de los habitantes que, ha sucedido, fueron cómplices de la construcción de ese cuartel de anchos y altos muros.

Por tanto, no puede, no debe, es insólito, es irrespetuoso, es inconstitucional, que el presidente de uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aprovechando una visita protocolaria a la sede del Poder Judicial, emitiera palabras que lo hicieron ver cual si fuere el presidente del Poder Judicial que le acogiera como visitante. Expresiones efectistas remanentes de una campaña electoral recién concluida, en que uno de los pilares fuere desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Peligrosa acción que se hace todavía más peligrosa, cuando provoca expresiones de apoyo desde los sectores especialmente fanáticos a quienes el presidente Chaves dirige su mensaje, y que quizá lo retroalimentan para que siga adelante con esa especial “cruzada”.

¡Claro que hay aspectos del Poder Judicial que hay que corregir! Como los hay también en los otros dos poderes de la República, si aspiramos a tener una sociedad justa, sólida institucionalmente, libre de corrupción de cuello blanco y camisetas, solidaria primordialmente con los miserables en miseria extrema que podrían llenar holgadamente unas quince veces el Estadio Nacional. Ni pretendemos ni quisiéramos ocultar esa dolorosa realidad, reflejo de la creciente desigualdad que excluye cada día más a los habitantes del tugurio.

Pero, asimismo, es nuestro deber alertar acerca de lo que ha sucedido para que, ¡ojalá! no se repita ni una vez más. Existen los mecanismos institucionales para corregir lo que haya que corregir, y existen también, al interno de los tres poderes del Estado, los compatriotas dispuestos a esa tarea mayor, sin que se den interferencias indebidas. Cuando a fines de 1995 un ministro de Seguridad Pública llevó marchando hacia la sede del Poder Legislativo a motociclistas uniformados, caballistas de la policía montada y 207 policías armados con fusiles M1, para supuestamente solicitar la aprobación de unas reformas penales, 54 diputados de todas las fracciones de entonces solicitaron la destitución del responsable, pues fue evidente para ellos la injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El hecho no se volvió a repetir pues la respuesta enérgica de los legisladores fue clara y contundente. Ahora, quien llamó la atención al presidente del Ejecutivo, fue su igual, el presidente del Judicial, como era su deber, pues no se podía desdeñar lo sucedido. Y no fue por un asunto personal, como algunos han sugerido, ni se trató de que el Dr. Fernando Cruz “se rasgó sus vestiduras”, como dicen otros, aunque seguramente ha de haberle dolido lo que provocara el presidente Chaves.