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Etiqueta: política fiscal

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

Escrito en . Publicado en Análisis.

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Mientras el capital gobierne, el pueblo seguirá pagando

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Hay una escena que se repite una y otra vez en nuestro país, “Las pavas les tiran a las escopetas”, los farsantes y manipuladores se roban el “show”, hacen circo y manipulan al pueblo costarricense con falsas promesas.

El gobierno de Rodrigo Chaves 2.0 se autodefine como un supuesto “enemigo” de las élites económicas, habla contra los privilegios y se presenta como la voz del pueblo. Pero cuando llega el momento de gobernar, las decisiones siempre terminan favoreciendo al mismo sector financiero y empresarial que concentra la riqueza del país, mientras las cargas recaen sobre quienes viven de su trabajo. Esa es la verdadera hipocresía, el discurso cambia, la estructura de poder permanece intacta.

Cada reforma fiscal, cada intento de trasladar impuestos al consumo, cada congelamiento salarial, cada debilitamiento de los servicios públicos y cada ataque a la organización sindical terminan protegiendo el mismo modelo económico. Un modelo donde la riqueza producida por millones de trabajadores termina concentrándose en pocas manos, mientras el pueblo recibe salarios de hambre, servicios públicos deteriorados y un costo de vida cada vez más alto.

Sin embargo, tampoco basta con creer que el problema se resolverá únicamente aprobando algunos proyectos de ley para combatir la evasión o haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Esa es la enorme limitación de la propuesta que presenta el Frente Amplio.

Por supuesto que combatir la evasión y la elusión fiscal es necesario. Nadie puede defender que los grandes capitales sigan ocultando fortunas mientras el pueblo sostiene el Estado con impuestos indirectos. Pero convertir esa lucha en el centro de toda una estrategia política significa aceptar que el capitalismo puede corregirse desde adentro y que el Estado, construido históricamente para garantizar la reproducción del propio sistema, terminará disciplinando a quienes concentran el poder económico.

La experiencia demuestra exactamente lo contrario.

Los grandes grupos financieros y empresariales no dominan únicamente porque evaden impuestos. Dominan porque controlan buena parte de la economía, influyen sobre las instituciones, financian campañas políticas, moldean la opinión pública y condicionan las decisiones fundamentales del Estado. Pensar que esa correlación de fuerzas puede transformarse únicamente mediante reformas parlamentarias es sembrar expectativas que difícilmente podrán cumplirse por sí solas.

Mientras el gobierno protege los intereses del gran capital y el reformismo deposita su esperanza en nuevas regulaciones, el pueblo sigue esperando respuestas que nunca llegan.

La historia de Costa Rica, como la de tantos pueblos, demuestra que las grandes conquistas sociales nunca nacieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de la generosidad de las élites económicas. Fueron producto de la organización popular, de la movilización social y de la capacidad del pueblo para convertirse en un sujeto político con fuerza propia.

Por eso la tarea más urgente no es confiar ciegamente ni en un gobierno que administra el modelo neoliberal ni en la ilusión de que unas cuantas reformas fiscales bastarán para humanizar un sistema construido sobre la brutal explotación de la clase trabajadora, la tarea es mucho más profunda.

Hay que reconstruir la organización popular desde los barrios, las comunidades, las provincias, los centros de trabajo, las universidades, el campo y cada espacio donde hoy el pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que concentra riqueza para unos pocos y precariza la vida de las grandes mayorías. Comunidades organizadas y luchando, es la tarea fundamental para esa construcción desde abajo.

Ningún cambio verdadero será obra de un caudillo, de una bancada parlamentaria o de un tecnicismo jurídico. Los cambios profundos siempre nacen desde abajo, cuando el pueblo organizado deja de pedir permiso para defender sus intereses y comienza a disputar el rumbo del país. La acción política también debe buscar cumplir esa tarea, «teoría y práctica» decimos los comunistas.

Esa diferencia la marcaban los diputados comunistas, la curul era el espacio que utilizaban para hacer propuestas a favor del pueblo que marcaban la diferencia, luego se ponías las botas, se subían las mangas y se plantaban junto al pueblo en la lucha por sus derechos. La alfombra roja quedaba para otros, no para los comunistas. Así que, Rodrigo Chaves, deje de vender humo de una supuesta «lucha» contra comunistas.

El pueblo es, ayer como hoy, la única fuerza capaz de enfrentar el poder del capital y abrir el camino hacia una transformación estructural de la sociedad, la construcción de una verdadera democracia popular.

24 de julio 2026

La economía jaguar y el engaño de la canasta básica y el nuevo paquetazo fiscal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

El reciente anuncio del ministro de Hacienda —quien dicho sea de paso ya parece que no disimula su papel de presidente de facto— sobre la propuesta (amenaza) de la eliminación de exenciones en la canasta básica bajo el argumento de que “los ricos también consumen estos productos” suena, a primera vista, a una medida de justicia distributiva. Sin embargo, al aplicar el rigor del cuestionamiento crítico, lo que emerge es una peligrosa contradicción en la política fiscal.

Si el gobierno esgrime como gran logro la “economía jaguar”, ¿cómo explicamos que el reciente informe del FMI señale una caída en la recaudación fiscal persistente desde el 2022? La narrativa del crecimiento económico parece chocar con la realidad de las arcas públicas. La solución propuesta —cargar más el costo de la vida— es, en esencia, una huida hacia adelante que repite viejos vicios.

¿Se devolverá este 12% extra o el 13% completo de costo a los quintiles más pobres, tal como se prometió en campaña devolver el ROP? La historia de las promesas incumplidas genera una sospecha legítima. Al cargar el peso de la recaudación nuevamente sobre la clase media y trabajadora, no solo se atenta contra la movilidad social, sino que se crea un terreno fértil para la informalidad, la evasión por desesperación y, finalmente, la delincuencia por necesidad.

La solución progresiva que se niegan a implementar por cuidar a los más ricos

Existe una alternativa. Mientras la OCDE sugiere avanzar hacia la Renta Global —un sistema donde toda la renta de una persona se suma para pagar impuestos según su capacidad real, evitando la segmentación que permite elusión—, este gobierno opta por gravar el consumo de productos de primera necesidad —incluso reduciendo la lista que conforma la Canasta Básica— que es el impuesto más injusto para quien menos tiene. La pregunta no es cómo sacarle más a la canasta básica, sino por qué seguimos evitando un sistema tributario moderno, progresivo y eficiente.

¡Aunque Ud. No Lo Crea!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fue un gran engaño, un delito impune, un maltrato brutal, cometido por gobernantes contra decenas de miles de maestros y profesores que por muchos años cotizaron unas cuatro veces más para su fondo de pensiones, que lo que cotizan los trabajadores afiliados al fondo de pensiones de la Caja.

Se estima que, si el gobierno hubiera pagado su parte como patrono, ¡y hubiera respetado el dinero de ese fondo de los educadores!, lo capitalizado habría superado la cifra de cinco billones de colones. Pero como los ministros de Hacienda encontraron muy fácil, meter la mano en el bolsillo de los trabajadores del magisterio para gastarlo ¡en quién sabe qué!, cuando a los profesores que habían venido cotizando confiados en la honradez de los gobernantes, les llegó el momento de jubilarse, se encontraron con que ¡no había ni un colón disponible de lo aportado por 30 o 40 años de su vida laboral! Su fondo de pensiones había sido literalmente robado por autoridades hacendarias desde el momento en que se creó por ley. Así, al haber desaparecido las sumas altas que los educadores habían arrancado de sus salarios mensuales, con la esperanza de cubrir adecuadamente sus necesidades como adultos mayores, al Estado no le quedó más que apechugar con el delito cometido, forzándose a tomar del Presupuesto General de la República, los montos necesarios para cumplir con las pensiones de los profesores que se iban sumando al grupo de jubilados al final de muchos años de esfuerzo.

Lo que ha pasado luego es difícil de creer para los que, por años, han sido bombardeados por una infame campaña anti-magisterio nacional. A ellos les rogamos su atención. Resulta que lejos de admitir su responsabilidad con las acciones antijurídicas, ciertos gobernantes, paradójicamente, han desarrollado una campaña de insultos contra las víctimas del gran robo. En medio de ella, y con una opinión pública así desinformada, con el fin de disminuir los montos mensuales que el gobierno hubo de asumir, se aprobaron leyes populistas con el cuento de que eran pensiones «de lujo», usando como ejemplos a un grupito de funcionarios que (antes de eliminar ese abuso) sin ser profesores como actividad principal, se pensionaban con salarios del cuerpo diplomático, por ejemplo.

A consecuencia de tales leyes populistas, los montos de pensión sustentados en las cotizaciones legales, mediante artificios amañados, fueron rebajadas a la mitad, cual si los principios constitucionales de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos de buena fe, no existieran para el gremio de educadores. Atropello que deja de lado otra realidad desconocida: ¡Los pensionados del magisterio siguen cotizando para la CCSS y pagando impuesto de la renta, cual si fuesen asalariados y no pensionados!

Ahora bien, ¡Aunque Ud. No Lo Crea!, como exclamaría Robert Ripley, en este preciso instante se está tramitando otro proyecto de ley que, de aprobarse, disminuiría aún más las pensiones de los que, reiteramos, cotizaron unas cuatro veces más que los trabajadores afiliados a la Caja. Sus proponentes gubernamentales pretenden que las pensiones del magisterio sean similares a las del Seguro Social. Proyecto de ley indudablemente injusto, insensato, hasta cínico, pues desconoce el desfalco de más de cinco millones de millones de colones y otros incumplimientos legales avalados por tribunales de justicia, que, saliéndose de su ámbito de acción, han dicho «que no puede desconocerse la situación fiscal del Estado», mientras cierran ojos y mentes al panorama completo que no puede desdeñarse, que en el marco de los Derechos Humanos, está afectando emocional y financieramente al grupo casi indefenso de adultos mayores, que una vez creyeron…

Conozco la situación pues soy uno de ellos.

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El secretario de Prensa de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, cuestionó la política económica impulsada por el Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan nuevas medidas fiscales que afectarían a personas trabajadoras y pensionadas.

Según manifestó, durante los últimos años se presentó la gestión económica de la actual administración como un modelo exitoso; sin embargo, considera que las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencian una realidad distinta para amplios sectores de la población.

Durán afirmó que entre las medidas que podrían plantearse se encuentran cambios en las condiciones de los regímenes de pensiones, la aplicación de nuevos cobros a personas pensionadas, modificaciones relacionadas con la canasta básica y decisiones que, a su juicio, trasladarían mayores cargas económicas a la población trabajadora.

El dirigente sindical sostuvo que estas eventuales medidas tendrían repercusiones tanto para el sector público como para el sector privado y cuestionó a quienes respaldaron la continuidad de la política económica gubernamental.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad política del Gobierno para impulsar nuevas cargas tributarias o medidas de ajuste fiscal, señalando que la población podría exigir explicaciones ante posibles afectaciones económicas adicionales.

Durán concluyó que las recomendaciones recientes vinculadas a la situación fiscal y económica del país ponen en discusión la narrativa oficial sobre los resultados de la gestión económica y obligan a un debate público sobre quiénes asumirán el costo de las futuras decisiones fiscales.

FEES: más allá del porcentaje, una disputa por legitimidad y financiamiento real

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por: Tiryth María Vindas Campos
Estudiante Universidad de Costa Rica

El debate sobre el financiamiento universitario en Costa Rica no puede reducirse a la discusión coyuntural de un posible 0% de aumento al FEES, sino que debe entenderse como parte de una tendencia sostenida de deterioro relativo. Aunque en términos nominales el presupuesto ha seguido creciendo —por ejemplo, un 2% en 2025 y un 1% en 2026—, distintos análisis muestran que estos incrementos han sido insuficientes para compensar la inflación, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo del sistema universitario.

Este punto es central: el problema no es únicamente si el aumento es 0%, 1% o 2%, sino que el financiamiento real de las universidades públicas se ha venido erosionando. Bajo esta lógica, aceptar incrementos marginales o nulos refuerza una narrativa peligrosa: que las universidades pueden sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.

Sin embargo, la evidencia institucional indica lo contrario. El FEES financia un sistema que en 2026 supera los ₡593 mil millones, destinado a sostener funciones sustantivas como docencia, investigación y acción social en cinco universidades públicas.  Reducir su crecimiento real implica tensionar directamente estas funciones, afectando la formación de profesionales, la generación de conocimiento y los servicios que el sistema universitario presta al país.

En el plano político, la coyuntura es particularmente compleja. La negociación del FEES ha mostrado un aumento en la conflictividad —como ocurrió en 2025, cuando la Asamblea Legislativa tuvo que intervenir ante la falta de acuerdo— y en 2026 parte de escenarios fiscales restrictivos, incluso con referencias a inflación cercana a cero.  Esto reduce significativamente el margen de maniobra de las universidades en la negociación.

No obstante, cualquier estrategia de defensa del FEES enfrenta un límite estructural: la legitimidad social. Las tensiones internas, cuestionamientos públicos y percepciones de ineficiencia debilitan la capacidad de las universidades para posicionar su demanda como un interés país. En ese sentido, sostener una defensa puramente institucional del presupuesto resulta insuficiente.

Por ello, el desafío no es solo financiero, sino político: reconstruir legitimidad para sostener la demanda presupuestaria. Esto implica abrir un diálogo más directo con la sociedad, transparentar debilidades y explicar con claridad qué está en juego cuando se reduce el financiamiento universitario.

El escenario actual combina tres elementos:

1. Deterioro real del financiamiento, pese a aumentos nominales.

2. Condiciones políticas más restrictivas para la negociación.

3. Déficit de legitimidad que limita la capacidad de presión.

Sin abordar estos tres niveles de forma simultánea, la discusión sobre el FEES —sea 0% o cualquier otra cifra— seguirá resolviéndose en desventaja para el sistema universitario público.

Contra el neoliberalismo: Una necesaria reorientación de la política opositora en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 9 marzo de 2026

Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.

Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.

No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.

Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, las emisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.

La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.

El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.

Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño

No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.

Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.

Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.

La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.

Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.

Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.

No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.

¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.

Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.

En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.

La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.

No funciona allá, ¿funcionará aquí?

A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?

Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.

En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.

Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.

Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.

“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.

Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.

“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.

El fracaso de la oposición

Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.

Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.

FIN