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Etiqueta: política

El gran capital después del 7 de noviembre

Oscar-René Vargas 26 de octubre de 2021

Observar con cuidado, esconder nuestras capacidades, esperar nuestro tiempo, debe ser la síntesis de la estrategia en la lucha en contra de la dictadura Ortega-Murillo.

  1.     Después de 43 meses de crisis, el pacto Ortega-Murillo con gran capital se mantiene y por extensión su subordinación política a la dictadura, lo que constituyó una puñalada trapera a la rebelión de abril-2018; a la concreta el régimen mantiene vigentes todos los beneficios que permite las ganancias extraordinarias de las elites empresariales y financieras.
  2.     El poder tiene completa claridad de sus intereses. El poder está a la vista: la dictadura, el capital, las empresas trasnacionales, los banqueros y el ejército. Ortega impuso el capitalismo neoliberal de compadrazgo y se produjo un paso libre a la confusión, la mentira, el fraude y la corrupción.
  3.     El escenario post farsa electoral pone en la picota la cohesividad futura del COSEP y, más que nada, obliga a un replanteamiento estratégico de la política del gran capital que tiene un pie en el pacto económico-político con el régimen Ortega-Murillo y otro pie económico-estratégico con Estados Unidos/CAFTA, contradicción que ha puesto en riesgo de fractura a su propio cóccix. El COSEP trata de resolver esa contradicción con el silencio protector de la sociedad de caretas, pero no puede esconder su pasado colaboracionista.
  4.     El devenir del COSEP dependerá de la correlación de fuerza nacional e internacional que prevalecerá después de la farsa electoral. Después del 7 de noviembre el gran capital tendrá que definir su destino, aunque mantenga su política que en boca cerrada no entran moscas. No se trata solamente de miedo, sino de voltear a ver hacia otro lugar cuando la violencia la viven, de una manera u otra, todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Con su silencio solapa cualquier acto de violencia perpetrado desde el régimen que, con sus tentáculos represivos criminaliza cualquier manifestación de denuncia y resistencia que lleven a cabo la población.
  5.     Ni los empresarios ni los banqueros desean tomar partido en el proceso de deslegitimidad cada vez más ascendente que sufre Ortega-Murillo guardando silencio sobre el tema de la represión contra la población y la farsa electoral, debido a su enorme dependencia e intercambio económico/comercial que mantiene con los miembros de la “nueva oligarquía”; mientras tanto, prefieren ceder cómodamente, a la dictadura, la cobertura de su seguridad empresarial.
  6.     ¿Cómo quedará la nueva estrategia de cooperación entre el empresariado con la dictadura, de doble carácter tanto económico como política/represiva? Pareciera que están apostando todo a la permanencia del “orteguismo con Ortega” en el poder en el período 2022-2026. La “familia” se ha convertido en una pieza clave para los sectores más influyentes del gran capital.
  7.     Todo parece indicar que los poderes fácticos bancario y empresarial buscarán fortalecer su posición económica comercial demostrando su falta de una autonomía estratégica y su ausencia de una estrategia de desarrollo. No se puede soslayar su dependencia del pacto y el peligro que corren ante el posible descarrilamiento del régimen por la notable ausencia de vientos favorables para la economía nicaragüense, lesionándose a sí mismo al proseguir con una agenda que no tendrá un efecto favorable, en el mediano plazo, a sus intereses ni utilización óptima del recurso potencial del país, es decir, sin despilfarrar ni malbaratar.
  8.     Sea como se quiera observar, el aislamiento internacional del régimen y la pérdida de base social, ha hecho que algunos analistas señalan una acelerada crisis de su hegemonía, especialmente cuando en el horizonte se expresa que la farsa electoral incrementa su ilegitimidad. La dictadura y la democracia son incompatibles. Esta situación, sin embargo, no se puede catalogar que su caída sea algo inminente, dado el apoyo de los poderes fácticos internos (ejército, policía, sectores de la cúpula del gran capital y políticos comparsas), pese a ello, tal declive es irreversible.
  9.     Nicaragua ha dejado de ser un lugar atractivo para la inversión extranjera y empresarios locales y centroamericanos por la radicalización de la dictadura y ausencia de respeto a las leyes, al debido proceso legal y a los derechos humanos. Es decir, se vive una decadencia de los valores de la libertad y la democracia.
  10.   Se avecina un tiempo nuevo. La farsa electoral marcará un punto de inflexión simbólico con los años precedentes. El mayor aislamiento internacional y la pérdida paulatina de su base social serán factores claves que moldearán la política futura del país, todo apunta que el período 2022-2026 será agitado, peligroso y muy poco propicio para la consolidación de la dictadura.
  11.   La elite empresarial nicaragüense parece no haber despertado de la realidad de que Ortega-Murillo no se acomodará a los valores democráticos. No se trata de algo coyuntural, sus raíces son profundas. El deseo de mantener su hegemonía es el principal combustible de su política y prevalece sobre cualquier otra consideración. En lo sustancial, Ortega-Murillo y los poderes fácticos comparten diagnóstico sobre el contexto actual y en lo sucedido en los últimos años, que, vistos en perspectivas, conforman la base de sustentación de la estrategia de “el poder o la muerte”.
  12.   La permanencia de Ortega en el poder, más de tres años después de abril-2018, no se explica sin el concurso del gran capital. Desde mayo de 2018, el gran capital ha sido un socio comercial, económico, político y estratégico clave para que la dictadura se mantuviera en el poder. Hasta hace bien poco, este proceso era percibido como mutuamente beneficioso y se asumió que el crecimiento económico conduciría de forma casi natural y mecánica a una nueva correlación de fuerza favorable a las elites empresariales.
  13.   Hoy, resulta evidente que Ortega camina en otra dirección. Conviene tener presente que para Ortega la alianza con el gran capital siempre ha sido un medio para garantizar la supervivencia del régimen, no el preludio de una transición democrática, en ningún caso la desaparición de la dictadura. En el diálogo convocado por la dictadura, Ortega va a ofrecer mucho y cumplir poco.
  14.   De ahí que las protestas de abril-2018 actuaron como advertencia para Ortega de los riesgos existenciales que acompañaban dicha alianza por el incremento de la desigualdad social acompañada con la represión política. Asimismo, del aplastante aislamiento internacional y de la pérdida de base social, Ortega extrajo lecciones inquietantes: no detenerse, no retroceder en incrementar el control dictatorial sobre la sociedad y los grupos de poder, léase gran capital, lo explicaría la presidencia del César Zamora en el COSEP con el beneplácito de Ortega.
  15.   Influenciado por el análisis cubano-venezolano, Ortega considera que el afronta un período de cambio histórico y profundo, coincidiendo el declive de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y de su capacidad de proyectarse globalmente. Análisis que le da confianza a Ortega, de que el nuevo orden mundial tripolar le da un margen de maniobra y que ni las sanciones de la Unión Europea ni de los Estados Unidos lo pueden derrocar.
  16.   De igualmente, piensa que producto de las derrotas de Estados Unidos en Afganistán, Siria e Irak y por la crisis interna de la sociedad norteamericana limita la posibilidad de una mayor injerencia efectiva estadounidense en la política nicaragüense; por lo tanto, sin capacidad de cambiar drásticamente la correlación de fuerzas internas en Nicaragua. Conviene no perder de vista que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han actuado, en el caso de Nicaragua, de manera reactiva la política sin reglas que ejecuta Ortega.
  17.   La estrategia de Ortega es que quiere ser considerado, por los Estados Unidos, como un actor estratégico a nivel centroamericano. Su estrategia es transformarse, para los norteamericanos en un factor importante y necesario en el tablero político centroamericano. Ortega ya no esconde que su estrategia es “el poder o la muerte”, pero esto no es sinónimo de transparencia.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Imagen de cabecera tomada de https://twitter.com/bonilcaricatura/status/1404110603195715585

Conferencia de prensa de cierre del XII Encuentro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!

El pasado 22 de octubre, se desarrolló la conferencia de Clausura del XII Encuentro Regional Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!  

En el espacio se dio a conocer, desde un posicionamiento centroamericano, las demandas y propuestas de la región para hacerle frente a la crisis climática, así como un resumen sobre las inequidades sociales del sistema y la necesidad de cambio de diferentes áreas políticas de la región.

Puede observar la conferencia completa en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/CentroamericaVulnerable/videos/602920967506389/ 

Ley 9796: cuando la política tergiversa lo técnico, sale un proyecto irresponsable y sin visión

Virginia Sánchez Molina
Jorge García Hidalgo
Hernán Alvarado Ugarte
Francisco Esquivel Villegas

En el tema de pensiones abundan los errores de bulto. So pretexto de unas cuantas pensiones altas que algunos obtuvieron aprovechando portillos legales, la legislación reciente atropella derechos fundamentales y patrimoniales adquiridos y garantizados legalmente de miles de personas que cotizaron toda su vida para obtener una pensión digna.

Con la excusa del déficit fiscal ahora el Estado pretende brincar la Constitución y las leyes específicas antes acordadas y aprobadas, afectando severamente el proyecto de vida de quienes siempre han pagado puntualmente sus impuestos y todos sus demás deberes. O sea, se legisló, una vez más, a favor del más fuerte e irresponsable, tal como se demuestra a continuación.

Los graves incumplimientos del Estado

Los errores de la legislación se multiplican cada vez que la «política» pasa por encima de lo técnico y que lo fiscal se usa como pretexto para evadir deberes irrenunciables del Estado. Nada puede estar por encima de la Constitución que representa hoy el pacto de concordia de 1949. Pero así sucede con la ley 9796, que se contradice a sí misma, de fondo y propósito.

Según el artículo 73 de nuestra Constitución Política, todo seguro social debe estar regulado “por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores”, como se estableció con la ley 2248 que creó el Régimen de Jubilaciones del Magisterio Nacional en 1958. Sin embargo, ese sistema tripartito no se cumplió; porque los educadores aportaron, pero el Estado no, ni como tal ni como patrón. Este doble incumplimiento generó fracturas financieras que condenaron a una parte importante de las pensiones del Magisterio al déficit estructural.

En efecto, el Estado nunca puso ninguna de las dos partes que le tocaba para crear el Fondo que mandó la ley 2248 y que debía administrar la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio. El Fondo se había previsto para pagar de manera solidaria la pensión de los educadores, causando así una primera fractura. Las cuotas pagadas por los educadores tampoco se utilizaron para constituirlo. El Estado las desvió para financiar otros gastos de operación, violando flagrantemente el artículo 73. Ese desfalco de cuotas ajenas produjo la segunda fractura en el régimen del Magisterio Nacional.

El golpe de gracia

Cuando este déficit causado por el mismo Estado fue evidente se aplicaron algunos correctivos que resultaron insuficientes. El cambio más importante fue la ley 7531 de 1995. Esa reforma repartió a los trabajadores de la educación en dos grupos. En el primero, se ubicó a los educadores más antiguos, creándose el régimen transitorio de reparto (RTR). En el segundo, se ubicó a los restantes, estableciéndose el régimen de capitalización colectiva (RCC). Esa división del régimen inicial generó la tercera fractura financiera porque redujo la base contributiva del RTR, el cual perdió miles de cotizantes que pasaron al RCC. Eso disminuyó sus ingresos, dándole el golpe de gracia que se sumó a las dos fracturas anteriores. Además, esta ley eliminó la mención al Fondo establecido por la ley 2248 dejando sin sustento el artículo 73 de la Constitución.

La irracionalidad, desproporción y regresividad de la ley

El RTR arrastró ese vacío legal causado por la ley 7531, así como las fracturas mencionadas, por 25 años. Pero en vez de asumir responsablemente y resolver eficazmente el problema, en noviembre del año pasado se aprobó la ley 9796. Con ella se hace más rigurosa la cotización solidaria, establecida originalmente en la ley 7531. Para eso, se cambió el límite mínimo a partir del cual se aplica la contribución. Éste pasó de 4 millones a 2,2 millones, lo que significa una reducción antojadiza del 45%. Es un cambio exagerado que no se fundamentó técnicamente.

Por otro lado, la improvisación de esa ley fue tal, que sólo es aplicable a las pensiones intermedias, mientras se vendió la idea de que reduciría las pensiones más altas. En efecto, una combinación de factores legales, hacen que la “fórmula” de la ley recaiga sobre las pensiones intermedias (entre 2,2 y 5 millones). Se produce así una aberración que se muestra en la siguiente figura. Dicha ilustración indica que la ley 9796 generará una “curva de regresividad”. Ahí se puede observar que las pensiones menores a 5 millones (barras amarillas) pagarán una cotización creciente. Las que superan ese monto y hasta 9 millones (barras celestes) aportarán, pero decrecientemente. Mientras que las pensiones superiores a los 9 millones (barras rojas) el aporte resulta negativo, es decir, más bien aumentan. Parece extraño, pero es consecuencia de ese adefesio jurídico que contradice sus propios objetivos y fines; absurdo que niega los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad. Afirmar que esta ley combate las pensiones altas es un error, por el contrario, las hace más altas. El presidente, los diputados y muchos periodistas le deben una explicación a su auditorio.

Todo por un pellizco

La ley 9796 tomó un camino equivocado que fue advertido oportunamente por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. La ley no soluciona la falta del Fondo de Pensiones, pero causa una debacle financiera en miles de hogares costarricenses, al reducir arbitrariamente, sin estudios actuariales, las pensiones intermedias, de 2,2 a 5 millones, afectando de manera perversa el patrimonio de los jubilados.

Pero lo más grave es que el impacto de la ley no es significativo. Así fue ratificado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) cuando envió su opinión a la Comisión Legislativa que estudió el proyecto de ley. En ese documento, la SUPEN reconoce que el “ahorro” sería absolutamente irrelevante en cuanto a la proyección del gasto en pensiones del régimen de reparto, hasta el año 2106. O sea, en 85 años las finanzas del RTR no tendrán impacto relevante alguno derivado de la ley 9796.

En suma, se ha afectado gravemente los derechos de los pensionados del RTR para generar un resultado fiscal insignificante. Y quienes se habían creído el cuento de que se recortarían las pensiones altas pueden sentirse defraudados. No se produjo eso, pero se afectó sensiblemente las pensiones intermedias, menores a 5 millones.

Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com/el-autogol-politico-9796-pensiones/129090/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas alternativas a la prisión para siete personas presas políticas en Nicaragua

SURCOS comparte la siguiente información:

  • La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a siete personas detenidas y encarceladas en meses pasados, todas reconocidas opositoras al gobierno. Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Jorge Hugo Torres integran el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos); Arturo José Cruz es precandidato presidencial del partido Alianza Ciudadana; y Luis Alberto Rivas es integrante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). La resolución puede consultarse aquí: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_71-21_mc_593-21,%20665-21%20y%20680-21_ni_es.pdf

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Téllez, Vijil, Barahona, Torres y Tinoco, la resolución retoma aspectos importantes sobre la situación de las personas beneficiarias y sobre el contexto nicaragüense actual.

A continuación, ofrecemos algunos de estos párrafos (los destacados son nuestros):

  • La CIDH “señala que la situación de las personas propuestas como beneficiarias no se trata de una situación aislada, sino que forma parte de una práctica de detenciones arbitrarias, criminalización de personas opositoras y defensoras de derechos humanos”. “Al respecto, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares y la Corte Interamericana una medida provisional a personas identificadas como opositoras quienes están privadas de libertad en Nicaragua”.
  • “La Comisión observa que las alegadas situaciones de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias estarían relacionadas con sus perfiles como opositoras al Gobierno”.
  • La CIDH “observa que las detenciones de las personas propuestas como beneficiarias se habrían producido con violencia y presuntamente sin que los agentes policiales hubieran presentado órdenes de detención”.
  • “La Comisión requiere al Estado evaluar la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad atendiendo a la situación particular de las personas propuestas como beneficiarias”.

La Comisión también requiere al Estado que informe sobre el paradero o la ubicación de las personas beneficiarias, considerando que hasta el día 31 de agosto ni las familias ni las representantes legales habían logrado visitar ni contactar a las personas encarceladas.

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

En el filo de la navaja el resultado de las elecciones en Alemania

Por Freddy Pacheco León

El Partido Socialdemócrata está a la cabeza con un 1% o menos sobre la Unión Demócrata Cristiana.

Así, la carrera está muy cerrada como para asegurar un ganador pues el que ocupe el 1er lugar aún deberá asociarse con otros partidos para formar un gobierno. Y en la compleja ecuación que tiene Alemania, es posible que si el partido ganador no logra que otros se sumen, el que quedó segundo podría terminar liderando el país. Sin embargo, con las encuestas a boca de urna, poco tiempo después, los socialdemócratas izquierdistas aplaudieron y corearon “¡Olaf! ¡Olaf! » cuando Olaf Scholz apareció en un escenario.  Sin embargo, el candidato conservador, Amin Laschet, declaró en la sede de su partido que el resultado era “poco claro” y prometiendo intentar formar un gobierno aunque su partido quedara en segundo lugar. En dos platos, todavía NO se sabe quién será el sucesor de Ángela Merkel, si el conservador apoyado por ella o el socialdemócrata.                                              Si ganara la izquierda, Alemania estaría siguiendo el camino que ya han tomado los cinco países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia) que podría inspirar a otros pueblos como los latinoamericanos. 

German Elections: Razor-Thin Lead for Social Democrats https://www.nytimes.com/live/2021/09/26/world/german-elections/

Convocatoria a Comicios 2022. Por la víspera se saca el Día E

Hoy es miércoles de coyuntura y se estará hablando de la “Convocatoria a Comicios 2022 por la víspera se saca el Día E”, con la participación de Patricia Mora: diputada en el periodo 2014-2018, ex ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, socióloga y profesora universitaria y Laura Martínez: directora del Semanario Universidad, periodista y profesora universitaria. 

Podrá participar por medio de las redes sociales o por medio de llamada telefónica. Teléfono: 2234-3233; 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM 

¡Nos escuchamos!

Servicio civil: proyecto de empleo público pulveriza su esencia constitutiva

  • El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante

  • Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.

La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

San José, viernes 24 de setiembre de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

 

La nota original se encuentra en el siguiente enlace: https://anep.cr/servicio-civil-proyecto-de-empleo-publico-pulveriza-su-esencia-constitutiva/

¿Una mala jugada o la jugada que tiene que ser?

Alex García y Daniel Lara

La jugada de Figueres de poner a Rodrigo Arias encabezando la diputación por San José, no es otra cosa que la entrega del control de la Asamblea Legislativa al grupo que lo ha adversado desde siempre.

En este país, el poder real en la gestión de transformar el Estado está en la AL no en el Ejecutivo. Con el grupo de los Arias controlando la Asamblea, y unos cuantos ministros, Arias no necesita a Figueres en la presidencia, cualquiera les sirve, así lo ha demostrado fehacientemente Carlitos Alvarado.

José María Figueres ha puesto en evidencia la debilidad de su liderazgo, la falta de “cuadros “en el PLN para hacer renovación y el gran poder del arismo dentro y fuera del PLN.

Y lo más grave que el poder del sector financiero es el dominante dentro de los poderes fácticos, es decir tenemos nulas posibilidades de frenar a los neoliberales, seguimos de bajada en derechos y en el disfrute de calidad de vida para las mayorías.

Pero sobre todo, queda al desnudo que tanto Figueres como los Arias comparten visiones mutuas, salvo escaramuzas ocasionales. Las velocidades en la profundización del modelo pueden ser distintas pero en el fondo abandonaron hace rato la tesitura del Estado Social de Derecho. 

Con esta alianza de pericos viejos ya las cámaras empresariales y los medios como La Nación tienen partido y candidato. Por algo desde hace meses no atacan al hijo del Caudillo. 

El PUSC, el PAC, los panderetas y los otros derechosos como Eli, Chaves, Otto los ayudarán a construir la escenografía de un concurso democrático por el poder. Al final desde una A.L. fragmentada partidariamente pero unida en lo ideológico terminarán por destruir lo que queda del muro de contención que significó el Estado de Bienestar a lo tico. Vienen por todo lo que queda en pie.

La actual composición de la Asamblea Legislativa, también evidenció que los partidos son mamparas y al final hay liderazgo centralizado que controla y manda en lo importante. En los proyectos neoliberales estratégicos como la Reforma Fiscal y la contra reforma laboral, la administración de CAQ contó con los 45 votos, salvo en el proyecto contra el Empleo público que fue descarrilado por una alianza circunstancial de diputados de varias fracciones.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Imagen de cabecera tomada de https://www.freejpg.com.ar/imagenes/premium/1269271346/votar-ballot-box-simbolo-dibujo

Reflexiones acerca de la recepción de la figura de Don Pepe

Por Jiddu Rojas Jiménez

Me queda claro, viendo ciertas reacciones viscerales en redes, que en el imaginario de la deformación pseudo- progre (y ya no sólo en el Sectarismo de alguna Izquierda trasnochada), Don Pepe, Don José Figueres Ferrer, se convirtió en una especie de nuevo Monstruo, o de cuento de terror, o en un simple figurín de cuento para niños, niñas o «niñes» «tontos» y crédulos… Gente esta última que «no llevó Historia de las Instituciones», se decía en el Cafetín.  Lamentable. 

Un acto irracional de mezquindad y de torpeza política.

Aclaro: No se trata de hacer una Hagiografía tampoco de Don Pepe. No lo necesita. Ni se trata de reescribir la historia científica, a partir de nuevos viejos «Cultos a la personalidad», o de sustituir o disimular sus naturales yerros políticos.

Se trata de la justa y necesaria reivindicación política de su obra y herencia política, que fue un elemento constitutivo fundamental de nuestro imperfecto Estado Social de Derecho.

Pero algo tan obvio, no se puede esconder más. Y ahora, hasta devino en motivo de incordio entre los mismos sectores Progresistas.

Cualquier valoración política que se tenga, al final del día, somos hijos e hijas del Estado Social de Derecho y de la Segunda República. Y el terreno electoral con sus miserias, no debe impedir esta certeza.

Por ejemplo, hablar de «Dictadura» entre 1948 – 1949, cuando hay un gobierno de facto pero que reinicia una Asamblea Constituyente, no sólo es incorrecto técnicamente, sino que es falso. 

¿Ahora resulta que Don Pepe se convirtió como en una especie de figura prohibida o Tabú?

¿Acaso por qué la imagen pública de Don Pepe, se la secuestró antes el viejo PLN Neoliberal?

¿Pero y por qué se la dejan robar así sin más?

¿Y la lucha por la apropiación política e ideológica (como construcción identitaria) desde el campo popular? 

Claro, también es cierto, que la Derecha Neoliberal que penetró al PLN y al viejo Bipartidismo, convirtió a Don Pepe en un falso museo muerto, donde hasta Oscar Arias (su antítesis ideológica dentro del PLN) se podía tomar una foto. Era esperable, ese es su estilo Filibustero.

Lo mismo hicieron, en otros tiempos y espacios, los Fascistas argentinos con el líder popular Perón desde la Triple A, o el PRI de México con la figura de Lázaro Cárdenas, o el Dictador panameño Noriega con Omar Torrijos, o el brutal Abimael Guzmán con el brillante teórico peruano Mariátegui, o Daniel Ortega con Sandino.

Así es la lucha ideológica por construir una identidad política o cultural. Lo peor, sería no disputarla. 

Volvamos a Costa Rica… 

O bien será que esta gente no conoce la figura de Don Pepe, ni su legado nacional, ni el desarrollo de nuestro Estado de Bienestar social periférico, ni su discurso Nacionalista-popular y Socialdemócrata.

O tal vez sólo lo conoció por los estereotipos difundidos contra su persona, desde La Nación SA. y por los medios de la Oligarquía del momento.

¿Una izquierda que le creyó todo a la derecha?

Analicemos más…

Otro genio ilustrado, sugirió por ahí, que hay que contribuir a «sincerarnos (?) ideológicamente» … Ok, suena tentador, pero es una contradicción in situ.

¿Sabrán que son estructuras sociales de larga, mediana y corta duración? ¿Habrán leído la «Ideología Alemana»? Digo…

Y claro, por eso el Sectarismo se legitima como refugio permanente de la izquierda (de nosotros).

Muy «útil» en tiempos electorales. «Recomendado».

Como si la categoría de «ideología» para el pensamiento crítico y el Marxismo y Neomarxismo, no fuese siempre y por definición «falsa consciencia» y un conjunto de representaciones sociales, y no un mero conjunto de opiniones políticas. (Y eso pasa por no leer a Marx, para mejor no hacer ‘Teoría de la Ideología’, y sonar como Louis Althusser). En fin…

También el nuevo sectarismo «Progre» anticomunista (falsamente Progresista) hace lo propio; como igualmente lo hacía, el Sectarismo de cierta vieja izquierda dogmática Posestalinista; o incluso el curioso Sectarismo «academicista» elaborado desde alguna ‘Torre de Marfil’; los tres siempre serán malos consejeros políticos.

Desde el Sectarismo no se construye nada saludable. 

Pero siempre será muy funcional para la avalancha Neoliberal y Neocon Fundamentalista, que se nos viene.

No reconocer sin más, a priori, los méritos políticos incuestionables del Benemérito Don José Figueres Ferrer, obviamente con sus luces y sombras como cualquier líder político, es no entender la dimensión realmente Progresista y profundamente liberadora de la Segunda República de 1949. Reducir sus aportes al llamado «Reformismo Anticomunista», es de una miopía absoluta. 

Lo mismo pasa con el estratégico Pacto de Ochomogo de 1948 aún con sus dolorosos lunares, o antes aún, con las heroicas Reformas Sociales de 1943, apoyadas por la estratégica alianza de Calderón Guardia con Monseñor Sanabria y líder del verdadero PVP histórico, Manuel Mora Valverde y compañeros/as.

Desconocer esos gigantes triunfos populares, es no entender la realidad política de Costa Rica.

Mencionarlos ahora, es un «pecado» parece, y es «políticamente incorrecto » casi. 

Es tan grave, como desconocer la Gesta de 1856-1857 contra la Invasión Norteamericana Filibustera, y su papel en la construcción de la identidad nacional costarricense. (Y sí obvio, esto fue y es un proceso ideológico cargado de representaciones sociales). 

Pero pareciera que el «Sectarismo» de diseño, es ahora cómplice y funcional de la extrema derecha y del avance Neoliberal.

Y así nos quieren, «pocos y bonitos», bien sectarios, embrutecidos, fanatizados, «testimoniales», defendiendo partidillos electorales y no ideas, y dejándole toda la ‘cancha electoral’ a la Derecha Neoliberal y Neoconservadora.

De por sí es «Heteronómica», dirán. (Claro, pero eso no opera como fatalismo, sino determinación instrumental a transformar).

Recetas sectarias van y vienen, bajo la falsa consigna suicida de transformar herramientas teóricas y políticas, en obstáculos para entender la compleja realidad política costarricense. 

Nunca posibilitar un clima social dialógico y racional que permita discutir grandes acuerdos nacionales, ni que oriente sobre la defensa estratégica del Estado Social de Derecho y de nuestras conquistas sociales, o sobre la defensa sustentable del Ambiente, o el avance real en materia de Derechos Humanos, etc.

Disfrazar a la criticidad científica – social, de vulgar mezquindad y de mera pobreza teórica es un arte oscuro… Es organizar sistemáticamente la Desesperanza social.

No se trata de hacer apologías, pero sí de repensar los grandes logros de la Segunda República, los cuales están en grave peligro, frente al inminente avance electoral de la extrema derecha.

Ya nos libramos en las Elecciones pasadas del Fundamentalismo Neocon, sólo para caer en las garras del Neoliberalismo «light» con discurso «Progre» (Nancy Fraser).

Pudo haber sido mucho peor con Fabricio y sus fanáticos…

Mientras, la pobreza, el desempleo y la Desigualdad Social y la falta de Legitimidad democrática, avanzan, junto a la crisis (nacional e internacional), a la Pandemia, y al Populismo de Extrema Derecha.

Las décadas de Neoliberalismo y decepciones electorales lo permitieron, y así estos monstruos sociales reales, se engullen el justo descontento popular …

Pero, atención, todo este justo malestar social, se regurgita como una nueva normalidad violenta, inculta, gratuitamente agresiva, fanatizada, manipulable, desesperanzada, irracional, antivacunas, muy hipermercantilizada, y apátrida pero fascistoide, masificada pero fragmentada.

¡Caute!

La receta hegemónica: Sobre todo lo obvio, dividir y fragmentar y confundir entre semejantes, entre los/las Comunes…

No permitir nunca, una potencial y lúcida subjetividad política popular. Y en términos prácticos electorales, nunca permitir una posible Coalición de Centro- izquierda.

«Vacunarnos preventivamente», pero contra la tolerancia ciudadana, y contra una posible respuesta política popular ante el avance Neoliberal y Neocon.

Está muy claro. Debe haber incluso presiones Geopolíticas. Esa es la «línea», apostar al caos, la anomia y la atomización social. Está opaco el horizonte político nacional. No es hora de mezquindades electorales. Mi opinión. 

¡Avisados y avisadas estamos!

¡Espabilen carajo!

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4138379922937618&id=100002969526277&sfnsn=mo

El poder detrás del trono: medios de comunicación en la política

El pasado 9 de septiembre el APSE realizó el programa Desde La Otra Acera con el tema – “El Poder detrás del trono: medios de comunicación en la política”.

Se contó con la participación de Sebastián Fournier, representante de CONARE ante Comisión Mixta de TV Digital, Luisa Ochoa – investigadora en PROLEDI y CICOM UCR, y Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos del TSE.

Además, se contó con la participación de Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador y ex-diputado, y Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

En las elecciones del 2018 hubo gastos por publicidad electoral de ¢6.204 millones, las 2 empresas más grandes de comunicación del país se dejaron 1 de cada 3 colones de ese dinero. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la política nacional?

Puede ver el vídeo completo del programa en el siguiente enlace: https://fb.watch/7-7NBKS07P/