No pocos analistas en el ámbito mundial tipifican la situación actual como un estado de guerra, no declarada pero real en sus dramáticas consecuencias, ya que posee todas las características de tal; las constituciones política de inspiración ideológicas liberales se han visto superadas por las circunstancias excepcionales que genera esta pandemia planetaria; vivimos en un estado de excepción; en tales circunstancias, Santo Tomás de Aquino afirmaba que la normalidad ética se rompe en aras de mantener el valor fundamental que sustenta la ley natural, cual es el de preservar la vida como valor absoluto. En ese sentido y en forma general, las medidas adoptadas por el gobierno actual a través del Ministerio de Salud y de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están haciendo lo correcto; su liderazgo ha sido con razón y justicia reconocido por la opinión pública nacional e internacional; los funcionarios de esos organismos estatales, lo mismo los de la Comisión Nacional de Emergencias, se han comportado heroicamente; la historia les reservará un lugar de honor. De igual manera, merece destacarse la labor pionera, en el campo de la investigación, emprendida por los(as) científicos(as) de las universidades públicas. El apoyo a la investigación científica de primera línea y al servicio de los mejores valores de la sociedad, constituye el único camino de que dispone la humanidad para lograr sobrevivir; no podemos pensar siquiera en la sobrevivencia de la especie humana, que superar actualmente los 7 mil millones, si no damos prioridad en las políticas y recursos presupuestarios a la investigación científica del más alto nivel; en nuestro caso, la calidad intelectual y ética del personal de nuestras universidades está demostrando con creces que los recursos invertidos en ese campo no son un gasto sino una inversión; aún más, deben verse como un derecho fundamental de nuestro pueblo, porque en ello está en juego la sobrevivencia de las generaciones actuales y futuras.
En donde el actual gobierno parece desbarrar es en sus políticas económicas con directa incidencia en las políticas sociales. Desde sus inicios, el presidente Carlos Alvarado se ha mostrado carente de liderazgo; su retórica suena vacía, por no decir demagógica, proclive a los sectores oligárquicos, los que han impuesto su línea política en defensa de sus intereses de clase; para lo cual, cosa inaudita en nuestra historia política, tienen su vocero oficial en el seno mismo del consejo de gobierno: André Garnier es el poder detrás del trono. Todo lo cual no es más que la férrea aplicación del compromiso adquirido por el entonces candidato Carlos Alvarado ante Edna Camacho, quien lo amenazó con hacerlo perder las elecciones en segunda vuelta si no aceptaba, como punto de partida de su gobierno, lograr que el Congreso aprobara el paquete de impuestos antipopulares del IVA. Durante la campaña, Carlos Alvarado le ocultó al pueblo la verdad, pues habló de impuestos, pero demagógicamente no detalló de cuáles, consciente de que, si el pueblo se hubiese enterado de lo que se trataba, lo hubiesen rechazado masivamente. En ese contexto, a la mayoría de los ciudadanos no les quedó otra alternativa que escoger entre un candidato malo y otro peor.
La clase política costarricense está totalmente desprestigiada, como lo prueba el poco o nulo valor en que la gente tiene a los diputados. Vivimos en un régimen que dejó de ser centralizado y presidencialista para convertirse en uno semiparlamentario; de ahí el creciente protagonismo que los gobiernos locales están logrando; de hecho, un grupo significativo de alcaldes ha protagonizado una especie de huelga en contra del gobierno…¡y la han ganado ampliamente!; las elecciones de medio período, es decir, la separación entre la elección del gobierno central y el local, constituye un avance democrático, pero no suficiente; por lo que considero que la única manera de darle viabilidad a nuestro inestimable régimen democrático es que, desde las organizaciones de base en las comunidades, surjan aquellos liderazgos que hayan mostrado ser honestos y eficientes. Es necesario ir construyendo una democracia directa y participativa, de modo que la voz del pueblo sea escuchada. De esta manera, la crisis actual será vista por la historia como el salto hacia nuestra plena madurez como pueblo soberano.
Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables
Sergio Reuben Soto.
Sergio Reuben Soto
Presentación
I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.
Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.
Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.
Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.
II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.
De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.
No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.
Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.
El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.
La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.
Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.
Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.
Propuesta de ejes principales
1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.
2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.
3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)
4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.
5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.
6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.
7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.
8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.
9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.
10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.
