Alberto Salom Echeverría
1.Lo primero que nos tenemos que plantear para lograr un desarrollo justo y equitativo.
Ningún país de la Tierra en la actualidad puede aspirar a un auténtico desarrollo económico y social equitativo y perdurable, sin plantearse con seriedad una política de desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza; algunos se refieren a ella como una que sea ambientalmente sostenible.
La razón es muy sencilla, el cambio climático y el calentamiento del Planeta, se han convertido probablemente en las únicas manifestaciones globales indiscutibles. Ni siquiera estamos en capacidad de afirmar que ocurre lo mismo tras el desarrollo de la informática a causa del portentoso crecimiento de la ciencia y la tecnología; este último no abarca en realidad a todas las naciones de la Tierra, ni dentro de cada una de ellas a todos los sectores sociales. En este sentido se afirma que la “globalización” de la información y de las comunicaciones (uno de los efectos más abarcadores del progreso tecnocientífico), ha resultado inmensamente desigual e injusto: la brecha que separa a las naciones ricas de las pobres es hoy inmensamente mayor que nunca; la distancia entre las clases opulentas y los sectores sociales vulnerables al interior de cada país posee igualmente, dimensiones más grandes y colosales que en cualquier otra época de la historia humana.
O sea que, antes de haber logrado alcanzar un desarrollo más justo y equitativo, sostenible y sustentable, merced al sistema productivo propiciado por el ser humano, vivimos la globalización de la contaminación del medio ambiente a causa principalmente de la producción de hidrocarburos, y con ello nos tenemos que enfrentar a la desaparición de muchas especies marinas y terrestres, la grave afectación de los ecosistemas y un largo etcétera. Como ha dicho Roberto Aramayo, especialista en ecología social: “Los datos alarmantes van acumulándose desde hace mucho tiempo. Algunas especies van desapareciendo al modificar su entorno. Pavorosos incendios arrasan terrenos que arden como la yesca por una pertinaz sequía. Tifones y vientos huracanados arrancan todo cuanto encuentran a su paso […] Las inercias de nuestras costumbres, aliadas con los intereses económicos de grandes corporaciones, nos impiden afrontar una emergencia climática que no admite más demoras. No escuchamos a los movimientos que intentan sensibilizarnos y lo pagaremos muy caro.” (Cfr. Aramayo, Roberto R. “Por qué negamos las evidencias del cambio climático y la desigualdad social?”. Nueva Tribuna, 31 de agosto, 2022.)
2. El Petróleo en México.
El petróleo ha sido un combustible que le ha servido a México desde hace mucho tiempo, para impulsar un pujante desarrollo económico, sin poder evitar por eso, la enorme polución y contaminación ambiental que es observable en algunas de las principales ciudades de México.
El 18 de marzo de 1938 el presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo, por parte del Estado mexicano que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria.
A partir de ese momento, el modelo de explotación del hidrocarburo estuvo sustentado sobre los hombros de una gran empresa estatal, cuyo decreto de creación ocurre el 7 de julio del mismo año y fue publicado el 20 de julio; la empresa desde sus orígenes llevó el nombre de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como PEMEX.
Con el tiempo la empresa creció exorbitantemente, lo que trajo como consecuencia un enorme gasto público para su sostenimiento, tanto en lo que atañe a la inversión en el recurso humano, como para sufragar el costo de la infraestructura necesaria para toda la logística y operación de la empresa estatal. Adicionalmente, hay que decir que fruto de la concentración del poder político en el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), se produjo una enorme corrupción en la amplia cúpula de la empresa y en políticos empresarios que provenían o eran afines al PRI; todos los cuales no dejaron de fagocitarse (o tragarse) la misma para beneficio particular por medios ilegales que, generalmente quedaron impunes. Este hecho impidió que los rendimientos de la empresa pudiesen cumplir cabalmente con la misión para la que había sido creada, a saber, financiar la política social de manera que contribuyera a un desarrollo equitativo de la sociedad mexicana.
3. Los aires neoliberales de la política privatizadora de Peña Nieto.
En el 2004 la producción de petróleo en México alcanza su pico más alto, dentro del mismo esquema de estatismo y burocracia corrupta. A partir de entonces, tanto por estas razones estructurales de la matriz productiva como por las oscilaciones de los precios del crudo en el mercado internacional, la producción de petróleo tendió a decrecer; mientras tanto, los rendimientos continuaron concentrándose en la cúpula del poder y de los políticos empresarios y la corrupción carcomió cada vez más los cimientos de PEMEX.
Cuando asciende al poder el empresario y político Enrique Peña Nieto en el 2012 (no sin serios cuestionamientos de fraude electoral), se aboca a implementar una reforma aperturista para nuevas exploraciones y producción de petróleo, concitando el apoyo de los tres partidos mayoritarios tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD.
Tal conformación política le confiere a Peña Nieto inicialmente la mayoría necesaria en el congreso y en el senado, para impulsar una reforma significativa a La Constitución encaminada a abrirle las puertas al capital extranjero y nacional, sin los cuales juzgaba Peña Nieto y la cúpula de políticos empresarios que lo acompañaban, el petróleo mexicano no tenía futuro.
Después de haber alcanzado México una producción de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 (según datos de Pemex), la producción del crudo comienza a descender continuamente hasta llegar en el 2015 a 2.26 millones de barriles diarios. Vale la pena consignar que la producción del 2004 constituía el 33% de los ingresos del Estado.
La argumentación de Peña Nieto en el 2012, cuando alcanza la presidencia de la República, se basó en los siguientes supuestos:
1.México sin el “Know How” (experiencia y conocimiento) y sin poseer las tecnologías apropiadas, la producción inexorablemente continuaría declinando.
2. Lo anterior se amparaba, además en que las nuevas y jugosas reservas de hidrocarburos se encuentran en aguas profundas, o bien en formaciones no convencionales poco accesibles.
3. Era menester de acuerdo con su criterio, por lo tanto, contar con una nueva inyección de capital extranjero y nacional privados, en vista de que el Estado Mexicano se encontraba seriamente limitado para realizarla debido a una cuantiosa deuda externa e interna.
En tales condiciones y contando Peña Nieto con mayoría parlamentaria, puso a caminar la reforma Constitucional desde el 2013, la cual quedó aprobada en agosto del 2014. Fue entonces que comenzaron nuevas adjudicaciones para la exploración y producción de nuevos campos petroleros.
Los resultados fueron decepcionantes. Los números son los siguientes: el gobierno esperaba llegar a producir alrededor de 3.0 millones de barrilles diarios para el 2018, lo que le permitiría a México en el 2025 alcanzar nuevamente los 3.5 millones. Las ambiciosas metas estuvieron lejos de lograse, ya que, en el 2020 se alcanzó apenas la cifra de 1.7 millones de barriles.
El gobierno de Peña quiso sacudirse de la responsabilidad argumentando que, en 2014 se había producido un gran desplome de los precios del crudo a nivel internacional y, en segundo lugar, después de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, se le culpó de la debacle, supuestamente porque el nuevo presidente había propuesto volver al esquema anterior, con algunas variantes como la inversión en el litio para abrir espacio a las tecnologías limpias. Peña Nieto por su parte, quiso ocultar el “festín de Baltazar” con los recursos públicos de su gobierno; las encuestas mostraron en la población un enorme crecimiento de la percepción de que estaba ocurriendo un recrudecimiento de la corrupción. (Cfr. Casar, María Amparo. “México: Anatomía de la Corrupción.” Instituto Mexicano para la Competitividad. CIDE, mayo, 2015). Por añadidura, la apertura propuesta no fue popular, porque fue percibida como un atentado contra las políticas tradicionales de soberanía de la nación mexicana para reservar los recursos del subsuelo y así financiar las políticas sociales. Desde 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y creó PEMEX.
4. La perspectiva de política energética de López Obrador.
El presidente López Obrador, desde la campaña electoral había fustigado fuertemente la contra reforma del gobierno de Peña Nieto. Llegó a considerar que dichos cambios de la gestión anterior, que conllevaban hasta reformas constitucionales representaban un auténtico acto de “traición a la Patria.” Por esa razón entre otras, se propuso iniciar una reversión de esa política neoliberal, que no daba señales de una dinamización de la economía, tampoco de un rescate de la economía basada en la exploración y producción del crudo y ahora del gas natural.
Al efecto López Obrador, prepara las condiciones e inicia una nueva reforma a la Constitución que, al principio tomó en cuenta al sector eléctrico de la economía, principalmente planteando la explotación del litio, pero sobre todo se propuso rescatar para el Estado nuevamente la exploración y explotación de los hidrocarburos (incluyendo al carbón, al petróleo y al gas natural). No obstante, un artículo reciente de la Universidad de Navarra postula que, tanto el estatismo como las nuevas políticas iniciales en pro de las energías renovables enfriaron el interés de los inversionistas privados en relación con el negocio de los hidrocarburos. (Cfr. Rodríguez Garagarza, Eduardo. “La Coyuntura y el Estatismo de López Obrador lastran la apertura petrolera de México.” Universidad de Navarra. 15.02.22).
Una gran parte del sector privado y los tres partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD), con mayoría en la cámara baja y en el senado, se opusieron al proyecto de ley presentado por López Obrador este mismo año, dando al traste con la reforma propuesta por el presidente López Obrador.
El plan de López Obrador era más amplio que la reforma a la Constitución. El proyecto contemplaba también construir una gran refinería en Dos Bocas, Tabasco. Adicionalmente, en diciembre del 2021 había iniciado la compra por el Estado mexicano del total de las acciones de la refinería “Deer Park” en Texas. Con la compra exclusivamente de la refinería de “Deer Park” en el 2021, no se terminaba de cerrar la ecuación que buscaba equilibrar el déficit entre el consumo de gasolina en México y la producción nacional de Petróleo. Con la planta de Texas, la producción total de petróleo llegaría hasta 1.2 millones de barriles por día, manteniéndose siempre por debajo del consumo de combustible que demanda 1.4 millones de barriles diarios del crudo. Para cerrar esa brecha fue que decidió construir la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, para sumar otros 340.000 barriles diarios que le permitiría superar la meta establecida para eliminar o al menos reducir la importación de gasolina.
La crítica mas importante desde el punto de vista de un desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable radica en que, como el costo de construir esa refinería de “Dos Bocas”, representa una inversión de $9.000 millones (de dólares), quedaría descartada, al menos por ahora la inversión tan ansiada en energías limpias y renovables. El problema central aquí radica como lo ha dicho Green Peace en que, sin una cuantiosa inversión en energías renovables, es imposible que México cumpla con las metas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero; México en efecto, adquirió ambiciosos compromisos al firmar el acuerdo de París en el 2015, tampoco podrá cumplir con las propias leyes internas que auspician la producción de energías limpias.
El tema no es menor, porque México se había convertido en un ejemplo para el resto de Latinoamérica, tras pasar a ser uno de los principales líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. En 2017, se unió a una coalición de países a escala mundial, que se proponen eliminar gradualmente la electricidad a carbón para terminar con ella por completo en el 2030. Después de la postergación de las metas para invertir en energías limpias y renovables, no se observa en el horizonte un plan, al menos para el corto y mediano plazo, que permita acometer de nuevo el reemplazo de la producción de contaminantes como son los hidrocarburos, por energías limpias y renovables, con el agravante de que aumentará de forma significativa el costo de la producción de energía, toda vez que la factura de la producción del carbón y del gas representa un costo de más del doble de lo que cuesta la energía solar y eólica. Esta es, por lo pronto la compleja encrucijada en la que se encuentra el gobierno de AMLO. Esperamos mejores perspectivas.
Compartido con SURCOS por el autor.
