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Etiqueta: políticas públicas

Creación de empleo en el país se estanca, a seis años de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roxana Morales Ramos, M.Sc.
Economista, Coordinadora OES-UNA
Escuela de Economía, Universidad Nacional

Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.

El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.

Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.

La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.

Un empleo que no crece, solo se redistribuye

Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.

La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.

Sectores ganadores y perdedores

La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.

En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.

Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas

El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.

La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.

Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.

Menos desempleo, pero no por más empleo

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.

Un mercado laboral más pequeño y más excluyente

En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.

Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.

Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC.
Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en el marco de las próximas elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El desarrollo de la ciencia constituye un elemento fundamental en las sociedades modernas que aporta en la generación de conocimiento sobre la realidad natural y social, contribuyendo al bienestar, la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha logrado avances importantes en ciencia, lo cual ha impactado en múltiples aspectos de la vida nacional.

La ciencia no sólo contribuye al desarrollo económico y social, sino que, además, forma parte integral de la cultura. La ciencia alimenta los valores democráticos y le hace frente a la intolerancia, los dogmatismos y las fake news (noticias falsas). De ahí a importancia de que en nuestro país la investigación científica reciba el apoyo político y económico que requiere.

Desafortunadamente, existen tendencias a nivel internacional, con cajas de resonancia en nuestro propio país, que tienden a debilitar a la ciencia, cercenando el apoyo gubernamental a la misma, cuestionando a las instituciones que la desarrollan y generando entornos culturales antagónicos a la práctica y los valores de la ciencia. En particular, los ataques de determinados sectores políticos a las universidades públicas son preocupantes, pues estas instituciones son precisamente el nicho principal de generación de investigación científica del país.

En vísperas de las elecciones nacionales, la Academia Nacional de Ciencias hace un llamado vehemente a la ciudadanía y a los partidos políticos para que valoren la importancia de la ciencia en la vida del país y, en consecuencia, tomen decisiones que conlleven un apoyo decidido a la promoción de la ciencia en todas sus manifestaciones. La ciencia nacional debe ser fortalecida, nunca debilitada.

Ni sobrevivir en las calles ni “emprender por necesidad” es solución: Exigimos empleo digno, salarios justos y derechos sociales

Escrito en . Publicado en Derechos.

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular condena de manera categórica las políticas que han empujado a miles de costarricenses a “ganarse la vida” en las calles con ventas informales, pequeñas actividades económicas de supervivencia o autoempleo forzado. La más reciente información publicada por medios nacionales evidencia que una proporción significativa de personas emprende no por oportunidad sino por necesidad, lo que es reflejo de un mercado laboral colapsado donde no existen empleos formales, no hay salarios dignos, no se generan oportunidades reales de vida ni se garantiza acceso a una vivienda, educación o seguridad social básica.

Estas prácticas no son un signo de innovación o de desarrollo sostenible. Son la expresión cruda de una economía que falla y de políticas públicas que han abandonado al pueblo a su suerte. “Emprender” por necesidad significa que miles de familias no tienen más alternativa que vender en la calle, trabajar en la informalidad sin seguridad, sin derechos, sin protección social y sin futuro para sus hijos. Esto no resuelve la falta de empleo formal, ni crea industria ni fortalece la producción nacional, ni resuelve la crisis de viviendas, ni asegura educación de calidad para nuestros jóvenes.

Lo que estos datos reflejan es que las familias están siendo condenadas a la pobreza, al hambre y a la precariedad. Mientras un porcentaje enorme de microempresas opera en la informalidad sin acceso a seguridad social y sin poder emitir comprobantes fiscales, millones de trabajadores quedan fuera del sistema de protección social y sin la seguridad de un salario digno o un trabajo estable.

El Partido Vanguardia Popular rechaza las falsas narrativas que celebran el “autoempleo” como si fuera la solución estructural a una crisis de décadas. Detrás de esas estadísticas hay madres y padres de familia, jóvenes sin opciones, personas que han perdido toda esperanza en una política que prioriza la riqueza de unos pocos por encima de las necesidades básicas del pueblo.

Reafirmamos que ni sobrevivir en la calle ni los parches informales sustituyen al empleo digno con derechos laborales, ni al derecho a una vivienda, ni a la educación, ni a la seguridad social universal. La lucha de nuestro pueblo no debe ser por sobrevivir, sino por vivir con dignidad.

Esto no es tema de los candidatos a la presidencia, no hay propuestas concretas ni estrategia de desarrollo del país, para ellos “la pomada canaria” es entregar soberanía nacional a cambio de empresas extranjeras vengan a Costa Rica, se llenen de privilegios arancelarios, se llevan las ganancias fuera del país y luego tirar a los trabajadores y trabajadoras a la calle, como siempre ha sucedido.

Exigimos políticas públicas reales de empleo formal y estable, con salarios que cubran las necesidades de las familias. Acceso universal a vivienda digna, educación realmente gratuita y de calidad para todos, el pago de la multimillonaria deuda del Estado a la salud pública efectiva y una seguridad social integral.

También, protección real a los trabajadores y trabajadoras, no sustitutos informalizados ni autoempleos de subsistencia y un modelo de desarrollo productivo y soberano, que impulse la industria nacional, la producción agropecuaria sostenible y la generación de empleo digno, bien remunerado.

El Partido Vanguardia Popular se pone del lado de quienes trabajan, de quienes luchan por una vida digna y de quienes se niegan a aceptar como destino inevitable la pobreza y la miseria.

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

Escrito en . Publicado en Elecciones.

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

El primer debate de Doña Laura

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Con mucho interés lo presencié pues hasta ahora solo la había escuchado en intervenciones muy programadas y controladas.

En este debate, donde las preguntas no estaban bajo su control pudimos presenciar la absoluta falta de capacidad, habilidad para evadir responsabilidades y de plano mentir.

Dijo que el desempleo había disminuido durante el presente gobierno cuando la evidencia es todo lo contrario y si no ha subido más es porque quienes solicitan trabajo se cansan de asistir a las ferias de empleo, particularmente los jóvenes.

Dice que la seguridad mejorará en su gobierno con medidas poco claras y con la construcción de una mega cárcel cuya primera piedra será puesta a cuatro semanas de las elecciones, con la presencia del Sr. Bukele. ¿Será verdad que la construye?

No pudo explicar la razón de eliminar el Servicio de Guardacostas de la Bahía de Drake en donde sabe es el sitio por donde entran las drogas ni la razón de eliminar la Policía de Control de Drogas de las fronteras y aeropuertos.

Puso como ejemplo de las obras hechas por su gobierno el Hospital de Puntarenas, construido por el gobierno anterior, donde no tuvo ninguna participación el actual, excepto por su inauguración.

Espero que muchos costarricenses la hayan escuchado y así poder valorar qué dicen y qué no dicen los candidatos.

Ciudadano exige informe técnico urgente por traslado de residuos al relleno sanitario de Limón

Escrito en . Publicado en Caribe.

Un ciudadano limonense presentó una exigencia formal y urgente ante el Concejo Municipal de Limón, la Alcaldía y el Ministerio de Salud, solicitando un informe técnico exhaustivo y coordinado que justifique el traslado de desechos sólidos desde la meseta central al relleno sanitario ubicado en el cantón central de Limón.

La gestión fue realizada por Marco Levy Virgo, quien advierte que esta práctica podría acelerar el agotamiento de un recurso estratégico para la provincia, con consecuencias graves para la salud pública, el ambiente y la economía local.

Principios legales y constitucionales invocados

El documento fundamenta la exigencia en la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y en los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental, señalando que las autoridades están obligadas a actuar aun cuando exista incertidumbre científica sobre posibles daños.

Asimismo, se invoca el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho colectivo e intergeneracional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que exige una tutela efectiva de los llamados intereses difusos.

Riesgos ambientales, sanitarios y económicos

Según se expone en el documento, el traslado de residuos desde otras regiones al relleno sanitario de Limón incrementa de forma desproporcionada la carga ambiental sobre una provincia históricamente marginada, sin que exista evidencia pública de una evaluación rigurosa de impactos.

Se recuerda además que el relleno sanitario se ubica en una zona de recarga acuífera, condición que en el pasado ya generó controversias ambientales, y se advierte que su eventual colapso podría provocar una crisis de residuos sólidos similar a la vivida antes de su construcción.

El texto subraya que Limón es una región con alta visitación turística, vinculada a cruceros y actividades ecoturísticas, por lo que una crisis sanitaria o ambiental tendría impactos directos sobre el empleo y los ingresos locales. También se advierte que, de agotarse el relleno, el traslado de residuos limonenses a otras provincias implicaría costos económicos insostenibles para los gobiernos locales.

Exigencia concreta a las autoridades

La solicitud plantea un plazo de diez días hábiles para que la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Salud y el Concejo Municipal presenten un informe que detalle:

  • Los fundamentos técnicos, legales y fácticos que sustentan el traslado de residuos desde la meseta central.
  • La vida útil real del relleno sanitario, con proyecciones basadas en datos científicos actualizados.
  • Las medidas previstas para evitar el agotamiento del sitio, considerando que la construcción de un nuevo relleno sanitario requiere varios años.

El documento concluye advirtiendo que, de no obtener una respuesta adecuada, se valorará acudir a instancias superiores y acciones judiciales para la defensa de los derechos colectivos, en resguardo del ambiente, la salud pública y el interés intergeneracional de la provincia de Limón.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento en distintas ocasiones a conflictos socioambientales vinculados con la gestión de residuos sólidos, el uso de rellenos sanitarios y los impactos desiguales que estas decisiones generan en distintos territorios.

Estas publicaciones han advertido sobre la necesidad de criterios técnicos transparentes, participación ciudadana efectiva y una distribución equitativa de las cargas ambientales entre regiones del país.

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Imagen de cabecera con fines ilustrativos.