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Etiqueta: políticas públicas

Defensoría impulsa el desarrollo del Observatorio Nacional de DDHH

La Defensoría de los Habitantes, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el día de hoy un primer componente de la iniciativa “Observatorio Nacional de Derechos Humanos” (ONADH), un instrumento pionero que permitirá contar con información articulada, oportuna y basada en evidencia para identificar vulnerabilidades, monitorear riesgos y fortalecer la gobernanza en derechos humanos en Costa Rica.

Durante el evento se expusieron los principales avances del proceso, incluyendo el diseño conceptual, normativo y tecnológico del Observatorio; el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de datos y evaluación de políticas públicas; y la creación colaborativa de un dashboard (tablero de datos) que constituye el primer componente tecnológico del proyecto.

La Defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert expresó “El ONADH es una iniciativa prioritaria de mi gestión como Defensora de los Habitantes. Es uno de mis compromisos fundamentales ante el Poder Legislativo y ante la sociedad costarricense y pretende ser una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad institucional de registro, visualización y monitoreo de información así como el análisis integral de vulneraciones y amenazas a los Derechos Humanos de las y los habitantes

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el PNUD. Además, ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo y el Equipo de Estado de Derecho, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD.

Sandra Sosa Cárcamo, representante residente del PNUD en Costa Rica, indicó que “El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se consolida como un instrumento clave para identificar brechas, fortalecer el análisis basado en evidencia y orientar políticas públicas más inclusivas y efectivas, en línea con la Agenda 2030. Para el PNUD es un honor acompañar técnicamente esta iniciativa que impulsa la promoción y protección de los derechos humanos”

En la primera etapa del proyecto, las personas usuarias podrán acceder al sitio web de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr donde encontrarán una sección que contiene información general y material audiovisual del ONADH así como un primer avance del tablero de datos con información relevante de 3 dimensiones prioritarias para el desarrollo humano: salud, educación y seguridad ciudadana. Esta plataforma es de acceso público y gratuito, lo que contribuye a la transparencia y a la participación ciudadana.

En etapas posteriores, el Observatorio incorporará nuevas dimensiones e indicadores que serán útiles para el monitoreo y análisis de datos estratégicos, pero también esta iniciativa pretende acompañar el diseño de políticas públicas para que tomen en cuenta el estado de situación de los Derechos Humanos de todas las personas del país, considerando sus diversidades. Asimismo, se abrirán espacios de colaboración con instituciones públicas, academia, organizaciones sociales y organismos internacionales para garantizar su sostenibilidad y ampliar su impacto.

El evento fue realizado en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa durante la mañana del miércoles 10 de diciembre del 2025 y contó con la participación de representantes de la sociedad civil, de instituciones públicas, del Sistema de Naciones Unidas, del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, de Diputados y Diputadas de la República, así como funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes.

Con el ONADH, Costa Rica avanza hacia una iniciativa más robusta de monitoreo, prevención y respuesta, reforzando la protección de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia.

Territorios que alimentan: Propuesta para políticas públicas

Carlos Hernández
Cokomal / Red Economía Solidaria / Redess

Cifras y demandas de la agricultura familiar en Costa Rica

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 (ENA 2022, INEC) registra aproximadamente 630.972 unidades agropecuarias en Costa Rica. Más del 70 % de esas fincas son de pequeña escala (menos de 20 ha) y constituyen la base de la producción destinada al consumo interno. Este documento sintetiza el diagnóstico territorial, identifica los principales retos y propone un conjunto de medidas organizadas por ejes para fortalecer la agricultura familiar, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y promover la resiliencia local.

Datos y fuentes

Cifra clave: ~630.972 unidades agropecuarias según ENA 2022 (INEC).

Caracterización: más del 70 % de las fincas son de pequeña escala (< 20 ha), según el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020–2030 y documentos sectoriales.

Destino de la producción: la agricultura familiar abastece la mayor parte de los alimentos básicos para el consumo nacional (frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas y raíces), mientras que la agroindustria se orienta mayoritariamente a cultivos de exportación.

Diagnóstico territorial

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación interna, pero enfrenta limitaciones estructurales que reducen su potencial:

Fragmentación y dispersión: muchas unidades productivas operan de forma aislada, lo que debilita la negociación colectiva y el acceso a servicios.

Acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica: las líneas existentes no siempre se adaptan a la escala familiar ni a los saberes locales.

Mercados desiguales: la concentración de canales comerciales y la presión de cadenas de supermercados afectan ferias y mercados locales.

Desafío generacional: el envejecimiento rural y la falta de incentivos para jóvenes ponen en riesgo la continuidad productiva.

Pérdida de control sobre semillas y recursos: la entrada de tecnologías patentadas y modelos industriales amenaza la soberanía sobre insumos básicos.

Estas limitaciones se traducen en menores ingresos familiares, pérdida de biodiversidad y una dieta menos sana para la población.

Soberanía alimentaria y rol de la agricultura familiar

La soberanía alimentaria implica el derecho a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos, priorizando la producción local, la diversidad cultural y la sostenibilidad ecológica. En los territorios se expresa mediante prácticas agroecológicas, recuperación de semillas criollas, mercados solidarios y ferias que fortalecen la relación directa productor-consumidor. Defender la soberanía requiere reconocer el papel central de las mujeres en la alimentación familiar y garantizar su acceso a tierra, agua y semillas.

Propuestas por ejes

A continuación, se presentan propuestas organizadas por ejes, con responsables sugeridos y resultados esperados.

Organización y gobernanza territorial

Medida: Fortalecer asociaciones, redes territoriales y mercados locales solidarios.

Acciones: apoyo a gestión organizacional y administrativa; formación en negociación colectiva; creación de plataformas locales de comercialización.

Responsables: municipalidades, organizaciones de productores, ONG y ministerios sectoriales.

Resultado esperado: mayor poder de negociación, acceso a programas públicos y reducción de la dispersión productiva.

Financiamiento y asistencia técnica diferenciada

Medida: Diseñar líneas de crédito y servicios técnicos adaptados a la pequeña producción.

Acciones: condiciones y plazos realistas; asistencia técnica basada en saberes locales; programas de extensión agroecológica.

Responsables: bancos públicos, cooperativas de crédito, MAG y agencias de desarrollo.

Resultado esperado: incremento de la inversión productiva familiar y mejora de la productividad sostenible.

Mercados y compras públicas

Medida: Incentivar compras públicas y fortalecer circuitos cortos.

Acciones: priorizar compras locales en escuelas, hospitales y programas sociales; facilitar certificaciones y logística para proveedores familiares.

Responsables: ministerios de educación y salud, municipalidades, comités de compras.

Resultado esperado: demanda estable para productores locales y precios justos.

Marco normativo y reducción de barreras

Medida: Promover marcos normativos diferenciados para pequeña y gran producción.

Acciones: simplificar trámites administrativos para productores familiares; reconocer regímenes especiales que protejan la producción destinada al consumo interno.

Responsables: Asamblea Legislativa, MAG, instituciones regulatorias.

Resultado esperado: menor carga administrativa y mayor inclusión en programas públicos.

Juventud y relevo generacional

Medida: Incentivar la permanencia y el retorno de jóvenes al campo.

Acciones: programas de acceso a tierra, formación técnica, incubadoras rurales y apoyo a emprendimientos agroecológicos.

Responsables: ministerios de juventud, educación técnica, universidades y organizaciones locales.

Resultado esperado: renovación generacional y dinamización de economías rurales.

Semillas, biodiversidad y soberanía

Medida: Proteger semillas criollas y promover bancos comunitarios.

Acciones: políticas públicas que regulen la entrada de tecnologías patentadas; apoyo a bancos de semillas y prácticas agroecológicas.

Responsables: MAG, institutos de investigación, organizaciones campesinas.

Resultado esperado: conservación de agrobiodiversidad y autonomía en insumos.

Educación y sensibilización ciudadana

Medida: Promover consumo de productos nacionales y sostenibles.

Acciones: campañas informativas, ferias educativas y programas de alimentación escolar con enfoque local.

Responsables: ministerios de educación y salud, organizaciones civiles.

Resultado esperado: mayor demanda de productos locales y fortalecimiento del mercado interno.

Llamado a la acción

Las políticas públicas deben priorizar a la agricultura familiar para garantizar alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y sostenibles. A continuación, tres medidas prioritarias inmediatas:

1. Implementar compras públicas locales: establecer cuotas y procedimientos que faciliten la participación de productores familiares en los programas de alimentación escolar y hospitalaria.

2. Lanzar líneas de crédito adaptadas: crear instrumentos financieros con plazos y requisitos acordes a la pequeña producción, acompañados de asistencia técnica.

3. Fortalecer redes territoriales: financiar procesos de organización local y creación de mercados solidarios para mejorar la comercialización y el acceso a servicios.

Pasos inmediatos sugeridos: conformar mesas territoriales con productores, autoridades municipales y representantes del MAG; diseñar un piloto de compras públicas en una región; y abrir una convocatoria para líneas de crédito piloto dirigidas a asociaciones de pequeños productores.

Apoyar a la agricultura familiar es invertir en salud pública, empleo rural digno, conservación de recursos y resiliencia frente a crisis. La acción coordinada entre comunidades, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales es imprescindible. Si actuamos ahora desde los territorios, garantizamos que las próximas generaciones tengan acceso a alimentos sanos y a una vida digna en el campo.

Presidente Chaves contra el campo y la comunicación: ¿errores o goma de popularidad?

Jose So (José Solano-Saborío)

La popularidad puede ser tan peligrosa como el poder mismo. Cuando un presidente se embriaga de ella, corre el riesgo de perder sensibilidad hacia los sectores que sostienen la vida cotidiana del país. Y eso es lo que estamos viendo: dos errores graves que no son simples deslices, sino golpes directos a colectivos sociales que merecen respeto.

El primero, contra los agricultores. La llamada Ruta del Arroz se presentó como una política para beneficiar al consumidor, eliminando aranceles por unos 25 mil millones anuales. La realidad es otra: los precios no han bajado, han subido en promedio un 4%. Los únicos beneficiados son los importadores, entre ellos Bernal Jiménez Chavarría, uno de los más generosos contribuyentes de la campaña presidencial. Los agricultores nacionales, en cambio, quedan desarmados, y la respuesta oficial raya en el insulto. Pilar Cisneros les sugiere cambiar el arroz por mota, como si décadas de esfuerzo campesino pudieran borrarse con una ocurrencia. Esa frase trivializa la cultura alimentaria del país y desnuda la falta de respeto hacia quienes producen lo que comemos.

No satisfecho, cuando los agricultores se manifiestan con razón, el ego presidencial herido no reacciona con diálogo, sino con insultos y menosprecio, increpándolos por tener “Hilux del año y tractores de marca”, como si fueran lujos ostentosos y no herramientas indispensables para su trabajo.

El segundo error golpea a la radiodifusión y la televisión abierta tradicionales. En medio de las presas diarias, la radio y la TV abierta siguen siendo compañía, información inmediata, identidad comunitaria. Sin embargo, la subasta millonaria de frecuencias deja fuera a emisoras históricas como Radio Sinfonola, con más de seis décadas de presencia. Se debilita aún más una oferta ya deteriorada, mientras las plataformas digitales avanzan sin freno. Spotify, Amazon Prime, YouTube Music, Meta… todas transmiten en Costa Rica sin pagar impuestos locales, sin contratar personal tico, sin aportar nada al ecosistema nacional. Cobran a anunciantes globales por la exposición a consumidores costarricenses, mientras las radios locales cargan con impuestos, regulaciones y costos laborales. El resultado es un castigo a quienes sostienen empleo y cultura, y un premio a gigantes que operan en la sombra.

No se trata de defender emporios mediáticos que sí tienen recursos para participar en las millonarias subastas, sino de no impedirlo a los más pequeños, que contribuyen a la amplitud democrática y a la conservación de la identidad cultural del país.

Estos dos episodios revelan un patrón: la popularidad presidencial puede ser alta en encuestas, pero se construye sobre arena movediza. Insultar a agricultores y despreciar a la radio erosiona la base social que sostiene la gobernabilidad. La popularidad puede ser fuerte en números, pero frágil en legitimidad. Y la legitimidad, a diferencia de la popularidad, no se compra ni se hereda: se construye con respeto, sensibilidad y visión de país.

Parece que los aplausos de trolls y la defensa de lo indefendible por parte de sus fanáticos —su base dura— son ensordecedores y todo lo disimulan. Veremos si le alcanza a Laura Fernández, que ya vemos no suma por sí misma en el mar mayoritario de indecisos.

El presidente debería recordar que la embriaguez de popularidad pasa, y cuando se desvanece, lo que queda es la goma de los errores. Y esa resaca, tarde o temprano, se cobra con pérdida de confianza, con aislamiento político y con el desgaste inevitable de un liderazgo que confundió aplausos con inmunidad.

Sala Constitucional ordena consulta previa al pueblo tribal afrocostarricense sobre el Plan Maestro Turístico del Caribe

La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por no haber realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrocostarricense durante la formulación del Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.

El recurrente, Marco Levy Virgo, señaló que este plan, elaborado en octubre de 2024 y actualmente en implementación por MIDEPLAN, abarca los 212 kilómetros de la costa limonense, contempla propuestas de infraestructura turística, intervenciones urbanas y ambientales, así como insumos para cuatro planes reguladores costeros. Según denunció, todo ello afecta directamente territorios ancestrales afrodescendientes en cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

La Sala confirmó la omisión: no hubo consulta previa

Luego de estudiar el Plan Maestro, los informes institucionales y la normativa aplicable, la Sala concluyó que:

  • El Plan Maestro constituye una medida administrativa de alto impacto territorial y sociocultural, susceptible de afectar directamente a la población afrodescendiente del Caribe.
  • La consulta realizada por el ICT consistió únicamente en sesiones informativas generales, abiertas a la comunidad, sin convocar de manera específica a las instituciones representativas del pueblo tribal afrocostarricense.
  • En particular, no se convocó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, cuya organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, instancia formalmente reconocida por el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.

Para la Sala, estas actividades informativas no constituyen consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de diálogo intercultural, participación activa y capacidad de incidencia en la toma de decisiones.

El Tribunal recordó que la consulta previa:

  • Debe realizarse de buena fe,
  • De manera apropiada a las circunstancias,
  • Antes de los actos de ejecución,
  • Y a través de las instituciones representativas del pueblo interesado.

La resolución subraya que el Plan Maestro propone obras como ciclovías regionales, aeródromos, atracaderos, nodos intermodales, revitalización urbana y la creación de un parque ferial, iniciativas con fuerte impacto territorial y social. Por ello, la Sala consideró que el ICT tenía la obligación de consultar desde la etapa de formulación, no solo en la fase de implementación.

Orden de la Sala Constitucional

En el POR TANTO, la Sala resolvió:

  • Ordenar al Presidente Ejecutivo del ICT (o a quien ocupe el cargo) que, en un plazo máximo de tres meses, programe una consulta dirigida al pueblo tribal afrocostarricense, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
  • La consulta deberá realizarse conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es decir, previa, libre, informada y con participación efectiva.
  • Se advierte que el incumplimiento puede implicar sanciones penales por desobediencia, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  • El ICT deberá asumir el pago de costas, daños y perjuicios derivados de la violación constatada.
  • Además, se instruyó notificar la sentencia a MIDEPLAN, institución donde el plan se encuentra actualmente en implementación.

Un precedente en materia de derechos colectivos afrodescendientes

La sentencia reafirma que la población afrocostarricense del Caribe es un pueblo tribal, condición ya reconocida por el Estado costarricense, por lo que posee derechos colectivos equiparables a los de otros pueblos étnicos históricamente excluidos.

La Sala reiteró la obligación del Estado de garantizar su participación activa en cualquier plan, programa o medida administrativa que pueda afectar sus territorios ancestrales, su cultura, sus recursos naturales o su desarrollo económico y social.

Se trata de una resolución que consolida una línea jurisprudencial reciente sobre:

  • Autodeterminación y territorio ancestral,
  • Consulta previa a pueblos afrodescendientes,
  • Participación efectiva en programas de desarrollo,
  • Y el deber de prevenir nuevas formas de exclusión estructural.

Documento de la Sala para descargar.

Semos buenos con los ajenos y malos con los propios… Salarruè but not Salarruè

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado FUDECEN Centroamérica

Las noticias del «despegue económico» salvadoreño dan cuenta de una transformación amplia, como en ciclos anteriores y del antaño nacional. Múltiples análisis y la obviedad de la realidad salvadoreña evidencian el acelerado y reciente avance social y económico de El Salvador, empujado por la mejora en la seguridad pública y el avance en la consolidación de un sistema de gobierno centralizado.

Lo inusitado es la posibilidad desde una práctica de la consolidada gobernanza nacional y de absolutismo del órgano Ejecutivo, junto con los resultados en materia de seguridad pública. Ahora, surgen ingentes oportunidades de dinámica eco sectorial que, se acompañan de políticas profundas de incentivos a la inversión, como la atracción de inversiones directas y para sectores económicos específicos.

La fórmula parece dar resultados. Por ejemplo, en el último semestre 2025 se identifican crecimientos intersectoriales de hasta 33%, aumento del financiamiento y de los incentivos para la Inversión Extranjera Directa, ocupación acelerada de suelos que transforman sus usos.

Por otra parte, destaca la política transaccional de USA que anula ciertos aranceles en canje por medidas de salvaguardas ambientales. Es decir, de lo último, posibilita un proceso de aumentos en las exportaciones desde El Salvador y para algunos sectores. Rubros como el agro, la industria diversificada pueden tener posibilidades de insertarse a la bonanza económica.

Es necesario definir quiénes se benefician, cuáles son las oportunidades y cómo impulsarlas para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y de bienestar asequible.

Por qué, porque la economía salvadoreña desde su liberalización (la más profunda y reciente en los años 90) se preparó para la inversión y los agentes económicos del extranjero, pocamente con un refuerzo de lo local bottom – top. Lo que, además de provocar un fenómeno de expoliación y fuga de riquezas, que aunque emplea y produce mano de obra, provocó una precarización laboral, como también, una precarización de la naturaleza. Mayormente con aspectos de baja recaudación para los grandes capitales, aumento de la contaminación y el deterioro territorial, como también de la privación y la reducción de oportunidades de mejora en los sistemas de bienestar (como la educación, la salud, los servicios básicos domiciliares) y, ahora, aparecen los fenómenos de la gentrificación, del crecimiento de las prácticas fiscales regresivas, …

Y en la patria grande ¿cómo vamos?

Recientemente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN) publicaron el Informe económico regional 2023 – 2024, el informe señala, que:

a) una leve desaceleración al 5.4% en 2025.

b) El sector servicios, que se recuperó tras la pandemia de COVID-19, registró un aumento de 13.9%, alcanzando los USD 58,253.1 millones.

c) la tasa de empleo fue de 94% y una tasa de desempleo de 5.9%. El empleo formal creció en la región, aunque de manera desigual, con porcentajes entre 7.8% y 1.7%

d) Los ingresos tributarios aumentaron, alcanzando un promedio de 14.1% del PIB (SECMCA – SIECA, 2024)

Además, en el informe se identifican los principales productos de exportación que a los que la región centroamericana podría fortalecer integralmente, mostrados a continuación:

De las exportaciones regionales, USA representa el 49.7% del total exportado (+1.% con respecto al periodo anterior), seguido de la Unión Europea (19.4%), República Popular de China (4.7%), México (3.35), Japón (2.5%), Canadá (2.0%), Puerto Rico (2.0%, redujo 16.3%) y Haití con 2.0%, el cual redujo 28%.Destacando, también, la relevancia del comercio entre los países del propio continente americano, equivalentes a tres cuartos de la dinámica comercial de exportación (SECMCA – SIECA, 2024).

Ahora bien, las economías centroamericanas tienen una estructura y composición mayoritariamente de sectores de economía popular, informal, empresas micro, pequeña y mediana, hasta para nueve de cada 10 negocios en algunos países, y solo uno/10 corresponde a grandes empresas. Donde, las empresas MYPE y, posiblemente los sectores de economía popular – informal emplean a más del 70% de la población ocupada, generan más de la mitad de la economía nacional, que a su vez se complementa con cerca del aporte del 20% que representan las remesas (Forbes, 2025; Forbes, 2025b; FUSAI – FLACSO, 2025; La Prensa Gráfica, 2023).

En la narrativa salvadoreña expuse y dejé para intuiciones, someramente, desde el aporte de los sistemas locales económicos, luego la contrariedad o yuxtaposición de la gobernanza y la gobernabilidad que les arremete en desprotección. Contrario a lo ocurrido con las diversas prácticas y mecanismos de fomento, incentivos, exenciones y otros pleonasmos hacia el extranjerismo o fomento de aquello que no viene desde las bases comunitarias y agentes económicos oriundos, como las MYPE y sectores de economía popular – informal. Esto, para el caso centroamericano lo dejo a: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Es decir, nuestros gobiernos desprotegen, abandona y arremeten contra nuestros principales agentes oriundos de economía y salvaguardan e impulsan extranjerismos. OjO, abogo por reequilibrios, no por extremismos.

Insisto en la obviedad: si las economías centroamericanas crecen, con dinámicas expansivas intersectoriales altísimas, para sectores como el turismo, la construcción, el financiero, por señalar algunas ¿Por qué eso no se traduce en progreso integral, estructural y mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de las personas?, ¿Qué ocurre con toda la riqueza generada?, ¿Cómo se genera y distribuye la riqueza?, ¿Por qué si nos enteramos que existe una elevada generación de riqueza, que no se distribuye en la proporción y justicia/costos con la que se genera, continuamos apalancando a sectores expoliativos?

Hagamos dialéctica y mayéutica (ya iniciada antes). Nos urge (además de todo lo otro que también urge y prioriza), explorar, analizar y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas. Principalmente, nos debe increpar y mover hacia el fortalecimiento de los agentes locales, los insertados en los sectores de economía popular, informal, MYPE, de inversión extranjera directa, aportantes de remesas. Esto para dar la debida transición y el apropiado reequilibrio que nos haga de la gobernanza y la gobernabilidad reivindicaciones costo – efectivas. Esto quiere decir: volver la mirada hacia lo propio, a lo interno, a lo endógeno, y fortalecer las economías locales de proximidad y de capacidad productiva, industrial, comercial y de servicios en modelos mixtos de negocios, como el público, cooperativos – solidarios, privado que, den debida cabida al progreso integral de nuestros territorios.

Entonces, pienso yo (desde lo que alcanzo a saber y designoro más…), debemos:

1) volver aceleradamente (ipso facto) a la recuperación de los sectores locales de producción e industria, mediante zonas de protección y territorios económicos especiales para

2) rescate y fortalecimiento de sistemas de economía cooperativa – mixtos público/privado

3) recuperar los mecanismos de compras públicas locales

4) fortalecimiento de los sistemas multipolares/de escala de producción, industrialización y comercio encadenados

5) fomento del financiamiento condicionado, multiparamétrico y diferenciado de los sectores estratégicos – clave

6) continuar la apertura comercial internacional expansiva, mayormente con la debida integración Centroamericana…

7) avanzar y concretar la república centroamericana, como praxis de cohesión, cooperación, unionismo, articulación y coordinación económica, política, administrativa – logística porque “unidos somos más fuertes y, nadie se salva solo”.

Esto es posible (para el caso salvadoreño), actualmente el poder Ejecutivo mantiene una gobernanza absoluta, irrestricta, solo falta voluntad e interés superior por el bien común. Y, para Centroamérica, reivindicando y sanando a su Sistema de Integración, a su Organización de Estados Americanos, a sus entidades regionales bancarias y demás organismos centroamericanos.

El crecimiento económico no se traduce en bienestar integral por la concentración de riqueza y falta de políticas redistributivas. Urge fortalecer agentes locales y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas

#LetsGo… #CallToAct #NotRegrets #HagamosUbuntu

Referencias:

El Diario de Hoy, El Salvador. (2025). Gremiales celebran acuerdo comercial con EE. UU. y destacan su alcance para exportaciones e inversión. Recuperado de : https://www.eldiariodehoy.com/economia/gremiales-celebran-acuerdo-comercial-con-ee-uu-y-destacan-su-alcance-para-exportaciones-e-inversion/47089/2025/

Forbes (2025). Honduras, segundo país con mayor empleo informal en Centroamérica, según informe regional. Recuperado de https://forbescentroamerica.com/2025/07/24/honduras-segundo-pais-con-mayor-empleo-informal-en-centroamerica-segun-informe-regional

Forbes. (2025b). Envío de remesas a Centroamérica rompió récord en 2024. Recuperado de https://www.revistaeyn.com/inteligencia-eyn/envio-de-remesas-a-centroamerica-rompio-record-en-2024-EP23862464

FUSAI (Fundación de Apoyo Integral) – FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). (2025). El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía. Recuperado de https://observatoriomype.org.sv/el-estado-de-la-mype-2025-la-otra-cara-de-la-economia/

Banco Central de Reserva. (2025). Estadísticas y datos de PIB, IVAE, exportaciones, importaciones. Recuperado de https://estadisticas.bcr.gob.sv/

La Presan Gráfica. (2023). Peso de remesas en economía ha subido 8 puntos en 10 años Recuperado de https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-remesas-en-economia-ha-subido-8-puntos-en-10-anos-20230129-0054.html

SECMCA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano) – SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana). (2024). Informe Económico Regional 2023 – 2024. Recuperado de https://www.secmca.org/informe/informe-economico-regional-anual/

Nota. Salarruè es el escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, que en su obra Cuentos de barro titula uno llamado «Semos malos», parafraseado en esta nota y con más detalles del escritor acá: https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/salvador-salazar-arrue-salarrue-archive-xxth-century

Semillas y Saberes: seguridad y soberanía alimentaria ante elecciones 2026 – este jueves 20

Este jueves 20 de noviembre a las 11:00 a.m., la emisora 870 UCR transmitirá en vivo una nueva edición del espacio Semillas y Saberes, dedicado en esta ocasión a ofrecer un recuento actualizado sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional en Costa Rica, un tema clave en el contexto electoral de 2026.

La conversación buscará plantear qué deberían conocer las personas candidatas a la Presidencia de la República y sus partidos, y qué compromisos deberían asumir en sus planes de gobierno para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y saludable para toda la población.

El programa contará con la participación de dos especialistas ampliamente reconocidas en este campo:

  • Marianela Zúñiga Escobar, coordinadora de la CISAN-UCR e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, quien aportará un análisis técnico sobre los desafíos estructurales, brechas territoriales, situación de los sistemas alimentarios y aspectos críticos sobre soberanía alimentaria.
  • Karen Chacón Araya, investigadora del Programa Estado de la Nación, quien presentará hallazgos recientes sobre desempeño nacional en seguridad alimentaria, vulnerabilidades socioeconómicas y los factores que deben ser atendidos con urgencia desde la política pública de cara a un año electoral.
  • La conducción estará a cargo de Marcela Dumani Echandi.

La transmisión será por:

  • Facebook Live
  • YouTube Live
  • Señal 870 AM
  • radios.ucr.ac.cr

El programa está dirigido al público general, especialmente a quienes buscan información rigurosa y actualizada para orientar el debate público y la toma de decisiones en el proceso electoral de 2026.

Organizaciones sindicales convocan a manifestación este 26 de noviembre

APSE, ANDE, Magisterio en Acción y otras organizaciones del sector educación y del movimiento sindical costarricense convocan a una manifestación nacional este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., con salida desde el Parque de la Merced y rumbo al Ministerio de Hacienda. (Ver al final la actualización al jueves 20 de noviembre de la organizaciones que convocan).

La convocatoria se realiza en un contexto marcado por el deterioro salarial, el congelamiento de pensiones del régimen transitorio de reparto, la ausencia de diálogo social y el incumplimiento de compromisos históricos de financiamiento para la educación pública.


Ejes de lucha:

Las organizaciones convocantes destacan cuatro demandas centrales:

✔️ 1. Convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público

Exigen restablecer el espacio formal de diálogo para definir ajustes salariales, suspendido por el Gobierno.

✔️ 2. Incremento salarial justo y digno

Señalan que el poder adquisitivo del salario público se ha deteriorado durante varios años consecutivos, afectando las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras.

✔️ 3. Cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública

Recuerdan que es un mandato legal y constitucional garantizar este financiamiento, cuya ejecución plena es fundamental para la calidad y equidad del sistema educativo.

✔️ 4. Convocatoria y aprobación del proyecto de ley 24.353

Esta iniciativa permitiría descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto (RTR, Ley 2248 y Ley 7268), que llevan cinco años sin ajustes por costo de vida.


🗓 Detalles de la manifestación

📅 Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025
Hora: 9:00 a.m.
📍 Punto de partida: Parque de la Merced
📍 Destino: Ministerio de Hacienda

La acción colectiva busca defender derechos laborales, fortalecer la institucionalidad educativa y exigir condiciones dignas para el personal del sector público.

Presentación del capítulo de Ambiente del Informe Estado de la Nación será este jueves en la Asamblea Legislativa

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental invita a la presentación del capítulo de Ambiente del Informe del Estado de la Nación, una actividad bimodal dirigida a personas interesadas en comprender la situación ambiental del país y los principales hallazgos del informe más reciente.

La sesión se realizará este jueves 20 de noviembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa (Edificio A, piso -3). La exposición estará a cargo del Magíster Leonardo Merino Trejos, politólogo y coordinador del Informe Estado de la Nación en la sección correspondiente al diagnóstico ambiental.

Según la convocatoria, las personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario oficial disponible en línea o por los canales de contacto habilitados por el Parlamento Cívico Ambiental. La modalidad virtual estará disponible exclusivamente para las organizaciones que integran el Parlamento Cívico Ambiental, mientras que la participación presencial está abierta mediante inscripción previa.

Inscripción presencial:
Formulario oficial:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqajeF1Hvg8LlT6o_u8QWsIfxWrldPU0jrDvBDKS5-zpSbg/viewform

También pueden inscribirse escribiendo a mbarrionuevo@asamblea.go.cr o llamando al 2243-2995.

La actividad forma parte del esfuerzo del Parlamento Cívico Ambiental por fortalecer el acceso público a información rigurosa y promover el debate informado sobre la situación del ambiente en Costa Rica.