Costa Rica ha sido durante décadas un faro de estabilidad democrática en América Latina. Su sólida institucionalidad, su tradición de alternancia pacífica, la abolición del ejército y su apego al Estado de Derecho le valieron el reconocimiento como una «Democracia Plena» por índices internacionales, un título que pocas naciones en el mundo ostentan. Sin embargo, en los últimos tiempos, la retórica y algunas acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles proyectan una inquietante sombra sobre este legado, encendiendo alarmas sobre los peligros del populismo y la insidiosa erosión de las instituciones democráticas.
El populismo, en su esencia, construye una narrativa maniquea: «el pueblo virtuoso» contra «las élites corruptas». Es una herramienta poderosa para movilizar apoyos, pero su lógica inherentemente confrontacional y antipluralista es incompatible con la democracia liberal, que se basa en pesos y contrapesos, en el respeto a las minorías y en la independencia de las instituciones. La retórica del presidente Chaves Robles contiene elementos preocupantemente alineados con este manual: ataques constantes y descalificaciones genéricas contra la prensa («prensa canalla»), contra el poder judicial (acusándolo de politizado o lento sin pruebas concretas), contra la Asamblea Legislativa (deslegitimándola como «disfuncional y corrupta») y contra órganos de control como la Contraloría General de la República. Este discurso no busca la crítica constructiva; busca minar la credibilidad de todo contrapoder, presentándolo como un enemigo del «verdadero pueblo» que él dice encarnar.
El paralelo latinoamericano: De la erosión a la autocracia, un espejo que nos negamos a ver nuestro reflejo
La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos dolorosos de cómo este guión puede desembocar en tragedia democrática.
El Brasil en tiempos de Bolsonaro supuso el ataque a la legitimidad. Jair Bolsonaro ejemplificó la retórica agresiva y confrontacional contra las instituciones. Cuestionó sistemáticamente la independencia del poder judicial (especialmente el Supremo Tribunal Federal), atacó a la prensa («periodistas corruptos»), promovió teorías conspirativas y sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral sin pruebas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. El patrón de deslegitimación constante de Chaves contra la Asamblea Legislativa y la prensa tiene ecos del estilo Bolsonaro.
La Nicaragua de Ortega de Revolucionario a Dictador: Daniel Ortega, una vez símbolo de lucha del pueblo nicaragüense desde el movimiento revolucionario legítimo de Augusto Cesar Sandino, contra la dictadura, ha construido una férrea autocracia. Eliminó la alternancia mediante reformas constitucionales, reprimió brutalmente la protesta social, encarceló a candidatos opositores, clausuró medios de comunicación críticos y ONGs, y anuló toda independencia institucional. Es un recordatorio sombrío de cómo figuras que llegan al poder por la vía electoral pueden, mediante el control progresivo de las instituciones, destruir la democracia desde dentro.
Más allá de la región: El resurgir global del autoritarismo
El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Hungría, Viktor Orbán ha construido una «democracia iliberal» debilitando el poder judicial, controlando los medios y cambiando leyes electorales para perpetuarse. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha concentrado poder de manera alarmante. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el clímax de una campaña de deslegitimación constante de las instituciones electorales por parte de Donald Trump. Estos ejemplos demuestran que las democracias, incluso las consolidadas, no son inmunes a la erosión populista y autoritaria.
Costa Rica: La fragilidad de lo sólido
La gran fortaleza de Costa Rica ha sido precisamente la solidez y el prestigio de sus instituciones. La Sala Constitucional («Sala IV»), la Contraloría, el TSE, la prensa libre, son pilares que han garantizado el equilibrio. El peligro de la retórica de Chaves Robles no es que vaya a instaurar una dictadura mañana.
El peligro es más insidioso: la normalización del ataque a las instituciones. Cada descalificación infundada, cada intento de socavar su autoridad, cada intento de concentrar poder o de presentar los controles democráticos como obstáculos, debilita la cultura de respeto institucional que sostiene la democracia. Es la erosión lenta, la grieta que se agranda con cada embate retórico.
Defender la Casa Común
La democracia costarricense no es invulnerable. Su fortaleza histórica no garantiza su futuro inmutable. La retórica populista y con rasgos fascistizantes (simplificación extrema, enemigo interno, ataque a la pluralidad) del presidente Chaves Robles representa un riesgo claro para su institucionalidad. Las comparaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua y otros ejemplos globales no son alarmismo infundado; son advertencias basadas en patrones observables. Son lecciones de cómo comienza el declive democrático: con palabras que dividen, que deslegitiman, que siembran desconfianza en los pilares que sostienen la república.
La defensa de la democracia plena costarricense no es tarea solo de políticos o jueces. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, de la prensa independiente, de la academia, de la sociedad civil organizada. Requiere vigilancia activa, rechazo firme a la retórica divisionista y autoritaria, y un compromiso inquebrantable con la defensa de las instituciones que, aunque perfectibles, son el escudo que ha protegido a Costa Rica de los abismos que han sufrido otros. Que el faro costarricense no se apague por la complacencia o el miedo a señalar los peligros.
La democracia centenaria merece y exige este debate.
Recientemente apareció un texto interesante titulado “Milei y la cuestión de las formas”, publicado por Javier Franzé en La Vanguardia (órgano del Partido Socialista argentino)1. Ahí se evalúan las formas de las prácticas políticas del presidente argentino Javier Milei, aunque sus consideraciones pueden extenderse en buena medida a todas las principales figuras de la actual ola del populismo de ultraderecha que azota Occidente, con Chaves como nuestro ejemplo parroquial. Muchas de sus reflexiones alcanzan la discusión sobre la correcta práctica política en general, es decir, tanto de agentes políticos profesionales, como de militantes partidarios y de la ciudadanía en una democracia. Por ello, entiendo que vale la pena retomar nuevamente lo que ahí se plantea.
El autor propone al menos dos aspectos especialmente valiosos para la reflexión política. Primero, se refiere a las características fundamentales de nuestro accionar, o sea, de nuestra práctica, en tanto agentes morales. En segundo lugar, alude a la práctica política propia de una o un demócrata. Veamos.
El primer asunto interesante que aborda sensatamente este texto es la distinción, muy arraigada en nuestro sentido común, entre formas y contenido de la práctica política y, más en general, de nuestro accionar en tanto agentes. Así, se suele escuchar que al considerar la política, debemos distinguir tajantemente entre las formas (cómo se habla, cómo se trata a otras personas, con quién se discute) y el contenido (las propuestas que se presentan, los ideales que se persiguen con el accionar). En nuestros días, no es inusual que se entienda que ‘el contenido justifica cualesquiera formas’ o, incluso, que ciertas formas son estorbos para lograr lo clave, que se encuentra en el nivel del contenido (fines, ideas o propuestas) de la acción política.
Sobre esta distinción, el autor pone correctamente en duda los límites normativos de la separación entre forma y contenido. Y es que, desde un punto de vista más fundamental, no existe una distinción tajante éticamente entre ambos niveles. Por un lado, los contenidos intencionales de nuestra acción se construyen, comparten y afianzan por medio de ciertas prácticas que, en el caso de la política, son públicas en un sentido relevante. Las formas en que estas se expresan pueden moldear el contenido mismo de la acción política. Pero, además (yquizás de mayor importancia), hay contenido en las formas de nuestro accionar. O sea, las formas de nuestras prácticas en sí mismas tienen contenido: honran y difunden ciertos valores y desprecian otros.
Por ende, al considerar o realizar una práctica política, nunca podemos liberarnos de la consideración ética de su faceta formal. Ahí damos preponderancia a ciertos valores (¡ciertos contenidos!) sobre otros. “Las ‘formas’ tienen importancia por sus consecuencias, por el sentido que transmiten y la realidad que construyen. Otra vez, no son sólo formas, sino expresión de un contenido que, a su vez, contribuyen a crear”, dice correctamente Franzé.
El segundo aspecto interesante para la reflexión alude no ya a nuestra agencia en general, sino a la forma de nuestra correcta práctica política en tanto demócratas. Sobre esto el autor sostiene que ciertas formas son relevantes para la democracia por los valores que encarnan y que performativamente promueven. Prácticas políticas como las de Chaves, Milei o Trump, de irrespeto, insulto y ridiculización al que discrepa políticamente, no son meramente ‘feas’: son afrentas a los valores democráticos mismos; tienden al autoritarismo político. “Las malas formas de un presidente democrático no son importantes porque nos digan algo de su creencia o no en la democracia, sino que son significativas para la democracia misma como orden político”, para citar nuevamente al autor.
Ahora, ¿cuáles son esas formas que las prácticas democráticas han de sostener? Sintetizo algunas de las que se me ocurren: (a) la tolerancia práctica frente al desacuerdo político, entendiendo que este es constitutivo de la sociedad democrática; (b) la cordialidad básica entre quienes sólo median desacuerdos políticos, recordando que juntas y juntos conformamos un cuerpo más amplio, una comunidad política, una República; (c) la decencia y la coherencia pública, dando cuenta de que estamos guiados por ideales y principios, y no por el mero autointerés.
Cabe preguntarse, sin embargo, por qué aceptar esta visión sobre las correctas formas de la práctica política democrática. Al considerar la respuesta a este asunto, el autor se aproxima a uno de los grandes misterios de la vida democrática: ¿cómo se puede, coherentemente, desarrollar una práctica política fundada en cierta concepción que se estima correcta y, al mismo tiempo, admitir que hay otras concepciones y prácticas que en algún sentido también son aceptables? Desde mi punto de vista (y aquí me diferencio un poco del autor), para responder estas cuestiones, debemos poder integrar, bajo distintas máscaras, nuestra faceta en tanto agentes políticos y en tanto personas ciudadanas.
En tanto agentes políticos, defendemos, promovemos y afianzamos ciertas concepciones y propuestas políticas que entendemos como correctas y justas para nuestra sociedad. O sea, bajo esta máscara asumimos que hay posiciones sobre el orden social que son correctas, sin más. Para lograr que dichas posiciones se realicen, nuestra práctica se puede encauzar mediante todas las rutas de acción política constitucionalmente reconocidas.
Por su parte, en tanto personas ciudadanas, hemos de reconocer que existen otros integrantes de la comunidad política que se encuentran en una posición constitucional equivalente, pero que pueden sostener direcciones políticas alternativas. Y su posición es equivalente porque son personas con igual dignidad en tanto ciudadanas de la República y el hecho de su desacuerdo es expresión de su autonomía moral, presupuestos esenciales del profundo ideal democrático de comunidad política.
Honramos, respetamos y mostramos la defensa de dicho ideal (de dicho contenido) a través de ciertas formas en nuestras prácticas, en cada una de ellas, y, ciertamente, en nuestro accionar político. La máscara ciudadana subyace a la del agente político. He aquí la manera en la que se integran para la o el demócrata.
Es gracias a la máscara ciudadana que se distinguen las formas correctas de la vida democrática; es ella la que distancia a alguien que lleva una práctica política autoritaria, aunque se realice dentro de límites legales aceptables, de una práctica demócrata. Y, por supuesto, la persona que ocupa un puesto de autoridad (v.g. un presidente) ha de trasladar dichos valores a su propia práctica política, respetando desde su lugar las formas adecuadas para honrar el pluralismo político.
Al fin y al cabo, en la práctica política democrática, se cumple también aquello que agudamente apuntara Borges para toda nuestra vida: los actos son nuestros símbolos.
Por JoseSo (José Solano-Saborío) Ciudadano y libre pensador
En 1284, la ciudad de Hamelin enfrentó una plaga de ratas. Un misterioso flautista prometió liberar a los habitantes del problema a cambio de una recompensa. Los aldeanos aceptaron, pero cuando el flautista cumplió, quién lo contrató, el alcalde, se negó a pagarle su recompensa. Entonces, el músico usó su melodía para llevarse algo mucho más valioso: los niños del pueblo.
Esta leyenda alemana, con sus múltiples interpretaciones, resulta inquietantemente actual en la Costa Rica del 2025, cuando se compara con el discurso del político populista qué nos llegó del Lejano Oriente. Ambos, el flautista y el demagogo son figuras seductoras que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Con palabras dulces y promesas grandilocuentes, logran que la gente los siga, cegada por la esperanza de un cambio inmediato.
El flautista ofrecía liberar a Hamelin de las ratas sin esfuerzo; el político populista promete a Costa Rica acabar con la corrupción, la pobreza o la inseguridad con solo votar por él. Ambos apelan a las emociones, no a la razón. Y, como en el cuento, cuando la realidad no coincide con la fantasía vendida, el pueblo termina pagando un precio mucho más alto.
Los habitantes de Hamelin, al final de esa leyenda, aprendieron demasiado tarde que las soluciones mágicas no existen. Hoy, en medio de crisis políticas y sociales, asesinatos por crimen organizado y pequeños agricultores arruinados, la lección sigue vigente: quien sigue ciegamente al encantador de turno, sin cuestionar sus métodos o sus intenciones, puede terminar perdiendo más de lo que imaginaba. La verdadera salvación no está en la melodía seductora, sino en la participación crítica y en la memoria histórica.
Después de todo, la diferencia entre el flautista y el político populista es solo una: el primero se llevó a los niños; el segundo, el futuro de todo un país.
Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:
1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.
2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.
3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.
4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.
5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.
¿Qué cabe esperar?
Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.
Lo laboral en la encrucijada
El panorama es desalentador:
– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.
– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.
– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.
¿Hay espacio para la esperanza?
Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.
Reciba nuestro fraternal saludo ciudadano desde el Encuentro Democrático. Somos un colectivo que desde hace años constituye un Espacio Ciudadano y Democrático de Debate no partidista, en defensa de nuestras conquistas sociales y de nuestro Estado Social de Derecho. Nuestros valores comunes republicanos son la búsqueda de una sociedad realmente Sustentable con más Igualdad, Libertad, y Justicia Social. Sin ningún otro interés que rescatar lo mejor para nuestra Patria, lo invitamos respetuosamente a participar en la transformación de esta grave crisis nacional en una oportunidad de participación ciudadana.
La crisis afecta de manera muy aguda las esferas con las que funciona un estado nacional: económica, laboral, política, ambiental, educativa, Salud Pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura pública, de producción, del Sector Agro, del Sector Cultura, del Sector Empresarial nacional, del Mercado Interno, de las PYMES, de muchas Cooperativas, de los trabajadores del Sector Público y Privado, de los profesionales y trabajadores independientes, de las mujeres jefas de hogar, y hasta de Legitimidad Democrática y Soberanía Nacional. También, hay que sumar a lo anterior, el alto costo de la vida y el bajo poder adquisitivo de los salarios.
Más allá del normal escepticismo colectivo y de la desesperanza social instalada, urge volver a enamorarnos de nuestras instituciones democráticas. Qué, aunque imperfectas, son la ruta sabia, pacífica y humanista para una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa y realmente sustentable. ¡Volvamos a creer en Costa Rica y lo mejor de su Segunda República!
Así las cosas, sabemos que muchas personas, como nosotros, no se identifican necesariamente con el Partido Liberación Nacional. Lo hemos criticado duramente y con justa razón. Hemos luchado desde nuestros espacios por una Costa Rica más justa, más equitativa y más democrática, adversando abiertamente a ese Partido, pues éste ha sido —y no hay que olvidarlo— un agente fundamental en muchos de los problemas que hemos desarrollado como sociedad. Pero, también, sabemos que el momento que vivimos exige salir de nuestras trincheras acostumbradas y actuar con lucidez y responsabilidad histórica.
Tampoco debemos olvidar que, en otros momentos de nuestra historia, el PLN fue una fuerza decisiva en la construcción del Estado social de derecho que ha distinguido a Costa Rica en América Latina: una república con servicios públicos sólidos, acceso universal a la salud y la educación, y una institucionalidad civilista. Esa herencia, que hoy se ve amenazada, no pertenece a un solo partido: pertenece al país, y debe ser defendida por todas y todos.
Costa Rica atraviesa una crisis profunda: social, económica, política e institucional. El deterioro del Estado social de derecho, la fragmentación de lo público y el desgaste del diálogo democrático no pueden seguir siendo administrados con parches ni discursos vacíos. Es urgente reconstruir un horizonte común.
En este contexto, la figura de Álvaro Ramos Chaves, en el marco de la convención abierta del PLN, representa una posibilidad estratégica que vale la pena considerar. No se trata de una adhesión ideológica ni de un cheque en blanco. Se trata de reconocer que su eventual triunfo abriría una ventana para algo más grande: una alianza nacional amplia y progresista que convoque a un verdadero diálogo social con propuestas escritas, serias y urgentes.
Álvaro Ramos Chaves ha demostrado apertura, capacidad técnica y política, y voluntad para hablar con sectores diversos. Pero su fuerza dependerá, también, de que este apoyo no venga del aparato tradicional, sino de la ciudadanía crítica, de quienes aún creemos en lo público, en los derechos humanos, en el bien común, en la Soberanía nacional, en fin, en una sociedad sustentable, amigable con el ambiente e inclusiva.
Participar en esta etapa —votar por Ramos en la convención abierta— es, para muchas y muchos, un gesto táctico. Pero es también una apuesta ética por evitar salidas autoritarias, populistas o vacías, y por sembrar las condiciones de una transformación verdadera, con participación amplia y propuestas concretas sobre la mesa.
No hay caminos fáciles, pero no podemos ser ajenos, no podemos quedarnos al margen mientras se termina de destruir lo poco que queda del Estado Social de Derecho y de las Conquistas sociales que logramos como sociedad desde 1943. El país nos convoca a pensar en alianzas y consensos, que como ocurriera con el Pacto de Ochomogo (1948), se convierten en la única opción para salir de oscuros momentos de conflicto.
1 Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
El pasado martes 18 de marzo, varios miles de personas se congregaron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Acompañadas de banderas nacionales, exigían la destitución de la persona que actualmente ocupa el cargo de Fiscal General. El evento fue promovido desde Casa Presidencial de Costa Rica, y existen indicios de una inversión económica significativa destinada a movilizar a ciudadanos y ciudadanas desde zonas rurales del país.
A la manifestación asistieron varias diputaciones del partido de gobierno, exministros con aspiraciones de participar en las próximas elecciones nacionales y, notoriamente, el propio presidente Rodrigo Chaves Robles (quien no ha ocultado su conflicto con el Fiscal General, motivado por diversas causas que dicho funcionario tramita en su contra). Aclamado por sus seguidores, el mandatario afirmó que el Pueblo se ha despertado y, en una expresión con alguna reminiscencia lejana al filósofo Jean-Jacques Rousseau, que la voz del Pueblo es la voz de Dios.
Las líneas que siguen analizan críticamente el concepto de Pueblo que subyace en estos posicionamientos políticos y lo contrastan con su principal alternativa teórica.
¿Quién es este Pueblo del que habla el presidente con tanta vehemencia?
Pero, ¿quién es ese Pueblo al que aludió el presidente, y qué papel le corresponde frente a las instituciones del Estado? Ambas son preguntas de considerable profundidad, ciertamente. Quizá por ello encontramos diversas respuestas relevantes a cada una. Comencemos por la segunda.
Si atendemos a los principios fundamentales de nuestro orden constitucional, el Pueblo (o la Nación, con mayúscula, como lo llama nuestra Constitución Política) es una figura absolutamente central. Según la Constitución, se trata del titular de la soberanía y es el llamado a ejercer todas las funciones del poder público, incluido el más elevado de todos los poderes, el constituyente (es decir, la capacidad de crear una nueva Constitución).
Este es el Pueblode la Democracia establecido en nuestra Constitución Política: gobierna a través de formas constitucionales, lo cual implica necesariamente la disposición de todos los derechos políticos fundamentales ciudadanos. Tiene, además, la notable facultad de modificar la Constitución misma, si así lo decide.
Esta concepción que proyecta nuestra Constitución se opone, por un lado, a la postura elitista, según la cual la ciudadanía no debe reclamar ni influir en el llamado Estado de Derecho. Pero también se distancia de lo que podríamos llamar una visión populista, que concibe al Pueblo como una entidad que puede gobernar sin instituciones, sin representantes, sin mediación; como si se tratara de un organismo con voluntad autónoma (en breve veremos que, desde este punto de mira, se suele entender que la voluntad popular tiene que tomar forma en la figura de un Líder).
El Pueblo del Populismo
Transpira nuevamente la pregunta acuciante: ¿quién es este Pueblo de la Democracia? Queda claro que, sea lo que sea, es algo trascendental. En Costa Rica, el Pueblo posee un enorme poder sobre todas y todos nosotros o, al menos, así lo establece nuestra Constitución Política. Sin embargo, seguimos sin saber con claridad quién es y cómo se manifiesta.
Una alternativa que interesa considerar aquí es justamente la propuesta por el presidente Chaves: el pueblo se identifica o es representado exclusivamente por quienes apoyan su gobierno, con lo cual él se convierta en su única voz legítima. Esta visión coincide con lo que el teórico e historiador Federico Finchelstein, en su obra “Del fascismo al populismo en la historia”, caracteriza como la perspectiva populista del Pueblo o Nación. El populismo (junto con su pariente, el fascismo) entiende que el Pueblo de la Democracia toma forma en una parte (real o supuestamente) oprimida o maltratada de la población, que encuentra su expresión en una figura de liderazgo profético y emancipador: Nación, Seguidores y Líder constituyen una sola unidad política. El Líder es, por tanto, quien efectiviza la voluntad que debe guiar al resto de la Nación-Seguidores. De esta forma, suele justificarse que el Líder acumule los poderes y facultades atribuidas al Pueblo de la Democracia.
Habida cuenta de estas ideas, históricamente el populismo ha tendido a apoyar el empoderamiento de ciertos presidentes electos mediante votación popular, como mecanismo para localizar al Líder del Pueblo.
Frente a este movimiento, obviamente, solo puede existir su contrario, representado por el mal: la casta, la élite, el antipueblo, es decir, todas y todos quienes no forman parte del Pueblo-Seguidores o se oponen de alguna forma a lo que dispone su Líder.
En todas sus manifestaciones, el populismo tensiona las instituciones constitucionales y políticas propias de las Repúblicas modernas. No podría ser de otra manera, dados los supuestos ideológicos que incorpora: la identificación entre Líder, Seguidores y Nación, que se oponen frontalmente al Antipueblo (en especial: opositores políticos). Aun así, existen muchos ejemplos históricos que muestran movimientos populistas que llegan al poder sin romper completamente con dichas instituciones (por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner o Javier Milei en Argentina). En otros casos la deriva ha sido hacia regímenes autoritarios (como el de Nayib Bukele en El Salvador), llegando incluso a consolidarse plenamente en formas dictatoriales (como la Venezuela de Nicolás Maduro).
¿Pero, hay alguna forma distinta de ver al Pueblo de la Democracia? Hay quienes creen que no, y por ello auspician una forma completamente despolitizada de ver los órdenes constitucionales. Sin embargo, la respuesta se encuentra en la propia ideología que subyace a nuestras imperfectas Constituciones Políticas modernas, incluida la de Costa Rica. Se trata de lo que podemos llamar la visión republicana del Pueblo.
El Pueblo de la Democracia bajo la mirada republicana
Hay una alternativa tanto a la visión populista del Pueblo de la Democracia como a las visiones elitistas. Nuestra Constitución Política de 1859 la distinguió con notable claridad, en una formulación que lamentablemente no se preservó en nuestro texto constitucional actual. En su artículo primero, aquella Constitución señalaba: “La asociación política de todos los costarricenses constituye una Nación que se denomina: República de Costa Rica”. Esta es la mirada republicana del Pueblo de la Democracia costarricense. Se trata una comunidad intergeneracional, que comparte un pasado, un presente y un futuro, anclada entre sí por medio de sus derechos políticos en la forma de la ciudadanía. Se organiza en una República, con el objetivo de garantizar la igualdad política de todas las personas que integran la comunidad.
Notablemente, sin embargo, en la comunidad de la ciudadanía existen honestos desacuerdos sobre cómo y en qué dirección han de ejercerse los poderes del gobierno. Por ello se requieren medios institucionales que aseguren que todas esas visiones políticas sean escuchadas y representadas en la toma de las decisiones más importantes sobre cómo vivir en comunidad.
En los modelos constitucionales modernos, esta ambición se tradujo en instituciones características: los Congresos o Parlamentos legislativos, cuya integración debe ser electa y políticamente representativa de la diversidad ideológica de la ciudadanía, y, al mismo tiempo, estar abierta a sus reclamos y observaciones. Esta ideología republicana incluso se manifestó en la arquitectura de muchas de las salas donde se reunían en pleno los cuerpos legislativos: para simbolizar la igualdad entre todos los representantes -y, indirectamente, la del propio pueblo-, se adoptaba una disposición en semicírculo (lamentablemente, la sala del Plenario de nuestra Asamblea Legislativa ha olvidado ese notable simbolismo republicano). Por supuesto, es esta concepción del Pueblo la que justifica que la ley disponga de mayor legitimidad que las decisiones de un Presidente (sea o no el “líder” de un movimiento político).
¿Pero entonces, desde esta visión de la comunidad política, caben las denuncias vehementes contra los poderes fácticos, las corporaciones o las élites que buscan cooptar las instituciones y los gobiernos en su propio beneficio? ¡Claro que caben! El desacuerdo dentro de la comunidad política no tiene por qué vivirse “en baja intensidad”, ni excluir denuncias apasionadas por corrupción, corporativismo o cooptación institucional. El principio de acción, sin embargo, es que al formular la crítica política, debe preservarse -en la medida de lo posible- la distinción entre, por un lado, los adversarios políticos, y por otro, los actores facciosos, corporativos o extrainstitucionales. Solo al mantener esta distinción puede sostenerse una política de conflicto democrático sin caer en una lógica del populismo, que tensiona y pone en riesgo la vigencia de las instituciones formales de la República.
De forma que las implicaciones de la ideología republicana del Pueblo calan profundamente en nuestras instituciones y prácticas constitucionales, aunque muchas y muchos sentimos que, en nuestros días, estas no cumplen con sus aspiraciones más elevadas. De hecho, creo que la reiterada incoherencia entre los ideales a los que dicen dirigirse nuestras instituciones y el desierto de realidad que percibimos en su desempeño -con una deriva que con demasiada frecuencia recuerda a House of Cards o VEEP– constituye parte de lo que, en Costa Rica, ha empoderado a la visión populista de la política y del Pueblo. Y es este movimiento político el que, hoy día, cuestiona la visión políticamente igualitaria e inclusiva que subyace a la idea republicana del Pueblo de la Democracia.
“Había que salir a la calle” dice la voz en off del actor argentino Guillermo Francella, mientras un mar de gentes inunda las inmediaciones del Obelisco, en Buenos Aires. “Nosotros éramos el tsunami”, dice mientras se suceden las imágenes de una Argentina desbordante, sufriente, altiva, luchadora, en el mundial de fútbol de Qatar en 2022.
Un documental epidérmico y profundo como pocos, es el que llegué a ver tardíamente dos años después de su estreno. “Muchachos: la película de la gente” es una producción dirigida por Jesús Braceras, que intercala en varias ocasiones imágenes de los distintos partidos que la selección de fútbol de aquel país jugó en ese mundial, con videos de las y los aficionados en sus casas, transporte público, restaurantes, bares, altares. Una antropología de las emociones.
El resultado ya todos los sabemos.
Pero eso es una anécdota alrededor de lo que implica una actividad que, como pocas, puede generar en algunas ocasiones un pacto social a prueba de todo ataque, de todo intento de disolución.
Porque sí. El fútbol en Argentina es un acto devocional y el más político de los actos fuera de la cosa orgánica, esa que hizo instalar una figura que supo traducir el enojo y el descontento colectivo, en un discurso sospechosamente incluyente, absolutamente populista.
No sé por qué razón el ejemplo me sobrecoge y un temblor extraño recorre mi cuerpo. Quizá sea la cercanía de esa deriva para el caso costarricense.
“Había que salir a la calle como tantas veces” continúa Francella en una narración soberbia, que no necesitó sobreponerse a las imágenes. Durante muchos minutos su voz se apaga para dejar emerger el color, la intensidad, el brillo, el abrazo.
Y también dejar escuchar una soberbia banda sonora que acompaña la producción: “no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, dice una de las piezas.
Nada más puntual que esto.
Si. Fue ese momento una válvula de escape para el pueblo argentino. Ese pueblo, no el que inventan los populismos cualquiera sea sus extremos.
La relación entre fútbol y política no siempre nos trae recuerdos felices. La misma Argentina campeona del mundo de 1978 fue testiga de uno de los horrores jamás cometidos por dictadura alguna contra su gente.
Por si acaso, recomiendo la película “La noche de los lápices” que muestra la crudeza con la que el general Jorge Rafael Videla, ese mismo que entregó a Daniel Alberto Pasarella la copa del mundo, hizo trizas literalmente a sus adversarios políticos, desapareciéndolos, matándolos. Y rasguña las piedras, la canción emblemática de Sui Generis. escúchenla. Siéntanla.
Salir a la calle en un contexto así es complejo de explicar. Por eso en el documental narrado se muestran imágenes de la “Argentina del Corralito” a inicios de la década de los 2000, una de las peores crisis económicas que cualquier país latinoamericano haya experimentado en este siglo.
“Ahí la gente salió a la calle por otras razones”, explica el actor. Salió porque su bronca ya no le permitía quedarse en casa.
Y su misma voz vuelve a significar la importancia del fútbol como herramienta para el abrazo y el reconocimiento colectivo. Eso, solo eso, equilibra la balanza de una actividad transnacional que genera muchas desigualdades, mucha violencia de género, mucho racismo.
Si esas cosas no son reparadas, seguiremos hablando de ese deporte desde las luces y las sombras.
En junio de 2024, en una mesa de lectura poética en la hermosa Ciudad hondureña de Cantarranas, la querida poeta y gestora cultural Marta Miranda iniciaba sus intervenciones preguntando a los niños, niñas y jóvenes por Messi o Maradona. El clic era inmediato. El lenguaje universal no necesitaba explicación.
En una sociedad como la costarricense, que necesita urgentemente una válvula de escape, es necesario volver a reconocernos en lo colectivo, salir a la calle a defender esta particular forma de llamarnos país. Si es el fútbol que pueda articularnos, bienvenido sea. Porque a falta de opciones orgánicas, lo pasional podría más. Lo sé.
Mientras tanto reinventémonos a toda escala, que los desafíos por venir necesitarán más que un balón para lograr vencerlos.
La demofobia, o el miedo al pueblo, no es un fenómeno reciente en la política costarricense ni en Occidente. Su origen se remonta a finales de los años 80 y se consolidó en los 90, cuando la clase política tradicional abandonó al pueblo como sujeto central del quehacer político. La caída del bloque socialista y el fin de la Unión Soviética convencieron a las élites triunfantes de que ya no necesitaban la participación real de la ciudadanía para gobernar porque no tenían competencia ideológica que amenazara con llevarse el beneplácito popular. En su lugar, bastaba con mantener un cascarón democrático vacío: rituales electorales cada cuatro años que legitimaran el ejercicio del poder sin alterar sus intereses. Como el gatopardo de Lampedusa: cambios para que nada cambie.
Costa Rica no fue la excepción. Un episodio emblemático ocurrió en el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa discutía el Combo del ICE, un paquete de reformas para privatizar el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En ese contexto, una diputada de un reconocido partido político dejó en evidencia su desprecio por la voluntad popular al declarar: “Las masas nunca…no siempre tienen la razón…las masas han cometido desastres en la historia de la humanidad, es la gente pensante, la gente informada la que sabe hacer los verdaderos cambios». Con ese argumento, justificaba una supuesta superioridad intelectual y hasta moral para ignorar el clamor ciudadano que, en su mayoría, rechazaba el proyecto. Aquí está retratado un momento histórico clave de divorcio entre clase política y pueblo costarricense.
Lo que la señora diputada omitió, es que los grandes desastres a los que se refiere no han sido producto del pensamiento propio de esas masas, sino de élites organizadas y “pensantes” como las que ella representaba, que en diferentes momentos históricos han manipulado a esas masas para generar caos. Ahora, existe una desconfianza mutua: una clase política considerada como la de “siempre”, que se niega a escuchar y representar a las masas porque las considera de antemano “ignorantes”, y unas masas que desconfían de esa clase política que no representa ni sus intereses ni sus valores.
Han pasado 25 años desde aquel triste episodio, y el divorcio entre la clase política y el pueblo solo ha crecido. En este contexto, no es sorprendente que fenómenos como el chavismo tico hayan surgido con fuerza y amplio respaldo popular. Esta nueva corriente política ha sabido leer con astucia los errores tácticos de la élite tradicional y, en lugar de seguir su mismo camino de demofobia y menosprecio al pueblo, ha optado, por lo contrario: actuar como su megáfono, mimetizarse con él y presentarse como su defensor.
Sin embargo, este populismo no es más que una estrategia calculada para servir los intereses de una nueva casta económica emergente que busca desplazar a la vieja oligarquía que ha gobernado el país de la mano de la clase política tradicional, utilizando al pueblo como herramienta política.
Lo verdaderamente trágico es que el pueblo, en su desesperación y abandono, ha caído en una trampa. Cree haber encontrado un líder mesiánico que lo representa, sin darse cuenta de que está siendo instrumentalizado en una lucha de poder entre élites. No es casualidad que la Biblia advierta sobre los falsos mesías, aquellos que prometen salvación, pero solo buscan su propio beneficio. Como dice el viejo y conocido refrán: en río revuelto, ganancia de pescadores, y el oficialismo ha sabido aprovechar este descontento popular para consolidar su proyecto de poder.
Mientras la clase política tradicional sigue atrapada en su demofobia y luchas de poder internas, el oficialismo ha entendido que, en lugar de tratar al pueblo como ignorante, resulta más rentable hablar su lenguaje y mostrarse cercano a sus preocupaciones. Esto les ha permitido ganarse la simpatía de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, aquellos que han sido excluidos del modelo económico impuesto por las élites desde los años 90.
Con sus aciertos y errores, el pueblo sigue siendo pueblo. En medio del huracán de la globalización neoliberal, que busca desarraigarlo y convertirlo en una simple pieza de la maquinaria económica, la gente se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones como un acto de resistencia. Este fenómeno no es distinto al de los pueblos indígenas o afrodescendientes, que defienden su identidad frente a la homogeneización impuesta por la modernidad. Paradójicamente, el progresismo posmoderno, que suele admirar la resistencia cultural de estas comunidades, desprecia cuando un país o un pueblo en su conjunto intenta hacer lo mismo.
Si una comunidad indígena defiende sus costumbres, es vista con respeto y admiración. Pero si un pueblo defiende su fe, sus tradiciones o su identidad nacional, es calificado como retrógrado, conservador y anticuado. Este doble estándar es una muestra de cómo el progresismo ha caído en la trampa del neoliberalismo que dice combatir. En lugar de entender que la resistencia cultural es legítima en todos los niveles, han optado por imponer una visión única del mundo, alineándose sin querer con el mismo sistema que critican.
Ante la demofobia de la clase política tradicional tanto de izquierdas como de derechas, y el oportunismo de los nuevos actores, el resultado es inevitable: el surgimiento de outsiders como única alternativa política viable para el pueblo. En un sistema donde la política se ha convertido en un juego de castas, estos líderes aparecen como salvadores, canalizando el descontento popular y presentándose como la voz de los olvidados. Pero la historia ha demostrado que cuando los monstruos emergen, terminan por devorar lo poco que queda.
Así, la democracia costarricense se encuentra en una encrucijada peligrosa. Mientras la casta tradicional sigue despreciando al pueblo y los nuevos “líderes” lo usan como herramienta de poder en favor de intereses privados, tan es así que están a favor del Combo 2.0 que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos, la ciudadanía se convierte en un simple espectador de una lucha entre facciones que poco tienen que ver con sus verdaderos intereses y valores. Si este ciclo no se rompe, Costa Rica corre el riesgo de perder lo poco que le queda de su democracia real, reemplazada por un teatro donde el pueblo es solo un actor secundario en una obra escrita por otros.
Aportes para un perfil de Estado que aglutine a los productores agrícolas para colocar en primer lugar los intereses nacionales y combatir la corrupción y el poder creciente del narco.
Propuesta elaborada por Miguel Sobrado y Fernando Naranjo Retana Santa María de Dota Marzo 2025
Justificación
Costa Rica se encuentra en una etapa de transformaciones profundas de su sistema económico social y político.
Las últimas 4 décadas de neoliberalismo, han concentrado la riqueza en tres sectores principalmente:
a) El denominado sector moderno ubicado en especialmente en las zonas francas, cuyos propietarios, en su mayoría no residen en el país y por lo tanto no sufren directamente los problemas de la falta de infraestructura, al mismo tiempo que gozan de grandes ventajas fiscales.
b) El narcotráfico, aunque no es un sector formal de la economía, es una realidad con peso propio, que aprovechando la corrupción endémica imperante en el país, ha venido penetrando sistemáticamente desde las costas y zonas fronterizas, al punto de transformarlo en el principal centro de acopio de las drogas para exportarla a los Estados Unidos y Europa.
c) Mientras que el llamado sector tradicional, especialmente agrícola, aunque mantiene influencia directa e indirecta en la generación de empleo, ha venido perdiendo su importancia en la economía nacional, al mismo tiempo que si contribuye a sostener el Estado.
En este contexto, como lo ha afirmado el director del Estado de la Nación en radio Monumental, “si bien se ha multiplicado por 4 el producto interno nacional (PIB) y se han multiplicado por 8 las exportaciones, al mismo tiempo los ingresos promedio de los hogares son menores que hace 15 años”, situación que generado inestabilidad en el país y contribuido a incubar un conflicto social de gran envergadura, caracterizado por el descontento del sector agrícola abandonado a su suerte y matizado por la presencia creciente de los sicarios al servicio del narco tráfico.
El sector tradicional, que fue el protagonista del origen a la Segunda República a mediados del siglo pasado, se encuentra sin rumbo ni liderazgo en un momento donde la corrupción ha salpicado a gran parte de los dirigentes políticos tradicionales desmoralizando la fe de la población en los antiguos partidos políticos. Los cambios de personas en las candidaturas, llenos de promesas de arreglarlo todo, no genera confianza en ese ambiente de desmoralización y ha sido motivo para justificar el retiro de las urnas de la población.
En estas condiciones, de debilitamiento del aparato político, de desmoralización y de falta de una de visión país creíble que abra un camino de esperanza, adquiere grandes posibilidades de que se imponga la reorganización del Estado impulsada por el populismo y el narcotráfico a través de la corrupción. Al crecer la importancia económica e influencia política de los narcos elevan sus posibilidades de configurarse como rector del futuro inmediato del país. Es momento para que una tercera fuerza política (los agricultores) alcen su voz para integrarse a una propuesta real de un proyecto aterrizado.
¿Es posible una alternativa enraizada en nuestra cultura?
Existen experiencias regionales relevantes en el sector tradicional profundamente enraizadas en la cultura nacional, que aunque poco conocidas y desapercibidas por el mundo político, pueden marcar senderos de esperanza, si se dan a conocer y se difunden sus logros así como las limitaciones que han tenido por las estructuras centralistas. Sus logros podrían contribuir a marcar las transformaciones que requiere nuestro país y aglutinar fuerzas y optimismo a nuestro desarrollo.
Analizaremos aquí una de esas experiencias arraigadas en nuestra cultura que tienen perspectivas de convertirse en virales que aporten un importante efecto multiplicador.
El caso de la zona de Los Santos
Una región de particular interés por su arraigo en la cultura nacional histórica y convencida de su poder y misión progresista en el país
Está integrada por los cantones de León Cortés 14097 h, Tarrazú 12000 h, y Santa María de Dota 9364 h. En total 35461 personas que representan numéricamente apenas el 0.67 de la población nacional, pero que, la naturaleza de la actividad cafetalera que produce cerca del 50% del café nacional junto a los cantones vecinos de Aserrí, Desamparados, Acosta, El Guarco, Cartago, Parrita y Quepos. La calidad de su producción, su tradición organizacional y la importancia que ha tenido esta en la configuración de la cultura regional y nacional, debe ser considerada con atención como una de las mejores prácticas, que ha marcado en el desarrollo regional y su posible ejemplo para el país en este momento de transición donde el narco tráfico toma la delantera.
Antecedentes relevantes
Aspectos demográficos y físicos
La región de los Santos se repobló, después de haberse despoblado durante la colonia, con personas provenientes del Valle Central occidental, especialmente San José, Heredia y Alajuela. Provincias en las cuales se había desarrollado una economía mercantil a raíz del monopolio del tabaco implantado en el siglo XVIII.
Tradición mercantil que se fortaleció con el desarrollo del cultivo del café en el siglo XIX. Los migrantes que no siguieron hacia el Valle del General se establecieron en las fértiles tierras de la región de los Santos. Encontraron ahí, no solo una tierra óptima, sino un microclima que bajo la influencia del pacífico incidía en que los suelos fueran especialmente generosos con la calidad del café. Esta región es al mismo tiempo muy vulnerable frente a los deslizamientos y desastres naturales, lo que marcará, junto con las ventajas anteriores las condiciones de organización y sobrevivencia.
El capital social emergente
Esta combinación de factores de las particularidades del terreno, demográficas y naturales, donde por una parte se abrían las puertas para el bienestar, pero por otra la falta de caminos y posibilidades de auxilio del gobierno central en caso de desastres estimuló la cooperación y auxilio entre los vecinos en los momentos difíciles. Las limitaciones en el transporte de las personas y de los productos propició la cooperación y la confianza en la población local, generándose lo que se ha dado en denominar capital social, que es un tipo de capital, no individual como el financiero o las instalaciones, sino un tipo de capital colectivo basado en la confianza y la cooperación recíproca que ha sido uno de los pilares del progreso regional y que tiene sus orígenes en el Valle Central.
La guerra civil de 1948 y la organización cooperativa
La población de Los Santos apoyó a José Figueres Ferrer en la contienda por la creación de la llamada Segunda República, que le atribuía un papel protagónico a los productores agrícolas organizados en cooperativas en el nuevo ordenamiento nacional con fundamento en un papel proactivo del Estado.
Las organizaciones cooperativas y el empoderamiento regional
Las organizaciones de productores de café llevaron en primera instancia a estos a liberarse de los precios prefijados por los grandes exportadores tradicionales, gracias a sus organizaciones cooperativas. Estas, no solo facilitaron el procesado del café en la región, sino que crearon condiciones para su mercadeo nacional e internacional.
El éxito fue contagioso y del café saltaron a otro problema regional que era la falta de energía que resolvieron inicialmente redistribuyendo la energía del ICE, posteriormente realizando inversiones en plantas hidroeléctricas y finalmente con un gran parque eólico propio, que genera energía renovable partir de las generosas corrientes de viento prevalecientes en la zona montañosa. Las cooperativas florecieron en la región junto a la diversificación agrícola y la industrialización de nuevos productos en pequeñas empresas.
El surgimiento de los micro beneficios
Las cooperativas fueron un elemento de progreso importante para competir en el mercado internacional mientras se mantuvo el Convenio Internacional del Café impulsado por la socialdemocracia, donde productores y consumidores controlaban el precio. Esto cambió radicalmente con la llegada de la economía neoliberal impulsada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a nivel planetario, por la cual los organismos internacionales financiaron la siembra masiva de café en la India y Vietnam especialmente.
Esta situación cambió radicalmente el panorama regional cuando empezaron a producirse cosechas masivas en Asia que bajaron los precios del café impidiendo a los productores locales sacar sus costos. Muchos productores quebraron y tuvieron que vender sus tierras, o emigrar temporalmente a los Estados Unidos para reunir un dinero y recuperarlas.
Las cooperativas en este nuevo contexto siguieron vendiendo en un mercado que valoró el café de Costa Rica a un precio mejor que la bolsa de Nueva York, concentrándose en una gestión corporativa, sin establecer nuevas opciones en un mundo en transformación ni explorar con firmeza el mercado nacional. De tal forma que tuvieron serios problemas para atender las demandas crecientes de sus socios.
Esta situación provocó que algunos de sus mayores asociados se salieran de las cooperativas y montaran sus propios micro beneficios orientados a conquistar el mercado nacional y abrir nuevos espacios de comercialización internacional con cafés de calidad, en un intento marcado por el ímpetu cafetalero.
Lo logros alcanzados por lo micro beneficios han sido destacados tanto en la penetración del mercado de calidad nacional donde han realizado proyectos comunes con importantes supermercados. Al mismo tiempo que han atraído nuevos socios internacionales a través de las ferias de las tasas de excelencia y en las subastas posteriores. Todo esto ha motivado a un ajuste en las políticas de las cooperativas que, después de un rechazo inicial, han seguido su ejemplo, aunque mantienen la esencia el trabajo corporativo.
Logros de lo que denominaremos aquí el Modelo de Descentralización de Los Santos
Como se puede apreciar, la organización de las comunidades gestó un proceso de descentralización en el ámbito productivo regional, congruente con las políticas nacionales socialdemócratas de estimular la economía interna, especialmente agrícola, desarrollando caminos de penetración, fijando precios de sustentación a los granos, nacionalizando la banca y creando crédito rural, diversificando la agricultura e impulsando la agroindustria, entre otras.
Estas condiciones generadoras de bonanza regional cambiaron al imponerse las políticas neoliberales, que modificaron las políticas proteccionistas del Estado socialdemócrata nacional. Como respuesta externa a la debacle local se ofreció, por parte de los organismos internacionales elevar la calidad y la capacidad administrativa introduciendo en las empresas cooperativas, que son sociales, las técnicas e indicadores de la empresa privada, generando un corporativismo hacia adentro de la estructura administrativa.
Esto no impidió, a pesar de las grandes pérdidas y las limitaciones para adecuarse a las nuevas condiciones, que las cooperativas sobrevivieran ampliando sus servicios de abastecimiento y procesado industrial al mismo tiempo que, lenta pero decididamente, siguieran los senderos abiertos con gran esfuerzo por los micro beneficios.
Reflexiones en cuanto los senderos abiertos por la experiencia de Los Santos
La exitosa experiencia de Los Santos de liberarse a través de la organización cooperativa del control de los precios que establecían las exportadoras y tostadores en países de destino, creo las condiciones el desarrollo económico y cívico de la región mientras las políticas públicas priorizaron los intereses nacionales. Todo esto dentro de una política nacional estimulante de la organización y participación de los campesinos en la producción agroindustrial.
Al cambiar las condiciones proteccionistas nacionales, por la libre competencia sin restricciones del neoliberalismo internacional, se hizo evidente, a pesar de sus logros, la debilidad de una descentralización limitada a lo productivo regional.
¿Qué nos enseña la experiencia de descentralización parcial vivida por la región de Los Santos?
1) Que las decisiones políticas centralizadas que obedecen a los intereses del gran capital internacional, sobre las cuales no tienen incidencia las regiones y organizaciones locales ni en su contenido ni en la forma pueden afectar muy seriamente el desarrollo regional y local provocando animadversión de los productores.
2) La política internacional de las grandes potencias no puede estar por encima de los intereses locales, regionales y nacionales, y debe requerir, antes de ponerse en práctica, la aprobación, regional. Al mismo tiempo que las políticas públicas deben estimular el producto terminado desde el origen.
3) Que el poder de participación cívica de una comunidad radica en su organización. Como dijo José Figueres Ferrer, “los hombres sin organización no tienen ningún poder”.
4) En este sentido la descentralización encuentra terreno fértil ahí donde existe gente organizada autónomamente. No debe confundirse con estructuras clientelistas basadas en personerías jurídicas creadas en escritorios, pero manejadas por “punteros” que negocian los votos. En esas condiciones la descentralización se puede transformar en una pantalla para ocultar el poder de la mafia. La autonomía debe ser soberana y blindada.
5) Las organizaciones cooperativas son empresas sociales, que si bien deben ser eficientes en el manejo de sus recursos, deben medir sus resultados, ante todo dirigiéndose por las necesidades de sus comunidades y socios; esto es promoviendo la continuidad de los emprendimientos a través de formación de sus hijos de cara al futuro, al mismo tiempo que garantizando la vejez de los asociados por obligación estatutaria.
6) La descentralización no puede limitarse a lo económico ya que la sociedad es un todo donde se articula lo económico con lo social y lo político. No puede pensarse, sobre todo en una época de transformaciones radicales, como la que vivimos, donde el conocimiento juega un papel preponderante en el desarrollo, que la educación, la capacitación, la salud y la seguridad, no se encuentren bajo auditoria y evaluación ciudadana, dando al pueblo agricultor poder de decisión.
7) La educación y la capacitación organizacional, en todos los órdenes, son estratégicas. Así como en el pasado la posesión de la tierra o el capital material eran claves para el progreso, hoy el conocimiento es lo que transforma y empodera a los individuos y comunidades siempre enseñando que el principal activo del productor es el suelo y su dignidad. No se puede crear un futuro para las nuevas generaciones con una educación del siglo XX.
8) En otras palabras, empoderar responsablemente al agricultor sobre su futuro en el proceso de transformación que vive el mundo. En este sentido los poderes locales, dirigidos por ellos, se verán estimulados a exigir regularmente la actualización y evaluaciones de resultados en estos campos, así como tener atribuciones de intervención activa removiendo funcionarios en caso de incumplimiento.
9) La experiencia de la región, como buena práctica nacional, abre senderos para una descentralización, no solo local, sino progresiva que se inicie con los cantones de cultura cívica cafetalera y perfile una democracia participativa eficiente arraigada en lo nacional, pero que se guie hacia una descentralización con rendición de cuentas y revocatoria de los cargos, como la que existe en Suiza.
La política exterior en una región de importancia geopolítica
Así como debemos fortalecer nuestro Estado aprendiendo de las mejores prácticas internas, debemos aprender de nuestra experiencia como nación en una región de gran importancia geopolítica. De hecho, existimos como nación por la visión que tuvo nuestro prócer Juan Rafael Mora Porras del carácter estratégico de Centro América y de nuestro país en el contexto mundial. Gracias a su visión supo hacer valer nuestra posición geopolítica frente a la expansión de la creciente potencia norteamericana, realizando una alianza estratégica con Gran Bretaña, la potencia dominante de entonces. Tal como se relata en el libro “El lado oscuro del presidente Mora” de don Humberto Vargas Araya, difundido ampliamente en nuestro siglo por la Academia Morista. A los estados pequeños en regiones estratégicas como la nuestra, no pueden “casarse” con los intereses de una potencia si quieren mantenerse vivos deben, hacer valer su importancia estratégica manteniendo buenas relaciones con todos, pero colocando eso sí los intereses nacionales en primer plano. En este sentido hay que revalorar las políticas económicas y comerciales del país ubicándolas dentro de las posibilidades que genera el nuevo contexto regional y mundial. En particular la posibilidad de hacer alianzas comerciales, con países como México, Colombia y Centro América para rediseñar la comercialización café arábica internamente y en el mercado mundial emergente.
En síntesis
Se trata de rescatar los logros y limitaciones que ha tenido esta experiencia parcial de descentralización organizada regional, para trazar e incorporar líneas de cambio institucional que hayan demostrado arraigo en la experiencia nacional, así como invitar al movimiento cooperativo, comunal y popular en general a impulsar un proyecto de transformación nacional impulsado por las organizaciones del sector agrario que genere esperanza, control sobre la gestión pública, moral y unidad internamente y regionalmente frente al populismo y el crimen organizado.
Objetivos para un documental histórico que impulse la reflexión y el estudio sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, estimulando la organización de las fuerzas políticas, regionales y nacionales en primer lugar y posteriormente latinoamericanas con arraigo en la nueva coyuntura internacional.
1) Describir logros de la gestión local impulsada por las comunidades en los todos los cantones que rodean a la zona de los Santos a partir de 1950.
2) Describir las limitaciones que ha tenido este tipo de descentralización restringida a lo productivo y económico para a una buena gestión integral de la región.
3) Que aspectos de modelo de gestión local de Los Santos pueden contribuir a configurar un modelo de descentralización que confluya, progresivamente, partiendo de las regiones cafetaleras en un modelo descentralizado nacional, que abra un sendero al desarrollo nacional, con raíces en su cultura básica. Un modelo que ha logrado industrializarse y exportar producto terminado; generar combustible y fertilizante con energías limpias. Que ha evidenciado la necesidad de reformar el modelo de aseguramiento, póliza y pensión del agricultor y su familia que estimule el empalme de integración generacional.
4) Importancia de la geopolítica para destacar los intereses nacionales y regionales presentando la región como ejemplo para organización de los sectores cafetaleros y campesinos latinoamericanos.
5) Contribuir a aglutinar y dinamizar, alrededor de un proyecto nacional y regional, a las fuerzas nacionales que hoy se encuentran desorientadas.
Escribí en el artículo anterior en torno a lo que consideré han sido algunos de los principales gazapos gubernamentales en la educación.
Hoy escribiré sobre otros gazapos de acuerdo con mi investigación realizada principalmente en periódicos nacionales. El recuento de los yerros del gobierno comprende fundamentalmente el año 2024 y lo que llevamos del 2025. Algunos de los problemas detectados en este gobierno, pueden tener raíces que se extienden a los años 2022 y 2023. No me he propuesto ser exhaustivo en el señalamiento de los errores, sino que he entresacado algunos de los más álgidos problemas.
Otros gazapos encontrados principalmente en tema social, institucional, en infraestructura, seguridad y pensiones.
En el tema de las pensiones del régimen no contributivo (RNC), que atiende a adultos mayores en situación de pobreza, he hallado una situación espeluznante: de acuerdo con la información periodística, son preocupantes dos problemas relevantes atinentes ambos a la negligencia gubernamental para cubrir el fondo de pensiones del RNC. El titular de la noticia que vamos a comentar dice: “Fondo de pensiones para pobres registra la mayor pérdida en última década”
1.La primera tiene que ver con el déficit acumulado hasta octubre del 2024, por un monto de 43.165 millones de colones. Situación que se pudo haber traducido en un problema social pues atenta contra una población altamente vulnerable desde el punto de vista social y económico. El déficit del 2024 es casi tres veces mayor que la pérdida de 14. 951 millones registrada en plena pandemia en el año 2021. ¿Cuál es la responsabilidad gubernamental? Obedece a que los ingresos financiados en su totalidad por el gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos del régimen. El gerente de pensiones del régimen declaró a la prensa el 10 de diciembre del 2024 que, a los poco más de 150.000 pensionados no se les retrasó el pago, gracias a la provisión previa cubierta por el fondo (no por el gobierno); en 2022 y 2023, el gerente del RNC declaró que tuvieron que echar mano de recursos excepcionales para cubrir el fondo no financiado por el Gobierno, pero que sí es de su resorte. Imaginemos lo que habría ocurrido si esas provisiones del fondo no hubiesen existido por parte del RNC. (Cfr. O. Rodríguez A. La Nación. 10.12.2024).
2.El mismo gerente de pensiones advierte en el artículo citado que en el 2025, el problema luce más grave todavía, porque no se cuenta con las provisiones a las que se echó mano anteriormente. O sea, ese “colchón” con el que se contó, no existe para el 2025, debiendo enfrentarse un faltante de 18.618 millones de colones. De no presupuestarse por parte de Hacienda esos recursos faltantes, la pensión de estos jubilados de muy escasos recursos disminuirían ostensiblemente. (Ibidem). Además, no se podría entregar recursos a 5.000 nuevas personas que estarían ingresando al Régimen. (“Estimaciones de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el período 2025, según Dirección Actuarial de la institución.). El matutino consultó a Nogui Acosta si el Poder Ejecutivo aportaría los recursos adicionales, pero a esa fecha no se había recibido respuesta.
Otros gazapos.
Aparte de lo anterior, debe saberse que la Contraloría General de la República señaló que, se ha convertido en una práctica reiterada de parte del gobierno, no presupuestar los recursos indispensables; por ello la presupuestación enviada a la Asamblea Legislativa es más baja que los seguros sociales administrados por la CCSS. (Ibid).
Diez días después, La Nación publica un editorial en el cual señala que, “El Gobierno abandona el diálogo sobre pensiones”. Se trata de una mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén), destinada a enfrentar la crisis del sistema de pensiones IVM (el mayor régimen de pensiones del país). Desde el mes de octubre, afirma el editorial, el presidente de la República había dejado entrever que se abandonaría la mesa de diálogo, ya que se negó a presentar alguna iniciativa conducente a reformar el régimen de Invalidez Vejez y Muerte. Es decir, renunció a “comprarse la bronca” de un problema muy serio que, se agigantará con el paso de los años. Todo ello ha ocurrido a pesar de que, como se sabe existen más de 200.000 costarricenses que no cuentan con ningún ingreso. Son por ende dependientes de sus familias, la mayoría en estado de pobreza o inclusive en pobreza extrema. Muchos deben emprender trabajos adicionales después de la edad de retiro, para lograr subsistir.
La lógica del gobierno parece ser la de beneficiar en cambio a grupos privilegiados.
El 15 de noviembre del 2024, aparece una crónica en el diario La Nación titulada así: “Vicepresidente Brunner admite que negoció con INS póliza para gabinete”. (Cfr. R. Bolaños V. La Nación, 15.11.2024.) La póliza que se contrataría tiene un costo de 248.391.706 colones. Cubriría a 65 jerarcas, entre ellos al presidente, los vicepresidentes, ministros del gobierno y otros jerarcas que, quedarían cubiertos por “…gastos de indemnización, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Incluso, el seguro cubre sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.” (Ibidem).
La Contraloría General de la República aclaró en CRHoy.com que, el artículo 13 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos ordena que “todo encargado de recaudar, de custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantías con cargo a su propio peculio”. (Ibid.) Quedó claro que es el patrimonio personal del funcionario el que debe responder ante obligaciones de tipo pecuniario.
Es evidente que la lógica de los altos funcionarios de esta administración es retorcida, endeble cuando se trata de atender las perentorias necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, como quedó explicado supra; en cambio, actúan con “manga ancha” y pretendiendo “servirse con cuchara grande”, para favorecer los intereses de grupos privilegiados de la sociedad, como es este caso. En particular este gazapo, causó mucha desazón y asombro en amplios sectores de nuestra sociedad.
Populismo demagógico del presidente Chaves con damnificados.
Algo de lo más cruel de parte del presidente de los costarricenses, es pretender jugar con la ingenuidad de personas damnificadas por las lluvias torrenciales que cayeron sobre nuestro país en octubre, y sobre todo en noviembre y hasta en diciembre del año recién pasado.
Un titular del diario La Nación, del 10 de noviembre del 2024 dice: “Chaves mintió a damnificados para desprestigiar a diputados”. El presidente, reza un subtítulo, les dijo a las personas a las que les entregaba comida: “los legisladores se oponen a la entrega de comida”. Esto fue calificado por los diputados como un “discurso cruel y falto de vergüenza”; al presidente lo calificaron como “el más mentiroso” (Cfr. Oviedo, E. y Sequeira, A. La Nación. 10.11.2024. p.8).
El artículo de los periodistas también reseña que el presidente en un video propagandístico le dijo a un damnificado: “¿A usted le gustaría que nosotros botáramos esto al río?”, a lo que el hombre le respondió: “Por nada en la vida”. Y luego el mandatario continuó en el spot publicitario: “Usted sabe que hay diputados de la República de Costa Rica diciendo: No le dé a la gente de Coto estas cosas porque…, diay, ¿imagínese el tipo de ocurrencias?”. El presidente continuó con otras falsedades por el estilo. Diputados de diversas fracciones se expresaron con vehemencia diciendo que Chaves en realidad había pretendido jugar con el dolor de gente menesterosa de nuestro país haciendo politiquería. A continuación, relatan los periodistas que, los diputados exigieron al mandatario que dirigiese la atención de la emergencia, respetando la dignidad humana sin hacer politiquería. (Idem).
Este es un ejemplo que deja pasmado a más de uno, pues en Costa Rica, aunque los políticos han hecho demagogia muchas veces para acceder a la presidencia de la República, una vez que ascienden al solio presidencial es infrecuente encontrar a un presidente haciendo gala de una demagogia tan mentirosa para pretender glorificarse. Más grave aún cuando es patente que el mandatario no acudió a las zonas del desastre hasta 10 días después de que habían ocurrido los desastres, como también lo señalan los periodistas Sequeira y Oviedo. Triste para nuestro país tener un presidente que merced a sus actuaciones y decires, se haya granjeado el apelativo de mentiroso.
Vean los reiterados yerros del gobierno.
La deuda del gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social asciende a cuatro billones de colones. ¿Podrá alguno de ustedes imaginar siquiera ese monto? El 83% de ese monto (3.3 billones de colones) corresponden a las obligaciones del gobierno con el seguro de salud, y maternidad; el 17% restante (689.000 millones), son los que tienen que ver con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ¿Saben ustedes a qué corresponde el mayor rubro de la deuda del Estado con la CCSS? Nada más y nada menos que al impago de las cuotas del Estado en favor de los asalariados, así como los aportes complementarios para el seguro voluntario, trabajadores independientes, población de centros penales y trabajadores en convenios especiales: esta información de puede encontrar en: (Cfr. Sequeira, Aarón. “Deuda del Gobierno con la CCSS sube a 4 billones de colones”. La Nación, 15.11,2024. P.5)
Son demasiados errores y gazapos para ser casualidad. Cabe pensar que tantos gazapos son el producto de un gobierno que no tiene rumbo, no quiere asumir las responsabilidades que le competen al Gobierno central, hace demagogia con el pueblo menesteroso tratando de manipularlo con falsedades y engaños, pero beneficia a grupos privilegiados, como ha quedado demostrado en este artículo, en los anteriores y lo evidenciaremos en el siguiente.
