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Etiqueta: presidencia

Movimiento de Personas con Discapacidad exige al presidente respeto y el fin del uso peyorativo y capacitista del lenguaje

El Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento público en el que denuncia el patrón reiterado de amenazas retóricas y lenguaje ofensivo utilizado por el presidente de la República en contra de sectores críticos de su gestión. La declaración surge tras las expresiones del mandatario del 1 de diciembre de 2025, cuando se refirió a personas ciudadanas como “sordos”, “ciegos” pero no “mudos”, en un contexto confrontativo que —según el Movimiento— busca la polarización y reproduce prejuicios históricos.

El pronunciamiento señala que utilizar la discapacidad como insulto o metáfora para descalificar la crítica política constituye una forma de discriminación, viola derechos fundamentales y contraviene la normativa nacional e internacional que protege la dignidad de las personas con discapacidad.


La discapacidad no es un insulto: un llamado urgente al respeto y al lenguaje inclusivo

El Movimiento recuerda que:

  • La discapacidad no puede ser usada como un insulto, una burla ni un recurso retórico para desacreditar la disidencia.

  • Es una condición de vida que forma parte de la diversidad humana y debe ser tratada con dignidad por las autoridades públicas.

  • En una democracia, la función de la Presidencia no es desgraciar ni ridiculizar a sectores que expresan críticas legítimas, sino garantizar derechos, proteger a todas las personas y sostener un debate público respetuoso.

El documento advierte que la normalización del lenguaje capacitista erosiona el debate democrático, profundiza la discriminación y deteriora el Estado de derecho.


Obligación reforzada del Estado y de quien ejerce la Presidencia

El pronunciamiento subraya que Costa Rica cuenta con un marco jurídico claro:

  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661).

  • Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades.

Estas normas obligan al Estado —y en especial a la Presidencia, por su papel de liderazgo público— a combatir estereotipos, evitar prácticas discriminatorias y promover un discurso inclusivo.


Exigencias del Movimiento de Personas con Discapacidad

Con base en lo anterior, las organizaciones firmantes solicitan:

  1. Un compromiso institucional del Poder Ejecutivo para erradicar el lenguaje capacitista en toda comunicación oficial.

  2. Articulación inmediata con el CONAPDIS y la sociedad civil para recibir capacitación sobre discapacidad, igualdad y lenguaje inclusivo.

Además, consideran indispensable que la prensa costarricense cumpla su rol democrático y cuestione abiertamente el uso de expresiones discriminatorias provenientes del Ejecutivo.

El Movimiento concluye que “la dignidad de las personas con discapacidad no puede ser instrumentalizada ni degradada, y menos desde el más alto nivel del poder público”, recordando que la igualdad debe ser un compromiso irrenunciable de cualquier liderazgo democrático.


Organizaciones firmantes

El documento está suscrito por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y más de quince organizaciones, entre ellas:

  • Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASOR)

  • ALAMUD

  • ASIDOWN Costa Rica

  • Asociación Ditsú

  • Asociación BarrileTEA

  • Asociación Desampa Inclusivo

  • Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón

  • MORPHO – Centro de Vida Independiente

  • AMATEA

  • Adultos Autistas Costa Rica

  • ADE para Personas con Discapacidad

  • Asociación de Personas con Discapacidad ASOPPED

  • ASOCOPRODEA

  • CECATS

  • Fundación Justicia y Género
    Entre otras organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Tejiendo el discurso del odio

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Quien ocupa la Presidencia de la República es el ciudadano número uno. Como lo llamaban los latinos, se trata de un primus inter parís, alguien que ocupa temporalmente la magistratura más relevante en el ordenamiento republicano. Alguien que goza del privilegio de ocupar esa alta posición, gracias a la confianza que le ha depositado la mayoría de sus conciudadanos. Por este mismo motivo, es alguien a quien hay que exigir la máxima diligencia y prudencia en todas sus actuaciones, debe rendirnos cuentas y enfrentar las consecuencias de sus errores y conductas indebidas.     Llama la atención que cuando el Presidente en ejercicio quiere descalificar a alguno de sus críticos, opositores u otros personajes de relevancia nacional con los que busca confrontación, finge no acordarse de sus nombres, pretendiendo con ello evidenciar una supuesta irrelevancia o insignificancia, frente a su mayestática figura. Lo ha hecho con rectores universitarios, diputados –y sobre todo con diputadas- de la Asamblea Legislativa, líderes gremiales o deportivos y, recientemente, hasta con el Arzobispo de San José.

         Esta manera de emitir un mensaje se realiza desde una prepotencia que, en el personaje aludido, parece inevitable. Es así como ataca y se defiende; es así como cree impactar –y a lo mejor lo logra- en el auditorio que le presta atención. Pero lo cierto es que este recurso a reducir a la mínima expresión al adversario, es parte de la trama con que se teje el discurso del odio. Se pretende deshumanizar, reducir al “otro” u “otra” a la categoría de insecto. Se destroza con ello no sólo un valor elemental de convivencia, sino que de paso se hace añicos el principio constitucional de igualdad en una democracia. Desde el punto de vista estrictamente lógico, se cae en la falacia de la irrelevancia: cualquier cosa que usted diga carece de importancia porque usted no es nadie, es un ser irrelevante. El Presidente, mediante este mecanismo espurio, argumenta sólo en apariencia y evade contestar el contenido de las críticas.

         A estas alturas no debe caber gran duda de que el clima de violencia generalizada que impera en plazas y carreteras; en el aumento de la violencia contra las mujeres expresada sobre todo en los femicidios; las amenazas de bombas o incursiones armadas a centros universitarios públicos; y los ataques personales –ya concretados- a funcionarios de cierto rango, son producto de ese discurso de odio proferido desde la más alta magistratura. Hablo en serio cuando digo que la instigación, como concepto técnico jurídico-penal, puede dar para responsabilizar de hechos delictivos cometidos por termocéfalos que han entendido, perfectamente bien, cuáles son las instrucciones a acatar.  Aquí lo dejo para saber si, teniendo que establecer responsabilidades penales por lo que está sucediendo, habrá fiscales y jueces capaces de innovar en un campo que lo exige, dada la nueva dinámica social en el mundo de la comunicación de masas y las posverdades.

Traspaso de la presidencia del Consejo Nacional de Rectores

Este miércoles 4 de diciembre, a las 10 a.m., se desarrolló el traspaso de poderes de la Presidencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). En este caso el Tecnológico de Costa Rica (TEC) recibió la coordinación de parte de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El acto formal se desarrolló en el Centro de las Artes, del Campus Tecnológico Central de Cartago. Asimismo, se transmitió por las redes sociales, específicamente en el Facebook del TEC. Además de la Ingeniera María Estrada Sánchez rectora del TEC, se contó con la participación de los rectores: Gustavo Gutiérrez Espeleta de la UCR, Francisco González Alvarado de la UNA, Rodrigo Arias Camacho de la UNED y William Rojas Meléndez de la UTN.

Asimismo, la presidencia de CONARE 2024 fue asumida por la Ingeniera María Estrada Sánchez, actual rectora del TEC, quien es la primera mujer en asumir este cargo en los últimos 12 años. Esta actividad se desarrolla en el marco del 50 aniversario del Consejo Nacional de Rectores, CONARE.

La interpretación del soberano

Autor: Luis Carlos Acuña, Doctor en Derecho U.C.R

Transcrito del original en PDF por Sofía Jiménez Murillo

A partir de su discurso agresivo y provocativo, el presidente está librando una guerra contra la mayoría de las instituciones del país. Como parte de ese discurso, ahora el SEÑOR PRESIDENTE -como la novela de Miguel Ángel Asturias- se enfrenta al derecho, específicamente a la interpretación de las leyes. El señor presidente se siente con la sapiencia necesaria para poder entender e interpretar la ley, a pesar de que su especialidad académica es otra.  

Por mi formación de abogado, alzo la voz contra quien se considera ‘soberano’ de un país y ensaye conocer, entender y saber interpretar la ley, y peor aún, contradecir al ente estatal, que por ley, fiscaliza, avala e interpreta la ley.

Sin duda, omite el señor ‘presidente’ valorar los métodos ‘científicos’ o racionales del derecho, que constituyen el discurso profesional de los juristas. Cualquier ciencia para llamarse tal, está centrada en un universo teorético que la constituye. La cientificidad del derecho depende de cómo sea su lenguaje; y de cómo lo emplean sus operadores profesionales, los juristas. Mal o bien, la ciencia del Derecho utiliza un campo de juego donde se mueven los operadores jurídicos, a través de un lenguaje especializado que requiere ciertas habilidades y conocimientos específicos. 

Es habitual que surjan discusiones entre juristas y personas que carecen de formación legal sobre la interpretación de la ley; sin embargo, en el Estado moderno existe una especie de intérpretes ‘autorizados’ que zanjan la discusión: jueces, árbitros, instituciones administrativas, Sala Constitucional, interpretaciones auténticas y otras. Ciertamente cualquier lenguaje encierra imprecisiones y ambigüedades, pero ello no implica la inexistencia de cierta racionalidad en la tarea de la interpretación legal.

Pareciera que el señor presidente quiere regresar al absolutismo, pretendiendo erigirse en un intérprete autorizado de las leyes, en el soberano que descifra y entiende el único significado verdadero de las normas.

Lo ocurrido entre el señor presidente y la Contraloría debe llamar a la reflexión, la exegesis que realiza cualquier intérprete autorizado, con independencia de que nos guste o no, debe respetarse, no es una elección, es una obligación, como bien dijo la contralora. Una de las funciones del lenguaje jurídico es la prescriptivo-normativa, como ocurre con la legislación de la contratación administrativa, el no entender este principio básico hace que algunos operadores jurídicos y las personas en general, caigan en la trampa de creer que el lenguaje jurídico también admite otras funciones, como relacionar la función prescriptivo – normativo con ideas de justicia. El plano prescriptivo-normativo tiene su propio campo de juego, y ahí reside el error del señor presidente, querer utilizar su propia lógica, su propia función, en detrimento de la naturaleza descriptiva-normativa de la legislación cuestionada.

Las expresiones lingüísticas de una determinada ciencia social se usan en la práctica, de acuerdo con distintas reglas específicas. A modo de ejemplo, si alguien pretende jugar fútbol soccer debe utilizar y respetar las reglas creadas para este, de lo contrario, realmente no sería un juego de fútbol y estaría jugando a otra cosa. Debido a que el lenguaje jurídico es una variante del lenguaje común, este permite que hasta un economista pueda opinar sobre interpretación legal. Empero, para evitar el caos y darle efectos prácticos a las disposiciones legales, no suele tomarse en cuenta a cualquier intérprete, por el contrario, la necesidad de armonía y orden de cualquier sistema jurídico contemporáneo, requiere de ‘intérpretes autorizados’ previamente definidos por el propio sistema y es evidente que la Contraloría General de la República es uno de esos intérpretes autorizados. Nos guste o no, ello significa que el derecho dirá, en la práctica, lo que esos intérpretes entienden lo que ahí ‘dice’. Estos específicos intérpretes son aquellos que disponen de la autoridad suficiente para decidir qué dice -y también que no dice- una ley o regla específica. Además, la interpretación que realizan los autorizados no es caprichosa, para ello la dogmática jurídica ha creado distintos métodos para la interpretación jurídica.

Se percibe que el señor presidente replica las palabras de Luis XIV “El Estado soy yo”, en lugar de practicar el juramento constitucional «¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República…”, en este país quien gobierna son las leyes, no los hombres.

Señor presidente, lo invito a respetar las leyes y las interpretaciones que realizan los autorizados, reflexione sobre su juramento constitucional, zapatero a tus zapatos. 

Imagen tomada de: https://concepto.de/ley-organica/

Persecución política a directores afecta gobernanza de la CCSS

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.

El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.

Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.

Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).

Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.

Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle 1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.

Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.

San José, 16 de octubre de 2023

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.

El pacto de los Rodrigos: Presidencia Legislativa por la jornada 4×3

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, revela que el apoyo del presidente Rodrigo Chaves a Rodrigo Arias de Liberación Nacional para que continúe en la presidencia del Parlamento, se trata de un acuerdo de favores, en el cual se negocia la presidencia de Arias por la jornada 4×3 que defiende Chaves para empresas de su interés. 

Albino menciona que esto es corrupción política y hace un llamado a marchar por la defensa de la jornada laboral el 1 de mayo.

 

Imagen ilustrativa.

Felicitaciones compañera presidenta electa de Honduras Iris Xiomara Castro

SURCOS comparte el siguiente comunicado

El régimen narco dictatorial y corrupto de JOH: ¡SE VAN!

Porque el pueblo hondureño lo decidió

El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras en Costa Rica felicita a la señora Iris Xiomara Castro de Zelaya, quien asumirá el 27 de enero del 2022 el cargo histórico como la primera Presidenta de Honduras; de igual manera, felicitamos a su fórmula presidencial conformada por el Sr. Salvador Nasralla, la Sra. Doris Gutiérrez y el Sr. Renato Florentino.

Así mismo, celebramos la decisión de asumir el reto y abrir el espacio de reconciliación nacional, justicia social y progreso económico en beneficio del pueblo hondureño.

Este hecho histórico, sin precedentes en Honduras, se suma a los vientos de profundas transformaciones en el campo social, político, cultural y económico de la región latinoamericana. 

Este triunfo del pueblo hondureño constituye un ejemplo a seguir que da fuerza, esperanza y claridad a todos los pueblos que luchamos por erradicar la corrupción política impregnada desde las esferas de poder que atenta contra el tejido social y el Derecho Humano de los pueblos de vivir libres de exclusión, discriminación, represión y explotación.

EN MEMORIA DE LAS Y LOS MÁRTIRES VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN EN HONDURAS: 

VIVA EL HERMANO PUEBLO DE HONDURAS QUE HIZO JUSTICIA 

VIVA LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO 

VIVA LA UNIDAD PATRIOTICA DEL PUEBLO HONDUREÑO

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Fotos, Biografías y Planes de Gobierno

Vladimir de la Cruz

A punto de que se vayan estableciendo y definiendo las candidaturas a puestos de elección popular, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Diputaciones, que es lo que nos moverá en los próximos meses para ir a votar, el primer domingo de febrero, y escoger, de esa manera, a quienes les tocará dirigir la gran nave nacional, en que nos encontramos, en este mar agitado y tormentoso, según se quiera ver. Me parece que nadie lo ve tranquilo, y pocas personas ven luz y claridad al final de periplo de estos próximo diez meses, que estarán plagados de cantos de sirenas.

Aparte de los formalismos de la edad, elemento básico para ser ciudadano y poder ejercer el voto, 18 años, para ser diputado, 21 años, y para ser Presidente o Vicepresidente, 30 años, que son los cargos o puestos que se elegirán, no se exige ningún otro atributo personal. Si hay restricciones de quienes no pueden desempeñarse en estos cargos.

En los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo de Elecciones, ha solicitado a los partidos políticos y a los candidatos que presenten una hoja de datos básicos personales, que los coloca en su página oficial a efecto de que se puedan analizar, por parte de los ciudadanos, esos atestados, y sepan, de esa manera quienes aspiran a esos puestos, y qué confianza puedan provocar.

No se exigen a esos puestos formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Basta ser ciudadano, común y corriente, para poder a aspirar a ser electo en esos altos cargos, de gran responsabilidad. Esa es la Democracia funcionando. Todos los ciudadanos están en la misma posición, posibilidad e igualdad de querer dirigir los destinos de la Nación costarricense.

A los partidos políticos, y a los candidatos, el Tribunal Supremo de Elecciones les exige que presenten un Programa de Gobierno.

Recientemente se ha puesto ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, que de acogerse por los diputados y de votarse prontamente, podría empezar a funcionar en el próximo proceso electoral, que es lo que se pretende con este Proyecto de Ley, que obligaría a los partidos políticos y a los candidatos incluir sus fotografías y sus biografías al inscribir oficialmente sus candidaturas. Eso está bien. Contribuye a conocer mejor a los candidatos que ofrecen los partidos y con ello también conocer mejor a esos partidos políticos.

En el caso de los postulantes a la Presidencia, y Vicepresidencias les obligarán a presentar su Plan de Gobierno. No suena mal. Desde hace muchos años y muchos procesos electorales así se hace. Cuando fui candidato presidencial así lo hicimos en 1998, en el 2002 y el 2006. En la práctica de cada campaña electoral, todos los candidatos hacen ofertas de lo que desean hacer, de lo que desean resolver y de las esperanzas que los electores quieren oír más allá de los Planes de Gobierno que tienen. En la práctica son puros cantos de sirena, en ese mar agitado electoral de la campaña política.

Cuando se produce el resultado electoral, y hay ganador, partido político y candidato presidencial, nada obliga a ese partido y a ese candidato a ejecutar su Plan de Gobierno, ni tampoco se puede hacer tan fácilmente. Hasta la última elección, la del 2018, cuyo gobierno termina en 13 meses, el partido que ganaba la Presidencia se encontraba el 8 de mayo, que la Asamblea Legislativa estaba en sus Sesiones Ordinarias, durante los siguientes meses desde mayo, junio y julio, y luego setiembre, octubre y noviembre, lo que imposibilitaba en la realidad que ese Partido y ese Presidente en ejercicio ya pudiera hacer algo respecto a la oferta de Plan de Gobierno que había hecho durante la campaña electoral, incumpliendo en ese sentido ante el electorado, razón que contribuía a bajar rápidamente su percepción ante los electores y el resto del pueblo electoral.

Además, se encontraba con que el Presupuesto Nacional que le acompañaría todo el primer año de gobierno, es el que aprobó el Partido de Gobierno desde noviembre anterior, y que en ese sentido no podía hacer casi nada, solo administrarlo de la mejor forma posible y tratar de hacerle alguna reforma en el mes de agosto, en sus Sesiones Extraordinarias. Esta situación sigue para el próximo gobierno que se instale. El Presidente que asuma, y su partido, se encontrará, en el 2022, con el Presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa en noviembre, para el año 2022, que es el Presupuesto elaborado por el Partido Acción Ciudadana, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El único favorecido en esa posibilidad es el mismo Partido Acción Ciudadana, en caso de que llegara a ganar, porque pueden darle continuidad a ese Presupuesto, sin poderle hacer modificación alguna, pero obviamente continuando las políticas y estrategias allí contenidas, como parte del gobierno de Acción Ciudadana. Los otros partidos, en caso de que ganara alguno de ellos, se encuentran con esa cadena, que tienen que arrastrar.

Sí ha cambiado el orden de las Sesiones Legislativas, de manera que el próximo año, por primera vez, las Sesiones Legislativas empiezan con las Extraordinarias, lo que le permitirá al nuevo Gobierno, del PAC o de otro partido, iniciar el 8 de mayo haciendo propuestas de Proyectos de Ley, en armonía y de conformidad con lo que se ofreció en campaña política. Esta es la gran novedad por ahora, pero amarrada esa posibilidad al Presupuesto en ejecución desde el primero de enero próximo.

Por lo anterior, lo de presentar un Plan de Gobierno, como requisito de inscripción, ya legalmente obligado, no está mal, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido se pueda reelegir para continuar en el Gobierno, el Plan de Gobierno que ofrezca generalmente no es el de continuidad del mismo gobierno. Esto se ha visto cuando los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, se han reelecto. Cada candidato, y el mismo partido para cada elección, lleva su propio Plan, y ninguno, que yo recuerde exalta la obra del gobierno que acaba para continuarla, porque en todos los procesos electorales el mismo partido que está gobernando, a los efectos de la campaña electoral se distancia de su propio gobierno, sobre todo cuando han sido muy criticados y cuestionados.

Así como se han cambiado la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se debe avanzar a establecer Presupuestos Nacionales Bianuales, por lo menos, y ciertos aspectos de esos Presupuestos Trianuales o Tetra anules, de manera que se puedan ir diseñando en la realidad Planes de Gobierno de mediano plazo. Los Planes Quinquenales que se han exigido a la Administración Pública, en este sentido fueron siempre una gran estafa política, un ejercicio carísimo institucionalmente al hacerlo, para que no pudieran implementarse como Grandes Planes Nacionales de Desarrollo Institucional y Nacionales en todo su sentido.

Obligar a la presentación del Plan de Gobierno no está mal, pero puede ser irrealizable, si no se cambian estos mecanismos para hacer mejor operable el aparato estatal e institucional.

De la Marcha sobre Roma a la Marcha sobre Washington

Vladimir de la Cruz

Los sucesos del 6 de enero en Washington me hicieron recordar la Marcha sobre Roma que organizó Mussolini en Italia, en 1922, momento de su ascenso al poder, comparable con la intención de Trump de hacerse por la fuerza del Gobierno y la Presidencia que perdió en elecciones.

El fascismo italiano se había desarrollado al finalizar la I Guerra Mundial, en 1919, con la complacencia del Rey Víctor Manuel III, y se mantuvo como régimen o sistema político hasta 1945, al finalizar la II Guerra Mundial. Benito Mussolini se había destacado como el principal líder dentro del Partido Nacional Fascista.

En 1922 Mussolini organizó una Marcha sobre Roma, la que se llevó a cabo, en su movilización, entre el 22 y 29 de octubre de 1922.

El resultado político de la Marcha fue que Mussolini se hizo con el poder, acabó con el sistema parlamentario imperante en Italia y más tarde acabó con los partidos de la oposición política prohibiéndolos, imponiéndose como un dictador, un gobernante autoritario.

El discurso de Mussolini era contra los socialistas y comunistas, exaltaba la violencia y las movilizaciones de sus simpatizantes, organizados como brigadas de choque social contra opositores, con grupos armados inclusive. Hacía un discurso violento desde cualquier espacio público que se le facilitara.

En 1921 Mussolini había sido electo diputado desde donde empezó a combatir a todo el sistema político imperante en Italia.

Mussolini atacó al liberalismo y a la democracia desde sus posiciones populistas, que eran muy atractivas para los grupos sociales desplazados por las consecuencias de la I Guerra Mundial, afectados por la crisis social generada por ellas y por la “amenaza” que sentían del surgimiento de la Revolución Rusa, y sus impactos en Italia como en el resto de Europa, especialmente durante los años 1919-1921, y de que pudieran llegar al poder.

En octubre de 1922 Mussolini impulsó convocatorias para que se realizaran concentraciones públicas en toda Italia. Así prepararon su Gran Marcha sobre Roma, llegando a Roma en tren, en autos, o a pie, para forzar o presionar la renuncia de las autoridades políticas, especialmente en las regiones donde había autoridades socialistas, que dominaban principalmente el norte de Italia. El objetivo de la Marcha era tomar el poder para Mussolini. Desde el 22 de octubre de 1922 empezaron a llegar a Roma, amenazando de hecho con la guerra civil si les impedían la llegada. Trump ha creado condiciones para un enfrentamiento civil en la sociedad norteamericana, desde las acciones policial represivas contra negros y afrodescendientes hasta la de enfrentamientos de sus seguidores con otros ciudadanos.

La situación llegó a ser tan tensa que el entonces Primer Ministro italiano, Luigi Facta, impuso un estado de sitio, para la ciudad de Roma, acto que el Rey, Víctor Manuel III, lo suspendió, facilitando que el 31 de octubre se realizará la gran concentración convocada, permitiendo que Mussolini al día siguiente se hiciera con el poder, impusiera su Gobierno e iniciara su dictadura, la que fue estructurando poco a poco, pero de manera acelerada.

Características del fascismo fue su nacionalismo, su totalitarismo, su antiliberalismo, su antimarxismo, su antisocialismo, su anticomunismo, el culto a la personalidad de Mussolini procurando, con ello, un control y la subordinación de todas las autoridades y líderes políticos, el control del Partido Nacional Fascista, convirtiéndose Mussolini en el líder de masas más importante de ese momento en Italia. El culto a la “personalidad” individualista de Trump es parte de su arraigo en una gran masa de ciudadanos y votantes.

Como gobernante Mussolini impulsó una serie de leyes y acciones administrativas de actos de gobierno contra personas y grupos sociales, con un profundo carácter racial, en ese momento contra judíos, exceptuando a los “judíos convertidos en arios”, o que prestaban ciertos servicios al Estado. Estableció leyes que impedían matrimonios con judíos, que emplearan judíos, que impedían el ingreso de judíos a Italia, de retiro de la ciudadanía italiana, que impedían inscribir niños judíos en escuelas públicas.

Estas leyes se impulsaron por la influencia de Hitler en Italia, y por el acercamiento político de Mussolini y de Hitler.

Mussolini exhortó a que los italianos se declararan racistas. Hasta llegaron a elaborar el “Manifiesto de la raza”, con apoyo de una gran cantidad de intelectuales y personajes de la cultura. Allí se hablaba de la existencia de razas humanas, razas grandes y pequeñas, de la raza como concepto biológico, de la pura “raza italiana”, de distinguir entre mediterráneos de Europa, de los orientales y los africanos, excluyendo categóricamente a los judíos de la raza italiana, entre otros conceptos.

En 1922 en Italia había una crisis del sistema político, un vacío de poder. La Marcha sobre Roma fue un movimiento político, una acción política para imponer un gobierno de derecha y autoritario. La base social de Mussolini era el sindicalismo con la Confederación Italiana de los Sindicatos Económicos y la Confederación Nacional de Corporaciones Sindicales, particularmente. La base social de Trump también es de sectores laborales y sindicales, de campesinos y de habitantes de zonas rurales.

El 27 de octubre de 1922 el gobierno italiano, del Primer Ministro Facta, dimitió mientras los fascistas iban controlando el escenario político. La izquierda italiana, incluido el Partido Comunista, nada pudo hacer contra la Marcha. Los otros líderes políticos trataban de llegar a un acuerdo político con Mussolini, que impuso el 30 de octubre un Gobierno de Coalición, controlado por Mussolini, de nacionalistas, de los grupos llamados populares, de los democrático sociales nittianos, giolittianos, salandrinos e independientes filofascistas, mientras la Marcha avanzaba sobre Roma.

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos fue intempestuosa. Tradicionalmente no era un cuadro político, un líder político, ni siquiera de larga tradición y vínculo con el Partido Republicano, hasta había apoyado en el pasado a líderes y candidatos del Partido Demócrata. No era en sentido estricto un militante político. Nunca ejerció un cargo de elección popular. Era un intruso en ese Partido Republicano y en la política tradicional norteamericana, donde logró imponerse en las elecciones internas de ese partido, en las llamadas elecciones primarias.

Su campo principal de acción estaba en los negocios e inversiones. En el campo político desplazó líderes tradicionales e históricos dentro del Partido Republicano, haciendo uso social, especialmente, de las redes sociales digitales, que en las elecciones norteamericanas empezaron a desempeñar un gran papel desde las elecciones del 2008, en ese momento usándolas Barak Obama.

Las redes sociales sustituyeron espacios tradicionales de comunicación de líderes, candidatos y partidos políticos, sin que los desplazaren del todo, con la ventaja de que son mecanismos al instante, más baratos, directos a los públicos que están destinadas, fáciles de conexión, con cantidades masivas de participantes o de “seguidores”.

Donald Trump, quienes le han estudiado, afirman, que se vinculó a estas redes desde el 2009, con sus actividades profesionales y empresariales, logrando gran alcance de masas.

A la cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación, se vinculó desde ese mismo año, 2009. Así hizo su campaña del 2016 y así la repitió en el 2020. Pero no solo hizo campañas electorales de esa forma. Todo su gobierno, 2016-2020, lo manejó y comunicó principalmente en sus acciones constantes, al instante, mediante su Twitter, con más de 40.000 twitts, según lo han estudiado, durante todo este período. También utilizó hashtags, retuis, las plataformas digitales como Instagram, Facebook y otras.

La imagen proyectada de Trump es la del Héroe, la del superhéroe capaz de hacer grande a los Estados Unidos y de volverlo a hacer, como planteó para esta campaña electoral.

Para Trump los Estados Unidos estaba primero, había que recuperar su economía, sus espacios económicos, de manera que sus relaciones económicas no fueran deficitarias, de allí el ataque y la rediscusión de los tratados de libre comercio con Canadá, México y su disputa con China. El retorno de empresas a Estados Unidos para revitalizar su economía fue clave, la recuperación de empleos en sus primeros años de gobierno le dieron fuerza, la crítica a la infraestructura vial y de comunicaciones que hacía le depararon seguidores, su preocupación por el empleo fue determinante antes de la Pandemia.

Para Trump el papel de los Estados Unidos se había debilitado internacionalmente, de allí que cuestionara el proceso globalizador del que formaba parte, rompiendo alianzas estratégicas militares, económicas y políticas, saliéndose de algunos compromisos internacionales, impactando los escenarios geopolíticos y geoestratégicos.

En lo interior arremetió contra el Partido Demócrata al que constantemente atacaba de socialista y de querer introducir el comunismo en Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos el Partido Comunista existe desde 1919. Esta lucha contra el socialismo la quiso llevar, sin éxito, y sin investigaciones del Congreso, casi hasta los niveles de la época macartista de la década del 50, a pura publicidad y ataques mediáticos.

Hizo del Partido Demócrata su principal enemigo político y le convirtió en su principal adversario a derrotar por el bien de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano, porque los males internos de los Estados Unidos se los achacaba a este partido y a las estructuras políticas e institucionales dominantes en ese país.

Poca atención prestó a los problemas sociales de los negros, de los afroamericanos, de los latinos. Su discurso contra los mexicanos y puertorriqueños, desde el inicio de Gobierno, lo era contra todos los latinos, contra todos los migrantes, contra los mexicanos, con su lucha por el muro fronterizo, casi una obsesión, logró detener bastante los procesos migratorios terrestres hacia los Estados Unidos, estableciendo una alianza estratégica con el con Gobierno de México el que puso casi 30.000 efectivos militares a resguardar la frontera para contener a los migrantes.

Su principal atención eran los ciudadanos norteamericanos y no los que habían llegado, como migrantes, o ilegalmente, a Estados Unidos. Sus políticas antimigratorias dividió familias, separó niños de sus padres, se acentuaron cotidianamente.

Ley y Orden, consignas fundamentales, que autoritariamente blandía para recordar la mano dura de su gobierno.

Cuando Trump se enfrentó a Hillary Clinton, en el 2016, la presentó como la representante de las estructuras de poder, que él cuestionaba. Cuando se enfrentó a Joe Biden, en el 2020, lo presentó como el parásito de la política, que tenía 46 años de estar en política, que nunca había trabajado, decía.

A Hillary como a Biden los presentó como lo más negativo siendo Trump el factor positivo, el salvador de los Estados Unidos, presentándose, en muchas ocasiones como la víctima de los medios de comunicación, a pesar de que tenía los propios que lo defendían y exaltaban. Este campo para Trump era un campo minado contra la corrupción imperante.

El discurso de Trump fue vulgar, ofensivo, insultante, siempre negativo hacia sus contrincantes, siempre combatiendo todo lo que se le oponía o creía que se le enfrentaba. Atacó instituciones, medios de comunicación, personas, líderes de todo tipo.

En las elecciones que acaban de pasar, el 3 de noviembre, Trump enfrentó su peor crisis de gobierno, de sus políticas y acciones Ejecutivas, especialmente por el impacto del surgimiento de la Pandemia del Coronavirus Covid-19, y su imponente desarrollo en los Estados Unidos, que también paralizó el mundo en sus relaciones económicas internacionales, que bloqueó las redes de intercambios productivos, de comercio, de transportes internacionales y locales, de turismo, de millones de contagiados y de muertos.

En el caso del gobierno de Trump despreciando el papel de los científicos en esta lucha, contra el COVID-19, estimulando con su actitud la expansión de la pandemia en los Estados Unidos, como un elemento de limpieza “étnica”, entendiendo que los afectados con este virus son principalmente sectores y poblaciones pobres, de migrantes, de negros y afroamericanos, de latinos, poblaciones marginales. Quizá su desinterés estaba asociado a la eliminación de votantes, por la pandemia, más del Partido Demócrata que del Republicano.

Irresponsablemente convocando a manifestaciones en el período electoral, de carácter masivo o presencial, facilitando de esa manera los contagios.

Frente a las elecciones últimas, sabiendo de la situación de la pandemia, de las dificultades de las concentraciones humanas, del resultado preliminar de las encuestas desfavorables a él, empezó a cuestionar todo el proceso electoral, presentándose como una víctima del mismo y de los mecanismos de fraude que podían hacerse mediante los sistemas de emisión de votos que hay en Estados Unidos, debilitando la institución federal de correos en este campo, incitando a la población que le sigue fanaticamente a que se estaba fraguando un fraude en su contra, apoyándose en bases sociales incultas, de poca educación, de los grupos fascistas, nacionalistas, racistas, supremacistas, anti migracionistas, misóginos, conservadores en general, en los miembros de la Asociación del Rifle Norteamericana, en la población de tradición religiosa pentecostal, especialmente de la población de los Estados centrales y rurales de los Estados Unidos. Mientras Mussolini combatió y persiguió a los pentecostales, en una sociedad italiana muy católica, Trump los apoyó y los hizo sus aliados estratégicos, en una sociedad no tan católica.

Nadie como Trump había cuestionado el proceso y el sistema electoral de los Estados Unidos, que se tenía como un modelo democrático casi ideal, de larguísima tradición histórica, confiable en todos sus extremos, donde la posibilidad de hacer fraude electrónico es de 0.009 %. Con este cuestionamiento quebró la credibilidad de la misma población norteamericana en su propia estructura democrática. Siempre habló de que las elecciones y su triunfo se la habían robado. Este fue parte del argumento que utilizó para la Marcha sobre Washington, impedir el robo de su elección y triunfo.

Cuestionó el mismo sistema electoral de votos populares donde fue ampliamente derrotado, así como el de los electores del Colegio Electoral, que surgen de esos votos populares, donde también sufrió una amplia y contundente derrota, que son los que en definitiva definen el ganador.

De acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos, cada uno de los 50 Estados, más el Distrito Capital, tienen sus propios sistemas de votación y de conteo de votos. De hecho, son 50 procesos electorales, cuyos resultados tienen que tenerse el 14 de diciembre, habiendo sido las elecciones el 3 de noviembre. Certificados estos procesos electorales de los Estados su informe de resultados se pasa al Congreso el 6 de enero, lo que sucedió, para sobre las certificaciones de votación declarar el candidato ganador de las elecciones para que asuma, formalmente, el 20 de enero la Presidencia de los Estados Unidos.

No satisfecho Trump con los resultados empezó a cuestionar, bajo el pretexto de fraude hecho de distintas maneras, resultados electorales de aquellos Estados que más Electores dan al Colegio Electoral con la finalidad de cambiar el resultado final. Impugnó casi en 60 localidades, de los distintos Estados, la emisión de votos, sin resultado favorable a sus pretensiones, así fallados en su contra por Cortes Federales.

No satisfecho con esto desde el mismo día 14 de diciembre empezó a preparar el ambiente contra lo resuelto que tenía que conocerse el pasado 6 de enero en el Congreso.

Su objetivo, al estilo de la Marcha sobre Roma de Mussolini, una gran Marcha sobre Washington el 6 de enero cuando el Congreso debía conocer los resultados, para detener allí el robo electoral que se le había hecho, sitio en el que todavía se podían impugnar resultados conforme se fueran dando los informes de las certificaciones electorales de los resultados de las votaciones, y tratar de anularlos con el propósito de que, en situación extrema, el resultado pasara a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde tiene una amplia y holgada mayoría de Jueces nombrados por el Partido Republicano, y por su propio Gobierno, todos de características conservadoras en su formación profesional.

La Marcha sobre Washington no solo para presionar con la multitud, sino para actuar, como lo hicieron, sobre los Congresistas reunidos, e impedir de esa manera la proclamación y reconocimiento de la Presidencia para Joe Biden. La Marcha sobre Washington, fue debidamente planeada, hasta en el asalto al Congreso, para cambiar los resultados electorales por la presión de los manifestantes. La Marcha sobre Washington no fue una movilización de desobediencia civil, fue una acción debidamente impulsado de desacato, de desconocimiento, de no aceptación del resultado de la elección del 3 de noviembre, ni fue un simple asalto al Congreso como inicialmente lo pintaron. Fue una acción contra los congresistas, su institucionalidad y contra la misma Constitución Política de los Estados Unidos.

Los movilizados iban con la intención de tomar el Congreso, de asaltarlo, de impedir que sesionara. Minutos antes los convocados a Washington, que llegaron de distintas partes de los Estados Unidos, se habían reunido en la Casa Blanca, donde fueron alentados por miembros de la Familia Trump a actuar violentamente contra los congresistas. De la Casa Blanca fueron invitados a marchar sobre el Congreso, al edificio del Capitolio, para tomarlo. Así se movilizaron las hordas trumpistas.

De hecho, Trump esperaba una imposición de la multitud sobre los congresistas, del “pueblo” sobre sus “representantes”. Estaba a las puertas de un Golpe de Estado, de una situación de sedición popular, que alentó constantemente desde que cuestionó el resultado electoral aún días antes de que se produjera la votación.

Llamaba a que se reconociera que él debía seguir gobernando, que debía mantenerse en la Presidencia, que desconociera a Joe Biden. De hecho, proponía un golpe de Estado institucionalmente ejecutado en su favor.

Las elecciones para Trump habían sido un éxito, aun en su derrota electoral. Había llegado casi a los 75 millones de votantes en su favor, lo que lo convertía en un líder popular, populista, como no tiene el Partido Republicano, como tampoco lo hay en Estados Unidos en el campo político. Trump como fenómeno político había irrumpido como el principal dirigente político de masas en los Estados Unidos. Había desplazado a todos los dirigentes de la estructura organizativa del Partido Republicano y no había casi ninguna duda de que sería el candidato de las elecciones del 2024, a las que ya había anunciado que volvería a participar.

Las elecciones para el Partido Republicano también fueron exitosas a nivel del Congreso, donde aumentó el número de diputados. Perdió el Senado, por la derrota del 5 de enero de los senadores de Georgia, que en parte ya había perdido desde el 3 de noviembre. La actitud de Trump contra el proceso electoral en general, de fraude en su contra, se ha señalado como una causa adicional para que el 5 de enero estos dos senadores republicanos perdieran, dándole un triunfo apretado al Partido Demócrata del Senado, y del Congreso, lo que obligará al Presidente Biden a un gran proceso de negociaciones políticas constantes, en lo que tiene gran experiencia.

La derrota de Trump no ha acabado con la derrota del fascismo en Estados Unidos. Con Trump se ha alimentado esta tendencia política, que en Estados Unidos tiene más de 1000 distintas organizaciones fascistas y filofascistas de diferentes tipos, que agrupan todo tipo de ciudadanos, lo que explica parcialmente también por qué Trump tiene seguidores latinos, afroamericanos, entre otros grupos. Trump puede convertirse en su líder más importante aun cuando lo llegaren a marginar de procesos político-electorales. Trump puede seguir siendo el emblema del fascismo actual en los Estados Unidos y el agitador político más importante de oposición al nuevo gobierno que inicia el 20 de enero. Podría llegar a convertirse en un mártir político si se le llega a apresar con motivo de los juicios y acusaciones que le seguirán.

Con esta tendencia populista de Trump quizás entramos a una nueva etapa de liderazgos políticos en los Estados Unidos, liderazgos de masas, de populismos políticos…

Los sucesos de asalto al Capitolio, que se señalan de terroristas, que le imputan a Trump su responsabilidad, lo que ha abierto es un juicio político contra él, ya aprobado en el Congreso, ahora en manos del Senado, juicio que puede concluir, ya no en su destitución, sino en una sanción político-jurídica que lo inhabilite para participar en futuros procesos electorales y a puestos de elección pública. Este es el resultado óptimo que esto puede tener.

Si de algo no va a escapar Trump es de la persecución judicial a la que será sometido por una serie de acusaciones que ya le tienen montadas, de las que difícilmente saldrá triunfante de todas ellas.

La Marcha sobre Washington sigue latente para el próximo 20 de enero, con posibilidades de altos grados de violencia, y hasta de actos terroristas contra su realización, y de posibles atentados contra Biden y las nuevas autoridades públicas norteamericanas. Lo que tradicionalmente ha sido una actividad de traspaso de poder festiva, popular, y tranquila, la del 20 de enero es un traspaso de poder que se realizará con un público altamente militarizado, con uniformes militares, con medidas extremas de seguridad y posiblemente sin caminata del Congreso a la Casa Blanca…con protestas republicanas y pro trumpistas en diferentes partes de los Estados Unidos. Será, por todo esto, más una ceremonia virtual que física presencial. Estos son los nuevos Estados ¿Unidos?

El glorioso 7 de noviembre de 1889

Vladimir de la Cruz

Hasta 1889 los procesos electorales en Costa Rica se realizaban sin partidos políticos, tal y como ahora los conocemos. Los ciudadanos, con capacidad de participar en procesos electorales con aspiraciones a la Presidencia de la República, o a diputados, se postulaban ante los electores, que eran ciudadanos con capacidad de votar, hombres, mayores de edad, que sabían leer y escribir, con cierta capacidad económica, y que ejercían su voto de manera pública, de modo que por esa forma se podía estimar el resultado electoral.

En la elección de 1889, por primera vez participaron dos partidos políticos, el Partido Liberal Progresista que postulaba a Ascensión Esquivel y el Partido Constitucional Democrático con José Joaquín Rodríguez como candidato. A Ascensión Esquivel lo presentaban como un candidato más liberal y del Olimpo, de los que estaban arriba, y a José Joaquín Rodríguez, más popular, que salía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato presidencial.


Las elecciones se hacían por el sistema de primer y segundo grado, las de primer grado se hicieron el 3 de noviembre, que designaba los electores que el 7 de noviembre realizarían su votación final.

El Presidente Bernardo Soto, haciendo una maniobra, se separa del Poder, y llama el 1 de mayo de 1889 a ejercer la Presidencia a Ascensión Esquivel, con un movimiento de la tropa del Ejército, presionando la opinión pública y a los ciudadanos, con lo cual procuró darle ventaja electoral a Ascensión Esquivel, lo que provocó la resistencia ciudadana, que al ir conociendo el desenlace electoral a favor de José Joaquín Rodríguez, se supuso que no se iba a respetar el resultado de las elecciones, y se lanzaron los ciudadanos a la calle, más de 7 mil personas de la época, alrededor de un 3% de la población, cerca de 150 mil personas hoy, campesinos, trabajadores urbanos de distintos oficios y profesiones, mujeres, con sus instrumentos de trabajo, como armas, logrando de esa manera hacer valer la voluntad electoral a favor de José Joaquín Rodríguez y hacer respetar los resultados electorales. Así se evitó un fraude electoral, en un sistema electoral que tenía por costumbre hacerlos, y el pueblo impuso su voluntad electoral.

Los ciudadanos sitiaron la ciudad capital, con enfrentamientos callejeros, el Presidente Bernardo Soto deposita la Presidencia en el Designado Dr. Carlos Durán, para terminar su período, quien gobernó seis meses hasta entregarle la Presidencia a José Joaquín Rodríguez. Así se hizo respetar un resultado electoral, con movilizaciones populares y armas e instrumentos de trabajo en las manos.


La participación de las mujeres hizo que el Presidente José Joaquín Rodríguez exaltara la necesidad de reconocer el derecho de voto de las mujeres, sin que se lograra en esos años.

En los años siguientes se exaltó ese acontecimiento de manera especial y se le fue dando la relevancia de defensa de la Democracia, de las Elecciones y de la Representación Popular.

En el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia se estableció, por Decreto No. 18, en 1942, que cada 7 de noviembre se debía celebrar el Día de la Democracia Costarricense. En la celebración del Centenario de esta fecha el Presidente Óscar Arias inauguró la Plaza de la Democracia