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Etiqueta: Prilaka

Estudio evidencia las condiciones de precariedad que enfrentan familias indígenas y afrodescendientes de la Muskitia nicaragüense desplazadas en Costa Rica

Entre los principales hallazgos, destacan que en el exilio persisten y se profundizan condiciones de alta vulnerabilidad: ingresos insuficientes, empleos precarios, barreras de acceso a la educación, dificultades para acceder a servicios de salud y vivienda inadecuada se suman a las barreras migratorias y al riesgo de pérdida del idioma y de prácticas culturales como la medicina tradicional y las formas de organización comunitaria, elementos que son clave en la transmisión identitaria.

El pasado 6 de noviembre, se presentaron en la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), los hallazgos de la investigación: “Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: Causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente de la Muskitia de Nicaragua”. En la presentación se destacó que la mayoría de los hogares indígenas y afrodescendientes originarios de la Muskitia de Nicaragua, desplazados forzosamente y establecidos en Costa Rica, sobrevive con ingresos mensuales inferiores a ₡150.000. Además, más de seis de cada diez hogares encuestados habitan en cuarterías y siete de cada diez personas no acuden a un centro de salud por falta de seguro médico o aseguramiento social.

La investigación fue realizada por la organización indígena Prilaka, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Servicio Jesuita para Migrantes. El diagnóstico se construyó a partir de una encuesta aplicada a 309 hogares, integrados por 672 personas. La encuesta se aplicó casa a casa y por llamada telefónica entre junio y agosto de 2024. El 93.5% de los hogares encuestados corresponde a los cuatro principales asentamientos donde se concentra la población: Pavas, La Carpio, Concepción de Alajuelita y Purral, ubicados en la provincia de San José y a través del método de bola de nieve también se incluyó a personas que se encontraban dispersas en otras localidades fuera de la zona capitalina de San José. El análisis de los resultados se complementó con revisión bibliográfica y diálogos comunitarios realizados durante el año 2025.

Un desplazamiento forzado que aumenta y se acumula por factores multicausales

El estudio identifica una tendencia creciente del desplazamiento forzado desde 2014, con incrementos importantes entre 2022 y 2023 y durante 2024. Sus resultados muestran que no se trata de un fenómeno súbito, sino de un proceso acumulativo y progresivo, relacionado con distintas formas de violencia, ocupación y despojo que persisten en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Muskitia. Otro hallazgo relevante es que más del 50% procede de zonas rurales.

“Entre las principales causas señaladas para la población de procedencia rural destacan la invasión de colonos y el deterioro de las condiciones de vida. También aparecen la persecución y criminalización de liderazgos, las afectaciones por desastres naturales, la violencia de género y la reunificación familiar. En el caso de quienes proceden de las cabeceras municipales, entre los principales factores de desplazamiento figuran el deterioro de las condiciones de vida, la persecución política y la violencia de género” destacó Alejandra López, socióloga costeña y una de las investigadoras del estudio.

La población encuestada procede principalmente de municipios del Caribe Norte, como Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Siuna, Bonanza y Prinzapolka, así como del Caribe Sur, entre ellos Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y la Desembocadura de Río Grande. En cuanto a su composición étnica, predomina el pueblo Miskitu, que representa el 88,8% de las personas encuestadas, aunque también se registra la presencia de población Mayangna, Creole, y Garífuna.

Ingresos insuficientes y empleos precarios

Las condiciones de inserción económica en Costa Rica reflejan un ciclo de vulnerabilidad persistente. El 36,2% de los hogares encuestados reportó ingresos mensuales de entre ₡50.000 y ₡150.000, mientras que el 15,2% percibía ₡50.000 o menos. Apenas un 2,3% registró ingresos superiores a ₡500.000 al mes. Además de esto, se encontró que aproximadamente en siete de cada diez hogares, una sola persona constituye la principal fuente de ingresos.

La concentración en niveles de educación primaria y secundaria tiene incidencia en los principales nichos laborales en los que se inserta la población. El estudio señala que las principales ocupaciones son de baja cualificación, principalmente se concentran en: ayudantes en construcción, trabajo doméstico, limpieza de oficinas, seguridad y cuidado de personas. Las dificultades para acceder a la regularización migratoria por la falta de una atención en el propio idioma y las largas esperas; los bajos niveles de escolaridad y la falta de acceso a información con pertinencia lingüística y cultural limitan las posibilidades de acceder a los empleos formales y mejor remunerados.

El diagnóstico también advierte sobre las consecuencias de estas condiciones laborales. Limi Ocampo, líder indígena, fundador e investigador de Prilaka remarcó que “las personas que trabajan sin contar con una situación migratoria regularizada pueden quedar expuestas a explotación, incumplimiento del pago de salarios y ausencia de aseguramiento social. Aunado a esto, el temor a denunciar y las dificultades para realizar trámites, profundizan su vulnerabilidad”.

A esto se suman las barreras de acceso a la educación formal en Costa Rica. Según el estudio, 9 de cada 10 personas jóvenes y adultas encuestadas no han tenido acceso a estudios universitarios. Entre la población de 13 a 19 años, el 54,7% no asistía a ningún centro educativo. Estas limitaciones reducen las oportunidades de formación y dificultan romper el ciclo de precariedad laboral y económica.

Vivienda y salud: otras dimensiones de la precariedad

Las dificultades económicas también se expresan en las condiciones de vivienda. El 61,2% de los hogares encuestados vive en cuartos de cuartería y un 16,2% en viviendas ubicadas en precarios. El 56,6% de las unidades habitacionales dispone únicamente de uno o dos cuartos para el descanso, mientras que el 7,4% de la población no cuenta con espacios separados para dormir.

El acceso a condiciones adecuadas para preparar alimentos también representa una dificultad: el 34,3% no dispone de una división exclusiva para cocina y el 34,6% debe compartir ese espacio con otras personas. Estas condiciones reflejan las limitaciones que enfrentan las familias para desarrollar su vida cotidiana con privacidad, seguridad y dignidad.

El acceso a la atención médica es limitado por la falta de seguro social. El estudio señala que, cuando existe cobertura, suele estar vinculada al empleo formal y que parte de las familias desconoce los beneficios a los que podría acceder por medio del aseguramiento de otra persona del hogar.

El desplazamiento también impacta en la reproducción de la cultura y la identidad

Uno de los aportes centrales de la investigación es documentar las consecuencias del desplazamiento que no siempre aparecen en los indicadores económicos y sociales: el riesgo de pérdida de la cultura y de la identidad, la pérdida de conocimientos ancestrales asociados a la gastronomía, las prácticas comunitarias y las formas de relación con el territorio.

Uno de los principales hallazgos revela que aunque el 88,8% de las personas encuestadas se identifica como Miskitu, Mayangna, Creole o Garífuna; el uso de las lenguas maternas se concentra principalmente en los espacios privados. En el caso de la población Miskitu, por ejemplo, el 82,9% utiliza su lengua materna en espacios privados, mientras que solamente el 0,6% lo hace en espacios públicos. Esta situación evidencia el riesgo de que las lenguas indígenas pierdan presencia en la vida cotidiana, especialmente entre las nuevas generaciones.

Los medios de vida también cambian al dejar atrás los territorios de origen. Entre las transformaciones señaladas aparecen las dificultades para pescar, sembrar, cazar y caminar por el bosque, actividades que forman parte de las prácticas cotidianas y de las formas de subsistencia de estas comunidades. La investigación recoge testimonios sobre los cambios en la convivencia familiar, la recreación de niñas y niños y las posibilidades de expresarse libremente en las lenguas propias.

El diagnóstico también plantea que la adaptación en el exilio no puede limitarse a resolver necesidades materiales inmediatas. Aun cuando se logren satisfacer necesidades básicas, esto no garantiza por sí mismo la continuidad de las identidades y culturas indígenas y afrodescendientes. La reproducción cultural requiere condiciones para que las comunidades puedan mantener sus formas de organización y construir nuevas maneras de vivir su identidad en el exilio.

La necesidad de una respuesta institucional sostenida y culturalmente pertinente

Entre sus conclusiones, el estudio identifica barreras en el acceso a la protección internacional y la regularización migratoria, la educación, el empleo formal, la seguridad social y la atención médica. También advierte que la respuesta institucional existente resulta insuficiente cuando se limita a atenciones puntuales, sin una estrategia de largo plazo que transforme las condiciones de vida de las familias y considere sus particularidades culturales y lingüísticas.

Para las universidades y las instituciones costarricenses estos hallazgos constituyen un aporte muy importante a la generación de información sobre una población que ha permanecido invisibilizada en las estadísticas y políticas públicas, debido, entre otros factores, a la ausencia de información oficial desagregada por pertenencia étnica. Contar con datos sobre sus condiciones de vida constituye un paso necesario para reconocer sus derechos y construir respuestas adecuadas a la realidad del desplazamiento forzado, destacan las y los investigadores.

El estudio también invita a reconocer el papel de las propias organizaciones indígenas en el acompañamiento con pertinencia a las personas desplazadas en los procesos de inserción digna, la preservación de las lenguas, las prácticas culturales y las formas de organización comunitaria. La atención a esta población no puede reducirse a su condición migratoria: implica reconocer su historia, sus derechos colectivos, sus identidades y su capacidad de construir comunidad más allá de sus territorios de origen.

Fuente: Prilaka (2026). Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente originaria de la Muskitia de Nicaragua.

Elaborado con apoyo de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional (IDELA-UNA).

Reacciones y declaraciones sobre el estudio:

Msc. Sharon López Céspedes directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA) dijo “En junio pasado, el IDELA suscribió un acuerdo (UNA-AA-IDELA-ACUE-005-2026) mediante el cual expresamos nuestra profunda solidaridad y consternación por la muerte de Brooklyn Rivera Bryan. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o en condición de desaparición forzada. En ese acuerdo también pusimos a disposición de las organizaciones y los pueblos de la Muskitia las capacidades de nuestro espacio académico, para contribuir, desde nuestras posibilidades, a sus esfuerzos y luchas.

Desde entonces hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintos encuentros, contribuir a la difusión de esta problemática, abrir espacios de comunicación y apoyar iniciativas como la que hoy nos convoca. En esa misma dirección se inscribe la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, una iniciativa que nace con el propósito de profundizar este trabajo, fortalecer el acompañamiento y generar nuevos espacios de articulación con las organizaciones y los pueblos que defienden sus derechos y sus territorios”.

Andrés Celis Neira, representante del ACNUR en Costa Rica aseguró: “Creo, uno, recordar que la situación de pueblos indígenas y la situación en el Caribe nicaragüense no es algo que viene con el 2018, es una situación previa que ha continuado presentándose durante todo este tiempo, que los impactos tienen una dimensión que ponen en riesgo la supervivencia cultural, la identidad del pueblo y que es necesario ser sensible frente a eso.

Y nos muestra una gran diferencia en datos, o sea, la situación de los pueblos indígenas que están en Costa Rica de origen nicaragüense no es la misma la del resto de la población nicaragüense, y entender eso es esencial. Esta investigación contribuye en ello, así que el diagnóstico está mostrando la diferencia de cómo impacta a las mujeres, cómo impacta a los niños, a los jóvenes, cómo impacta en el acceso a los servicios de salud, en la educación, al acceso a la vivienda, y cómo impacta sobre todo en ese proceso de mantener la cultura aún en el exilio”.

Juan Carlos Ocampo, líder comunitario Miskitu de Nicaragua dijo “Soy parte del equipo de PRILAKA. A nosotros nos parecía sorprendente que no hubiese mucha información sobre la situación de la población indígena y por eso decidimos contribuir generando una investigación que explicara varios parámetros que nos parecen importantes, entre ellos las causas del desplazamiento desde Nicaragua, pero también la situación de acceso a refugios, la situación migratoria, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación y también cómo el impacto que tiene el desplazamiento en la reproducción de la cultura, por ejemplo en la lengua, en la medicina tradicional y también en la seguridad alimentaria.

En ese sentido, creo que se tiene una investigación que es muy valiosa porque permite tener una foto o una imagen general de la situación y eso da pie también a generar procesos de acompañamiento más pertinentes, pero también abre varias inquietudes sobre distintos temas en los que hay que profundizar con la investigación. Ojalá tanto las instituciones del Estado de Costa Rica como la cooperación y la sociedad civil puedan utilizar este documento para fortalecer el importante trabajo que ya hacen y esperamos poder continuar de la mano con las universidades avanzando y ampliando las investigaciones que nos interesan”.