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Etiqueta: privatización del sistema eléctrico

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

Escrito en . Publicado en Derechos.

Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

Comunidades y ecologismo se manifiestan en contra de proyectos de ley 23.414 y 22.561 y proponen iniciativa para regular la minería no metálica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.

Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.

Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.

Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.

Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.

Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.