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Las condiciones subjetivas

Escrito en 07/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón

Condiciones objetivas y condiciones subjetivas:

Las condiciones objetivas son aquellas que están dadas por la naturaleza o la acción humana, como el frío o el calor en dos países distintos, por su cercanía a los polos o al ecuador, o el tamaño mismo de un país, en lo cual intervino la acción humana, o la pobreza o riqueza (no sus causas o explicaciones), por poner ejemplos muy básicos.

Las condiciones subjetivas, son aquellas que hacen parte del escenario para la marcha de procesos culturales, sociales, políticos, para lograr un propósito, sea este alcanzar un resultado en favor de una causa propia o desmantelar los propósitos de los que están o pueden estar en contra de la causa propia, o simplemente no son parte de ella.

En fin, será en función de los intereses de unos o, ir en contra de los intereses de otros.

En ese sentido, uno de los caminos es deslegitimar en sí mismos, a los actores contrarios como tales, o lo que promueven o sostienen, o sus condiciones de existencia.

Hacer ver los derechos, las conquistas logradas por medio de las luchas sociales, como privilegios, situaciones inmerecidas que van en contra de un conglomerado y que deben quitarse, es una táctica para generar condiciones de opinión, en ese conglomerado, en contra de esos derechos y conquistas.

Eso es lo que han venido haciendo, con maña y labor de zapa, los sectores conocidos como neoliberales y aunque sepa a amargura, hay que reconocer que lo han ido logrando, a tal punto, que muchos de aquellos a quienes les fueron heredados esos derechos y conquistas, están en contra de sus propias conveniencias (claro, no lucharon por ellos ni vivieron las condiciones de no tenerlos).

El desprestigio de la Caja Costarricense del Seguro Social se provoca para pasar a manos privadas, lo que ahí se convierte en beneficio de minorías y no en bienestar de mayorías.

¿Cómo lo han ido logrando? Difundiendo desinformación, discursos interesados por medio de los mal llamados medios de comunicación, que tienen presencia cotidiana en cantidades significativas de población. De manera que se hace creer que, si alguien viste con ropa limpia, “está mal” porque otros visten con ropa sucia, haciendo que se ignore las causas de ambas situaciones.

A menudo se oyen expresiones como “en las noticias dicen”.

En esta conformación de opinión pública, están coludidos personajes políticos, organizadores de espacios de confusión y de enturbiamiento del entendimiento, en canales televisivos, radio emisoras, así como púlpitos, micrófonos de pastores y hasta se crean “comisiones de notables”, para darles “la bendición” a decisiones tomadas o por tomar, en función de intereses de grupos o sectores.

Así, los y las trabajadoras del sector público, sus organizaciones, mensajes, acciones, medios de lucha, condiciones de vida, son desprestigiadas de manera sistemática, por medio de estos “medios”.

El propósito es su deslegitimación, “demonización”, para causar la desmovilización, paralización y desunión de los sectores populares y la generación en éstos, de opinión en contra de sus propios intereses.

La organización y su calidad movilizadora, es la condición principal y fundamental entre las condiciones subjetivas, entonces, mientras un actor político se organiza, debe velar, promover y provocar la desorganización del otro, de su contrario.

Otra condición subjetiva es el descontento, la desaprobación y hasta el enojo y la molestia con algo. El descontento se da por la vivencia, el contacto, la percepción original; o, debe provocarse, crear la idea de alguien, persona, grupo o institución, como el enemigo, como el que está en contra de la conveniencia de otro, por lo tanto, debe acabarse con alguna condición, laboral por ejemplo (ahora están proponiendo la jornada 4 x 3). Cuando esto se logra se tiene la disposición, por parte del “convencido”, de estar en contra o a favor de aquello que le interesa al actor específico que lo provocó.

Por eso es que se provoca que mucha gente piense que las condiciones de vida digna de unos, que han alcanzado con sus luchas y no por la divina providencia, van en detrimento de otros.

Una cosa es que en un país haya pobreza, esa es una condición objetiva; el descontento por esta situación es una condición subjetiva pasiva, la organización con miras a hacer algo, es una condición subjetiva activa. Se requiere trabajo para que la primera se transforme en la segunda.

En Ciencia Política, la visión y gestión conocida como “Suma Cero”, promueve que nada es neutro ni está “en el aire”, lo que no aprovecha un actor en contra de su enemigo, lo aprovechará el enemigo, todo, en su contra; lo que no toma un actor, lo tomará todo el contrario. Así, las riquezas del país, se las apropia determinado actor, porque si no, van a dar al pueblo.

Recuerdo el pensamiento del taxista: “Es que, si robaran, pero le dejaran algo a la gente.”

En cuanto al ejemplo de la ropa sucia, parece que la tendencia es a la baja: Todos con ropa sucia. Menos yo y los míos, por supuesto.

Una de las “armas” para crear condiciones subjetivas es la mentira goebeliana: “Miente, miente, miente hasta que te crean.”

Además, la demagogia no falta, por ejemplo, la directriz del Banco Mundial: “El combate a la pobreza”.

Una de las reflexiones del líder Mao Tse-Tung dice, “El pueblo es como el agua para el pez”. Lo que pasa es que las pirañas también son peces y lo devoran todo. Y en eso los sectores neoliberales van ganando, en el convencimiento de la opinión pública.

Menuda tarea queda por delante. Manos a la obra.

No a la privatización de nuestro patrimonio

Escrito en 07/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Corea Castro*

La clase gobernante de Costa Rica, jugando fútbol con una bomba de tiempo.

No hay que caer en las estratagemas de la clase gobernante. A saber; que a Costa Rica no le queda más remedio que “vender la finca de los abuelos”, o “empeñar las alhajas de mamá”, porque ya no hay más a qué echar mano.

No nos comamos ese cuento.

El pueblo de Costa Rica no es culpable de este descalabro fiscal.

Los culpables son la clase gobernante y la burguesía que vive de la explotación.

Costa Rica es un país con grandes recursos. Lo que sucede es que los que tienen que pagar impuestos los evaden y el gobierno los alcahuetea. Además, les perdonan deudas millonarias.

El déficit fiscal del país es igual a la evasión y la efusión fiscal. Y esa riqueza que ellos se dejan es producida por los trabajadores que son los únicos que producen riqueza.

Pero ¿qué se puede esperar de los gobiernos de derecha, empeñados a quebrar las instituciones y no tocar a los millonarios?

Toda América Latina sufre de ese cáncer llamado neoliberalismo, o capitalismo neoliberal, donde los gobiernos están a merced de la agenda que le dicten las gigantescas empresas multinacionales (del norte), las corporaciones transnacionales y del Banco Mundial.

Los gobiernos neoliberales siempre van a desprestigiar y quebrar su patrimonio nacional y sus activos, para privatizarlos y venderlos a precios ridículos. Una vez que el país pierde “hacha, calabazo y miel”, no le queda otra que humillarse y volver a firmarle OTRO PAGARÉ a los poderosos prestamistas Mister Banco Mundial y su hermano Mister Fondo Monetario Internacional – los dos igualmente usureros hasta más no haber. Y así la deuda externa sigue aumentando y se convierte en un problema de nunca acabar.

Lo bueno es que, poco a poco, toda la América Latina está abriendo los ojos y eligiendo gobiernos con el corazón en el lado del pecho donde el corazón siempre debería estar, que prefieren la justicia y el bienestar social de sus pueblos.

Solo la clase obrera costarricense sigue creyéndose ese cuento de hadas, de que los ticos “somos otro nivel”, social, económica y políticamente. Y por eso continúa eligiendo los mismos amos… con diferentes nombres y colores, pero que al final son los mismos ladrones.

* Trabajador Social, Gestor de Desarrollo Comunitario. Defensor de los Derechos de las y los refugiados. Expastor Bautista.

«Privatización» del INS

Escrito en 18/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabriel Pérez Salguera

Quiero compartir las siguientes dudas y aspectos que se deben de tomar en consideración en el proyecto de ley que busca la privatización del INS, proyecto al que se refirió el Sr. presidente en su informe de 100 días de gobierno:

-La línea de seguros de riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotriz (RT Y SOA) componen el 33% de la cartera del negocio de seguros del INS (% material). Son líneas solidarias que tienen un margen mínimo o nulo de ganancia. ¿Qué interés podría generarle un negocio sin ganancia en estas líneas a los posibles inversionistas? Para que estos productos tengan margen de ganancia, se tendrían que subir las primas de las dos líneas de seguros y esto evidentemente impactaría los bolsillos de los patronos (RT) y usuarios (SOA), este último se reflejaría en el marchamo. EL INS es la única aseguradora de Costa Rica interesada en ofrecer estos seguros.

-El INS construyó la Red de Servicios de Salud, como una subsidiaria del grupo donde cuenta con el Hospital del Trauma, centros médicos referenciales y regionales que atienden accidentes laborales, de tránsito y una pequeña porción de seguros comerciales. Los gastos de atención de los accidentes se cargan a las respectivas líneas de productos dependiendo del tipo de accidente y es importante mencionar que el INS ha procurado brindar un servicio de atención de primer mundo (inversión millonaria) a sus pacientes. ¿En una privatización del INS, este seguirá invirtiendo en infraestructura médica a como lo ha venido haciendo en los últimos años incluso en zonas rurales, tendiendo en consideración de nuevo, que estos seguros tienen un margen mínimo o nulo de ganancia?

-El INS es la única empresa estatal del sector financiero que entrega un dividendo al estado, adicional al impuesto de la renta y otras contribuciones, dicho dividendo (25%) se calcula con base a la utilidad después de aportes. ¿Qué pasaría con este dividendo?

-Actualmente la aseguradora cuenta con garantía estatal en caso de insolvencia, que no afectaría a sus clientes. ¿Qué pasaría con esta garantía si el INS deja de ser autónomo y se convierte en Sociedad Anónima?

-Con la privatización el estado se convertiría en accionista mayoritario con el 51% de dichas acciones, lo cual no significa necesariamente que el estado tiene control absoluto sobre el INS, ya que la junta directiva es un órgano colegiado que se compone de diferentes miembros, donde incluso los que son nombrados por el ejecutivo pueden tomar decisiones diferentes a la dirección que quiere el poder ejecutivo, esto es parte del funcionamiento del gobierno corporativo.

-La venta del INS según el estimado que brindó el Sr. Presidente en su informe rondaría los 598 mil millones de colones. Este precio lo tendría que determinar un estudio técnico con experiencia en fusiones y adquisiciones porque el precio de venta depende de muchas variables. Ahora sí se toma ese monto como un estimado, el ingreso sería menos de un 2% de la deuda pública.

Nota de la edición: Gabriel Pérez Salguera fue presidente ejecutivo del INS durante un periodo del gobierno Alvarado Quesada.

Publicado en: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CgsEK7sngBJr1xLVRL49LmaXSVxEo51F2XYniPCwKWq11JYGhfvwehvhEg38aehkl&id=830319468 y compartido con SURCOS por Gerardo Badilla.

Cien días de prepotencia y altanería

Escrito en 17/08/2022. Publicado en Derechos.

Cien días de insolencia y patanería. Cien días sin sustancia, cargado de exhibicionismo y de malos augurios

DECLARACIÓN DEL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

En esta Costa Rica nuestra, cunde la desocupación y nunca antes vivimos en la pobreza que hoy azota a los trabajadores ocupados pero que se ensaña contra la enorme legión de los desocupados y de los viven pellejeándola. Son muchos los niños que buscan en el sueño de la noche el modo de esconder su hambre crónica.

Somos parte de los países más desiguales, es decir de los más injustos, en el mundo entero.

Pero no es a esa parte de la población a la que le habló el presidente Chaves en su informe sobre los primeros cien días de su gobierno. Habló a sus vecinos en un residencial de superlujo, donde las residencias se venden por millones de dólares.

Cien días de gobierno para el autobombo. Se presentó con aires mesiánicos, pero sin obras y sin sustancia. Sueña en convertir a nuestro país en una factoría para beneficiar a los grandes millonarios, a los grandes estafadores transnacionales. Su sueño es convertir a nuestra Costa Rica en un nuevo Singapur; pero la mayoría de los ticos no queremos esa vida, queremos continuar con nuestra esencia nacional, pero con justicia social. El bienestar sin brutales desigualdades es posible sin que nos impongan modelos ajenos. Como dice la canción patriótica: “es mil veces más bella mi tierra/ con su palma, su brisa y su sol”.

El gobierno que preside el señor Chaves es un gobierno de metidas de pata. No conoce ni las costumbres ticas, ni la Constitución ni las más elementales normas legales. No conocen ni el artículo 85 Constitucional y para que se percataran de su existencia fue necesaria una gigantesca manifestación de estudiantes y de trabajadores universitarios.

El ministro de Hacienda de este Gobierno, que antes lo había sido de otros, dice ahora “que no sabía que no se podía rebajar el FEES. Tampoco lo sabía la ministra de Educación. Realmente quien no lo sabía era el presidente Chaves.

Pero tras la paja del mensaje si existe un propósito claro: entregar el patrimonio nacional a las grandes empresas extranjeras o nacionales. No importa a quién, el propósito es entregar lo que, al menos en apariencia, es de todos, para el disfrute particular. El propósito es hacer que nuestro pueblo cada día sea más dependiente de poderes extranjeros o extraños. La Hacienda Pública la gobierna el Fondo Monetario Internacional y el comercio exterior los monopolios imperialistas de la agricultura y del comercio.

Los monopolios extranjeros y los explotadores con cédula tica comparten el mismo propósito: privar al pueblo de cualquier forma de propiedad de los bienes nacionales. Todos comparten el mismo propósito: establecer un monopolio absoluto de la propiedad privada sobre todos los bienes y empresas. El Gobierno de Chaves ganó las elecciones, financiado por los grandes millonarios, para que cumpliera ese designio: monopolio de la propiedad privada incluyendo los bienes hasta ahora han sido nacionales.

Los puertos son un retrato del encarecimiento del costo de vida: el monopolio TCM Terminal presta servicios encarecidos por su carácter monopólico; y lo mismo ocurre en Puntarenas, por sus deficiencias técnicas. En todo caso, al fin de cuentas, todo lo paga el consumidor final, paga por las deficiencias técnicas, por la corrupción y por los favoritismos gubernamentales.

La corrupción camina por los trillos y por las grandes carreteras, también por las costas y navega en alta mar.

La propuesta disimulada es la privatización del ICE. ¿por qué la dirección del ICE decidió dejar sin operar las plantas térmicas y la geotérmica? Pues sencillamente porque las van a sustituir con nuevos contratos con los operadores privados y será el primer paso hacia la privatización de la emblemática institución.

Pronto se cerrará el negocio de venta de la sección de telefonía y de la televisión.

El destino del ICE está marcado. Se privatizará, si se cumplen los propósitos del nuevo presidente. Ese es el camino trazado. El ICE es el negocio más apetecido por los monopolios.

En el pasado reciente se han dado grandes luchas en defensa del ICE, esa experiencia es necesario repetirla tantas veces como sea necesario.

Ahora todo depende del pueblo

Otro propósito del Gobierno de Chaves: privatizar el INS. A este gobierno le estorban las empresas nacionales, aunque, cómo este caso se trate de empresas boyantes.

El INS nació como instrumento público para luchar contra la corrupción, hace muchos años. ¿Renacerá la corrupción en el complejo negocio de los seguros? Ya el INS aparecieron casos flagrantes de corrupción; con el concurso de los privados estos crecerán con toda seguridad.

¿Esto es lo que persigue el Gobierno de Chaves? Pues sí, esto es lo que persigue.

Y los bancos.

Bicsa es un elefante blanco y seguramente no tendrá ninguna importancia su desaparición.

Pero no es lo mismo la venta del BCR. ¿Qué se persigue? Pues obviamente engordar los negocios de los bancos privados. No existe ninguna otra razón. La destrucción de la banca nacional es sencillamente entregar este negocio a los bancos privados, que pasarían a manejar y a dominar casi la totalidad de esta actividad.

El pretexto es tan estúpido como los intentos de privatizar al ICE. Perder fuentes de riqueza para el pago de deudas, es la sinrazón del engaño.

Esperamos que el pueblo consciente no muerda el anzuelo que les pone un gobierno sin sentido patriótico.

Es necesario organizarse para defender lo nuestro.

Nos dirigimos especialmente a los sindicatos que en el pasado reciente lucharon en defensa del patrimonio nacional, para que siga siendo nuestro.

Recordemos la enseñanza del Libertador, Juan Rafael Mora Porras: EL QUE NO CUIDA LO QUE TIENE TERMINA SIENDO INQUILINO EN SU PROPIA CASA

PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

Texto e imagen enviada por el PVP.

La tercerización como recurso de la privatización

Escrito en 02/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

A las compañeras y compañeros del sector público, en particular de la banca: desde los años en que empiezan los PAES, -en los 80’tas-, se advertía la tercerización de los servicios públicos, como una forma de «privatización», cercenando aquellos puestos y servicios que estaban directamente relacionados con la seguridad de las estructuras físicas, humanas y los activos más líquidos, (dinero, equipo electrónico, documentos, etc.).

Digo que eso no es poca cosa, sino esencial para la buena marcha de las instituciones; esa digna labor costó la vida de abnegados servidores, merced a la delincuencia organizada, de aquí y de afuera.

Los otros servicios de conserjería, encargados de mantener la limpieza y orden de las instituciones; dura tarea, llevada de forma abnegada por todo el personal empleado.

Empezaron por ahí, por los puestos más bajos de la escala salarial; de forma que, el resto del personal de escalas, apenas superiores, oficinistas, 1-2-3-4… secretarias, cajeros, 1-2-3-4… hasta oficiales de mayor rango, jefes de agencias sucursales, contadores, y muchas más de escala salarial; estos ni parece que veían venir el proceso, pero como no los alcanzaba, parece que lo pasaron desapercibido, (para esa época, ya estaba fuera del sector público).

También otra medida en ese sentido fue una reestructuración de las instituciones y una, creo, llamada » movilidad laboral» que, irónicamente pagaba al «movilizado» todos los años de servicio en la institución. Digo irónico porque se pagaron 20, 25, 30 y hasta 40 años de servicio a modo de PRESTACIONES y ahora «satanizan» a las convenciones colectivas que superaron la establecida de 8 años, y de paso, a los sindicatos que nunca arguyeron que esa figura privatizadora la habían utilizado desde el gobierno para desmantelar el Estado.

He observado en las áreas de salud (EBAIS) que algunos puestos como secretariado y la entrega de medicamentos están bajo empresas privadas (en la Clínica de Atenas y algunos Ebais, tienen seguridad, limpieza, y secretaria, bajo empresa privada). Tengo que verificar, pero la empresa anterior, durante la pandemia o por ese tiempo se retiró, y creo que no pagó ni salarios del mes que se fue ni aguinaldos ni nada, preguntaría si la CCSS le cobraría a esta empresa para que pague a estas personas trabajadoras.

Buena esa lucha del Calderón Guardia y otras, pero ¿y los que ya fueron «tomados y tercerizados”?

Gran lucha…

Panamá: un pueblo en lucha

Escrito en 30/07/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista

Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.

Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.

Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.

Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.

Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Escrito en 13/07/2022. Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE. Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense. En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7). Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno. La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto.

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2). Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2). Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos. En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense: 23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021. Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años. En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos. Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales. Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana. Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país. Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE. Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC. Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019. Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”. Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso. El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad, cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”.

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10). El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará. No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad.

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”. Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada. El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe, en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos: “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62. Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia. Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2). Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice. Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas. Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes. A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico. Los otros proyectos son:

expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”,
expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional” (archivado),
expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”,
expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8). Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200. El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño, y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

UNDECA: ¡NO! a la privatización de servicios de la CCSS

Escrito en 12/07/2022. Publicado en Derechos, Salud.

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Calderón Guardia se lanzaron a la calle en defensa de la institución y los servicios de calidad a las personas usuaria de la nueva Torre Este del centro hospitalario.

Las intenciones de empresas privadas y de dirigentes políticos tradicionales pretenden ir cercenando servicios que presta la institución con funcionarios de la Caja, para entregarlos a terceros como un negocio. Esto pese a que el Hospital Calderón Guardia cuenta con el personal necesario para seguir brindando el servicio.

El dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, Arturo Abarca Durán, indicó que “la pretensión es entregar los servicios generales, aseo, vigilancia y registros médicos, pero también ir más allá y entregar los servicios de nutrición y lavanderías. O sea, pretenden privatizarlo todo, pagando mucho más, con una diferencia de más de ¢250 millones a una empresa privada, tirando a la calle a cientos de trabajadores de la Caja, trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la pandemia y que han brindado un gran trabajo por las personas usuarias de este hospital.”

La manifestación de trabajadores no implicó en ningún momento la suspensión de servicios.

Luego de manifestarse frente a la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, los trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial, en donde fue recibida una delegación que expuso ante las asesoras de la Presidencia de la República la problemática institucional y lo que significa tirar a casi 200 trabajadores a la calle para abrirle la puerta a una empresa privada para que haga el “negocio”.

En los próximos días habrá un acercamiento con autoridades del gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, para retomar el tema, con la certeza de que no se va a claudicar en la defensa de la Caja y los servicios de calidad que brindan los trabajadores y trabajadoras, y que es prestigio mundial para el país.

¿Qué está pasando en la democracia costarricense?

Escrito en 23/06/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El nuevo gobierno

Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.

Gerardo Castillo

La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.

Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.

El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.

La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.

La pandemia como espejo

El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.

Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.

Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.

¿“Quo vadis” Costa Rica?

Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.

El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.

Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.

Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.

Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?

En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.

Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.

El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.

Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.

Soberbia

En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.

Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?

El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.

Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.

No de “los mismos”

La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.

La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.

Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.

Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.

Como las lluvias de mayo

Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.

En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.

Con más dudas que esperanzas

Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.

A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.

Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.

Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.

De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.

La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”

Gerentes

Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.

El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.

¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.

Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/que-esta-pasando-en-la-democracia-costarricense/