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Etiqueta: privatización

¿Cómo que no lo dice La Nación?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Yamileth González García , Exrectora UCR

Acudo, una vez más, a este medio de comunicación en procura de imparcialidad y seriedad para aclarar las informaciones que hace un conocido periódico, de manera tendenciosa y hasta falaz, empeñado en desacreditar a una de las instituciones más respetables del país por su contribución al desarrollo y desempeño científico, cultural, artístico y tecnológico, en su ya no disimulada intención privatizante de la educación superior.

¿Cómo que no lo dice La Nación? Claro que sí lo dice, solo que lo hace de manera parcializada e interesada, pues menciona únicamente circunstancias negativas en su intento destructivo por atacar a la Universidad de Costa Rica (UCR) y su autonomía y, también, enfila sus ataques, sorprendentemente, hacia mi persona, como si yo fuera candidata a algún cargo de carácter nacional o institucional, ya que como es típico de ese periódico, cuando alguien está por postularse y no es de su agrado, lo atacan.

Los argumentos expresados en el editorial (La Nación, 23 marzo), como ya es su costumbre, son, en este caso, inexactos por parciales:

1- Comenzando porque se refiere a una medida tomada en una sesión del Consejo Universitario, en la que yo no participé. Dice el diario, textualmente, que: “el 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo Universitario aumentaron las anualidades del 3% al 5.5%”. Eso es inexacto, yo no estuve presente en la sesión del Consejo del 29 de setiembre, la cual aprobó ese incremento y tampoco firmé, en ese momento, el acuerdo señalado.

2- Señala el citado editorial que, como consecuencia de esa acción, la Universidad de Costa Rica vive una situación insostenible financieramente, que esa medida atenta “contra la sostenibilidad financiera de la institución” y que “a corto plazo” “es una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa”. Tremenda responsabilidad la que se me endosa; sin embargo, a pesar de que ese desequilibrio se viene pregonando desde el año de 2009, se reitera en 2013, 2014, 2015, 2018 y hoy de nuevo, la falsa alarma, de torcidas intenciones, como se sabe, no se ha concretado. Estamos ya en el 2021 y, contrariamente a la fatídica premonición, la UCR mantiene su equilibrio en las finanzas y no existe ningún déficit institucional. Aquí podemos citar, con un poco de ironía, el conocido texto de Zorrilla: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

El día 22 de marzo, la UCR, le responde a ese diario y al país, lo siguiente:

“La anualidad que reciben los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tiene tendencia a la baja y en el 2018 fue de 1,94% para personas profesionales y de 2,54% para personas no profesionales. En la actualidad este monto es de 0%”.

Si el diario La Nación, utilizara de forma correcta los datos, podría ver, o a lo mejor eso no es posible, que “… para los últimos ocho años la proporción del gasto en salarios se ha reducido pasando de representar un 72%, en el 2012 a un 67,79% en el 2019, y para el 2020 el gasto corriente en salarios se redujo en más de ₡800 millones de colones. Para este año la proporción del gasto en salarios fue de un 71%, debido a la baja general en los recursos que financian a la educación superior. El año pasado el presupuesto de la UCR se redujo en más de ₡34 000 millones”. (La UCR aclara publicación del diario La Nación, 22 de marzo). Una tendencia que se venía dando desde los años de 1990 y que no se detuvo en la última década; al contrario, como se deduce de la afirmación anterior llegó a estar más abajo del 70%. Esta proporción de equilibrio, como lo he señalado en otros momentos, es garantía generalizada de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. A pesar de las diatribas de este periódico, la UCR continúa con su quehacer académico sustantivo de indiscutible impacto en nuestro país.

Reitero lo dicho hace un par de semanas: “Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base, y también que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior”.

En todo caso, por su madurez y por la misma autonomía que la Constitución le da, la UCR ha puesto autos en el propósito de enmendar y corregir cualquier situación que perjudique su cabal funcionamiento, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, consecuente con una Ley de empleo público. Para ello, creó una Comisión encargada de estudiar el esquema salarial de la Institución.

3- También se me acusa de no haber escuchado la voz de la Oficina de Contraloría Universitaria ( OCU), la cual alertó sobre las consecuencias que la medida podría traer; pero lo que no menciona ese diario es que los dos estudios actuariales realizados, el primero, por el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, el Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica (2010) y, el segundo estudio, basado en el mismo modelo, pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, se hicieron para responder a las observaciones y dudas que habían sido señaladas por la OCU. Esos señalamientos si fueron atendidos y la Oficina de Contraloría participa del debate y la aprobación de la propuesta, en la Comisión de Administración y Presupuesto, como consta en el Acta de la sesión 5390 del CU, cuando se señala lo siguiente:

“Para el análisis del presupuesto institucional y el Plan Anual Operativo del año 2010, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Administración y Presupuesto (28 de septiembre de 2009), donde los miembros del Consejo Universitario analizaron cada uno de los documentos presentados por la Rectoría, con la participación de funcionarios y funcionarias de la Oficina de Planificación Universitaria (Licda. Maritza Monge Murillo, jefa de la Oficina; Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Sección de Presupuesto; Licda. Anabelle Mora Bonilla, jefa de Sección de Planeamiento, y Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación); de la Oficina de Contraloría Universitaria (Lic. Mario Zamora, Lic. Donato Gutiérrez Fallas, y M.A. Jorge Padilla, Contralor) y el Lic. Ramón Bonilla, Director Ejecutivo de la Rectoría. En esta reunión se discutió ampliamente el Plan-Presupuesto para el año 2010, donde surgieron inquietudes que fueron atendidas por la Administración y que complementa la información que anteriormente había sido presentada”. Como se desprende de los estudios y el análisis realizado, los cuales evidenciaron que el incremento era sostenible, contrariamente a la afirmación del citado editorial.

4- Por otra parte, quiero resaltar que lo que dice el editorial, en el sentido de que el incremento del año 2009 es una feliz iniciativa de quienes estábamos, en ese momento al mando de la administración superior de la Universidad, no es cierto. El diario omite que durante 30 años todas las autoridades universitarias nos opusimos al incremento del incentivo médico para el área de la salud , lo peleamos en los tribunales y, no fue sino por la resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), que se nos obligó a subir la anualidad al 5.5% para el personal, en principio de la Facultad de Odontología, y que tuvo que ser reconocida de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. En aquel momento, ya toda el área de la salud se preparaba para solicitar ese mismo incentivo, vía judicial y si lo ganaban (tenían un claro precedente) incluyendo el pago obligatorio retroactivo desde el año 1982, habría constituido una verdadera ruina para la institución.

La sentencia 655 del 12 de agosto de 2011, de la Sala Segunda, que según el editorialista viene a explicar lo obvio, señala: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».

Al contrario, la sentencia viene a ratificar el argumento de la UCR durante los 30 años que dura ese pleito: la UCR no es un centro hospitalario, por lo que la Ley de Incentivos Médicos no debía ser aplicada en la Institución. Eso es así, tanto para los odontólogos, médicos, nutricionistas, farmaceuticos etc, etc, como para cualquier profesional de otras disciplinas ajenas a la salud, ya que todas las personas que laboran en la Universidad lo hacen como docentes. Incluidos los funcionarios de la salud, quienes ejercen la docencia médica, pues las clínicas ubicadas en esa área son centros de enseñanza y no centros hospitalarios.

La Sala comete un error en 2007 al fallar en contra de la Universidad, como lo viene a corroborar la sentencia del año 2011. Lo que la administración universitaria hizo en 2009 tiene que ver con un asunto de justicia laboral, remunerado de la misma manera a todo los que ejercían la misma función, es decir, la docencia.

5- Ha insistido este periódico en su agresión al mandato constitucional de la autonomía universitaria y en influir en la Asamblea Legislativa en su propósito, en este embate que ya tiene vieja data, que lo vienen orquestando diversos poderes nacionales, sobre todo, desde el momento en que el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial suscribieron, en junio del año de 2009, un documento llamado Competitividad en Costa Rica, cuyo entramado ideológico ha venido sustentando los diferentes gobiernos nacionales y que, en relación con las universidades, señala que “Los mecanismos de financiamiento tradicionalmente usados en Costa Rica, combinados con la autonomía universitaria, limitan la capacidad del Gobierno para influir enormemente en el sistema”. Y fue a partir de ese momento que se empieza a actuar con mucha más prepotencia, buscando romper la autonomía universitaria y debilitar su financiamiento. Pareciera que ese es el propósito final de este periódico y de otras fuerzas políticas y económicas empeñadas en desacreditar a la UCR.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Propuesta de líneas políticas en Salud Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Óscar Ávila Henríquez

«Este trabajo ha sido elaborado con la esperanza que un nuevo poder político lo trate de utilizar en un Estado de Derecho, con un gobierno elegido en las próximas elecciones que se efectuarían en noviembre del presente año en Honduras. Si no, cuando llegue a existir.

Sin lugar a dudas, su aplicación enfrentaría obstáculos fuertes, aun en un Estado de Derecho. Irónicamente el sector que puede obstaculizarlo bastante será el mismo gremio de los galenos integrados en el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sabemos bien que el sistema del libre mercado o neocapitalismo, ha tenido existo en conquistar a los médicos a su favor. Las significativas prebendas que reciben de las grandes farmacéuticas; las ventajas y privilegios en ingresos al ser contratados por centros privados, hospitales, y demás servicios privatizados en el sistema de salud, les ha hecho olvidar su ética médica y su juramento Hipocrático e inclinarse más por privilegiar sus ingresos económicos y mercantiles frente a lo humano y el salvar vidas. Así como ocurre ahora en Bolivia, donde el gobierno declaró en emergencia sanitaria y, muchos médicos se han opuesto porque les afecta sus bolsillos, declarando paro general, el gremio de médicos favorecido con la privatización, allí, como en otros países, sin excluir a Honduras, son capaces de incumplir con sus juramentos, de dejar morir pacientes en significativas cantidades, si se les presenta la opción de elegir entre mantener sus privilegios o servir al pueblo.

Marlin Óscar Ávila».

SURCOS comparte el documento para su lectura completa:

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Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021

Unas palabras para celebrar la vida de nuestro hermano Mario Devandas Brenes

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Palabras de Vínyela Devandas Brenes durante la ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana el sábado 26 de diciembre de 2020.

Unas palabras para celebrar la vida de nuestro hermano Mario Devandas Brenes

Vínyela Devandas Brenes

Hoy nos reunimos en este hermoso templo para celebrar la vida fecunda de Mario Devandas Brenes, líder ejemplar de nuestra Patria, quien con gran inteligencia, ímpetu y valentía ha contribuido significativamente a que Costa Rica sea un mejor lugar para vivir.

Defensor y luchador acérrimo de la Seguridad Social de nuestro país, nunca se cansó de decir a todos los que lo escuchaban, que primero se debía conocer bien la problemática social para luego luchar unidos y conscientemente por la construcción de una Costa Rica más justa, más humana y más digna.

Mario Devandas Brenes defendió con ahínco la transparencia y la eficiencia de la función pública. Combatió furiosamente la corrupción, impulsó importantes proyectos de bien social. Fue un excelente negociador sin claudicar en sus principios y luchó con firmeza e ideas muy claras por nuestra amada Caja Costarricense del Seguro Social. Tenía el poder de su palabra, de su carácter, de su convicción moral para enfrentar cualquier obstáculo y caminar hacia la luz.

Entre los proyectos que él apoyó están la construcción del moderno EBAIS de Tirrases de Curridabat, el fortalecimiento de las Juntas de Salud con las cuales siempre se mantuvo en contacto y se reunió en sus lugares de funcionamiento por lejanos que fueran. También apoyó con entusiasmo la reforma al nuevo Reglamento de las Juntas de Salud. Propugnaba un modelo de salud más eficiente con mayor aplicación de la tecnología, por eso, estuvo de acuerdo con el plan piloto de Limón y la creación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), del que siempre se enorgulleció por ser un instrumento de información de la salud pública único en el mundo. Luchó por un modelo de salud enfocado tanto en la curación de la enfermedad, como en la prevención de la misma. Además apoyó decidida y tenazmente, la Institucionalización de los servicios de salud del Este, en su lucha continua contra la privatización de la Caja. Desafortunadamente, este último logro no lo pudo contemplar por la situación de la pandemia, pero siempre estuvo bien informado de su avance y de su éxito.

Mario Devandas Brenes siempre tuvo conciencia de la trascendencia de sus actos, por eso, en todas sus luchas en defensa de las instituciones más queridas del país como el ICE, por la que se le encarceló injustamente casi tres meses, la no privatización de los servicios de salud y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones de la Caja y otros proyectos, sabía que sus posiciones de combate generaban focos contrarios, pero nunca se echó atrás, nunca asumió una posición acomodaticia en beneficio personal. Fue valiente siempre en defender sus ideas con convicción y con entusiasmo que contagiaba a sus compañeros de lucha.

El método propuesto a todas las organizaciones sindicales, juntas de salud, asociaciones y grupos organizados contiene los siguientes pasos:

– Estudiar para conocer bien la problemática social.
– Tomar conciencia del problema por resolver.
– Buscar soluciones posibles y consensuadas.
– Iniciar la lucha a partir de la ejecución de los acuerdos tomados democráticamente.
– Por último, lo más importante: estar unidos en la lucha.

Mario nunca claudicó ante las situaciones difíciles. Al contrario, le apasionaba enfrentarlas, para ello, contaba con su gran capacidad intelectual y creatividad para la solución de los problemas.

Como presentía su pronta partida, no soportaba la inercia ni la tardanza en ejecutar las tareas pendientes. A pesar del quebranto de salud, trabajó con pasión y responsabilidad. Durante el último año, lo hizo más intensamente. Cuando se le aconsejaba pausa y descanso, contestaba que trabajando se olvidaba de su enfermedad. Al igual que Martí dijo de Bolívar: “Hay hombres que no se cansan cuando los otros se cansan”. Así era nuestro amado Mario: incansable, imparable, activo, luchador, visionario…

Insistió permanentemente en la aplicación del artículo nueve de la Constitución Política que establece que el gobierno de Costa Rica es democrático, representativo, participativo . alternativo y responsable Esto lo repitió incansablemente a todo grupo organizado para que tomara conciencia de que todos los ciudadanos somos copartícipes y responsables de nuestros gobiernos y de nuestros destinos.

Como diputado, como funcionario público, como dirigente, como directivo de la Caja y como educador fue transparente y responsable, creativo e íntegro. Se pensionó por el Régimen de pensiones de la Caja con lo que renunció a cualquier tipo de privilegios.

Se enorgullecía de los servicios de salud y de los logros de la Caja y abogaba por que fueran iguales para todos los costarricenses tanto de las costas como de los campos y de las ciudades. Por eso, apoyó la construcción de hospitales como el de Puntarenas y el de Cartago, entre otros; combatió con ahínco el desfinanciamiento de la Caja y luchó con tenacidad por el pago de la deuda del gobierno a esta Institución emblemática; además, proponía la inversión de los recursos del estado en obra pública.

Sin duda alguna, la partida de Mario nos deja un gran vacío en nuestros corazones, como educador, tenía la costumbre de dejar tareas, nos dejó muchas que debemos cumplir todos los que compartíamos sus ideales y sus sueños.

Para nuestra familia es una pérdida inmensa. Siempre fue un faro de humor, de conocimiento, de entusiasmo, de diálogo ameno en nuestros numerosos encuentros. El seno del hogar fue el crisol donde se fraguó desde muy niño, su conciencia de cristal, allí se alimentó de principios y valores que lo impulsaron a luchar. Más adelante, cuando entró a laborar en la administración pública, fue donde se consolidó como un combatiente por el decoro nacional y la justicia social. Siempre lo apoyamos porque creímos en él, porque lo conocíamos, porque fue nuestro líder cercano e indiscutible, del que siempre nos sentiremos muy orgullosos.

Quiero resaltar en forma especial la presencia de una persona indispensable en la vida de nuestro hermano Mario. Su esposa María Eugenia Aguilar, Maruja. Más de 50 años compartió la vida con él. Sabía sortear las explosiones de entusiasmo que como un volcán, emanaba Mario de vez en cuando, para después compartir con él, en el sosiego de su hogar, una película, una pieza musical, una lectura o una anécdota simpática de las que siempre tenía Mario a flor de labios.

Tuvieron tres preciosas hijas: Vinyelita, la mayor, de grata memoria, Catalina y Aleida, tres mujeres excepcionales de quienes siempre estuvo muy orgulloso y satisfecho. Las dos últimas, como ramas del Árbol de la vida les dieron cinco nietas: Zoe y Mila; Lara, Aitana y Julia, un manojo de bellezas, quienes hasta el final llenaron de canciones y caricias a su amado abuelo como regalo en la noche de Navidad, en su ocaso de Quijote, de volcán, de patriota, de líder de la clase trabajadora…

A todas estas maravillosas mujeres nuestro cariño de siempre.

Agradecemos a las organizaciones que han estado con él en las luchas por el bien común de nuestro país. Al Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social, nuestro agradecimiento por el homenaje en el que nominaron su casa sindical con el nombre de Mario Devandas Brenes, homenaje que llenó de regocijo y orgullo a Mario en sus últimos días.

A todas las personas e instituciones les manifestamos nuestro agradecimiento por su solidaridad, cariño y apoyo a Mario desde el inicio de su enfermedad hasta su partida.

A la Conferencia Episcopal, al Padre Luis Alejandro Rojas A. y al Arzobispo José Rafael Quirós Quirós, muchas gracias por compartir luchas importantes de bien común con nuestro amado hermano.

Hemos recibido abundantes mensajes de cariño, de reconocimiento y de ánimo para Mario. Anteayer, cuando nos pidió a sus hermanos que fuéramos a verlo, le preguntamos qué respondíamos a los que le habían enviado esos bellos y sentidos mensajes. Él nos contestó: “Dígales a todos, que les agradezco mucho” …

¡Muchas gracias!

¡Un aplauso bien fuerte para nuestro hermano y nuestro líder Mario Devandas Brenes!

Imágenes de SURCOS.

Peores escenarios se avecinan para el agua

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Autoritarismo y violencia neoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

 

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

Una ley para la privatización de la semilla

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.

Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.

Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.

Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.

Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.

Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.

Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

Diálogo permanente para darle rumbo al país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Caminamos, o más bien nos arrastramos, a tientas, con perdón de los inteligentes y ágiles no-videntes. No hemos tenido el liderazgo ni el espíritu patriótico para cerrar el ciclo neoliberal que nos tiene al borde del precipicio, mientras algunos persisten en hacer malabares para enderezar esa barcaza de mil agujeros.

No quieren entender que no se puede poner “remiendo nuevo en paño viejo” y que “el vino nuevo requiere odres nuevos”. Pues bien, o nos decidimos por lo nuevo o nos resignamos al hundimiento.

Obviamente, hay salidas paliativas o placebos que pueden entretener al paciente para que aprenda a convivir por un tiempo con la enfermedad. Pero, más temprano que tarde caerá en coma. El plan fiscal fue esa medicina paliativa. Ahora se pretende -algunos lo piden con gritos de desesperación- que el préstamo del FMI sea la tan esperada “vacuna”, no importando que sus efectos secundarios resulten peor que la enfermedad: venta de activos del Estado, reducción en la inversión social, en fin, lo que ya sabemos de las viejas recetas que solo han servido para empobrecer, acrecentar las brechas sociales y polarizar a la sociedad intensificando el conflicto.

Se dice que es posible negociar con el FMI bajo un nuevo paradigma que al parecer vienen impulsando algunos de sus más altos funcionarios. Pero, un país sin rumbo no tiene esa capacidad de negociación. Y para peores el gobierno desacierta por partida doble. Se hace una propuesta de negociación cargada hacia los impuestos, en su mayoría regresivos, y sin claridad respecto a la reactivación social: empleo, endeudamiento ciudadano, apoyo a pequeña y mediana empresa, salvaguarda para desempleados, etc. Y se convoca a un diálogo, con visión tecnocrática, elitista y restringida.

Después de esos traspiés, y gracias a la iniciativa de la Junta Directiva del Banco Popular, se alcanzó a sentar a diversos sectores en una mesa más amplia, con miras a una concertación para salir de la crisis. Lamentablemente, algunos persisten en reducirla al problema fiscal y a buscar solucionarla limitándose a bajar el mal llamado “gasto” público; un cuento más de los que “vienen de todos lugares y también de Puriscal”. Resulta esperanzador, sí, porque también asisten quienes tienen una mirada más abarcadora y son de luces más altas.

Pues bien, quizá el mejor dividendo que podamos sacar de esta iniciativa no sea tanto que sus propuestas conduzcan a dar ese salto cualitativo hacia la Costa Rica postneoliberal, pero sí nos haga apreciar y valorar lo importante y decisivo que resulta el diálogo intersectorial para darle rumbo a este país.

Efectivamente, como se ha señalado, la democracia participativa tiene que ser, ante todo, deliberativa. El espíritu del diálogo permanente por parte de una ciudadanía crítica y propositiva, así como de gobiernos receptivos que saben ejercitar el arte de la política, que es el de la negociación y la búsqueda de acuerdos entre intereses diversos y en conflicto. Es decir, donde el pueblo tiene que ser protagonista y no mero espectador.

Llegó el tiempo de superar el caudillismo presidencialista y el elitismo tecnocrático, propios de una cultura política desfasada. Apostemos al dialogo intersectorial permanente para darle rumbo a este país.

Imagen: http://www.codajic.org

Enviado por el autor.

FRENASS: “UCCAEP y la prensa mienten, no es cierto que los servicios tercerizados sean más baratos”

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS recibió el siguiente comunicado del Frente Nacional por la Seguridad Social:

En febrero del 2020, la C.C.S.S. asumió la administración de los servicios de salud de Montes de Oca, Curridabat, San Juan San Diego y Concepción de La Unión, a la luz de la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja y demás normativa vinculante.

Dolidos porque el negocio de salud se les terminaba, la UCCAEP y los medios de comunicación impulsaron una campaña de desprestigio del proceso de institucionalización, desinformando y mintiendo, entre otros aspectos, sobre temas referidos a los costos. Se ha dicho que la Institucionalización ha costado más a los bolsillos de los contribuyentes y por ende, a La Caja… Pues, ¡¡¡MINTIERON!!!

Desde las comunidades, veníamos rechazando tales argumentos sin eco alguno en los medios de comunicación tradicionales. No han sido suficientes la satisfacción de las comunidades ni la mejoría evidente de los servicios de salud.

Recientemente, a solicitud de la Junta Directiva de la C.C.S.S., se emitió un informe de Auditoría (en nuestro poder) que viene a desvirtuar esa furibunda campaña orquestada desde las cámaras patronales, que una y otra vez quieren convencernos de que la tercerización de los servicios de salud es mejor y más barata, con el propósito de ocultar las intenciones de privatizar la Institución para convertir la salud en un negocio, el cual, en este caso, se les fue de las manos.

El informe ha permitido concluir lo siguiente:

  • La decisión de la Junta Directiva de la Caja, que en su oportunidad optó por institucionalizar los servicios de salud, se hizo apegada a derecho, a la Constitución Política de la República, a la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. y a toda la normativa institucional. El informe reitera que “… la contratación para la provisión de servicios de salud por parte de proveedores externos debe ser de carácter estratégico o excepcional”.
  • Se destaca que a la Junta Directiva de la Caja se le presentaron cuatro propuestas sobre la estimación de los costos de institucionalizar los servicios, en los cuales no fueron contemplados en el Estudio de Factibilidad, los nuevos servicios que la Caja está brindando a las comunidades del área del este de San José.
  • Al comparar la oferta de la UNIBE con los servicios prestados por la Caja, queda en evidencia que la oferta privada en materia de personal es superior al de la C.C.S.S., UNIBE ofreció atender los servicios con 482 plazas y la contratación real de la Caja fue de 395 plazas, es decir, 63 plazas menos que las utilizadas por la UNIBE.
  • Además, en la oferta privada no se incluyó el Laboratorio Clínico, dado que los servicios se los otorgaba la Caja a través del laboratorio del Hospital San Juan de Dios, de esta manera, la contratación con UNIBE contemplaba únicamente la toma de muestras a los usuarios de las Áreas y el traslado de las muestras al Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios. Incluso, la Caja en su momento, reforzó con recurso humano ese Nosocomio para que asumiera la fase analítica de dichas pruebas.
  • La opción de disponer de un Servicio de Laboratorio propio no fue contemplada en el Estudio de Factibilidad para la Institucionalización de los Servicios de Salud y hoy, las comunidades cuentan con un Laboratorio en las Licitaciones Nacionales de Química Clínica, Hematología, Uroanálisis y Bacteriología, así como, la dotación del recurso humano necesario.
  • La UNIBE presentaba listas de espera en ese servicio de Laboratorio de hasta 6 meses, por lo que la Caja, al inicio de la Institucionalización, debió atender hasta 1500 pacientes en un día, cuando la capacidad instalada es de 800. Fue un rezago producto del número de muestras diarias negociadas en el contrato de UNIBE que no se llevaron a cabo.
  • La oferta privada no incluyó los costos de los materiales y de los suministros, que tenía que asumir la CCSS, los cuales eran despachados a la UNIBE desde el Almacén Central de la Caja, por lo tanto, para este rubro se determinó que el costo ascendía a ₡1,525 millones de colones, suma que no se incluyó en la oferta privada.
  • Con la Institucionalización se aumentó la oferta para los usuarios en cuatro EBAIS, lo cual genera un total 41 EBAIS (2 EBAIS por área de salud de Curridabat y San Juan – San Diego y Concepción de La Unión), así como el reajuste en cuanto a la distribución del personal a contratar.
  • Con la Institucionalización de los servicios de salud, la Caja y sus contribuyentes dejaron de gastar la suma promedio anual de 238 millones por concepto de utilidad a los dueños de la UNIBE, y que de conformidad con la Constitución Política, son recursos que “no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.
  • El estudio de factibilidad no consideró los costos asociados a la apertura del Laboratorio clínico ni el servicio de Rayos X en odontología, para atender la demanda de servicios de la red este, por cuanto el escenario bajo el cual se elaboró ese documento, no consideraba la apertura de esos servicios. Anteriormente, el contrato de UNIBE otorgaba una atención básica en odontología, sin servicio de Rayos X, con lo cual si se garantiza una atención odontológica completa como se hace ahora con la Caja.
  • Finalmente, con la Institucionalización se le brinda a la población usuaria un Servicio de Laboratorio Clínico propio, atención odontológica especializada (procedimientos de Diagnóstico de Rayos X) en un centro totalmente equipado creado para cada área, elementos que no estaban contemplados en la contratación con UNIBE.

Concluye la Auditoría Interna de la Caja, que “la decisión adoptada por la Junta Directiva permitió a la institución, fortalecer y mejorar la prestación de los servicios de salud; la implementación de un servicio de Laboratorio Clínico, la ampliación de la atención odontológica especializada, y la sectorización realizada mediante la apertura de 4 EBAIS. Estas decisiones, no solamente favorecieron la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, sino también, la oferta de servicios en términos de accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención”.

De lo anterior dan fe la población usuaria de los servicios de salud en las comunidades de Montes de Oca, Curridabat, San Juan-San Diego y Concepción de La Unión.

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL
San José, 12 de noviembre 2020.

El agua, accesibilidad universal y derecho humano

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dra. Daniela Astorga M./ dastorga75@gmail.com

Como profesional de la salud, soy una persona muy preocupada por el tema ambiental, en general, y por el agua y la importancia capital que tiene este vital líquido en la vida y en la salud de las personas, en particular.

Con respecto al tema ambiental, estoy convencida de que lo que hagamos hoy para preservar el medio y cuidarlo, sin duda, será la mejor herencia para las futuras generaciones. Ya lo dijo, con mucha claridad el Papa Francisco: Este planeta es la casa donde vivimos y, por ello, debemos cuidarla.

Considero que las y los costarricenses debemos contribuir en todos los frentes posibles (reciclaje y control adecuado de los desechos, son dos de ellos), para asegurar la reducción de la contaminación del medio.

Sin embargo, hay una batalla que considero que es fundamental, en el presente, dentro de la agenda ambiental. Es la de asegurar agua pública y de calidad para todos, ahora y de cara al futuro.

Hemos visto con gran preocupación como hay sectores que quieren privatizar este valioso y vital líquido. Hay países que tomaron esta medida y eso hace que hoy, muchos de sus habitantes o no cuenten con agua potable o para contar con ella, tengan que pagar precios inaccesibles e inasequibles, a empresas que lucran con el recurso hidríco.

Algunas empresas privadas, en sus propósitos en el control del “negocio” del agua, fueron tan lejos que en el convenio con un gobierno sudamericano, pretendían que una claúsula, prohibiera expresamente que las personas recolectaran el agua de lluvia. Esto sucedió en Bolivia hace pocos años.

La preocupación que deseo expresar tiene que ver con el dictamen positivo que dio la Comisión Legislativa de Ambiente, el día miércoles, 1 de julio del año en curso, al proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, contenido en el expediente N°20.212.

Realmente, es muy preocupante que se emitiera tal dictamen sin considerar y menos incorporar, ni uno solo de los 21 puntos que las organizaciones ecologistas, ASADAS, las comunidades y varias personas expertas en la materia, recomendaron. Valga destacar que sobre estos puntos hubo consenso tanto con funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como con representantes de la misma Asamblea Legislativa.

Coincido con las organizaciones y personas que señalan que el proyecto afirmativamente disctaminado, contiene graves omisiones  y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua. Con ello, se contradice en forma flagrante la norma recientemente incorporada en nuestra Carta Magna que fija al agua como un derecho humano, cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho se diluye y no está asegurado en el texto que aprobó la mencionada comisión legislativa.

De esta manera, este pequeño grupo de diputadas y diputados, dictaminó un texto diferente al que se construyó a lo largo de una década, a partir del consenso laborioso de varios sectores.

Entre sus graves omisiones, el proyecto desconoce a las ASADAS, que han sido y son las organizaciones comunitarias que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos de sus localidades. Asimismo no incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos. Este es un serio delito ambiental que algunas empresas agroindustriales, repiten y que le cuesta muy caro al AyA y al país.

En un momento tan duro como el que vivimos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, las diputadas y diputados de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, en general, deben tomar consciencia de que este recurso es fundamental para la salud y para combatir la pandemia del presente y las futuras, que con seguridad, se presentarán en los años venideros.

Por último, genera molestia e indignación que la gestión legislativa se aproveche de la imposibilidad de llevar justos reclamos y protestas como ésta, a Cuesta de Moras, por las  imprescindibles restricciones impuestas ante la creciente y preocupante propagación del coronavirus. Por ahora, tendremos que fijar nuestro rechazo a este dictamen por este medio y todos los que tengamos a nuestro alcance.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Enviado por Luis Fernando Astorga Gatjens.