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Otro proyecto regresivo ambientalmente: Isla San Lucas

Escrito en 13/08/2020. Publicado en Madre Tierra.

Compartimos la siguiente inquietud planteada por Álvaro Sagot y María Elena Fournier en cuanto a la nueva forma en que se quiere administrar las Áreas Silvestres Protegidas, en este caso, la Isla San Lucas:

La isla de San Lucas y aguas aledañas conformaban una Área Silvestre Protegida (ASP), bajo la estricta categoría de manejo conocida como Refugio Nacional de Vida Silvestre.

Los actuales diputados ahora le cambian ese estatus protector, sin un informe dentro de los parámetros de la ciencia y la técnica que justifique la reforma. Al parecer, en el fondo se busca darle un matiz comercial, como se los dijo la Procuraduría General de la República, en el criterio que les aportó (No. OJ 082 2020).

Además, se cambia la naturaleza jurídica de lo permitido en un Parque Nacional, donde debe haber protección, investigación y ecoturismo en ese orden, pero no una explotación con fines comerciales como se extrae del proyecto.

Además, el proyecto incluye la creación de una “junta directiva” que administrará esta Área Silvestre Protegida, alejando al SINAC de su regulación y fiscalización que por ley y votos constitucionales le corresponde. Inevitablemente, éste podría ser un camino a la privatización de una Área Silvestre Protegida para darle un fin comercial en nombre de la reactivación económica.

Ya en el pasado Isla San Lucas y sus humedales han sido “atacados” por los políticos de turno que quieren casinos, una marina y hasta hoteles en este sitio.

Costa Rica está perdiendo sus ASP bajo la responsabilidad de personas que no tienen conocimientos técnicos-científicos, que están mal asesorados-as, que están entregando a nuestra naturaleza en bandeja de oro.

*Imagen ilustrativa.

Los vientos virulentos de la privatización

Escrito en 03/08/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.

Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.

Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.

En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.

De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.

El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.

En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.

Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.

Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!

Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.

Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.

Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.

[1]https://web.archive.org/web/20070927210859/http://www.aporrealos.org/internacionales/a21196.html

El procedimiento de gestión de despido del enemigo

Escrito en 16/07/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

“Fusílenlo, después averiguamos” (Villa)

Manuel Hernández

VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

Existe un tema en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21336), ciertamente uno de los tantos desaguisados que contiene, que por las implicaciones tan serias, no puede pasar inadvertido.

Me refiero puntualmente a las modificaciones normativas que se pretenden de las reglas del procedimiento de gestión de despido, actualmente regulado en el artículo 43 y otros del Estatuto de Servicio Civil.

Estas variaciones de grueso calibre, fabricadas en los astilleros de MIDEPLAN, no pueden ser vistas con indiferencia, como si no fueran relevantes, porque tienen una incidencia directa en el debido proceso y derecho de defensa de los y las servidoras públicas, amparados por el Estatuto de Servicio Civil; es decir, para que se entienda, no estamos hablando de cualquier derecho, sino de Derechos Fundamentales.

Partiendo de lo anterior, analicemos este singular tema, empezando por las reglas actuales del procedimiento de gestión de despido, luego, advirtiendo las modificaciones que se pretenden y finalmente, ponderando el impacto de estas reformas.

I.- Las reglas del Estatuto de Servicio Civil que actualmente ordenan el procedimiento disciplinario, derivan directamente de la articulación de los numerales 39, 41 y 192 de la Constitución Política.

De conformidad con el canon de estas normas constitucionales, el servidor público sólo puede ser despedido, por motivo disciplinario, con base en las causales contempladas en la legislación, previo cumplimiento del debido proceso.

En términos generales, las normas del Estatuto estipulan que en los procedimientos de gestión de despido que promuevan los jerarcas de los Ministerios, la investigación administrativa la realizará la Dirección General de Servicio Civil, correspondiéndole al Tribunal de Servicio Civil dictar la resolución de primera instancia.

Esta resolución puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil.

Una vez resumido, de manera muy esquemática, el procedimiento de ley vigente, pasemos de seguido a destacar las exorbitantes reformas que se pretenden introducir (de lege ferenda).

II.- En esta materia, los cambios sustanciales que propone el proyecto son cuatro modificaciones:

1.- La instrucción se realizará mediante el denominado procedimiento sumario, regulado en el artículo 320 y siguientes de la Ley General de Administración Pública (LGAP).

En las Actas de discusión del proyecto de esta ley, se consignó que procede el procedimiento sumario, a diferencia del ordinario, » (…) siempre que no haya conflicto, procesal o presente, con el administrado, ni perjuicio, material o previsible, para él, sea por tratarse de trámites que le favorezcan, o porque el acto final le sea indiferente.»

Esta clase de procedimiento está diseñada exclusivamente para la emisión de actos administrativos de carácter favorable, declaratorio de derechos, o actos de gravamen que tenga consecuencias disciplinarias muy leves, por ejemplo: amonestaciones verbales o escritas.

El sumario es un procedimiento cuyo objetivo es sustanciar la causa disciplinaria de manera célere y eficiente, en el plazo de un mes.

El procedimiento sumario no admite la proposición de pruebas, el debate –contradictorio- y la realización de audiencias.

2.- La instrucción del procedimiento sumario la realizará el propio Ministerio; es decir, el Ministerio donde la persona investigada presta sus servicios.

La instrucción de dicho procedimiento estará a cargo de un órgano director, que forma parte de la misma estructura orgánica del correspondiente Ministerio, subordinado del jerarca ministerial.

3.- El acto final le competerá dictarlo al mismo jerarca que ordenó la apertura del procedimiento.

4.- Este acto administrativo es susceptible de un recurso de revocatoria ante el propio jerarca y apelación ante el Tribunal de Servicio Civil.

Esta es la reingeniería que introduce el proyecto de empleo público, o mejor dicho, como veremos a continuación, el proyecto de des-empleo público, y no solo por los motivos que se exponen en este comentario, sino también porque el proyecto le apuesta a la externalización y privatización del los servicios públicos, lo cual quedará para otro análisis.

III.- Así las cosas, las implicaciones más serias que tiene esta modificación del procedimiento disciplinario son las siguientes:

1.- El procedimiento sumario está diseñado, como se explicó, en el ámbito disciplinario, exclusivamente para la sustanciación de asuntos que puedan conducir a la imposición de sanciones muy leves.

Entonces, resulta absolutamente irrazonable e inadecuado que se aplique este procedimiento en aquellas causas de las que se pueda derivar una sanción administrativa de cierta gravedad, como puede ser una suspensión disciplinaria sin goce de salario, pero aún más improcedente e inadecuado el sumario, cuando se pueda derivar la imposición de un despido.

Nuestra jurisprudencia reiteradamente ha establecido que el despido es la sanción más severa que puede sufrir un servidor público.

En consecuencia, cualquier procedimiento administrativo que ostente una pretensión disciplinaria de esta intensidad, cuyos efectos jurídicos puedan ser graves o muy graves contra el servidor, necesariamente tiene que cumplir los principios constitucionales del debido proceso y reunir las exigencias mínimas que garanticen plena y efectivamente la tutela y el ejercicio del derecho de defensa, sin cortapisas de ningún tipo.

No existe la menor duda que estas exigencias no las reúne, ni aun remotamente, el cuestionado procedimiento sumario.

El sumario se reduce prácticamente a un procedimiento de mera constatación, que enerva el derecho de defensa y el debido proceso, que constituyen pilares del Estado de Derecho.

2.- Por contrario a esta caricatura procedimental, la misma LGAP disciplina otro procedimiento administrativo, el procedimiento ordinario –aunque ciertamente no de carácter adversarial-, previsto para aquellas causas en que se pretenda imponer al funcionario público una sanción de cierta entidad, que puede ser una suspensión disciplinaria sin remuneración, destitución, o cualquiera otra de similar gravedad:

“El numeral 308 reseñado prevé y regula todas las etapas del debido proceso, estableciendo plenamente las etapas para el ejercicio del derecho de defensa, es aplicable para todos los procedimientos sancionatorios en los que se pueda causar perjuicio grave al investigado y en supuestos disciplinarios, cuando la posible sanción sea suspensión y/o revocatoria, y el procedimiento sumario

que restringe esas etapas del derecho de defensa, como la bilateralidad de la audiencia, es aplicable a aquellos casos no previstos para el procedimiento ordinario.” (Sentencia N° 89-2018-VI de TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, de 30/07/2018).

El procedimiento ordinario, muy diferente al sumario, garantiza en forma amplia el debido proceso, el derecho de defensa y el contradictorio.

3– No obstante, las reglas actuales del Estatuto de Servicio Civil configuran un procedimiento de carácter adversarial, en el que se confrontan directamente las partes intervinientes, cuya resolución compete dictarla a un órgano ajeno a las partes de la controversia, el Tribunal de Servicio Civil, que no forma parte de la misma estructura del Ministerio que gestionó el despido.

En el proyecto de ley, la Administración asume, en simultáneo, la doble condición de juez y parte: instruye y resuelve.

La doctrina más autorizada critica el esquema no adversarial de este procedimiento administrativo:

” La Administración reúne en el procedimiento administrativo la doble condición de juez y parte, razón por la cual el principio de imparcialidad, característico del proceso, resulta relativizado en cierta medida.” (García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, 1981, p. 401).

El proyecto de ley viene a degradar la objetividad y la imparcialidad del procedimiento administrativo, porque la propia Administración asume simultáneamente esta doble y privilegiada condición; que además viene a quebrar el equilibrio razonable que debe tener todo procedimiento.

Esa especie de procedimiento implica un decaimiento del debido proceso, porque el acto final lo va a dictar el propio jerarca, en lugar del Tribunal de Servicio Civil, que luego tendría únicamente un recurso de apelación ante este Tribunal.

IV.- En síntesis, la iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo devalúa los estándares constitucionales del derecho de defensa, el debido proceso y la tutela efectiva, violentando aquellas normas de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, por su carácter regresivo, vulnera el principio de progresividad de los derechos fundamentales, contemplado en el artículo 26 de la misma Convención.

El proyecto legislativo da lugar a una reingeniería muy peligrosa del procedimiento disciplinario, con consecuencias muy gravosas contra los funcionarios y funcionarias que vayan a correr la suerte, probablemente muy poco afortunada, que se les aplique un pseudoprocedimiento de esta clase. Podríamos decir, algo así como una crónica de una sanción anunciada.

El procedimiento administrativo del enemigo, parafraseando a Gunther Jakobs, en toda su expresión.

Esta reconfiguración regresiva –in peius- del procedimiento de despido, se corresponde totalmente con la lógica autoritaria y antidemocrática de dicho proyecto de ley, maquillado por OCDE y BM.

En definitiva, ahora que está políticamente tan de moda la expresión, un martillazo en seco contra la Justicia, “valor supremo del ordenamiento”, como lo ha establecido la Sala Constitucional, copiado de algún trasnochado manual procesal draconiano.

15/07/2020

Universidad pública: ámbito libre del conocimiento

Escrito en 09/07/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Rogelio Cedeño Castro*

La intensa campaña desplegada, desde hace ya más de dos años, en los medios de comunicación de más alcance, tanto en los impresos como en los de la televisión y la radiodifusión, como también a través de las redes sociales donde alcanza los estándares más elevados de una violencia simbólica desmesurada, siempre a un paso de la violencia física o como antesala de ella, lo que se evidencia en la agresividad manifiesta de los “comentaristas” erigidos en una especie de vox populi, para desprestigiar, e incluso desarticular a las universidades públicas y a la comunidad académica que existe en su interior, con una violencia materializada incluso en los ataques directos más rastreros e insultantes hacia las personas de sus rectores, no constituye en sí misma un hecho aislado o casual ni tampoco una conspiración oculta(afirmación esta que algunos buscarán descalificar diciendo que estamos acudiendo a una falaz y paranoica teoría de la conspiración) sino que se pone de manifiesto en el despliegue de una intencionalidad, casi imposible de ocultar por parte de sus gestores, de establecer un control político de naturaleza autoritaria sobre la educación superior en Costa Rica, como un paso previo para el despliegue de los rasgos más característicos de una sociedad totalitaria, la que ha sido siempre una especie de utopía-distopía de una parte del sector empresarial que se oculta detrás de la sigla UCCAEP, un sueño como el de aquel general de triste recordación que gobernó Chile a la fuerza, expresado en la frase “no se mueve una hoja en este país, sin que yo lo sepa”.

El modelo de universidad con el que sueñan estos sectores recalcitrantes de la derecha totalitaria en este, y en los demás países de la región, oscila entre el modus operandi centralista y autoritario que tuvo hasta 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y el de la gran mayoría de las universidades privadas existentes en el país, un tema sobre el que habrá que volver de nuevo, de manera pormenorizada. En el caso del TEC se trataba de una institucionalidad que tampoco estuvo caracterizada por su accesibilidad en términos de becas y en la existencia de criterios de ingreso que favorecieran a aquellos estudiantes de menores ingresos. Cabe destacar que las editoriales universitarias acaban de publicar una obra del historiador Iván Molina Jiménez acerca de la lucha democratizadora de los estudiantes del TEC, durante los primeros años de la década de los ochenta, bajo el título “Huelgas democratizadoras: la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982” CIHAC EDUPUC (Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses) Editorial UCR 2020 que como resulta evidente habrá que leer con detenimiento. El propio historiador ha afirmado que además de la determinación de los estudiantes del TEC, que tuvieron una sagaz y valiente conducción en el despliegue de su lucha, el hecho de que la Asamblea Legislativa de la época estuviera integrada por diputados de todas las fracciones, con gran sensibilidad social y espíritu democrático, fue algo que permitió culminar el proceso de democratización del TEC en 1982, el que dio lugar a cambios muy profundos en el rumbo de esa institución. Lo afirmado por Iván Molina confirma la tesis que hemos venido sosteniendo en otros artículos, acerca de la sostenida degradación de la clase política costarricense, cuyos diputados de todo tamaño y color se orientan hoy, de manera exclusiva, hacia la defensa cerrada de los intereses del grupo más regresivo del sector empresarial costarricense, habiendo tomado una franca deriva totalitaria en su proceder, al criminalizar la protesta social y abanderar la ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores y el modelo democrático de educación superior pública en este país. No se puede homologar a los diputados del presente con los de aquellas generaciones en unos tiempos donde hubo gentes muy ilustradas, dotadas de un gran sentido de responsabilidad histórica.

No olvidemos que los ataques contra la universidad pública costarricense se sustentan en las más grotescas mentiras, las que no se cansan de repetir con el mayor desparpajo totalitario, en el estilo del nazi Joseph Goebbels, su mejor maestro aunque lo oculten y lo nieguen con manifiesta ingratitud. Tal es el caso de los salarios de los trabajadores universitarios, un tema que ya aclaró la diputada Paola Vega en el debate sobre ya mencionado informe sobre el FEES, cuando recordó que sólo en un 4% del total alcanzan a los cuatro millones de colones. Sería bueno, como contrapartida, que habláramos de las exiguas remuneraciones de los docentes y administrativos de las universidades privadas, las que conforman un ámbito donde la democracia no pasa de ser una mera expresión, jamás una vivencia plena.

El control de las dimensiones esenciales de la cultura y su reproducción, como también la elaboración de conocimiento científico y su divulgación en nuestro medio, se han convertido en el núcleo central de la agenda de las élites oligárquicas en el poder. Para ello, les resulta una condición indispensable el terminar o cercar, reduciéndolos a la mínima expresión, a aquellos núcleos de pensamiento y producción de conocimiento científico que estén fuera de su control, tal es el sentido esencial de los contenidos del Informe de mayoría del grupo de diputados que “investigaron” acerca del Fondo Especial de la Educación Superior FEES en el que figuraron como firmantes, de manera muy notoria, los diputados Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, quienes al parecer lo hicieron con “preocupaciones” de orden presupuestario, o de facilitar el acceso a la educación superior a un grupo mayor de estudiantes provenientes de los sectores populares, cuando en realidad es precisamente lo contrario, dado el modelo que subyace implícito en sus ataques a la universidad pública, a la que acusan de suministrar los cuadros políticos de la izquierda costarricense, aunque si ese fuera el caso los resultados serían notoriamente malos para ese sector del espectro político.

Lo que ya no pueden ocultar los señores de la UCCAEP y sus sirvientes de la clase política es su odio a la cultura, a la inteligencia y al pensamiento libre que conforman una triada esencial para la vida democrática, hoy amenazada de muerte en medio de la puerilidad de muchas gentes que no todavía no terminan de abrir los ojos. El viejo fascismo siempre odió a la intelectualidad, quemó libros, destruyó pinturas y esculturas y persiguió a los escritores, artistas, científicos y pensadores más destacados, allá en los años treinta del siglo anterior, tanto en Alemania como en Italia, y en la España Franquista surgida de la guerra civil. Sucede ahora que el “nuevo”, con sus próceres mucho menos ilustrados que los de entonces, disfrazado con un “ropaje democrático” dada su cobardía y mediocridad, quiere aprovecharse de nuestra perplejidad, de nuestras dudas sobre el desafío que nos han lanzado sobre la mesa. Como recordaba Karl Jaspers, en el título de una de sus obras más famosas, nos encontramos, de nuevo, frente al incesante desafío que experimenta la razón frente a sus enemigos.

Dado este panorama, y asumiéndolo en todos sus alcances, es que estamos en capacidad de afirmar que Costa Rica se encuentra atravesando uno de sus momentos históricos más sombríos, al cabo de muchas décadas, en medio de un clima social y político sólo comparable, en gran medida, al propiciado por aquella dictadura que el pueblo costarricense tuvo que derrotar en las calles de San José, durante la segunda mitad del año de 1919. Debemos estar preparados para defender la democracia verdadera, la libertad y la autonomía universitaria, como uno de los ámbitos esenciales de la libertad de pensamiento y de los derechos esenciales del pueblo costarricense; pues sucede, al parecer que como en el mito de Sísifo, al que hacía alusión Albert Camus en una de sus obras más conocidas, estamos condenados a volver hacia el fondo del abismo, y llevar de nuevo esa gran roca de la libertad hasta la cima de la montaña, nunca podremos estar seguros de haberla conquistado, de una manera definitiva.

* Sociólogo y escritor.

Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos

Escrito en 27/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Rogelio Cedeño Castro*

Toda una lección de coherencia, conocimiento y serena reflexión le dio la diputada Paola Vega, en la sesión plenaria del pasado martes 23 de junio, al grupo de legisladores que presentaron el tan anunciado Informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), un deplorable documento donde demostraron su enorme desconocimiento acerca de la importancia de la educación superior pública para el país, del sentido de la autonomía universitaria como un ámbito de libre discusión cultural y científica, algo esencial para la vida democrática de cualquier nación que se precie de tal. En síntesis, la necesidad del principio esencial del ejercicio cabal de la libertad de cátedra, sin el que no existe tampoco la universidad verdadera, una donde la libertad es uno de sus atributos esenciales e ineludibles. Además, como bien indicó Paola Vega en su memorable intervención en el plenario legislativo, es hora ya de que esos diputados se quiten la careta, con la que pretenden ocultar sus afanes privatizadores y totalitarios (palabra que me atrevo a utilizar por mi cuenta, pues no la empleó la diputada Paola Vega), para sostener un debate franco y abierto acerca de una institucionalidad universitaria que ha sido esencial para la movilidad social en este país, aunque para ellos ese tema de verdad no es algo de su interés, como tampoco les importan de verdad los temas presupuestarios en sus diferentes aristas, ni el pretendido(y nunca concretado, ni en términos teóricos ni operacionales) “buen manejo” de los recursos del FEES, de que hablan en sus discursos, cuando en realidad lo que buscan es privatizar la universidad pública, cercenándola y sometiéndola a los designios del mercado, tanto al pretender privarla de recursos financieros esenciales, como en cuanto a limitarle la autonomía para la formulación de sus políticas académicas, lo que se expresa en sus pretensiones de dictarle ¿cuáles son las carreras que se deben impartir? y ¿cuáles deben ser sus áreas de investigación? obligándola para ello a la venta de servicios y a la ejecución de “otras acciones” para la obtención de recursos por esa vía, dejando de lado el servicio a la comunidad nacional, una de sus principales razones de ser. Recordó también la misma diputada cómo se ha tergiversado el tema de los salarios de los trabajadores universitarios, todo con el propósito de desprestigiar a las universidades públicas ante una opinión pública desinformada, indicando que sólo el 4% de los trabajadores ganan un salario de cuatro millones de colones: esos son los catedráticos que, después de haber obtenidos altas metas académicas con posgrados de gran exigencia, y habiendo realizado importantes investigaciones, es que alcanzan esa condición. En cuanto a los demás salarios de los trabajadores universitarios, destacó que estos se mueven alrededor del millón de colones y aún menos, sobre todo entre la gran cantidad de docentes interinos con jornadas de medio o tres cuartos de tiempo. Para la diputada Paola Vega lo preocupante es saber si los diputados, cuyo salario alcanza los cuatro millones de colones, cumplen sus funciones con la misma dedicación y esfuerzo con las que lo hacen los catedráticos de las universidades públicas.

Mientras el diputado Carlos Ricardo Benavides reconoce que votará el informe sobre el FEES sin haberlo leído, pues afirma que no tuvo tiempo para hacerlo, lo que deja mucho que desear, sucede que el diputado Erick Rodríguez Steller, en su intervención en el plenario del martes 23 de junio, nos da una muestra de su ignorancia oceánica, su torpeza política, y hasta de un inocultable “resentimiento social” que él, por lo demás, atribuye a otros, los que asegura suelen ser gentes de “izquierda”, a quienes llama chancletudos (nunca he podido entender esa extraña asociación que hacen algunos entre las posiciones de los que se sitúan a la izquierda del espectro político y el uso de ese tipo de calzado). Su obcecación o ceguera lo conducen a tal grado de pérdida de contacto con la realidad, como para llegar a afirmar que la universidad pública lo que hace es formar los cuadros políticos de la izquierda, cosa que en términos de resultados no se puede corroborar, dado el caos y la crisis perenne en que se encuentran las fuerzas de ese sector del espectro político tan vilipendiado por los diputados de la mencionada comisión. Recordando su experiencia como estudiante dice el diputado Rodríguez Steller que recibió una gran cantidad de cursos donde lo obligaban a leer a Karl Marx (¿lo habrá entendido?) y al brasileño Teotonio dos Santos (de grata memoria para quien esto escribe, un autor que leyó siendo muy joven), pues al parecer el pobre diputado únicamente tuvo profesores de una cierta orientación ideológica, por suerte su alma no se perdió en la contaminación de ese infierno “marxista-leninista” al que, como en el caso del Covid 19, se vio expuesto, durante los últimos años de la década de los ochenta, algo que fue replicado durante la misma sesión por la diputada Paola Vega, quien recuerda haber recibido clases con José Merino en la mañana de un día, luego en la tarde con César Zúñiga, quien es hoy el principal asesor del partido Nueva República, y en la noche con Roberto Gallardo, el ministro de planificación de Laura Chinchilla, pasando de leer autores como José Carlos Mariátegui a otros como Francis Fukuyama. ¿Dónde está la universidad marxista-leninista de que se nos habla dijo la diputada? Una que, a contrapelo de lo afirmado, produjo en seno a un político como el diputado Erick Rodríguez Steller, más bien orientado hacia la derecha política.

Como puede apreciarse, estamos sumergidos en unos tiempos históricos en los que, aunque le suene paradojal o incomprensible a mucha gente, la historia misma se torna esquiva frente a nuestra irrelevancia y mediocridad manifiestas, dentro de un medio sociopolítico donde la mentira más descarada es el pan cotidiano. Sucede así, de manera inevitable, que mientras el tiempo cotidiano se limita a transcurrir sólo porque la duración no puede ser detenida, continuando así las agujas del reloj con su incesante marcha, todo en medio de la creciente insignificancia en la que nos encontramos, como bien indicaba el filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis (1922-1997), hace ya un cuarto de siglo, dentro de lo que constituye una especie de sino fatal.

Este desolador panorama se nos muestra e intensifica también en toda su desolación, en un medio social y político donde las más elementales virtudes republicanas desaparecieron hace mucho rato, uno donde en la prensa de circulación diaria ya no se hacen, desde hace muchos años, crónicas de los debates parlamentarios, los que se tornan por lo demás cada día más irrelevantes, con unos diputados que ya no debaten, y ni siquiera se escuchan entre ellos, cuando se presentan algunos atisbos de lo que pudiera calificarse como un debate, o discusión de alguna relevancia. Hace ya mucho tiempo que la decadente prensa diaria no registra las crónicas parlamentarias, mientras nosotros recordamos las de otrora en las plumas de Guillermo Villegas Hoffmeister y Óscar Castro Vega (ambos de grata memoria), de Álvaro Madrigal (quien nos acompaña con su frecuentes artículos, en su doble condición de abogado y periodista), de los hermanos Joaquín y Carlos Vargas Gené siempre tan hábiles con la pluma y el arte de la política(en el mejor sentido del término), y muchos otros de una culta además de acuciosa generación de periodistas, los que en su gran mayoría ya nos dejaron, hace algún tiempo, mientras nos íbamos adentrando en la charca mediocre del “periodismo corrongo”, tan dado a las más torpes ligerezas, de que nos habla reiteradamente el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en una de sus obras más recientes(LOS HECHIZADOS DEL SIGLO XXI Editorial Prisma San José Costa Rica 2006).

Es en medio de este panorama circense, donde a veces se presenta sin embargo la oportunidad de darnos cuenta del grado de decadencia en que se encuentra la institución parlamentaria en Costa Rica, aunque no es el único caso entre los países de la región, las sucesivas legislaturas de la Asamblea Legislativa de este país centroamericano, tan pagado de sí mismo, se muestran año con año, década tras década, cada vez más decadentes, más alineadas a los intereses de los poderes fácticos e integradas, cada vez más, por una pléyade de mediocres e ignorantes diputados, donde muchas mujeres no se muestran menos decadentes que sus contrapartes masculinas, pido perdón por la herejía a las feministas burguesas. Es aquí, donde a veces sentimos la tentación de invocar a los hados mágicos de un pasado no tan lejano como para haberse borrado de nuestra memoria, no porque todo tiempo pasado haya sido mejor en todos los órdenes de la vida social y política, pero que resulta inevitable mencionar cuando vemos como la gradería de sol (“la canaille”, según Voltaire) continúa asaltando la cancha, algo que está ocurriendo ahora ante la indiferencia casi generalizada, de acuerdo con los términos de la célebre afirmación del recordado y prolífero columnista, escritor y dramaturgo Alberto Cañas Escalante (1920-2014), por lo que uno no puede dejar de pensar en los tiempos de aquellos parlamentarios de relieve y de calidad manifiestas, tanto en la profundidad de su pensamiento como en el despliegue de sus dotes oratorias, en el caso del ya mencionado polemista y crítico, o de otros de la talla de un Rodolfo Solano Orfila, Óscar Aguilar Bulgarelli (que afortunadamente nos acompaña en estos aciagos días), Cristian Tattembach Yglesias, Arnoldo Ferreto Segura, Rodrigo Carazo Odio, Enrique Azofeifa Víquez, Fernando Volio Jiménez, José Manuel Salazar Navarrete, Guillermo Villalobos Arce, Rolando Araya Monge, Manuel Mora Valverde, Alfonso Carro Zúñiga, Rogelio Ramos Valverde, Julio Suñol Leal, Carlos José Gutiérrez, Humberto Vargas Carbonell, Jorge Luis Villanueva Badilla, Álvaro Aguilar Peralta, Rodrigo Gutiérrez Sáenz, Daniel Oduber Quirós, Francisco Morales Hernández(uno de los fundadores de la UNA), Ángel Edmundo Solano Calderón y muchos otros que prestaron grandes servicios al país, por lo que pido disculpas por no poder enumerarlos en este momento. Esas fueron unas gentes que nos iluminaron, durante los memorables debates que dieron en las legislaturas del parlamento costarricense de la segunda mitad del siglo pasado, dentro de lo que resulta un vivo contraste con la oscuridad e insignificancia del presente.

A raíz del informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior FEES que presentaron un grupo de diputados, encabezados por Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, hemos podido tener una muestra cabal de la estulticia y la ignorancia reinantes en la presente legislatura (2018-2022), un tema sobre el que será necesario volver. Su desconocimiento y torpeza se hicieron más que evidentes, tanto en el documento mismo como en la discusión del tema en el plenario legislativo, tal y como lo demostramos en las consideraciones que hicimos al inicio de este texto. ¿Qué dirían Rodrigo Facio Brenes y muchos de los otros constituyentes de 1949 tan celosos de la autonomía universitaria, cuya autonomía y libertad tan bien cautelaron en el texto constitucional?

* Sociólogo y escritor

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
2) Contexto político y presiones económicas
La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
reforzar las medidas de seguridad,
readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
reducir las tarifas eléctricas para la producción,
mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
permitir la exploración y explotación del gas natural,
avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
“medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
aplicación “estricta” de la regla fiscal,
reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
mayores controles a las universidades públicas,
reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
una ley de empleo público,
frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

¿Será capaz nuestra juventud?

Escrito en 02/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Desde un adulto mayor…

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Nuestra juventud (18-30 años de edad) nació después de la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética.

Nació en la primera fase de iniciarse la consolidación del capitalismo salvaje y la globalización del sistema de libre mercado, con la fuerza ideológica del neoliberalismo, como evolución del liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, promovido y financiado por los organismos multilaterales regionales y universales.

Aunque las primeras prácticas neoliberales se facilitaron con la dictadura pinochetista, de Chile, a partir de 1974, se inició su instalación ya como sistema, en los ochentas del siglo pasado, 10 años antes de nacer el primer joven, quien ahora, el año del Covid-19, está cumpliendo 30.

Cuando se inició el desmontaje de todo pensamiento sobre estado de bienestar para sustituirlo por la supremacía del individualismo y de reducción del estado, el predominio del individuo sobre lo comunitario y lo colectivo. Estas nuevas generaciones no vivieron y muchos no se enteraron, incluidos quienes ahora están en los 40s, ni por lectura, que sus padres y abuelos habían logrado un buen nivel de vida, con educación, salud, vivienda y, demás servicios públicos de calidad, gracias al Estado de Bienestar que, como sistema predominó después de la segunda guerra mundial, promovido desde Washington.

En nuestra latinoamericana, fue en Costa Rica donde más desarrollo hubo con don José Figueres Ferrer (don Pepe) a la cabeza, en la segunda mitad del decenio de los cuarenta, hasta 1974, pero sostenido hasta inicios del presente siglo, con fuertes luchas del pueblo contra la oligarquía criolla sustentada por las grandes corporaciones y bancos internacionales, que buscan siempre la acumulación de capitales en pocas familias, dejando una secuela de pobreza y miseria en las grandes mayorías.

Las teorías y las prácticas exitosas de más de 50 años después de la segunda Guerra mundial, eventualmente, sufrieron una campaña atroz de desprestigio montado a través de los medios en poder de las corporaciones y oligarquías internacionales, endemoniándolas, hasta hacer que las nuevas generaciones crean en tales propagandas, sin siquiera saber diferenciar científicamente sus aciertos y desaciertos.

Es lamentable escuchar a jóvenes (algunos con poco más de 40) con educación superior condenando, de primas a primera, cualquier propuesta de políticas sociales en beneficio colectivo y mucho menos, aceptar una expresión de organización de trabajadores y sus derechos de participación en su propio destino. Su mismo bienestar y seguridad (de esta juventud) ahora con la pandemia, se debe en gran parte, a las políticas social demócratas impuestas en el pasado.

Pero su orgullo gratuito juvenil se infla utilizando palabras «modernas», después de haber sacado de su léxico otras expresiones que les enseñaron que son condenables, entre ellas está cooperativismo, solidaridad, reivindicación, sindicalismo, compañerismo, comunidad y comunitario, intervención del Estado, y otras. En cambio, repiten sin cesar: “emprendedurismo”, privatización, cogestión, austeridad, libre mercado, flexibilización y otros términos propios del neoliberalismo, aunque muchas veces no saben de adonde se originan.

Este cambio de paradigma institucionalizado en toda nuestra sociedad está introducido en los tres poderes del Estado, pero más en los empresarios. Nuestr@s legislador@s salen constantemente a lucir sus «nuevos» conocimientos sobre política del Estado, expresando, como el viernes 29, su preocupación porque un nuevo jerarca del Ejecutivo no se dirija por los dictados neoliberales, y se reúse a reducir el tamaño del Estado, incluso, vendiendo parte de los bienes públicos. Jóvenes, con la cabeza caliente, desarrollados en un ambiente conquistado con la lucha de la clase trabajadora, jóvenes con estudios y salubridad construida por las generaciones pasadas, que su mezquindad y soberbia, no les permite reconocer, ni siquiera agradecer, puesto que son las conquistas del pasado, los sacrificios de sus padres y abuelos, y el sistema predominante les enseñó a no ver el pasado. Sin embargo, están list@s a «vender» al exterior la buena imagen de democracia existente, pero que esta generación novata, podría destruir en una sola legislación, tal como lo ha venido haciendo con leyes antidemocráticas.

Desde luego, comprendemos que estas últimas generaciones han sido presas del sistema neoliberal. Ese sistema actualmente en crisis económica, desde hace varios años y ahora, con un quebrantamiento sanitario global sin precedentes.

Después de la segunda guerra mundial hubo que encontrar un nuevo paradigma al liberalismo clásico. Ahora, nos preguntamos, sí nuestra juventud, particularmente la gobernante, tiene capacidad para encontrar un nuevo paradigma, o piensa seguir en ese mundo ya obsoleto, fracasado y dañino para nuestra ciudadanía y nación, como lo es el neoliberalismo.

Será mucho más desastroso saber que formamos y construimos un mundo, destruido posteriormente por nuestros propios hijos e hijas, porque no les transmitimos lo esencial de la vida, muy lejos del individualismo y del mercado materialista, como es el calor humano, la equidad y solidaridad social. Para qué vamos a querer conquistar el espacio de las estrellas, si no logramos construir un hogar de hermandad, paz y fraternidad en nuestra tierra.

Lo que más nos satisficiera es, que nuestra juventud en cargos pasajeros de poder, nos demostrara lo equivocado que pudiéramos estar con estas ideas y creer que nuestros nietos podrían gozar de seguridad social, equidad y bienestar social, como esa actual juventud que pronto dejará de serlo.

Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

Escrito en 25/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

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Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

Fernández, José Joaquín. 14 de octubre del 2019. Venta de empresas públicas para pagar deuda. En la Riqueza de las Naciones. ElFinancierocr.com. Tomado de: https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/venta-de-empresas-publicas-como-alternativa-para/MXRPDHM43RCQ5NDV5FSVMCPUEQ/story/. Fecha 19 de mayo del 2020.

Vargas, Luis Paulino. 13 de mayo del 2020. Covid-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado. Una colcha de retazos. UNED.CICDE.

OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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Construyendo confluencia desde la base social

Escrito en 12/05/2020. Publicado en Alianza, Aportes para el desarrollo.

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.