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Etiqueta: privatización

Carlos Mesa: avaro, corrupto, inepto y autócrata

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa, al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y mayo de 2005, por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana, y apenas pudo mantenerse en el poder por un año y siete meses. Pasados 14 años desde que renunció, ahora, quiere una segunda oportunidad.

Al expresidente, en este momento, y quizás nunca, no le han movido razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre 2019, una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”.

Considerando además que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2020, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial. Realmente son 20 millones de dólares.

Para estas elecciones 2020, su reputación se mueve en medio de denuncias y reproches añejos, no solo del oficialismo, sino también de los sectores más radicales de la oposición boliviana, por presuntas ganancias ilícitas y corrupción.

Según algunos allegados a su perfil, desde joven simpatizó con las medidas neoliberales de ese entonces, como la privatización de las empresas bolivianas; se entusiasmó con el discurso reformista y modernizador, y por eso terminó sumándose al proyecto político del exitoso empresario minero y jefe del partido de mayor poder en Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada; finalmente se enamoró de las medidas de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social. Se asegura que de verdad creyó en las políticas ejecutadas en la década del 90, y que terminaron en la crisis social y económica de principios de siglo en Bolivia.

En realidad, durante su breve ejercicio en el poder, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo Morales.

Organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero aquello estuvo lejos de zanjar la principal demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas.

Tampoco pudo apaciguar el país cuando anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La controversia sobre qué hacer con los campos de gas se mantuvo hasta el último día de su mandato, cuando el Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz y cercada por organizaciones sindicales.

En general, su gestión se caracterizó por dificultades económicas que atravesó el país mientras él fue presidente. Si algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones, contradicciones e indecisiones. Fue catalogado como un mal presidente y ahora es un mal candidato; así que piensan que actualmente arrastra una gran frustración política.

En cuanto a su personalidad y actitudes, siempre ha sido aliado y apoyado por la clase media boliviana, esa clase media que se identifica y apoya el pensamiento neoliberal, que políticamente expresa un racismo que aplastó por siglos saberes y formas de reproducción cultural de los pueblos originarios, nunca ha aceptado que un indio pueda ser presidente de Bolivia, ni que pueda gobernar con resultados concretos de reducción de la pobreza y nacionalización de las riquezas naturales, que por siglos solo beneficiaron a una minoría de la población. Si ese segmento de la clase media boliviana pudiera, y si la ciencia lo permitiría, ella borraría el color de su piel morena, para ser todos blancos, altos y hablantes del inglés, como alguna vez ya lo expresó una Miss Bolivia.

La clase media boliviana que apoya a Carlos Mesa, quiere para el 18 octubre tener un presidente que no sea un indio; que no sea un Quispe, sino un noble brillante, un mestizo que con una sonrisa de mendigo entregue de nuevo el país a los patrones estadounidenses, un oportunista que ya anunció que pedirá a Washington el envío de un virrey embajador.

En una entrevista a la Deutsche Welle, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales” en aquel momento, afirmando en un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el poder.

Pero lo cierto es que Mesa, obedece las órdenes que vienen de Estados Unidos; carente de principios, es la veleta presta a girar hacia donde los vientos de la conveniencia soplen.

Más allá de una lectura de izquierda o de derecha, existen hechos concretos que demuestran la falta de cualidades éticas, la ausencia de honestidad intelectual, y una clara conducta de mercenario político en las acciones de Carlos Mesa.

Una declaración infeliz suya en diciembre 2017, es reveladora de su obediencia a EEUU, Mesa repite el libreto aplicado contra el gobierno de Venezuela, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había logrado una victoria contundente en las elecciones municipales. Este resultado mostró la bancarrota de la oposición apoyada por Estados Unidos y fue señal de que Maduro ganaría en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Esta situación hizo que la oposición venezolana decidiera boicotear esos comicios presidenciales, lo que sirvió para que más tarde se declare “ilegítima” una elección donde la oposición sabía que sería derrotada.

Declarando, que “no va a regalarle (a Morales) la elección como los venezolanos se la regalaron al chavismo”. Una declaración superficial que implicaría que todos los venezolanos conformaban la oposición a Maduro. Siguiendo el libreto preparado para el mestizo aspirante a presidente, sin presentar prueba alguna, éste afirma sin empacho que “el fraude se está consumando”.

Mesa sabe que va a perder las elecciones y busca ahora posicionarse para las maniobras que vendrán, siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela. Después del 20 de octubre, es muy probable que, tras una posible derrota, Mesa se autodeclare “presidente de Bolivia”.

La falla ética más grave, que lo descalifica como posible mandatario, es el haberse negado a apoyar las demandas de justicia de parte de los familiares de los más de 60 bolivianos asesinados en la ciudad de El Alto, hace 16 años, por órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003 y del cual Carlos Mesa era el vicepresidente.

Pese a los insistentes pedidos de parte de abogados bolivianos, de los familiares de las víctimas, de los abogados en Estados Unidos para que preste declaración ante la justicia de ese país para esclarecer responsabilidades sobre esas muertes; pese a que se le ofreció declarar desde Bolivia en apoyo a la causa de los caídos en defensa de los recursos naturales para los bolivianos, Mesa se negó a ello.

Fue el silencio cómplice de Carlos Mesa con los responsables de esos crímenes que se tradujo en la reversión de ese fallo, negando a las víctimas de esos crímenes, y a los bolivianos, el derecho a la justicia.

El lunes 28 de octubre 2019, en un mitin en la Zona Sur de La Paz, que reúne a barrios de clase media, Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, declaró teatralmente “o voy preso o voy a la presidencia”, en ese instante quedó clara la visión de mundo de un candidato pequeño burgués que, con aires señoriales, se declara llamado por la historia a ser presidente del país, aunque los votos en las urnas digan lo contrario.

Carlos Mesa, educado por los jesuitas y que conoció a Luis Espinal, ha olvidado o no ha entendido el legado de lucha honesta, comprometida y solidaria que nos dejó ese sacerdote y periodista asesinado por los esbirros del general Luis García Meza en 1980.

Poco antes de su muerte, Espinal escribió un texto: “No queremos mártires”, que, leído hoy, explica la miseria intelectual, la mezquindad colonial y la falta de cualidades de Carlos Mesa como actor político. “El país no necesita mártires, sino constructores… El mártir es un personaje vistoso, demasiado emotivo; es el último refugio para los ‘héroes’ revolucionarios, sobre todo si proceden de la pequeña burguesía”, escribía Espinal con gran lucidez.

¿Cómo traiciona Carlos Mesa a Luis Espinal? Aquel principio cristiano, del ama a tu prójimo como a ti mismo, que el jesuita boliviano supo encarnar hasta el final de su vida, no ha sido comprendido por el católico Carlos Mesa. El candidato golpista y con aspiraciones de mártir se niega a reconocer la humanidad del indígena boliviano. Y lo hace negándose a reconocer ese voto indígena, que vale tanto como el de un mestizo de clase media de la zona sur de La Paz o del barrio Equipetrol en Santa Cruz.

En algún momento declaró que: “se siente orgulloso de la inclusión indígena” en las elecciones. ¿Cómo es posible que, en 2019, en un país mayoritariamente indígena, un sujeto nacional minoritario todavía hable de “incluir” a esta mayoría en un proceso democrático? Con esta expresión, el mestizo colonial les está diciendo a los pueblos originarios de Bolivia que él, en gesto de aparatosa magnanimidad, va a poner un cubierto más en la mesa de la democracia para hacerle un lugar a la servidumbre indígena.

Mesa historiador e intelectual del orden establecido, ha jugado un rol fundamental desde los años 80 cuando el neoliberalismo se aprestaba a tomar el gobierno y a desnacionalizar la economía y a derrotar a sangre y fuego al movimiento minero boliviano.

Hoy se presenta como candidato a la presidencia con un solo discurso “que no vuelva el MAS-IPSP”, que en el fondo significa que no vuelvan los indios ni los movimientos sociales con su democracia popular.

Pero el pueblo boliviano sabe que Mesa representa el fracaso de todos los esquemas de la derecha y, por lo tanto, la propuesta de Mesa no será exitosa en las actuales condiciones de crisis estructural; además que Mesa fallará porque es un ser inferior al reto que plantea en este momento la historia.

Hace años que los representantes del gobierno de Evo Morales no se ahorran las críticas con el mandato de Carlos Mesa, a quien no han dudado en calificar como el último presidente «neoliberal» en la historia de Bolivia.

 

*Imagen: Wikipedia.

Agua para el desarrollo

Agua es vida. Y también es generadora de energía, trabajo y fundamental para el desarrollo.

En Costa Rica, unos pocos disfrutan muchíííísima agua regalada.

Algunos se olvidan que es un bien público, es decir DE TODOS.

La administra el MINAE. Es agua potable, es agricultura, ganadería, salud, industrias, generación eléctrica, comercio, turismo, construcción y toda actividad económica requiere agua.

El Gobierno propone la venta de instituciones, a la que nos oponemos. Llamamos la atención al mal manejo de bienes públicos como el agua, las playas, los bosques, que se dilapidan.

EL AGUA produce hoy sólo 6.000 millones de colones a MINAE.

Aquí presentamos UNA PROPUESTA QUE GENERARÍA DESARROLLO.

Sabemos que habrá afectados. Afecta a Ingenio Taboga y la empresa del presidente de UCCAEP Azucarera El Viejo. Afecta a los generadores privados de electricidad. Afecta a la Cervecería y a Coca Cola. Afecta a los grandes latifundios y monocultivos.

Con SÓLO UN DECRETO firmado por el presidente y la Ministra de Ambiente, se puede ingresar a las arcas del ESTADO, igual o más dinero de lo pedido al FMI. Unos 2.000 millones de dólares, en colones 1.200.000.000.000 – CADA AÑO.

Eso es simplemente fijando nuevo canon para el agua concesionada por el MINAE. Hoy rige aún el Decreto 32868-MINAE que es de 2005. Esto no afecta al consumo de los habitantes.

De este decreto podemos mantener todos los considerandos.

Ahí por ejemplo se cita: “el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos.”

Claro, proponemos terminar con los privilegios de los grandes derrochadores del recurso hídrico, impulsar el ahorro, la diversificación de productos, el mejor reparto y aprovechamiento del agua, para un mejor desarrollo, tan necesario para la reactivación de la económica.

Esta propuesta toma en cuenta cálculos y principios que fijó ARESEP en la Tasa Ambiental (expediente de ESPH). El agua es generada y almacenada en la naturaleza y debe cuidarse, aportando a los gastos de las zonas de protección (SINAC- MINAE). Y cerrar el círculo con un correcto tratamiento de la contaminación.

PROPUESTA BASE PARA CANON DE AGUA – colones /m3

El canon se fijará – no por concesión – sino por empresa o grupo empresarial.

Concesiones para riego agrícola, ganadería, piscicultura

para consumo del mercado interno del país.

Hasta   2 litros/ segundo             10 colones

Hasta  10     “               30 colones

Entre   10 y 50 “                60“

Entre   50 y 100  “               100“

Más de 100     “                200“

Las empresas para exportación hasta 20 l/s      60“

Mas de 20 l/s                   100  “

Condominios- Turismo, ZONAS FRANCAS       300“

Industrias, bebidas y otras             250“

PYMES – comercio , industria – otros          35“

Fuerza Hidraúlica                  0,25“

Empresas públicas servicio agua potable

(AyA, ESPH, Municipalidades, ASADAS)         1,00 colón

De esta forma, se valida el principio de prioridad del agua para consumo humano.

También se aplica un precio diferenciado a los grandes consumidores, en forma escalonada, lo que es un llamado al ahorro y al uso de tecnologías modernas.

Se da un justo valor al agua, que garantizará su conservación para las futuras generaciones.

Por otro procedimiento paralelo, deberá fijarse en ARESEP tarifas similares al agua ofrecida por los sistemas de riego de SENARA.

Falta aún definir, como se usarán los 2.000 millones de dólares anuales por recaudar. Como hoy una parte importante debe destinarse a la protección del agua, ampliación y cuido de áreas protegidas. También a promover la reforestación del país. Y principalmente a la gran deuda que tenemos con el medio ambiente que es, EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Nada ganamos con tener agua, si la contaminamos.

Pero, el agua aportará a la salud, la CCSS, al desarrollo de la agricultura, ganadería, la agroindustria y a la vida.

Ponemos este tema en la mesa, para analizarlo y lograr acuerdos.

De Ustedes atentamente

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Confraternidad_gte@yahoo.com

P.D. A.- Podemos aportar toda la documentación, información y criterios que sustentan esta propuesta. B.- Esto debe completarse con legislación, ordenando a ARESEP a controlar el otorgamiento de las concesiones, el volumen entregado y los cobros realizados.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Crisis en comunidades no es reciente

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Alucinaciones fiscales en pandemia

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida qué es la muerte
Juego de Tronos – George R.R. Martin

Tras la publicación de la propuesta de negociación del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se presentaron una serie de polémicas que dejaron a primera vista un gobierno “huérfano” de todo apoyo; diputados y diputadas, sectores empresariales, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas entre otros reaccionaron con indignación, sin embargo, la presencia de algunos esos sectores no pueden ser abonado a una señal de solidaridad con los y las desfavorecidas. Para abordar estos hechos tan convulsos y confusos, se hace necesario poner de frente la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para preguntarnos ¿Qué intereses nos llevaron a esta encrucijada?

Cuando vemos el camino hacia atrás de la implementación de la ley 9635 observamos una serie de compromisos y deudas pendientes con actores claves; algunos sectores cooperativos, los sectores financieros, los agroexportadores, los exportadores (zonas francas), además los evasores y elusores, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente esbozar esos sectores que tuvieron al menos un trato preferencial en la conformación de esta ley y hoy se muestran al menos en silencio.

Por otro lado, la promesa del gobierno de turno fue continuar una ruta que estaba marcada por la creación o aumento de impuestos, reforma del empleo público y la consolidación de la regla fiscal. Todas estas promesas encontraron un freno ante la emergencia sanitaria, pero los números de las finanzas públicas empiezan a quedarse cortos.

Ante este escenario y la contracción económica, se ha visto como un salvavidas “oportuno” acudir al Fondo Monetario Internacional, que representa un tipo de alucinación de buenas intenciones, especialmente dado que es un organismo reconocido por su interés en la reestructuración de los Estados, en beneficio de los sectores dominantes del país, mediante la promoción de la privatización y la desregulación en aras de reducir el Estado, y privilegiar las condiciones de sectores con vínculos financieros internacionales (bancos, agroexportadores/exportadores).

Con esta idea del FMI, asistimos a una oleada de manifestaciones en las calles y una fila de “especialistas” y “técnicos” explicando los pormenores de las posibles medidas, una consigna se consolidó “no más impuestos”. Esta apuesta refleja por un lado el desencanto generalizado de la población por la administración económica-financiera del país, sin embargo, esconde otra alucinación, que todos y todas pagamos los mismos impuestos.

Alguna vez hemos sigo expuestos a ese negocio de dudosa reputación de la pirámide, donde nos prometen altos retornos por nuestra inversión, sin embargo, ese juego sólo beneficia al operador inicial, y dura hasta que “la gota derrame el vaso”. Así el gobierno de turno asemejo a un Esquema Ponzi (sistema de pirámide) empaquetó con promesas a diversos actores a cambio de su apoyo en distintas etapas, prometiéndoles que serían recompensados.

Lo que sucede es que los operadores de esta pirámide fiscal están quedando solos, dado que la capacidad de negociación les ha quedado corta, y hoy enfrentan la desnudez de sus intenciones, sectores agroindustriales, financieros y exportadores (zonas francas) son los operadores que sedujeron a través de esas alucinaciones a diversos actores que la cancha era igual y que “todos estarían pagando impuestos”.

El gobierno de turno intentó al igual que otros antes de él, vendernos esa alucinación de “equidad” tributaria con pesudo-reflexiones técnicas, y legitimar el actual estado de la coyuntura a través de esquemas tributarios que procuran según el discurso del sacrificio, expoliar a las personas de a pie, para así blindar por algunos años más a los sectores privilegiados.

Es evidente el tono de indignación detrás del “no más impuestos” ante la propuesta llana y sencilla de sobrecarga a través de los impuestos regresivos, sin embargo, una vez caída la pirámide, si miráramos con cuidado, al día de hoy no todos pagamos impuestos. Existen sectores de este país que han logrado convertirse en la “excepción a la regla” y hoy procuran seguir defendiendo esa posición, cobijados de una falsa “indignación”, es decir otra alucinación.

Es válido que pregunten, ¿entonces qué?, tal vez debamos corregir el pronombre relativo, y empezar a cuestionar Quiénes. Sigue la tarea vigente por visibilizar y denunciar esas actividades económicas que hoy siguen gozando de privilegios, esas ganancias que suman en las cuentas de sus titulares al margen de cualquier obligación, esos sectores financieros que acumulan ganancias y endeudan con sobregiros a las personas, esos sectores productivos que se encuentran al margen de cumplir con su responsabilidad corporativa, pero también esas omisiones postergadas convenientemente que han permitido eludir o evadir los impuestos.

¿Por qué mencionamos esto? Estos sectores se han localizado en un país que les ha dado las condiciones para sus operaciones (exoneraciones de impuestos, programas de apoyo institucionales, marco institucional y seguridad jurídica, inversión pública en diversas dimensiones) que representan acciones de política pública que han privilegiado sus actividades y protegido sus ganancias, pero para hoy se hace insostenibles ante las brechas socioeconómicas que han propiciado y los cambios estructurales que enfrenta la economía de nuestro país.

La simple frase “no más impuestos” sigue siendo una consigna de indignación, sin embargo, es un deber estar alertas y hacer las diferencias de quienes son, porque como lo sostenemos hoy, hay sectores y personas de este país que siguen sin pagar sus impuestos, beneficiándose de esquemas opacos o privilegios “trasnochados”, y esa factura debe se cobrada.

La privatización de lo público y lo nacional en la crisis política y económica costarricense

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica nos jactamos de tener libertad de opinión, sin que ello implique persecución ni represión por verter opiniones críticas a los poderes prevalecientes, pero esa pretendida libertad no supone democracia, menos aun cuando se ignoran, desconocen y desprecian los criterios y argumentos de los otros. Los poderes autocráticos imponen sus criterios, acciones e intereses como verdad absoluta, no les interesa lo que piensan y hagan los otros, porque los considera ignorantes, sin facultad alguna para decidir ni actuar por cuenta propia ni capacidad para alterar las relaciones prevalecientes. La imposición genocida que liberaliza las medidas sanitarias preventivas contra la pandemia, que eximió de las obligaciones patronales al disminuir las jornadas de trabajo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, así como la permanente y sistemática confiscación de salarios y pensiones, son algunas muestras fehacientes de la tiranía gubernamental y empresarial, que se vale de la pandemia y el descalabro fiscal para empobrecer al pueblo y continuar enriqueciendo a empresarios globalizados.

La polaridad social en Costa Rica se incrementa drásticamente, violentando los ingresos por el trabajo cotidiano y de toda la vida laboral de los pensionados, así como efectuar exacciones (impuestos, multas, aumentos de tarifas, inflación, tasas de interés, confiscaciones bancarias, etc.), para garantizar las ganancias privadas de quienes incumplen sus obligaciones tributarias y gozan de exenciones, concesiones e incentivos estatales, así como sustentar el desequilibrio fiscales gubernamental con los ingresos de trabajadores y continuar con la apropiación y manejo ilegítimo y fraudulento de los fondos de pensión por parte de los entes financieros privados y estatales.

La negación a los derechos y conquistas ciudadanas por parte de los poderes autoritarios, son manifestaciones que violentan la estabilidad y condición social a quienes se les niega pensamiento, voz, demandas y derechos, pero también los recursos y activos nacionales están en grave riesgo, ante las intenciones de privatizar el futuro nacional, ahora con la oprobiosa intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proceso es apoyado por gran parte de los medios privados de la información que difunden falsedades, crean miedos y hacen ingentes esfuerzos por enfrentar a trabajadores contra trabajadores, con si fueran enemigos y causantes de la debacle fiscal del Estado y del desfalco de la fuerza de trabajo. Es infame la labor de un periodismo esclavizado y subordinado a los propietarios de los medios.

La resistencia y movilización social que ocurre en diversas zonas del territorio nacional, es en parte una expresión de la debacle originada por el gobierno y los empresarios que autocrática e intransigentemente disponen de la calidad de vida de la población y de los recursos nacionales. No obstante, se debe llamar la atención, que estamos frente a un movimiento social que es peculiar en su heterogeneidad, que carece de consistencia orgánica y estratégica, sin alternativas ni propuestas que orienten su actuación, pero coincidentes en algunas demandas, aun cuando con fundamentos disimiles. Este aspecto es extraño, pues las protestas no persiguen la negociación ni el acuerdo. El uso de la fuerza parece justificarse a sí misma, de tal modo, que se hace incomprensible que se persista en los desórdenes que ante el retiro de la propuesta gubernamental que supuestamente motivaron las protestas y desmanes.

Lo que puede haber sido motivo de un logro social y el inicio de una construcción colectiva del futuro inmediato, hoy se convierte en una intransigente y unilateral actuación que provoca daños y violencia injustificable, creando un intencional caos, como preludio al fracaso, dolor, frustración y desesperanza social, lo que posibilitará al dominio económico y político la continuidad de la sobreexplotación, el despojo y la apropiación de bienes producto de la venta del trabajo familiar, así como de los recursos y activos nacionales.

Un movimiento que no posee ni recoge los análisis de la problemática nacional, así como desconoce las rigurosas críticas a las medidas gubernamentales y empresariales para la negociación con el FMI y sobre la propia concertación con ese ente, es sin duda una omisión que desprecia el pensamiento y las alternativas fundadas y documentadas por muchos grupos sociales, es una práctica unilateral alejada de toda democracia, así como es una posición que antagoniza con el interés público y nacional.

¿Qué persiguen quienes se arrogan la conducción de un movimiento que no les pertenece ni representan? ¿acaso pretenden impedir la concertación entre los trabajadores para provocar antagonismo y enfrentamientos entre ellos?

La creación del caos y violencia, no es una alternativa popular ni nacional, es una opción sanguinaria de quienes se imaginan dictadores, capaces de incendiar y sacrificar al pueblo y al país en aras de espurios intereses. ¿Acaso los que promueven bloquear carreteras, saquear, cobrar peajes o quemar llantas, los faculta a ser negociadores? ¿podrán ser negociadores quienes ignoran y desprecian los pensamientos, las alternativas y acciones del conjunto de los actores sociales de nuestra nación?

La aparición en escena de viejos y caducos personajes que se autodesignan dirigentes de un movimiento que es paradójicamente inorgánico, es la usurpación de representación social que oculta y enmascara sus reales intencionalidades. La provocación y la violencia causa daños que trascienden lo material, para ser regresivos a las conquistas y derechos alcanzados, a la legitimidad social de las protestas, a limitar la organicidad política y social, así como, crea frustraciones y miedos para aislar y subordinar a la población al dominio totalitario.

No sería la primera vez en la historia, como tampoco la última, que sectores populares sean envueltos en la instauración de un de los regímenes totalitarios más inhumanos y asesino que ha conocido la humanidad: el fascismo.

UNDECA, BUSSCO y movimiento sindical convocan a movilizaciones

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Estimadas compañeras y compañeros:

UNDECA, el BUSSCO y el Movimiento Sindical Firme en la Lucha hemos venido consolidando un proceso de unidad en la acción, contra el traslado de las consecuencias de 4 décadas de gobiernos neoliberales a la clase trabajadora y al pueblo costarricense.

Iniciamos con acciones de lucha, en el mes de setiembre, con las caravanas patrióticas y los perifoneos que recorrieron el país de frontera a frontera y de mar a mar, que tenían el objetivo de concientizar al pueblo de las consecuencias nefastas de este modelo, de proyectos de ley nocivos y de las acciones político empresariales que convirtieron a Costa Rica en el noveno país más desigual del mundo.

En reunión realizada hoy, 3 de octubre, analizamos las pretensiones de los partidos PAC, PLN, PUSC y pseudocristianos, que a través de proyectos e iniciativas de las élites político empresariales, promueven: el desfinanciamiento y privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, desmantelar el Estado, llevan a condiciones de esclavitud a la clase trabajadora, que aumentan impuestos y reducen salarios y pensiones, incrementando la desigualdad, el desempleo y la pobreza, en ese sentido apoyamos toda iniciativa ciudadana de lucha y movilización.

Por esas y otras justificadas consideraciones acordamos las siguientes acciones:

1.- Martes 6 de octubre: concentración frente a la estatua de León Cortés a las 9:00 am, con movilización en vehículos y otros medios, hacia la Asamblea Legislativa. Deberemos organizarnos para garantizar la participación de los compañeros y compañeras que les sea posible, que estén en otras jornadas y cualquier otra modalidad que se considere conveniente. (Ultimo día antes del receso de los diputados)

2.- Miércoles 14 de octubre: manifestación en vehículos o cualquier otro medio en la zona del Aeropuerto Juan Santamaría, a las 9:00 am, con la participación de compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones, principalmente de la Gran Área Metropolitana. En las mismas condiciones que el próximo martes.

3.- Lunes 19 de octubre Día de la gran Protesta Nacional. Se realizará un llamado a paro nacional. Las condiciones y puntos de movilización se informarán oportunamente

En cualquier caso, sea en vehículo, moto, en bicicleta, a pie debe aplicarse los protocolos sanitarios establecidos.

Saludos.
Martha E. Rodríguez G.
UNDECA.
San José, 03 octubre de 2020”

¿Está el negocio de los agrocombustibles detrás de la venta de la FANAL?

El impacto ambiental de la venta de la FANAL sería grave debido al aumento de los monocultivos

Comprador de FANAL tendría monopolio de un negocio que generaría ₡17 mil millones al año

Red de Coordinación en Biodiversidad y CoecoCeiba Amigos de la Tierra

La venta de la Fábrica Nacional de Licores sería un gran negocio para quien compre la única institución/empresa autorizada para producir el alcohol que podría ser usado como combustible. Ya que la FANAL es estrictamente quien ostenta el monopolio de vender etanol, así lo ha señalado la Procuraduría General de la República (1). Sumado a esto, la venta de FANAL sería un empujón irresponsable para la producción de agrocombustibles a nivel nacional.

Hay que recordar que el Gobierno de Carlos Alvarado en el 2019 planteó comprar 360 mil barriles de etanol (poco más de 57 millones de litros) que serían mezclados con la gasolina, un gran negocio sobre el que tendría monopolio total el futuro comprador de la FANAL. Claro está que esto se daría cuando se reactive nuevamente el proyecto y tenga viabilidad política. Pero es importante resaltar que ese negocio de vender etanol a RECOPE significaría nada más y nada menos que más de USD$29 millones al año, aproximadamente unos ₡17.442 millones.

Este proyecto ha sido tremendamente objetado por grandes intereses económicos que se oponen a que RECOPE y FANAL distribuyan gasolina mezclada con etanol.

Pero los estos sectores económicos y políticos opuestos, en 2019 a la propuesta del gobierno, no lo hacían porque estén preocupados por las consecuencias ambientales del incremento de los cultivos de caña (2) y mucho menos están preocupados por el encarecimiento de los combustibles. En realidad, estaban opuestos a que el negocio se lo adjudicaran a la FANAL y no a sus consorcios privados.

Estos mismos sectores poderosos que se opusieron en 2019 a la mezcla de etanol en la gasolina, ahora impulsan de forma desesperada la privatización de la FANAL en el contexto de la crisis sanitaria y fiscal que vive el país, con el pretexto del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es importante recalcar que la privatización de la FANAL no sólo representa un gran golpe para las finanzas públicas del país, sino una estafa energética y ambiental que debe ser discutida a nivel nacional de forma transparente y no inmersa en la campaña del miedo por la crisis fiscal como pretende el Gobierno de Carlos Alvarado.

Esta discusión es importante debido a que la venta de la FANAL tiene también una dimensión ambiental que está siendo invisibilizada complemente, ya que para producir ese 5% de etanol que necesitarían los automóviles anualmente se necesitaría incrementar en 10 mil hectáreas los monocultivos de caña azucarera que en la actualidad alcanzan más de 70 mil hectáreas en el país. Es decir, generar un crecimiento de la industria azucarera con todas sus externalidades ambientales y sociales, las cuales sufren las comunidades aledañas.

Es importante mencionar las 70 mil hectáreas de caña sembradas son un consumidor agresivo de agua en zonas con gran estrés hídrico, como Guanacaste. Lo cual genera un acaparamiento muy grave del líquido, afectando a las comunidades que no consiguen acceder al agua potable debido a la cercanía con estas megaplantaciones.

El agua es uno de los temas más agudos en esta discusión. Según la Liga Agrícola Industrial de la Caña de azúcar (LAICA): “los productores de caña en Costa Rica aplican entre 2 y 6 riegos complementarios durante el ciclo del cultivo, lo que significa aplicar un volumen de agua de entre 1200 y 3500 metros cúbicos” (3). Esto significa un promedio de 2.350 metros cúbicos de agua, que equivalen a 2.350.000 litros anuales por hectárea. Si tenemos en cuenta que el rendimiento del cultivo es de 6000 litros de etanol por hectárea de caña sembrada (3), se puede concluir que para producir un litro de etanol en Costa Rica se necesitan en promedio 400 litros de agua.

Además, la industria de la caña es altamente dependiente del uso de plaguicidas. Utilizan aproximadamente 10 kg ingrediente activo /ha/año. De los cuales en su gran mayoría son herbicidas e insecticidas entre los que están: glifosato, paraquat, 2,4-D, diuron, ametrina, y hexazinona, todos Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)(4). Muchos de los cuales se aplican tan solo 2 semanas antes de la cosecha y que posiblemente sean encontrados en forma de residuos en los productos finales como el azúcar de mesa.

De forma aledaña, estos monocultivos tienen prácticas tan nocivas como las quemas generalizadas de la plantación antes de la zafra. Pero antes de prenderle fuego las fumigan con herbicidas mediante aspersión aérea con avionetas. Lo cual impacta muy gravemente la salud respiratoria de muchas comunidades aledañas al cultivo, tanto por la fumigación de agrotóxicos como por las quemas, que dicho sea de paso sufren las poblaciones de animales silvestres que se encuentren entre los cañales.

Entre otros aspectos, el cultivo de la caña de azúcar tiene graves impactos ambientales y sociales. Por esta razón existe una dimensión ambiental importante en la discusión sobre la privatización de la FANAL y la posible entrada en vigencia de la venta de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. Dimensión que ha sido silenciada completamente en medio de la crisis sanitaria que genera el COVID-19.

Bibliografía:

  1. Procuraduría General de la Reública. Dictamen: 063 del 06/04/2015 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18774&strTipM=T
  2. Ecologistas rechazan el etanol como alternativa a los hidrocarburos https://www.informa-tico.com/9-04-2019/ecologistas-rechazan-etanol-alternativa-hidrocarburos3. Laica, 2013.
  3. Caracterización del riego en el cultivo caña de azúcar, De Costa Rica. https://www.laica.co.cr/
  4. Sustancias biocidas en la producción de caña de azúcar en Costa Rica http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/252.pdf

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

Enviado por el autor.

La respuesta de África a la pandemia exige reivindicar la soberanía económica y monetaria. Carta abierta*

Mientras África ha sorteado lo peor de los efectos en la salud pública de la pandemia del COVID19, el subsiguiente cierre económico ha puesto al descubierto las deficiencias y vulnerabilidades estructurales económicas de África. Como continente rico en recursos, África tiene la capacidad de proveer de una calidad de vida decente a todos sus habitantes. África es capaz de ofrecer servicios públicos universales como sanidad y educación, garantizar un empleo para la gente que quiera trabajar y asegurar un sistema complementario de garantía de rentas decente para aquellos que no puedan trabajar. Sin embargo, décadas de injerencias socioeconómicas coloniales y postcoloniales exacerbadas por la liberalización de mercados, han forzado a los países africanos a un círculo vicioso de deficiencias estructurales, entre las que se incluyen:

Carencia de soberanía alimentaria
Carencia de soberanía energética
Industrias extractivas y de bajo valor añadido

Esta trinidad perversa produce una dolorosa presión a la baja en los tipos de cambio africanos, lo cual se traduce en precios más altos para la importación de bienes básicos vitales como son alimentos, combustibles y productos médicos que salvan vidas. Para proteger a la gente de este tipo de inflación importada, los gobiernos africanos toman préstamos en moneda extranjera para así artificialmente mantener fuertes sus monedas en relación con el dólar estadounidense y al euro. Esta artificiosa solución paliativa, fuerza a las economías africanas a un frenético modo de actividad económica enfocada exclusivamente a la obtención de ingresos en dólares y euros para poder servir su deuda externa. Como resultado de ello, las economías africanas han sido atrapadas en un modelo de austeridad, a menudo reforzado vía las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la presión constante por otros acreedores para proteger sus intereses políticos y económicos que cercenan todavía más la soberanía política, económica y monetaria de los países africanos.

Las condicionalidades del FMI y los acreedores internacionales se centran normalmente en cinco estrategias políticas infructuosas y problemáticas:

 Crecimiento orientado a la exportación
 Liberalización de la inversión extranjera directa (IED)
 Promoción desmesurada del turismo
 Privatización de las empresas estatales
 Liberalización de los mercados financieros

Cada una de estas estrategias es una trampa disfrazada de solución económica. El crecimiento orientado a la exportación incrementa las importaciones de energía, bienes de capital y componentes industriales de alto valor añadido, y la apropiación de tierras y recursos, que solo incrementan las exportaciones de producción de bajo valor añadido. Y por supuesto, no todos los países en vías de desarrollo pueden seguir ese modelo simultáneamente. Si algunos países quieren conseguir superávits comerciales, tienen que haber otros que tengan déficits comerciales. La estrategia de crecimiento vía inversión extranjera directa, también incrementa las importaciones de energía, y fuerza a los países africanos a seguir una carrera sin fin hacia el abismo para atraer inversores mediante la reducción de impuestos, el suministro de subsidios, y una débil protección laboral y medioambiental. También, les conducen hacia la volatilidad financiera y hacia una significativa transferencia neta de recursos hacia los países ricos, algunas de ellas tomando la forma de flujos financieros ilícitos. El turismo incrementa tanto las importaciones de energía como de alimentos, sumados al sustancial coste medioambiental de esa industria en términos de huella de carbono y uso de agua. La mayoría de las empresas de propiedad estatal han sido privatizadas desde 1990 (por ejemplo, las de telecomunicaciones, compañías eléctricas, aerolíneas, aeropuertos, etc.) Cualquier privatización adicional destruirá la pequeña red de seguridad social que aún permanece bajo control público. La liberalización de los mercados financieros requiere normalmente desregular las finanzas, reducir los impuestos sobre los beneficios, eliminar controles de capital, y artificialmente subir los tipos de interés y tipos de cambio- todos los cuales garantizan un medio atractivo para los especuladores de todo el mundo.

Esto se añadirá a una fiebre del “dinero fácil” para “comprar barato y vender caro”, para luego huir dejando detrás una economía deprimida. Finalmente, todos los acuerdos de libre comercio e inversiones apuntan a acelerar y profundizar esas cinco estrategias, lo que empuja a las economías africanas a hundirse más profundo en ese lodazal. Este fallido modelo de desarrollo económico exacerba aún más la fuga de cerebros de África, la cual, en algunos casos, toma la forma de carreteras y barcos de la muerte para los emigrantes por causas económicas, sanitarias y climáticas. Estas cinco soluciones políticas paliativas tienden a ser atractivas porque proporcionan un alivio temporal en la forma de creación de puestos de trabajo y dan la ilusión de modernización e industrialización. Sin embargo, en realidad, esos puestos de trabajo son cada vez más precarios y siempre están sometidos al riesgo de choques externos de la cadena de suministro global, de la demanda global y de los precios globales de las materias primas. Dicho de otra manera, el destino económico de África continúa dirigido desde el exterior.

La pandemia del COVID-19 ha expuesto las raíces de los problemas económicos de África. Por consiguiente, la recuperación post-pandemia no será sostenible a menos que solucione las deficiencias estructurales preexistentes. Para ese fin, dadas la inminente crisis climática y la necesidad de adaptación socio-ecológica, la política económica debe basarse en principios y propuestas alternativas.

Hacemos un llamamiento a todos los estados de África para desarrollar un plan estratégico enfocado en la reivindicación de su soberanía monetaria y económica, las cuales deben incluir la soberanía alimentaria, la soberanía energética (renovable), y una política industrial centrada en un mayor contenido de valor añadido en la producción fabril. África debe poner fin al enfoque de desarrollo económico de carrera hacia el abismo en nombre de la competición y la eficiencia. Las alianzas regionales de comercio dentro del continente deben basarse en la inversión coordinada apuntando a formar enlaces industriales horizontales en áreas estratégicas como la salud pública, el transporte, las telecomunicaciones, la investigación, el desarrollo y la educación.

También, hacemos un llamamiento a los socios comerciales de África para que reconozcan el fracaso del modelo económico extractivo y que se sumen a un nuevo modelo de cooperación que incluya transferencias de tecnología, una verdadera asociación de desarrollo e investigación, y estructuras de insolvencia soberana – incluida una cancelación de la deuda soberana- que protejan el empleo y la producción.

Los estados africanos deben desarrollar un proyecto claro e independiente a largo plazo para fortalecer su resistencia ante los choques externos. La soberanía económica y monetaria, no requieren de aislamiento, pero si requieren un compromiso con las prioridades sociales, ecológicas y económicas, lo cual significa movilizar los recursos domésticos y regionales para mejorar la calidad de la vida en el continente. Esto significa ser más selectivo en cuanto a la inversión extranjera directa, la orientación a la exportación y las industrias extractivas. Esto implica también priorizar el eco-turismo, la herencia cultural y las industrias nativas.

Movilizar los recursos de África empieza con el compromiso por políticas de pleno empleo (un programa de Trabajo Garantizado), con las infraestructuras de salud pública, con la educación pública, con una agricultura sostenible, con las energías renovables, con la administración sustentable de los recursos naturales, y con una inflexible dedicación a empoderar a las mujeres y a la juventud mediante una democracia participante, transparente y fiscalizable. Es momento en África para seguir adelante y aspirar a un futuro mejor en el cual todas sus gentes puedan progresar y realizar su completo potencial. Este futuro está al alcance, y comienza con África reclamando su soberanía económica y monetaria.

* Firman [1]:

Fadhel Kaboub, Denison University, Ohio, USA
Ndongo Samba Sylla, RLS West Africa, Dakar, Senegal
Kai Koddenbrock, Goethe University, Frankfurt, Germany
Ines Mahmoud, RLS North Africa, Tunis, Tunisia
Maha Ben Gadha, RLS North Africa, Tunis, Tunisia

Fuente: https://mes-africa.org/

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.embajadaabierta.org/

Información compartida con SURCOS por Mauricio Gutiérrez Arguedas.