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Etiqueta: privatización

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Costa Rica no está en venta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En 1972 el financista Robert Vesco, perseguido por la justicia de Estados Unidos y de Cuba por negocios financieros ilícitos, encontró acogida temporal como turista en Costa Rica. Se dice que sus pretensiones eran apropiarse de una isla caribeña para instalar su negocio, algo así como un “paraíso fiscal” de hoy. Pero, en el mientras tanto inscribió muchas de sus empresas en el país.

El periodista Julio Suñol, en ese contexto, escribió un libro que tituló “Vesco compra una república”. Por esos años, también se candidateaba el excéntrico G. W. Villalobos, quien haciendo alarde de su populismo barato, al estilo de algunos políticos de hoy, se fue hasta la casa del señor Vesco a lanzar disparos al aire retándolo a salir del país.

Del gesto de Villalobos, aunque políticamente poco ingenioso y más bien torpe, puede rescatarse el espíritu de protesta e indignación al que apelaba. Asimismo, el título del libro del periodista Suñol, que hace mención a la venta de la república a un financista fugitivo, título que en la realidad correspondía más bien a una metáfora de una “novela” que buscaba retratar el favoritismo y complicidad del gobierno con los intereses privados extranjeros. En este sentido, cabe llamar la atención en dos direcciones.

Por una parte, los “Vescos” de hoy no necesitan refugio en ninguna isla; se mueven de manera fluida –lo propio de las élites transfronterizas en la “sociedad líquida” globalizada (Bauman)–. Algunos, vestidos con el traje de marca internacional “FMI”, “BID”, “BM”, entre otras, viajan con sus valijas llenas comprando países con el pretexto de sacarlos del estado de quiebra; ahora, también se presentan como mercachifles de “pomada canaria” –“vendedores de veneno de serpiente económica” (Krugman)– para aplacar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia producida por el Covid19.

Esta institucionalidad financiera internacional, que supuestamente está al servicio del desarrollo de los países empobrecidos del mundo, ha sabido vender este cuento de protectores y salvadores de estas naciones. En la realidad, lo que andan haciendo son buenos negocios para favorecer a sus pares en el sector privado, incluidas las grandes empresas evasoras que se ven favorecidas por las condiciones bajo las cuales negocian sus préstamos.

Efectivamente, favorecidas por partida doble: al contar con el “salvamento” de los préstamos, evitan la presión del Estado para que paguen los impuestos sobre sus ganancias reales –mientras ellas los evaden, los mismos de siempre seguirán pagándolos por los siglos…– y al privatizarse los activos más rentables del Estado se les facilita invertir en –o apropiarse de– esos jugosos negocios.

Valga un paréntesis, para destacar el descarado cinismo de algunas grandes empresas privadas, que siendo parasitarias de los recursos públicos, como La Nación S.A., usufructuando de los fondos de pensiones y recursos del sistema bancario nacional, lanza una campaña “guerrerista” contra la institucionalidad pública. Incluso, se atreve a ofrecer consejos para reformar los regímenes de pensiones, debilitando el sistema público del que recibe beneficios y favoreciendo los de perfil privado, como las pensiones complementarias y el ROP. No buscan otra cosa que la privatización, para acomodarse en nuevos nichos de negocios.

Por otra parte, el gobierno actúa al viejo estilo de las “repúblicas bananeras”, dejándose llevar dócilmente por los grandes intereses del capital financiero extranjero y nacional, cediendo en soberanía y dignidad. No atiende a las ´propuestas alternativas para no postrase ante esos intereses, que una vez más buscan socavar las bases de nuestro Estado Social de Derecho ¿Acaso queremos otra generación pérdida como la de la década de 1980, que hoy nos tiene recogiendo pobreza y desigualdad estructurales?

Pues bien, tenemos que decirles a los “Vescos” contemporáneos que Costa Rica no está en venta. Recordarle al gobierno que no es dueño de la patria, para servirla de festín en la mesa de los poderosos. Y también a los políticos y empresarios oportunistas, que esta vez “en río revuelto ganarán los peces”.

No hay que mendigar el abrazo cuando llega la noche de la soledad. La dignidad es la más sublime y excelsa de las virtudes que anida en el alma de cada ser humano, de los pueblos y de la naturaleza. No hay que permitir que sea mancillada por ningún mortal y frágil embustero, que pretenda adueñarse de nuestra voluntad y libertad a cambio de un “plato de lentejas”.

Decisiones políticas que atentan contra la salud y la vida

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Es dramático para la ciudadanía costarricense que gran parte de la prensa hablada y escrita se encuentre sintonizada y sincronizada en la difusión de contenidos asociados a dar espacio preferente a la violencia delincuencial, al futbol, así como a validar como pertinentes las opiniones y decisiones de quienes dominan y de los que formal y aparentemente, nos gobiernan y representan, mientras están ausentes los análisis sobre situación y condición de los sectores más vulnerables y de los nuevos empobrecidos de la sociedad. No solo en la prensa está ausente esta reflexión y preocupación, también lo está en las vocerías gubernamentales que contradictoriamente atacan el trabajo y remuneración de los trabajadores, a la vez que repiten demagógicamente los anuncios de que juntos saldremos adelante y que todo será resuelto satisfactoriamente. Estas prácticas dejan sin contenido y significación a nuestra democracia.

El discurso del poder usa una engañosa prédica en favor de las mayorías para confundir, desmovilizar y enmascarar las acciones que convienen a los propietarios de corporaciones empresariales asociadas con la globalidad del capital. Luego, la demagogia igualitaria y de espurio nacionalismo de las palabras del gobierno, solo defiende los intereses y argumentos de quienes han privatizado la riqueza social; mientras que los otros, a los que consideran objetos del poder, son condenados a sufrir los efectos de las calamidades provocadas por las brechas económicas, sociales y políticas creadas y profundizadas por poderes totalitarios.

La pandemia ha dejado de ser una problemática sanitaria, para convertirse en el pretexto para justificar la eliminación de toda oposición y resistencia de los trabajadores, destruir la organicidad social y reavivar los añejos intentos de privatización de los activos públicos, pero también para disponer de la salud y la vida de los ciudadanos, a quienes se pretende culpar de sus propios padecimientos sanitarios y condición social. Desde esta conveniente distorsión de hechos e interpretaciones de los económicamente poderosos también se acusa a las instituciones que velan por la salud pública de ser responsables del creciente empobrecimiento al establecer las restricciones sanitarias necesarias y consistentes como prevención de la salud pública. Los empresarios, de este y otros países, se presentan como víctimas, cuando por sus exigencias y presión, son causantes del crecimiento exponencial de los contaminados y fallecidos.

Las voces, necesidades y esperanzas de los pobres, no importan a los ricos ni al poder estatal, que solo se interesan por mantener el statuo quo y la reproducción de su dominación. Así, eliminar las restricciones sanitarias son mandatos privados contra la salud pública a la vez que constituyen auténticos atentados contra los derechos humanos, y de esta manera se transparenta el desprecio hacia los otros de parte de propietarios que se imaginan dueños del país, del destino de la sociedad y de la vida. Estas prácticas del poder en Costa Rica son regresivas creaciones económicas y políticas del esclavismo y del fascismo de otros tiempos y espacios.

El apoyo de los pobres a las demandas empresariales, es el único recurso de quienes no tienen alternativas de resistencia y están dispuestos a ser sobreexplotados y ser sometidos a labores que comprometen su supervivencia cotidiana ante la precaria, excluyente y burocratizada ayuda estatal.

Las evidencias nacionales y de otros contextos han mostrado que, eliminando las restricciones sanitarias, ha habido un incremento de infectados y fallecidos por el coronavirus. No obstante, no es denunciado por la prensa y, por lo contrario, se culpa a las víctimas de no guardar las recomendaciones sanitarias, cuando en realidad son los poderes prevalecientes los causantes de las tragedias individuales y familiares.

Gran parte de los medios informativos sufren los efectos colaterales de la descomposición de sus falsedades y bodrios informativos, así como, por su evidente subordinación política, por ello se leen y escuchan menos. Estas prácticas denigran una noble profesión que expresó en diversos momentos de la historia su enfrentamiento contra toda forma de totalitarismo para defender la investigación, los derechos ciudadanos y el bien común.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://visioncoach.es

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

Impactos ambientales del endeudamiento con el FMI

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

¡Que la crisis no la pague la naturaleza ni las comunidades!

(FECON, 27-08/2020). El avance del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $508 millones tramitado en la Asamblea Legislativa significa una serie de consecuencias que debería preocupar a las personas defensoras de la naturaleza y los ecosistemas.

Este empréstito tiene una dimensión ambiental que es ignorada incluso por los mismos diputados y diputadas. Esto gracias a que la estrategia de invisibilizar las externalidades negativas de las transacciones financieras es muy eficiente. Pero la experiencia de otros países endeudados don el FMI nos da un panorama claro de cuál será su impacto, sobre todo si el Poder Ejecutivo está negociando un “Acuerdo de Derecho de Giro” conocido como Stand-By con el mismo FMI.

Una consecuencia conocida de estos procesos de Stand-By ha sido la privatización de las empresas públicas estratégicas, principalmente en sectores relacionados con los recursos naturales, especialmente energéticos y minerales. Además, también se impulsan procesos de liberalización del sector financiero y bancario, recortes de los derechos laborales, sociales y culturales.

De hecho, dentro de las “recomendaciones” (1) del FMI para este primer empréstito está impulsando la apertura en el sector eléctrico por parte de entidades privadas. Lo que llevaría en la práctica a que empresas de hidroelectricidad represen más ríos de manera innecesaria, puesto que la demanda de energía en el país está cubierta e incluso en la actualidad el Instituto Costarricense de Electricidad se ve obligado a comprarle energía a estas empresas aún sin necesitarla debido a leyes escritas a conveniencias de las empresas privadas.

La poca información que ha revelado el gobierno sobre las negociaciones con el FMI hace que no se puedan saber muchas de las consecuencias este tipo de endeudamiento con entidades financieras que han promovido la minería, las represas y el agronegocio al rededor del globo. Pero por esta razón, desde la óptica ambiental el incremento del endeudamiento público hace que Costa Rica pierda soberanía para tomas sus propias decisiones sobre los recursos naturales nacionales y los deja vulnerables.

Notas:

1. Costa Rica: Request for Purchase Under the Rapid Financing Investment-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Costa Rica https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388

 

Foto: Semanario Universidad

Se trata de democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

El día de ayer la editora de la sección de Opinión de La Nación, Guiselly Mora y el día de hoy el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dan una lección de lo que el neoliberalismo entiende por democracia.

La señora Mora manifiesta que no se puede gobernar con la participación de los sectores sociales, la sociedad civil que llaman algunos, los grillos que llama ella, porque básicamente para gobernar solo se necesita escuchar y dialogar con los empresarios que generan la riqueza (como si los obreros no produjeran plusvalía) y los diputados que son los únicos que generan el cambio.

Prieto, coincide en lo esencial con la señora de La Nación, cuando manifiesta que el Gobierno ya tiene la propuesta de ajuste económico para negociar con el FMI y que el foro virtual convocado por el Ejecutivo es solo para enriquecer el plan ya elaborado. Al final concluye: “El foro es un foro social, no enredemos las cosas. Estamos hablando del diálogo político permanente con las diversas fracciones de la Asamblea Legislativa”. En otras palabras, no hay que enredar las cosas, lo importante no es el diálogo con las distintas organizaciones sociales (sindicatos, de mujeres, ecologistas, comunales, campesinas, etc.) sino con los diputados.

En las dos versiones la democracia se reduce solo a la elección y luego el mandato se independiza de los electores, del pueblo. Ya no es necesario ni conveniente volver a consultarlo.

El concepto de democracia participativa para el neoliberalismo es muy peligroso porque parten del principio de que hay que expulsar del espacio público a la mayoría de los ciudadanos, limitándoles su poder hasta donde sea posible. De esta manera la democracia tiende a limitarse solo a la decisión de los representantes del pueblo, en este caso los diputados. Pero se parte del principio de que los diputados tienen un mandato imperativo, sea que los vincula directamente con el representado y que cumple con lo que ofreció en campaña. Sin embargo, lo que predomina en nuestro sistema es el mandato representativo en el cual el diputado no tiene la obligación de respetar el vínculo programático que lo ligó con sus electores. No se le puede destituir cuando incumple con las “instrucciones” o propuestas de aquellos que lo eligieron. Esta es la democracia que interesa al neoliberalismo, la que solo se limita a que el pueblo ejerza su voto. Los electores eligen a los gobernantes, pero no cómo gobiernan.

Del mandato de las últimas elecciones no surgió un programa de privatizaciones o venta de activos, impuestos regresivos, empobrecimiento de las clases medias o reducción y prohibición de derechos laborales, por ejemplo. Sin embargo, eso es lo que se ha venido aplicando el gobierno de Alvarado. Es un claro ejemplo de que las promesas de campaña y los programas por los cuales votó el electorado fueron sustituidos por otros, los de la UCAEPP y los grandes empresarios.

Por eso en estas circunstancias es más importante el diálogo y la participación directa y con poder de decisión de la sociedad organizada. El diálogo con los grillos es fundamental en una democracia realmente participativa tal y como la define la Constitución Política. Pero no solo como adorno, para enriquecer, lo cual es una vulgar burla, sino como la fuerza más importante de todo régimen auténticamente democrático.

Como a la señora Mora le gusta hacer citas de Rousseau le recordamos lo que al respecto decía: “los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente”.

Don Marcelo parece haber asumido la democracia con tinte neoliberal, que aparta al pueblo de los destinos del país, tal vez para no molestar a La Nación.

El diálogo no es para adornar sino para decidir, de lo contrario es otra burla a la democracia.

AGUA: Amenazas, vida y esperanzas…

Escrito en . Publicado en Agua, Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Es tan sagrada es el agua para nuestros antiguos pobladores de nuestras Américas y sus descendientes, como dentro del simbolismo en el Génesis y el significado de vida desde cualquier punto de nuestra Madre Tierra y del cosmos.

Pero, lamentablemente, nos vemos afectados por el fenómeno de la globalización neoliberal, son muchos los intereses que quieren privatizar el agua, son muchos los dioses que la están poniendo en peligro: la idolatría de los dioses falsos y extranjeros, el dios poder, el dios dinero… (2), la idolatría está relacionada con la codicia, la injusticia, la discordia, al egoísmo, avidez, arrogancia, ambición…aparece como un elemento destructor de las relaciones humanas y de la fraternidad…, codicia, en griego “pleonexía” literalmente “tener más” (2 ) y lo más degradante: servir al dinero, servir en griego “deoleudein” es decir “ser esclavo”. (2)

Ante esta circunstancia, vemos amenazados nuestros recursos naturales, nuestra Soberanía, desde las estrategias para el desarrollo de cada país, préstamos otorgados y políticas, obviamente no consultadas con que practica el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM. el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y sus tentáculos como el Global Water Partnership, GWP, -cuyo principio sobre el agua es verlo como “una mercancía económica…, que tiene un valor económico en todos sus usos competitivos”-(3) y (9) las transnacionales y agencias, nos quieren imponer, como consecuencia de esta trágica estrategia, imponernos las bases para la privatización de los servicios de abastecimiento del agua o sea, estarán en peligros las Asadas, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AyA, los acueductos de las Municipalidades, el Instituto Costarricense Electricidad, ICE… Estamos a un paso de convertir, este valioso recurso hídrico, patrimonio de la humanidad, un derecho humano sagrado para las culturas del mundo, en un jugoso billonario bien mercantilista, posiblemente entregado a las transnacionales y sus agencias locales, como : la Suez-Lyonnaise des Eaux, la Vivendi- Générale des Eaux, dueñas del 40% del mercado actual con ventas aproximadas a más de 140 millones de usuarios (4 ), “…apenas un 12% de la población mundial consume el 85% del agua y da la casualidad que el 12% en cuestión no reside en lo que llaman el Tercer Mundo…, “…también se calcula que para el año 2025, el 70% de los habitantes del planeta no tendremos acceso al agua…” (3)

Según algunos cálculos “sólo un 3% de toda el agua de la Tierra es potable. El resto es salada. De ese 3% más de la mitad está congelada en capas de hielo y glaciares(recordando que con el calentamiento global se está descongelando), de tal modo que el agua dulce disponible en ríos y lagos y bajo tierra es sólo el 1% de la cantidad total”. (5)

Además que pequeñas empresas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones nacionales y transnacionales ambientales, poco a poco van adquiriendo más poder sobre este recurso necesario para la sobrevivencia de todos los seres vivos, con la complacencia de altas esferas gubernamentales, de políticos que no tienen ningún compromiso con la colectividad y que más bien son lacayos de las demandas de éstas nefastas políticas internacionales.

En una investigación muy seria y denuncia valiente de la Dra. Maude Barlow en su libro “El Oro Azul”, nos permite ver el panorama del agua a nivel mundial y como si fuera poco, informa que el Fondo Monetario Internacional, FMI y el Banco Mundial ordenan la privatización del agua a dieciséis países subdesarrollados. Como parte de estas estrategias se forma una “red encaminada a la acción” para “resolver el problema del agua” y desde la perspectiva del FMI, obviamente, “para encontrar las herramientas necesarias en la práctica…” Entre sus más destacados afiliados están algunas organizaciones no gubernamentales, bancos, organizaciones gubernamentales, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con sede en Suiza y el sector privado. (3)

Como ejemplos de las acciones encaminadas para el proceso de la privatización del agua a nivel mundial podemos citar:

KwaZulu-Natal, provincia surafricana, el corte de agua por falta de pag de parte de una transnacional del agua provoca una epidemia del cólera enferman y mueren cientos de personas, la población reacciona y se dan feroces enfrentamientos con las autoridades como en un barrio en Johannesburgo. En Cochabamba y El Alto en La Paz, Bolivia, se producen revueltas, disturbios, muertes, alzamientos populares y enfrentamientos en contra las transnacionales del agua… En Colombia… y en Atlanta (Georgia) luchan por la no privatización del agua. (6 ) Estas políticas internacionales con la participación de las transnacionales del agua y sus agencias, han puesto en peligro vidas y han provocado muchas muertes, estos pueblos nos señalan ya una trayectoria vergonzosa mundial de los acontecimientos históricos recientes relacionados a la deshumanizante privatización del sagrado recurso hídrico.

En Costa Rica, ya tenemos luchas por el derecho al acceso del agua, a la protección de las nacientes y toda la dinámica de vida que se desarrolla alrededor desde la cuenca hidrográfica alta, mediana y baja, por tod@s conocido en Guanacaste, Barba de Heredia, proyectos hidroeléctricos como Boruca, que es parte del Plan Puebla Panamá, el proyecto español en Ribas de Perez Zeledón, proyectos en Guápiles que se logró, por el momento detener, movimiento de la comunidad nacional y de Belén en contra del establecimiento de la empresa Intel en Heredia, que se encuentra justo en uno de los acuíferos más importantes del Valle Central-además por el impacto en los cables de alta tensión que pasan por una zona residencial, aunque hubo oposición, siempre se instalaron, luego el problema en Monteverde con la concesión del agua, la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad , la contaminación del Río Ciruelas y como consecuencia el Golfo de Nicoya con el proyecto de minería de oro en Miramar, la lucha de la comunidad por el rescate del Río Barranca, las diferentes luchas por la defensa de los humedales como el de La Laguna Bonilla en Barranca, Puntarenas, la defensa por los humedales del Ramsar del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca Manzanilla en Limón, la construcción de rellenos sanitarios en zonas no adecuadas, los proyectos que traerán los tratados de libre comercio como el de Estados Unidos, China, Japón, entre otros países de la Comunidad Europea, quizás proyectos que sean una amenaza a la protección y acceso al agua o sea que atentan y que violentan la calidad de vida y a la vida misma y que se convierten finalmente en proyectos ecocidas.

De acuerdo a nuestra interpretación social, económica y ecológica, vemos la relación del recurso hídrico con el Banco Mundial, el FMI, el Plan Puebla Panamá, sus Corredores Biológicos Mesoamericanos privados, (apoyamos la idea de los corredores biológicos. son una necesidad, pero deben de estar bajo el control del Estado y vigilancia de las comunidades), la relación de sus Tratados de Libre Comercio, y otras iniciativas nacionales, (7 ) las intenciones solapadas a veces y otras en forma abierta de la privatización de las áreas silvestres protegidas, ASP ( 8) como una relación injusta, desigual, sin derecho siquiera a opinar, dar nuestras voces, menos nuestros votos en las decisiones que se toman, a sabiendas de que todas las riquezas que encierran estas únicas regiones del planeta , con sus maravillosas composiciones formadas por cataratas, lagos, quebradas, ríos, criques, manglares y finalmente el mar con sus ricas y fabulosas cordilleras oceánicas formando volcanes e islas, ricas en minerales son codiciadas también por los más grandes países y transnacionales, tecnológicamente avanzados tanto del oriente como de occidente y que no nos auguran ningún porvenir, sino más sometimiento político y económico por ende más miseria, violencia, amenaza a la paz y pérdida absoluta de nuestros valores, identidad cultural nacional, soberanía y dignidad. Todo ello ocurre con una indiferencia que nos frustra, nos asusta, nos hace sentir impotentes. Como por ejemplo, el resultado del Referéndum del TLC que tiene que ver, precisamente, con el presente y futuro del agua en Costa Rica. Y como si fuera poco “…todos los días observamos como los ríos, lagos, lagunas, acequias, riachuelos… mueren con el consentimiento cómplice de la población, la discreción del político y el consentimiento de los ministerios. (4 ). A lo que agregamos la ausencia de una verdadera y definitiva política participativa para la protección del recurso hídrico, deseamos ver un mayor compromiso de las universidades estatales y privadas, para el rescate de estas fuentes de vida, aunque vemos algunos esfuerzos pero son aislados. Somos parte de este grave problema y desde nosotr@s mismos, debe de darse una solución, alternativas y acciones cotidianas que minimicen el impacto que hacemos al agua desde nuestras hogares, trabajos, actividades agrícolas de la industrias, actividades turísticas, entre otras.

Nos preocupa sobremanera la situación de la industria de alta tecnología y la electrónica y su relación con los mecanismos para obtener el “derecho al agua”, “la tarificación del agua” presionando a los gobiernos para conseguir subvencionar pagando menos por el agua, otro mecanismo es la “prospección minera del agua”, donde se les permite vaciar las capas acuíferas al tiempo que aumenta los costos del acceso del agua para la agricultura, luego el “vertido de desecho” o sea se contamina las fuentes de agua y luego se pasa la factura a la comunidad. El recurso hídrico es muy importante para las industrias como IBM, AT&T, NEC, Fujitsu, Intel, Siemens, Phillips, Sumitomo, Honeywell, Samsung, entre otros. La alta tecnología es una industria altamente contaminante, como se ha demostrado en los Estados Unidos, además de que necesitan cantidades impresionantes de agua para la fabricación, por ejemplo, para los soportes y los “chips” informáticos (3).

El negocio del agua embotellada ha sido tema importante durante la lucha contra el TLC que especialistas abordaron con responsabilidad, seriedad y estamos advertid@s de sus impactos, nos corresponde continuar defendiendo este tesoro. (9)

Algunas alternativas y soluciones

* Como parte de nuestra cotidianidad, conocer y practicar el concepto de “bioregión” -según los ecologistas B. Devall y J. Dodge- y sus principios, concepto, que por cierto muy conocido por las culturas nativas, no quizás por este nombre pero en sus propios conceptos cosmológicos ancestrales, dicen: a) “muestra bioregión es el major lugar para cultivar la conciencia ecológica”, “…es el camino natural de organizarse, el elemento central es la importancia dada al Sistema natural, entender el sistema natural es empezar a entendernos…” b) La participación y regulación de los individuos y sus comunidades en la toma de las decisiones relacionadas a resolver los problemas de nuestra bioregión y al respeto a la integridad de los procesos naturales.

Cuidando su región significa evitar su contaminación, destrucción y explotación. c) La bioregión es lo espiritual. El espíritu bioregional se encuentra en las prácticas religiosas ya sean cristianas, budistas, nativas o cualquier expresión religiosa, puede ser expresado de muchas maneras. (5)

* Desde Yiski nos hemos preocupado hace años, de compartir a través de nuestras publicaciones, prácticas alternativas de limpieza y aseo en los hogares y oficinas y para minimizar, hasta llegar a “cero tóxicos” utilizando por ejemplo detergentes sin fosfatos, bicarbonato de sodio, vinagre natural…(5 ) , eliminar el cloro, los desinfectantes y limpiadores. Minimizar el uso de agroquímicos y dejar de envenenar el agua con productos químicos, prohibir los 107 plaguicidas que Costa Rica se comprometió y ratificó: el Acuerdo de la Reunión del sector Salud de Centroamérica y República Dominicana, Tegucigalpa 12 y 13 de septiembre, 2000, RESSCAD XVI (5 ) y además no permitir más venenos. Dar la oportunidad de desarrollar la agricultura orgánica y consumiendo sus productos y que no sólo sean para la exportación.

*También desde diferentes grupos y Yiski hemos planteado a los diferentes gobiernos el “Manifiesto Ecológico Político de la Defensa de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, (10 ) en dónde señalamos la grave situación de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas amenazadas, entre otros, por proyectos hidroeléctricos y geotérmicos y damos soluciones y alternativas para que esas frágiles regiones no sean, por ningún motivo alteradas.

No depender de las represas hidroeléctricas como recurso energético casi único, -menos la geotermia que violentaría el territorio de los Parques Nacionales-, más bien modernizándonos en la toma de decisiones, una comprometida y verdadera voluntad política para alcanzar un Plan Nacional de Desarrollo Energético, visualizada y redactada desde la participación y colaboración de todos los sectores nacionales, que conteste a las necesidades energéticas nacionales y no que atienda a las necesidades energéticas de la red de electricidad del Plan Puebla Panamá, PPP (7), que está diseñada para satisfacer la demanda energética de los Estados Unidos hacia el año 2023 cuando tengan su inevitable crisis y en dónde, si lo permitimos, se podrían llevar a cabo el programa del PPP y las represas hidroeléctricas.

En el caso nuestro debemos pensar en desarrollar con más fuerza alternativas como por ejemplo: en la biomasa, energía solar, lo han hecho Alemania y Suiza-países del norte de Europa que no tienen las mismas posibilidades de luminosidad solar como en Costa Rica-, ellos lo lograron con una “ voluntad política forzada”, gracias a la presión de los consumidores conscientes y responsables que han conducido cambios en estos países, acompañado este proceso claro está, con fuentes energéticas subsidiadas más amigables con el ambiente y en dónde el excedente de energía se puede vender al Estado, generando mejor una calidad de vida para todos los sectores y en dónde económicamente y ecológicamente es favorecida la colectividad a corto, mediano y largo plazo.

Conclusiones.

A nivel internacional hay diez principios: El agua: 1. pertenece a la tierra y a todas las especies. 2. Debe dejarse donde está en la medida de lo posible. 3. Debe ser conservada para todos los tiempos. 4. El agua contaminada debe ser recuperada. 5. La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su entorno natural. 6. Es un mandato público por el que todos los niveles del gobierno deben velar. 7. Disponer del agua potable suficiente es un derecho fundamental. 8. Los mejores defensores del agua son las localidades y sus ciudadanos. 9. El público debe participar a partes iguales con el gobierno para proteger el agua. 10. El agua no será un recurso sostenible si prevalecen las políticas de mundialización económica. (3 )

La esperanza que algunos sectores y personas tenemos, ante este panorama que pareciera que para las y los pesimistas, un scenario apocalíptico, es seguir trabajando y compartir a través de las redes, visitas a comunidades, acudir a las instituciones educativas, contar con los medios de información alternativos y llevar toda la información, los conocimientos que tengamos a mano sobre todos los temas que tienen que ver con la biodiversidad y uno de sus principales elementos el agua, su uso, su protección y conservación y continuar denunciando, sin ningún temor, todos los actos que atenten contra el agua y la continuidad de la vida.

El agua debe permanecer siempre como de dominio público, nunca de interés público.

Colaborar y fortalecer los grupos que se formaron a raíz de la lucha contra el TLC y su Agenda de Implementación, y continuar la lucha con los grupos de resistencia, con los grupos comunitarios que defienden el agua con mucha valentía, compromiso y sobre todo sin temor.

Velar, estar alertas y siempre muy vigilantes de lo que sucede alrededor de nuestra bioregión, de nuestro habitat, nuestro cantón, distrito, provincia, país e istmo centroamericano y actuar responsablemente, comprometiéndonos, sintiendo que Dios está presente ayudándonos y por lo tanto, nunca tener miedo.

 

Bibliografía

Saravia, Albertina. 1979. Popol Vuh, Antiguas Historias de los Indios Quiches de Guatemala. México. Editorial Porrua, S.A. 3p.

  1. Richard, F. Hinkelarmmert y otros. 1989. La Lucha de los Dioses. San José, Costa Rica. Editorial Departamento Eucoménico de Investigaciones, DEI. Tercera edición. 25, 26, 26 p.

Barlow, Maude. 2001. El Oro Azul: La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta. Canada. The Council of Canadians. 26, 27, 33, 34, 35, 58, 59, 75.

Partido Vanguardia Popular. 2004, diciembre. Editorial “Soldados de las aguas eternas defensores de la biodiversidad”. 1, 2 p.

Nuestra casa, nuestro río, nuestro mar, nuestro planeta: ¡Sanos y limpios!. Fournier, M.E., Tuinstra, M. Séptima edición, 2007. Impresos litográficos F.G. 13, 32, 39 p.

Fuente Internet.

El Agua es Sagrada. Editorial El Tiempo. 21-11-2005. Bogotá, Colombia. Disponible: www.censat.org/A Noticias Nacionales 276 htm y Red: LEA-Venezuela.

El A,B,C del Plan Puebla-Panamá. Centro de Investigación Económico y Político de Acción Comunitaria, AC, CIEPAC. Ciepac.A.C.. 2002. México. 11, 25, 26, 26, 27, 32, 33, 36, 39, 40.

Periódico

Ramírez Flores, Eduardo. 2007, enero. Artículo: Rechazan privatización de parques nacionales. Proyecto impulsaría sociedad anónima. Semanario Universidad. San José, Costa Rica. 8, 9 p.

Otros. Artículos. (9) Pacheco, Dr. Freddy. 2007. Artículos: “El agua en el TLC”. ”La comercialización del agua”, “El agua turbia”. 1 p. cada artículo.

Documento: (10)Asociación Conservacionista Yiski, M.E. Fournier, R. Portilla y otros. “ Manifiesto por la Defensa de nuestros Parques Nacionales y Reservas Biológicas”. 2004.

 

Ma. Elena Fournier Solano
Presidenta
Asociación Conservacionista YISKI
yiski@racsa.co.cr
Diciembre, 2007
Artículo escrito para la Revista Biocenosis UNED

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Enviado por María Elena Fournier.

Otro proyecto regresivo ambientalmente: Isla San Lucas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Compartimos la siguiente inquietud planteada por Álvaro Sagot y María Elena Fournier en cuanto a la nueva forma en que se quiere administrar las Áreas Silvestres Protegidas, en este caso, la Isla San Lucas:

La isla de San Lucas y aguas aledañas conformaban una Área Silvestre Protegida (ASP), bajo la estricta categoría de manejo conocida como Refugio Nacional de Vida Silvestre.

Los actuales diputados ahora le cambian ese estatus protector, sin un informe dentro de los parámetros de la ciencia y la técnica que justifique la reforma. Al parecer, en el fondo se busca darle un matiz comercial, como se los dijo la Procuraduría General de la República, en el criterio que les aportó (No. OJ 082 2020).

Además, se cambia la naturaleza jurídica de lo permitido en un Parque Nacional, donde debe haber protección, investigación y ecoturismo en ese orden, pero no una explotación con fines comerciales como se extrae del proyecto.

Además, el proyecto incluye la creación de una “junta directiva” que administrará esta Área Silvestre Protegida, alejando al SINAC de su regulación y fiscalización que por ley y votos constitucionales le corresponde. Inevitablemente, éste podría ser un camino a la privatización de una Área Silvestre Protegida para darle un fin comercial en nombre de la reactivación económica.

Ya en el pasado Isla San Lucas y sus humedales han sido “atacados” por los políticos de turno que quieren casinos, una marina y hasta hoteles en este sitio.

Costa Rica está perdiendo sus ASP bajo la responsabilidad de personas que no tienen conocimientos técnicos-científicos, que están mal asesorados-as, que están entregando a nuestra naturaleza en bandeja de oro.

 

*Imagen ilustrativa.

Los vientos virulentos de la privatización

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.

 Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.

Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.

En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.

De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.

El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.

En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.

Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.

Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!

Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.

Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.

Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.

[1]https://web.archive.org/web/20070927210859/http://www.aporrealos.org/internacionales/a21196.html

El procedimiento de gestión de despido del enemigo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

“Fusílenlo, después averiguamos” (Villa)

Manuel Hernández

  • VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

Existe un tema en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21336), ciertamente uno de los tantos desaguisados que contiene, que por las implicaciones tan serias, no puede pasar inadvertido.

Me refiero puntualmente a las modificaciones normativas que se pretenden de las reglas del procedimiento de gestión de despido, actualmente regulado en el artículo 43 y otros del Estatuto de Servicio Civil.

Estas variaciones de grueso calibre, fabricadas en los astilleros de MIDEPLAN, no pueden ser vistas con indiferencia, como si no fueran relevantes, porque tienen una incidencia directa en el debido proceso y derecho de defensa de los y las servidoras públicas, amparados por el Estatuto de Servicio Civil; es decir, para que se entienda, no estamos hablando de cualquier derecho, sino de Derechos Fundamentales.

Partiendo de lo anterior, analicemos este singular tema, empezando por las reglas actuales del procedimiento de gestión de despido, luego, advirtiendo las modificaciones que se pretenden y finalmente, ponderando el impacto de estas reformas.

I.- Las reglas del Estatuto de Servicio Civil que actualmente ordenan el procedimiento disciplinario, derivan directamente de la articulación de los numerales 39, 41 y 192 de la Constitución Política.

De conformidad con el canon de estas normas constitucionales, el servidor público sólo puede ser despedido, por motivo disciplinario, con base en las causales contempladas en la legislación, previo cumplimiento del debido proceso.

En términos generales, las normas del Estatuto estipulan que en los procedimientos de gestión de despido que promuevan los jerarcas de los Ministerios, la investigación administrativa la realizará la Dirección General de Servicio Civil, correspondiéndole al Tribunal de Servicio Civil dictar la resolución de primera instancia.

Esta resolución puede ser apelada ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil.

Una vez resumido, de manera muy esquemática, el procedimiento de ley vigente, pasemos de seguido a destacar las exorbitantes reformas que se pretenden introducir (de lege ferenda).

II.- En esta materia, los cambios sustanciales que propone el proyecto son cuatro modificaciones:

1.- La instrucción se realizará mediante el denominado procedimiento sumario, regulado en el artículo 320 y siguientes de la Ley General de Administración Pública (LGAP).

En las Actas de discusión del proyecto de esta ley, se consignó que procede el procedimiento sumario, a diferencia del ordinario, » (…) siempre que no haya conflicto, procesal o presente, con el administrado, ni perjuicio, material o previsible, para él, sea por tratarse de trámites que le favorezcan, o porque el acto final le sea indiferente.»

Esta clase de procedimiento está diseñada exclusivamente para la emisión de actos administrativos de carácter favorable, declaratorio de derechos, o actos de gravamen que tenga consecuencias disciplinarias muy leves, por ejemplo: amonestaciones verbales o escritas.

El sumario es un procedimiento cuyo objetivo es sustanciar la causa disciplinaria de manera célere y eficiente, en el plazo de un mes.

El procedimiento sumario no admite la proposición de pruebas, el debate –contradictorio- y la realización de audiencias.

2.- La instrucción del procedimiento sumario la realizará el propio Ministerio; es decir, el Ministerio donde la persona investigada presta sus servicios.

La instrucción de dicho procedimiento estará a cargo de un órgano director, que forma parte de la misma estructura orgánica del correspondiente Ministerio, subordinado del jerarca ministerial.

3.- El acto final le competerá dictarlo al mismo jerarca que ordenó la apertura del procedimiento.

4.- Este acto administrativo es susceptible de un recurso de revocatoria ante el propio jerarca y apelación ante el Tribunal de Servicio Civil.

Esta es la reingeniería que introduce el proyecto de empleo público, o mejor dicho, como veremos a continuación, el proyecto de des-empleo público, y no solo por los motivos que se exponen en este comentario, sino también porque el proyecto le apuesta a la externalización y privatización del los servicios públicos, lo cual quedará para otro análisis.

III.- Así las cosas, las implicaciones más serias que tiene esta modificación del procedimiento disciplinario son las siguientes:

1.- El procedimiento sumario está diseñado, como se explicó, en el ámbito disciplinario, exclusivamente para la sustanciación de asuntos que puedan conducir a la imposición de sanciones muy leves.

Entonces, resulta absolutamente irrazonable e inadecuado que se aplique este procedimiento en aquellas causas de las que se pueda derivar una sanción administrativa de cierta gravedad, como puede ser una suspensión disciplinaria sin goce de salario, pero aún más improcedente e inadecuado el sumario, cuando se pueda derivar la imposición de un despido.

Nuestra jurisprudencia reiteradamente ha establecido que el despido es la sanción más severa que puede sufrir un servidor público.

En consecuencia, cualquier procedimiento administrativo que ostente una pretensión disciplinaria de esta intensidad, cuyos efectos jurídicos puedan ser graves o muy graves contra el servidor, necesariamente tiene que cumplir los principios constitucionales del debido proceso y reunir las exigencias mínimas que garanticen plena y efectivamente la tutela y el ejercicio del derecho de defensa, sin cortapisas de ningún tipo.

No existe la menor duda que estas exigencias no las reúne, ni aun remotamente, el cuestionado procedimiento sumario.

El sumario se reduce prácticamente a un procedimiento de mera constatación, que enerva el derecho de defensa y el debido proceso, que constituyen pilares del Estado de Derecho.

2.- Por contrario a esta caricatura procedimental, la misma LGAP disciplina otro procedimiento administrativo, el procedimiento ordinario –aunque ciertamente no de carácter adversarial-, previsto para aquellas causas en que se pretenda imponer al funcionario público una sanción de cierta entidad, que puede ser una suspensión disciplinaria sin remuneración, destitución, o cualquiera otra de similar gravedad:

“El numeral 308 reseñado prevé y regula todas las etapas del debido proceso, estableciendo plenamente las etapas para el ejercicio del derecho de defensa, es aplicable para todos los procedimientos sancionatorios en los que se pueda causar perjuicio grave al investigado y en supuestos disciplinarios, cuando la posible sanción sea suspensión y/o revocatoria, y el procedimiento sumario

que restringe esas etapas del derecho de defensa, como la bilateralidad de la audiencia, es aplicable a aquellos casos no previstos para el procedimiento ordinario.” (Sentencia N° 89-2018-VI de TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, de 30/07/2018).

El procedimiento ordinario, muy diferente al sumario, garantiza en forma amplia el debido proceso, el derecho de defensa y el contradictorio.

3– No obstante, las reglas actuales del Estatuto de Servicio Civil configuran un procedimiento de carácter adversarial, en el que se confrontan directamente las partes intervinientes, cuya resolución compete dictarla a un órgano ajeno a las partes de la controversia, el Tribunal de Servicio Civil, que no forma parte de la misma estructura del Ministerio que gestionó el despido.

En el proyecto de ley, la Administración asume, en simultáneo, la doble condición de juez y parte: instruye y resuelve.

La doctrina más autorizada critica el esquema no adversarial de este procedimiento administrativo:

” La Administración reúne en el procedimiento administrativo la doble condición de juez y parte, razón por la cual el principio de imparcialidad, característico del proceso, resulta relativizado en cierta medida.” (García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Civitas, 1981, p. 401).

El proyecto de ley viene a degradar la objetividad y la imparcialidad del procedimiento administrativo, porque la propia Administración asume simultáneamente esta doble y privilegiada condición; que además viene a quebrar el equilibrio razonable que debe tener todo procedimiento.

Esa especie de procedimiento implica un decaimiento del debido proceso, porque el acto final lo va a dictar el propio jerarca, en lugar del Tribunal de Servicio Civil, que luego tendría únicamente un recurso de apelación ante este Tribunal.

IV.- En síntesis, la iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo devalúa los estándares constitucionales del derecho de defensa, el debido proceso y la tutela efectiva, violentando aquellas normas de la Constitución Política y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, por su carácter regresivo, vulnera el principio de progresividad de los derechos fundamentales, contemplado en el artículo 26 de la misma Convención.

El proyecto legislativo da lugar a una reingeniería muy peligrosa del procedimiento disciplinario, con consecuencias muy gravosas contra los funcionarios y funcionarias que vayan a correr la suerte, probablemente muy poco afortunada, que se les aplique un pseudoprocedimiento de esta clase. Podríamos decir, algo así como una crónica de una sanción anunciada.

El procedimiento administrativo del enemigo, parafraseando a Gunther Jakobs, en toda su expresión.

Esta reconfiguración regresiva –in peius- del procedimiento de despido, se corresponde totalmente con la lógica autoritaria y antidemocrática de dicho proyecto de ley, maquillado por OCDE y BM.

En definitiva, ahora que está políticamente tan de moda la expresión, un martillazo en seco contra la Justicia, “valor supremo del ordenamiento”, como lo ha establecido la Sala Constitucional, copiado de algún trasnochado manual procesal draconiano.

15/07/2020