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Etiqueta: privatización

Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

Acuña, Guillermo. 12 de mayo del 2020. Movilidades en suspenso. SURCOS.digital.com. Tomado de: https://surcosdigital.com/movilidades-en-suspenso/

Boeglin, Nicolás. 16 de mayo del 2020. Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes. En opinión. ElPaís.cr. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/05/16/costa-rica-futuro-miembro-numero-38-de-la-ocde-algunos-apuntes/

Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

Fernández, José Joaquín. 14 de octubre del 2019. Venta de empresas públicas para pagar deuda. En la Riqueza de las Naciones. ElFinancierocr.com.  Tomado de: https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-las-naciones/venta-de-empresas-publicas-como-alternativa-para/MXRPDHM43RCQ5NDV5FSVMCPUEQ/story/. Fecha 19 de mayo del 2020.

Vargas, Luis Paulino. 13 de mayo del 2020. Covid-19 y crisis económica: La propuesta de Carlos Alvarado. Una colcha de retazos. UNED.CICDE.

OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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Construyendo confluencia desde la base social

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

Sindicato de Hacienda se pregunta por qué autoridades debilitarían CCSS

En una comunicación compartida con SURCOS por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), se cuestiona “¿por qué el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, siguen empeñados en realizar actos tendientes a una debilitación o eventual privatización técnica de la seguridad social, y con ello, que en el sector privado se fortalezca la posibilidad de hacer negocios con los servicios ofrecidos por la CCSS a la sociedad costarricense”.

El escrito señala: “Nos ha correspondido vivir en el último mes los efectos de la pandemia global producida por el virus denominado COVID-19, que a la fecha ha infectado millones de personas y producido la muerte a más de 200 mil a nivel mundial”.

“En el caso de Costa Rica, gracias a la acertada toma de decisiones y actuación del Ministerio de Salud y el eficiente sistema de salud social y pública a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos ha permitido atender eficientemente el impacto de esa pandemia, convirtiendo nuestro sistema de salud en un ejemplo a nivel planetario”.

“¿Por qué si la CCSS es prioridad, no gestan leyes o normas para encarcelar a los deudores de la CCSS, y con ello limitarles la posibilidad, -como hacen con los impuestos-, de jinetear las cuotas sin pagar sanción alguna, limitando la actuación fiscalizadora del ESTADO mismo?”, enfatiza el comunicado dirigido al personal del ministerio.

Finalmente, la nota hace un llamado: “Desde ya, personal hacendario, le invitamos a prepararse para defender esta noble institución (CCSS), que con valentía y visión nos crearon los fundadores de la Segunda República, y cuando vivimos tiempos difíciles, nos corresponde ser capaces de reconocer y defender esa valiosa herencia de nuestros abuelos”.

“Su aspiración de pensionarse por IVM también está en peligro; si espera salud solidaria como tenemos, debemos defender ese derecho constitucional. ¿Se imagina usted en la tercera edad, pagando al precio de hoy, un millón de colones por día en la hospitalización de un ser querido y el que requiere medicina de calidad para sobrevivir y cuando se le agote el seguro, lo tiren a la calle? NO SEAMOS SIERVOS MENGUADOS”

“SITRAHSAN, manifiesta su rotundo rechazo, a cualquier acto mercenario de políticos y empresarios, que busquen la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en peligro la seguridad social de quienes habitamos este país”, concluye el comunicado.

Imagen: CCSS

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/

Del Pacto Social y Político de 1943 al Pacto Social y Político del Bicentenario, 2020

Vladimir de la Cruz

En general partimos de que la vida política es constantemente resultado de pactos políticos, entre los diversos actores políticos y sociales. Igualmente consideramos y sabemos que esos actores cambian constantemente. Unos son fijos por un plazo corto, mediano o largo. Otros son tan volátiles como para realizarse de manera ad hoc, para una cosa concreta, y solo para esa, quedando en libertad los actores de actuar en todo lo demás, al margen de lo pactado.

La vida en general es también resultado de esos “pactos”, desde las relaciones familiares, de noviazgos, de uniones de parejas y matrimoniales, de padres e hijos, de las relaciones sociales que establecemos con otras personas o familias, de las relaciones laborales, las de la convivencia pública y privada, los relaciones reguladas por las normas usuales, tradicionales, de comportamientos sociales y privados, y de trato social aceptadas, al igual que todas las relaciones jurídicas y normativas que realizamos son expresión de esos “pactos”. Estos “pactos” son firmados para cumplirse, hacerse valer y respetarse. Otros son contratos realidad, de la realidad que se aceptan y se respetan tanto, como los firmados.

Durante la “cuarentena” impuesta por la presencia del coronavirus muchos “pactos” se han realizado en todos los hogares, en todas esas dimensiones apuntadas, para regular de mejor forma la presencia inevitable, diaria, de todo el día y toda la semana, de los distintos miembros de las familias, sobre todo cuando los espacios habitacionales son reducidos. Hasta con las “mascotas” han tenido que hacerse “pactos” de convivencia en aquellos hogares que se tienen.

Sin embargo, hay tendencias, y muy fuertes, en la vida actual, de satanizar todos los pactos, especialmente los políticos, cuando es lo normal y lo correcto que se produzcan.

No hay gobiernos “puros”, ni políticos “puros”, ni partidos políticos “puros”. Gobiernos, políticos y partidos expresan y reflejan relaciones políticas, económicas y sociales de distintos grupos existentes en la sociedad, como de personalidades propias de cada Gobierno y de cada partido.

Gobiernos, dirigentes políticos y partidos políticos hasta se han definido históricamente ligados a clases sociales, a las clases trabajadoras y obreras, a las campesinas, a las clases medias, a las clases empresariales de distinta naturaleza, a las oligarcas, aristocráticas y plutocráticas, y hay quienes también ligan a estos gobiernos, a los líderes políticos y partidos a grupos mafiosos, narco mafiosos, como nuevas expresiones de la realidad que vivimos.

De ello también resultan los gobiernos monárquicos, las monarquías parlamentarias, así como los gobiernos fascistas, dictatoriales, autoritarios, populistas y obviamente los llamados gobiernos republicanos y democrático representativos.

Hoy ya casi no se establecen las divisiones existentes, antes de 1990, entre gobiernos capitalistas y socialistas ni entre sistemas políticos económico socialistas y capitalistas, con sus variantes. No ha desaparecido del lenguaje la crítica al capitalismo pero poco hay a favor, al menos en Costa Rica, en el lenguaje, hacia el socialismo, que parece más una nebulosa que otra cosa en términos inmediatos.

La poca existencia de un reducido grupo de países socialistas, y la caída del Sistema Mundial Socialista que existió hasta 1990, hizo caer al interior de cada país a las fuerzas representativas de esas corrientes políticas, provocando en mucho que el Socialismo sea hoy una “utopía”, más que una realidad posible inmediata. Ni hay partidos políticos que se abanderen con el Socialismo como meta a conquistar en el país, ni hay un solo país “socialista” que sirva de modelo para “imitar”, como se hacía con la Unión Soviética por los partidos comunistas.

Las reglas de relación entre todos estos actores políticos y sociales son las que aseguran la convivencia política, la seguridad institucional, y de alguna manera las “mejores” políticas y acciones institucionales que se tomen para lograr el mayor bienestar y la mayor felicidad posible de todos los ciudadanos, del pueblo.

Lo usual son los pactos políticos que resultan de la aprobación de leyes en el Congreso, antes de 1948, y en la Asamblea Legislativa desde 1948 hasta hoy.

El Derecho y las leyes son quizá la mejor expresión de esos “pactos” cotidianos, como expresión de la voluntad popular expresada por medio de los representantes populares en la Asamblea Legislativa, nos gusten o no las leyes que aprueban.

La forma suprema de estos Pactos políticos son las Constituciones Políticas. El último firmado en Costa Rica es el de 1949, con la Constitución actual.

Hay corrientes y movimientos, en las que me he apuntado, que consideran que es necesario avanzar a un nuevo proyecto constitucional, que produzca un nuevo Pacto político, una nueva Constitución Política. Pero, en este momento, en la crisis que atravesamos impuesta por el coronavirus, esta no es la prioridad nacional.

NO urge hoy una nueva Constitución Política. Pero, SI urge un nuevo Pacto Político y Social, que con profundas reformas institucionales pueda marcar el rumbo, de la celebración del Bicentenario de la Independencia con visión de largo plazo, 50, 60 o 75 años adelante…

Justamente, por la situación que vivimos bajo este gobierno del Partido Acción Ciudadana, encabezado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, que definió desde su arranque e instalación, la idea de un Gobierno de Unidad Nacional, integrando en el Gabinete personas distinguidas de otros partidos políticos, sin que con esos partidos se hubieran firmado pactos de gobernabilidad, hay un avance en esa dirección. Hacia los próximos gobiernos esto ya se modeló.

Esta idea del Gobierno de Unidad Nacional no ha pasado aún de ser un postulado, y una acción real que el Presidente trata de impulsar, recientemente afirmada con los nombramientos de la Vice Ministra de la Presidencia, Silvia Lara y del nuevo tercer Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.

No hay acuerdos políticos de los partidos políticos alrededor de ellos. El mismo Partido Liberación Nacional, torpe, ciego y tontamente, ante la realidad que vivimos, objetó a Silvia Lara y le zafó el bulto a Marcelo Prieto. El Partido Unidad Social Cristiana ha hecho lo mismo con los miembros del Consejo de Gobierno de ese partido, aún cuando el más brillante de los Ministros, por sus acciones institucionales, sea Rodolfo Méndez Mata, y ahora en su nivel, por la atención y la forma como están actuando frente a la pandemia, se distinguen el Ministro de Salud y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ambos del partido de Gobierno.

Hay PACTOS NACIONALES que se imponen y resultan de situaciones extraordinarias, de situaciones ajenas a la propia gobernabilidad nacional, que obligan a actuar unitariamente, que también resultan de situaciones internacionales donde nos ubicamos frente a enemigos comunes, dejando de lado, mientras se enfrentan esas adversidades, las contradicciones internas, y postergando, si es del caso, la inmediata lucha política particular procurando una real política nacional.

El Gran Pacto Nacional que se produjo, que contribuyó a perfilar y desarrollar la Costa Rica de la segunda mitad del Siglo XX y de este inicio del Siglo XXI, fue es que se dio en 1943 entre el Gobierno y el Partido Republicano que apoyaba a Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

En 1939 Rafael Ángel Calderón Guardia fue candidato del Partido Republicano, bajo el Gobierno de León Cortés, quien lo impulsaba. La Iglesia Católica, en ese momento, era profundamente anticomunista, ya encabezada por Monseñor Sanabria. El Gobierno de León Cortés muy vinculado al Gobierno alemán, y con ello al nazi fascismo, enemigo acérrimo de los comunistas y de sus movimientos sindicales.

Hasta 1943 el Partido Comunista era guía y factor dominante de todos los sindicatos de trabajadores y sectores medios productores, y de campesinos. La Iglesia Católica se preparaba para incursionar en el movimiento sindical y en el cooperativo, con dos sacerdotes hermanos, Benjamín y Santiago Núñez.

Ese año, 1939, estalla la II Guerra Mundial. El escenario de la guerra muy superior al de la I Guerra Mundial. Abarcaba todos los continentes excepto el continente americano, donde no se dieron conflictos militares directos. La II Guerra se prolonga hasta 1945, en la que murieron entre 50 y 60 millones de personas, militares y civiles.

El mercado europeo de colocación de nuestros productos fundamentales de la economía cayó, se cerró…los soldados no tomaban café… Se fortalecieron los vínculos comerciales con Estados Unidos, que ya eran bastante importantes en el país.

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los países se desarrollaron movimientos por la paz, antifascistas. En el Comité Anti Nazi de Costa Rica se reunieron personajes de distintas filiaciones políticas, Fernando Valverde Vega, Francisco Orlich Bolmarcich, Manuel Picado Chacón, Manuel Mora Valverde, entre otros.

A nivel internacional los Partidos Comunistas, a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, en 1935, en la que participó el dirigente comunista y sindical, Rodolfo Guzmán,  cambió la estrategia internacional hasta entonces desarrollada, de la lucha contra el Imperialismo y de la Lucha de Clases, pasando a impulsar la política de los Frentes Populares, de UNIDAD NACIONAL, para defender los sistemas democrático republicanos, que eran igualmente amenazados por el fascismo mundial.

Desde la Conferencia de Partidos Comunistas latinoamericanos, de La Habana, de 1936, a la que asistió Arnoldo Ferreto, se fortaleció el impulso de estas nuevas concepciones para el continente. Para las elecciones de 1936 contra León Cortés se intentó impulsar un Frente Popular que no se concretó.

Desde el año 1936 hasta 1940 el Partido Comunista fue enemigo frontal del Gobierno de León Cortés, y enfrentó igualmente al Dr. Calderón Guardia, su candidato, en sus primeros meses de gobierno, a partir de 1940.

Desde 1930 hasta 1945 fue Secretario General y Presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos Earl Browder, uno de los dirigentes más importantes y más influyentes del Movimiento Comunista Internacional, especialmente en el período de 1940 a 1945, con gran repercusión en América Latina, el Caribe y en Costa Rica.

En el contexto de la II Guerra Mundial, de la lucha antinazi y de los Frentes Populares, Browder impulsó en su lenguaje la idea de la superación de la lucha de clases y del antiimperialismo, llamando a la colaboración de clases. Así en esos años se dio el Browderismo. El Partido Comunista de Costa Rica se identificó con este planteamiento en todos sus frentes de combate, incluso en las luchas sindicales, que perdieron el marco de confrontación de la lucha de clases.

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte con Franklin D. Roosevelt, impulsa una serie de políticas reformistas, que van a influir en la visión del Dr. Calderón Guardia, junto a la visión social cristiana que ya tenía, y había fortalecido en Europa, en Bélgica, y que su esposa Ivonne Clays, la Primera Dama, de una gran sensibilidad social, le había estimulado.

Hasta diciembre de 1941 ni Costa Rica ni Estados Unidos habían entrado en la II Guerra Mundial. Con motivo del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos se ve obligado a integrarse como aliado de la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, en la lucha antinazi. Costa Rica solidariamente con Estados Unidos declara la Guerra a Japón, Alemania e Italia.

Esta Declaración provoca una ruptura muy fuerte con el Cortesismo y los intereses alemanes en el país, muy metidos en la producción de caña y en las exportaciones de café. El Gobierno queda solo. Hasta un intento de golpe de Estado se planeó en contra suya sin éxito.

En 1941 el peso de la II Guerra se hizo sentir en la economía nacional. El Partido Comunista frente a ello propuso su “Plan Nacional de Emergencia para salir de la Crisis de Guerra”, que se agitaba en todos los frentes de lucha del Partido, en el Congreso, en las calles con los sindicatos, en movilizaciones al Congreso en apoyo de los diputados comunistas.

El vacío político del cortesismo filonazista hacia el Gobierno de Calderón Guardia permitió el acercamiento del Partido Comunista, con su Plan de Emergencia, donde no estaba en el orden del día la lucha por el socialismo ni el comunismo. Era lo urgente, lo inmediato, las subsistencias, la comida, el trabajo. Era la protección a los trabajadores y a los campesinos, a sus ingresos y salarios, de la inmensa mayoría de la población.

Se iniciaron las conversaciones para apoyar al Gobierno en sus segundos dos años. Se sumó la Iglesia, muy cercana al Gobierno. Conversaciones durante todo el año 1942 y primeros meses de 1943, intensas, discretas y “secretas”, hasta que en junio fructificaron públicamente.

Se había logrado un GRAN PACTO NACIONAL, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Comunista, con Manuel Mora al frente, y la Iglesia Católica jefeada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, hoy los tres declarados Beneméritos de la Patria.

El Pacto dio por resultado el apoyo abierto, claro y contundente al Gobierno de Calderón Guardia por los comunistas y la Iglesia. Las Garantías Sociales, que estaban en proceso legislativo y el Código de Trabajo se aprobarían, en agosto, entrando en vigencia en setiembre de 1943. Se le daría todo el mérito de esta Reforma al Dr. Calderón Guardia, como efectivamente se hizo.

La Iglesia condicionó su participación a cuatro aspectos básicos, el cambio de nombre del Partido Comunista, el reconocer que las Garantías Sociales tenían un fundamento social cristiano, el desarrollar su propia organización sindical, hasta entonces solo los comunistas la tenían, y que le dieran representación a su organización sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y así fue.

El Partido Comunista cambió de nombre el 13 de junio de 1943 a Vanguardia Popular. Esto calzaba plenamente en los lineamientos esbozados desde el VII Congreso de la Internacional Comunista y dentro de las corrientes browderistas. El Partido Comunista reconoció la influencia socialcristiana en las Garantías Sociales y realizó un discurso público constante de que no era un Partido anti religión católica, como siempre lo había acusado Sanabria. El Partido Comunista aceptó la creación de otra Central Sindical y le cedió uno de los dos puestos que tenía en la Junta de la Caja Costarricense de Seguro Social, sacrificando en ella a Enrique Benavides, y manteniendo a Rodolfo Guzmán. La Iglesia llevó a Benjamín Núñez. La Iglesia reconoció públicamente que militar en Vanguardia Popular no era un pecado, que los católicos podían ingresar, “sin cargo de conciencia alguno”, al Partido Comunista en su nueva denominación.

El núcleo más importante de este Pacto terminó desarrollándose en el Pacto Político para impulsar la candidatura de Teodoro Picado, entonces Presidente del Poder Legislativo, a la Presidencia de la República, en las elecciones de 1944. Para ello constituyeron el Partido Bloque de la Victoria con el que llegó Teodoro Picado a gobernar el país hasta 1948.

Desde el momento del Pacto de apoyo, con motivo de la declaratoria de guerra al nazifascismo, en diciembre de 1941, hasta el término de gobierno de Picado, en 1948, el Partido Comunista de Costa Rica, ni Vanguardia Popular, negociaron puestos en el Consejo de Gobierno. Se quedaron con sus diputados, compartiendo listas en el Bloque de la Victoria. Mantuvieron su unidad reservándose el derecho de crítica pública si fuera necesaria.

Las Reformas Sociales y el Código de Trabajo, de 1943, junto con el Código Electoral, de 1946, y la Reforma Tributaria de 1946, fueron los ejes importantes de estos gobiernos, junto con las instituciones culturales, la Universidad de Costa Rica, 1940, las instituciones médicas y de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social, 1941, que se impulsaron en esos años, entre otras, las que sentaron las bases de la Costa Rica a partir de ese momento.

La Guerra Civil de 1948 no pudo eliminar ni neutralizar estas reformas. La Junta de Gobierno, instalada el 8 de mayo, sin entregarle el Poder a Otilio Ulate, en cuyo nombre se había levantado en armas, se vio obligada a mantenerlas. La Asamblea Constituyente, convocada por la Junta, que funcionó en 1949, mantuvo estas Reformas y las desarrolló.

Las Reformas Sociales la Junta de Gobierno, y los gobiernos sucesivos, las desarrollaron y fortalecieron institucionalmente, coincidiendo con las políticas reformistas rooseveltianas, con las políticas económicas reformistas de Keynes y de otros economistas que se impusieron en esos años, como las que derivaron del Plan Clayton al terminar la  II Guerra Mundial, en su Punto IV para América Latina, se desarrolló un importante aparato estatal costarricense, y una sólida institucionalidad pública, que hizo surgir las clases medias en el país, de manera muy poderosa.

Ese Pacto de 1943, afirmado en 1948, y consolidado en la Constituyente de 1949, sigue vigente. Lo han golpeado, los gobiernos, especialmente los que siguieron desde 1982, lo han debilitado en sus coberturas sociales, económicas y laborales, con algunas excepciones, donde se han fortalecido aspectos de esas Reformas, como en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Algunos gobiernos impulsaron unas que otras leyes reformistas. Otros desmantelaron la parte estructural bancario financiera. A la clase media la han ido debilitando. La pobreza extrema y la pobreza la han mantenido con techos de 7% y 22%, como parte de un gran negocio nacional.

El desmantelamiento institucional no lo han acabado, quienes desde el Estado mismo, desde los gobiernos, desde el aparato institucional público, conspiran constantemente contra toda la institucionalidad pública, clamando por la privatización de todas las instituciones, especialmente las que son estratégicas y de gran rentabilidad.

El Coronavirus político que se ha metido en las instituciones del Estado es el nombramiento de personas en sus Juntas Directivas, y cuadros medios, que desde esas altas trincheras, conspiran contra ellas, haciéndolas trabajar mal y deficientemente, clamando por su privatización, señalando que bajo la administración del Estado son ineficientes e ineficaces. Las llevan casi “hasta la ruina”, debilitándolas, reduciéndoles sus presupuestos, para demostrar su inutilidad. Y, como sucedió en CODESA, las instituciones que eran ineficientes, pasadas al sector privado resultaron minas de oro.

El Coronavirus ha puesto en evidencia la importancia de las instituciones públicas. Todo el sector privado, en todas sus formas y manifestaciones, se está viendo beneficiado por la presencia de las instituciones estatales que están al frente de la lucha contra la pandemia y sus manifestaciones en el país, y en apoyo del sector privado y productivo.

La salud de los costarricense en general, y de la clase trabajadora, tan importante para los sectores empresariales, está siendo bien atendida en esta tragedia internacional.

Los mecanismos sociales aún debilitados de asistencia social están dando resultados atenuadores. Los mecanismos económicos del Estado están siendo dirigidos a apoyar a los sectores empresariales, con perjuicio importante de los sectores laborales, en sus salarios, sus beneficios sociales, sus pensiones, sobre los que se quiere hacer descansar una buena parte de la solución del problema que enfrentamos. Se pide el máximo sacrificio para los sectores laborales, sin que los sectores económicamente poderosos se sacrifiquen proporcionalmente en su capacidad.

Urge en este momento atender al sector micro empresarial, a las MICROPYMES Y PYMES. Esta debe ser la atención principal de todos los sectores políticos y sociales, y de los partidos políticos.

La inmensa masa de trabajadores está en las pequeñas y medianas empresas, independientemente de si en ellas existen o no sindicatos, que tienen su concentración máxima en el sector público. Una buena parte de la población está en el sector informal de la economía, casi el 50%. Una tercera parte de la Población Económica Activa está constituida por mujeres y, de ellas poco más de la mitad son cabezas de familias, que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero. En los últimos meses habían empezado a aumentar los índices de desempleo y de las mujeres trabajadoras.

El Coronavirus debe hacer pensar a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierda en la necesidad de ponerle atención a estos sectores sociales, a los sectores micro y pequeños productivos, en defenderlos, en apoyarlos en su sobrevivencia, en hacerlos sus aliados naturales en esta tragedia nacional.

En la defensa de esos sectores está la defensa de todas las clases trabajadoras, incluida la clase media y los sectores de empleados del sector público.

La defensa de los sectores micro y pequeño empresariales tiene que darse acompañada de las luchas por la defensa de los salarios, los beneficios sociales existentes y las pensiones.

No es la lucha anticapitalista la que está en el orden del día. El coronavirus no es resultado del capitalismo. Es la lucha por la sobrevivencia decente, decorosa, digna lo que está en el orden del día, es la lucha contra la amenaza del hambre generalizada.

Es la lucha por asegurar las fuentes de trabajo de la inmensa mayoría de la población, por asegurar que los sistemas de asistencia y beneficios sociales públicos funcionen, por asegurar y fortalecer las instituciones nacionales que en este momento, y en frente de esta pandemia, están alzando la cara y poniendo el pecho por Costa Rica y por el pueblo costarricense. Es la lucha por asegurar los salarios y las pensiones de las personas, para poder dinamizar la economía.

Sindical y políticamente, con todos los grupos políticos existentes, se debe impulsar un GRAN ACUERDO NACIONAL, un NUEVO PACTO SOCIAL, 2020, como el de 1943, de este año 2020, que articule a todas las fuerzas sociales y políticas del país, alrededor de un PLAN NACIONAL DE REFORMAS, con miras al Bicentenario y la proyección de país que queremos para las próximas décadas, y para salir airosamente de la crisis ocasionada por el impacto del coronavirus, donde todos los sectores cedan lo que tengan que ceder, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, proporcionalmente a sus posibilidades. Es la oportunidad para el mismo Gobierno de articular el Gran Plan o Acuerdo Nacional del Bicentenario, y que esa conmemoración no sea nada más que una fecha a celebrar.

No se requiere para este momento el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES), creado por la Administración de Carlos Alvarado Quesada, a través del Decreto Ejecutivo No 41439-MP, a principios del año pasado.  Ese Consejo está bien para reuniones, con los sectores que lo conforman en períodos normales, para consultas y para ir lentamente fraguando y cocinando leyes, acciones políticas o soluciones.

Ahora tenemos el impacto del desempleo, del subempleo, de la reducción de jornadas, de la gente que ha perdido sus salarios e ingresos, de las personas a quienes se les han disminuido sus ingresos, de los que tienen que pagar alquileres y no tienen cómo, de los altos intereses que se cobran en todo tipo de transacciones bancarias y comerciales, de cierre de micro, pequeñas y grandes empresas. Tenemos la crisis, la paralización y eventual quiebra de los sectores pequeños y medios empresariales, principalmente. Pero, el peor de todos los impactos va a ser el del HAMBRE que va a provocar esta situación si no se le entra con tiempo a enfrentarla. El HAMBRE que va a provocar mayor inseguridad social, que va a provocar MUERTES en Costa Rica.

Tenemos, resultado de las “cuarentenas” impuestas la redefinición de “trabajos esenciales”, “trabajos importantes”, en el sector privado y público, el teletrabajo, que pueden contribuir, y van a disminuir, probablemente, la tasa de empleo y agudizar la situación social. Se está poniendo en evidencia “una innecesaria” masa trabajadora, de trabajadores de carne y hueso. Aquí no van a surgir “tele sindicatos”, “sindicatos a distancia”, “sindicatos chats”, ni “huelgas, paros y movilizaciones chats”, aunque pueda haber dirigentes “chats” … en todos los órdenes. Esto va a ser parte de la reorganización empresarial e institucional que se viene superada la pandemia…el desempleo real…

Estamos ante una emergencia y se necesitan soluciones de emergencia y extraordinarias, audaces, legislativas y de acciones de gobierno. Hay que hacer un esfuerzo nacional en este sentido. Aquí debe probarse la responsabilidad de todos los sectores y actores políticos, sociales y económicos en su compromiso por Costa Rica. El Acuerdo o Pacto Nacional hacia la Costa Rica del Bicentenario debe surgir de este momento de crisis nacional y de Unidad Nacional para superarla.

Como en 1943 necesitamos de los líderes políticos y sociales en capacidad de entender el momento que estamos viviendo y el que viene.

Sinceramente, estoy seguro que los tenemos, aunque no sea fácil reunirlos ni sentarlos en la misma mesa. Es por Costa Rica, es por todos, que tenemos que hacerlo y lograrlo, y actuar con firmeza, a la altura que se nos impone, sin temores, complejos o cálculos políticos.

Enviado a SURCOS por el autor.

¿Hacia dónde va Costa Rica?

Vamos a celebrar
La misa del amor esta mañana.
Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza.
En un filo de roca,
Sobre el vientre de un cerro,
Consagraremos la hostia de la vida
Y el vino del derecho.
Jorge Debravo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.

Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.

Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.

Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.

Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.

Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.

¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.

Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.

Imagen: UNED

FRENASS: Con la unión de la gente si podemos detener la privatización de la C.C.S.S

Comunicado de FRENASS:

Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.

La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.

Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.

Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).

Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.

Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.

¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!

Frente Nacional por la Seguridad Social -FRENASS-

Solidaridad sin privilegios en tiempos de pandemia

Carlos Campos Rojas

Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.

Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.

Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.

La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.

Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.

Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.

Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.

Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.

La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.

Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.

Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).

La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.

Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.

Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.

Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.

La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.

Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.

La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.

Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.

Educación Popular en tiempos de COVID-19

Oscar Jara H.- Presidente de CEAAL

El Contexto Latinoamericano y Caribeño desde antes de la crisis producida por la pandemia del COVID 19, estaba atravesado por una ofensiva neoliberal en distintas dimensiones (política, económica, socioambiental, cultural) que se había extendido por toda nuestra región con una fuerza inusitada en los últimos dos años: el golpe de Estado de Bolivia, el viraje del gobierno en Ecuador, la agresividad del gobierno Brasileño, el creciente bloqueo a Cuba y Venezuela y el resultado de las recientes elecciones en Uruguay reflejan las dinámicas de polarización que se gestan en este marco junto con las crisis abiertas y movilizaciones populares en Haití, Ecuador, Chile y Colombia, la caravana de migrantes centroamericanos, o la derrota del partido Cambiemos en Argentina. Estos y otros factores como el creciente número de dirigentes sociales y ambientales asesinados especialmente en Colombia, aunque también en otros países como Costa Rica, visibilizan la magnitud de esta ofensiva y la polarización que ella produce con respecto a propuestas y movimientos progresistas.

En estas circunstancias, llega la crisis producida por la pandemia del Corona-virus, actualmente en proceso de crecimiento con consecuencias imprevisibles para nuestra región y para nuestro planeta. El análisis de su impacto en las relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de nuestras sociedades deberá ser un eje central de nuestra acción en los meses venideros.

Por eso, en este contexto se ha hecho aún más necesario disputar desde la Educación Popular el modelo de sociedad al que aspiramos desde una ética del cuidado de la vida y en políticas en beneficio de las mayorías. Retomar, resignificar y recrear la dimensión profunda del sentido de nuestras prácticas y procesos organizativos en función de otro modelo civilizatorio que reemplace al actual modelo cuya crisis se agudiza con esta pandemia. Ante este contexto y las circunstancias que vivimos actualmente en el inicio del año 2020, podemos identificar algunos desafíos presentes para nuestros procesos:

  • Comprender el impacto que tiene y tendrá la pandemia Covid-19 en todo el marco de relaciones de nuestras sociedades, identificando cómo las políticas de privatización (en especial de los servicios de salud) afectan las capacidades de respuesta a una emergencia sanitaria de esta magnitud, así como la necesidad de repensar y redefinir otras relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales basadas en otra ética, en otro sentido de la vida (pensar en nuestras sociedades post coronavirus y actuar para conseguirlas).
  • Comprender críticamente al neoliberalismo, desnudado por la pandemia, en su dimensión simbólica y cultural como productor de subjetividades y en su capacidad colonizadora de sentidos a partir de una racionalidad individualista, competitiva y consumista, para construir otra visión del mundo, otra ética y otras subjetividades desde propuestas políticas y acciones solidarias y colectivas centradas en el bien común.
  • Analizar críticamente los modelos de intervención ante la pandemia, utilizados por los distintos regímenes latinoamericanos y sus resultados. Identificar el papel de las políticas públicas ante estas situaciones de vulnerabilidad, así como los impactos diferenciados que esta situación provoca y las estrategias que pueden evitar una profundización de la desigualdad que ya afecta de manera más grave a sectores como las mujeres, personas trans, pueblos indígenas y comunidades campesinas, personas migrantes, iniciativas productivas desde la economía informal, etc.
  • Identificar, promover, sistematizar y visibilizar prácticas alternativas de solidaridad, intercambio desinteresado, ayuda mutua y participación social generadas durante esta crisis, para poder proyectarlas como prácticas democráticas y democratizadoras que se llevan a cabo desde otros paradigmas que el actualmente hegemónico basado en el mercado, las salidas individuales y el lucro.
  • Caracterizar las distintas formas de ejercicio de poder que se enfrentan a las lógicas del neoliberalismo y del autoritarismo que utiliza formalidades democráticas, reflexionando sobre las nuevas formas de construcción de procesos organizativos, de resistencia y de re-existencia con la participación de nuevos actores sociales y políticos.
  • Impulsar acciones y propuestas de descolonización y despatriarcalización de las formas de concebir y organizar las relaciones sociales y económicas, generando otros espacios y criterios de acción basados en la lógica del Buen Vivir, la Economía Social y Solidaria, y el cuidado mutuo y de la naturaleza de la que formamos parte.

Estamos viviendo un cambio de época que puede constituir una oportunidad para que –desde los procesos de educación y participación popular- impulsemos con mayor fuerza el desmonte de las lógicas y patrones culturales capitalistas, patriarcales, extractivistas, individualistas, racistas y coloniales y que desde las prácticas solidarias podamos construir espacios, propuestas, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra manera de vivir. El CEAAL asume este desafío de ser movimiento transformador con decisión y compromiso, pero también con humildad, sabiendo que sólo será posible si ampliamos nuestro campo de alianzas, articulaciones y vínculos con otros movimientos, organizaciones y sectores sociales, siendo parte activa de un movimiento mucho más amplio y convergente de transformación.

(Editorial de La Carta del CEAAL # 613, 8 abril 2020: http://ceaal.org/v3/carta613/)

COVID-19 Emergencia: Prioridades y perspectivas de la ISP

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)

a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.

La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.

La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.

Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.

Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos

En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:

1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.

2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.

3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.

4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.

5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.

6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.

7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.

8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.

Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.

Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:

1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.

3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.

4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.

5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.

6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.

7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.

8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.

A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.

Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.

No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.

Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.

No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.

Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.

Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.

Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.
Fuente: https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia—prioridades-y-perspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=es