Vamos a celebrar La misa del amor esta mañana. Haremos una hostia, con masa de maíz, harina y esperanza. En un filo de roca, Sobre el vientre de un cerro, Consagraremos la hostia de la vida Y el vino del derecho. Jorge Debravo.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
La oligarquía empresarial y financiera ha sacado sus sables para blandirlos con fuerza contra los trabajadores del sector público. Realmente, sus desmanes resultan repugnantes y desenfrenados. Se ha envalentonado por su poder extralimitado, conferido por los gobiernos de turno.
Apelar a estas armas innobles, también, la delata en su debilidad ética para encarar situaciones adversas, que demandan, por parte de toda la ciudadanía costarricense, patriotismo, sensibilidad humana y solidaridad.
Es una oligarquía que se ha venido despatriando porque ha traicionado valores fundamentales de una patria solidaria y amiga. Ha endeudado al país porque no ha pagado debidamente los impuestos. Ha estafado a los bancos del Estado. Ha atacado con saña a los empleados y pensionados del sector público, exhibiéndolos como responsables de la crisis fiscal, de la que ella y sola ella es la principal y verdadera responsable. Y ahora, pretende dictarle medidas leoninas para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Vive en otro mundo, y su ceguera es total. El poder extralimitado la ha segado al punto de pensar que puede eximirse de contribuir solidariamente, quizá porque sigue pensando que sus riquezas son el fruto de su esfuerzo y capacidad, desconociendo el aporte de sus trabajadores –la mayoría mal pagados– y el soporte que le brinda la institucionalidad social pública -esa que buscan desmantelar para privatizarla-, sin los cuales se moriría de hambre.
Este pueblo se está cansando de que lo trate como ignorante y pordiosero. Ya no puede seguirle mintiendo, declarando cero ganancias mientras acumula riquezas en paraísos fiscales. Y pretende que le crean el cuento de que los privilegiados son los empleados del sector público, que hoy se parten el alma por sacar adelante al país de esta pandemia, dando lo mejor de sí con generosidad solidaria, precisamente, lo que esta oligarquía no tiene.
Tales comportamientos, son producto de su ambición ilimitada de poder; aspira a tener todos los poderes. Y como hay poderes que no puede comprar, como el de los intelectuales dignos, entonces los ataca y desprestigia; como no tiene el poder de la humildad, entonces busca ganarse el favor de los pobres con las migajas que le tira de su mesa, es decir, los humilla; y como no tiene la delicadeza y la sabiduría de los maestros, entonces los persigue y los degrada.
Pero toda su vanidad se diluye como la neblina. ¡Vanidad de vanidades, todos es vanidad!, dice el sabio escritor del Eclesiastés, en tiempos muy parecidos a los nuestros donde la dinastía tolomea celebraba el auge tecnológico, comercial y cultural del imperio griego-macedonio. La palabra que se traduce como vanidad, en este texto, corresponde más propiamente a palabras más triviales como “cochinada”, “porquería” o “mierda” (Tamez, Elsa. Cuando los horizontes se cierran. pp.15-21). Y en su “vanidad”, esta oligarquía no perdurará. Como la pandemia del coronavirus, dejará muchas víctimas en el camino, pero las mayorías sobrevivirán.
¿Hacia dónde va Costa Rica? Hacia un Estado Social de Derecho del Siglo XXI, más fortalecido que nunca en su historia. Será la nueva gesta victoriosa de mujeres y hombres libres que, así como se sacudieron la bota filibustera en 1856, se sacudirán de esta oligarquía que ha pretendido doblegarlos, empobreciéndolos y ofreciéndoles falsas promesas de reactivación económica.
Todavía hay reservas suficientes de dignidad en este pueblo valeroso y solidario, que vencerá a ambas pandemias: la del coronavirus y la oligárquica.
Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.
La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.
Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.
Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).
Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.
Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.
¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!
Son momentos de incuestionable unión y de esfuerzos conjuntos. De la mano, así tenemos que salir de este desafío que nos impuso el Covid 19.
Es inaceptable que la mafia política se aproveche de la situación, para enriquecerse más.
Hemos recuperado la solidaridad que habíamos perdido por los desvaríos de una sociedad de consumo, que consideraba moral y correcto, pisotear al “otro”, para lograr sus privilegios y su estatus.
La economía globalizada tenía su soporte en el consumo irracional, irresponsable e inescrupuloso. Se consideraba el consumismo como el centro del desarrollo y la forma de demostrar la integración a las nuevas tendencias posmodernistas de hacer política y establecer modelos de gobernanza, que profundizaban la dominación a la que habíamos estado sometidos.
Este gobierno sabía al asumir su mandato, que se enfrentaba en su trabajo a un terrible legado de las administraciones que, después del gobierno de Rodrigo Carazo, tuvieron como norte destruir nuestro estado de bienestar por uno presuntamente más moderno, más acorde a la privatización y a la negación del ejercicio de los derechos políticos de la persona ciudadana. Entregaron nuestra riqueza, como si fueran bienes de difunto a banqueros privados, alquiladores de edificios, prestatarios de servicios, etc., que aparecieron sin percatarnos, para hacerse del botín, como una gollería.
Pasamos a ser el país más desigual de América, porque la riqueza se concentró en muy pocas manos. Se imponía que era más importante el bienestar del individuo, aunque fuera pisoteando la espalda de los demás.
Así, entre las múltiples herencias aportadas por esa vieja mafia política que asumió el mando en la oscuridad, está la Concesión de la Ruta 27. Uno de los contratos más leoninos a los que nos ha condenado un gobierno.
Oscar Arias, lleno de malinchismo y sin ningún amor por nuestra patria –entre muchos de sus actos-, nos encadenó a enriquecer una empresa extranjera, a través de una concesión que demostró que el artilugio legal, servía para legitimar el saqueo de la riqueza que nos ha pertenecido.
La Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Nº 7762, aprobada el 22 de mayo de 1998, fue el instrumento para que una legalidad viciada, finalizara un proceso de años de irresponsabilidad estatal. En el mejor de los casos tuvimos que pagar $3 millones por comisiones al BID, por créditos que no se usaron y así se puso al desnudo la cultura de corrupción y de impunidad que se consolidaba.
Hoy todos debemos ser solidarios, la ciudadanía saca para ayudar al prójimo, incluso de donde no tiene y estamos dispuestos a correr al llamado del gobierno. Los ticos, somos solidarios porque no han podido arrebatarnos todas nuestras raíces, eso nos tiene con esperanza de salir adelante en estos momentos difíciles.
Resulta que ese leonino convenio de la Ruta 27 y las posteriores Adendas, dejaron establecida la obligación del gobierno –o sea el pueblo costarricense- de pagarle a la empresa Concesionaria Autopistas del Sol (c.c. Globalvía Ruta 27), los ingresos que la empresa no obtuviera, si por los peajes no pasan, los vehículos suficientes para cubrir los costos y obtener las ganancias que –en el gobierno de Arias- se le prometieron a la empresa extranjera, calculados con el Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos (CPI-U).
La Ruta 27 está desierta porque en estos momentos todos debemos estar en casa. Es la orden gubernamental para no ser castigados por el Covid 19 y ésa debe ser la responsabilidad ciudadana.
Debemos saber de manera transparente, si para cumplirle a la Concesionaria, hay que arrebatarle en esta emergencia a las personas desempleadas y en alta vulnerabilidad social, la plata para comprar alimentos, que, con mucho esfuerzo, hemos aportado con nuestros impuestos para ellos.
Aunque el contrato tiene una cláusula de Caso Fortuito, está más relacionada con los aspectos de construcción de la carretera y referidos desde luego a eximir a la empresa de cualquier responsabilidad.
Que sepa el gobierno que en estos momentos la probidad y la transparencia son la prioridad del país. Que cuenta con la ciudadanía como respaldo, ante los desafueros y la ignominia que una mafia política organizó, con una legalidad espuria.
La Concesionaria Autopistas del Sol ha estado en silencio, todavía no sabemos cuándo se dará por satisfecha y nos devolverá lo que nos pertenece. Para defenderla sobran los corsarios del derecho y la justicia.
Ya algunas empresas han manifestado que demostrarán en estos momentos, su solidaridad y responsabilidad social con el país.
La solidaridad debe ser de todos los que convivimos en esta patria, la ciudadanía ya ha puesto su parte.
Ahora le toca demostrarlo, sobre todo, a ese tipo de empresas que se enriquecen con lo que nos pertenece.
El Contexto Latinoamericano y Caribeño desde antes de la crisis producida por la pandemia del COVID 19, estaba atravesado por una ofensiva neoliberal en distintas dimensiones (política, económica, socioambiental, cultural) que se había extendido por toda nuestra región con una fuerza inusitada en los últimos dos años: el golpe de Estado de Bolivia, el viraje del gobierno en Ecuador, la agresividad del gobierno Brasileño, el creciente bloqueo a Cuba y Venezuela y el resultado de las recientes elecciones en Uruguay reflejan las dinámicas de polarización que se gestan en este marco junto con las crisis abiertas y movilizaciones populares en Haití, Ecuador, Chile y Colombia, la caravana de migrantes centroamericanos, o la derrota del partido Cambiemos en Argentina. Estos y otros factores como el creciente número de dirigentes sociales y ambientales asesinados especialmente en Colombia, aunque también en otros países como Costa Rica, visibilizan la magnitud de esta ofensiva y la polarización que ella produce con respecto a propuestas y movimientos progresistas.
En estas circunstancias, llega la crisis producida por la pandemia del Corona-virus, actualmente en proceso de crecimiento con consecuencias imprevisibles para nuestra región y para nuestro planeta. El análisis de su impacto en las relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de nuestras sociedades deberá ser un eje central de nuestra acción en los meses venideros.
Por eso, en este contexto se ha hecho aún más necesario disputar desde la Educación Popular el modelo de sociedad al que aspiramos desde una ética del cuidado de la vida y en políticas en beneficio de las mayorías. Retomar, resignificar y recrear la dimensión profunda del sentido de nuestras prácticas y procesos organizativos en función de otro modelo civilizatorio que reemplace al actual modelo cuya crisis se agudiza con esta pandemia. Ante este contexto y las circunstancias que vivimos actualmente en el inicio del año 2020, podemos identificar algunos desafíos presentes para nuestros procesos:
Comprender el impacto que tiene y tendrá la pandemia Covid-19 en todo el marco de relaciones de nuestras sociedades, identificando cómo las políticas de privatización (en especial de los servicios de salud) afectan las capacidades de respuesta a una emergencia sanitaria de esta magnitud, así como la necesidad de repensar y redefinir otras relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales basadas en otra ética, en otro sentido de la vida (pensar en nuestras sociedades post coronavirus y actuar para conseguirlas).
Comprender críticamente al neoliberalismo, desnudado por la pandemia, en su dimensión simbólica y cultural como productor de subjetividades y en su capacidad colonizadora de sentidos a partir de una racionalidad individualista, competitiva y consumista, para construir otra visión del mundo, otra ética y otras subjetividades desde propuestas políticas y acciones solidarias y colectivas centradas en el bien común.
Analizar críticamente los modelos de intervención ante la pandemia, utilizados por los distintos regímenes latinoamericanos y sus resultados. Identificar el papel de las políticas públicas ante estas situaciones de vulnerabilidad, así como los impactos diferenciados que esta situación provoca y las estrategias que pueden evitar una profundización de la desigualdad que ya afecta de manera más grave a sectores como las mujeres, personas trans, pueblos indígenas y comunidades campesinas, personas migrantes, iniciativas productivas desde la economía informal, etc.
Identificar, promover, sistematizar y visibilizar prácticas alternativas de solidaridad, intercambio desinteresado, ayuda mutua y participación social generadas durante esta crisis, para poder proyectarlas como prácticas democráticas y democratizadoras que se llevan a cabo desde otros paradigmas que el actualmente hegemónico basado en el mercado, las salidas individuales y el lucro.
Caracterizar las distintas formas de ejercicio de poder que se enfrentan a las lógicas del neoliberalismo y del autoritarismo que utiliza formalidades democráticas, reflexionando sobre las nuevas formas de construcción de procesos organizativos, de resistencia y de re-existencia con la participación de nuevos actores sociales y políticos.
Impulsar acciones y propuestas de descolonización y despatriarcalización de las formas de concebir y organizar las relaciones sociales y económicas, generando otros espacios y criterios de acción basados en la lógica del Buen Vivir, la Economía Social y Solidaria, y el cuidado mutuo y de la naturaleza de la que formamos parte.
Estamos viviendo un cambio de época que puede constituir una oportunidad para que –desde los procesos de educación y participación popular- impulsemos con mayor fuerza el desmonte de las lógicas y patrones culturales capitalistas, patriarcales, extractivistas, individualistas, racistas y coloniales y que desde las prácticas solidarias podamos construir espacios, propuestas, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra manera de vivir. El CEAAL asume este desafío de ser movimiento transformador con decisión y compromiso, pero también con humildad, sabiendo que sólo será posible si ampliamos nuestro campo de alianzas, articulaciones y vínculos con otros movimientos, organizaciones y sectores sociales, siendo parte activa de un movimiento mucho más amplio y convergente de transformación.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
La ISP constata que el momento que vivimos requiere que todo el movimiento sindical se centre en dos frentes: un conjunto de acciones de emergencia inmediatas y específicas y una respuesta económica (compuesta por 8 puntos cada una)
a ISP se enfrenta a la crisis más grave que sus miembros han confrontado. Lxs trabajadorxs de la salud representan alrededor del 12% de la población infectada en todo el mundo, y el número de muertes es intolerable.
La falta de preparación de los sistemas de salud, incluida la escasez de personal, las agotadoras jornadas de trabajo y la falta de equipo de protección personal (PPE) están exponiendo a lxs trabajadorxs de la salud a peligros mortales que también socavan la capacidad de los sistemas de salud para responder a la emergencia.
La escasez crónica de ventiladores, camas en la UCI, camas de reanimación, equipos de pruebas, laboratorios y biólogos está impidiendo las posibilidades de salvar vidas y empeorará las ya peligrosas condiciones de trabajo del personal sanitario.
Además, los años de privatización de los establecimientos de salud han ejercido una presión aún mayor sobre los sistemas de salud pública, hasta que (algunos) gobiernos decidieron obligar a los proveedores privados a unirse a los hospitales públicos en su respuesta a la emergencia.
Rosa Pavanelli, secretaria general Internacional de Servicios Públicos
En este momento, el movimiento sindical debe centrarse en la respuesta inmediata a la emergencia:
1. Utilizar todos los medios para proporcionar EPP a todxs lxs trabajadorxs expuestxs a un alto riesgo de contagio (atención sanitaria, cuidado de ancianos, atención domiciliaria, transporte, ambulancia, policía, bomberxs, prisiones y centros de detención, incluidos los campamentos de refugiadxs y de migrantes, dependientes y cajerxs, trabajadorxs de la producción esencial, etc.). Para lograr esto, los sindicatos deben pedir a los gobiernos que soliciten a las fábricas locales para que conviertan su actividad a la producción de estos bienes. La requisa también debe aplicarse a la producción de ventiladores, equipos de prueba y todos los equipos y dispositivos necesarios para que el sector de la salud pueda trabajar de manera eficiente.
2. Aumentar el número de camas en la UCI. Esto significa que debemos pedir a los gobiernos que requisen los hospitales y clínicas privadas para responder a las necesidades de la población.
3. Contratar, capacitar y equipar a enfermerxs y médicxs para aliviar la carga de trabajo del personal hospitalario actual y reducir el riesgo de contagio.
4. Suspender las patentes de los medicamentos que resulten necesarios para el tratamiento de COVID 19. Crear un consorcio/agencia a nivel mundial, bajo la OMS, para coordinar la investigación de una vacuna y evitar la explotación comercial.
5. Imponer el cierre de todas las actividades de fabricación y comerciales no esenciales.
6. Pedir a los gobiernos que apoyen a lxs trabajadorxs y los ingresos familiares, incluidos lxs trabajadorxs informales de todo tipo, y que garanticen licencias remuneradas. Del mismo modo, prestar apoyo para el cuidado de los niñxs a todxs lxs trabajadorxs que deban seguir trabajando. En la ISP creemos que debe haber una respuesta colectiva de los estados a una emergencia mundial con la inyección de recursos para apoyar los ingresos familiares y de las pequeñas empresas, y que el sector privado debe contribuir de acuerdo con las directrices del gobierno.
7. Comprometerse con los organismos gubernamentales de desarrollo y las IFI para garantizar la inyección de recursos adecuados, sin condicionalidades, para apoyar la emergencia en los países en desarrollo, incluido el suministro a todxs de agua limpia y jabón para el lavado de manos.
8. Instar a la comunidad internacional a que proporcione una solución urgente, inclusiva y basada en los derechos a lxs migrantes detenidxs, lxs que están atrapadxs en las fronteras y lxs refugiadxs, lxs solicitantes de asilo, lxs migrantes y las personas desplazadas que viven en campamentos. Además de la situación humanitaria y de derechos humanos, que nos preocupa como sindicatos, existe el alto riesgo de que la concentración de miles de personas en zonas restringidas sin acceso a servicios de atención de la salud y a agua potable y saneamiento se convierta en una catástrofe de salud pública de una magnitud inimaginable.
Es necesario tomar medidas para hacer frente a los problemas derivados de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La situación se ha visto agravada por la falta de preparación y por los cambios en el sistema económico mundial en los últimos 30 años. La profunda conmoción económica resultante puede crear muchas dificultades para lxs trabajadorxs y marcar el comienzo de otro ciclo de austeridad. Debemos prepararnos ahora para dar forma a la respuesta económica.
Este será el momento de decir que hay una emergencia mundial que necesita ser financiada, y que deben adoptarse medidas rápidas y radicales si queremos evitar la paralizante austeridad, la dislocación social y el extremismo político de derechas que siguió a la crisis financiera mundial. Lxs trabajadorxs ya están haciendo sacrificios y las pequeñas empresas también están sufriendo: es hora de que quienes se han beneficiado del sistema paguen ahora y contribuyan inmediatamente para reparar el daño que han hecho. Entre las cuestiones que deben abordarse podrían figurar las siguientes:
1. El alivio y la reestructuración de la deuda para las economías más vulnerables, de manera que no se vean obligadas a enfrentarse a crisis monetarias y de reembolso al mismo tiempo que tratan de hacer frente a la crisis sanitaria y económica.
2. Cambios en el sistema mundial de rescate de la deuda para garantizar que pueda producirse una reestructuración ordenada de la deuda, cuando sea necesario, que comparta la carga entre los acreedores y los deudores y no socave el crecimiento económico ni exacerbe las crisis sociales.
3. Eliminar los topes legislativos de deuda y gastos, como ocurre en Europa y el Brasil.
4. Exigir que los préstamos concedidos a los países (del Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo o los acreedores privados) no contengan condicionalidades como la liberalización del mercado laboral, la privatización o las desgravaciones fiscales para los más ricos.
5. Implementar impuestos sobre la riqueza para asegurar que aquellos que han almacenado riqueza en el período previo a la crisis ahora contribuyan.
6. Aumentar los tipos de los impuestos de sociedades al 50% para los que obtengan beneficios excesivos, es decir, por encima del 5%. En un momento en el que las empresas están fracasando, los servicios públicos no tienen fondos suficientes y lxs trabajadorxs están haciendo sacrificios, las empresas que están obteniendo beneficios excesivos tienen la obligación moral y económica de contribuir a la recuperación. A diferencia de otros impuestos o gravámenes, un impuesto sobre el exceso de beneficios no puede hacer más vulnerables a las empresas en dificultades, ya que sólo se aplica sobre los beneficios ya generados, y a niveles excesivos. Las empresas en dificultades no pagarían más impuestos, pero se beneficiarían del estímulo fiscal proporcionado al garantizar que los beneficios excesivos se reorienten inmediatamente al estímulo fiscal.
7. Introducir inmediatamente un impuesto sobre los servicios digitales para que las empresas de tecnología que han obtenido beneficios masivos, que antes evitaban los impuestos y que almacenaban dinero en efectivo en paraísos fiscales (y que ahora obtienen aún más beneficios debido al confinamiento, es decir, Netflix, Amazon, etc.) paguen su parte justa de inmediato. Muchos países querían introducir esos impuestos, pero se les convenció de que esperaran a los resultados del proceso BEPS de la OCDE. El proceso BEPS no es ahora capaz de proporcionar una propuesta creíble, y ciertamente no en el plazo requerido para una reparación fiscal urgente. Se debería instar a todos los países a que los introduzcan inmediatamente como instrumento de recaudación de ingresos.
8. No se deberían tomar medidas de rescate financiero a ninguna empresa que no proporcione un CBCR público (informe país por país), ni a ninguna que opere a través de paraísos fiscales. La respuesta a la crisis financiera mundial y los recientes regalos fiscales en los EE.UU. muestran que sin estas medidas muchas empresas redirigirán estos beneficios a los accionistas, directores y gerentes y no los utilizarán para proteger el empleo y las condiciones de los empleados.
A largo plazo es necesario repensar profundamente el sistema económico mundial, incluyendo el sistema de producción y el papel de las cadenas de suministro mundiales, que fracasaron en esta crisis. También deberíamos reconsiderar el papel del gobierno en las políticas industriales, incluida la necesidad de producir internamente bienes que son esenciales para garantizar el interés y el bienestar públicos. Es fundamental reconsiderar el papel de los servicios públicos e invertir en los sistemas de salud pública, la educación pública, el agua potable, el saneamiento y la protección social. Esto significará defender el argumento de que el actual sistema de gobernanza financiera y el poder desmesurado de las empresas multinacionales deben terminar.
Por eso creemos que debemos cambiar el discurso ahora mismo.
No queremos que lxs trabajadorxs de la salud que salvan vidas sean llamadxs héroes. ¡No son héroes! Son profesionales que reclaman y merecen respeto, dignidad, el derecho a ser protegidxs y el reconocimiento de salarios y condiciones de trabajo decentes.
Queremos dejar claro de una vez por todas quiénes son los que se benefician y cómo deben cambiarse las reglas del juego si queremos evitar desastres en el futuro y si queremos trabajar realmente por un mundo mejor y más justo para todxs.
No entender esto bajo estas circunstancias no es sólo un error, es irresponsable. Ya perdimos la oportunidad en 2008. No podemos perderla esta vez.
Como dijo el Papa Francisco, «pensamos que podíamos estar seguros en un mundo enfermo». La crisis mundial generada por COVID-19 demuestra que no estamos ni podemos estar seguros en un planeta enfermo.
Debemos reflejar las numerosas políticas que los gobiernos se ven obligados a adoptar ahora para ayudarnos a hacer frente a la crisis climática. Un enfoque estrecho en el empleo y la transición impulsada por las empresas seguramente condenará a la humanidad a una crisis sistémica y al fracaso del sistema.
Nadie puede afirmar ahora que los cambios rápidos en las políticas son imposibles o que las crisis futuras pueden ser mejor tratadas por los mercados. Pero la gente puede ignorar las advertencias y volver a los negocios como de costumbre. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto no suceda. Es asegurarnos de que el sufrimiento actual no sea en vano y utilizar las advertencias que ahora tenemos para convencer a la gente de que debemos construir una nueva economía radical y desarrollar políticas que pongan a las personas y al planeta por encima del lucro.
Vivimos tiempos difíciles, de eso no nos queda la más mínima duda, pero eso no es producto del Coronavirus. Es cierto que la pandemia cambiará nuestras vidas y la forma en que vemos el mundo y al propio planeta, pero no todos cambiarán su forma de pensar, lo han demostrado ayer, lo han demostrado hoy y lo demostrarán mañana.
Desde hace más de tres décadas hemos venido viviendo tiempos muy violentos -me refiero a las y los ciudadanos costarricenses-, hemos venido experimentando violencia económica, violencia mediática, violencia judicial, violencia legislativa, entre otras, impulsada por una camarilla político empresarial que no representa más allá del 0,1 % de la población de Costa Rica, pero cuyas componendas político-jurídicas y económicas tienen a la democracia costarricense al borde del abismo.
La democracia y el neoliberalismo (mercado salvaje y privatización a ultranza) son irreconciliables. La democracia para poder existir requiere de una institucionalidad fuerte, vigorosa, equilibrada. La democracia es una forma de organización social, una forma de existencia en sociedad en la que se establece un pacto, y en la medida en que ese pacto se rompe y se violenta, la democracia pierde validez, y al perderla deja el terreno fértil para el caos y un tipo de anarquía en la que peligrosamente la ley del más fuerte se hará patente de la forma más brutal.
La democracia pierde sentido y valor cuando sus representantes pierden legitimidad y en Costa Rica eso ha venido sucediendo desafortunadamente. Montesquieu lo planteaba claramente, la democracia es sana, en la medida en que existe clara delimitación entre los poderes de una República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), pero cuando esas líneas se hacen borrosas, entonces nos enfrentamos a una crisis democrática de grandes proporciones.
Costa Rica vive un momento turbio, oscuro y siniestro en el que una mafia político-empresarial -que repito, no representa más allá del 0,1 % de la población del país- ha cooptado todas las instituciones públicas del país, pisoteando la Constitución Política de la nación y sobre todo violentando los derechos del pueblo soberano que le da contenido a la democracia misma. Alexis de Tocqueville hablaba del retroceso de la política, y por ende de la democracia, frente a formas blandas de tiranía, y no crean compatriotas que sólo existe la tiranía por dominación militar, también existe la tiranía del capital, la que es capaz de llevar a un pueblo a la miseria y pedir su inmolación en el gran altar del mercado.
Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. La culpa no es del ciudadano presidente Carlos Alvarado, podríamos pensar que su incapacidad nos ha llevado por ese despeñadero, pero NO, él es simplemente un palurdo ambicioso al que lo sedujo la posibilidad de ser presidente y a quien sentaron los dueños del poder en Costa Rica, como lo hicieron con Johnny Araya -recuerdan esa imagen- cuando le pidieron que renunciara a la campaña contra Luis Guillermo Solís. Mi hipótesis es que a Carlos Alvarado, el gran capital le ofreció ser presidente a cambio de que entregara las riendas del estado costarricense; de ahí el despliegue de una poderosa campaña de los medios y las redes sociales -durante la segunda ronda electoral- con el apoyo de acérrimos enemigos como los periódicos La Nación o CrHoy.
En virtud de ese acuerdo no es casual su llamado a formar un gobierno de unidad, que en realidad era un gobierno en que se nombrarían las principales fichas de la mafia político-empresarial para orientar el destino del país hacia la liberalización económica total y la privatización de los principales activos del estado (RECOPE, FANAL, INS, CCSS). Es así como se completa el proceso de apropiación y distribución de las jerarquías de las principales instituciones estatales (juntas directivas, presidencias ejecutivas, ministerios, presidencias y gerencias de Bancos estatales, entes Contralores, Fiscalía General de la República) la lista es enorme, de forma tal que como como una hiedra expandieron su poder por cada uno de los resquicios institucionales y para culminar su esfuerzo crearon entidades de poder y decisión político-económico, que aunque están adscritas al estado, en realidad son dirigidas por el gran capital para favorecer su apetito voraz. Es así como surge el CONASIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional) y se crearon sus hijos putativos, las superintendencias: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Superintendencia General de Seguros (SUGESE); Superintendencia General de Valores (SUGEVAL); la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Todas orientadas por el gran capital empresarial que ha venido destruyendo las instituciones públicas y ha creado una cancha demarcada bajo los intereses y requerimientos privados.
¿No les parece curioso conciudadanos y conciudadanas que Tomás Soley, Superintendente de Seguros, órgano adscrito al Banco Central, en lugar de defender el proyecto impulsado por el gobierno para eliminar temporalmente un impuesto al INS para que parte de los recursos del INS pasen a un fondo que permita paliar la pandemia del Coronovirus, defienda a capa y espada el mercado privado de valores, y advierta al presidente y a los diputados de lo peligroso de distorsionar el mercado de seguros? Dicho de otra manera el señor Soley, siendo empleado público que probablemente goza de 9,5 millones de salario, se ha opuesto a una acción de salvamento solidario de aquellos costarricenses que se verán afectados por el recorte de empleos o la reducción de sus jornadas ¿Para quién trabaja el señor Soley?, la pregunta es una perogrullada, la respuesta ya ustedes la conocen y es muy obvia.
De igual manera hace pocos días recibimos la triste noticia de que Rocío Aguilar, flamante representante de la Junta Directiva de Aldesa, ex Contralora General de la República y ex Ministra de Hacienda, asume las riendas de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Sí usted costarricense que ha ahorrado durante toda su vida, para luego recoger unos dineros que son de su propiedad, le comento que la señora Aguilar ha sido puesta ahí porque los buitres del gran capital le tienen la mira puesta a sus fondos, e igual que hicieron las AFP en Chile, -el modelo que hemos seguido en diferentes campos de la vida económica- seguirán desarrollando estrategias para apropiarse de los fondos privados de los trabajadores.
Conciudadanos y conciudadanas, no podemos pasar inadvertidos los movimientos que realiza la mafia político-empresarial todos los días, mientras mueren personas por el COVID 19, la mafia político-empresarial que tiene como grupo de choque a la Unión de Cámaras Empresariales, sigue impulsando su agenda. La cooptación de los espacios de poder ha sido casi completa, lo vemos en la Asamblea Legislativa con figuras como Pedro Muñoz del PUSC, Carlos Ricardo Benavides del PLN, y diputados de diferentes fracciones al servicio de los proyectos que la UCCAEP presenta, o bien lo vemos en la Contraloría General de la República, entidad que ha venido violentando la Constitución, de alguna manera, pues se convierte en juez y parte, casi actuando en función ejecutiva y sobrepasando las facultades que la Carta Magna le confiere.
Si del ejecutivo se trata, basta comprender que el presidente del Banco Central es un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y que precisamente ha sido él quien se ha opuesto a la baja de las tasas de usura y casi todas sus decisiones están dirigidas a favorecer a la banca privada y a las grandes empresas, y el ministro de Hacienda ex funcionario del Banco Mundial, cuyas actuaciones cuestionables apenas comenzamos a digerir con su impuesto solidario. Finalmente, qué decir de la Fiscalía General de la Republica, la que al parecer ha dejado que el tiempo y la modorra transcurra para que venzan las causas por estafa y asalto de la hacienda pública en casos como los de: Juan Carlos Bolaños y el Cementazo, Hidrotárcoles, Asebanacio, Samuel Yankelewitz, entre otras.
“Desde FRENASS denunciamos las intenciones que tiene la Junta Directiva de la CCSS, al pretender que, en la sesión del jueves 02 de abril, se tomen decisiones de gran trascendencia e interés para todos los costarricenses, en relación con la propuesta sobre la reforma al Reglamento de Contratación de Compras a Terceros. Esto se quiere hacer SIN QUE EXISTA la debida discusión sobre este tema, de forma AMPLIA E INFORMADA con todos los sectores de la sociedad costarricense, como fue solicitado formalmente por FRENASS.
Como organización vigilante de la defensa de la CCSS, consideramos que la posible aprobación de este punto de agenda, tienen como objetivo abrir la puerta de par en par para la privatización de CCSS.
Es inaceptable que aprovechando la cuarentena y el aislamiento social por la emergencia del COVID-19, se evada la posibilidad de realizar una discusión responsable con todos los sectores de la sociedad costarricense, dónde se pueda decidir de forma trasparente lo mejor para la CCSS con respecto a estas modificaciones, que inevitablemente producirían afectaciones a futuro.
Por todos los hechos anteriores, informamos a los medios de comunicación y la sociedad costarricense sobre la nota realizada por FRENASS, la cual fue analizada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 30° de la sesión N°9085, celebrada el 12 de marzo, que literalmente dice:
“ARTÍCULO 30°: Se conoce oficio 321278, del 05 de marzo del 2020, suscrito por varios miembros del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Rechazo a reforma del reglamento de contratación a terceros. El citado oficio se resume así: Se refieren a la actual pretensión de reformar el Reglamento de Contratación de Servicios de Salud a terceros, para favorecer los servicios básicos de salud en manos privadas, nacionales o internacionales, lo cual rechazan. Solicitan a la Junta Directiva audiencia, para ampliar criterios y puntos de vista”.
Lo que aprobó esa Junta Directiva fue “y la Junta Directiva ACUERDA trasladar a la Gerencia de Logística para su atención y posterior presentación a la Junta Directiva.”
Para el FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL (FRENASS), en la respuesta dada por la Junta Directiva, NO HAY GARANTÍA de que las actuales contrataciones con terceros permanezcan tal y como se conocen. Además, PROMUEVEN LA IMPUNIDAD de los funcionarios negligentes para que se favorezca la tercerización, externalización y en última instancia la PRIVATIZACIÓN DE LA CCSS.
LAS CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE APROBACIÓN
1- Se promueve la tercerización y externalización de los servicios de salud, PRIVATIZÁNDOLOS POCO A POCO. Esto, porque pasarían a manos de empresas privadas nacionales e internacionales.
2- Se excluye al Estado, a los trabajadores y a los patronos representados en la Junta Directiva, a decidir sobre el rumbo de la CCSS.
3- Limita la facultad de control de la Junta Directiva para garantizar que los fondos y las reservas de los seguros sociales no sean transferidos o empleados en FINALIDADES DISTINTAS a las que motivaron su creación.
4- Las contrataciones de servicios de salud se realizarán por medio de la Ley de Contratación Administrativa, LO QUE PROVOCARÍA la participación y o adjudicación a empresas privadas nacionales y trasnacionales de nuestro servicio de salud conforme el TLC y la Ley de Contratación Administrativa.
¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE DECIDIRÁN SOBRE LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN A TERCEROS DE LA CCSS, EN MEDIO DE UNA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA COMO LA QUE VIVE COSTA RICA?
– Román Macaya Hayes. Presidente de la Junta Directiva – Fabiola Abarca Jiménez. Representante del Poder Ejecutivo – María de los Ángeles Solís Umaña. Representante del Poder Ejecutivo – Christian Steinvorth Steffen. Representante de los Patronos – Marielos Alfaro Murillo. Representante de Patronos – Bernal Aragón Barquero. Representante de Patronos – Maritza Jiménez Aguilar. Representante de los Trabajadores – José Luis Loría Chaves. Representante de los Trabajadores – Mario Devandas Brenes. Representante de los Trabajadores (único miembro que ha indicado que se opone a esta reforma a la política y al reglamento que permite la privatización de la CCSS).
Estos son los 9 miembros de la JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS que el jueves 02 de abril, durante la sesión de la Junta a las 9 a.m. tomarán la decisión de aprobar o rechazar las modificaciones al Reglamento de Contratación a Terceros.
Esta ligereza de querer reformar el Reglamento de Contratación de Servicios de Salud a Terceros, para favorecer los servicios básicos de salud en manos privadas, nacionales o internacionales, forma parte de esas inescrupulosas intenciones y debe ser rechazada de manera vehemente.
Nos acogemos al amparo del Artículo 9 de la Constitución Política y del artículo 9 de Código Procesal Contencioso Administrativo. Solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que, si persiste en el intento de la reforma reglamentaria que rechazamos, abra la discusión a toda la sociedad integrando a los sectores sociales y a los ciudadanos, deben ser ellos como afiliados e interesados quienes tengan la última palabra en la defensa y fortalecimiento de la CCSS.
Nueve funcionarios transitorios en sus funciones no deberían tener el derecho de poner en peligro una de las conquistas sociales más sagrada del pueblo costarricense, esa decisión le pertenece a quienes serán afectados.
Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS – En defensa de la Caja. San José, 01 de abril del 2020.
Para ampliar información del comunicado: MSc. Rafael López Alfaro Celular:8368-3214
Hoy miércoles 6 pm en SEMBRANDO (Radio Gigante 800am) , estaremos conversando sobre el peligro de privatización de la CCSS con la reforma de su reglamento de contrataciones Contaremos con la participación de Mario Devandas directivo de la CCSS y Antonieta Fernández de FRENASS.
Sintonícenos a partir de 6pm en 800am del dial de la radio
Por Internet en www.radiolagigante800am.com
Puede también escucharlo en vivo en el Facebook Live de la emisora
https://www.facebook.com/RadioLaGigante800am/
Para llamadas al aire puede marcar el 905-800-8000
Con el objetivo de “impedir la tercerización de los servicios de salud como medio para la privatización de la CCSS., el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) se prepara para realizar distintas actividades.
Rafael López Alfaro informó a SURCOS que este jueves 13 de febrero se mantuvieron trabajando en la agenda y definiendo los objetivos para la articulación y defensa de la seguridad social.
Los objetivos específicos acordados son los siguientes:
Impedir la reforma al Reglamento de Contratación de Terceros, en los términos privatizadores propuestos.
Aumentar el nivel de conciencia de las organizaciones sociales, acerca de la necesidad de sumarse a la lucha en defensa de la CCSS.
Lograr la incorporación de los sectores sociales en la discusión del Reglamento de Tercerización de Servicios.
Para ello se preparan las siguientes actividades:
Encuentro el jueves 20 de febrero con las organizaciones y población en general para definir estrategia de lucha en defensa de la Caja. Será a las 9 a.m. en el piso 8 del edificio ANDE, San José.
Piquete en defensa de la institucionalidad de la seguridad social el jueves 5 de marzo a las 10 am, frente al edificio de la CCSS.
