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Etiqueta: privatización

CONCEVERDE: No a la Ley de Recurso Hídrico

El pasado 07 de julio en nombre del colectivo ciudadano CONCEVERDE, se dio a conocer a SURCOS Digital la oposición al Proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por las consideraciones plasmadas en el documento adjunto.

DIPUTADOS SOLICITUD NO LEY AGUAS

 

*Imagen tomada del video Agua es Vida no Mercancía https://www.facebook.com/aguaesvidanomercancia/videos/471779836325708/

Enviado a SURCOS Digital por Conceverde.

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FEUNA denuncia violencia contra docentes en México

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), en representación de la población estudiantil de la UNA, denuncia la represión de educadores en Oaxaca, México, y manifiesta su solidaridad con los maestros y las maestras.

“Denunciamos los ataques perpetrados por el gobierno el pasado fin de semana en territorio mexicano contra la integridad física y psicológica del sector docente”, expresa el comunicado de la FEUNA.

Como parte del sector educativo latinoamericano, los miembros del directorio de la FEUNA rechazan la represión en México, contra docentes organizados en contra de la reforma educativa, implementada por la administración del presidente Peña Nieto.

La represión dio como resultado al menos ocho muertes, así como más de 50 heridos producto –según la FEUNA- del autoritarismo armado por parte de los policías estatales y federales, quienes atacaron a los manifestantes de forma violenta.

Los representantes estudiantiles lamentan que se haya recurrido a la represión para controlar la falta de acatamiento por parte de los maestros hacia la reforma planteada, la cual supuestamente tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación mexicana.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), parte del sindicato de maestros, se opone a la reforma educativa porque estipula cambios en la asignación de plazas de maestros en perjuicio del gremio y la imposición de evaluaciones a los docentes, entre otros elementos conducentes –en su criterio- a la privatización de la enseñanza.

Académicos de prestigiosas universidades mexicanas se han pronunciado en el sentido de que las medidas educativas impulsadas por el gobierno distan mucho de ser una verdadera reforma educativa, ya que están concentradas en los procedimientos de contratación y evaluación de los profesores. Abogan, más bien, por una revisión integral del modelo educativo del país, que incluya las materias y los contenidos que se imparten en las aulas.

La FEUNA dejó muy claro que repugna todo acto gubernamental que violente la libre expresión, el derecho a manifestarse y los derechos humanos de los habitantes e instó a que se abra una mesa de negociación abierta y pública en torno al modelo pedagógico y la reforma educativa.

“No habrá reforma con represión, no habrá educación con sangre. Nos duele México, nos duele Oaxaca. Por un México donde no impere la fuerza y la violencia, sino la palabra y la educación. Oaxaca aguanta, la FEUNA se levanta”, finaliza de la agrupación universitaria.

***Mayores detalles con Pablo Soto, representante de la FEUNA ante el Consejo Universitario 8991-2172 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

**Video Feuna: https://www.facebook.com/1429486290614128/videos/1827262214169865/

FEUNA

Enviado a SURCOS Digital por UNA Comunicación.

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Comunidades suman fuerzas para evitar privatización del Hospital de Nicoya

El pasado 14 de setiembre se convocó a las fuerzas vivas de la Península de Nicoya para hacerse presentes en la protesta frente al Hospital de esta ciudad para defender el manejo público de este nosocomio.

Con respecto al conflicto del Hospital de Nicoya, pues se quiere privatizar varios de sus servicios, se llegó a un acuerdo con el fin de abrir un proceso de diálogo para el mismo lunes 14 de setiembre; esperando que las autoridades de la CCSS echen para atrás esta nefasta decisión.

¡Nuestro apoyo rotundo a trabajadores y trabajadoras del hospital. No a la privatización de los servicios públicos!

*Imagen con fines ilustrativos.

 

Tomado de la página de Facebook de Wilmar Matarrita.

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Alianza Cantonal Barveña solicita no renovar el contrato con Coopesiba

Alianza Cantonal Barveña

La Alianza Cantonal Barveña por la Salud externó su preocupación por el deseo de prórroga en el contrato con Coopesiba, ya que manifiestan que el servicio de salud que presta esta entidad en el cantón es de pésima calidad, lo cual fue demostrado, según la Alianza, en la Auditoría realizada por la misma CCSS.

 

Información tomada para SURCOS Digital de la página de Facebook:

https://www.facebook.com/AlianzaCantonalPorLaSalud

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Explican oposición al Proyecto de Ley de Recurso Hídrico

Por José Fco. Alfaro

 

A los que nos oponemos a la Ley de Recurso Hídrico, nos han encaramado epítetos como el de personajes oscuros, que somos de derecha, que somos iguales a Otto Guevara, etc.; queriendo engañar al muchos costarricenses de buena fe, en cuanto quien verdaderamente está detrás de esa ley y sus intenciones.

El proyecto de ley denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, conocido como de iniciativa popular, es impulsado por la Asociación Global del Agua (GWP), por medio del pago de servicios profesionales o con viajes a algunos de los “ambientalistas” que hoy defienden ese proyecto.

La GWP se creó en el año 1996 por iniciativa del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo (SIDA). Explícitamente establece que se conforma inspirada en los principios emanados de la Conferencia de Dublín. Su herramienta conceptual es la gobernabilidad del agua, y su marco de acción es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. La GWP opera en base a comités regionales que inciden en la elaboración de políticas locales. En América Latina actúa a través del Comité Técnico Asesor para Sud América (SAMTAC, por sus siglas en inglés) y por las regionales de América Central y el Caribe. Al configurarse como una red internacional abierta a organizaciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos y principalmente a bancos de desarrollo bilateral y multilateral, la GWP es un actor relevante que cumple el rol de preparar el terreno a procesos de privatización del agua. Luego del Segundo Foro Mundial del Agua -La Haya, 2001- la estrategia en la cual avanzó la GWP en América Latina a través del SAMTAC fue la de organizar instancias nacionales en varios países dela región para dar a conocer la visión de la Gestión Integrada, presentando así una primera aproximación a las ideas y el trabajo que pretende realizar, así como sus «futuros campos de acción». Estamos hablando de una presencia registrada y formal en Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Curaçao, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

Los referentes locales de la GWP en América Latina operan a partir de un diagnóstico de las respectivas legislaciones relacionadas con los recursos hídricos, identificando las carencias que los países registran en términos de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con lo que califican de «problemas de gestión». Luego de ese primer paso, los referentes de la GWP se encargan degenerar los contenidos de nuevas legislaciones de aguas, inspiradas en el marco de la Gestión Integrada y asesorando a los actores gubernamentales involucrados con esta reformulación legal para conseguir financiamientos y apoyos para los proyectos de esta «nueva gestión».

La posición de la GWP respecto a la inclusión del agua en los acuerdos de libre comercio regionales -como en el caso del Tratado de Libre Comercio entre América Central con Estados Unidos (CAFTA por la sigla en inglés de Central America Free Trade Area)- es favorable, remarcando generalmente que las inversiones necesarias para reformar y extender los servicios de agua potable y saneamiento en los países involucrados en este tipo de acuerdos pueden ser cubiertas desde empresas con capitales estadounidenses, atraídos por los nuevos marcos vinculantes.

En resumen, la GWP tiene para América Latina y el Caribe, dos marcos estratégicos de fondo. Por un lado la descentralización de la gestión de los servicios como objetivo de la gestión integrada: como ya se dijo, gestión integrada implica principalmente un enfoque de actores, es decir, no solo los estados intervienen en este terreno, sino otros actores, como los fondos privados de financiamiento, los bancos regionales y multilaterales de crédito, instituciones vinculadas al agua (precisamente como la GWP) y finalmente, las empresas multinacionales del sector. Todos tienen algo para decir (y hacer) en el tema del agua. El segundo marco estratégico es lisa y llanamente la privatización del agua, su concepción como mercancía pasible de ser incluida en los acuerdos de liberalización comercial…

 

Tomado de: AGUAS EN MOVIMIENTO, LA RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN URUGUAY

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El Pragmatismo de “Hacer lo que se Tenga que Hacer”

Marlin Ávila

Marlin Ávila
Marlin Ávila.

 

El «pragmatismo» le ha fallado al Partido Nacional hondureño (PN). Se prepararon desde un año antes, mientras gobernaban con la corriente del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, para lograr propósitos propios de una camarilla de políticos sumamente lujuriosos. Desde el Congreso Nacional (CN) legislaron para concentrar el poder en el Ejecutivo, trasladando atribuciones del CN al Consejo de Ministros. Utilizando su control en el Ejecutivo y el CN durante el período de gobierno anterior, trasladaron recursos económicos de las instituciones del Estado a su Partido Nacional a manera de montar una campaña mediática superior a cualquier otro partido durante las elecciones, además de poder comprar hasta la más cara conciencia hondureña y pagar el más caro asesoramiento internacional electoral. Utilizaron el caso de Colombia como el más cercano ejemplo de país para concentrar las mayores fuerzas político militar y las alianzas de ultraderecha internacional latinas, lideradas por Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia.

Por ese llamado pragmatismo político, dicen que ellos ven hacia el norte como hacia el sur, aun cuando por sus hechos sabemos que su vista hacia el Sur es más para los gobiernos de su mayor simpatía como Colombia, Chile y Panamá. Hacia el norte está desde luego atado con el Tea Party y la gusanera miamense. Con el gobierno de México y Guatemala definitivamente se han aliado utilizando el dolor humano de quienes escapan de las atrocidades que vivimos en el Sur. Hacia Europa, mantiene sus estrechas relaciones con el gobierno español e inglés, un tanto con Alemania e Italia, solamente que estos gobiernos son muy inteligentes y no fáciles de engañar. Con los países de Europa Oriental está más ligado con los gobiernos de ultra derecha, al igual que en Asia.

Los planteamientos económicos neoliberales son muy apetecidos por los nacionalistas, desde luego, puesto que son sumamente liberales e individualistas, lo que conviene a los intereses de la cúpula gobernante nacional. Por esto, han actuado de manera muy libre, irrespetando cualquier ley del país, si no es que la logran reformar. Han estado gobernando por mandato y no por consenso alguno. Así que de nacionalistas no les encaja ni el nombre, dado que venden cualquier cosa de la nación que sea transable.

Su incapacidad administrativa republicana y sus ambiciones de enriquecimiento rápido les llevaron a poner las riquezas nacionales en venta e hipotecan mediante la Alianza Público Privado zonas y regiones completas del país. Concesionan cualquier posible recurso que les posibilite generación de ingresos inmediatos, sin dar información a la ciudadanía de sus gestiones y compromisos, menos de los ingresos que generan sus negocios. Reiteran cada dos horas el uso de la palabra “transparencia” y ante la última coyuntura nacional de protesta contra la corrupción, su eslogan es “caiga quien caiga por la corrupción”, siempre que no le toquen a sus principales cuadros, desde luego.

El problema que tienen ahora es que se ha pasado de un alto nivel de incredulidad a la institucionalidad del Estado, a la confirmación de una muy elevada e infame corrupción que incluye el crimen de lesa humanidad a más de 2,800 personas. Su respuesta es buscar dispersar la atención al afirmar que los demás partidos han sido corruptos de igual manera, lo que la ciudadanía no ignora pero ve de manera diferente. De los demás partidos, solamente el Partido Liberal ha estado en el poder, y el Partido Demócrata Cristiano que ha servido a ambos, PN y PL, como uno de los más oportunistas en compartir alguna cuota de tal poder desde hace varias décadas. Los otros partidos con más de 10 años de existencia son el PINU, ahora en oposición con una sola honorable diputada, y el Partido de Unificación Democrática (UD) con otro diputado que actúa a conveniencia propia, más un asesor presidencial en igual circunstancia. Desde las últimas elecciones, el Congreso Nacional cuenta con mayoría de diputados en la oposición de los nuevos partidos: Partido Anti- Corrupción (PAC) y LIBRE. Este último está coordinado por el Ex Presidente Manuel Zelaya, ex miembro relevante del Partido Liberal y su líder es la Señora Xiomara Castro de Zelaya, partido que surge a raíz del golpe de Estado del 2009.

En su pragmatismo político y uso de cualquier medio para lograr sus propósitos, el PN firma un convenio con el organismo dependiente del Banco Mundial, como es Transparencia Internacional (TI), de quien se tiene dudas sobre su imparcialidad a nivel internacional y ahora, con más razón con lo acontecido en Honduras.

Otras de sus acciones pragmáticas son:

A manera de hacer borrón y cuenta nueva, aceleran la privatización del sistema nacional de salud. Así la ciudadanía se olvida del latrocinio existente dentro del mismo.

Se monta un ejército pretoriano que atemorice a la ciudadanía organizada, de manera que se siembra el miedo a las protestas.

Se monta un carísimo sistema mediático que resalte el personalismo del Presidente de la república para su proyección a futuras elecciones.

Se capitaliza y utiliza en beneficio propio la persecución del gobierno norteamericano a los carteles de la droga en todo el continente. No obstante, se devela el trasfondo de las extradiciones de capos.

Para desprestigiar las primeras protestas contra la corrupción los líderes del PN aseguran públicamente que éstas son patrocinadas por el crimen organizado. Lógicamente esto más molesta a la ciudadanía.

En una acción de disminuir y detener las presiones sociales y políticas por el latrocinio evidente al IHSS, nombran la Comisión Multipartidista dentro del CN. Sus resultados son lo contrario a lo esperado por los del PN. Fue un engendro que nació con el Síndrome con Inmune Deficiencia Adquirido (SIDA), el cual amplió la indignación popular.

La indignación e inteligencia civil está exigiendo la intervención de las Naciones Unidas para evaluar la alta corrupción existente, a lo que se ha negado el gobierno, arguyendo que eso desprestigia al país, sin embargo, ayer viernes, casi 40 mil personas le presentaron la solicitud a la representante de UN.

Ante estos y otros hechos del pragmatismo nacionalista, la duda es si no solamente hay incapacidad administrativa para manejar un gobierno al servicio del pueblo, pero una significativa incapacidad política para gobernar una nación con creciente indignación por los abusos y usos equivocados del poder que el Soberano Pueblo le da a algunos ciudadanos y ciudadanas a través de sus partidos políticos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Comunidades puntarenenses crean Alianza en Defensa del Recurso Hídrico

El pasado domingo 10 de mayo se creó en Guacimal de Puntarenas la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas, como respuesta de varias comunidades a los conflictos por acceso al agua que se han presentado en los últimos años en la zona norte de Puntarenas.

Comunidades puntarenenses crean Alianza en Defensa del Recurso Hídrico

Esta Alianza se integra inicialmente por organizaciones comunitarias de Guacimal, Santa Rosa y Aranjuecito, que tienen como meta buscar soluciones conjuntas a los problemas de manejo del agua en sus cuencas, atendiendo solidariamente las luchas de todas las comunidades afectadas por los intereses de privatización del agua en la región.

Los casos

Guacimal. Desde el año 2011 Guacimal tuvo que organizarse y luchar contra la privatización del 60% del agua del río Veracruz, pues un proyecto de riego gestado con información a medias para la comunidad provocó el descontento comunal contra sus impulsores: la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles (SUALA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Al pueblo no le parece la extensión realizada por debajo de la mesa, pues la mayoría del agua iría finalmente a grandes fincas ganaderas de Coyolar y Sardinal, bajo el riesgo de que detrás esté la expansión piñera. Este caso aún no cierra y a pesar de que la Sala IV defendió el derecho al ambiente sano del pueblo de Guacimal, anulando los permisos ambientales y ordenando a los desarrolladores corregir las carencias realizando el debido Estudio de Impacto Ambiental, la SUALA y SENARA continúan tratando de evadir este paso fundamental para garantizar la sostenibilidad ecológica y social del proyecto.

Aranjuecito. Un caso similar ocurrió en Aranjuecito, donde la llamada Sociedad de Usuarios de Agua de Aranjuecito, con respaldo del SENARA, obtuvo viabilidad ambiental para el proyecto de riego San Rafael-Sardinal, que pretende captar hasta el 90% del agua del río Aranjuecito. Los vecinos se enteraron del proyecto hasta que vieron los trabajos de zanjeo en las calles y la colocación de las gruesas tuberías que succionarán prácticamente toda el agua del río si las autoridades continúan negándose a escuchar la voz de la comunidad. En este caso también se llevó a la Sala IV un recurso de amparo para defender el derecho al ambiente sano y al agua, pero de manera contradictoria con las consideraciones que se hicieron en el caso de Guacimal, los magistrados fallaron en contra de la comunidad y aceptaron la versión de la Dirección de Aguas del hecho que dejar sólo el 10% del agua es lo típico de todas las concesiones y por ende “ecológicamente viable”, a pesar de que no consta estudio ecológico alguno que garantice que esa interpretación sea cierta. Aranjuecito seguirá luchando por defender su río contra la indiferencia institucional y con esta alianza se fortalecerá su lucha.

Santa Rosa. El último caso descubierto fue la gota que derramó el vaso. El río Acapulco fue encontrado seco a la altura de Santa Rosa de Guacimal desde el 10 de abril pasado. Los vecinos hicieron denuncia pública en medios escritos y formalmente en el OIJ (que es el único organismo que se ha hecho presente en el lugar) y ante el Vice ministerio de Aguas y la Dirección de Aguas como responsables de supervisar concesiones, pero estos últimos brillan por su ausencia. Como resultado de la denuncia pública fue revelado que la Dirección de Aguas cuenta con solamente 1 inspector para las 17.000 concesiones que se registran a nivel nacional, por lo que se cae el argumento que usa esa Dirección cuando ha sido denunciada por las comunidades, cuando dice que no debe haber preocupación porque ellos garantizan que las concesiones nunca lleguen al límite de secar las fuentes de agua. Esa afirmación irresponsable usada para contrariar las demandas comunales, ha pasado de ser un escudo de indiferencia a ser una mentira ya comprobada.

Acción desde las comunidades

La indiferencia de las instituciones encargadas del tema ambiental respecto a las preocupaciones y advertencias de las comunidades locales seguirá siendo denunciada por la Alianza hasta encontrar soluciones satisfactorias y ganarse el respeto de parte de las autoridades, que hasta al momento han sido bastante cerradas para favorecer proyectos que son rechazados por las comunidades amenazadas y ya afectadas. Se ha argumentado que para favorecer los intereses de pocas personas, se acaparan grandes cantidades de agua afectando de forma grave el ambiente de los ríos, que son muy importantes para el bienestar de los pueblos locales.

Una de las metas principales será informar a la comunidad nacional sobre estos casos, que deben alertar al país entero. Además abrir los espacios de audiencia pública que hasta el momento han sido negados por los desarrolladores y el SENARA, lesionando el interés social del uso y conservación del agua. Además se buscará un acercamiento a las comunidades de la zona que presentan problemas de contaminación o cortes diarios en el servicio de sus acueductos, como La Pita, Sardinal y Villa Bruselas, que también han carecido de atención institucional a sus problemáticas, en pro de buscar soluciones desde la acción comunal.

Un fundamento central de las acciones de esta Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico es concientizar sobre la importancia de priorizar el uso de las fuentes de agua existentes para el consumo humano, sabiendo que de esta forma se garantiza la salud y calidad de vida de las poblaciones, sobre todo ante la disminución experimentada en la zona como efecto de la degradación ambiental de las cuencas y el cambio climático.

Se invita a toda la población puntarenense a sumarse y denunciar sus problemas con acceso al agua, pues es responsabilidad de las instituciones estatales garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un agua de calidad para el bienestar humano.

Pueden contactarse con la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico del cantón Central de Puntarenas para obtener más información sobre los conflictos en la zona

 

Enviado a SURCOS Digital por Dany A. Villalobos del Colectivo Machete.

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FECON alerta sobre proyecto de privatización de agua

Comunicado de Prensa

Agua potable y saneamiento
Imagen con fines ilustrativos.

 

Primer paso para instaurar la explotación comercial de los acueductos públicos

Abre camino para introducir nuevas formas de privatización

 

Los ecologistas emitieron una alerta sobre un proyecto de ley de que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley abre un peligroso “portillo” legal hacia la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable. Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).

Aunque las ASADAS son asociaciones comunales y no entes públicos, claramente operan sin fines de lucro. Es decir, son organizaciones que están al servicio de la comunidad, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Una de las principales características de las ASADAS es que todos los ingresos que genere la operación del acueducto comunal deben reinvertirse en beneficio de la comunidad. Prestan un servicio al costo y como su finalidad no es el lucro, cualquier excedente que produzca su administración del acueducto debe destinarse a mejoras del servicio público.

En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas; un servicio que debe prestarse al costo y con el que no se puede lucrar.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper estos principios. Si bien las cooperativas pertenecen al sector de la llamada “economía social” y su fin primordial no es el lucro, no puede perderse de vista que son empresas que admiten la repartición de excedentes entre sus asociados. En efecto, la legislación cooperativa permite que los excedentes que produzca la actividad económica de estas organizaciones sean distribuidos para el beneficio individual de sus socios.

Así las cosas, de permitirse que empresas constituidas bajo la figura de cooperativas exploten servicios de acueductos públicos se estaría abriendo la puerta para que parte de los recursos que genera la operación de dichos servicios se desvíen hacia la repartición de excedentes de socios particulares, quebrando el principio de que dichos ingresos deben reinvertirse en su totalidad en el mejoramiento del servicio público comunal. De esta forma se estaría abriendo la puerta para que las ASADAS que hoy deben destinar cualquier excedente al acueducto público sean transformadas en entidades que repartirán dichos excedentes entre sus asociados.

Otro problema que presenta el proyecto de ley analizado es que también estaría rompiendo con la base comunal que actualmente caracteriza el funcionamiento de las ASADAS. Esto pues se autoriza a las “cooperativas” en general a gestionar acueductos públicos sin establecer ningún vínculo entre dichas cooperativas y las comunidades usuarias de los acueductos. Hoy en día estas asociaciones están integradas por vecinos y vecinas de una determinada comunidad, que se organizaron para desarrollar un bien comunal ante la ausencia o la inoperancia de las instituciones públicas. Son las mismas comunidades las que se organizaron para construir el acueducto público y administrarlo. Hay un claro vínculo entre la comunidad y la asociación que administra el acueducto. Sus asociados son las mismas personas que reciben el servicio público y participan en la gestión de un bien comunal. Si este servicio se entrega en concesión a empresas privadas (incluyendo empresas cooperativas) que no tienen base social en la comunidad, nada impide que dichas empresas limiten o cierren la participación de las personas usuarias de la comunidad en las decisiones sobre el futuro del acueducto comunal.

FECON manifestó su oposición al proyecto mediante un criterio solicitado por la Comisión de Ambiente e invitó a las y los diputados a concentrarse en la discusión de la Agenda Legislativa del Agua y en especial en las ASADAS, mediante la discusión democrática y participativa de legislación que permita mejorar el funcionamiento y las capacidad de estas organizaciones comunales sin quebrar su naturaleza.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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¿El PAC, un gobierno del cambio o simplemente un cambio de gobierno?

A 100 días de la administración Solís Rivera, más interrogantes que certezas, Comisión Nacional de Enlace, 11 agosto 2014

Comisión Nacional de Enlace

Concentración en Contra del TLC

Se ha vuelto una costumbre hacer un balance de los primeros 100 días del gobierno de turno, no solo por la administración a cargo, sino por las diferentes fuerzas políticas de oposición. Con eso, algunos pretenden inferir el rumbo de la administración y los posibles resultados durante el período restante.

Es claro que 100 días de gobierno es muy poco para extrapolar el resultado, máxime después de la devastación neoliberal y la política de tierra quemada aplicada por las administraciones anteriores, especialmente por el Partido Liberación Nacional (PLN),sin embargo, consideramos que si es posible determinar la intención de una administración tomando en cuenta, primero las consignas políticas del partido en el poder, en este caso, la principal el ¡cambio!y segundo el programa de gobierno. Eso es lo que marca el desafío político de una administración, en este caso la del PAC.

Ahora bien, para efectivamente hacer un balance, comparar y sacar conclusiones, consideramos que, aunque brevemente, es necesario hacer un repaso de la historia reciente y hecho ese repaso, plantar esa historia reciente contra la consigna del «cambio» promulgado extensamente por el partido en el poder durante su campaña política y que se mantiene todavía.

El PLN y el PUSC, 11688 días de oscurantismo y devastación neoliberal

Fue en 1985, durante la administración liberacionista Monge Álvarez, cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE 1), instrumento político-económico concebido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con el objetivo de modificar sensiblemente las políticas económico-sociales que hasta entonces regían en países como Costa Rica. La aprobación del PAE I, en la administración Monge Álvarez, sembró la semilla de la destrucción del Estado de bienestar y dio paso a la imposición por parte de los sectores dominantes del modelo capitalista neoliberal en nuestro país.

En 1989, durante la administración liberacionista Arias Sánchez, se aprobó el PAE II que efectivamente era una continuación de las políticas de ajuste y perseguía el mismo objetivo, la imposición del modelo económico neoliberal. Fue en esa administración cuando se dan los primeros pasos para la privatización de las telecomunicaciones y la electricidad.

El PAE III se aprobó durante la administración liberacionista Figueres Olsen obediente a los postulados del Consenso de Washington. Surge en esa administración el proyecto de la venta de activos del Estado (ICE, INS, etc.), para pagar la deuda interna, intención que fue derrotada a finales de 1996. En el marco del pacto Figueres-Calderón, se aprobó, la Ley de Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional que fue un golpe muy fuerte a los intereses de los educadores, se cerraron los ferrocarriles, se abrió la banca, etc., además de verse esa administración envuelta en sendos casos de corrupción, uno de ellos la modificación de las tarifas a los generadores privados de electricidad que casi lleva a la quiebra al Sector Eléctrico del ICE.

Lo importante de las decisiones político-económicas tomadas en la administración Figueres Olsen fue que el Partido Liberación Nacional se quitó la careta de socialdemócrata y demostró que su estructura ya estaba muy penetrada por la derecha financiera. Otra derivación importante es que efectivamente, un grupo paralelo al gobierno, con la cobertura de consejeros económicos, sin exponerse al escrutinio popular, fue el encargado“técnico” de la imposición del modelo económico capitalista neoliberal en Costa Rica. Ese gobierno paralelo se mantuvo hasta la administración Chinchilla Miranda.

Esas mismas políticas se mantuvieron durante la administración Rodríguez Echeverría misma que se vio enfrentada a dos situaciones definitorias de su gestión, una, el proceso de Concertación Nacional, donde el gobierno logró un consenso en cuanto a la apertura de instituciones como el ICE y el INS y dos, el enfrentamiento callejero con los sectores populares a raíz del proyecto denominado “combo del ICE”.

El PAE IV, es decir, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), fue como un tiro de gracia y se aprobó durante la segunda administración liberacionista Arias Sánchez. Este proceso que enfrentó una gran resistencia popular, misma que se originó en el año 2002 durante la administración Pacheco de la Espriella, culminó en octubre de 2007 cuando la contradicción fue dirimida por medio de un referendo, apoyado incluso por sectores sindicales y sociales, del cual salieron victoriosos los sectores dominantes. La agenda de implementación se aprobó igual durante esa administración. La administración Chinchilla Miranda trató de profundizar esta línea neoliberal en la cual se impulsaron cambios en el tema de los salarios del sector público, salario único, reducción de pluses/complementos salariales y en cuanto a eliminar conquistas generales de los trabajadores públicos.

¿Estamos mejor después de 11688 días de oscurantismo neoliberal impulsado por el PLN con el apoyo irrestricto del PUSC y del Movimiento Libertario entre otras turecas políticas? Obviamente no, la imposición del modelo ha llevado a Costa Rica a una situación muy complicada, política y socialmente. Nuestro país muestra incrementos sostenidos muy graves en los índices de desigualdad y pobreza que señalan un profundo desgarramiento social. Por el contrario, algunos sectores, entre ellos los exportadores han sacado una gran ventaja con la imposición del modelo y otros los perdedores, agricultores entre ellos, no tienen otro paradigma que su desaparición. Igual la imposición del modelo impactó la institucionalidad, privatización de servicios, por lo que sectores como la salud, educación, telecomunicaciones, electricidad, seguros, banca, puertos, se han visto directamente afectados con esas políticas.

En conclusión, a lo largo de 11688 días, las cúpulas políticas del PLN, albergue de la derecha neoliberal, con el apoyo del PUSC y de las turecas de turno lograron imponer el modelo económico neoliberal en Costa Rica, dando paso a una Costa Rica desigual, plagada de problemas y de corrupción devastadora.

El gobierno del PAC, ¿100 días del “cambio prometido”?

Es importante reconocer que efectivamente la administración Solís no tiene responsabilidad directa como gobierno en la imposición del modelo económico capitalista neoliberal. Algunas personas que ahora pertenecen a este gobierno si tuvieron responsabilidades, por ejemplo, la vicepresidenta Ana Elena Chacón con su apoyo al TLC y otros que efectivamente apoyaron la implantación del modelo en pasadas administraciones. Pero como gobierno no tiene responsabilidades en ese trayecto de 11688 de oscurantismo neoliberal.

Empieza apenas su camino, 100 días es poco tiempo para valorar, pero es un tiempo prudencial para hacer una reflexión sobre qué significó el apoyo de 1.3 millones de costarricenses en las pasadas elecciones, que efectivamente apostaron por un cambio. La derrota del partido más corrupto de la historia, el PLN, según la tureca libertaria, no fue cualquier cosa, significó no otra cosa que el pueblo quiere cambios reales y no cambios funcionales o limitados. Cuando se habla de cambios reales es que se toque el entramado del modelo económico.

Vemos con agrado que efectivamente el gobierno ha dado pasos significativos contra la corrupción y que ha resuelto asuntos importantes como el salarial, pensiones de lujo, revisión de contratos. Muy importante la promoción del Estado laico, el trato sobre el tema de diversidad sexual, etc., son interesantes posturas que indican que las cosas, en relación con esos asuntos no serán igual. Algunos de esos temas ya han provocado duras reacciones de sectores que se consideran afectados.

Es lo mínimo que se puede esperar dentro de las funciones de un gobierno como el actual y su retórica. Pero no afecta para nada la estructura del modelo económico, es decir, el andamiaje del modelo impuesto por el PLN, el PUSC y las turecas de turno se mantiene incólume, de hecho, mientras ese andamiaje no se toque no se puede hablar de cambio alguno.

No vemos cambios significativos en la definición de la política económica, pilar central en cuanto a la ruptura con el paradigma neoliberal.

El gobierno ha colocado en puestos medulares a personas–ahora del PAC-, que si bien puede que califiquen técnicamente para ejercer esos puestos, lejos están de plantearse la ruptura con el modelo. Algunos ocuparon puestos importantes en administraciones anteriores, es el caso de Olivier Castro, presidente del Banco Central, que trabajó de la mano con el que fue gerente del Banco Central en el Gobierno de Chinchilla, Félix Delgado y con ex presidentes de la entidad como Carlos Manuel Castillo y Eduardo Lizano.

Al mando del ministerio de Hacienda se encuentra Helio Fallas que ocupó cargos públicos en administraciones del PUSC. Helio Fallas participó activamente en el marco del Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI) donde combatió de frente al gobierno de José María Figueres en cuanto a la propuesta de poner en subasta los bienes patrimoniales del Estado. Pensamos que Helio Fallas, hoy en posiciones como las que ocupa y con la experiencia que obtuvo en esas luchas contra el entreguismo del PLN, es uno de los que tiene que interceder con mayor dureza para que efectivamente el gobierno avance hacia un cambio real, es decir, una ruptura con los 11688 días de oscurantismo y devastación neoliberal.

En cuanto al Comercio Exterior la apuesta por los Tratados de Libre Comercio sigue siendo casi la misma, no se vislumbra una denuncia del TLC con Estados Unidos, todo lo contrario y en cuanto a la Alianza del Pacífico, el mismo Luis Guillermo Solís ha manifestado que debemos participar en ella porque Costa Rica es parte de un complejo geopolítico de más de 500.000 kilómetros de mar en el Pacífico, que obliga a una articulación con otras naciones del área. Además, tenemos tratados de libre comercio con casi todos sus miembros y que hay que acelerar el diálogo con las comunidades del otro lado del Pacífico.

En política internacional, seguimos como país insertos lamentablemente dentro de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, no estamos mirando hacia otros horizontes, aunque haya algunas tímidas señales de esta administración, como el decir que se va a empezar a poner en prioridad el fortalecimiento de las relaciones comerciales y políticas con Brasil.

Expresión de esta dependencia geopolítica con el imperio en materia de relaciones internacionales ha sido la lamentable posición (por decir lo menos) del Gobierno y la Cancillería costarricense con respecto al genocidio israelí en Gaza.

Vemos además fisuras en uno de los aspectos centrales de la propuesta del PAC como ha sido el combate a la corrupción y la defensa de la ética como principio en la conducción de la administración pública, los escándalos con respecto al “consultor en comunicación” en Casa Presidencial y los pagos desorbitantes a un abogado en plena campaña electoral, reflejan importantes contradicciones entre el discurso y la práctica, que socaban fuertemente la legitimidad del PAC ahora gobierno.

En síntesis,un verdadero cambio plantea un desafío político de trascendencia histórica, que abra de par en par la puerta de la contradicción con los partidos vendepatria, vicarios de las transnacionales y sus acólitos. Tocar la estructura de dominación de clase es el desafío político, se toma o se deja. Dejarlo implica convertirse en un gestionador del modelo, “surfear” en la ola delo funcional y no sumergirse para tocar lo de fondo.

El gobierno está enfrentado a situaciones internas y externas muy complejas. Internamente enfrentará cualquier intento de cambio real y tendrá que apoyarse y confiar en las masas para llevarlo cabo. Externamente el mundo está convulso, está pariendo un nuevo orden económico multipolar y el gobierno tendrá obligatoriamente que replantearse todo lo relacionado con el libre comercio y la globalización. Si el gobierno y el PAC no comprenden correctamente lo que significa un cambio real, tenga la seguridad de que el pueblo si lo entiende y actuará en consecuencia si todo se encamina hacia un falso amanecer.

Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.

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Independencia y solidaridad

Álvaro Montero Mejía

Álvaro Montero Mejía

He leído con detenimiento, la mayor parte de los artículos y comentarios que se han escrito contra la incorporación de Costa Rica a PETROCARIBE. Están los artículos o los editoriales que se esfuerzan por exponer una visión crítica y aportar razones, algunas atendibles, o aquellos relatos insustanciales elaborados por elementos de bajo nivel y atrapados, por lo general, en los prejuicios, los intereses o la mala fe.

Lo mejor es partir de la realidad. La factura por la compra de derivados de petróleo de este año superará, probablemente, los 2,300 millones de dólares. Con esta suma gigantesca de dinero, compraremos aproximadamente, 20 millones de barriles de petróleo. Semejante desembolso representa casi la cuarta parte del monto total de las exportaciones de nuestro pequeño país. Entonces ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la posibilidad de obtener al crédito, a muy bajos intereses y en condiciones sumamente favorables y respetuosas, ese recurso indispensable de parte de un país hermano de América Latina, de Venezuela precisamente?

El viejo Figueres, es decir don Pepe, me contaba en una oportunidad que la última obra importante que se realizó en Costa Rica sin recurrir a un crédito internacional, fue el Aeropuerto Juan Santamaría. De aquel momento hasta hoy, todas las construcciones importantes se realizaron gracias a préstamos internacionales, comenzando por las grandes obras energéticas del ICE.

Cuando uno oye o lee a empresarios nacionales pronunciarse contra Petrocaribe, no puede uno dejar de preguntarse ¿A quién servirán estos señores? Hasta que caemos en la cuenta que su objetivo es privatizar RECOPE y a lo mejor, una vez privatizada, asociarse con alguna empresa energética colombiana que se haya dado cuenta del enorme segmento de negocios que representa el consumo de hidrocarburos en nuestro pequeño país ¿Será eso? Aunque pensando un poquillo mal a lo mejor están detrás algunos intereses de los que han ganado millones vendiéndole petróleo a RECOPE, así como suena ¿Y cómo es eso? Se preguntarán algunos. Pues muy sencillo. Hablamos de los comerciantes o intermediarios que le venden combustibles a RECOPE, provenientes del «mercado spot» ¿Y eso qué es? Volverán a preguntarse los mismos. Pues muy sencillo. Son unos señores dueños de tanqueros que andan por los siete mares, cargados de combustibles y que los venden a quienes están urgidos; y cuando RECOPE está urgida, simplemente les manda un correo y vienen corriendo.

Después viene la cosa ideológica ¡Válgame el cielo! como si desde Marco Polo hasta nuestros días, los grandes aventureros y comerciantes de la historia, no trajeran en sus mochilas todo el arsenal de sus intereses egoístas y sus concepciones del mundo.

Pero algo está cambiando en América Latina y eso es lo que no pueden tolerar, porque le tienen vendida su alma y su conciencia a esas mismas fuerzas donde, por ejemplo, a cambio de papeles ¡Sí, de simples y vulgares papeles con el nombre impresionante de “Bonos del Tesoro”! les hemos depositado los casi 8000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, en vez de convertirlos en empresas nacionales, como lo hizo Daniel Oduber con CODESA, y eso sí, manejadas con absoluta ética y de propiedad mixta, es decir, pública y privada.

Les incomoda además, que la gente comience a cobrar conciencia del significado de las palabras Independencia Nacional y Solidaridad Latinoamericana.

 

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