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Etiqueta: privatización

Presidente Rodrigo Chaves R: “Ya nos dio el Circo, nos debe el Pan”

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El gobierno del Presidente Chaves Robles, que preside desde el 8 de mayo del año 2022, se ha destacado por cumplir plenamente con el manual del político tradicional, vasallo de los intereses del gran capital y los grupos de poder foráneos; dicho manual contiene la “carta de intenciones” que dictan desde la urbe de Washington, los organismos financieros internacionales, el Foro de Davos y, las oligarquías nacionales, enfrentadas por ver quién se lleva la mayor parte de nuestras instituciones públicas productivas y del Estado.

En los gobiernos vasallos, como el actual, juega un papel central el método propagandístico, como el utilizado la casa del Zapote, vociferar, distraer, atacar personalmente a la persona que lo alude en alguna acción o falla cometida por él; con el desmedido autoritarismo, actitudes patriarcales, vocabulario de muy bajo nivel. Agregamos a lo anterior el estilo para generar odio, dividir al pueblo; además de mentir y, como cierre del espectáculo, atacar sin piedad la institucionalidad del país, desde la Asamblea, Legislativa, la Contraloría General, al Poder Judicial…

En fin, todas las consignas del Consenso de Washington, completan el cuadro del Ejecutivo, ahora viene el show, los miércoles de cada semana, luego del consejo de Gobierno, el señor presidente, inicia un espectáculo propio del circo romano, ya hasta “un jaguar” aparece en la “arena” de las leyes. “Dispara” de forma atropellada, con burla, mala intención, criterios sin sentido ni coherencia, diatribas distractoras que tocan las conciencias de la población más humilde, necesitada, hambrienta, desocupada y la coloca en la acera contraria a la clase trabajadora y al sector público, para a renglón seguido señalarlo como el culpable de todos sus males.

Completa el circo un grupo de prensa afín a sus propósitos, que cada semana pone “la alfombra roja” del amarillismo más vergonzoso, en favor del circo presidencial de Zapote y algunos bufones que se prestan a todo.

Resulta que en el circo romano se acuña una expresión panem et circenses,(pan y espectáculos del circo), originada en la Sátira X del poeta Latino Juvenal, (circa 100.A.D), que en el fondo trata de recuperar el derecho a participación política del pueblo; sin embargo, este circo presidencial, no busca eso, es más, nos debe el pan, dado que, cada vez más reduce las posibilidades del pueblo para tener una vida digna, mediante la congelación de salarios, desocupación, incremento de precios de la canasta básica, desmantelamiento del Estado Social, de la instituciones públicas que protegen la seguridad social, reduce las posibilidades de la educación, de la seguridad ciudadana, en síntesis, el señor don Rodrigo Chaves, terminará su gobierno con su misión cumplida: dejar un pueblo sin pan, sin instituciones públicas productivas, sin Estado.

Es una tarea de toda la población costarricense, exigir el pan, la paz, la democracia, y luchar por la defensa del Estado Social de Derecho y de sus instituciones públicas.

¿Cuarenta años de qué?

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.

Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.

Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.

Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.

Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.

A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.

Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.

Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.

Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.

Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.

Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.

Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.

Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.

Bioinsumos corporativos: Interés genuino o negocio interesado

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?

Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.

Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.

El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.

Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024

La desinformación puede matar

Por Marlin Oscar Ávila
1 de agosto de 2024

Seguimos creyendo que la ciudadanía trabajadora no termina de enterarse que hemos entrado a una guerra no convencional pero igual tiene bajas, heridos y muertos a millares. Los enemigos son muy poderosos y fuertes, en momentos, silenciosos y, en más cortos instantes levantan la vos, al grado de reventarle los tímpanos al vecino.

Financian los medios más conocidos, las campañas de desprestigio a líderes sociales, colocan candidatos sin pasar por ningún filtro social ni político, llegan del exterior después de años de servicio a multilaterales, para ser candidatos políticos, con su agenda neoliberal, seguros de obtener todo el apoyo de las élites empresariales (caso Costa Rica). Más pronto que tarde, al obtener su cuota de poder, reducen el presupuesto público, «demuestran» que el Estado no puede seguir financiando las instituciones que alivian el sufrimiento de los sectores más vulnerables (caso argentino), se convierten en másteres de la economía y reparten recetarios para «medicamentos» que alivian los dolores causados como efecto de la privatización.

Cuando existe una excepción en un gobierno que prioriza la gestión democrática (consulta a los interesados), las élites empresariales y dueñas de los principales medios, inician con su estrategia de intrigas y desinformación, le aseguran al público que el gobernante es socialista, comunista (ñangara), además de engrandecer sus pocos defectos, para luego montar alternativas políticas que restituya ese poder (caso Honduras).

No deja de existir traicioneros que el poder político y económico puede embrutecerles, hasta el grado de perseguir y reprimir a quienes les acompañaron en sus luchas, creyendo en cantos de sirena (caso Nicaragua). En esta «selva política» hay líderes que no terminan de definirse, pero sí encuentran fama internacional (caso El Salvador).

El presidente Arévalo de Guatemala, tiene muy buen acercamiento con su vecino del Norte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México. Sin embargo, no pareciera fluir esa «sangre» hacia el sur de su frontera. Tal pareciera que el liderazgo regional de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, le diera sombra.

Conocer lo que acontece en nuestro entorno es crucial para la toma de decisiones apropiadas. Diversificar las fuentes de información es importante, como lo es la formación de criterios apropiados que vayan en beneficio del sector social al que se pertenece. No es raro escuchar decir, más en mujeres, «no me interesa la política». Sin comprender que es una ciencia, dentro de cuyo ejercicio se define el destino del país, la región y toda institución pequeña o grande, bilateral y multilateral.

Es por la política con una ideología determinada que funciona casi todo, sino todo proyecto, donde los humanos somos los actores principales.

En la actualidad se debate la transparencia de las elecciones en Venezuela. Si fuese las elecciones en Belice, Paraguay o en Jamaica, el interés mundial perdería más de la mitad de la cobertura periodística que tiene Venezuela. Sabemos que eso se debe al petróleo que posee y no por su nivel democrático o la amplia distribución de sus ingresos.

Poco se sabe sobre el grado de genocidio aplicado por la Israel sionista en Palestina, donde lleva décadas de asesinar a toda esa nación. Gaza está convertida en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los asesinatos superan la cifra de 35 mil personas.

Es por esta razón que, la información es clave en nuestras vidas. Por esto, debemos saber lo que ocurre en nuestro contexto y en quienes tienen el poder político al momento de contabilizar los muertos y heridos.

Más vale un rollo de papel higiénico que el principio de la supremacía de la Constitución Política

  • A propósito de los derechos fundamentales de la educación y salud

Manuel Hernández

La Constitución Política es la ley suprema, a la que está sometido en su conjunto el ordenamiento jurídico.

Ferdinand Lassalle la define, en esencia, como “la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”.

Nuestra longeva Constitución, promulgada en 1949, próxima a cumplir 75 años, que ya uno no sabe si celebrar o conmemorar, tuvo importantes reformas que aspiraron mejorar el Estado Social y Democrático.

Respondiendo a esa orientación ideológica, tendiente a fortalecer los servicios públicos, que constituyen la infraestructura de la democracia, destacan dos reformas constitucionales: las enmiendas del artículo 78 y del artículo 177.

  • La reforma constitucional del artículo 78: la asignación de un piso presupuestario a la educación pública.

El artículo 78 constitucional ha tenido un sustancial y progresivo desarrollo normativo, que pasó por la declaratoria de la obligatoriedad de la educación preescolar, educación general básica y diversificada, gratuita y costeada por el Estado, hasta culminar, más recientemente, con la creación de un recurso presupuestario destinado a la educación pública.

En esta materia específica, la norma constitucional ha tenido dos enmiendas de extraordinaria relevancia.

La primera reforma se promulgó en el año 1997, en virtud de la cual se le asignó a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del producto interno bruto (PIB).

La reforma se justificó en la necesidad de garantizar a la educación una asignación presupuestaria mínima, en razón que, durante la década del 80, las sumas que se destinaron en el Presupuesto de la República registraron una considerable disminución.

Se fijó el parámetro del 6% anual de PIB, mínimo, porque se pretendió recuperar el nivel de inversión pública que se destinó a la educación en la década del 60 y 70, que luego a raíz de la crisis económica de la década siguiente, la asignación presupuestaria sufrió una seria caída.

14 años después, en 2011, se modificó otra vez esa norma, aumentándose en dos puntos porcentuales del PIB el presupuesto mínimo de la educación pública, llevándose al 8%.

El objetivo de esa última reforma constitucional fue incrementar la inversión pública, para fortalecer el sistema educativo, de cara a las exigencias del futuro y realizar una reforma educativa “que tenga como centro del proceso a la persona humana, porque invertir en educación es invertir en desarrollo humano” (exposición de motivos del proyecto).

Cualquier país de nuestro continente se desearía una norma constitucional de este calado, pero, desafortunadamente la reforma nunca ha sido cumplida.

Por contrario, el porcentaje del PIB que se destina a la educación pública es cada vez menor, cuyo presupuesto viene en franca y estrepitosa caída.

El tijeretazo que se le ha metido al presupuesto de educación, en cada período, es cada vez más grande: en 2022, se le asignó un 5,9%, en el 2023, un 5,4% y el actual (2024) un 5.2% de PIB.

Además, tiene que considerarse que dentro de esas partidas quedó incluido el presupuesto del INA y otros programas sociales, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635, determinó que forman parte del presupuesto constitucional asignado a la educación.

Sin duda, un artilugio legislativo para reducir el porcentaje constitucional efectivamente asignado a la educación pública; es decir, un fraude de ley, manifiestamente contrario a la Constitución.

El hundimiento del presupuesto de la educación está llegando a extremos insostenibles, no obstante, las altisonantes declaraciones de algunas diputadas, principalmente del PLN, que a todo galillo manifestaron que cualquier asignación presupuestaria inferior a la fijada constitucionalmente, tenía que pasar por encima de sus propios cadáveres.

Al fin de cuentas, terminaron constipadas e indigestas por sus propias palabras, pero que por lo menos quedan como testimonio de su falta de coherencia política y desapego a los ilustres socialdemócratas que impulsaron aquellas reformas democráticas; que, por cierto, se echan de menos entre tantos diputados Chicago boys y Chicago girls, discípulos espirituales de Friedman y Hayek, que colonizaron el pensamiento del PLN.

No sorprende para nada, que, a merced de esa lógica fiscalista, la asignación del presupuesto educativo del próximo período (2025), se estime tan solo en el anémico porcentaje de 4,7% del PIB, que tendrá gravísimas implicaciones en los programas más sensibles del MEP, infraestructura, transporte estudiantil, comedores escolares, entre otros, en detrimento de los sectores más vulnerables de la población.

Los draconianos recortes reflejan que la educación pública está siendo sistemáticamente desfinanciada, a tal punto que las asignaciones presupuestarias de los últimos años, están muy por debajo de la primera y abandonada reforma constitucional, en el orden del 6%, y ni qué decir del 8%, actualmente vigente, por lo menos en el texto constitucional, pero, en la realidad, materialmente “derogado”.

Un retroceso de 27 años, que no es poca cosa, es un período excesivamente desproporcionado, que explica el apagón de la educación pública costarricense.

No es por otro motivo que el monto que se está invirtiendo por cada estudiante, está muy por debajo del promedio de OCDE.

¡Año tras año, se violenta obscena e impunemente el mandato constitucional y nada pasa!

  • La reforma del artículo 177: la universalización de la seguridad social

El sistema de seguridad social se completó con la enmienda del tercer párrafo del artículo 177 constitucional, promulgada en 1961, que consagró la universalización del sistema de protección social.

Más allá de los alcances del artículo 73 de la Constitución, que estableció los seguros sociales, en favor de las personas trabajadoras, cuya administración y gobierno se le atribuyó a la Caja Costarricense de Seguro Social, la modificación del artículo 177 viene a consolidar la universalización del sistema de seguridad social, extendiéndose la protección a todas las personas del país.

Con la finalidad que la universalización no se volviera ilusoria, la reforma ordenó que se tenían que asignar rentas fijas y suficientes a favor de la entidad aseguradora, que cubrieran las necesidades actuales y futuras, y además, que cualquier déficit lo asumiera el presupuesto de la República.

Desdichadamente esa otra reforma constitucional ha sido perpetuamente burlada, resultando que la deuda del Estado con la seguridad social crece exponencialmente, la cual ha llegado a un nivel financiero astronómico, en detrimento de un servicio esencial de la comunidad.

¡Un año sí, y el siguiente también, se vulnera de manera obscena e impune esta otra reforma constitucional y tampoco nada pasa!

Es importante advertir que el reformador constituyente no se limitó líricamente a enmendar esas normas, sino que, con el propósito, por un lado, de fortalecer la educación y, por otro lado, de hacer efectiva y sostenible la universalización del sistema público de seguridad social, determinó una protección reforzada, estableciendo los dispositivos presupuestarios necesarios para alcanzar esos superiores cometidos.

No obstante, esos mecanismos han sido groseramente quebrantados por los distintos gobiernos y el legislador presupuestario, a sabiendas, muy conscientemente, que están pasándole por encima a la Constitución, al mejor estilo de la vieja fórmula de la razón cínica que relata Sloterdijk: “Sé lo que estoy haciendo, y sin embargo lo hago”, traducida a la versión del país más pura vida: porta’mí el futuro de la educación y la salud del pueblo.

Esa infracción consciente, desvergonzada y permanente de la Constitución, responde a las políticas neoliberales, acuñadas por las autoridades políticas, gubernamentales y legislativas, que pretenden desmantelar, usufructuar y privatizar los servicios públicos.

Tiene toda la razón Noam Chomsky: “Se trata de una conocida técnica de privatización que consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar. Al igual que cuando Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles, lo primero que procuró fue quitarle los fondos, de forma que dejaron de funcionar apropiadamente y el pueblo reaccionó reclamando un cambio. Acto seguido se dice: está bien, privaticen esos servicios. Si luego funcionan peor, no hay problema: el gobierno saldrá a rescatarlos. Esta es la técnica estándar de la privatización”.

Cualquier parecido con lo que está pasando con la educación y la atención de la salud de nuestro país, no es pura casualidad o coincidencia: esa es precisamente la “técnica” política que vienen irrefrenablemente implementando, sin ninguna resistencia, con más intensidad en los últimos años, despreciando la supremacía de la Constitución Política, totalmente devaluada, que la han llevado a valer menos que un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

Importada a nuestra sórdida realidad, amerita traer a colación aquella pregunta que se hacen Levitsky y Ziblatt: “Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas? “

Así es, en realidad, no han tenido que despeinarse, ni sonrojarse mucho, para derrumbar las grandes, pero fallidas, reformas constitucionales.

El derecho a la educación y la salud, derechos universales e inalienables, tutelados en aquellas clausulas constitucionales y, además, en múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos, no pueden seguir siendo letra muerta y enterrada.

El desafío que tiene la ciudadanía, el Soberano, es hacer efectivo el cumplimiento de esos preceptos constitucionales, si aún nos queda tiempo de rescatar la democracia.

Reflexiones lluviosas: ¿Quo vadis, Patria? ¿Adónde vas Patria?

Por Jiddu Rojas Jiménez

Confundir, manipular, distraer y dividir… para reinar. Ésta es la divisa secreta, pero eficiente, de este Gobierno.

1) Para algunos Patria es una «mala palabra». Algo cargado de chovinismo, un pretexto para excluir y odiar. Para el Suscrito, junto a José Martí (1853-1895), «Patria es Humanidad«. Es «Matria«, y no un desfile militar. Un tiempo- espacio fabricado y aceptado, que constituye nexos e identidades construidas, o sea la particularidad de lo universal-concreto de lo humano. Y un refugio necesario, aunque asimétrico, frente al Tsunami de la Globalización inclemente, propia del Estado-Nación (o Plurinacional), al idilio reaccionario y retardatario Neoconservador. Estas categorías políticas habrán de ser «reapropiadas» y «resemantizadas». Habrá que renovarlas desde un nuevo Antimperialismo urgente, desde «Nuestra América» (J. Martí), desde nuestra resistencia posible y democrática, y desde la articulación de nuestras justas luchas populares. Patria socialmente incluyente y cargada racionalmente de Amor al Prójimo, y de Justicia Social. Una Patria cuya construcción se regule por los ideales republicanos de Libertad e Igualdad.

2) Dicho y confesado lo anterior: O sea que no se le debe regalar la categoría política de «Patria», ni de «Pueblo», a la demagogia de la Extrema Derecha Populista, me pregunto: ¿Habrá algo más triste que ver a la gente humilde, a la gente trabajadora, a gente decente y honesta, a gente pobre, a Empleados Públicos incluso, apoyar de forma casi inconsciente a un Gobierno mentiroso, matón, demagogo; evidentemente incapaz, y que sólo quiere tomar partido de la crisis, y destruir nuestras conquistas sociales históricas? A ellos dedico, sin muchas pretensiones y sin querer sonar condescendiente, estas reflexiones tan lluviosas, y este modesto y amoroso reclamo cívico.

3) Después de dos años y medio de gestión improvisada, qué encontramos: ¿Un Gobierno que finalmente, sólo quiere vender nuestro patrimonio público y nacional a precio irrisorio? ¡Un Gobierno autoritario, pero sin brújula, inútil, en plena crisis, y qué sólo quiere finalmente terminar de destruir y privatizar, al Estado Social de Derecho, para pagarle a sus financistas de Campaña! ¿Hay alguna duda racional al respecto? ¿Pero cómo lo logró saliendo impune? ¿Tanta mentira, tanta manipulación, tanto odio, puede ser sembrado y cosechado en tan poco tiempo? ¿Tanto resentimiento dejó el pasado Bipartidismo Neoliberal? ¿O acaso fue la decepción con el último Gobierno PAC (bastante Neoliberal) de Carlos Alvarado? ¿Será la manipulación electoral de los prejuicios contra la población sexualmente diversa? ¿Será lo que algunos llaman con cierta sorna o cierto delirio, «Ingeniería social”?

4) A manera de Excursus:

Ser “Progresista” no sólo es apoyar, nominalmente, los justos Derechos Humanos de la Población Sexualmente Diversa, implica un compromiso económico y político con las clases populares. Al menos se derrotó así, a los Fundamentalistas Protestantes y a la extrema Derecha del momento. Por la misma razón es predecible la próxima alianza electoral entre los Fundamentalistas y los Populistas de Derecha, y los grupos más Ultra- Neoliberales. Así lo han hecho en el resto del Mundo y así quieren hacerlo en Costa Rica.

A contrario sensu: El centro político, el centro-izquierda, las izquierdas democráticas, y los demócratas en general (cómo hizo Francia), deben aprender a construir alianzas programáticas, y agendas de consenso en torno al Estado Social de Derecho. La izquierda electoral costarricense, en particular, deberá hacer también autocrítica y bajar a las bases y comunidades empobrecidas. (El triunfo lectoral arrasador de una alternativa progresista en el Cantón Central de San José en las Elecciones Municipales es muy significativa.)

5) ¿A qué tanta aparente impericia de los viejos sectores hegemónicos en Costa Rica? ¿No hay más oposición real, que no sea la de algunos jóvenes, en la Asamblea Legislativa? ¿O todo este caos social es sólo un dramático efecto patológico colectivo posterior a la Pandemia? Una especie de detonante atómico del Tánatos colectivo, nacional y global. Es como vivir en una pesadilla dentro de un Capítulo de «Psicología de masas del Fascismo», (Editorial Ayuso, 1972), texto clásico de Wilhelm Reich. ¿Acaso dividiéndose más nuestra sociedad, y proyectando nuestros prejuicios, temores y odios, salvaremos al país? ¿Cuál es la base colectiva libidinal del Autoritarismo? (Herbert Marcuse, dixit.)

6) ¿Qué pasará con nuestras empresas públicas estratégicas? ¿Botar al Niño junto al agua sucia? ¿No hemos aprendido nada del fracaso global del modelo económico Neoliberal? ¿Qué clase de Ciudadanía tenemos? ¿Estamos tan envilecidos como sociedad? ¿Hay un punto de no retorno cultural? ¿A qué siniestros intereses sirve esta Subjetividad social monstruosa y caníbal? ¿Hasta dónde el «Capitalismo Salvaje» penetró y destruyó nuestro tejido social? ¿Podemos deshumanizarnos aún más?

7) ¿Qué ha pasado con nuestra reserva moral como República? ¿Qué interpela realmente a nuestros jóvenes sin esperanza, ni futuro, ni certezas? ¿Qué moviliza a nuestro pueblo para que deje su letargo político? ¿Para que salga de su consciencia «cosificada» del «en sí», y sueñe otra vez, con ser proyecto inclusivo, y desarrolle la potencia liberadora de su consciencia «para sí»? ¿Cómo construir y ofrecer «Esperanza Ontológica» (Bloch)? ¿Cómo volver a pensar la «Utopía- Concreta» desde el «Pueblo Político» (H. Gallardo)? ¿Qué hacer además de quejarnos y buscar un diagnóstico común? ¿Cómo pasar de la catarsis a una lúcida Praxis? ¿Qué hacer?

8) ¿No nos basta acaso con ver en las noticias diarias a las decenas de jóvenes asesinados y a la Inseguridad Ciudadana cotidiana? ¿Qué más falta? ¿Qué nos declaren un Narco- Estado fallido? ¿Qué nos invadan y ocupen militarmente? ¿Ése es el plan geopolítico? ¿Darle la razón última a William Walker? ¿Por qué quitarle financiamiento a la lucha policial contra el Narco? Peor aún, ¿por qué el Presidente hace apología pública desde la indolencia, para normalizar la brutal violencia criminal y los asesinatos de jóvenes en las costas y zonas urbanas de alto riesgo social? (Precisamente en los lugares más deprimidos económicamente.)

9) ¿No les basta observar y comprobar la evidente e insultante Desigualdad Social? El Coeficiente Gini no miente. ¿Cómo no va a incrementarse la criminalidad con décadas de abandono social? ¿Qué va a pasar con nuestros Parques Nacionales y con nuestros recursos naturales? ¿Es viable una Democracia así? ¿Por qué parece no ser evidente a todos que el desmantelar más el Estado Social de Derecho, sólo nos hará más pobres a las grandes mayorías? ¿Hasta cuándo tocaremos fondo como sociedad?

10) ¿Por qué no hay una reserva moral ciudadana que se manifieste contra la destrucción autoritaria de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Qué pasó con los cientos de miles de ciudadanos que salieron a defendernos contra la Privatización del llamado «Combo» del ICE? ¿Qué pasó con los Comités Patrióticos contra el cipayo TLC? ¿Y los miles que protestaron contra un Plan Fiscal que para muchos era regresivo (incluido el Suscrito) y la Ley Marco de Empelo Público? ¿Dónde están nuestros prometidos carros Mercedes-Benz y nuestros vehículos BMW y su falsa prosperidad? (Luego se quejan de las amenazas contra la democracia, pero no hay democracia con miseria y desigualdad.) ¿Y quién se acuerda de nuestra Soberanía? ¿Le estorba la Democracia a la Gentrificación y a la Privatización?

11) ¿Desencanto democrático? Tal vez nunca fuimos, una «democracia perfecta», porque eso no existe. Somos (aún) una «Democracia Liberal» pero con un techo político clasista: Sin embargo, ¿eso es mucho mejor que la especie de Autocracia de Derecha Neoliberal anunciada o no? ¿Realmente las clases dominantes costarricenses apostarán a esta aventura autoritaria y antidemocrática «Populista»? ¿Qué pasó con las capas medias ilustradas que salían a votar contra el Fundamentalismo Protestante y su agenda intolerante y Neoconservadora? ¿Qué pasó con los Empleados Públicos y con sus vigorosos Sindicatos? ¿Y qué pasó con los Docentes y sus gremios antes tan combativos?

12) Quo vadis, Mater? ¿Adónde vas Madre [Patria]? Costa Rica, ¿qué nos pasó? ¿Cómo terminamos así? No estamos solos en esta tragedia global, el Presidente Petro de Colombia, le llama por su nombre en un discurso público: “El Fascismo está ascendiendo en el Mundo. Y hay que llamarlo como es. Son los Nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar… Claro, en su versión light en Costa Rica, después de Don León Cortés (1882-1946). ¿Ha fallado nuestra democracia? Económicamente en las últimas décadas de gobiernos neoliberales, muy posiblemente. ¿Falta de Legitimidad republicana? (Obvio.) ¿Excesos burocráticos? (Todos hemos vivido nuestra propia pesadilla kafkiana en nuestra Administración Pública. Y los Empresarios ticos no son la excepción.) ¿Sumemos el torrente de abusos y escándalos públicos? ¿La obvia corrupción pública? Claro, esto último es innegable. ¿Los medios? Obviamente esto ha sido explotado por los publicistas e ideólogos baratos del Neoliberalismo económico, y sus medios (los viejos y los nuevos). ¿Es acaso, la temida Posverdad y su moda?

13) Pero ¿qué más corrupto que la anunciada privatización de nuestra institucionalidad pública? ¿Dónde ha existido privatización sin corrupción? Razonemos: ¿Si hay corrupción pública, con controles administrativos y frenos y contrapesos, sin los mismos, sólo no habrá más solamente? ¿Es tan difícil entender esto? ¿Por qué el justo descontento general no se canaliza racionalmente? ¿Por qué algunos juristas costarricenses con cierto prestigio profesional se prestan para esta afrenta contra el básico sistema liberal de “Frenos y Contrapesos” (Check and Balance)?

14) ¿No les basta con la agudización crisis del Apagón Educativo, de la Salud Pública, del Sector Agro, de las PYMES, del Empleo precario, de los bajos salarios, del alto Costo de la Vida? ¿Qué más se necesita? ¿El monopolio privado de Riteve sustituido a dedo por el de Dekra? ¿O la cacareada «Ruta del Arroz«? Que no fue sino el pretexto para la importación de arroz extranjero sin aranceles, quebrando a los productores nacionales, sus encadenamientos productivos, y la destrucción de la posibilidad de una Soberanía Alimentaria ¿La extraviada «Ruta de la Educación«? ¿La destrucción del Sector Cultura? ¿Las amenazas institucionales contra el ICE otra vez? ¿La Deuda de la Administración Central a la CCSS nunca honrada?

15) ¿Por qué grandes masas empobrecidas todavía siguen apoyando a este Gobierno? ¿Por qué apoyarían este aparentemente un ridículo autodenominado «Plan Jaguar«?

Un Plan que sólo debilita los controles de la Contraloría de la República, y promueve las próximas privatizaciones entre otras bellezas. Además, apoyan este proyecto, sin siquiera leerlo, o hacer un mínimo esfuerzo por entenderlo o debatirlo con racionalidad y respeto. ¿Cómo puede funcionar una República así? ¿Qué futuro tiene nuestra imperfecta y necesaria democracia? Avisados estamos.

Gracias, MA. Jiddu Rojas.

La violencia económica

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.

Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.

Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.

Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.

El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.

Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.

Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.

Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.

Al borde del abismo

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias

Los responsables de la catástrofe política que estamos padeciendo son quienes firman un comunicado en contra de la arriesgada afirmación que realizara el actual “mandatario”: hemos vivido la “dictadura perfecta”. Me refiero a los expresidentes vivos. Algunos de ellos ya habían intentado algo semejante. Oscar Arias, por ejemplo, señaló, años atrás, que la fórmula era una “dictadura en democracia”. Y lo ejemplificó: se reeligió en contra de la Constitución Política y comandó la aprobación de un tratado de “libre” comercio por medio de un referéndum fraudulento.

Así las cosas, debemos aceptar que quien desgobierna este país lleva bastante de razón. La oligarquía costarricense ha construido un sistema a su medida, especialmente en términos electorales –sistema bipartidista hasta que se les agotó la credibilidad y hubieron de improvisar con el PAC– y de dominio ideológico a través del sistema educativo, de los consorcios comunicativos –“prensa canalla”– y de las redes sociales. Ello les ha permitido –es sólo un ejemplo entre muchos– la elección del presidente actual apostando por “el menos malo”. El miedo ha sido clave para ese rejuego electorero; así eligieron a los dos presidentes del PAC, previo diseño del espantajo fundamentalista o ideológico. Claro que el actual desgobernante pregona y aspira a la dictadura total.

Pero fueron el PLUSCPAC y sus turecas electoreras –liberticidas y neo pentecostales, entre otros– quienes provocaron y prepararon la llegada del fenómeno de derecha incrustado en Zapote. La guerra que hoy se libra es entre grupos de poder de la misma oligarquía –“tradicionales” versus “nuevos ricos”, alineados cual mafias-– en procura de la mejor porción del pastel privatizador y de la apertura en dictadura para los buenos negocios. El pueblo llano no cuenta para nada en esa cruenta batalla. Al contrario, lo está perdiendo todo con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, sin saberlo. Lo peor y doloroso: apoyando y aplaudiendo ese desmantelamiento.

De modo tal que estamos en una encrucijada –neoliberal–, la peor de nuestra historia reciente; atrapados sin salida puesto que no hay oposición ni se vislumbra, en el oscuro horizonte, opción política alguna. La crisis de los partidos y del movimiento social es tan profunda que produce más que desasosiego. Si se agrega la ilegal criminalización de la protesta social –aprobada en el segundo gobierno del PAC y apoyada por casi todos los partidos– más la represión simbólica en todos los estratos de la vida pública, el panorama se torna más gris todavía.

El mayor peligro reside en una masa desintoxicada que se cree y hace suyas todas las falacias del neo dictadorzuelo y sus cajas de resonancia, incluidas las dañinas e impunes granjas de troles o los nuevos “medios de comunicación” que, día con día, desinforman y producen falsas noticias a favor del régimen al mejor estilo OTAN, Trump, Bukele o Milei. He allí la nebulosa base social para asestar el golpe final al Estado Social de Derecho y su institucionalidad, ya maltrecho de por sí.

Lo que costó un largo proceso histórico durante el siglo XX, mismo que desembocara en una cruenta guerra civil (1948), para forjar un nuevo contrato social, hoy se deshace en el aire despedazado por un grupo de empresarios angurrientos y la insaciable presencia del capital transnacional. El discurso totalitario cala en los sectores sociales burlados por la propia contrarreforma neoliberal iniciada por el PLUSCPAC en los años ochenta del siglo pasado.

El trapito de dominguear de la oligarquía y del imperio usamericano –“la centenaria democracia sin ejército”, “la suiza centroamericana”, “el país más feliz del mundo”– se ensucia y se hunde en sus propias arenas movedizas, agenciado con brutalidad por los nuevos actores de las espurias finanzas y del poder local. Requiescat in pace.