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Etiqueta: proceso electoral

CONSUMIDORES, MAS NO CIUDADANOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.

De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.

Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.

Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.

Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.

En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.

Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.

Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.

Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.

Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.

Legitimidad de anular

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

            No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.

            Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano,  ingresar  a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas,  en los países en vías de desarrollo.

            Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías,  se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez  más inequitativas de la región.

            Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.

            ¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos.  Figueres recibe en donación,  de un magnate amigo,  el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.

            En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.

            Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en  primera instancia.      Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.

            De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los  dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.

            Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política  en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.

            Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.

El panorama electoral en Costa Rica. Una elección extraña, pero agitada en sus entrañas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Las elecciones en Costa Rica, que se realizarán el próximo 6 de febrero, para elegir Presidente y dos Vicepresidentes, y 57 diputados,  están en una etapa extraña, comparadas con otros procesos electorales anteriores. 

Lo usual ha sido que desde el mes de noviembre, cuando se abre el proceso electoral, para actividades públicas de los partidos y sus candidatos, hasta 3 dias antes del día electoral, 6 de febrero, en este caso, se realice una intensa actividad propagandística en medios de comunicación y en vallas publicitarias, por parte de los distintos partidos políticos y sus candidatos.  

La ley electoral obliga que aquellas instituciones de carácter público, como universidades, la televisora y la radio nacional, o que reciban fondos públicos, están obligadas a tomar en cuenta, para invitaciones a debates, a todos los candidatos presidenciales, sin discriminación alguna. Pueden hacerlo por grupos de candidatos pero no pueden dejar a nadie fuera. 

Hasta la campaña electoral de 1997-1998 era usual que instituciones públicas y privadas invitaran a quienes quisieran. Un Recurso de Amparo constitucional, que interpuse, en enero de 1998, contra un debate de dos medios de comunicación, en el que no me tomaron en cuenta, siendo candidato presidencial, en ese momento, lo gané judicialmente y se obligó a que se me invitara o tomara en cuenta. Los medios de comunicación cancelaron el debate programado entre los que ellos consideraban eran los dos principales candidatos.  

A partir de esa Resolución en los procesos electorales siguientes se tomaron en cuenta a todos los candidatos.  

La legislación luego se reguló para que las instancias privadas pudieran invitar a quienes quisieran, mientras las públicas obligadamente debían considerar a todos los participantes, como se viene haciendo desde el 2006.  

Cuando participan pocos partidos políticos el manejo de debates con candidatos presidenciales se puede hacer más democrático con la participación de todos. Pero, cuando participan muchos partidos políticos se hace más complicada la logística de considerar a todos los candidatos para un debate político, de allí, la necesaria selección de candidatos para diversos debates. La sola escogencia de candidatos, para cada debate, provoca reacciones entre ellos, especialmente de los candidatos que quieren ser tomados en cuenta con los que se consideran más importantes.  

La consideración de los más importantes deviene de la historia de los mismos partidos políticos, si han sido gobernantes o no, si han participado en procesos electorales o no, si sus candidatos son conocidos dirigentes políticos o son nuevos, y en muchos casos, totalmente nuevos, que participan por primera vez, sin historia electoral alguna, como esta sucediendo con algunos candidatos. 

En las elecciones de Costa Rica del 6 de febrero participaron 25 partidos con candidatos presidenciales, lo que evidencia la dificultad de realizar estos debates. Por instituciones públicas hasta este mes de diciembre no se ha hecho ninguna presentación de candidatos.  

Instituciones privadas, cámaras empresariales, asociaciones sociales, y medios de comunicación, han realizado pocos debates tomando en cuenta hasta cinco candidatos, escogidos por ellas, de los 25 inscritos, o han realizado entrevistas selectivas a algunos de ellos, obviamente discriminando o no tomando en cuenta al resto. 

En la determinación de escogencia de candidatos influye también el índice de conocimiento que empiecen a tener en las distintas encuestas, de las casas encuestadoras oficialmente inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, únicas autorizadas para hacer publicaciones sobre intencionalidad de votos.  

Esto influye también en la posibilidad de financiamiento bancario, tanto de bancos privados como públicos, para que mediante créditos o fideicomisos, con respaldo al posible derecho de financiamiento público, post electoral, puedan tener los partidos políticos. Hasta esta fecha solo cinco partidos se han favorecido por financiamiento crediticio de bancos privados para su campaña electoral. 

En Costa Rica existe la norma constitucional, desde 1949, de financiamiento público de las campañas electorales. El origen de esta norma fue quitarle al capital la posibilidad de ser los dueños y amos de los procesos electorales y de control de los partidos políticos y sus candidatos, y facilitar de esa manera, una participación más democrática. 

El procedimiento que se siguió, desde 1996, para financiar las campañas electorales fue de que tendrían derecho a reconocimientos de gastos de campaña aquellos partidos que obtuvieran un 4% o más de votos o que eligieran al menos un diputado.  

Los partidos políticos están obligados, en su inscripción, de presentar un presupuesto de gastos de toda la campaña, que por presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no puede modificarse. Contra este presupuesto y sus facturas de gastos, el órgano electoral define la validez de los pagos de aquellos partidos que logren pasar el umbral del 4% o de elegir diputado. El análisis de facturas y gastos es riguroso y ya ha ocurrido que a partidos políticos les encausen penalmente a sus Tesoreros o responsables de los manejos financieros de las campañas electorales. 

Contra ese posible financiamiento público es que los bancos se abren para apoyar a algunos partidos, según sus propios análisis, y sus propias encuestas, para asegurarles fondos a algunos partidos políticos, que negocian esos financiamientos hasta con 30 o 40% de descuento de sus bonos electorales, de  su posible derecho de financiamiento electoral. Así, si un banco recibe 2000 millones de colones en bonos electorales, autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones contra su posible resultado electoral, como garantía, por un crédito, a un partido, el partido en realidad recibe 1200 o 1400 millones, según el porcentaje negociado a favor del banco, con riesgo  mutuo, salvo cuando los bancos también se aseguran con bienes u otros avales más reales, que un posible resultado electoral. 

Esto en la práctica hace que la mayoría de los partidos políticos no tenga posibilidad de financiamiento para su campaña electoral, haciendo que el proceso electoral sea muy discriminatorio para los partidos nuevos y pequeños.  

En la historia electoral del país, desde 1953,  alrededor del 96% de los partidos no recibe ningún apoyo financiero público para sus campañas, a pesar de la norma constitucional, que en buena lógica, debería estar abierta a financiar, contra los resultados electorales, a todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos sacan votos y cada ciudadano es igual independientemente a que partido pertenezca, o le dé el voto, donde cada elector, a estos efectos, tiene un valor económico, que se contempla en el 0.11% del PIB, del año anterior a la elección, que garantiza esos gastos electorales nacionales de cada campaña electoral. 

Veinticinco partidos inscritos, me parece, ha paralizado la propaganda en este período de noviembre a diciembre. El impacto del gasto electoral se hará sentir, en propaganda, en enero, mes previo al día electoral, para hacer sentir el peso de los partidos, de los candidatos, de anular propagandísticamente a los otros partidos, de aturdir y atontar a los electores, de hacerse sentir más para la atracción de votos. Y, hasta para hacer una reserva de dinero, entre los partidos que tienen posibilidad de ir a una segunda ronda, en caso de que el 6 de febrero ninguno de los partidos pueda lograr el 40% de los votos para elegir presidente. Sucedió en la campaña electoral del 2014 que el partido Liberación Nacional, prácticamente había gastado todo su presupuesto en la primera ronda, quedándose sin dinero para la seguna, mientras su otro contendiente, el partido Acción Ciudadana, tenía una cifra de dinero muy sustantiva para esa segunda ronda, porque no había hecho tanto gasto en la primera, lo que le facilitó su triunfo, inesperado y sorpresivo para este partido que no esperaba llegar a esa segunda ronda, como igualmente fue su resultado ganador en la elección del 2018. 

Hasta hoy, entonces, hemos tenido, una campaña electoral desteñida, sin aspavientos electorales, sin que se sienta propaganda alguna, y probablemente no habrá tampoco anuncios de saludos de Navidad y Año Nuevo, en medios de comunicación, que sí se permiten por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Cuando se aprecia el panorama de elección de diputados se hace más compleja esta situación. Costa Rica tiene siete provincias, que eligen cada una su respectivo número de diputados. Los 25 partidos nacionales con candidatos presidenciales también participan en todas las provincias con sus propios candidatos. Hay también partidos políticos que solo participan para elegir diputados, en las respectivas provincias. Así mínimo hay 25 partidos nacionales con candidatos a diputado en cada provincia, pero, en general, suben a más, hasta 32 partidos en una provincia. Esto dificulta mucho darle espacio a los candidatos por provincias, si de entrevistas se trata, en instancias públicas y privadas. Lo usual es invitar a los diputados que encabezan las listas de cada partido en cada provincia, lo que ya es, por el número de partidos, imposible de realizar. Hasta hoy no se han hecho encuentros de este tipo.  

En enero es imposible. Serán candidatos bastante invisibles y “anónimos” en su realidad, más allá del esfuerzo individual o partidario que realicen los candidatos a diputados en sus respectivas provincias y cantones. Para ellos pesará el candidato presidencial de sus partidos que puede halar a diputados a su posible elección. 

Esta elección en este sentido ha hecho que de los 25 partidos nacionales, el 60 % de ellos lleve a su candidato nacional también como candidato a diputado, lo que la legislación permite, en una doble candidatura. Esto es así porque a todos los efectos públicos la campaña electoral gira alrededor de los candidatos a presidente. Aún cuando casi no tomen en cuenta a muchos de estos candidatos nacionales, no dejan de tener presencia, y eso les puede producir una ligera ventaja para su posible elección como diputados, sobre los que no son a la vez candidatos presidenciales.  

Desde el 2002 que se permite la doble candidatura, no ha ocurrido que un candidato presidencial, no electo presidente, sea electo como diputado. En esta ocasión hay más posibilidad para algunos de estos candidatos que en el pasado, lo que se verá hasta el 6 de febrero. De suceder podría tener una ventaja legislativa de llevar a su seno candidatos presidenciales, jefes reales de sus partidos, especialmente aquellos que tienen más liderazgo político, lo que permitiría más capacidad parlamentaria para lograr acuerdos políticos, que son muy necesarios para la gobernanza nacional que viene con el nuevo gobierno, a instalarse en mayo próximo, tanto los diputados como el Presidente. 

La preocupación que circula en círculos políticos y económicos es la posibilidad de que haya una gran cantidad de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que imposibiliten la gobernanza o la entraben en su toma de decisiones. Por ahora no lo veo así. No me parece que el resultado electoral vaya a alterar el número de partidos y fracciones parlamentarias que hoy existen en el Congreso costarricense. 

El esfuerzo que se realiza por los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la República, es triunfar en la primera ronda, el 6 de febrero, de allí la intensificación de propaganda que se hará en enero. No va a ser fácil. Se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos.  

El número de electores, en números redondos, está en 3.5 millones. Suponiendo que pueda haber un abstencionismo de un 30%, que ha sido el promedio del abstencionismo de las campañas electorales del siglo XXI,  hace que  los electores sean 2.450.00, y para ganar se necesita el 40% de estos, alrededor de los 980.000 votantes, cifra que no ha sido alcanzada en el pasado electoral costarricense por ningún partido. 

Otro elemento que enrarece el ambiente actual es el fraccionamiento de tendencias políticas en el actual escenario electoral. Así, con el nombre que reivindica la  socialdemocracia  hay cuatro partidos, entre ellos el histórico Liberación Nacional, con su candidato José María Figueres, hijo del fundador del partido, también expresidente de la República, bajo la bandera del social cristianismo, y del cristianismo no católico, hay seis partidos, entre ellos el de Fabricio Alvarado, quien quedó de segundo en el pasado proceso electoral del 2018, hoy aspirando a una doble candidatura, y Rodolfo Piza, que entra separado de la Unidad Social Cristiana, a quien levantó como partido en las últimas dos campañas electorales, también con doble candidatura,  los libertarios o neoliberales que van divididos en cinco partidos políticos y la izquierda, sin participación de los comunistas históricos, va con tres partidos nacionales, y suma el propio partido de gobierno, Acción Ciudadana, que enfrenta el reto más importante, como sucedió con Liberación Nacional, en la elección del 2014, de ir a un tercer gobierno consecutivo, lo que  no ha logrado ningún partido político nacional. 

La indecisión mostrada en encuestas por los electores y ciudadanos ante el proceso electoral, que alcanza un 70%, no dice que sea una masa abstencionista. Eso está directamente ligado a la gran cantidad de partidos políticos que estaban en proceso de inscripcion, y que sin campaña publicitaria, produzca esa indecisión, afiliación o escogencia de candidatos.  

Los resultados electorales desde 1953 hasta el 2018 señalan que simpre ha votado un 70% de los electores, lo que hace que el abstencionismo real, en ese mismo período sea del 30%. Esto no tiene por qué cambiar. Mi impresión hoy es que el abstencionismo podría bajar un poco, especialmente por lo tensa que será la campaña en enero. La indecisión la han querido mostrar como abstencionismo, lo que no es correcto. 

La segunda ronda se estará definiendo en la segunda quincena de enero, cuando volvamos a preocuparnos en este espacio, de este final electoral, que ahora parece raro, porque las aguas de la superficie no se mueven, pero las corrientes que están por debajo se muestran agitadas y con grandes remolinos, que tendrán su función de tragarse a candidatos. Ya veremos y estaremos atentos al movimiento de estas aguas. 

 

Artículo publicado en Wall Street International Magazine, compartido con SURCOS por el autor.

Sobre la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR
08 marzo 2022

El error político del PLN junto con el PAC y demás fracciones legislativas más allá de que se emitan distintas razones que van desde «es la mejor ley para solucionar el déficit fiscal» hasta es el paso correcto para «mayor justicia salarial entre sector público y privado», entre otras repeticiones discursivas de hace más de 45 años de los «políticos», sin duda le echa un enorme empujón al ultraderechista, misógino, tecnócrata de falsa narrativa populista de derecha y prepotencia ya conocida don Rodrigo Chaves Robles.

Al país posiblemente le esperen años aún más oscuros y sin duda dentro de cuatro años o antes asistiremos a la promoción de otras leyes para «mejorar los impuestos» o «solucionar el déficit fiscal».

Todo indica que en el escenario de que gane una de las dos derechas en disputa por Zapote el país tarde o temprano asistirá a una explosión social.

Como hemos dicho tenemos dos rutas: una más lenta y gradual que la otra, pero que nos lleva por el mismo camino y al mismo lugar, mayor concentración de la riqueza, pobreza, precariedad laboral, desempleo, en fin, mayor exclusión social.

Así las cosas, definitivamente parece ser que la aprobación de la dis que ley de empleo público podría generar más réditos al enfoque ultraconservador y eso acelera el escenario de una explosión social.

Frente a segunda ronda, ciudadanía vigilante espera respuestas – Comunicado

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.

Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.

Señores candidatos, queremos saber:

1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?

2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?

3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?

4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?

5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?

6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?

7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?

8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?

9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?

10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?

11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?

12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?

13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?

14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.

Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.

Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.

Iniciativa:

1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920

Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838

Compartimos el documento original en formato PDF para descargar:

La reivindicación femenina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Significativo y de valor, resulta la conformación de listas en el Pacto Histórico, por el alto porcentaje de mujeres que aspiran, en Colombia, a la representatividad política, por zonas regionales provinciales y departamentales; producto de la equivalencia en la igualdad de aspiración a cargos de elección popular, en un sentido de género; superando flancos problemáticos con el feminismo.

Valga la presente semblanza de la aspirante a la Cámara de Representantes, en lista cerrada por el Departamento de Norte de Santander, a nombre del Pacto Histórico, con miras a hacerla extensiva- a nivel nacional- en la serie de recomendaciones y caracterizaciones, que contiene y significa, en las actuales condiciones del país, la noble aspiración a hacer parte de un cuerpo colegiado legislativo, en el entorno del proceso electoral actual. Un proceso electoral que mantiene en impaciencia y sobresaltada a la opinión pública internacional, por la constante de un sistema electoral, concebido, ajustado y aceitado para el fraude y que califica como totalmente desprestigiado. Que, a su vez, ante la opinión pública nacional (refiriéndome por ésta a aquella que no está intoxicada por la mediática dictatorial), el poder legislativo, marca un aspecto de referencia por lo característico de anti popular y anti democrático de sus actuaciones; por sus posturas infieles a los intereses populares y por los alcances de una representación obtenida por fraudes y negociaciones de casino; a la sombra pérfida de un sistema electoral, corrupto, decadente y carente de fe pública y oscuridad en el escrutinio .

Mencionar a ALIX MARINA OJEDA ALVAREZ, como aspirante a la Cámara de Representantes, encabezando la lista del Pacto Histórico, en el Norte de Santander, significa aludir al papel de la mujer en la Provincia de Ocaña. En ese sentido, Alix Marina Ojeda Álvarez, es la expresión más representativa de la mujer actual, como ama de casa, con conocimiento de los recursos públicos, durante el desempeño como funcionaria de la empresa pública Telecom; profesional del Derecho, que ha sabido combinar su conocimiento, interpretando y difundiendo por los medios de comunicación, que la destaca como conocida, en el aspecto académico del periodismo. Una activista social de cara a abordar los temas álgidos de la conflictiva situación política y social de Colombia y en especial de la región del Catatumbo nortesantandereano.

Por primera vez, una mujer (de pesos político especifico), aspira a un cargo de elección popular para representar a la Provincia de Ocaña y al Departamento de Norte de Santander, en los escaños del Congreso de la República. No se da a conocer como una política profesional, en que todos sus réditos provengan de la política. Por el contrario, ella es un ejemplo de participación ciudadana, en el ejercicio democrático de la política; en aplicación de mecanismos y salidas decentes en su práctica. Por ello huelga explicar, que lo de “peso político especifico”, concierne al apoyo de su concepción, fundamentados en los Programas Políticos, que expresa el acumulado de experiencias y conjunto de ideas propuestas, que sustentan la representación de país y soberanía que sobre el tema sostiene y apoya la Colombia Humana y en especial el Pacto Histórico.

Alix Marina Ojeda Álvarez, reivindica el contenido del discurso político por el cambio; superando el enlodamiento demagogo del clientelismo traqueto, por el de la altivez en el compromiso adquirido con los votantes, que depositaran en ella su confianza y mandato.

Alix Marina Ojeda Álvarez, se deberá a las comunidades; es decir, a todo el conglomerado que reclama la participación directa democrática en los destinos de sus intereses y soluciones a las necesidades que les aquejan. Por ello, el mandato a asumir es el de los intereses de la pluralidad colectiva, cuyo soporte no será el lobby, caracterizado por el acato a sujetos y personas con influencias de poder político y económico y que sustentan el actual dominio de la corrupción y la pérdida de valores; sino el del Poder Popular, como mandataria de la pluralidad colectiva de las agrupaciones de las organizaciones de masas, sociales, populares y políticas. En uso y aplicación veraz de los instrumentos de participación política directa del pueblo colombiano, que son letra muerta en la norma constitucional actual. En este sentido, su labor, como representante en el poder legislativo, apuntará a la efectividad de los mecanismos de participación directa del pueblo colombiano, expresados en la revocatoria del mandato, el cabildo abierto popular, la asamblea popular, la reunión de juntas populares permanentes locales; en las que la agrupación de las colectividades, sus reuniones y asambleas, garanticen los mecanismos de participación democrática directa y de lo representativo, expresadas, en el plebiscito, los referéndum, el uso de las tutelas y las acciones populares, sobre todo en defensa de la naturaleza, la riqueza hidráulica y marina de la nación colombiana.

Alix Marina Ojeda Álvarez, representa el reto, para arrebatar aquellos espacios usurpados y lograr superar el vacío dejado por lideres y lideresas asesinados. Sus propuestas van en contraria de los intereses de los poderes hegemónicos locales; persistentes en mantener la continuidad del conflicto armado interno y bajo fuerte influencia por beneficiarios del narcotráfico.

En el caso particular del Norte de Santander, el reto de la aspirante a la Cámara. Alix María Ojeda Álvarez, radica en superar a la derecha militarista del clientelista Wilmer Carrillo, en 17 municipios del Norte de Santander, en donde contabilizaran votos comprados de bases liberales. Además, del reto en proyecciones para ser la sepultadora del actual representante a la cámara por el partido conservador, Ciro Rodríguez: un exponente de lo retardatorio y corrupto, que cínicamente aspira a repetir, pese a su rosario de calamidades. Tal falsedad, desvergüenza y maldad, raya con lo cínico, en una práctica que lo caracteriza, por actuar generalmente en forma de burla disimulada, totalmente diferente a lo que dice, prédica y práctica.

Alix Marina Ojeda Álvarez, por sus raíces familiares liberales, redundara en beneficio a lo programático Alternativo Popular. Al propulsor Gustavo Petro, se le ha caracterizado política e ideológicamente, como un socialdemócrata con ideas liberales. Sus ideas sobre la distribución de la renta; el impulso de un desarrollo del capitalismo productivo, en un modelo económico de energías no fósiles y basado en lo agro productivo de soberanía nacional alimentaria y exportación de excedentes; así como la inclusión de subjetividades como la elección de sexo, la libre determinación de autonomía y personalidad, el feminismo, entre otros logros, no son en contenido alguno socialistas.

Asistimos un momento histórico de superación de un modelo económico salvaje y afrontar las reformas radicales estructurales y de fondo que la sociedad colombiana requiere, para dejar atrás los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana; en particular, la salida política definitiva del conflicto armado interno.

Que, así como en el entorno de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo en el Norte de Santander, se pudiere en otras regiones de Colombia destacar la valía de la mujer activista. Alix Marina Ojeda Awad, se ha convertido en la abanderada del recuerdo perenne de mujeres como María Susana Awad de Ojeda, quien, gracias a sus desempeños políticos, por ser luchadora infatigable por obtener el voto femenino en Colombia que materializo en el año de 1957, fue ungida como la primera alcaldesa nombrada en Colombia, posesionándose como alcalde de Ocaña el 17 de octubre de 1961. De Alix Marina Ojeda Álvarez, expresó en documento, Doña María Susana, quien falleció hace dos años a la edad de 100 años: “Hoy, a los 98 años, me siento orgullosa de que una mujer ocañera aspire a la Cámara, enarbolando las banderas de las reivindicaciones sociales, políticas y de las mujeres”.

Con la declaración de Doña María Susana Awad de Ojeda, se reivindica política y moralmente la figura de la mujer ocañera. Doña María Susana Awad de Ojeda, mostrando un aspecto hermoso y de buena salud, a sus 98 años, eleva al pedestal de la figura icónica de la publicidad, la imagen de la candidata Alix Marina Ojeda Álvarez, a semejanza y representación de su acumulado de valores, cual potencial armónico que fluye en estruendoso y saludable impacto. Al evocar, por provenir de ella, el apoyo a la aspiración electoral de Alix Marina, propendiendo a la elevación de la escogencia moral, del acierto político en la preferencia a la adulada, con el propósito o fin de no ocultar, que al presentarla a semejanza de su pulcra vida política y esa sí de ciudadana de bien, genera la satisfacción propia de un mensaje que ha sido integra y totalmente asimilado.

Saludable, desde todo punto de vista el gesto político de Doña María Susana Awad de Ojeda, a favor de la dirigente popular Alix Marina Ojeda Álvarez, en fórmula con la aspiración al Senado y hoy senador campesino Alberto Castilla, en las pasadas elecciones de 2.018 (1)

Motiva el presente artículo la evocación a la mujer, tan cercana la fecha a su reconocimiento internacional, el próximo 8 de marzo. Rememoro y cito, para concluir, con el famoso contenido que encierra el adagio oriental “las mujeres sostienen la mitad del cielo”.

(1) Artículo de David Humberto Ojeda Awad. “María Susana Awad Maestre. Algunos episodios de su vida”.

El Frente Amplio de cara a la segunda ronda electoral

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

Comunicado

– Frente Amplio no dará adhesión a ninguna de las candidaturas que contienden para esta segunda ronda

– Ambas candidaturas representan la continuidad de un mismo modelo neoliberal excluyente y diferentes formas de debilitamiento de nuestra democracia

Los resultados de la primera ronda nos obligan como país a sopesar diversos elementos. Por un lado, el elevado abstencionismo como expresión de la pérdida de credibilidad de grandes sectores de la población hacia el ejercicio de la política, ante la exclusión económica, el crecimiento de la desigualdad social, el desempleo, las brechas regionales en oportunidades para el desarrollo, la concentración de la riqueza en pocas manos, sumado a los continuados escándalos de corrupción.

Al mismo tiempo, el paso a la segunda ronda de José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional y de Rodrigo Chaves Robles del Partido Progreso Social Democrático, representa la continuidad de un mismo modelo neoliberal excluyente y diferentes formas de debilitamiento de nuestra democracia. El primero, con un historial que le vincula a las etapas más oscuras del saqueo bipartidista que significó el cierre de instituciones, el avance de las políticas neoliberales y la germinación de muchos problemas que actualmente padecemos como país. El segundo, un exfuncionario del Banco Mundial (organismo internacional impulsor de la globalización neoliberal), sancionado por conductas de acoso sexual, que ejerció como Ministro de Hacienda en el actual gobierno, promoviendo medidas que lesionaban aún más a las personas trabajadoras y en condición de pobreza.

En el Frente Amplio reafirmamos el compromiso para con las mujeres de Costa Rica en la lucha contra toda forma de violencia y su derecho a vivir en una sociedad libre de acoso sexual. Así mismo, rechazamos el uso de los derechos de las mujeres como moneda de
cambio. Mantenemos de igual manera el señalamiento a la corrupción -pasada o presente- como uno de los principales males que corroen a la función pública. De igual manera rechazamos las posiciones autoritarias de quienes amenazan el ejercicio de la libertad de
prensa, que ponen en entredicho nuestra institucionalidad democrática, la división de poderes del Estado, y que de manera irresponsable hacen promesas irrealizables que rozan con la legalidad y la Constitución. Ante esto, no es conveniente que se validen y naturalicen las voces del autoritarismo que ponen en riesgo la estabilidad y la democracia. Señalamos además lo improcedente y lo peligroso que resulta ocultar las fuentes de financiamiento, que deberían ser más claras y de carácter público conforme a lo exigido por el TSE.

Por tanto, el Frente Amplio no dará adhesión a ninguna de las candidaturas que contienden para esta segunda ronda. Manifestamos nuestro respeto a la decisión que tomen las y los ciudadanos, en ejercicio de sus libertades y derechos, para acudir a las urnas a votar por alguna de las dos opciones, votar en blanco, anular su voto o bien abstenerse. Al mismo tiempo, en apego a nuestros principios, reiteramos nuestro compromiso con el orden democrático y el respeto a la institucionalidad electoral representada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

El Frente Amplio, como fuerza política comprometida con la democracia de nuestro país, expresa su firme voluntad de construcción de acuerdos basados en el diálogo y sobre la base de ejes programáticos, que garanticen avances en derechos humanos y en agendas tendientes a solventar los problemas más apremiantes a nivel económico y social.

Convocamos a la ciudadanía a organizarse y participar de espacios de reflexión y acción en pro de la defensa de nuestros derechos. Llamamos a la organización y al diálogo entre actores sociales y políticos comprometidos con la defensa del Estados Social de Derecho, que nos permitan construir acuerdos mínimos para que Costa Rica retome la ruta del desarrollo con justicia social y la profundización de nuestra democracia.

Comisión Política del Frente Amplio

Posición del Partido Acción Ciudadana en torno a la segunda ronda electoral

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

Comunicado

Las autoridades partidarias han resuelto, atendiendo el sentimiento de sus bases, no apoyar a ninguno de los candidatos que disputan la presidencia de la República y dejar que cada persona tome su decisión a consciencia y pensando en el futuro de nuestro país.

Como partido nos comprometemos a respetar el resultado electoral. Aquellas personas inscritas como fiscales o miembros de mesa por el PAC en la primera ronda, si así lo desean, podrán participar en el resguardo y escrutinio del voto el domingo 3 de abril con la misma identificación emitida por el partido. En caso de no tenerla, se podrá extender nuevamente.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar con el fortalecimiento de la democracia, la construcción de una sociedad de mayor bienestar y justicia para todas las personas, así como la promoción de proyectos que garanticen el desarrollo sostenible, la educación como eje, la defensa de los derechos humanos, la igualdad real de las mujeres y de entendimiento internacional que permita la convivencia pacífica y solidaria de la humanidad.

Comité Ejecutivo Nacional
Comisión Política

Viernes, 25 de febrero de 2022

Una opinión electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ítalo Fera Fallas

La posición final del Frente Amplio (F. A.) de no apoyar a ninguno de los dos partidos en la segunda ronda es correcta.

Pero aún más correcto y coherente sería que fuese un partido participativo, de apertura al diálogo y a la organización dentro de su propio partido, donde posiblemente miles de personas de seguro esperan esa respuesta.

Diálogo no sólo entre legisladores, debe hacer «puentes» con todas las comunidades organizadas o no, miles de dirigentes sociales y ciudadanos que participan en diferentes organizaciones y movimientos sociales.

Ser líderes de ese pueblo organizado y no organizado, que requiere una mano amiga, transparente, honesta y combativa por los derechos de las mayorías.

Los que le dimos un voto a su papeleta de diputados, de seguro estaremos atentos a su actuación.

El chorreo de votos y la perversa lógica de Pilar Cisneros

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.

Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.

Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.

COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.

SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.

Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.

De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.

No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.

El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.

El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.

En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.

Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.

De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:

De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.

Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.

El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.

Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.

Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.

El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?