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Etiqueta: proceso electoral

Manifiesto público de sacerdotes ante segunda ronda electoral

Voto informado, consciente y responsable

Manifiesto publico ante la segunda ronda electoral
… sembrar en buena tierra la semilla de la esperanza.

En nuestra condición de sacerdotes y religiosos comprometidos con la Iglesia Católica y motivados por los más altos intereses de nuestra Patria, subscribimos las siguientes consideraciones que compartimos con la opinión pública y especialmente con los fieles laicos de nuestras comunidades:

  1. Se avecina la segunda ronda electoral, el próximo 1 de abril del 2018, donde elegiremos al próximo Presidente de la República, llamado a procurar el Bien Común y el beneficio de todos los costarricenses, sobre todo de la población más empobrecida, desempleada y excluida de la riqueza nacional, en particular las mujeres, así como de los grupos minoritarios que claman por el respeto a sus derechos: comunidades indígenas, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidades, entre otros.
  2. Consideramos contraria al espíritu evangélico toda manifestación violenta contra la población LGTBI. En los evangelios no se ve que Jesucristo discrimine a una persona por su condición sexual.
  3. Algunos ciudadanos, erróneamente, consideran que la Iglesia Católica toma partido en beneficio de un candidato porque menciona en su discurso la defensa de la vida y la familia, como si tuviera el monopolio de la defensa de estos valores.
  4. Lamentamos la manipulación del sentimiento religioso, característico de la mayoría de nuestra población creyente, especialmente de los más pobres, por parte de algunos pastores y líderes cristianos evangélicos, no todos, que abiertamente favorecen a un candidato a la presidencia.
  5. Consideramos como amenaza para la paz social, los intereses de algunos sectores económicamente poderosos que visualizan como criterio de oportunidad para hacer negocios, el modelo adoptado en otros países del continente americano, cuando se combina poder político y evangelismo conservador y fundamentalismo de corte neo pentecostal.

Finalmente, en medio de la incertidumbre y la pasión que pueda desencadenar la contienda electoral, hacemos eco del llamado a cumplir con la obligación patriótica del sufragio.

Ejerzamos el derecho a elegir exentos de toda utilización de nuestro sistema de creencias religiosas.

San José, marzo del 2018.

 

J. Amando Robles Robles

Céd 800520054

 

Jorge Arturo Chaves Ortiz

Céd 104130957

Carlos Eduardo Castro Calzada

Céd 1450373

Miguel Picado Gatjens

Céd 103540831

 

José Francisco Soto Soto

Céd 2-275-185

 

Foto tomada por Óscar Segura.

Enviado por Jorge Arturo Chaves.

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Apreciaciones sobre las pérdidas de las iglesias en la presente contienda electoral de Costa Rica

Apreciaciones sobre las pérdidas de las iglesias en la presente contienda electoral de Costa Rica

Alberto Rojas Rojas

Al final, ambas (iglesias) quedan muy desvalidas, porque están dejando ir los fundamentos de su legitimidad a otro movimiento religioso que no es católico ni evangélico cristiano.

En las elecciones costarricenses del 2018, además de las fuertes derrotas electorales de partidos políticos como el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, el Movimiento Libertario o el Partido Accesibilidad sin Exclusión, hay otros perdedores inéditos en que nadie ha pensado hasta ahora.

En este proceso electoral perdió la Iglesia Católica, porque le entregó a otros grupos religiosos una parte significativa de la posición privilegiada que tenía hasta hace poco, para definir en el campo religioso, lo que se considera legítimo desde el punto de vista de la fe. En otras palabras, la jerarquía de la iglesia católica con sus pactos, su proceder y sus silencios, reconoció más legitimidad en otros grupos, que lo que ella misma tiene en la definición de asuntos religiosos y cristianos.

En ese marco, la iglesia católica dejó un espacio vacío, pero además, dejó que otros grupos asumieran la representación religiosa de sus causas. Entregó la iniciativa y su influencia religiosa en la política y la sociedad. El catolicismo costarricense como institución y religión no será el mismo después de estas elecciones, sobre todo si gana la segunda ronda Fabricio Alvarado, ya que con él gana espacio político, otro movimiento religioso que adversa militantemente a la Iglesia Católica.

Ahora, la jerarquía de la iglesia y la gran mayoría de sus sacerdotes, se preparan en un silencio expectante, a valorar las consecuencias de su proceder. Además del debilitamiento de su legitimidad e influencia, la presente coyuntura política del país, les puede traer un debilitamiento numérico en sus filas. ¿Se alejarán hasta hoy personas creyentes católicas a las filas de otros grupos religiosos de la competencia? o ¿Engrosarán el grupo de creyentes decepcionados que no pertenecen a ninguna expresión religiosa?

Uno diría entonces que los ganadores fueron los grupos evangélicos. Pero no. Las iglesias evangélicas cristianas también perdieron y quizá, más que la iglesia católica. Están perdiendo parte fundamental de su identidad evangélico cristiana, y no desde fuera, sino desde dentro.

Por la parte de atrás, sin percatarse, les entró el movimiento de la reforma apostólica, el movimiento de don Fabricio Alvarado, el grupo que él realmente representa y el que realmente está ganando más poder e influencia. Un movimiento post-cristiano que produce y reproduce prácticas y doctrinas que contradicen aspectos medulares de la fe evangélica. Por ejemplo, confunde intencionalmente magia con fe, busca generar una nueva revelación, relativiza la centralidad de los evangelios en la interpretación de toda la biblia y pone la autoridad de los nuevos apóstoles como criterio primario de interpretación bíblica; relativiza también la persona y vida de Jesús como a modelo a seguir o bien, aminora aspectos fundamentales de su vida para no poner en cuestión algunas de sus doctrinas básicas.

Si Fabricio Alvarado gana las elecciones, gana preponderancia el movimiento de reforma apostólica y se crean condiciones subjetivas para que muchas iglesias evangélicas cristianas muten hacia este tipo de doctrina y práctica religiosa. Sobre todo, porque en muchas de estas iglesias, sus pastores y liderazgo tienen una débil formación bíblica y teológica y se alimentan más bien de la industria de comunicación que utiliza el movimiento apostólico. Una parte significativa de la iglesias evangélica, sobre todo de carácter pentecostal, pueden comenzar a ser otra cosa, como si un virus atacara y transformara su fe e identidad evangélica cristiana.

Así, en este proceso electoral no solamente se define un presidente, sino también la reconfiguración del campo religioso costarricense. Una iglesia puede perder espacio religioso y otra pierde identidad. Al final, ambas quedan muy desvalidas, porque están dejando ir los fundamentos de su legitimidad a otro movimiento religioso que no es católico ni evangélico cristiano.

Montes de Oca 18 de marzo, 2018.

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa tomada de http://www.lupaprotestante.com/blog/neopentecostalismo-una-nueva-ola-religiosa-recorre-america-latina/

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Evolución o Involución

Dr. Alejandro Muñoz Villalobos

 

¿Hacia dónde dirigimos los y las costarricenses nuestro país?

No pareciera haber una claridad en el rumbo que queremos y mucho menos hacia dónde vamos como sociedad. Nuestra democracia centenaria se tambalea o acaso estamos en un punto de inflexión como sociedad, algo que también nos pasó, aunque por razones muy diferentes, en la Costa Rica de mediados del siglo XX y que dio como resultado la fundación de la Segunda República.

El fenómeno político que vivimos se debe sin embargo, a factores y circunstancias totalmente distintos de los que provocaron la guerra civil de 1948. Hoy estamos enfrentando el colapso político de las dos tendencias ideológicas más importantes que dominaron la escena política de la Segunda República, la socialdemocracia y el liberalismo, la primera representada por el Partido Liberación Nacional, que a partir del gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), comienza a abrazar las ideas neoliberales estructuradas por Milton Friedman y las escuelas económicas de las universidades de Stanford y Chicago, introducidas por primera vez en Chile con el derrocamiento por golpe de Estado, del Presidente Salvador Allende, e institucionalizadas como políticas de orden mundial a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dando inicio de una manera vertiginosa al fenómeno de la globalización económica (internacionalización del capital).

El liberalismo histórico estuvo representado por los republicanos, que desde tiempos de don Ricardo Jiménez Oreamuno, le aportaron al país una visión política claramente desarrollista y en la década de los años 40, impactaba nuestra sociedad el arribo al poder político del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que influenciado por la doctrina social de la iglesia católica, desde su paso por la Universidad de Lovaina, implementó la que se conoce como la gran reforma social de Costa Rica, que le aportó al país un sistema de seguridad social que hoy es sostén y pilar de la democracia costarricense, así como, el Código de Trabajo, entre otros grandes logros.

Desde entonces, ha habido gobiernos que marcaron puntos de inflexión en la política, provocados éstos por el deterioro de las condiciones democráticas, de la institucionalidad y/o del orden constitucional del país. El cambio de la Primera a la Segunda República lo detona el gobierno de Teodoro Picado Michalski (1944-19 de abril de 1948), quien se retira y asume Santos León Herrera (19 de abril al 8 de mayo de 1948). El Partido Republicano Nacional no entrega la presidencia legítimamente ganada por don Otilio Ulate Blanco y se desata la guerra civil, luego de 44 días de lucha, asume las riendas del país la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por don José Figueres Ferrer, que le deja al país otra serie de reformas esenciales para la vida democrática, entre ellas la insigne abolición del ejército. El 8 de mayo de 1949, la Junta de Gobierno entrega el poder a don Otilio Ulate Blanco, iniciándose con él una nueva y más profunda democracia. Este período que alcanza hasta la década del 70 se caracterizó por un modelo económico de crecimiento hacia adentro o de sustitución de importaciones, es decir, del nacimiento de una nueva burguesía industrial, de una mayor clase media y del fortalecimiento de la educación pública como medio esencial para el desarrollo y el ascenso social.

Una nueva encrucijada en la vida democrática enfrentaría el país durante el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), quien ganó las elecciones mediante la conformación de una coalición política denominada Coalición Unidad, integrada por varios partidos políticos, entre ellos el Partido Republicano Calderonista y el propio partido político fundado por el Presidente Carazo, Partido Renovación Democrática. En esta coalición se fusionaron distintas corrientes de pensamiento ideológico pero, principalmente el socialcristianismo, el liberalismo y el Calderonismo. Este punto de inflexión en la política nacional se caracterizó por dos vertientes que ocasionaron los conflictos, la externa que nos impactó por una baja muy sensible en los precios internacionales del café, que era nuestro principal producto de exportación y el abrupto disparo de los precios del petróleo, que causó una espiral inflacionaria sin precedentes, trayendo consigo el empobrecimiento de miles de personas de la clase media, que solo un cuatrienio atrás era el orgullo del país. Esta crisis causó gravísimos problemas económicos y sociales, aparte de las presiones de organismos internacionales como el FMI, para implantar en Costa Rica la receta neoliberal que se aplicaba ya en América Latina y defendía intereses del gran capital transnacional y autóctono, manipulando regímenes políticos y defendiendo dictaduras que protegían estos intereses. El Presidente Carazo echó del país a la misión del FMI y esto repercutió en la serie de factores políticos internos que marcaron esta segunda vertiente de problemas. La Asamblea Legislativa prácticamente dio la espalda al Poder Ejecutivo y obligó al Presidente Carazo a gobernar por decreto. La inflación galopante, el empobrecimiento, el gigantesco desempleo y el bloqueo financiero acompañaron a la sociedad costarricense durante la mayor parte de este gobierno y más allá.

En 1982 asume la Presidencia de la República don Luis Alberto Monge Álvarez y marca el inicio de una nueva etapa en la vida política costarricense, se fortalece el bipartidismo, caracterizado por la alternancia en el poder de dos partidos políticos que abrazaron el neoliberalismo como bandera de acción gubernamental, apenas matizadas por sus ideologías originarias, la socialdemocracia en Liberación Nacional y el socialcristianismo en la Unidad Socialcristiana, pero que en la práctica gubernativa constituyó un cambio real, un viraje hacia la derecha con respecto de la democracia social que tuvimos antes, entonces la sombra de las privatizaciones y de la reducción del Estado y sus instituciones fueron el blanco de sus políticas, acompañadas por las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los llamados Programas de Ajuste Estructural.

En el año 2000, como presagio político del nuevo milenio, nace a la vida política el Partido Acción Ciudadana, fundado por exmilitantes del Partido Liberación Nacional y que atrajo rápidamente la atención de miles de costarricenses que hartos del bipartidismo imperante, veían en aquella nueva cara de la política, el renacer de la esperanza y la lucha ideológica. A pesar de que sus fundadores tenían un arraigo ideológico por la socialdemocracia, el PAC se debatía más bien en la esfera del eclecticismo político y aunque rompió con el bipartidismo, no habían lazos fuertes que amarraran una visión de país, más allá de la defensa de la ética en la función pública, bandera política de sus fundadores y que no logró ser el argumento suficiente aunque fuerte y seriamente defendido por sus partidarios y simpatizantes, no logró ser razón suficiente para ganar unas elecciones nacionales, sino hasta catorce años después, cuando triunfa otro exmilitante del PLN, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Este primer gobierno del Partido Acción Ciudadana nace en primer lugar del descontento popular por dos pésimos y consecutivos gobiernos del Partido Liberación Nacional, el segundo mandato de don Óscar Arias Sánchez (2006-2010) y de doña Laura Chinchilla Miranda (2010-2014).

Sin embargo, el gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), no ha logrado concretar un cambio político esencialmente diferente de lo que ha ofrecido el bipartidismo neoliberal durante tres décadas, los errores y actos de corrupción de propios y extraños, han dado al traste con las buenas obras y acciones, en las mentes y sentires de los ticos.

Esta seguidilla de tres gobiernos marcados por la crítica y la desazón, dejan a flor de piel la indignación pública por la corrupción que ha tocado a los tres poderes de la República y una estela de desempleo, pobreza por un lado y concentración de riqueza por el otro, promesas incumplidas e insatisfacción generalizada en la población.

En este nuevo proceso electoral que concluirá el próximo primero de abril, en mi opinión, estamos nuevamente ante otro punto de inflexión en la política costarricense, con características totalmente diferentes de los anteriores, cuya principal consecuencia podría ser otro viraje aún más extremo hacia la derecha pero esta vez con un elemento extraño como novedoso y peligroso, que es la presencia religiosa de una rama del cristianismo evangélico denominada neopentecostal, que se nutre ideológicamente de la teología de la prosperidad, también llamada evangelio de la prosperidad, que básicamente sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material propia.

Este nuevo punto de inflexión está marcado por la lucha política entre dos partidos políticos con líderes jóvenes, uno el Partido Restauración Nacional, fundado en el año 2005, de corte conservador y confesional cristiano evangélico. Sus logros en elecciones nacionales han sido muy discretos, casi imperceptibles, con participaciones en la Asamblea Legislativa de escasísimo aporte y relevancia. El otro partido es Acción Ciudadana, quien esta vez es liderado por un joven político, nacido y formado políticamente en el seno del partido, con lo cual, podríamos decir, que es la primera vez que el PAC participa en la vida política con una visión país propia y fundamentada en sus aspiraciones y propuestas.

Pero, ¿por qué este escenario es un nuevo punto de inflexión en la vida política del país? Porque en este escenario hacia el 1 de abril, no solo elegiremos un presidente sino que además, vamos a decidir el rumbo de la democracia centenaria, ya debilitada tras tres décadas de neoliberalismo, corrupción institucionalizada y una creciente delincuencia organizada y pobreza estructural, que de por sí, amenazan ya con deteriorar la paz social.

Si el pueblo opta por elegir a Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional, Costa Rica podría convertirse en la primera teocracia de América Latina, creencia fuertemente arraigada en el señor Ronny Chávez, pastor del candidato y con autoridad sobre él, según sus propias palabras. El candidato no lo ha manifestado así sin embargo, podríamos inferir que es fiel creyente de tal sistema, que tiene como una de sus características fundamentales minimizar o eliminar el control político y la acción de los otros poderes de la República, que en nuestro país son la Asamblea Legislativa y Poder Judicial, sometiéndolos al poder divino otorgado a la figura prominente y elegida del presidente y su alter ego. Las críticas más fuertes que se le hacen a este movimiento se deben a sus doctrinas no amparadas en la Biblia, como son la búsqueda del dinero y éxito en los negocios, a través de la ya mencionada teología de la prosperidad. Quizás esta ideología ha llamado la atención a grupos de empresarios, economistas y políticos representativos del neoliberalismo dominante y en decadencia y quizás también les ha motivado adherirse al movimiento de Fabricio Alvarado, por la oportunidad que representa el hecho de que ese partido político no cuenta con cuadros formados para ejercer gobierno. Ambos factores juntos representan un botín político que no pueden dejar escapar, aunque esto signifique el deterioro aún mayor de la democracia costarricense.

La vida de la sociedad costarricense hacia la Costa Rica del siglo XXI, con esta opción política no puede ser otra que la descomposición social, el mayor enriquecimiento de cierto sector empresarial, el sometimiento de las minorías, la exclusión y discriminación, el debilitamiento de los derechos humanos y la posibilidad de que un partido confesional, conservador, fundamentalista, y que privilegia el dinero y los negocios antes que la dignidad de las personas y la vida en democracia, se pueda perpetuar en el poder.

Por lo tanto, Costa Rica y la vida en democracia de todos y todas, sólo tiene una opción…Carlos Alvarado.

No será tarea sencilla rescatar la democracia, pero veo en Carlos Alvarado el empuje del líder joven, inteligente y preparado, y que además, comprendió inmediatamente desde los resultados del pasado 4 de febrero, que la única manera de realizar la tarea, es formando un gobierno nacional, con la participación consciente, propositiva y comprometida de todos los actores políticos y sectores diversos de la sociedad, para construir juntos la Costa Rica del siglo XXI.

En esta hora el país demanda de las fuerzas políticas ceder y conceder, también demanda hacer a un lado ciertas posiciones ideológicas para construir acuerdos y devolverle a la sociedad costarricense la confianza y gobernabilidad del país. Demanda también fortalecer, modernizar y hacer eficiente la institucionalidad; demanda de todos los ciudadanos el compromiso de participar y ejercer el poder ciudadano para el control político, demanda de nuestras autoridades la transparencia y probidad. Demanda de los sindicatos contribuir con eficiencia y eficacia. Demanda de los empresarios y de las clases sociales económicamente poderosas contribuir con la equidad, solidaridad y sin mezquindad. El país nos demanda a todos los que habitamos en esta bella tierra, el cuido de la Naturaleza, ser humano incluido, que es nuestro tesoro y la que sustenta la vida.

 

*Imagen tomada de conozcasucanton.com

Compartido con SURCOS por el autor.

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La profunda crisis en la que navegamos

(“Que no se diga que no se dijo…”)

La gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado es una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se fía ni de los mismos hechos. Hay quienes le llaman populismo pero en realidad es descrédito de las instituciones”.

Noam Chomsky

 

Hace años, demasiados, navegamos en una crisis profunda. Tantos que parece que nos hemos acostumbrado a ella. No me refiero al saqueo de las arcas públicas, ni al tráfico de influencias, que están con nosotros desde tiempos inmemoriales, aunque se han hecho más notorios últimamente. Tampoco al anunciado colapso fiscal que es, más bien, una de las consecuencias de aquella.

En realidad, todo eso, y más, es síntoma de una crisis que subyace en el fondo, cuyas causas se hunden en las falencias de nuestra cultura política y cuyas consecuencias se extenderán más allá de los próximos cuatro años. Me refiero a la crisis de la democracia representativa; la que hace más de 40 años fue vislumbrada por Rodolfo Cerdas en términos de una crisis de la democracia liberal. A la que, hace unos 13 años, fue explícitamente advertida por Jorge Vargas Cullel, en términos de un riesgo de colapso democrático por dificultades de eficacia, representación y polarización.

UN TORTUOSO CAMINO HACIA EL ABISMO

Si la representatividad democrática falla, si los gobernantes electos no representan a todos, sino que sólo a la mayoría, una y otra vez; sin rendir cuentas y sin más consecuencia que perder las siguientes elecciones, entonces, el grupo de los inconformes, de los indignados, de los incrédulos, de los que se abstienen, de los excluidos, crece y crece como la espuma, como un mal presagio.

Pero si, peor aún, los presuntos representantes deciden sólo a favor de una pequeña élite, si gobiernan sólo para su pequeño grupo, después de haber prometido lo contrario para alcanzar los votos necesarios, entonces, la democracia representativa se corrompe y el pueblo soberano cae en la apatía y la anomia más evidente y peligrosa. La política misma se convierte en una estafa para los representados, frustración que se torna en furia, la que puede dar lugar a cualquier otro tipo de aberración.

Toda vez que el representante no representa al representado y que éste no puede exigirle que cumpla, el sistema de representación y la democracia electoral, que es su mecanismo, entran en crisis, naufragan en su propia contradicción. La democracia se niega a si misma.

UN TRISTE Y LAMENTABLE EJEMPLO

Tenemos ahora un ejemplo en esta elección, porque, tras el cuento de un gobierno de “unidad nacional”, un grupo de expertos del PLN, del PUSC y hasta del PAC, se aprestan para capitalizar un posible triunfo del PRN, o por lo menos eso quieren creer. Sin hablar de los objetivos, sin un acuerdo público, sin programa que quieran debatir. El partido Restauración parece ahora un cascarón vacío, una franquicia sin dueño que se pone en manos del mejor postor. Sin duda otra falsa promesa, una trampa para oportunistas. Pero, entonces ¿por quién, por qué y para qué votarán sus adeptos? Antes de la elección ya se ha burlado así el sistema de representación, siempre confiando en la ingenuidad del prójimo.

En tales circunstancias, los mercaderes de la publicidad también sucumben, porque sólo logran responder con lemas vacíos, golpes efectistas y encuestas dudosas y fallidas. La política desfallece en brazos del más descarado oportunismo, disfrazado de pragmatismo, en manos de la mercadotecnia y el show mediático.

EL FACTOR PRINCIPAL

En ese sentido, una serie de causas y efectos convergen y se acumulan en forma de espiral, con resultados cada vez más alarmantes. Podemos insistir por ejemplo, para sólo aludirlas, en las ilusiones propias de los procesos electorales que redundan una y otra vez en las mismas decepciones. Podemos señalar la eficacia coyuntural de la demagogia que pareciera pervivir, hasta hoy en día, sin aparente consecuencia. Podemos referir a la complejidad creciente de la gestión pública que dificulta la obtención de logros, o tan siquiera su simple divulgación. Etcétera.

Pero hay un factor central y crítico, en medio de esa tendencia caótica, que se llama partido político. En una democracia representativa, como la

nuestra, los partidos políticos juegan un papel indispensable, ya que son los llamados a cumplir con una serie de funciones clave. Voy a mencionar solamente cuatro, pero hay más.

La principal es la educación política. La política no se puede aprender en las aulas, sólo se la aprende haciéndola, por tanto, a partir de la práctica los partidos tienen que convertir las experiencias de las personas en reflexión y doctrina para mejorar continuamente la acción colectiva y conducir así a que la gente enriquezca su propia cultura. Ejercer el poder con responsabilidad es para esto indispensable. Un pueblo políticamente mal educado y mal informado, ya se sabe, puede elegir de cualquier manera y errar repetidas veces.

El partido debe ser también el mayor elaborador de ideas, es decir, debe proponer estrategias y programas a partir de lo que la gente dice y opina; debe desarrollar la habilidad de plantear problemas y ofrecer soluciones realistas pero ambiciosas. Otra función estratégica sería la generación, captación y selección de líderes. Cada integrante de partido debe actuar con ética, visión, estrategia y método para movilizar a otros hacia metas superiores. Nadie duda, hoy en día, del importante papel del liderazgo en las organizaciones sociales modernas. Por eso es tan importante elegir bien, quien no elige al mejor se traiciona a sí mismo; elegir por conveniencia, con mezquino interés, es la forma más eficaz de defraudar a la democracia. Asimismo, nada más corrupto que aceptar un puesto para el que no se está preparado.

Los partidos debieran ser también los principales fiscalizadores de la acción gubernamental, tanto si ganan las elecciones como si las pierden. Si las ganaron tendrían que ser los primeros en exigir cuentas a sus propios representantes electos popularmente.

Partidos así serían, entonces, organizaciones permanentes, articuladoras de la acción política organizada y de los mejores líderes de nuestra sociedad, serían nuestra principal instancia educativa, nuestra más contundente herramienta civilizadora.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

Ahora bien ¿han estado nuestros partidos políticos a la altura? Desdichadamente, no. Daniel Oduber dijo, hace muchos años, que el PLN era poco menos que un partido y poco más que una maquinaria electoral. Hacía entonces una profunda autocrítica. Cuando uno lee, hoy en día, que el Directorio político de ese importante e histórico partido considera que su labor terminó el pasado 4 de febrero, confirma que ha quedado reducido a algo menos que una maquinaria electoral; puesto que el proceso electoral ni siquiera ha terminado (tanto que se criticó a Jhonny Araya)

Cuando se lava las manos, como Poncio Pilato, y se inclina por no tomar partido en la presente elección (al decir también del Comité ejecutivo del PUSC) a la vez que llama a sus votantes a votar según su conciencia, se confirma que ya es un cascarón ideológicamente hueco, sin principios que defender, sin responsabilidades que asumir ¿Qué pasaría si todos su votantes asumieran la misma actitud? Esto sin sospechar que esto favorece, por debajo, a uno de los dos contendientes; aunque sin dar la cara, sin jugársela; en apariencia, sin correr riesgos. Pero, si la política no es correr riesgos entonces quién sabe qué será.

En paralelo, un grupo del PUSC declara su adhesión a ese mismo partido que no tiene nada que ver con su programa, ni con su supuesta ideología y trayectoria; al margen y en contra del líder que hace todo lo posible por hacerlo renacer de las cenizas. Asimismo, hace un grupo del PAC, el cual no es otra cosa que otra plataforma electoral (ver el artículo de Carlos Cruz Meléndez, “Ni chicha ni limonada”) porque si no lo fuera esas cosas no pasarían con tanta facilidad; pareciera bastante difícil, para una organización así, sostener una ética sólida. Para mi tengo, y para nadie más, que Carlos Alvarado sólo ha declarado dos tonterías en esta segunda ronda; una es que esto lo tiene sin cuidado. La otra es que las pintas en las iglesias no son de recibo; más allá de lo reprochable que pueda ser su acto ¿cómo no va a ser de recibo que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se sientan tan desesperados e indignados? La respuesta de Fabricio al respecto, como se dice en fútbol, es para el olvido; aunque una vez más nos revela el autoritarismo que intenta disimular. Patética la intervención de otro candidato que parece que no ha entendido que lo queremos fuera de las elecciones.

En realidad, el PAC ha usufructado, para bien y para mal, de la cara búsqueda del pueblo costarricense de una tercera alternativa frente al PLUSC (coalición de hecho que ahora intenta gobernar otra vez por interpósita persona, después de un rechazo contundente el pasado febrero) Ya no importa que sea, cada día más evidente, que el candidato del PRN no sabe ni lo que dice; aunque parece haber aprendido muy rápido lo peor de los políticos tradicionales.

Ni qué hablar de otros partidos que se alquilan, que se inventan para obstaculizar a alguien, o que sustentan las ambiciones de una persona o una familia. La crisis de los partidos ha quedado al desnudo con el triunfo de un movimiento religioso que se convierte, a conveniencia, de la noche a la mañana, en una teocracia electoral. Un partido que, como sabemos, no tenía programa para gobernar, no tenía equipo, ni un candidato preparado para ser presidente. Ahora tampoco los tiene, pero hace su mejor esfuerzo por engañarnos al respecto ¿Lo logrará?

Con partidos así, que no educan, que no lideran ni generan liderazgos, que se arman y desarman cada cuatro años, que no generan ideologías ni actúan en consecuencia, las catástrofes de la democracia representativa sólo son cuestión de coyuntura y detonante. De ahí lo que se ha llamado elecciones volátiles y “vuelos de gallina”, entre otros curiosos fenómenos. La pregunta es más bien ¿cómo es que las cosas no están peor?

SÓLO TENEMOS UNA SOLUCIÓN

Esta crisis en la que navegamos sólo tiene una solución, una que es tan honda como sus efectos, tan larga como su formación, tan necesaria como su inevitabilidad: la democracia participativa. A los representados, después de delegar su poder a cuántos se han presentado a engañarlos, no les está quedando más que un remedio: tomar la escena política con su presencia activa. Hubiera sido hermoso poder decirlo con el PAC: no les queda más que el camino de la participación y la acción ciudadana. Pero, en este terreno, más que en ningún otro, su nombre le ha quedado demasiado grande.

El próximo 1 de abril, se abre una gran oportunidad para empezar, porque los votantes de todos los partidos tendrán la oportunidad de votar incluso contra sus propios dirigentes. Sólo uno de los cuáles tomó el toro por los cuernos y se atrevió a firmar un acuerdo público y transparente, bien por Rodolfo Piza. Aunque, ciertamente, es por lo menos extraño todo esto de la “unidad nacional” antes del resultado del 1 de abril, pues huele a truco electoral. Más extraño en el caso del PRN, que se ha convertido en el gran divisor de la familia costarricense pero pretende que le creamos que ha venido a unirnos y a defender la familia.

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

Pero no todo está perdido. En el 2003 se abrió una esperanza, una puerta enorme por la que pueden pasar muchas y nuevas soluciones, se reformó el artículo 9 que ahora reza así: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (…)” (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)

A simple vista, parece que la reforma consistió sólo en agregar la palabra “participativo”. Pero es mucho más que eso, porque ningún gobierno puede ser popular sin participación de los gobernados; ninguno puede ser responsable sin tener que rendirles cuenta; ninguno puede ser representativo sin que los ciudadanos puedan intervenir en sus decisiones, incluso sin que puedan removerlo, más allá de elegirlo; ni hay gobiernos que puedan ser alternativos si la participación no genera nuevos liderazgos, cada vez mejores. Esa quinta característica es, por tanto, lo que le da sentido a todas las demás.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Ahora bien, ¿estamos caminando en esa dirección? A duras penas, tímidamente, con participaciones manipuladas y espurias, demasiado despacio, con retrocesos. Avanzamos, pero todavía sin la cultura y sin las capacidades que tal revolución democrática demanda y, sobre todo, sin partidos que se hayan reformado y reestructurado para responder al gran desafío estratégico, programático y metodológico que implica la democracia participativa. Siete años después de la más importante reforma política de la historia del país, ninguno ha mostrado consecuencia alguna, que sea visible y se pueda evaluar. Esto si que no es de recibo. Como se diría en pachuco: manda…

A veces, me parece que ni siquiera estamos en el punto de partida; que estamos más atrás, ni siquiera en la fase de debate; porque no se puede iniciar el camino de la democracia participativa sino en la fase de diálogo, que implica estar más allá del debate franco y sincero. Pero uno no ve que exista la condición básica, que es la voluntad de dialogar, pues los que gobiernan y dominan son los que ganan en río revuelto y a ellos les conviene que todo siga igual o peor; ya lo había dicho hace años el “Sup”: para el neoliberalismo la crisis es un modus operandi. Los privilegiados no dialogarán mientras tengan otra alternativa. Ni siquiera debaten, si creen que van a ganar.

Encima, el odio y la intolerancia que ha introducido el PRN en esta campaña, al capitalizar, electoralmente, la que ya se venía fraguando contra ese invento diabólico llamado por sus propios gestores “ideología de género”, nos ha puesto ya varios años atrás de ese punto. Desdichadamente, el daño ya está hecho, la confianza se ha perdido, y ahora sólo cabe tratar de mitigarlo. Esto ha sido así porque el odio causa odio, como el fuego causa fuego, aquí y en la China.

EN SUMA

Esta elección no nos sacará de la profunda crisis de la democracia representativa, pero uno de los candidatos sólo la empeoraría, ya que ni siquiera sospecha que existe y su política perversa no puede ser más ajena a esa perspectiva. El otro tal vez nos ayudaría a buscar el camino, porque es el único de los dos que por lo menos comprende el tema y puede crear las condiciones para que volvamos a debatir, aunque sea sólo debatir.

Para mi es obvio que sólo Carlos Alvarado podría ser un interlocutor válido y preparado para discutir este asunto, por lo demás ignorado por todos los medios y sus periodistas. Al otro Alvarado no le interesa, ni siquiera entiende de qué se trata, porque su partido-iglesia ni siquiera es democrático, es teocrático. Hasta ahora, este candidato no ha hecho más que mentir y desdecirse sin pudor alguno, con tal de llegar al poder ejecutivo, porque entiende, como todo político tradicional, que después gobernará según su antojo. Total ¿no es también una enorme mentira que Dios quiera que sus profetas, apóstoles y pastores concentren riqueza y poder en este mundo? Por ejemplo, él dice estar en contra del aborto, pero al mismo tiempo está en contra de la educación sexual, quizá porque no sabe, o se hace el ignorante, que es en los países donde hay mejor educación sexual donde la tasa de abortos es más baja, en buena medida porque se reducen los embarazos indeseados. Entonces, una vez más ¿en qué quedamos, está favor o en contra del aborto? Vaya usted a saber.

Lo que está ocurriendo en estas elecciones es el mejor (peor) ejemplo, o quizá un punto culminante de la crisis de la democracia representativa. El candidato del PRN está donde está no por sus propios seguidores ni por sus propios méritos. No está por esos que pagan el diezmo (impuesto que no paga impuestos y hace crecer el negocio y los bolsillos privados de los vendedores de milagros; para mi, una simple y antiquísima estafa imperial, que se da a vista y paciencia de todo el mundo, contra los más necesitados de atención) sino que está de primero gracias a votantes católicos confundidos por su jerarquía, esa que ya ha sido condenada por nuestro tibio TSE. Esos votantes hicieron que ganara la primera ronda y serían los responsables de que gane la segunda.

Solo que, en tal caso, lograrían así, irónicamente, poner de presidente a su peor enemigo (que no es el estado laico, como bien sabe el Papa Francisco) porque el “neopentecostalismo” que profesa Fabricio, hay que decirlo sin ambages, es todo lo contrario del catolicismo; de hecho, le ha declarado la guerra a lo que considera la idolatría católica, nada menos que a la Virgen de Los Ángeles. Incluso es todo lo contrario del cristianismo, porque la “teología de la prosperidad” se basa en sustraer dinero a los más desamparados, o sea, todo lo contrario del mensaje y la práctica de Jesús de Nazaret y de Francisco de Asís. La revancha de los mercaderes del templo podría consumarse ahora en este país, para escándalo del mundo entero y con el silencio cómplice de nuestra Conferencia Episcopal ¡Qué vergüenza!

Si esto llegara a pasar, veríamos en la silla presidencial al menos representativo de todos los políticos que se presentaron a esta campaña, uno que habría engañado a todos los incautos y oportunistas necesarios para iniciar aquí, nada menos que en Costa Rica, el reino (¿o infierno?) de “Dios” en la tierra, es decir, el reinado de los más recientes falsos profetas, quienes combinan, en su propio beneficio, el poder de la palabra con el poder del dinero; contarían, además, con los impuestos de todos nosotros (ellos que no pagan impuestos) La democracia representativa costarricense conocería, así, su mayor naufragio, tal como se está viendo desde los medios internacionales.

Pero, nadie pierda la esperanza, queda todavía mucho por ver, aún no ha sonado el final del partido; sobre todo, queda por ver qué tan sabio o ingenuo es este pueblo laborioso y sencillo y qué tanto nuestra gente sigue amando los valores solidarios que heredamos de nuestros abuelos, frente a los valores egoístas que hoy reúnen a los nuevos fariseos religiosos con los trasnochados neoliberales fanáticos del mercado, alrededor de un negocio redondo que es solo para unos cuantos, para unos pocos elegidos, precisamente elegidos por ese dios que autoriza el comercio de lo espiritual, mediante el reinado triunfante del dios Dinero.

Entre ellos, puede tenerlo por seguro, no estaríamos ni usted ni yo, ni el pueblo trabajador; en particular, tampoco el más abandonado de todos los tiempos: el que vive fuera de la Gran Área Metropolitana, en este país que presenta unas fronteras y costas con gente cada vez más vulnerada, excluida y desesperada. Costa Rica, costa pobre ¡oh paradoja de paradojas!

 

Hernán Alvarado.

 

Enviado por el autor y compartido con SURCOS por Rogelio Cedeño Castro y Carlos Sáenz.

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Rectoría UNA: En ningún momento estudio de IDESPO pretendió ser una medición de la intención de voto

En Costa Rica vivimos tiempos agitados. Esta agitación viene por muchos lados y por diversos motivos. El proceso electoral que se está desarrollando, y en el cual todos y todas participamos, de una u otra forma, ha sido el marco de expresión de una creciente polarización en la población, que tiene visos de intolerancia, desconocimiento de la dignidad del otro, de la otra, autoritarismo y, en algunos casos, de una renuncia práctica a los valores democráticos, sustentados en una concepción secular de la verdad y la adopción de la razón como luz para el discernimiento y la elección.

En ese contexto, como comunidad universitaria, nos corresponde agudizar la mirada, levantar la voz de la razón, ser ejemplo de respeto y tolerancia, y defender la libertad de pensamiento, de palabra y el libre ejercicio de nuestro quehacer académico.

Frente al infortunado uso y desmedida extrapolación mediática y político electoral que se ha hecho recientemente de algunos resultados de la investigación que viene realizando el IDESPO, esta Rectoría reconoce que, en este caso, el equipo del programa Umbral Político ha actuado con el mismo rigor, honestidad intelectual y seriedad con el que siempre se ha desempeñado.

Por eso nos congratulamos que la comunidad universitaria se haya mantenido firme ante las amenazas, los insultos y el sarcasmo de quienes ven en nuestro quehacer académico un peligro; a la vez, que hemos evitado la propalación de comentarios maliciosos, sospechas y acusaciones sin fundamento.

En pro de la transparencia, invitamos a toda la comunidad para que conozca la investigación (Percepción de la ciudadanía costarricense con respecto al proceso electoral 2018, http://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14169/informe_encuesta_percepcion_de_la_ciudadania_costarricense_proceso_electoral_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y) que ha sido cuestionada, ubicándola en su real alcance, ya que en ningún momento pretendió ser una medición de la intención de voto; a la vez que se advierte que esos resultados, en particular, no eran representativos de la población costarricense.

Asimismo, la ficha técnica y los resultados fueron presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como corresponde, de modo que, apegados al ordenamiento jurídico, no hay en estas acciones ni en el ánimo del equipo de investigadores e investigadoras, ningún favorecimiento para alguna de las opciones que están en liza para la segunda ronda electoral.

De esta manera, la Universidad Nacional, en su 45 aniversario y en ejercicio de su autonomía, basada en la excelencia y la responsabilidad, ratifica su compromiso con la integridad y la dignidad, que debe ser dada a todos los miembros de la comunidad universitaria y, en estos momentos, de modo particular, al equipo del IDESPO, el cual ha actuado con rigor y guiados únicamente por el compromiso con el conocimiento, la ciencia y la democracia.

 

Alberto Salom Echeverría

Rector

 

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Enajenación e instrucción oficial – aporte al debate

Rafael Ugalde

 

Releo los artículos fundamentalistas, tanto con tintes políticos, electorales y religiosos, en relación con los Alvarado, y encuentro que, hay sectarismos, en todos los bandos. Esta carambada parece unas nuevas Cruzadas desde una pequeña Costa Rica, subjetivista y en la que parece que el sistema de instrucción ha servido más a la enajenación que a liberarnos como personas. Estas elecciones nos tienen enceguecidos a expertos y misceláneos en política y religión, porque nos empujan a que pensemos que éste o aquel va a ser mejor gobernante, ¿por cierto, quién gobierna en Costa Rica?, a ocultarnos que la democracia representativa, herida de muerte y agonizante para el pueblo de Costa Rica, es pasajera. Dicho esto, y que para que quede claro, reitero que, ni uno, con Biblia en mano, ni el otro, con una supuesta humildad aparente, resolverán al pueblo sus graves problemas y su más de 100 años de injusticia y exclusión, ya que el sectarismo religioso y el antirreligioso que vivimos estos días, unas veces disfrazados de intelectualismo, otras de forma chambona, nos llevará a auto excluirnos y en esta carrera en pos de justificar lo injustificable, hasta alteramos contextos históricos. Cuando atribuyen a Jesús haber dicho a “Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” olvidamos una máxima dialéctica: “Un texto sin contexto es un pretexto”. En este caso basta ir y analizar el contexto histórico, político y económico, así como a quién iba dirigido el mensaje de este líder, a fin de tener una idea del por qué Jesús fue tan categórico en materia de impuestos. Mientras pasemos de puntillas sobre todo este contexto, me parece, y lo digo con el mayor respeto, es un simple pretexto para defender una tesis, que se convierte en una falacia de autoridad, como suelen llamarla los juristas, que consiste en recurrir al conocimiento o trayectoria moral de alguien de peso para convencer con mis argumentos. Diez Picasso nos puede dar más luz en su libro sobre el Estado y el PODER.

II).- Yo supongo que nadie calificaría hoy a Francisco de intentar ponerle mecha a una MOLOTOV, anunciando, como lo hizo, la canonización de Monseñor Romero que hizo del contexto de la pobreza, los desaparecidos, los expatriados de El Salvador, una actualización del mensaje de Jesús que, por cierto no gustaba nada a la jerarquía conservadora, y especialmente, de quien después pasó a ser venerado como santo: Juan Pablo II. Este acto de Francisco, respecto a ROMERO, no puede calificarse de mero acto: Es una manifestación política de un religioso que está a la cabeza de la religión católica, apostólica y romana. Agrego algo más: NO HAY UN SOLO Estado en LATINOAMERICA, en el cual la religión católica, apostólica y romana no haya tenido que ver con la formación del mismo, desde el mismo momento que el europeo llegó a saquear estas tierras, hasta el día de hoy. POR EL DESARROLLO HISTÓRICO DE CADA UNO DE LOS Estados, en algunos de ellos, la presencia de los purpurados se disimula más que en otros, pero está presente en todos, la hipocresía de Occidente, que en casi todas las áreas ética y morales, tiene doble rasero, pues nos ha hecho creer que religión y estado deben ir separados, cuando eso no se cumple ni siquiera en la Federación Rusa, donde los ortodoxos tienen influencia directa en el KREMLIN; NO POR ESO PODEMOS DECIR QUE LOS RUSOS ESTÁN EN LA COLA DEL DESARROLLO POR LA RELIGIÓN. Lo traigo a colación para que veamos hasta donde llega la hipócrita moral religiosa de Occidente, donde sí la religión ha servido materialmente al poder que ellos mismos ayudaron a establecer, en detrimento de los oprimidos a quienes ofrecen un Reino lejano, ocultándoles que el verdadero Reino está acá y es que usted y yo levantamos con la lucha día a día.

III).- Con el desarrollo de los medios de comunicación en América Latina el monopolio del saber religioso, así como la interpretación de la Biblia, su sistematización y visión de otros grandes escritores que fueron excluidos arbitrariamente, amenazó seriamente el conservadurismo de la jerarquía de la iglesia. Para peores de males, para estos conservadores, se vino para América LATINA LA Revolución Cubana, y a millones de nosotros el marxismo y el materialismo histórico, nos abrió los ojos para ver que la opción por los pobres, las mujeres lanzadas a vender su sexo por falta de trabajo y falta de escolaridad (EUFENISTICAMENTE OCCIDENTE las llama trabajadoras del sexto y no prostitutas, como la MAGDALENA), POR EL CAMPESINO SIN TIERRA, POR EL OBRERO REPRIMIDO, NO SOLO TENÍA CABIDA EN EL DISCURSO DE JESUS, sino que era muy semejante a la bandera que levantaron revolucionarios como FIDEL, El Che, Camilo Torres, Cabañas, etc.. Después vino la teología de la liberación y enseño en América Latina que la religión de nuestros ancestros esclaviza; el cristianismo como conducta y ética, libera. Y todo iba muy bien, hasta que el enemigo número uno de la humanidad descubrió que las estructuras del catolicismo, del que se había servido históricamente, necesitaba ser reforzadas, con tal de que jamás naciera una IGLESIA latinoamericana con características propias, con un cristianismo que hiciera de JESÚS histórico su eje primordial. Financió y desarrolló por todos los medios la llamada iglesia electrónica, escogiendo como sus actores principales la denominación pentecostal, partiendo y haciendo suya una enseñanza que el catolicismo había repetido Y ATRIBUÍDA A Jesús, cuando dijo que debía de irse pero a ustedes dejo un ayudador. Se refería al espíritu santo. Fue cuando por todo América Latina las congregaciones pentecostales brincando, bulliciosas, hablando en lenguas, según ellas, curando enfermos etc, salieron de debajo de las piedras; la respuesta del catolicismo fue los carismáticos. Pero la CIA había logrado su cometido. Había puesto a pelear el catolicismo romano contra la teología de la liberación, y a los llamados “protestantes” o evangélicos los metió a todos en el mismo saco, habiendo distintas denominaciones cristianas como presbiterianos, anglicanos, bautistas etc- a fin de que la brecha histórica surgida a raíz de la reforma de Martín Lutero, se agrandara hasta nuestros días.

IV- Por eso veo con tristeza, como incluso, personas que se suponen tienen una capacidad analítica admirable, que un patas vueltas como este humano no les amarra los cordones de los zapatos, estén enfrascados en convencernos que éste es mejor, porque anda con una biblia debajo del brazo, es mejor el otro Alvarado, porque tenemos matrimonios homosexuales defiende las guías sexuales o el estado laico, hay que apoyarlo. Al 20% de la población se le está cayendo la casa, unos 500 mil costarricenses comen gracias a la tarjeta de crédito, los latifundistas de Guanacaste están dejando sin sus parcelas a los campesinos si no se apuntan a sembrar piña y melones, los salarios en el país están congelados en el sector privado, el sindicalismo en la industria es un sueño. PERO Fabricio ya escogió su equipo de gobierno.¨ ¡Ay….y qué equipo de neoliberales!, el otro Alvarado no se queda atrás. PROMETIÓ A LAS CÁMARAS PONERLES A DISPOSICIÓN UN MINISTRO SIN CARTERA. Y en la mira de ambos grupos está el negocio privado de la Electricidad, está el BANCO nacional que lo van a quebrar. PIDAN LA LISTA DE NOTARIOS EXTERNOS QUE DESIGNÓ ELPLN y el PAC EN EL Nacional y ustedes verán las mansas palomas que están cartulando; está RECOPE, está la educación pública, la salud…. En lugar de estar en esas babosadas deberíamos estar ya reuniéndonos para finiquitar una estrategia de lucha, buscando coincidencia para organizarnos, articularnos y movilizarnos.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Enviado por el autor.

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Costa Rica: los retos de la democracia, el republicanismo y los derechos humanos ante el desafío que plantea la intolerancia religiosa

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Acuerdo del Consejo Científico del CICDE de fecha 26 de febrero de 2018

 

La evolución que hemos observado las últimas semanas en el proceso político-electoral de Costa Rica, suscita mucha preocupación y convoca a un muy necesario ejercicio de reflexión crítica.

Hemos visto ascender una propuesta política, cuyo fortalecimiento surge en lo inmediato de discursos de odio contra las personas diversas por su orientación sexual y/o identidad de género. Ello ha dado lugar a múltiples manifestaciones de violencia simbólica, verbal y física en contra de tales personas, las cuales en el futuro podrían agravarse. Y si bien es cierto que en Costa Rica los discursos homofóbicos siempre han gozado de mucha legitimidad, lo ocurrido recientemente implica trasponer límites anteriormente insospechados, al punto que tales expresiones de odio parecen ganar estatus como un discurso “políticamente correcto”. Lamentamos profundamente tales expresiones de odio y toda la violencia que las acompaña y llamamos a las autoridades públicas a mantener una actitud vigilante en resguardo de los derechos humanos de los grupos y las personas que son víctimas de tal agresión.

Es preciso subrayar que esto es parte de un planteamiento ideológico y discursivo, que amenaza la vigencia de los derechos humanos en general y, en particular, los derechos y avances logrados por las mujeres en su lucha por una sociedad más justa e igualitaria.

Defendemos con absoluta convicción el derecho de cada persona a vivir con toda libertad la fe religiosa que elija. Pero advertimos con mucha preocupación acerca del grave peligro que conlleva hacer de la religión, y en particular de versiones fundamentalistas del cristianismo, un factor que decida acerca de la vigencia de los principios más fundamentales en que se asientan los conceptos de democracia y república.

Democracia y republicanismo conllevan una propuesta y una aspiración por la construcción de un sistema político, asentado en un Estado de derecho donde debe haber igualdad de deberes y derechos ante la ley para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Es innegable que en la realidad esa plena igualdad no es efectiva, a causa de diversos obstáculos económicos y culturales. Reconocer esto último plantea el deber de luchar permanentemente por avanzar hacia sociedades más igualitarias, para lo cual, entre otras cosas, se requiere construir discursos y visiones de mundo inclusivas, verdaderamente respetuosas de la dignidad de cada ser humano.

Sin embargo, lo que estamos presenciando es una campaña política que, apelando a una visión religiosa particularmente intolerante, que involucra grupos neopentecostales y sectores ultraconservadores y fundamentalistas de otras corrientes religiosas, formula discursos discriminatorios y estigmatizantes que lastiman gravemente la dignidad de muchas personas, y generan un clima sicológico de exclusión, proclive al irrespeto y la violencia.

Lo que se propone conlleva involucionar hacia un orden legal e institucional, en el cual, y partiendo de criterios religiosos, se estaría cercenando la universalidad de las leyes y de los derechos humanos.

Advertimos respetuosamente acerca del peligro que conlleva restarles importancia a las manifestaciones de violencia, intolerancia y exclusión en contra de determinados grupos de nuestra comunidad nacional, y a las implicaciones de mediano y largo plazo que esto tiene para la democracia y nuestros estilos de convivencia. No es de ninguna manera trivial, el que adquieran tal peso propuestas políticas teñidas de visiones de mundo que excluyen y resultan proclives a la violencia, y que en muchos sentidos descansan en concepciones políticas pre-modernas. En el mejor de los casos, ello impondrá obstáculos importantes para poder avanzar en materia de derechos humanos e igualdad. Pero lo cierto es que existe un riego efectivo de que se produzca una grave involución.

Debemos reconocer que esta coyuntura política, tan compleja y desconcertante, es manifestación de una situación subyacente, estructural y de largo plazo, donde se combinan y se refuerzan mutuamente, sentimientos de profundo disgusto y desconfianza hacia el sistema político, grave desprestigio de la institucionalidad democrática, y situaciones de marginalidad social, falta de empleo, carencia de oportunidades y pobreza. Esos problemas de desigualdad y exclusión fracturan a la sociedad costarricense, y claramente se visibilizan en los territorios, en la forma de graves asimetrías entre la región central del país y el resto, pero también con un claro deslinde –también a lo interno de las ciudades del Valle Central– entre los reducidos espacios donde se concentra la riqueza, y las áreas mucho más amplias donde se hacen manifiestos los rezagos y la postergación sin plazo de las necesidades fundamentales.

Llamamos a la ciudadanía costarricense a una reflexión reposada sobre lo que todo esto significa. Debemos reconsiderar críticamente las orientaciones del desarrollo del país, las falencias de nuestra institucionalidad pública y de nuestro sistema político y las limitaciones de nuestra democracia. Pero también debemos meditar sobre nuestras propias aspiraciones como pueblo y como nación. Inclusive debemos interpelarnos muy seriamente acerca de la sinceridad y hondura de nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la justicia social, y acerca de la claridad y coherencia con que asumimos los principios y la doctrina de los derechos humanos ¿Realmente hay sinceridad cuando declaramos nuestra adhesión a cada una de estos principios, valores y compromisos, o tan solo es propaganda para la exportación? Confiamos que sea lo primero.

Nos urge interrogarnos sobre el tipo de país que queremos, y la calidad de convivencia a la que aspiramos. De por medio está la propia democracia, nuestra concepción republicana y el lugar digno y respetuoso que debe concedérsele a cada ser humano, por el solo hecho de serlo. No es asunto del interés tan solo para las actuales generaciones, cuando, en realidad, dice mucho de la Costa Rica que heredaremos a las generaciones aun no nacidas.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE

Mercedes de Montes de Oca, 26 de febrero de 2018

 

Enviado por Luis Paulino Vargas.

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Hay mucho en juego en esta elección

Por José María Gutiérrez (*)

 

Quizá muchas personas vean la cercana elección presidencial con indiferencia, como una más de las repetidas disputas electorales que se han dado en el país. Otras, decepcionadas por la política nacional, vuelven su mirada hacia otro lado, como si no fuera con ellas. Con todo respeto, quienes así proceden se equivocan. Esta elección nos coloca ante uno de los momentos más críticos en la historia política e institucional de Costa Rica.

La posibilidad de que llegue al poder ejecutivo un grupo con el planteamiento del Partido Restauración Nacional (PRN) tiene profundas implicaciones que remecen elementos esenciales de la convivencia democrática. Una sociedad compleja y diversa como la nuestra debe fundamentar su funcionamiento en valores de respeto a su heterogeneidad, de tolerancia y de debate racional que considere las perspectivas y las opiniones de todas las personas y colectivos.

En su historia, y en medio de variadas tensiones, el país ha logrado cimentar aspectos clave para la vida democrática, tales como la coexistencia de posiciones diversas, la valoración de los derechos humanos y de la dignidad de las personas más allá de sus creencias, el respeto al ámbito de la intimidad y de las opciones vitales de cada quien, y el apego al derecho nacional e internacional. Algunos de estos valores medulares han sido claramente cuestionados por la dirigencia del PRN. Es algo muy grave.

Pero además, las posiciones fundamentalistas que este grupo asume en temas de impacto en la vida nacional va contra la tendencia madura de la política basada en evidencias. Los planteamientos que se elaboren sobre asuntos diversos deben tener un sustento racional centrado en lo que la realidad nos muestra, en lugar de partir de posiciones basadas en la intolerancia, las verdades preconcebidas y los prejuicios.

Los informes del Programa Estado de La Nación y los de otros grupos que estudian nuestra sociedad ofrecen valiosos insumos para la toma de decisiones. Se requiere cultivar una cultura política centrada en el análisis riguroso de lo que ocurre en el país y en la discusión respetuosa de posiciones divergentes. Por ello, la posibilidad de que los complejos temas de la vida nacional sean abordados desde la óptica de quienes creen poseer la verdad de manera exclusiva tira por la borda cualquier intento de construir una convivencia basada en el debate constructivo. El respeto a la pluralidad debe prevalecer.

No menos importante en esta coyuntura es la necesidad de optar por un grupo de personas que hayan mostrado capacidad y experiencia en el manejo de los asuntos públicos, cuya formación y trayectoria garanticen que, una vez en el gobierno, se pondrán al servicio del bien común con una filosofía de análisis, diálogo y búsqueda de consensos. A la hora de hacerse cargo de la conducción del país, la improvisación es un pésimo insumo.

Estamos entonces ante una coyuntura electoral decisiva. No cabe la indiferencia ni el cinismo; tampoco es tiempo de adoptar posiciones oportunistas en el complejo ajedrez político nacional. Lo delicado de la situación invita a una clara toma de posición. Es fundamental colocar en el gobierno a un grupo que respete y cultive aspectos esenciales de la convivencia democrática. En este contexto tan crítico, se nos presenta una clara opción: votar por Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

 

(*) José María Gutiérrez, microbiólogo y profesor universitario.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Artículo publicado originalmente en www.elpais.cr y publicado por SURCOS a solicitud del autor.

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Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa

Nicolás Boeglin (*)

Costa Rica y el derecho internacional una aclaracin en medio de una campaa convulsa
Figura extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Carlos y Fabricio arrancan parejos la segunda ronda: CIEP».

La actual campaña electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. Uno de ellos, entre muchos más, tiene que ver con el hecho que esta campaña ha sido extremadamente profusa en referencias al derecho internacional. Algunas declaraciones de uno de los candidatos a la Presidencia fueron puestas a prueba en este interesante artículo publicado por el Semanario Universidad (véase texto del artículo titulado «Las ideas de Fabricio Alvarado sobre la Corte IDH, puestas a prueba«).

Al haber dedicado varios años a la enseñanza de esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el observar la percepción que tienen unos y otros de esta rama específica de la ciencia jurídica, tanto en los partidos políticos como en los medios de prensa, así como en otros espacios de debate, constituye una inédita coyuntura, que amerita algunas breves reflexiones.

Soberanía y derecho internacional

Para iniciar, podemos recordar que ningún Estado se ve sometido contra su voluntad a aplicar normas internacionales. La base de las obligaciones internacionales de un Estado la constituye el consentimiento en obligarse expresado por el mismo Estado. Por ejemplo, si Israel no ha ratificado la Convención para la Prohibición y Uso de Armas Químicas de 1997 (véase estado oficial de ratificación), sus disposiciones no le son aplicables. Para citar otro ejemplo más cercano a todos nosotros, si Costa Rica no ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los de sus Familiares de 1990 (véase estado oficial de ratificaciones), no hay cómo forzar a Costa Rica a someterse a este tratado y a los mecanismos de monitoreo y supervisión previstos.

El consentimiento en obligarse a un tratado internacional constituye un acto libre y soberano, mediante el cual el Estado acepta internacionalmente obligaciones contenidas en un tratado, cual sea el ámbito de este (comercio, transporte, desarme, salud, derechos humanos, ambiente, u otro). Cada Estado prevé en su ordenamiento jurídico los procedimientos legales para manifestar este consentimiento.

Si un tratado establece un órgano o un mecanismo para examinar el cumplimiento del Estado con respecto a las obligaciones internacionales que contempla, ello forma parte del conjunto de obligaciones suscritas contraídas. Por lo tanto, afirmar que una resolución de un órgano internacional, cual sea la denominación de esta, “atenta contra la soberanía” de un Estado, es desconocer uno de los basamentos fundacionales del derecho internacional contemporáneo: la voluntad soberana del Estado.

Al inaugurarse un valioso espacio de reflexión propiciado por la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI), habíamos tenido la oportunidad de referirnos a la contribución histórica de Costa Rica al desarrollo del derecho internacional, que va mucho más allá del campo específico de los derechos humanos (Nota 1).

En este inicio del 2018, insistentes cables nacionales e internacionales tienden ahora a teñir de gris esta imagen de Costa Rica en la defensa y en la confianza en el derecho internacional, iniciada hace más de 100 años, y reforzada con la abolición del ejército en 1948, que lleva con gran orgullo cada costarricense. Tal y como lo planteábamos en la precitada nota “defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que movilizando tropas”. Las actuales autoridades de Costa Rica acaban de celebrar, al iniciar este mes de febrero de 2018, decisiones del juez internacional de La Haya que confirman esta apuesta costarricense hecha hace 70 años.

La posibilidad de liberarse de obligaciones internacionales

Todo Estado que asume libre y soberanamente compromisos internacionales, cual sea el ámbito de estos, puede, si así lo consideran sus autoridades, optar por suspender los efectos jurídicos de estos, procediendo a retirarse del instrumento normativo que los establece, según los procedimientos internos previstos en su ordenamiento jurídico.

Como ejemplos recientes, podemos indicar que desde el referéndum del 23 de junio del 2016, el Reino Unido está procediendo a retirarse de los instrumentos legales que crean la Unión Europea y negocia las condiciones de su salida. Promesas de campaña del actual ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2017 han llevado a Estados Unidos a renegociar el acuerdo comercial vigente con Canadá y México, y a retirarse del proceso de negociación de otro instrumento (el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica más conocido como TPP). Otra promesa de campaña llevó a Estados Unidos a anunciar en agosto del 2017 su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, procediendo el Departamento de Estado a redactar una nota formal cercana a un verdadero malabarismo legal, incluyendo el uso del término «reengage» inexistente en el léxico del derecho internacional (Nota 2): para presentarlo de la forma más sencilla, Estados Unidos pretende retirarse de un tratado al que no es aún parte, lo cual plantea serias interrogantes para muchos especialistas en el derecho de los tratados.

En efecto, es cuando han suscrito y luego ratificado un tratado internacional que los Estados pueden proceder a denunciar el tratado (y no antes). La figura de la denuncia está expresamente contemplada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual dedica una cláusula a esta figura legal, ampliamente reconocida por el derecho internacional (Nota 3). La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, también suscrita en 1969, incluye una disposición (el Artículo 78) relativa a su denuncia (véase texto), al igual que muchos instrumentos multilaterales.

En América Latina, podemos referir al lector a algunas denuncias a diversos tratados multilaterales realizadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en los últimos años (Nota 4). En el caso de la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las reacciones registradas lamentando esta decisión fueron de tan solo cuatro Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos – OEA -, de los cuales uno (Estados Unidos) no es parte a dicho instrumento.

Considerada como una atribución soberana del Estado, tanto la jurisprudencia como la práctica internacionales validan la denuncia de un tratado internacional, sujetándola simplemente a algunas condiciones, en particular en cuanto a sus efectos, que no pueden ser inmediatos.

En un ámbito distinto (el retiro de una declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal hecha por un Estado), la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la argumentación de Perú en 1999 dictaminando que este retiro tampoco podría surtir efectos de forma inmediata (Nota 5).

Declaraciones de campaña que merecen una aclaración

Un gobernante puede como Jefe de Estado retirar a Costa Rica de las organizaciones internacionales a la que es parte y denunciar los tratados que considere que son lesivos para el Estado, o retirar la declaración de aceptación de la jurisdicción de un tribunal.

Lo que debería de precisar quién sostiene esta posición siendo candidato a la Presidencia (y hacérselo ver sus contrincantes si no lo hace), es que ninguno de estos actos surte efectos inmediatos, y mucho menos de forma retroactiva: el ordenamiento jurídico internacional puede resultar a veces un tanto inacabado para el jurista, pero las reglas para liberar a un Estado de una obligación internacional son extremadamente precisas.

Dicho en otras palabras, ninguno de los temas de derechos humanos que han motivado tan peculiar postura durante esta inédita campaña electoral se vería afectado al retirarse Costa Rica de una organización internacional o bien al denunciar un tratado: estos actos, de materializarse algún día, no surtirían efectos sino después de un plazo de 12 meses contados a partir de la notificación hecha por Costa Rica al depositario del tratado (figura cuya función recae usualmente en la Secretaría General de alguna organización internacional).

Por lo tanto, ninguna obligación internacional derivada de un tratado internacional o de una decisión de un tribunal internacional relativa a la discriminación de la población sexualmente diversa podrá ser desconocida por el Estado costarricense si Costa Rica optase, en algún momento, por denunciar un tratado o retirarse de una organización internacional.

El efecto inmediato de declaraciones de esta naturaleza

En cambio, un candidato a la Presidencia puede estar seguro del impacto inmediato que puede tener esta postura, generando titulares que pueden debilitar la credibilidad de Costa Rica en el plano internacional, al poner en tela de duda la seriedad de los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional.

Tratándose de un ámbito tan sensible como el de los derechos humanos, estos titulares pueden incluso estar dando ideas a gobernantes de Estados con una tradición mucho menos respetuosa de los derechos humanos (y en particular de los derechos de las minorías) que la que ha prevalecido históricamente en Costa Rica.

Una reciente declaración pública sobre un futuro gabinete formado por personas «moralmente heterosexuales» (véase nota de La Nación) plantea interesantes preguntas, que confirman la percepción antes apuntada. Las disculpas públicas presentadas con posterioridad (véase nota de ElMundo.cr) constituyen una buena señal, en medio de la crispación de actitudes y discursos que ha provocado la actual campaña electoral. En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio (Nota 6).

En Chile, en setiembre del 2017, su Presidente firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia por discriminación (véase nota de prensa de Cooperativa): remitimos al lector al texto del proyecto de ley como tal, disponible en este enlace.

Una peligrosa deriva discursiva

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica había advertido sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio que parecía haberse apoderado de la campaña electoral costarricense, después de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero (véase nota de prensa de ElMundo.cr). Semanas después, se registra un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad).

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la Corte Europea de Derechos Humanos, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por esta y algunas otras entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla (Nota 7).

Recordemos que desde 1966, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas estipula que: “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley” (Artículo 20, párrafo 2).

Volviendo a la situación en Costa Rica, en materia de lucha contra la discriminación y contra la intolerancia, la tarea pendiente es aún laboriosa. En sus observaciones al informe oficial presentado por Costa Rica (pocamente divulgadas en medios de prensa), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en abril del 2016, entre muchos otros puntos preocupantes en materia de derechos humanos en Costa Rica, que:

“10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación» (Nota 8).

Hace más de 10 años, en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había examinado el caso de Natividad Canda Mairena, recordando la imperiosa necesidad de prevenir el clima de discriminación y de xenofobia contra la población migrante originaria de Nicaragua: véase texto del informe sobre admisibilidad, en el que se lee que (párrafos 222-223):

«Ante este tipo de fenómenos, es obligación de los Estados adoptar medidas positivas para revertir o cambiar cualquier situación discriminatoria existente en la sociedad y velar porque se garanticen los derechos reconocidos en la Convención a todas las personas bajo su jurisdicción, sin distinción de nacionalidad.

223. A la luz de estas consideraciones, la Comisión considera que, prima facie, los hechos alegados de ser ciertos podrían caracterizar violaciones a la Convención Americana en sus artículos 8 (garantías judiciales), 25 (protección judicial) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en cuanto se refieren a la eventual existencia de una práctica sistemática de discriminación hacia los migrantes nicaragüenses en Costa Rica«.

Pese a haber sido adoptada esta decisión de la Comisión hace más de 10 años, este doloroso episodio en Costa Rica no ha dado lugar a programas educativos sostenidos en el tiempo tendientes a prevenir la discriminación y la xenofobia, las cuales se manifiestan a menudo en el seno de la sociedad costarricense (Nota 9).

A modo de conclusión

Las reglas imperantes en derecho internacional son bastante claras en cuanto a las obligaciones jurídicas de los Estados, en particular cuando estas últimas derivan de un instrumento normativo como un tratado multilateral.

El principio de irretroactividad de la norma es bien conocido en la ciencia jurídica. El mismo principio aplica a la hora de liberar a un Estado de sus obligaciones internacionales.

Esperamos, con esta modesta precisión, contribuir a un mejor conocimiento de esta peculiar rama de la ciencia jurídica como la es el derecho internacional, que tanto le debe a Costa Rica.

 

-Notas-

 

Nota 1: Véase nuestra nota BOEGLIN N., “Costa Rica y el Derecho Internacional. Una introducción”, ACODI, Blog, enero del 2017. Texto disponible en el siguiente enlace.

Nota 2: Véase nuestra nota al respecto, BOEGLIN N., «Formalizando lo prohibido: la carta de denuncia de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de París«, Debate Global, 2017. Texto disponible en este enlace. Nótese que la propuesta de «reengage» a Costa Rica luego de retirarse de un tratado también fue escuchada en los últimos meses por parte de uno de los aspirantes a la Presidencia.

Nota 3: Véase el artículo 56 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969. Texto disponible en este enlace.

Nota 4: Sobre la denuncia realizada por Bolivia, Ecuador y Venezuela de la Convención de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjero y Estado (CIADI), referimos a nuestros estimables lectores a la siguiente nota: BOEGLIN N., “ICSID and Latin America: Criticisms, withdrawals and regional alternatives”, ISDS Platform, 2013, texto disponible en este enlace. Sobre la denuncia por parte de Colombia en el 2012 de un emblemático tratado que lleva el nombre de su propia capital suscrito en 1948, véase BOEGLIN N., “Le retrait de la Colombie du Pacte de Bogotá de 1948”, Universidad de Laval, CEI, 2012, disponible en este enlace . Sobre la denuncia en el 2012 por parte de Venezuela de la Convención Americana de derechos Humanos suscrita en 1969, véase BOEGLIN N., “Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos”, Derechointernacionalcr, 2012, disponible en el siguiente enlace.

Nota 5: Véase párrafo 53 de la sentencia sobre competencia de la Corte IDH de 1999 contra Perú (caso Tribunal Constitucional vs Perú, texto disponible aquí ) que se lee de la siguiente manera: “Por las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta irrelevante”. De igual forma, en el caso Ingabire Victoire Umuhoza vs Ruandá, la Corte Africana de Derechos Humanos validó el retiro de la declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la CorteADH por parte de Ruanda, estableciendo que surte efectos jurídico 12 meses después de notificada (véase texto de la sentencia del 2016, párrafo 69).

Nota 6: Desde el 2014, una iniciativa de ley (Expediente Legislativo 19.062 titulado «Ley para combatir la discriminación, la incitación al odio y la apología del odio y la discriminación«) pretende tipificar este delito en el Código Penal. Véase referencia en el punto 3 de este enlace del 2016 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Tanto el expediente 19.062 como el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa están disponibles en la red. Manifestarse de forma pública contra un grupo determinado de personas constituye una incitación al odio: es una materia que ha interesado desde muchos años el derecho penal en otras partes de América Latina, en aras precisamente de prevenir esta conducta social y sancionarla cuando necesario de forma ejemplarizante: véase por ejemplo estudio titulado «Estudio sobre la prohibición de la incitación al odio en las Américas«, disponible aquí y documento muy completo preparado en el marco de un taller realizado en el 2011 por Naciones Unidas sobre la prohibición de la incitación al odio, disponible en este enlace.

A modo de ejemplo sobre formas de tipificar la incitación al odio, encontramos en el Código Penal del Uruguay el siguiente artículo:

«TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I

Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)

El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión».

ARTICULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión».

Nota 7: Sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, remitimos al reciente artículo publicado en México, que resume también el estado de la discusión a nivel internacional: ESQUIVEL ALONSO Y., «El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, UNAM, Cuestiones Constitucionales, 2016, disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto nuestro breve análisis, que contrapone lo indicado por el Comité de Derechos Humanos con el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica: BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, DerechoalDia, abril del 2016, disponible aquí.

Nota 9: Cabe precisar que la Comisión Interamericana rechazó en el 2007 en su informe sobre admisibilidad la petición de Nicaragua en el caso de Natividad Canda Mairena, al no haberse agotada la vía interna en los tribunales de justicia de Costa Rica. Por lo tanto, no entró a examinar todos los aspectos de fondo. En el 2012, los tribunales de Costa Rica absolvieron a todos los imputados aduciendo falta de pruebas (véase nota de prensa de La Nación). Sobre pendientes de Costa Rica en la materia, véase BARRANTES CECILIANO A., «Caso Natividad Canda: Pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia«, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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