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Etiqueta: productividad

Contra el análisis apocalíptico de los políticos costarricenses

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

No comulgo con la visión apocalíptica en los análisis que hacen los candidatos a Presidente o Diputados de la República de Costa Rica. Estoy en contra de la visión apocalíptica. La mayoría son opiniones cualitativas que carecen de datos duros estadísticos para fundamentar un argumento cuantitativo. Basta leer el Programa Macroeconómico 2024 -2025 para darnos cuenta de que no todo está del fin de los tiempos en nuestro país: inflación 0%, baja en la Tasa Básica Pasiva, tipo de cambio hacia la baja, estabilidad macroeconómica, las calificadoras de riesgos nos dan buena nota. No hay que presentar una visión tan apocalíptica del país para ganar las elecciones.

Sobre nuestro país veamos algunos datos del Banco Mundial de un excelente documento “El Modelo de Desarrollo de Costa Rica De bueno a Excelente Resumen Ejecutivo Diagnóstico Sistemático de País.” Costa Rica destaca por ser uno de los países más estable políticamente, progresista, próspero y conscientes del medio ambiente en la región. El modelo ha traído dividendos económicos, sociales y ambientales con un crecimiento sostenido, movilidad económica para un gran porcentaje de la población. El gasto social ha sido eficiente en educación, salud, protección social dado que pasó en 1958 de 3% PIB para 1990 10% PIB y en el 2012 20% PIB. La esperanza de vida hoy es de 79.7 años similar a los países de la OCDE. El gasto en educación 8% PIB 2015 que lamentablemente hoy es de un 4.9% PIB. 97% tasa de alfabetización. Sobre la situación nacional socioeconómica: 12% Pobres, 36% Vulnerables, 47% Clase Media y 5% Ricos. Tenemos marca ecológica país. Hemos logrado tener la pobreza entre las más bajas de América Latina (fui exfuncionario BM IFC). Es cierto la desigualdad está aumentando y la pandemia COVID la profundizó dado que paralizó el flujo circular del ingreso en el país que afecto economías domésticas, empresas y al Estado. Es cierto está aumentando el desempleo, pero para trabajadores no calificados. El PIB per cápita anual promedio 13.365,36 USD (2022) con seguridad social es igual al de China y muy superior al de los países de África – $2.150,6 dólares- Es cierto tenemos presiones fiscales (déficit fiscal 6.24% PIB 2024) pero TODOS sabemos cuáles son sus causas: evasión, exoneraciones, apertura comercial, eliminación de aranceles y, corrupción -las profesiones liberales no tributan-. Nuestra tributación es la más baja de América Latina 14% PIB así no vamos a desarrollar infraestructura pública moderna. ¡Sí! tenemos otros problemas, el 14% PIB es por compliance, blanqueo y lavado de capitales (narco drogas) que está metido de lleno en el sistema financiero nacional y lamentablemente en el MONEX.

Es cierto tenemos costos de producción que debilitan la competitividad país. El paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista en los últimos años ha dado lugar a procesos de reforma más complejos y prolongados. Velocidad pública y velocidad privada o de mercado global no coinciden. Sin embargo, Costa Rica es un país menos desigual comparado con tres décadas pasadas. Tenemos tres problemas a resolver: presiones fiscales, sociales y ambientales- cambio climático. Debemos controlar los gastos públicos y aumentar los ingresos. Mejorar la recaudación fiscal. Tenemos otro problema: GOBERNABILIDAD. La administración del sector público -330 instituciones públicas y 330 mil funcionarios públicos- no se ha modernizado paralelamente a la economía abierta y el modelo orientado a la exportación en régimen de zonas francas, apertura comercial y libre comercio, limitando la capacidad de cumplimiento y de arbitro del Estado.

Hay desafíos para nuestro país…. aumentar la productividad y con ello la competitividad nacional, frenar la desigualdad de ingresos de los habitantes del país -poner mucha atención al coeficiente de Gini-, el crecimiento económico debe impulsar el desarrollo económico priorizando dos provincias – Puntarenas, Limón-, desarrollar una fuerza laboral calificada de alto valor agregado para crear empresarialidad y emprendedores globales. El sistema educativo – escuelas, colegios y universidades públicas- requieren una reforma integral total de su normativa dado que graduamos muchos de estudiantes de ciencias sociales y muy pocos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM- así no contribuimos con sectores de alto valor agregado. El INA hay que reformularlo en su misión y visión y a las nuevas realidades dado que perdió la hoja de ruta. Requerimos: Sostenibilidad fiscal, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental. Y, por supuesto Gobernabilidad: mayor capacidad del sector público para planificar a largo plazo (25 años) e implementar políticas, proyectos de inversión pública, prestar servicios y aumentar rendición de cuentas… Pero, el apocalipsis o el diluvio está aún muy distante de nuestro país… ¡Aún estamos a tiempo!

Drones de última tecnología beneficiarán a 3 mil productores de todo el país

Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los pequeños y medianos productores de nuestro país contarán con 16 drones de última tecnología para impulsar sus actividades productivas, así como sus capacitaciones respectivas para un uso adecuado.

El proyecto se enmarca en los ejes de fomento a la competitividad, así como productividad y sostenibilidad de la Política para el Sector Agro Costarricense 2023-2032, e impactará positivamente en 7.775 hectáreas, las cuales corresponden a 23 cultivos principales y actividades como piña, arroz, frijoles, hortalizas y caña de azúcar.

«Como jerarca rector del Sector Agropecuario, he coordinado con las instituciones para asegurar que la tecnología respalde el crecimiento sostenible de nuestra agricultura y contribuya al bienestar de todos los actores. La incorporación de drones en la agricultura permite ampliar las perspectivas y optimizar todas las etapas de un cultivo haciéndolos más eficientes.”, indicó el ministro de Agricultura y Ganadería Víctor Carvajal.

Para desarrollar el proyecto, el MAG y el Inder firmaron un convenio de cooperación específico. En esta misma línea el INA, mediante su Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE), estará becando a un primer grupo 41 personas productoras, bajo el Programa SBD, para que cuenten con el conocimiento necesario en el uso de estas aeronaves, y de esta manera puedan obtener la licencia que otorga Aviación Civil.

“Uno de los principales objetivos del Gobierno de la República es dotar de tecnología al sector agropecuario para mejorar su productividad. Por esta razón desde el INA, de manera articulada con el Ministerio de Agricultura, iniciaremos desde febrero hasta junio, una serie de capacitaciones para más de 40 personas productoras de varias regiones del país. Una inversión de más de ₡30 millones, para que puedan adquirir conocimientos en el manejo de drones y mejorar su productividad”, enfatizó Juan Alfaro, Presidente Ejecutivo del INA.

La inversión por parte del Inder es de ₡319,1 millones, que estarán destinados a la compra de los drones, mientras el MAG aportará ₡237,7 millones en acompañamiento técnico a las organizaciones, por lo que la inversión total será de ₡556,8 millones.

“Este proyecto se realizará mediante el servicio del Inder denominado Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria que permite brindar de herramientas e insumos a los productores del país, mediante recursos no reembolsables.” indicó el Presidente Ejecutivo del Inder, Osvaldo Artavia.

-INA beca al primer grupo de 41 productores con capacitación en uso de drones.

-16 organizaciones recibirán aeronaves para apoyar las labores de micro, pequeños y medianos productores.

Las organizaciones beneficiadas serán:

-Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí

-Cooperativa de Comercio y Servicios Múltiples de Productores de Piña de Pital de -San Carlos R.L.

-Asociación Cámara de productores de caña de San Carlos

-Coopeparrita Tropical R.L

-Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores de Arroz del Pacifico Central R.L

-Centro Agrícola Cantonal de Alajuela

-Asociación Cámara Ganaderos del Caribe

-Asociación de Productores de Plátano ASOPLATAL

-Asociación de productores agrícolas El Águila de Pejibaye

-OSACOOP

-El Centro Agrícola Cantonal de Alvarado, con sede en Cervantes

-Asociación Cámara de Productores de Caña del Atlántico

-Centro Agrícola Cantonal El Guarco

-Asociación de Productores Agro luchadores

-Coopepilangosta.RL.

-Cámara de Productores de Caña de Guanacaste

La necesidad de reformar y modernizar las jornadas de trabajo

Manuel Hernández

Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.

Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.

Es la jornada típica de la sociedad industrial.

No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.

Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.

Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.

Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.

Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.

Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.

No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.

La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.

En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.

Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.

PRODUCTIVIDAD, SALARIOS CRECIENTES, JORNADAS 4-3

Óscar Madrigal

Costa Rica, Colombia y Méjico son los países donde los trabajadores trabajan más horas, 48 horas semanales, de los miembros de la OCDE. Pero Colombia aprobó un proyecto para bajarlas a 42 horas. Según la organización 24 países cuentan con 40 horas o menos de trabajo semanal.

En Costa Rica la tendencia de nuestros gobernantes es contraria a la tendencia mundial, no solo a conservar las 48 horas sino a hacerlas más onerosas para los trabajadores con las jornadas de 4-3.

Por otra parte, los informes de la OCDE indican que la productividad laboral de Costa Rica, aunque ha aumentado en los últimos años, está por debajo de la media de los miembros de esa organización, lo cual significa que la productividad no está directamente relacionada con el número de horas que labora un trabajador. En otras palabras, cuando se trabaja menos, se produce más. Por ello, no es cierto que las jornadas 4-3 aumentarán la productividad. Ahí está la experiencia internacional.

En un reciente estudio de la Academia Centroamericana llamado “La Productividad en Costa Rica. Estudios sobre Productividad” de la autoría de Gloriana Ivankovich Escoto y Josué Martínez Castillo, se reconoce esta verdad:

“Al descomponer el PIB per cápita en el PIB por hora trabajada y las horas trabajadas per cápita se observa que su crecimiento durante los últimos 30 años se explica más por un aumento en la eficiencia con que se trabaja (PIB por hora) y menos por el número de horas dedicadas a la producción (ver Gráfico 2). Este resultado es más evidente en la última década, cuando el PIB per cápita crece un 2,1 por ciento en promedio por año impulsado por el aumento en el PIB por hora (3 puntos porcentuales) mientras el uso de la mano de obra (cantidad de horas trabajadas) más bien decrece (0,9 puntos porcentuales)”.

La productividad es producir más con menos recursos. Lo que significa que el trabajador o trabajadora producen más artículos o servicios en el mismo tiempo o en menos tiempo. Generalmente esto ocurre mientras el trabajador o trabajadora obtiene el mismo salario. En consecuencia, el grado de productividad crece con los mismos recursos. Es lo que la teoría marxista llama aumento de la plusvalía (explotación) y aumento de la tasa de ganancia.

Pero lo que nos interesa resaltar ahora es que la productividad no está en relación directa con el número de horas trabajadas, sino más bien con una reducción de la jornada de trabajo.

Los autores del estudio de la Academia Centroamericana expresan que, “En años recientes la productividad laboral de Costa Rica crece a un ritmo más acelerado. Durante el periodo 2008-2018, el crecimiento anual promedio de la productividad laboral en Costa rica, medida como el PIB por hora trabajada, es más alto, en comparación con países miembros de OCDE, Chile y Estados Unidos (ver Gráfico 8)”.

Cuando se cruzan estos datos con los salarios ganados por los trabajadores, se muestra la tendencia siguiente: mientras en los últimos años la productividad crece los salarios reales se estancan o decrecen.

Un estudio de la Facultad de Economía de la UCR llamado “Evolución del mercado laboral”, aunque es del 2018, indica lo siguiente:

“En el mismo gráfico se muestra que el nivel de los salarios y las tendencias de crecimiento entre sectores han sido diferentes. El sector primario tiene los salarios reales promedio más bajos durante todo el periodo e inclusive una tendencia negativa. El sector secundario tiene salarios reales promedio más bajos que el terciario, excepto en el primer trimestre del 2015, pero significativamente más altos que el primario durante todo el periodo. Además, muestra una tendencia hacia la baja desde el 2010 hasta finales del 2012 y luego una tendencia hacia el alza hasta el primer trimestre del 2015. Luego, los salarios reales del sector secundario se mantienen relativamente constantes hasta el segundo trimestre del 2017. El sector terciario tiene los salarios reales más altos, excepto para el primer trimestre del 2015, y se puede observar una tendencia al alza pronunciada desde el 2013 hasta principios del 2016. A partir de ese momento, los salarios reales del sector terciario muestran una tendencia a la baja”.

Los salarios no han ido parejos con el aumento de la productividad como lo muestran estos dos estudios.

De lo anterior se puede concluir, que la productividad de CR no se debe al aumento de las horas laboradas; que la experiencia internacional señala que cuando se trabaja menos se produce más; que tampoco la productividad en el país ha ido acompañada de una mejora sustancial de los salarios.

En fin, que cosas como las jornadas 4-3 están sustentadas en mitos que nos quieren meter para acrecentar la explotación de la mano de obra. Contraria a esta política, el mundo, incluyendo los países de la OCDE, avanzan hacia la reducción de las jornadas de trabajo (40 horas semanales o menos) y hacia un justo salario.

Hay que recuperar le viejo principio socialdemócrata de SALARIOS CRECIENTES, hoy en total abandono.

¿Quién paga las cargas patronales?

Óscar Madrigal

La respuesta inmediata y lógica es los patronos. Sin embargo, el fondo realmente de la pregunta es ¿de dónde obtienen los patronos los fondos para pagar las cargas sociales? Los patronos no destinan ingresos de otras inversiones a pagarlas, sino que esos fondos salen del valor de la producción, del valor agregado, del plus valor o plusvalía.

Se viene diciendo que el factor trabajo en Costa Rica es muy caro, lo cual -ya sabemos lo que sigue- le resta competitividad al país. ¿Qué pasa si reducimos las cargas patronales? Lógicamente aumentan las ganancias del patrono. Y es imposible saber o deducir que esa parte que se le resta a la seguridad social se irá a embolsar las ganancias o servirá para nuevas inversiones. La experiencia en América Latina es que las reducciones de impuestos han servido para engordar los bolsillos de los grandes empresarios.

Ahora bien, no es lo mismo Del Monte, Intel o las empresas de zonas francas que un pequeño taller de costura o de zapatería o un pequeño comercio o restaurante. A estos últimos sí les resulta complicado hacer frente a todos los pagos porque probablemente sus ganancias son muy pequeñas. Aunque siempre las cargas patronales salen del valor agregado, la estrechez es grande en este tipo de producción.

Al igual que con la fijación de los salarios mínimos, tratar a los grandes igual que a los pequeños, es la peor desigualdad, una injusticia. Cuando el salario mínimo se fija por igual para los obreros agrícolas de Del Monte o la Standard o los productores de banano, piña, arroz que, para los productores de hortalizas, por ejemplo, estamos engordando en muchísima mayor proporción las ganancias de los primeros, que incluso en pandemia han obtenido gigantescos ingresos. Tampoco puede ser igual el salario de un trabajador de Walmart o de McDonald o Barceló que los de un pequeño negocio de restaurante o una empresa de busetas de turismo.

Este tipo de fijaciones encierran una gran injusticia. Los salarios mínimos deberían establecerse en función de la productividad y de la ganancia obtenida por los patrones y con ello también las cargas sociales, incluyendo las patronales.

Las cargas patronales a la seguridad social NO las paga el patrono sino que se pagan con el plus valor agregado al bien o servicio que incorpora el trabajador o trabajadora.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)

El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

El pago de la deuda como genocidio

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

El Acuerdo de Londres de 1953

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

Aprovechar la coyuntura del Covid-19 para impulsar la transformación del agro

German Masís Morales

Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.

“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.

En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)

Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.

La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.

Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.

Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.

Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.

El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.

Los propósitos de la misma serían:

Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales

Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.

Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.

Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:

1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles
2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado
3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno
4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa
5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola
6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias
7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional

Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.

Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Fortalecer la producción de granos básicos, una decisión acertada frente a la pandemia

German Masís Morales

El Ministro de Agricultura y Ganadería ha anunciado una inversión de 2.800 millones de colones para apoyar al sector de granos básicos en el fomento de la producción y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el Consejo Nacional de Producción permitirá incrementar el área de producción en 3.400 has y la producción nacional de frijol en 1.900 TM adicionales a partir de la próxima cosecha 2020-21.

El plan incluye tres proyectos, el primero de los cuales consta de la inversión de 1.200 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, para la compra y distribución de semilla certificada de arroz y frijoles entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca.

Según el Presidente Ejecutivo del CNP la semilla se entregará a los productores con menos de 4 Has de tierra, que representan el 60% de la fuerza productiva nacional. Por su parte en el segundo proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural inyectará 800 millones adicionales para aumentar la compra de frijol nacional por medio del programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El tercer proyecto con aporte de 250 millones del FODESAF, que serán invertidos en la compra de dos cámaras de refrigeración, una en la zona norte y otra en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos en condiciones adecuadas, que permitirá conservar cerca de 30 mil quintales de grano en espacios de almacenamiento climatizados con los que se garantice la calidad del producto.

Según manifestó el Ministro Alvarado, “estamos decididos a fortalecer la producción de granos básicos, mediante la transferencia de tecnología, el uso de semillas certificadas y mejoras en las condiciones de comercialización para beneficiar a las familias productoras y a los consumidores”. (mag.go.cr, Noticias,9-5-2020).

Este nuevo plan de las instituciones del sector agropecuario podría ser similar al Plan para la Producción Nacional de Alimentos Básicos, ejecutado durante la II Administración de Oscar Arias, originado en los problemas de escasez y altos precios de los alimentos provocado por la crisis económica mundial del 2007-08 que derivó en una crisis de abastecimiento de alimentos.

En esa oportunidad el Gobierno promovió el aumento de la producción y la productividad del arroz, el frijol y el maíz blanco en las regiones antes mencionadas, con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones y en donde el abastecimiento de semilla se consideró un requisito indispensable sobre todo si se parte del principio de elevar la productividad, pues no se puede pretender la ampliación de las áreas de siembra si no se cuenta con la semilla necesaria para ese fin (Sector Agropecuario,2008)

Respecto a la ejecución de aquel plan, se cuestionaba que la crisis de abastecimiento surgía del desestimulo a la producción de granos iniciada hace dos décadas, el cual redujo sustancialmente los programas de investigación y transferencia, disponibilidad de infraestructura y el acceso a los programas crediticios.

El Plan de Alimentos anterior logró un éxito relativo en el aumento de la producción y la productividad del arroz y del frijol en un período de dos años, cuando se suspendió su ejecución, pero demostró que se puede elevar la productividad y mejorar la producción de granos, actividad tradicionalmente relegada, con la introducción de tecnologías de producción y manejo postcosecha apropiadas a las unidades de producción familiar. (Masís, G. Revista Ambientico Nª178,208).

Con el anuncio del nuevo plan de granos básicos, el ministro está siendo consecuente con los comentarios vertidos en su red social personal sobre el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población, pero también es congruente con el pronunciamiento de la FAO sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, cuando afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

Campesinos de Mozambique con miedo a modelo brasileño

Campesinos de Mozambique con miedo a modelo brasileño

La densidad de población en el campo mozambiqueño es grande. Crédito: Unión Nacional de Campesinos de Mozambique.

 

El campesino Rodolfo Razão obtuvo en 2010 el Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra (Duart) para 10 hectáreas, pero no puede cultivar más que siete. El resto lo ocupó una compañía sudafricana que produce soja, maíz y frijoles en unas 10.000 hectáreas en el noreste de Mozambique.

De nada sirvió quejarse a las autoridades del distrito de Monapo, donde vive, en la provincia de Nampula. A sus 78 años, no puede esperar mucho más.

Brígida Mohamad, viuda de 50 años, sufre por uno de sus siete hijos, cuya tierra también fue invadida por una empresa. “Mi hijo no tiene donde sembrar, no estamos vendiendo nuestras ‘machambas’” (granjas), protestó al recibir IPS en Nacololo, una localidad de Monapo en la que ha vivido siempre.

Estos son algunos ejemplos que explican el miedo con el que los campesinos imaginan el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo Agrícola de la Sabana Tropical en Mozambique, conocido como ProSavana, apoyado por las agencias de cooperación de Brasil (ABC) y de Japón (JICA).

Inspirado en la tecnología de agricultura tropical desarrollada en Brasil, ProSavana pretende aumentar la producción en el Corredor de Nacala, un área de 14,5 millones de hectáreas en el centro y norte de Mozambique, con un potencial agrícola similar al del Cerrado, la sabana brasileña.

De los 4,5 millones de habitantes de esta zona, 80 por ciento viven en la zona rural, una densidad muy grande comparada con la de Brasil y otros países, que ya despoblaron el campo modernizando la agricultura.

Pero en ciertos lugares del Corredor de Nacala se puede recorrer dos kilómetros sin ver una casa, ante la dispersión y el aislamiento de las familias que practican agricultura de subsistencia en terrenos que tienen en promedio 1,5 hectáreas.

La mandioca es la base de la alimentación aquí. También se cultiva maíz, calabaza, girasol y batata para el autoconsumo, y algodón, tabaco y acajú para la venta.

La perspectiva de convertir este Corredor en granero del país, incluso para la exportación facilitada por el puerto de Nacala, deberá intensificar los conflictos por la tierra, al atraer empresas volcadas a la producción en gran escala y alta productividad, en extensas haciendas que desplazan poblaciones tradicionales.

La llegada de esos grandes inversionistas es una desgracia, lamentó Mohamad, rechazando cambios que no se deben solo a ProSavana, pero que pueden acelerarse por su influencia.

Los campesinos no perderán sus tierras, el objetivo principal del programa es apoyar a los agricultores que ya están en el Corredor y mejorar sus técnicas productivas, aseguró a IPS el coordinador mozambiqueño de ProSavana, Calisto Bias.

Pero las comunidades locales sufrirán una ruptura en su modo de vida, porque los inversionistas traerán nuevas relaciones, de empleados y patrones, y los monocultivos jaquearán el hábito de “producir un poco de todo para su propia alimentación”, prevé Sheila Rafi, oficial de Recursos Naturales de la organización no gubernamental Livaningo.

Generar empleos por medio de inversiones y cadenas de valor constituye una de las “misiones” de ProSavana. Otra es modernizar y diversificar la agricultura con miras a aumentar la productividad y la producción, según el sitio web creado por el Ministerio de Agricultura.

Pero la amenaza más temida es la “usurpación” de tierras. Muchos buscan protegerlas tratando de conseguir el título del Duart, pero este no asegura nada, según los testimonios recogidos.

La ley mozambiqueña establece que toda la tierra es propiedad del Estado y no puede venderse o servir de fianza. Las personas físicas o jurídicas pueden solicitar el Duart al gobierno por un plazo de hasta 50 años.

Cerca de 250 campesinos de Nacololo se juntaron el 11 de diciembre frente a la residencia del jefe de puesto local, para exigir explicaciones sobre una alegada usurpación de cerca de 600 hectáreas por la empresa sudafricana Suni.

El distrito de Malema, a 232 kilómetros de la ciudad de Nampula, también vive días turbulentos. Allí operan grandes compañías agrícolas como la japonesa Nitori, algodonera que logró la concesión de unas 20.000 hectáreas, donde viven algunas familias que serán reasentadas.

Otra es Agromoz (Agribusiness de Moçambique SA), sociedad de capitales brasileños, mozambiqueños y portugueses, que produce soja en 10.000 hectáreas.

La falta de informaciones oficiales agrava las incertidumbres. “Solo escuchamos que hay un programa llamado ProSavana por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno aún no nos informó nada”, sostuvo Razão.

“No estamos en contra del desarrollo, pero queremos políticas que beneficien a los campesinos y que nos expliquen que lo que es ProSavana”, machacó Costa Estevão, presidente del Núcleo Provincial de Campesinos de Nampula.

El acuerdo triangular, de aparente complementariedad entre el mercado importador japonés, los conocimientos brasileños y las tierras de Mozambique, iniciado en 2011, ya reveló su fertilidad para las controversias.

Organizaciones sociales de los tres países se movilizaron para rechazar o reorientar ProSavana. Brasil quiere “exportar un modelo en conflicto”, según Fátima Mello, directora de relaciones internacionales de la organización brasileña FASE y activa participante de la Conferencia Triangular de los Pueblos frente al ProSavana, que tuvo lugar en Maputo en agosto.

Millones de campesinos sin tierra, un intenso éxodo rural, cruentas disputas de tierra, deforestación y consumo de agrotóxicos sin precedentes fueron el resultado de ese modelo que prioriza el agronegocio, el monocultivo para exportación y las grandes empresas, destacan los activistas, defendiendo la agricultura familiar como factor de seguridad alimentaria.

Un componente importante de ese modelo es el Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados, iniciado en 1978 en el centro de Brasil y que ahora sirve de inspiración a ProSavana.

La tecnología que se transferirá a los agricultores del Corredor de Nacala proviene de Brasil. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria está capacitando a técnicos y gestores del Instituto de Investigación Agraria de Mozambique, en lo que constituye el primer proyecto de ProSavana, de 2011 a 2016.

Los demás componentes del programa, el plan director que evalúa las áreas y cultivos con buenas potencialidades en el Corredor y el Proyecto de Extensión y Modelos, también cuentan con participación brasileña decisiva.

Falta “un debate público profundo, amplio, transparente y democrático” con la sociedad, además de la evaluación del impacto ambiental exigida legalmente, protestaron 23 organizaciones y movimientos sociales mozambiqueños, apoyados por 42 entes internacionales, en una carta abierta a los gobernantes de Brasil, Japón y Mozambique, firmada en Maputo el 23 de mayo.

Los firmantes reclaman la suspensión inmediata de las acciones, la apertura de un diálogo oficial con todos los sectores sociales, la prioridad a la agricultura campesina y agroecológica y una política de soberanía alimentaria.

Todos los recursos destinados a ProSavana deben transferirse a la “definición y elaboración de un Plan Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar Sustentable”, concluyen.

 

Enviado a SURCOS por IPS – Metas del Milenio.aa