German Masís Morales
Este lunes el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura y Ganadería han efectuado la apertura de la primera rueda virtual de negocios que se realiza por medio de la plataforma La Finca Agropecuaria, herramienta impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde más de 2.000 productores y 50 compradores han de acercado la oferta de bienes de origen agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, a la demanda de las agroindustrias nacionales.
“Esta es la forma cómo la institucionalidad responde para apoyar a los productores en el escenario que nos impone la pandemia por COVID-19. Estas oportunidades son muy valiosas, porque no se trata solo de vender hoy, sino de alcanzar alianzas que nos permitan una relación fortalecida y un mejor conocimiento entre la producción agrícola primaria y la agroindustria para negocios futuros”, declaró el Ministro.
En tanto, el Presidente reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a los productores al máximo, para lo cual “estamos trabajando duro en mejores condiciones de créditos, acceso a la tecnología y al valor agregado para llegar a mejores mercados”. (ElPaísCr,1-6-2020)
Ante estas manifestaciones de las autoridades del Gobierno actual, nos preguntamos si estas acciones introducen cambios importantes en la producción y en el comercio agropecuario y si se está aprovechando la coyuntura de la pandemia del covid-19 para impulsar una transformación de la actividad agrícola y agroindustrial, de los sistemas de producción o de la participación de los distintos sectores involucrados en dicha actividad, pero la respuesta es que no.
La política sectorial agrícola sigue enfatizando en el crecimiento de la producción, en el mejoramiento de la productividad, en el aumento de la agroexportación y en la adopción de nuevas tecnologías. El monocultivo de exportación en manos de grandes empresas por su aporte a la generación de divisas, sigue siendo el eje del modelo agropecuario nacional.
Por el contrario, una política agraria alternativa, debiera estar dirigida a superar los efectos de las políticas macroeconómicas de liberalización económica y apertura comercial aplicadas en los últimos 35 años, las cuales han afectado seriamente las condiciones de la micro y pequeña producción agrícola y agroindustrial, ha empobrecido a la población rural, ha priorizado en la importación agroalimentaria y ha profundizado el monocultivo de exportación.
Esta política agraria alternativa deberá estar centrada en la promoción de una agricultura más sostenible, en el apoyo a la innovación a partir de los recursos de la finca, en el fortalecimiento de la pequeña producción agrícola y la microempresa agroindustrial familiar, en el impulso de sistemas de comercio de mayor vinculación entre productores y consumidores y en el acceso a una oferta de productos más sanos, saludables y con identidad territorial.
Esta política agraria deberá estar dirigida claramente al mejoramiento de la producción agrícola y agroindustrial para el mercado interno y debe incluir acciones sobre innovación tecnológica, gestión de servicios agrícolas locales, comercialización justa e incluyente, financiamiento alternativo, sistema de riesgo agrícola, desarrollo agroindustrial rural y apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria.
El eje central de la propuesta de política agraria alternativa, es el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales para el mercado interno, mediante la reactivación de los servicios que ofrece la institucionalidad pública del sector agropecuario con la participación proactiva de los diferentes actores: campesinos, pequeños productores, cooperativas agrícolas, centros agrícolas cantonales y microempresas agroindustriales y agroturísticas.
Los propósitos de la misma serían:
Contribuir a cambiar las políticas agropecuarias y rurales para que respondan a las necesidades del pequeño agricultor, el microempresario agroindustrial y la población de las comunidades rurales
Impulsar una transformación de la actividad agropecuaria nacional, hacia una más sostenible e incluyente, mediante una innovación apropiada y creativa generadora de buenas prácticas y menos dependiente de recursos externos.
Apoyar decididamente la producción agroalimentaria para el mercado interno, que garantice el abastecimiento continuo de productos sanos y de calidad, la ejecución de mecanismos de comercio directo y justo y que favorezca la apropiación de recursos por parte de los productores.
Entre las acciones estratégicas para el cambio estarían:
1.Promover la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles
2.Mejorar la gestión de servicios de apoyo agropecuario y rural que ofrece el Estado
3.Adecuar y dinamizar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno
4.Democratizar efectivamente el acceso al crédito de la pequeña producción y la microempresa
5.Establecer un sistema de seguros y de cobertura del riesgo de la producción agrícola
6.Fomentar el desarrollo de la agroindustria rural y del valor agregado de las actividades agropecuarias
7.Apoyar la aplicación de una ley marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
Una política agraria alternativa debe responder a la necesidad histórica de la transformación productiva del agro costarricense, que sea sostenible, equitativa e incluyente y que incorpore el otro eje del desarrollo hasta ahora abandonado, como es la producción para el mercado interno, la cual garantiza la producción de alimentos, el empleo de la población rural, la conservación de la biodiversidad y el arraigo de la población en las comunidades rurales.
Las acciones actuales dirigidas a promover el comercio virtual de productos, el plan anunciado para apoyar la producción de granos básicos y la recomendación del Ministro de Agricultura para que se consuman los productos que el país produce, no vendrán a resolver los problemas estructurales de la producción y el comercio agroalimentario del país. Por lo que no se vislumbran grandes cambios en la realidad de la agricultura costarricense luego de la pandemia.