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Etiqueta: pronunciamiento

UNA rechaza adhesión de Costa Rica al bloque de Alianza del Pacífico

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Mediante la aprobación del acuerdo UNA-SCU-ACUE-059-2023, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) comunica a los diputados de la Asamblea Legislativa y a la comunidad nacional la decisión de rechazar cualquier intención de adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, ya que representa un gran reto a nivel país y según la incertidumbre denotada, las advertencias técnicas, la falta de un modelo de desarrollo país acorde a los requerimientos de la sociedad costarricense, así como otras debilidades que se consignan en los considerandos del acuerdo, dicho órgano colegiado se opone.

Dicho pronunciamiento tiene su génesis en un oficio enviado por la diputada Sofía Guillén Pérez, a Francisco González, rector de la UNA, mediante el cual solicita el criterio de la institución de educación superior con respecto a la incorporación de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacifico.

Adicionalmente, dicha solicitud corresponde a que el 20 de octubre de 2022, los países que integran el bloque comercial de la Alianza del Pacifico (México, Colombia, Chile y Perú) dieron el aval de ingreso a Costa Rica, en respuesta a la reactivación del proceso de ingreso a dicho bloque comercial del presidente Rodrigo Chaves Robles, el pasado 8 de julio de 2022.

Finalmente, la Comisión de Análisis de Temas Institucionales del C.U-UNA, considera imprescindible que cualquier toma de decisiones requerida, vinculada al desarrollo del modelo país, sea llevada a cabo conforme los más altos principios democráticos que rigen nuestra sociedad.

La Alianza del Pacífico es un bloque de integración económica compuesto por México, Colombia, Perú y Chile, que además mantiene tratados de comercio con territorios de Asia.

A Continuación, el acuerdo UNA-SCU-ACUE-059-2023:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

UNA-SCU-ACUE-059-2023

16 de febrero de 2023

Diputada Sofía Guillén Pérez
Asamblea Legislativa
Señores
Comunidad Universitaria

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 4, inciso 4.1 de la sesión ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2022, acta no 05-2023, que dice:

CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CON RESPECTO AL INTERÉS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POR ADHERIR A COSTA RICA AL BLOQUE COMERCIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.

RESULTANDO:

  1. El oficio AL-FPFA-097-OFI-2022, del 01 de noviembre de 2022, suscrito por la Sra. Sofía Guillen Pérez, diputada de la República; dirigido al M.Ed. Francisco González Alvarado, rector; mediante el cual solicita el posicionamiento de la Universidad Nacional con respecto a la incorporación de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacifico.
  2. El oficio UNA-R-OFIC-2180-2022, del 17 de noviembre de 2022, suscrito por el M.Ed. Francisco González Alvarado, rector; dirigido al Dr. Olman Segura Bonilla, director del CINPE; al Dr. Jorge Andrey Valenciano Salazar, director de la Escuela de Economía. Se adjunta el oficio AL-FPFA-097-OFI-2022, del 01 de noviembre de 2022, y se solicita a cada unidades académicas, elaborar una propuesta de posición, con el fin de trasladarla al Consejo Universitario.
  3. El oficio UNA-R-OFIC-2187-2022, del 17 de noviembre de 2022, suscrito por el M.Ed. Francisco González Alvarado, rector; dirigido a la Dra. Jeannette Valverde Chaves, presidenta del Consejo Universitario; mediante el cual adjunta el oficio AL-FPFA-097-OFI-2022, del 01 de noviembre de 2022, e indica a ese órgano colegiado que emita criterio sobre la materia.
  4. El oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022, suscrito por el máster Steven Oreamuno Herra, coordinador de la Comisión de Análisis de Temas Institucionales; mediante el cual adjunta el oficio AL-FPFA-097-OFI-2022, del 01 de noviembre de 2022, y solicita criterio sobre la incorporación de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacífico, a las siguientes instancias: Rectoría; el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe); Asesoría Jurídica; Escuela de Planificación y Promoción Social; Instituto de Estudios Sociales en población (Idespo); el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina); Escuela de Sociología; Escuela de Economía; Escuela de Administración; Escuela de Relaciones Internacionales; Escuela de Ciencias Ambientales; Escuela de Ciencias Agrarias; el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET); Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Cinat); Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna); Instituto de Estudios Latinoamericanos; Sede Interuniversitaria Alajuela; Sección Regional Huetar Norte y Caribe; Sede Regional Chorotega; y Sede Regional Brunca.
  5. El oficio UNA-IDESPO-OFIC-666-2022, del 24 de noviembre de 2022, suscrito por el Dr. Norman José Solórzano Alfaro, director del Idespo, quien en atención al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022, brinda el criterio respectivo.
  6. El oficio UNA-CINPE-OFIC-309-2022, del 1 de diciembre de 2022, suscrito por el Ph.D. Olman Segura Bonilla, director general del Cinpe; mediante el cual emite el criterio en atención al oficio UNA-R-OFIC-2180-2022, del 17 de noviembre de 2022, y en respuesta al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022.
  7. El oficio UNA-EE-OFIC-411-2022, del 1 de diciembre de 2022, suscrito por el Dr. Jorge Andrey Valenciano Salazar, director de la Escuela de Economía, quien en atención al oficio UNA-R-OFIC-2180-2022, del 17 de noviembre de 2022, brinda el criterio respectivo.
  8. El oficio UNA-SRHNC-OFIC-841-2022, del 02 de diciembre de 2022, suscrito por el Sr. Manuel Luna Angulo, en respuesta al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022, indica que no hay observaciones, adiciones o mejoras que señalar al documento.
  9. El oficio UNA-R-OFIC-2335-2022, suscrito por el M.Ed. Francisco González Alvarado, rector; dirigido a la Dra. Jeannette Valverde Chaves, presidenta del Consejo Universitario; mediante el cual adjunta los oficios UNA-CINPE-OFIC-309-2022, del 01 de diciembre de 2022, y UNA-EE-OFIC-411-2022, del 01 de diciembre de 2022, con el fin de que ese órgano colegiado dé respuesta a la diputada Sofía Guillén.
  10. El oficio UNA-FEU-OFI-186-2022, del 7 de diciembre de 2022, suscrito por el Sr. Augusto Josué Guerrero Urbina, representante estudiantil de la Feuna ante el Consejo Universitario; en atención al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022; mediante el cual brinda el criterio respectivo.
  11. El oficio UNA-ERI-OFIC-1146-2022, del 7 de diciembre de 2022, suscrito por el Dr. Marco Vinicio Méndez Coto; director de la Escuela de Relaciones Internacionales; en atención al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022; mediante el cual brinda el criterio respectivo.
  12. El oficio UNA-ECA-OFIC-398-2022, del 08 de diciembre de 2022, suscrito por el M.Sc. Andrés Alpízar Naranjo, director de la Escuela de Ciencias Agrarias; en atención al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022; mediante el cual brinda el criterio respectivo.
  13. El oficio UNA-AJ-DICT-008-2023, del 12 de enero de 2023, suscrito por el Lic. Gerardo Solís Esquivel, director de Asesoría Jurídica; en atención al oficio UNA-CATI-SCU-OFIC-258-2022, del 23 de noviembre de 2022; mediante el cual brinda el criterio respectivo.

CONSIDERANDO:

  1. El oficio AL-FPFA-097-OFI-2022, del 01 de noviembre de 2022, suscrito por la Sra. Sofía Guillén Pérez, diputada de la República; mediante el cual se dirige al M.Ed. Francisco Alvarado, rector, para solicitar el pronunciamiento de la Universidad Nacional con respecto al proceso de ingreso de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacífico y que considere la importancia del sector académico como un protagonista en la discusión del modelo de desarrollo al que aspiramos como país.

Adicionalmente, dicha solicitud corresponde a que el 20 de octubre de 2022, los países que integran el bloque comercial de la Alianza del Pacifico (México, Colombia, Chile y Perú) dieron el aval de ingreso a Costa Rica, en respuesta a la reactivación del proceso de ingreso a dicho bloque comercial del presidente Rodrigo Chaves Robles, el pasado 8 de julio de 2022.

  1. El oficio UNA-IDESPO-OFIC-666-2022, del 24 de noviembre de 2022, suscrito por el Dr. Norman José Solórzano Alfaro, director del Idespo, del cual se extraen los siguientes aspectos de mayor relevancia:
  1. a) Indicó que los tres componentes aspiracionales de la Alianza del Pacífico, a saber: mayor crecimiento, desarrollo y competitividad, responden a “añejas” propuestas economicistas que descontextualizan los procesos productivos y las articulaciones sociales atinentes a estos.
  2. b) Señaló que la propuesta de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas resulta altamente persuasiva, ya que los efectos prácticos de esta promesa dejan un saldo negativo. Es decir, aunque teóricamente este tipo de fórmulas presuponen una situación de igualdad de condiciones entre los países participantes y los factores en juego, en el proceso de integración, eso dista mucho de la realidad entre los países que conforman el bloque comercial, pues Costa Rica representa la parte más débil, según sus características productivas. Dicho lo anterior, señaló que las problemáticas se pueden ver reflejadas en la situación del mundo agrario y el sistema agro productivo, por ejemplo, los cuales son altamente sensibles a las volatilidades del mercado internacional y pueden limitar al productor nacional a nivel competitivo.
  3. c) A modo de conclusión, finalizó el criterio en los siguientes términos: Por consiguiente, a partir la experiencia vivida en el país, los criterios informados y la valoración del contexto internacional, de las volatilidades del mercado y las fragilidades de los pactos económicos, se desaconseja continuar por el mismo rumbo y, por ende, es nuestro criterio que la eventual incorporación de Costa Rica a la AP no corrige tal rumbo, ni puede garantizar las aspiraciones de un mayor y equitativo bienestar para la población costarricense.
  1. El oficio UNA-CINPE-OFIC-309-2022, del 1 de diciembre de 2022, suscrito por el Ph.D. Olman Segura Bonilla, director General del Cinpe; mediante el cual remite su criterio con respecto al proceso de adhesión de Costa Rica al bloque comercial Alianza del Pacífico y del cual se extraen los siguientes aspectos de mayor relevancia:
  2. a) Indicó que, con excepción del tema aduanero, se trata de un acuerdo focalizado estrictamente en lo comercial, a diferencia de otros tratados donde los temas de desarrollo y cooperación estaban incluidos. No obstante, lo anterior se mencionó que la alianza cuenta con un programa de becas para las modalidades de educación técnica y tecnológica, pregrado, doctorado, investigación y docentes.
  3. b) Con respecto a las implicaciones comerciales y sociales para Costa Rica, se menciona la investigación titulada: “Posibles resultados del ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico: simulación de la desgravación arancelaria (CEPAL, N., & Latina-Asia, F. D. C. A; 2021)”, en la cual sobresalen más los beneficios que los costos del ingreso de nuestro país a este bloque comercial. El estudio denota más sectores ganadores que perdedores; pero con un beneficio neto positivo en pequeñas magnitudes, en términos de PIB, nivel de empleo, exportaciones, importaciones, niveles de competencia y bienestar general. Por su parte, destacan que el sector perdedor o eventualmente sujeto a una contracción es el agrícola, lo cual ya ha sido manifiesto en otros Tratados de Libre Comercio (TLC) y presentan el sector agroindustrial como parte de los perdedores, dado la competencia a la que enfrentará.
  4. c) De las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves Robles, en las que aclaró sobre los sectores potencialmente afectados, lo siguiente: “Nadie sale de la pobreza haciendo una actividad de baja productividad. Va a haber una transición que debemos manejar bien”, a lo que en el criterio se respondió que está empíricamente constatado que los procesos de migración de mano de obra de actividades afectadas por la apertura comercial hacia nuevos sectores productivos, no es automático, ni de corto plazo, sino que, por el contrario, tiende a ser de mediano y largo plazo. A razón de lo anterior, fue señalado por qué varias organizaciones agrícolas rechazan rotundamente el ingreso, pues argumentan que los sectores agrícolas no están listos para enfrentar la competencia.
  5. d) A pesar de la potencial afectación, según el punto anterior, se indicó que Costa Rica ha estado preparándose para estos procesos, pues ya cuenta con tratados bilaterales con cada uno de los países fundadores de la Alianza; sin embargo, se ha señalado que la adhesión al Acuerdo Marco implica una renegociación a lo previamente pactado.
  6. e) Con respecto a si el acuerdo es acorde con el modelo de desarrollo del país, fue citado lo siguiente:

La pregunta en realidad es: ¿cuál es el modelo de desarrollo que tenemos? y ¿A cuál aspiramos? No hay claridad sobre el modelo de desarrollo. Desde una perspectiva de ganadores y perdedores, el sector agropecuario ha sido tradicionalmente el perdedor. Desde nuestra perspectiva, no es un tema del acuerdo, es un tema de falta de políticas institucionales de apoyo a este sector agroproductivo. [Negrita agregada].

En línea con lo anterior, destacó las diferencias entre un sector económico dedicado a actividades exportadoras altamente dinámicas y el sector primario rezagado, que en el segundo caso cuenta con una institucionalidad deficitaria en recursos y políticas, y con una tendencia negativa en términos de los presupuestos asignados a las instituciones atinentes.

  1. f) El criterio finalmente señala recomendaciones, las cuales se resumen a continuación:
  2. i) Trabajar sobre la base de excepciones en sectores sensibles, aun cuando no esté en la agenda en este momento.
  3. ii) Buscar el máximo aprovechamiento para los sectores productivos.

iii) Buscar el fortalecimiento real del sector agropecuario, de la institucionalidad de apoyo correspondiente y la formación de red de estos sectores.

  1. iv) Trabajar en un plan de fortalecimiento del sector agropecuario.
  2. v) Promover la discusión en función del modelo de desarrollo que aspiramos.
  3. El oficio UNA-EE-OFIC-411-2022, del 1 de diciembre de 2022, suscrito por el Dr. Jorge Andrey Valenciano Salazar, director de la Escuela de Economía, quien brinda el criterio respectivo sobre la adhesión de Costa Rica al bloque comercial Alianza Del Pacifico. En ese sentido, el análisis fue realizado por el Dr. Henry Mora Jiménez los cuales se resumen a continuación:
  4. a) Se identificaron las siguientes consideraciones:
  5. i) La inestabilidad del mercado internacional de alimentos.
  6. ii) La grave afectación de la producción agrícola y pecuaria por el cambio climático.

iii) La crisis inflacionaria.

  1. iv) El informe interorganizacional de las Naciones Unidas: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, el cual concluye que “El informe de este año debería disipar cualquier duda de que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas».
  2. v) La creciente inseguridad alimentaria en Costa Rica señalada en el último informe Estado de la Nación.
  3. vi) La oposición a este tratado de parte de todas las organizaciones del sector agropecuario.

vii) El peligro de un desmantelamiento o debilitamiento extremo de la producción agrícola en Costa Rica.

viii) Las grandes asimetrías existentes entre la agricultura nacional y la de los otros países que conforman la Alianza Pacífico.

  1. ix) Que Costa Rica ya cuenta con tratados bilaterales de comercio con los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico.
  2. b) Con base en las consideraciones precitadas, a continuación, se mencionan las recomendaciones correspondientes:
  3. Que el Gobierno de la República convoque cuanto antes a un diálogo franco y abierto con todas las organizaciones del sector agropecuario nacional que se oponen a la adhesión de Costa Rica a este tratado y que sus razones sean escuchadas y tomadas en cuenta en cualquier proceso de negociaciones internacionales.
  4. Impulsar una legislación y una política integral agropecuaria alimentaria para el presente y futuro de los más de cinco millones de consumidores de alimentos del país, así como para los miles de agricultores y sus familias.
  5. El impulso urgente de la producción y la inversión en agricultura resiliente al cambio climático y de la agroecología.
  6. El oficio UNA-FEU-OFI-186-2022, del 7 de diciembre de 2022, suscrito por el Sr. Augusto Josué Guerrero Urbina, indica la posición del directorio del Feuna con respecto al tema en análisis. En ese sentido, el criterio del oficio versa en los siguientes términos:
  7. a) Se indicó que las condiciones dadas en el acuerdo no favorecen a países como Costa Rica por sus características, y que los beneficios que ofrece el Bloque en términos de innovación, tecnología y desarrollo educativo son posibles de alcanzar entre acuerdos bilaterales sin que medie un nuevo tratado de libre comercio, y por tanto la justificación de valor sobre este tema carece de rigurosidad.
  8. b) Fue señalado que su posición está de lado de la producción nacional en el sector agrícola, agropecuaria y agroindustrial, debido a que diversos análisis identifican razones de peso para no adherirse a este bloque, sobre todo sin antes robustecer, proteger y atender al sector. Para solventar dicha posición, determinan las siguientes consideraciones:
  9. i) El libre tránsito de personas que pretende el bloque no considera de manera profunda, preventiva, protocolaria, reparativa y, no sancionatoria al narcotráfico, la trata y el tráfico de personas.
  10. ii) El resultado del comercio entre estos países ha mantenido una tendencia decreciente.

iii) Pendientes del Estado con el sector agro del país, entre ellos ausencia de acciones institucionales en temas de innovación y adopción de nuevas tecnologías, no implementación de incentivos/subsidios, entre otros.

  1. iv) Costa Rica no estimula la producción agropecuaria y deja el abastecimiento de granos y la seguridad alimentaria en algunos actores productivos intermediarios sin ninguna sensibilidad social.
  2. v) Diferencias entre los costos de mano de obra de los países del bloque.
  3. vi) No hay claridad con respecto al costo-beneficio.

vii) Otras afectaciones, que corresponden a la imposición de las condiciones del bloque comercial por encima de otros tratados, lo cual repercute en materia arancelaria y con ello, la actividad productiva del país.

viii) Se indicó que se prevé un desempleo de más de 234.000 personas del sector agrícola en el país, con afectaciones directas en sectores productivos de arroz, frijol, hortícola, café, flores, follajes, aceites, lácteos, avícola, porcino y bovino.

  1. El oficio UNA-ERI-OFIC-1146-2022, del 7 de diciembre de 2022, suscrito por el Dr. Marco Vinicio Méndez Coto, director de la Escuela de Relaciones Internacionales; mediante el cual brinda el criterio respectivo sobre el tema en análisis, realizado por la máster Ana Gabriela Navarro Alpízar, académica de dicha unidad. A continuación, se denota un resumen de los aspectos más relevantes:
  2. a) Fue señalado que Costa Rica cuenta actualmente con tratados de libre comercio con los cuatro países miembros de la Alianza y se encuentra negociando con Ecuador, país que también está en proceso de integración a este bloque, por lo que la inclusión de Costa Rica en esta integración implica una consolidación y mejora del acceso a mercados negociados en el marco de los respectivos acuerdos, lo que podría implicar la inclusión de productos que se quedaron excluidos de las listas de desgravación arancelaria en el proceso de negociación de los respectivos acuerdos; estos son mayoritariamente agrícolas, pero estas medidas también aplicarían recíprocamente.
  3. b) Se indicó que el acuerdo no prioriza el fortalecimiento del mercado intrarregional y más bien se plantea como una integración que busca servir de plataforma para acrecentar el acercamiento con la región Asia-Pacífico, mediante el fortalecimiento de encadenamientos productivos y cadenas de valor que permiten presentar una oferta exportable de mayor valor para esta región.
  4. c) Se destacó que los intercambios comerciales con los países del bloque han sido históricamente deficitario, ya que importamos más de lo que exportamos; pero esto es principalmente por el tipo de productos que se comercializan; por ejemplo, el cobre uno de los grandes distorsionadores, ya que es insumo para muchas industrias del país, como electrodomésticos, los cuales no cuentan con una industria extensiva en Costa Rica y se importa desde Chile.
  5. d) Fue mencionado el estudio titulado “Posibles resultados del ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2020, el cual estima un aumento poco significativo en las importaciones en comparación al que actualmente se tiene, en contraparte a la oportunidad de una posible desviación de comercio; es decir, que los países empiecen a utilizar mercancías producidas por Costa Rica, como parte de esta alianza, y dejen de importar estas desde otros países, así como la oportunidad de generar nuevas exportaciones.
  6. e) Se identificó la Alianza del Pacífico como más que un TLC, ya que busca construir con el área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, lo cual abarcaría más de lo que un acuerdo comercial tradicional incluye.
  7. f) Sobre el Acuerdo Marco, debe considerar el tema migratorio, visto como uno de los más relevantes. En ese sentido, en consonancia con los objetivos del acuerdo de promover la cooperación entre las autoridades migratorias y consulares, y facilitar el movimiento de personas y el tránsito migratorio en el territorio de las partes; ahora bien, debido a los requisitos migratorios de Costa Rica, indican que se deben valorar las posibles implicaciones para el país.
  8. g) Se indicó que ya se tiene el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, el cual establece la zona de libre comercio, por lo cual no se estaría incorporando algo adicional a lo que ya cuenta el país dentro de su marco jurídico de comercio exterior. No obstante, señalaron que es relevante saber cómo aprovechar estos nuevos esquemas de integración que se están desarrollando, los cuales buscan colocar al bloque y no únicamente a un país ante un mercado de gran potencial, de esta manera, lo que un país no podría satisfacer con su producción, si podría ser abarcada por la Alianza y sus países partes.
  9. h) Se destacó la vitrina que la Alianza puede representar para Costa Rica, como opción para la diversificación de mercados y la mitigación de vulnerabilidad de los países miembro frente a las crisis económicas que afecten a los socios tradicionales del país.
  10. i) Se valoró el gran interés que ha demostrado el sector industrial por la firma de este acuerdo, ya que, contempla una visión de región con miras a Asia-Pacífico; esto implica la posibilidad de manufacturar bienes con la incorporación de insumos con reducción arancelaria y con la posibilidad de entrar con preferencia a los otros mercados gracias a los avances comerciales que la Alianza como bloque ha tenido con sus países observadores.
  11. j) Se resaltó la importancia de que el país considere la protección de los sectores sensibles ante una eventual liberalización de aranceles a la importación de ciertos productos agrícolas, esto durante el proceso de negociación de adhesión, de ser posible; lo cual busca respetar las exclusiones realizadas en los actuales TLC, para mitigar el posible impacto que podría llegar a traer. Además, destaca, en línea con lo anterior, la importancia de trabajar de la mano con el sector, con el fin de prepararlos y optimizarlos en el escenario de que se lleguen a enfrentar con una mayor competencia.
  12. El oficio UNA-ECA-OFIC-398-2022, del 08 de diciembre de 2022, suscrito por el M.Sc. Andrés Alpízar Naranjo, director de la Escuela de Ciencias Agrarias; mediante el cual comunica el criterio emitido por el Dr. Leonardo Granados Rojas y el M.Sc. Keylor Villalobos Moya, académicos de la Escuela de Ciencias Agrarias. A continuación, se detallan los aspectos de mayor relevancia:
  13. a) Destacó que la decisión sobre la conveniencia de una adhesión debe ser sometida, en apego a los principios democráticos, a un proceso de consulta y decisión ampliado y riguroso, así como un extenso debate entre los diversos actores sociales.
  14. b) El análisis de la conveniencia de adhesión a una alianza o acuerdo comercial debe ser integral y superar lo macroeconómico. Es decir, considerar aspectos como su impacto en la estructura socio-productiva, la exclusión y la equidad de los sectores sociales vulnerables, lo cual es indispensable para el análisis prospectivo, objetivo y exhaustivo por parte de equipos de especialistas en los ámbitos económico, comercial, social, cultural y ambiental.
  15. c) Se señaló que no es posible sustentar esta reflexión en el contexto del “modelo de desarrollo nacional” con visión de futuro, pues simplemente el país no lo dispone. Además, incluso añaden que no existe un horizonte de futuro sobre el cual dimensionar o analizar una propuesta de acuerdo comercial internacional desde tal perspectiva e indica que: “la situación actual del país es consecuencia de las políticas de los últimos años, en sus ámbitos del desarrollo, sería probablemente, un “indicador” referencial del rumbo político e inercial que podría estar conduciendo hacia la configuración de un “modelo nacional espontáneo”.
  16. d) Se cuestionó su significancia como bloque, pues se ha comprobado que los países miembros de la Alianza del Pacífico, desde el 2012, no han demostrado un dinamismo positivo a lo interno, de hecho han tenido tendencia hacia flujos comerciales decrecientes entre países miembros, sin evidencia de mayor inversión extranjera directa, mayor diversificación de canastas exportables entre países miembros y solo el 4% de las exportaciones se dirige hacia los países miembros de la Alianza.
  17. e) Se recomendó una revisión exhaustiva tanto de los aspectos positivos como los negativos en los diferentes sectores. Uno de los aspectos señalados fue el desempleo y, al respecto, aclara que la adhesión podría tener altos impactos y problemas sociales para el país, particularmente en el sector agrícola, debido a que esta población dedicada a la agricultura no es especializada y difícilmente podrá reubicarse en otras actividades. Dicho lo anterior, añaden que la mayoría de los pequeños y medianos productores del sector agrícola primario del país no reúnen las condiciones básicas para participar exitosamente en una alianza comercial internacional, a esto se suma una extensa lista de debilidades latentes.
  18. f) Indicaron que, en un escenario optimista, el gran ganador sería la gran empresa exportadora y multinacional; por consiguiente, llaman a realizar un análisis integral para asegurar los beneficios y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
  19. g) Se externó que la Alianza muestra un potencial algo riesgoso de acentuar la dependencia alimentaria nacional por concepto de importación de los mercados internacionales y que Costa Rica ya presenta una alarmante dependencia alimentaria externa.
  20. h) Se utilizó el caso del tratado comercial DR-CAFTA, para ejemplificar la creación de expectativas e ilusiones; pero que no logran los objetivos planteados, como por ejemplo en materia de generación de empleo, beneficios, términos de exportación, reducción de precios de los productos, entre otros.
  21. El oficio UNA-AJ-DICT-008-2023, del 12 de enero de 2023, suscrito por el Lic. Gerardo Solís Esquivel, director de Asesoría Jurídica; mediante el cual comunica el criterio con respecto al tema en análisis. A continuación, se identifican los aspectos más importantes de dicho análisis:

En el cumplimiento de estos objetivos dicha alianza a la fecha tiene áreas de trabajo enfocadas en temas como acceso a mercados, turismo, medio ambiente, género, gobierno digital, desarrollo de la industria, inclusión social, comunicación, economía digital, finanzas, contratación pública, cooperación, cultura y educación entre otros.

En este último aspecto, los temas que se trabajan se concentran en facilitar los mecanismos de reconocimiento de grados y títulos de educación superior universitaria vigentes y para la construcción de marcos nacionales de cualificaciones que forman parte de la Alianza, fortalecer la educación técnico- profesional promoviendo la articulación del sector educativo y el sector productivo, mediante campañas de comunicación banco de buenas prácticas, entre otros mecanismos. Además de promover la movilidad humana a través de un programa de pasantías, prácticas y becas profesionales de estudiantes de carreras técnicas y tecnología en educación superior.

De forma concreta, se promueve

Pronunciamiento de SERPAJ-AL ante situación actual de Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Barranquilla, Colombia – mayo 2021

Pronunciamiento Oficial Del Servicio Paz Y Justicia En América Latina, SERPAJ-AL

Secretariado Colombiano

Ante los acontecimientos acaecidos en el territorio nacional, la Coordinación Latinoamericano (CLA), y la coordinación en Colombia del SERPAJ-AL, en conjunto con los secretariados de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos permitimos manifestar, que:

  1. Las manifestaciones constituyen un derecho humano fundamental, constitucionalmente contemplado en la Constitución Política colombiana.
  2. El gobierno y el Congreso se han empeñado en adelantar reformas de leyes concernientes a la tributación y a la salud, aún en medio de la pandemia que aqueja al universo entero.
  3. De espaldas a la realidad nacional, el gobierno pretende gravar aún más la canasta familiar y hasta los servicios públicos y los servicios funerarios, lo que realmente es un exabrupto.
  4. Con argucias de toda naturaleza, el gobierno pretendió minimizar el río humano que salió a las calles de las ciudades capitales de la gran mayoría de departamentos del país.
  5. De manera ligera, una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió una decisión a todas luces en contravía de la Constitución y la ley, el día anterior a una marcha, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos legales de traslado de la decisión a las partes interesadas, sin los protocolos adecuados y sin darle cumplimiento a las normas procedimentales respectivas, pretendiendo desconocer EL RANGO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL DERECHO A MANIFESTARSE QUE TIENE LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA, garantía respaldada por convenios internacionales, ratificados por el gobierno colombiano.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

  1. De las organizaciones internacionales de Derechos Humanos su presencia y apoyo con tal de evidenciar, registrar y documentar lo indicado y lograr salvaguardar la vida de los que han sido ilegalmente privados de la libertad y obtener la libertad inmediata de los mismos.
  2. Del gobierno colombiano: El retiro de una vez por todas de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, sin intentos de continuar en tamaña pretensión, aún en medio de la pandemia. Así mismo, la instauración de la RENTA BÁSICA que beneficie a la mayoría de la población colombiana, garantizándole el sustento diario de las familias más afectadas por todo cuanto sucede con la pandemia, al estar confinados obligatoriamente, sin salir a buscar el sustento de los suyos.
  3. De los Ministros de Hacienda y Protección Social la renuncia de sus cargos.
  4. De la Defensoría del Pueblo, que se pronuncie ante los hechos de violaciones de Derechos Humanos, evidenciados ante el concierto nacional e internacional, por parte de la fuerza pública.
  5. Del gobierno y el Ministro de Defensa, esperamos el cese de hostilidades y la detención inmediata del derramamiento de sangre, lamentable e injustificado que se ha dado en todo el país, en especial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
  6. Que cesen todo tipo de violencias, vinieren de donde vinieren.
  7. Crear una comisión de investigación sobre los hechos de violencia contra el pueblo colombiano.

Con la esperanza puesta en los organismos internacionales, repudiamos y condenamos la represión del gobierno contra el pueblo que reclama sus derechos, exigimos Juicio y castigo a los responsables de la violencia esperando que el gobierno nacional de un giro de 180º y retire de verdad los proyectos de ley de reforma tributaria y de la salud, con lo que evite mayores desmanes de lado y lado, nos suscribimos:

BLAS GARCÍA NORIEGA                        FABIO MONROY MARTÍNEZ

Coordinación Latinoamericana     Coordinación Colombia.

Apoyan:

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – Premio Nobel de la Paz
SERPAJ MEXICO
SERPAJ COSTA RICA
SERPAJ EL SALVADOR
SERPAJ NICARAGUA
SERPAJ PÁNAMA
SERPAJ ECUADOR
SERPAJ BRASIL
SERPAJ ARGENTINA
SERPAJ URUGUAY
SERPAJ PARAGUAY
SERPAJ CHILE

 

Imagen principal: Semanario Universidad.

La UCR insta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a ratificar el Acuerdo del Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El «Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe», conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigencia el 22 de abril del 2021 sin la ratificación de Costa Rica

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) instan a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República a aprobar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un convenio internacional sobre derechos humanos y medio ambiente que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Dicho acuerdo entró en vigencia el pasado 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra y ha sido ratificado por 12 de los 24 Estados de América Latina y del Caribe que lo suscribieron (ver firmas y ratificaciones). Sin embargo, a pesar de que Costa Rica fue uno de los países proponentes del acuerdo y lo firmó desde el 4 de marzo de 2018, el Gobierno de la República aún no lo ha ratificado y está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

El Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado en la sesión ordinaria del jueves 6 de mayo, reafirmó el compromiso de esta casa de estudios con el medio ambiente, hizo un llamado al Gobierno sobre la importancia de ratificar el acuerdo e instó a la Asamblea Legislativa para que, a la mayor brevedad, se apruebe dicho acuerdo, el cual se tramita bajo el Expediente legislativo N.° 21.245.

En su pronunciamiento, el Órgano Colegiado señala que “el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; de igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir el cumplimiento de ese mandato (artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).”

Por su parte, Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dirigió una misiva, el viernes 7 de mayo, a las y los señores diputados de la Asamblea Legislativa en la cual les solicita de la manera más urgente la ratificación del Acuerdo de Escazú, en coherencia con los ideales de conservación ambiental, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el desarrollo de las generaciones actuales y venideras de Costa Rica y el mundo.

Según la ONG Global Witness, América Latina es la región más peligrosa para defender el ambiente. Solamente en 2019 los países latinoamericanos sumaron 148 de las 212 personas asesinadas por motivos ambientales.

El rector señaló que “este acuerdo tiene un impacto clave en la democracia ambiental de nuestros países, al garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto, sin duda, tiene implicaciones primordiales en el fortalecimiento del desarrollo sostenible, la cooperación internacional y el multilateralismo en la región”.

El Dr. Gutiérrez resaltó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe. Además, es el primer instrumento de este tipo en la región que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Tanto el rector como expertos en derecho internacional y derecho ambiental de la Universidad de Costa Rica han manifestado que este es un acuerdo de mínimos sobre la temática abordada por el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que trata sobre las denominadas garantías procesales en temas ambientales. La legislación costarricense ya contempla muchos de estos aspectos e incluso los aborda desde una perspectiva más amplia, lo cual ha reconocido al país su liderazgo en esta materia.

Si desea conocer más detalles sobre el este acuerdo, sus implicaciones jurídicas y alcances para el Estado costarricense consulte el siguiente apartado: #VozExpertaAcuerdodeEscazú.

Otros recursos para entender el tema

Foro «La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho. (Video disponible en este enlace).

Chequeo realizado por Doble Check, programa de las Emisoras de la Universidad de Costa Rica. «UCAEPP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú». (Lea el artículo en este enlace).

Programa Era Verde de Canal 15 UCR- ¿Qué pasa con el Acuerdo de Escazú? | Especial Día de la Tierra | 22 abril 2021. (Video disponible en YouTube).

Programa radial Desayunos de Radio Universidad dedicó su emisión al tema el pasado 30 de abril. (Escuche el pódcast).

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Pronunciamiento frente a la masacre y represión violenta de la protesta social en Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colectivo CEAAL Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

El día 28 de abril diferentes actores sociales, populares y políticos del país, convocan una marcha como forma de protesta frente a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que se suma a una cantidad de decisiones y actuaciones que tienen sumida a Colombia en una profunda crisis social, económica y política.

El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, la activación de la aspersión con glifosato , la reforma a la salud, el incumplimiento de los acuerdos firmados en la Habana, la desfinanciación de la educación pública, el alto nivel de desempleo y una política fiscal que favoreció los grandes conglomerados financieros en el país, durante los momentos más difíciles de la pandemia, entre otros temas, provocaron la salida masiva de las personas a las calles Colombianas en medio del pico más alto y mortífero de la pandemia con un promedio de 500 muertes diarias.

La respuesta estatal ante la fuerza y el heroísmo presentado sobre todo por los y las jóvenes no se hizo esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que  la situación  desde las 6am del 28 de abril y hasta la mañana del 4 de mayo del 2021 se tenía un registro de más de 30 muertos,  1181 casos de violencia policial, 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de agresión en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Con base en esto desde el Colectivo Colombiano del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL, hacemos un llamado para que se haga un acompañamiento y denuncia internacional sobre las acciones que el gobierno genocida en complicidad con algunos alcaldes viene realizando a la población colombiana y de una manera particular a los, las y les jóvenes.

Por ello solicitamos que:

  • Desde los diversos movimientos sociales, populares, políticos, culturales, económicos de nuestra región y de otros países del mundo realicen acciones inmediatas de denuncia y solidaridad, así como el rechazo frente a las embajadas colombianas de sus países la situación que se vive hoy en Colombia.
  • Compartan el pronunciamiento con los partidos políticos de izquierda alrededor del mundo con respecto a la situación de violación de derechos humanos en Colombia e invitarlos a hacer las denuncias correspondientes.
  • Invitar a otras redes internacionales a denunciar la grave situación por la que atraviesa nuestro país.

Además de esto el Colectivo CEAAL Colombia:

  • Apoya, promueve y participa en el Paro Nacional.
  • Saluda y apoya las adhesiones al Paro de expresiones sociales y populares organizadas como la Minga Indígena, el sector de camioneros y taxistas.
  • Denuncia y promueve el desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) por considerarla una fuerza desproporcionada y letal de choque frente al legítimo derecho de la población a la protesta social.
  • Nos solidarizamos con las familias de los y las jóvenes que han sido asesinados y asesinadas, que han sido violentados en diferentes formas por las fuerzas del estado.

Reafirmamos nuestro compromiso como educadoras y educadores populares en las fundamentales transformaciones que requiere el país, la fuerza y compromiso de la juventud en las calles nos permiten entender mejor el potencial emancipatorio de la Educación Popular.

Lunes 3 de mayo de 2021)

(Ver más información: http://ceaal.org/v3/pronunciamientoceaal-frente-a-masacre-en-colombia-4mayo2021/)

ADHESIONES AL PRONUNCIAMIENTO:
REDES, ORGANIZACIONES, COLECTIVAS:
Centro Memorial Dr Martín Luther King de Cuba.
Red de Educadoras y Educadores Populares
Red Ecuménicos Fe por Cuba
Colectivo CEAAL Cuba
Colectivo CEAAL Brasil
Colectivo CEAAL México
Colectivo CEAAL Argentina
El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer – IMU de El Salvador
Grupo de educação gênero Feminismos e interseccionalidade-GEPEGEFI-UFPA
Corporación El Canelo de Nos- Chile
Servicios para una Educación Alternativa AC
Ong Entorno de Chile
PERSONAS:
Marbelis González Mesa – Cuba
Rosa Elva Zúñiga López – México
Víctor Ibarra – México

Adjuntamos el link del formulario para firmar la adhesión al pronunciamiento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu99l80EXqja0oVuUK3sRG8Bu8I_O_T2usbK8WpJGr4qus8A/viewform

 

Imagen de cabecera tomada de El País

UCR: Escuela de Biología alerta sobre los efectos negativos de los agrotóxicos en las abejas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Esta unidad insta a las autoridades de Gobierno a detener el uso de sustancias que acaban con estos insectos responsables de la polinización de cultivos

Las abejas, al igual que otros insectos, cumplen la función de polinizar la gran mayoría de las plantas. Foto: Karla Richmond, UCR.

Recientemente, los diferentes medios de comunicación y las redes sociales han dado a conocer múltiples eventos de alta mortalidad de abejas mieleras (Apis mellifera) en diversas localidades del país. Estas noticias han sido recurrentes y de variable intensidad, pero demuestran un serio problema, el efecto negativo que tienen ciertos agroquímicos sobre la biodiversidad.

Incluso, la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura (CNFA) ha emitido un comunicado, en el que alerta sobre este problema, así como una solicitud de prohibición total del fipronil, sustancia que afecta la producción de miel, a la biodiversidad y directamente a todos los habitantes del país.

Las abejas, al igual que otros insectos, cumplen la función de polinizar la gran mayoría de las plantas. Incluso, son responsables de polinizar más del 60 % de los cultivos de uso humano, como el café, del cual estamos tan orgullosos, o el aguacate, que es un producto con un muy alto rendimiento. La polinización es un servicio ecosistémico proporcionado por insectos a la agricultura y, a nivel mundial, se ha estimado su valor en 153 billones de euros anuales (Klein et al. 2007; Gallai et al. 2009, Willmer 2011). Por lo tanto, este servicio de polinización representa un alto valor económico para la producción del país.

En el país existen alrededor de 700 especies nativas de abejas, sociales y solitarias. Estas últimas también polinizan cultivos y las plantas silvestres que forman los ecosistemas terrestres. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La abeja mielera es una especie introducida al continente durante la colonización española, por su tremenda importancia económica en la producción de miel y otras sustancias. Recientemente, esta especie se utiliza para prestar servicios de polinización en cultivos, lo cual aumenta la producción de estos. La abeja mielera, al ser una especie que forma grandes colonias, facilita la detección de los graves efectos de los agrotóxicos en la biodiversidad, con matanzas de millares de individuos y afectación directa a los apicultores.

En el país existen alrededor de 700 especies nativas de abejas, sociales y solitarias (estas últimas también polinizan cultivos y las plantas silvestres que forman los ecosistemas terrestres). Estas especies menos conocidas de abejas son también afectadas por los agrotóxicos, como estudios recientes comienzan a demostrar. Las abejas, junto con otros animales, polinizan las plantas silvestres que se encuentran en los sistemas naturales y áreas protegidas, con lo cual contribuyen a la conservación de nuestros bosques, junto a la alta producción de nuestros cultivos.

Es importante recalcar que la mortalidad observada en las abejas mieleras es un síntoma de un proceso que se da de forma escalonada en diversos grupos de insectos, muchos de ellos también importantes polinizadores, como por ejemplo los cientos de especies de moscas (dípteros silvestres), escarabajos, mariposas y polillas. Esto no es ajeno al ser humano, ya que nuestro bienestar y la seguridad alimenticia de nuestros pueblos, depende directamente de los organismos polinizadores.

De acuerdo con especialistas de la Escuela de Biología, la mortalidad observada recientemente en las abejas mieleras es un síntoma de un proceso que se da de forma escalonada en diversos grupos de insectos. Foto: cortesía de Eric Fuchs.

Estudios científicos realizados en nuestro país han demostrado la presencia de partículas de agrotóxicos en el aire, en zonas boscosas protegidas cercanas a plantaciones agrícolas en Sarapiquí y San Vito de Coto Brus (Wang 2019). Inclusive, en el interior de bosques completamente alejados de plantaciones agrícolas. Investigaciones en los suelos, agua y aire del bosque realizadas en los volcanes Poás, Barva y Turrialba (todos en parques nacionales) muestran plaguicidas. Los agroquímicos usados en las tierras bajas son llevados por los vientos a las tierras altas (Daly et al. 2007, Shunthirasingham et al. 2011). Su efecto sobre la biodiversidad de estos bosques aún se desconoce, pero los estudios demuestran que estas sustancias no tienen solamente un efecto local, sino que su impacto negativo puede extenderse en grandes áreas y afectar los polinizadores en áreas protegidas y, con ello, la biodiversidad presente en nuestros bosques, motor de gran parte de nuestra economía.

La CNFA denuncia el uso del fipronil como responsable de la reciente alta mortalidad; sin embargo, esta no es la única sustancia perjudicial para las abejas. El glifosato, paraquat y los insecticidas neonicotinoides (imidacloprid y thiamethoxam por ejemplo), tienen demostrados efectos letales o subletales en las abejas, ya que alteran el desarrollo, comportamiento, la salud y la sobrevivencia de estos insectos, tanto de las abejas mieleras como de otras especies de abejas nativas.

La acción de las autoridades de Gobierno ha sido históricamente más que permisiva, al no prohibir el uso de muchas sustancias con demostrado efecto negativo en la biodiversidad o no aplicar adecuadamente la legislación vigente. Varias sustancias, prohibidas en Europa y Estados Unidos se comercian libremente en nuestro país, uno de los más biodiversos en el planeta.

Este no es un problema solo de las abejas, es un problema de todos los costarricenses.

La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) alerta sobre los efectos negativos de estas sustancias en nuestras abejas, en nuestros insectos polinizadores y, por ende, en nuestra producción alimentaria. Al mismo tiempo, insta a las autoridades a detener de una vez el uso de químicos que matan masivamente las abejas, así como aquellos con demostrados efectos subletales, en un país con la vergonzosa estadística de ser uno de los mayores consumidores de agrotóxicos a nivel mundial.

 

Dr. Mauricio Fernández O., Dr. Eric Fuchs C., profesores e investigadores de la Escuela de Biología. Dra. Cindy Fernández G., directora de la Escuela de Biología

Pronunciamiento del Comité de Personas Interinas sobre la creación de una Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Trabajo.

A continuación, se presenta el pronunciamiento del Comité de Personas Interinas sobre la creación de una Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la Universidad de Costa Rica. Abajo esta la opción para firmar en apoyo a este pronunciamiento.

El pasado miércoles 17 de marzo de 2021 la Rectoría de la Universidad de Costa Rica anunció la creación de una Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la institución, a través de la Resolución R-66-2021. De acuerdo con dicha Resolución, la creación de esta Comisión Técnica tiene como objetivo “impulsar un nuevo régimen de remuneración en nuestra institución, con el propósito de lograr una mayor equidad en la estructura de los salarios de la institución y asegurar la estabilidad financiera”. Desde el Comité de Personas Interinas (CPI) expresamos nuestras perspectivas y nuestro posicionamiento en relación con la creación de esta Comisión Técnica.

  • El régimen salarial vigente en la Universidad de Costa Rica se caracteriza por ser altamente asimétrico y desigual entre los diferentes sectores que laboramos para esta institución, en perjuicio de la población trabajadora en condición de interinazgo. En ese sentido, consideramos que cualquier iniciativa que tenga como objetivo reducir estas desigualdades y construir un régimen salarial más justo constituye un paso en la dirección correcta.
  • No obstante, estamos en desacuerdo con algunos aspectos relacionados con la conformación de esta Comisión Técnica, los cuales, consideramos, pueden provocar resultados sesgados y poner en riesgo los objetivos que se dice buscar. En concreto, nos parece lamentable la falta de representación de diferentes sectores de la comunidad universitaria, cuya participación consideramos fundamental. A continuación, nos referimos a estos aspectos:
  1. Lo primero y más llamativo es que el sector interino organizado está ausente en esta Comisión Técnica. Las personas trabajadoras en condición de interinazgo constituimos una mayoría de las personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica y somos víctimas directas de este régimen salarial desigual e injusto. Conformar una Comisión Técnica sin participación del sector interino, organizado a través del Comité de Personas Interinas (CPIUCR), representa una perpetuación de la exclusión que padecemos dentro de la Universidad. Además, desde el Comité de Personas Interinas hemos generado un importante proceso de reflexión y análisis, que es fundamental para encontrar soluciones a esta problemática.
  2. La Comisión Técnica no tiene paridad de género. Del total de siete personas que la conforman, cinco son hombres y dos son mujeres.
  3. La Comisión Técnica evidencia un sesgo hacia determinadas áreas del conocimiento en detrimento de otras. Con excepción de la persona representante de Rectoría, todas las personas que conforman la Comisión pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Facultad de Ciencias (básicas). Reconocemos que es fundamental la presencia de personas profesionales de ambas áreas del conocimiento; no obstante, llamamos la atención por el hecho que el problema del régimen salarial en la Universidad de Costa Rica no es solamente un tema económico-actuarial, sino también un tema social, político y de derechos fundamentales. Por lo tanto, es necesario incluir personas con formación en otros campos, que puedan aportar soluciones integrales y duraderas.
  4. La Comisión Técnica reproduce la asimetría histórica entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales. Ninguna persona que conforma dicha Comisión pertenece a una sede universitaria fuera de la Sede Rodrigo Facio (San José).
  • En resumen, consideramos que la conformación de esta Comisión Técnica no refleja un compromiso verdadero con la justicia laboral para las personas trabajadoras universitarias. De hecho, en uno de los casos, es abiertamente contradictoria, pues incorpora a un ex-Ministro de Educación que, mientras ocupó su puesto en el Gobierno, se opuso a la lucha universitaria por el presupuesto y demostró una actitud abiertamente hostil y antagónica hacia las universidades públicas costarricenses.
  • Finalmente, solicitamos a la Rectoría que realice una reconfiguración de la composición de la Comisión Técnica para analizar el régimen salarial de la Universidad de Costa Rica y que informe de qué forma lo hará considerando todo lo expuesto anteriormente.

Alberto Gutiérrez Arguedas 1-1369-0344
Alexia Ugalde Quesada 1-1393-0458
Héctor Ferlini Cartín 1-1322-0032
Rosario Espinoza Mora 1-1058-0827
Josué Arévalo Villalobos 1-0979-0015
Baruc Chavarría Castro 1-1354-0602
Isis Campos Zeledón 1-0675-0974
Mariechen Wust Picado 1-0745-0633
Eduardo Bolaños Mayorga 1-1386-0823
Gustavo A: Jiménez Barboza 1-1358-0886
Eugenia Boza Oviedo 1-1150-0444
Mauricio Chaves Fernández 1-1398-0637
Elsy Vargas Villalobos 1-1026-0527
Carolina Boza Calvo 1-1032-0573
Braulio José Solano Rojas 1-0965-0332
Eva Carazo Vargas 1-0893-0621
César Retana Jiménez 1-0956-0463
Maureen Murillo Rivera 1-0822-0844
Carmen Caamaño Morúa 1-0577-0718

Para firmar:

https://forms.gle/S5xwkTnqvNaYyxmJ8

Pronunciamiento Público: justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el pueblo Bribri de Salitre

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte pronunciamiento público, el cual usted puede suscribir llenado el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7dX_RrloGPdMK-kYwJHd4xeNJ1TFUedwfQQti_GR_J5BXg/viewform

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y personas firmantes:

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

SEDAC: “reafirmamos nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las caravanas migrantes”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC):

“«Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran» (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene”.
Papa Francisco. Fratelli Tutti 84

El Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), ante los flujos migratorios mixtos que se desplazan en caravana, a la opinión pública regional:

Manifiesta

  1. Los obispos de América Central, desde nuestra caridad pastoral reafirmamos nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las caravanas de migrantes que en los últimos días han salido desde Honduras buscando llegar hasta Estados Unidos. Estamos atentos a este hecho y queremos servir a los hermanos migrantes desde nuestras posibilidades.
  2. Reconocemos y respetamos el legítimo derecho a la soberanía de los países involucrados en el tránsito de estos migrantes. Sin embargo, en nombre de la caridad política auspiciada por el Papa Francisco, les pedimos que no se vulneren sus Derechos Humanos y que haya una actitud profundamente humanitaria hacia los mismos independientemente de su situación migratoria.
  3. Ante las eventuales situaciones de hechos de violencia, hacemos un llamado urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales a que se mantengan en total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente las mujeres y los niños.
  4. La debida atención de los flujos migratorios mixtos en toda su dimensión no es asunto de un solo país. Por ello reiteramos el llamado a los gobiernos de la región y México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria regional. De nuevo lo recordamos: hay que atacar las causas estructurales que originan la migración.
  5. Exhortamos a las autoridades respectivas a garantizar la seguridad de las personas migrantes que transitan en sus respectivos países, impidiendo que sean víctimas del crimen organizado y la delincuencia común.
  6. Requerimos de los Estados involucrados a que se respete el derecho de acceso al territorio y la no devolución de todas aquellas personas que tienen una necesidad especial de protección internacional. Asimismo, instamos a que se respete la unidad familiar.
  7. Hacemos un llamado a los gobiernos de la Región, a desarrollar políticas que efectivamente brinden oportunidades de superación a todos, principalmente de estudio para los jóvenes y trabajo para los adultos; para que no se vean obligados a dejar su propio país, poniendo en tan alto riesgo sus vidas.
  8. Reiteramos nuestro respaldo y manifestamos nuestra gratitud a todas aquellas personas y organismos de la Iglesia que en primera fila brindan la atención humanitaria. Ese es el ejemplo del Buen Samaritano pedido por el Señor Jesús.
  9. Pedimos a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, proteja a nuestros hermanos migrantes y bendiga a todos los que les ayudan.

San Salvador, 19 de enero de 2021.

Mons. José Luis Escobar Alas
Presidente del SEDAC

Mons. Gregorio Cardenal Rosa Chávez
Secretario General del SEDAC

ACODEHU: Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu):

San José, Costa Rica
12 de enero de 2021

Alto a la criminalización y judicialización de la protesta social

Solidaridad con ciudadanía judicializada

Los últimos meses 2020, en medio de la crisis social, económica y sanitaria agudizada por la pandemia COVID19, diferentes sectores de la sociedad civil se suman al llamado del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para impulsar protestas sociales contra las intenciones tácitas del gobierno de Carlos Alvarado de condicionar la vida y el futuro de nuestro pueblo a las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Demostrando de manera consciente y creativa que ante la semiparalización por pandemia, los protocolos de distanciamiento social no son sinónimo de indiferencia social, y mucho menos, negación de la política económica nefasta emprendida por el estado costarricense a partir de la imposición del Combo Fiscal.

En este escenario de lucha social, el 12 de octubre 2020, en una manifestación cívica frente a casa presidencial, son víctimas de detenciones arbitrarias ciudadanía que ejerce el derecho legítimo de toda democracia a protestar y defender la soberanía política, cultural y económica del país, ante las intenciones del gobierno de supeditar aún más nuestras vidas a los mandatos fruto del capitalismo voraz representado en el FMI; lejos de impulsar medidas para que la carga tributaria sea asumida por los sectores de mayor poder adquisitivo del país y no por los sectores más vulnerabilizados, que de hecho, la pandemia ha visibilizado a nivel nacional e internacional el creciente índice de pobreza que sufrimos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos reitera su profunda preocupación y rechazo al conjunto de violencias emprendidas por el estado costarricense y apoya las diferentes acciones impulsadas por nuestro pueblo en defensa de sus territorios, conquistas y dignidad, como la reciente marcha emprendida el 11 de enero 2021 por representantes de organizaciones base de las comunidades Ngäbes (ATIAPSI, ATIGUSI, COIS) desde Sixaola hacia San José y denunciamos la práctica del gobierno a hacer caso omiso al mandato desde la CIDH de proteger a las comunidades indígenas recuperadoras de sus territorios y aplicar la normativa respectiva en su defensa.

Precisamente, después de la burla de un supuesto proceso de diálogo, este 11 de enero el gobierno confirma que inicia conversaciones formales con el FMI para lograr un acuerdo “para garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable.” Denunciamos que estas acciones constituyen una continuidad para afianzar la imposición de medidas, políticas económicas y proyectos de ley tendientes a despojarnos de las garantías sociales que han sido pilar para el estado de derecho que históricamente ha caracterizado a Costa Rica y hoy cada vez más amenazado, recargando la crisis económica en los hombros de nuestro pueblo.

Así, nos sumamos al llamado solidario de diferentes colectivas, instancias y organizaciones a fin de sumarse a piquete en solidaridad con compañeros y compañeras que mañana han sido citados a audiencia judicial como parte de esta ola de represión institucional emprendida por el estado costarricense.

Primer Circuito Judicial, San José

Miércoles 13 de enero, 2021
9 AM

De igual manera, reiteramos que dicho proceso de judicialización orquestado desde los grupos de poder, donde incluso medios de comunicación asumen un papel mediático intentando convertir en delito el derecho humano a la protesta social, se suma a una gran cantidad de casos de compañeras y compañeros víctimas de abusos policiales, persecución y detenciones arbitrarias, quienes muchas y muchos hoy se encuentran con procesos judiciales que atentan contra su dignidad y proyectos de vida.

¡No al FMI!
¡La protesta social es un derecho humano inalienable!
¡No a la criminalización y judicialización de la protesta social!
¡Respeto a la integridad física y emocional por parte de la fuerza pública!

ACODEHU

Ana Cecilia Jiménez
Presidenta ACODEHU

Sindicatos de Profesionales en Ciencias de la Salud exigen aumentar medidas restrictivas para Navidad y Año Nuevo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Veterinarios (Simevet), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (Siprocimeca-CCSS), Sindicato Médicos Especialistas, (Siname) y la Unión Médica Nacional hicieron un llamado al Ministerio de Salud y al pueblo costarricense para tomar medidas ante la pandemia por COVID-19 durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ante saturación del sistema de salud.

“La hora oscura de la pandemia ha llegado, nuestros hospitales están colapsando”, expone un video publicado por la ANPE y suscrito por los demás Sindicatos.

En el video se dirigen al Ministro de Salud, Daniel Salas, y exigen un aumento de las medidas restrictivas (entre ellas el confinamiento inmediato), el cierre de fronteras y la extensión de la restricción vehicular sanitaria.

“Usted como máxima autoridad de salud de Costa Rica, tiene la potestad para que toda la infraestructura sanitaria nacional sea puesta a disposición para toda la población costarricense, sin costo alguno para el Estado o la Caja”, indica el video.

También hacen un llamado a la población para tomar medidas aunque estas puedan ser dolorosas en plena época navideña.

El pronunciamiento cierra haciendo un llamado a adoptar políticas acertadas y corregir esquemas que no han funcionado, para no comprometer la vida y el futuro de los habitantes.