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Etiqueta: protección social

Ni sobrevivir en las calles ni “emprender por necesidad” es solución: Exigimos empleo digno, salarios justos y derechos sociales

Escrito en . Publicado en Derechos.

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular condena de manera categórica las políticas que han empujado a miles de costarricenses a “ganarse la vida” en las calles con ventas informales, pequeñas actividades económicas de supervivencia o autoempleo forzado. La más reciente información publicada por medios nacionales evidencia que una proporción significativa de personas emprende no por oportunidad sino por necesidad, lo que es reflejo de un mercado laboral colapsado donde no existen empleos formales, no hay salarios dignos, no se generan oportunidades reales de vida ni se garantiza acceso a una vivienda, educación o seguridad social básica.

Estas prácticas no son un signo de innovación o de desarrollo sostenible. Son la expresión cruda de una economía que falla y de políticas públicas que han abandonado al pueblo a su suerte. “Emprender” por necesidad significa que miles de familias no tienen más alternativa que vender en la calle, trabajar en la informalidad sin seguridad, sin derechos, sin protección social y sin futuro para sus hijos. Esto no resuelve la falta de empleo formal, ni crea industria ni fortalece la producción nacional, ni resuelve la crisis de viviendas, ni asegura educación de calidad para nuestros jóvenes.

Lo que estos datos reflejan es que las familias están siendo condenadas a la pobreza, al hambre y a la precariedad. Mientras un porcentaje enorme de microempresas opera en la informalidad sin acceso a seguridad social y sin poder emitir comprobantes fiscales, millones de trabajadores quedan fuera del sistema de protección social y sin la seguridad de un salario digno o un trabajo estable.

El Partido Vanguardia Popular rechaza las falsas narrativas que celebran el “autoempleo” como si fuera la solución estructural a una crisis de décadas. Detrás de esas estadísticas hay madres y padres de familia, jóvenes sin opciones, personas que han perdido toda esperanza en una política que prioriza la riqueza de unos pocos por encima de las necesidades básicas del pueblo.

Reafirmamos que ni sobrevivir en la calle ni los parches informales sustituyen al empleo digno con derechos laborales, ni al derecho a una vivienda, ni a la educación, ni a la seguridad social universal. La lucha de nuestro pueblo no debe ser por sobrevivir, sino por vivir con dignidad.

Esto no es tema de los candidatos a la presidencia, no hay propuestas concretas ni estrategia de desarrollo del país, para ellos “la pomada canaria” es entregar soberanía nacional a cambio de empresas extranjeras vengan a Costa Rica, se llenen de privilegios arancelarios, se llevan las ganancias fuera del país y luego tirar a los trabajadores y trabajadoras a la calle, como siempre ha sucedido.

Exigimos políticas públicas reales de empleo formal y estable, con salarios que cubran las necesidades de las familias. Acceso universal a vivienda digna, educación realmente gratuita y de calidad para todos, el pago de la multimillonaria deuda del Estado a la salud pública efectiva y una seguridad social integral.

También, protección real a los trabajadores y trabajadoras, no sustitutos informalizados ni autoempleos de subsistencia y un modelo de desarrollo productivo y soberano, que impulse la industria nacional, la producción agropecuaria sostenible y la generación de empleo digno, bien remunerado.

El Partido Vanguardia Popular se pone del lado de quienes trabajan, de quienes luchan por una vida digna y de quienes se niegan a aceptar como destino inevitable la pobreza y la miseria.

Cuatro candidaturas apoyan la protección de fondos de pensiones del magisterio

Escrito en . Publicado en Trabajo.

  • La Asociación Jubilados en Acción consultó a aspirantes a la Presidencia sobre una iniciativa para evitar nuevos desvíos de recursos y reconocer el carácter contributivo del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

  • AJA advierte que la falta de respaldo político perpetúa congelamientos, recortes y una narrativa que los presenta injustamente como “pensionados de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.

De un total de veinte candidaturas a la Presidencia de la República consultadas, únicamente cuatro manifestaron respaldo expreso a una propuesta presentada por los jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de estos recursos y defender lo cotizado a lo largo de la vida laboral. Así se concluye luego de que la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) diera seguimiento a un documento remitido a los equipos de campaña luego del debate convocado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) en noviembre anterior.

Las candidaturas que sí apoyaron la solicitud fueron Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo y Douglas Caamaño. Asimismo, desde el Frente Amplio, el candidato Ariel Robles manifestó que, de resultar electo, descongelaría las pensiones para que estas recuperen su ajuste anual por costo de vida, al considerar injusto profundizar las afectaciones sobre personas pensionadas que ya enfrentan dificultades económicas.

En contraste, Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo y Boris Molina indicaron que no se adherirían a la propuesta. Un tercer grupo respondió sin adherirse, pero sin rechazar la propuesta —Claudio Alpízar, Fernando Zamora, José Aguilar, Luz Mary Alpízar, Walter Rubén Hernández, Marco Rodríguez, Eli Feinzaig y Laura Fernández—, mientras que Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y David Hernández no enviaron ninguna respuesta.

La consulta de AJA pedía a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos:

  1. Reconocer que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos por los que se cotizó, y que deben pagarse como compensación por los recursos aportados por el Magisterio y utilizados para otros fines por el Estado, sin recortes ni manipulaciones indebidas.

  2. Condenar el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones, reconociendo el desvío histórico de aportes realizados por los docentes y la necesidad de corregir esa distorsión.

  3. Apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones y que tipifique como delito imprescriptible, con sanciones penales, cualquier desvío de recursos destinados al sustento de las pensiones.

“Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines”, señaló Miguel Sobrado, presidente de AJA.

AJA recuerda que, entre 1958 y 1992, las cuotas del personal docente no se constituyeron en un fondo de pensiones autónomo, sino que fueron utilizadas por el Estado para otros fines. Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a financiarse con cargo al Presupuesto Nacional bajo el RTR, lo que dio pie a interpretaciones erróneas que las catalogaron como “pensiones de gracia” y derivó en recortes, topes, contribuciones solidarias y congelamientos, incluso frente al costo de la vida.

Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Para AJA, el bajo respaldo político a la propuesta evidencia una falta de voluntad para corregir una distorsión histórica y proteger fondos que, por su origen contributivo, no deberían volver a ser objeto de desvíos.

La organización insiste en que estas pensiones no constituyen privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anuncia que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que blinde estos recursos, reiterando su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas.

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.

Celebremos el día de la niñez, pero antes miremos su pobreza

Escrito en . Publicado en Derechos.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Me niego a pensar que exista solo un día dedicado a la niñez; ese día, no es solo uno, son todos los días, o deberían serlo. Si se ha decretado uno, celebrémoslo. Pero puesto que los niños y las niñas en todo el mundo son el futuro de la humanidad, mientras haya hambre y ellos la sufran; mientras existan las guerras y el genocidio, como hoy en Gaza, donde se ocasiona la muerte de tantos pequeños inocentes a los que no se les puede culpabilizar de nada; en tanto no exista atención oportuna en salud para atender a un niño enfermo, para darle amparo a los que han sido abandonados, habrá más de un millón de razones para que, con preferencia, nuestra atención esté puesta en la niñez.

Sí, es justo que les rindamos homenaje a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos, dotándolos, eso sí, desde temprano en una consciencia solidaria; lo que implica no descuidar jamás el sufrimiento de los hijos de las familias más vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Todo niño o niña tienen el derecho a estudiar, pues que se les dé el estudio, no convirtamos los preceptos constitucionales en letra muerta. Todos los niños poseen el derecho a la salud, que la reciban; tienen el imperativo de recibir una buena alimentación, que se les proporcione con abundancia; tienen que jugar, que se les abran los espacios; tienen que recibir amor, propiciémoselos, démoselos; tienen que reír y sonreír, es decir tiene el derecho a la felicidad, igual que los nuestros, ayudemos a crear las mejores condiciones para que todos tengan el derecho al goce. Para ellos, cada día, cada semana, cada mes, cada año tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, y solo entonces podremos celebrar con honradez el día de la niñez.

1.Pobreza infantil

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que nos circunda? Según el último informe del Estado de la Nación, en 2023 aproximadamente el 38 % de los menores de edad vivían en pobreza; constituyó un aumento de más de cuatro puntos porcentuales en diez años, dado que, en el 2013, se registró un porcentaje del 34 % de infantes sumidos en la pobreza. Estos datos sitúan a Costa Rica como el país con la incidencia más alta de pobreza infantil dentro de la OCDE.

La UNICEF por su parte indica que un tercio de los menores de 18 años, es decir, cerca de 448. 000 niños, crecen en hogares pobres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2. Pobreza infantil extrema

Datos del INEC reportan que alrededor del 13,5 % de los niños viven en pobreza extrema, siendo Limón una de las provincias más afectadas (más de 18 000 menores se encuentran padeciendo esta situación extrema).

3. Índices de instituciones internacionales

Según la plataforma Zip Atlas, la incidencia de pobreza infantil en Costa Rica (menores de 16 años) osciló en un porcentaje mayor al 17% en 2024. No son datos comparables con los anteriores porque las edades que se toman como límite son diferentes. En un caso se trata de los menores de 18 años y en el otro se refiere a los menores de 16 años.

A su vez, para los menores de 5 años, la tasa está un poco por debajo del 16,9 %.

Un estudio de la OCDE cifra en 37 % el porcentaje de niños que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que coloca a nuestro país -como ya se dijo- en el último lugar de la OCDE.

Datos de pobreza en el Contexto nacional.

Mientras que, en términos generales, la pobreza total en el país alcanzó su nivel más bajo desde 2010, reduciéndose al 18 % en 2024 y la pobreza extrema bajó al 4,8 %; sin embargo, estas mejoras no se reflejan proporcionalmente entre los menores, quienes enfrentan una situación más crítica que el total de los hogares en general.

1. Pobreza infantil y desigualdad territorial

• Según datos de UNICEF e INEC (del año 2022), 455 508 niñas, niños y adolescentes vivían en condición de pobreza, siendo los más afectados quienes tienen entre 0 y 5 años.

• En ese año, de acuerdo con la UNICEF la pobreza infantil rondaba el 39 %, -un dato muy similar al proporcionado por el informe del Estado de la Nación para el 2024- afectando a un alto porcentaje de la población menor de cinco años.

• Además, la pobreza extrema también incide, especialmente en hogares con jefatura femenina, llegando a alcanzar cerca del 13 % de la niñez.

• Las zonas con mayor vulnerabilidad incluyen cantones costeros y fronterizos como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golfito, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa.

2. Educación: retrocesos profundos

• El 33,5 % de niñas, niños y adolescentes (entre los 6 y los 17 años), no están en educación formal o enfrentan un rezago escolar significativo.

• El Informe Estado de la Educación 2025 alerta de una crisis educativa muy grave, con:

• 96 % de estudiantes en instituciones públicas que fueron reportados con un desempeño insuficiente en matemáticas (De acuerdo con la evaluación PISA 2022).

• Solo 57 % alcanza el nivel esperado en comprensión lectora en quinto grado, y apenas 25 % en secundaria.

3. Otros datos relevantes.

• Se observa además una caída muy fuerte en la inversión educativa, que ha tenido “la peor caída de las últimas cuatro décadas”. Las becas para estudiantes en condición de pobreza se han reducido un 35 %.

• En zonas rurales, las desigualdades se agravan: solo 8 % de escuelas primarias públicas ofrecen el currículo completo.

• La llamada “pobreza de aprendizajes” está muy extendida: el 62 % de docentes de cuarto grado reportan que la mayoría de sus estudiantes no comprenden textos simples; el 70 % señala deficiencias graves en escritura.

• Según el Dashboard de UNICEF para indicadores relacionados con la niñez (SDGs):

Solo 54 % de los niños al final de primaria alcanzan la competencia mínima en lectura.

• Apenas 21 % alcanza la competencia mínima en matemáticas.

4. Salud infantil y bienestar general

Indicadores incluyen:

Retraso en crecimiento (standing) en niños menores de 5 años: 10 % (según datos del 2022).

Desnutrición aguda (wasting): 2 % (de acuerdo con datos del 2018).

Sobrepeso infantil: 8 % (con datos del 2022).

Cobertura en vacunación DTP3: 95 %; MCV1: 90 % (2022).

Mortalidad por debajo de cinco años: 8 por cada 1 000 nacidos vivos (2021).

Mortalidad neonatal: 5 por cada 1 000.

En materia de protección:

Cerca del 49 % de niños entre 5 y 17 años han experimentado castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.

En el primer semestre tras el inicio de la pandemia, crecieron las denuncias en PANI:

Negligencia educativa +73 %

Explotación sexual +44 %

También aumentaron la negligencia para atender casos en salud, abuso sexual e ideación suicida en torno a +28 %.

4. Protección social e institucionalidad

Las instituciones de protección social para atender las demandas de la niñez en condiciones de desamparo, o de las mujeres embarazadas en situación de pobreza, han devenido insuficientes en nuestro país. Las demandas de atención van creciendo mientras los presupuestos de esas instituciones no alcanzan.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado en 1930, es la principal institución de protección de la niñez en el país, complementada por el Código de la Niñez y Adolescencia (1998).

El programa integral de atención de los CEN-CINAI atiende a niñas, niños y mujeres embarazadas, ofreciendo nutrición y estimulación temprana. Dispone de 625 centros y más de 171 890 beneficiarios.

Conclusión

No pretendo haber sido exhaustivo en el examen de la situación de la niñez en Costa Rica. Sin embargo, con la información proporcionada, considero que ha sido suficiente para mostrar un enorme rezago en el bienestar y la atención de la niñez en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los problemas en casi todos los órdenes han recrudecido, y el Estado se muestra incapaz de hacer frente con eficiencia a las necesidades reportadas. En otras palabras, las políticas públicas van a la zaga de los problemas que han ido creciendo.

Nada ganamos enfrascándonos en una suerte de sentimiento colectivo de culpabilidad, porque así no resolvemos los problemas. He actualizado la información para ayudar a que la ciudadanía conozca los problemas actuales y pueda atender mejor las necesidades de nuestra niñez desde el mismo momento en que nacen o, quizás desde antes. De ahí que cada 9 de setiembre debe ser un momento propicio para que las instituciones que tiene incumbencia en la atención de nuestros párvulos rindan cuentas ante la sociedad y, los responsables de crear las leyes y ejecutar las políticas, hagan lo propio en esta materia. A su vez cada uno de nosotros, cada familia debe esforzarse por tomar consciencia y apoyar todas aquellas políticas que haga falta enfrentar y apoyar una transformación de la sociedad en estos campos con una perspectiva integral.

Del empleo pleno a la sociedad del riesgo: hacia una redefinición del trabajo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando José Méndez Castellanos*

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.

El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados

El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.

Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.

En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.

La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.

En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?  

Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.

Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.

En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.

¡Feliz día de la independencia!
Para los empresarios…

* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

Conversatorio abordará la crisis de la protección social en Panamá

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) invita al conversatorio “Crisis de la protección social en Panamá: perspectivas políticas y sociales”, que se realizará el miércoles 13 de agosto, de 2:00 p. m. a 3:30 p. m., en la Sala de exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el campus de Heredia.

La actividad contará con la participación del doctor William R. Hughes O., profesor e investigador de la Universidad de Panamá, quien aportará un análisis desde la perspectiva económica, política y social de la situación actual de la protección social en ese país.

Este espacio forma parte de las actividades de reflexión organizadas por la Escuela de Economía bajo el programa Economía para la Vida, y se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la institución.

La CTRN y la UNT presentes en la 113 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Del 2 al 13 de junio se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, la 113 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Este evento reúne a representantes de gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales de distintos países, con el objetivo de tratar temas de trascendencia para el mundo del trabajo, los derechos laborales y la protección social.

En representación del sindicalismo costarricense participan Fanny Sequeira Mata, secretaria general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Rerum Novarum (CTRN), y Susan Quirós, secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), organización adscrita al Bloque Unitario Sindical y Social costarricense (BUSSCO).

Durante esta conferencia, Fanny Sequeira coordina con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de hacer oír la voz de la clase trabajadora de Costa Rica y del mundo en los distintos foros de intercambio tripartito. La participación se ha enfocado en las luchas, desafíos y necesidades actuales de las personas trabajadoras.

Entre los temas centrales abordados en la CIT se destacan el trabajo decente en la economía de plataformas, la transición de la economía informal a la formal y la protección frente a peligros biológicos en el entorno laboral. La CTRN, junto con la CSA y la CSI, impulsan un convenio vinculante para garantizar derechos a quienes laboran en plataformas digitales, un sector con alta precariedad en Costa Rica.

También respalda la Recomendación 204 de la OIT para avanzar en la formalización del empleo ante la falta de políticas públicas en este ámbito. Finalmente, se discute la elaboración de un convenio para proteger a las personas trabajadoras expuestas a riesgos biológicos, tema que continuará desarrollándose en futuras sesiones.

En el contexto de estos temas, se han señalado situaciones como la precarización laboral, la erosión de derechos fundamentales, la violación de la libertad sindical y la desigualdad económica, social y de género. También se mencionan prácticas autoritarias e injerencias gubernamentales en instituciones autónomas.

Durante la conferencia sesiona la Comisión de Aplicación de Normas, que revisa anualmente el cumplimiento de los convenios internacionales. En esta edición se analizarán 24 casos de países que han sido denunciados por incumplimientos. En América Latina destacan los casos de Panamá (convenio 122 sobre políticas de empleo) y Ecuador (convenio 98 sobre negociación colectiva). También se mencionan denuncias de violaciones en Costa Rica, vinculadas a la libertad sindical, la legislación vigente y su aplicación.

La CTRN reafirma su compromiso con la acción sindical y la solidaridad nacional e internacional para democratizar el mundo del trabajo. Fanny Sequeira destacó que uno de los principales retos es asegurar el trabajo decente para las futuras generaciones, en favor de la sociedad en su conjunto.

Fuente imágenes: Semanario Universidad.

ACOJUPEMA lanza campaña en defensa de los fondos de pensiones

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La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha iniciado una campaña para defender los fondos de pensiones, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores costarricenses. Esta acción surge ante la aparente intención de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y otras entidades privadas de apropiarse de los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

En el comunicado, ACOJUPEMA reafirma que los fondos de pensiones son propiedad privada de cada cotizante, activo, jubilado o pensionado, quien es el legítimo dueño de sus ahorros. La asociación denuncia los intereses oscuros y ajenos que buscan manipular o disponer de estos fondos en beneficio propio, asegurando que no representan a los ahorrantes y que estos actos son contrarios a los derechos de los trabajadores.

Con la etiqueta de «Alerta Roja», ACOJUPEMA busca concienciar a la población sobre la importancia de proteger estos fondos, enfatizando que nadie más que los ahorrantes deben tener control sobre el capital acumulado.

Esta campaña es respaldada y compartida por la vocera Marjorie Hernández, quien invita a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus ahorros para la jubilación.

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

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La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social continúa lucha por aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y personas con discapacidad

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El convenio que rige esta materia establece una cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar el régimen no contributivo de pensiones (RNC). Este acuerdo regula la transferencia de recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) a la CCSS con el objetivo de otorgar pensiones a personas en condiciones de vulnerabilidad que no califican para los regímenes contributivos.

Las principales cláusulas del convenio definen la responsabilidad de la CCSS en la identificación y selección de beneficiarios, la programación y distribución de recursos, así como la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria y programática. Además, se estipula la obligación de reintegrar a FODESAF cualquier superávit de recursos y el uso del sistema SINIRUBE para la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.

El convenio tiene vigencia durante el año 2024, con la posibilidad de prórroga automática hasta el 2028, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización.

Resolución del Ministerio de Trabajo sobre Recurso de Revocatoria

El 17 de septiembre de 2024, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió la Resolución N.° RAD-MTSS-DMT-DVAS-DNP-DAL-24-2024. En esta resolución, se rechazó el Recurso Ordinario de Revocatoria presentado por los auditores ciudadanos Carlos Eduardo González Arroyo, Alfredo Ramírez Montero, Jorge Manuel García Araya, Juan Carlos Aguilar Zamora y Rodrigo Arias López contra el acto administrativo N.° MTSS-DMT-DVAS-DNP-1018-2024, fechado el 5 de septiembre de 2024.

El recurso fue presentado con el propósito de solicitar un aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), argumentando que muchas de estas personas se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Asimismo, se solicitó información detallada sobre el estado de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y una copia del convenio firmado entre el MTSS y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Dirección Nacional de Pensiones respondió que no es competencia del MTSS gestionar modificaciones en el RNC, ya que este régimen es administrado exclusivamente por la CCSS. La función del MTSS se limita a la transferencia de los recursos asignados por ley al programa, sin tener injerencia en la administración o ejecución del mismo.

Finalmente, la resolución mantiene el criterio expresado en el acto administrativo inicial y eleva el recurso de apelación al despacho del Ministro de Trabajo para su análisis y resolución conforme a derecho.

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

No obstante la resolución del Ministerio, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida. Promueve su participación activa en la creación y aplicación de políticas que les afectan directamente, fomenta su integración en el núcleo familiar y comunitario, y facilita su organización y participación en la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimiento. Además, impulsa y fortalece una red de atención progresiva para asegurar su cuidado integral con la colaboración de entidades públicas y privadas, y garantiza su protección y seguridad social.

La ley también establece diversos derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como el acceso a la educación y preparación para la jubilación, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, y facilidades para obtener créditos. También asegura opciones de atención alternativa en caso de riesgo social, atención médica inmediata, pensión oportuna para satisfacer sus necesidades, asistencia social en situaciones de desempleo o discapacidad, y la participación en actividades productivas según sus capacidades y deseos. Además, protege contra la violencia y ofrece trato preferencial en trámites administrativos, promoviendo su unión con otros adultos mayores para buscar soluciones a problemas comunes.