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Etiqueta: protección

Depredadores del tiburón martillo retoman terreno en el gobierno

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte:

14/01/2021. Desde FECON, denunciamos que la captura de tiburón martillo vuelve a estar en la mira de los depredadores del mar. A través de una maniobra jurídica el MAG e INCOPESCA tratan de reducir el problema de fondo que implicaría de la eventual explotación de una especie en peligro de extinción como el tiburón martillo, a la realización de una consulta por demás viciada.

El tema se puso en la mesa desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, enemigo de los tiburones, cuando pretendió abrirse la captura “regulada” de tiburón martillo mediante un Decreto Ejecutivo que imponía como autoridad científica para aprobar permisos de comercialización-exportación a INCOPESCA. Dicho decreto fue impugnado por grupos ecologistas con el respaldo de la Sala I, que impidió su entrada en vigencia.

Sin embargo, la sed de carne de algunos comerciantes de baja racionalidad vuelve a poner las instituciones a su servicio para establecer otra vez la reglamentación vía Decreto, en la que incluyen especies amenazadas de extinción en las listas comerciables, dándole autoridad científica a INCOPESCA, a pesar de su evidente interés en la comercialización de especies marinas más que en conservar, además de sus ampliamente reconocidas limitaciones y negativas para desarrollar estudios científicos.

El gobierno llevó adelante una supuesta consulta entre el 16 de diciembre y el 7 de enero como estrategia para evadir manifestaciones de carácter científico. La organización MarViva ha denunciado que esta táctica ha impedido pronunciarse a las universidades y al Colegio de Biólogos respecto a un tema científico claramente de su incumbencia. La Ministra de Ambiente Andrea Meza criticó que sólo se publicará en el Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía y que no se convocará a autoridades a ambiente a audiencia.

En peligro de extinción

El tiburón martillo es una especie cuya población decayó drásticamente en años por su captura para mercados asiáticos que demandaron sus aletas, al punto de llegar a declararse en peligro de extinción con los parámetros utilizados de UICN, que se ha referido a una caída de hasta el 90% de la población.

El SINAC prohibió su pesca y comercialización en el país desde el año 2015, luego de que Costa Rica liderara su inclusión en 2013 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Federación Ecologista (FECON) se une a la exigencia de los grupos defensores del mar para que sea el SINAC quien tenga rectoría para la aplicación del Convenio CITES, protegiendo las especies amenazadas y que sea un Comité Científico Especializado con participación de las Universidades Públicas el que fiscalice medidas estrictas contra la pretendida continuidad de la comercialización.

Imagen de cabecera con fines ilustrativos.

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República: Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS comparte la siguiente carta abierta:

Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República

Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República

Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial

Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa

Muy distinguidos señores presidentes:

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los pueblos indígenas.

Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares (MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar por la vida e integridad de las personas indígenas.

Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.

Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que, valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado, hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.

Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar: https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.

Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero, igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.

Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la mayor brevedad posible.

Atentamente

P/Consejo Científico del CICDE Dr. Luis Paulino Vargas Solís Director a.i. CICDE

UNED

Piden seguridad para animales ante un sismo

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Con información en video educativo, el Comité Asesor de Protección de Animales en Desastres (CADPAD), de la Comisión Nacional de Emergencias se sugiere el protocolo a seguir en el caso de un sismo. Se busca no sólo la seguridad de los seres humanos, sino también de nuestras mascotas, animales de producción y silvestres.

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MAG se niega a proteger polinizadores

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

  • Pese a existir evidencia científica MAG se niega a prohibir los neonicotinoides

  • Sala Constitucional evalúa Recurso de Amparo a favor de las abejas

FECON, 5 de octubre 2018. El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.» (Ver adjunto). Esto a pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se basó en 1500 estudios científicos que demuestran que estos plaguicidas, fabricados por Bayer y Syngenta, son causantes de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo.

La Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir estos plaguicidas en campo abierto. La Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen “riesgos muy agudos” para las abejas. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice no haber sido notificado de esta resolución por parte de la Unión Europea.

Según FECON “La negativa de Alvarado carece de sustento científico ya que no viene acompañado de evidencia de que estos plaguicidas sean seguros para la la abejas.”

En este momento la Sala Constitucional evaluá un Recurso de Amparo interpuesto por en Diputado José María Villalta bajo el expediente 18-014586-0007 el cual solicita prohibir los neonicotinoides en Costa Rica para proteger unas 650 especies de abejas nativas y meliferas.

Según los ecologistas, una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es su persistencia, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas(2).

Se registra en Costa Rica el uso de imidacloprid y thiametoxam en el café(5) que paradojicamente ha tenido impacto negativo sobre las polinizadores de dichos cultivos. Se ha comprobado que la conectividad de la red de servicios que brinda los polinizadores se han visto afectados por los Neonicotinoides en sistemas productivos tan importantes como el café, que sin estos servicios la producción disminuiría hasta un 50% (3).

En Costa Rica como país tropical y biodiverso es importante tomar precauciones, ya que tenemos más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son:Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, etc.(4).

Sumado a lo anterior la sobreexplotación de los bosques y recientemente el uso de pesticidas entre ellos Neonicotinoides, han provocado la disminución en el número de colonias de Apis mellifera (Apidae: Apini)(6)(7) y efectos adversos aún no cuantificados en otras especies, entre ellas las abejas nativas sin aguijón consideradas las abejas más importantes en la polinización de los bosques tropicales y subtropicales del mundo.

Las organizaciones ecologistas hace un llamado para que se presenten coadyuvancias bajo el Expediente 18-014586-0007-CO para defender las abejas y con esto la agricultura y la alimentación a nivel nacional.

Henry Picado Cerdas, presidente FECON

Información y contacto al teléfono: 87609800

Referencias:

  1. EFSA, 2018. “EFSA has examined the scientific basis for emergency authorisations of neonicotinoid pesticides which were granted in seven EU Member States in 2017.” European Food Safery Authority. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180621
  2. F. Pacheco, M. Alvares, 2018. Sin abejas no hay agricultura: Costa Rica debe prohibir los neonicotinoides https://semanariouniversidad.com/opinion/sin-abejas-no-hay-agricultura-costa-rica-debe-prohibir-los-neonicotinoides/
  3. ICAFE, 2017. Las floraciones y el manejo de la Broca del Cafeto http://www.icafe.cr/las-floraciones-y-el-manejo-de-la-broca/
  4. Espinoza, F. 2015. Guía Práctica de Identificación de Abejas Nativas sin Aguijón (Apidae, Meliponini) por medio de sus entradas. Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, Universidad Nacional. Departamento de Publicaciones UNA. Primera Edición. 67pp.
  5. E. Solis, 2014. Contribución de una red de conectividad ecologico para el servicio ecosistemico de polinización en cultivos agrícolas, case de estudio: el café en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica http://agritrop.cirad.fr/575880/1/document_575880.pdf
  6. EFSA. 2018. Neonicotinoids: risks to bees confirmed. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
  7. Blacquière, T., Smagghe, G., van Gestel, C., & Mommaerts, V. (2012). Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment. Ecotoxicology, 973-992.

 

 

Enviado por FECON.

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Agua a cambio de impuestos… Descaro del Gobierno del Bicentenario

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.

La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.

Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).

En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).

En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.

Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.

Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.

Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.

El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.

Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.

 

José Francisco Alfaro Carvajal

Integrante colectivo CONCEVERDE

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por el autor.

Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero Barranca – El Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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Proyecto de Ley para autorizar acueductos amenaza las Áreas Silvestres Protegidas

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

COMUNICADO DE PRENSA

San José, Costa Rica, 27 junio 2018

 

Ante la aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley expediente N° 20 447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado”, que autoriza a entes prestatarias del servicio de agua potable a desarrollar infraestructura de acueductos dentro del Patrimonio Natural del Estado, incluyendo parques nacionales y reservas biológicas, los abajo firmantes, organizaciones y personas, manifestamos a la sociedad costarricense lo siguiente:

Considerando:

  • Que, por su gran valor biológico, ecológico, humano y paisajístico, es fundamental que los parques nacionales y las reservas biológicas mantengan su naturaleza esencial, como zonas para la conservación, donde, como lo señala nuestra legislación, solo se permitan actividades de ecoturismo, investigación y educación ambiental. Resulta vital que estas áreas no se abran a proyectos de infraestructura comercial, industrial o urbana. Con este proyecto de ley, se estaría creando un precedente sumamente peligroso, que cambiaría radicalmente la concepción y la visión de estos sitios, afectando con ello a todos los parques nacionales y reservas biológicas de nuestro país.
  • Que el grave precedente que se crea al otorgar permisos para proyectos de infraestructura de acueductos de gran escala dentro de los parques nacionales y reservas biológicas resulta altamente dañino y peligroso, por cuanto podría generar toda una cadena de proyectos de este tipo en esas áreas protegidas, con graves efectos ambientales acumulativos o sinérgicos en los mismos. Y aun peor, una vez roto el paradigma de los parques como sitios exclusivos para la conservación, sin duda se podrían generar permisos similares para otro tipo de desarrollos, como geotermia, hidroeléctricas, carreteras, gas natural, petróleo, minería, canal seco, pesca comercial, etc. Esto, marcaría sin duda el fin de nuestros parques nacionales y reservas biológicas, como los hemos conocido hasta ahora, como sitios para la conservación inalterada de nuestra biodiversidad, para beneficio, provecho y disfrute de todos los costarricenses.
  • Que existe, por parte de algunos sectores economicistas y productivistas, una fuerte corriente y presión por abrir las áreas protegidas, en especial los parques nacionales, al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial e industrial. En ese sentido, existen propuestas de ley en la corriente legislativa, que buscan permitir explotación geotérmica y construcción de carreteras dentro de los parques nacionales.
  • Que existen áreas protegidas que han sido declarados Sitios Patrimonio Natural de la Humanidad, por parte de la UNESCO desde 1999, lo cual le confiere a estas áreas, condiciones y características especiales y al país, compromisos y acuerdos para su protección total. Un ejemplo de esto es el Área de Conservación Guanacaste (ACG), donde se ubican los Parques Nacionales Rincón de la Vieja y Santa Rosa. El proyecto de ley entraría en claro conflicto con los objetivos de conservación de estas declaratorias, llevando a Costa Rica a incumplir obligaciones internacionales y, causándole al país un serio desprestigio internacional.
  • Que el proyecto de ley en cuestión, autoriza a disminuir los parques nacionales y reservas biológicas desafectando y separando secciones de las mismas, sin ninguna consideración de las características ecológicas o biofísicas especiales de estas áreas.
  • Que la mayoría de la sociedad costarricense visualiza y desea que los parques nacionales sigan siendo sitios para observar y apreciar naturaleza y paisajes inalterados, y no represas, tomas de agua, tuberías de gran tamaño, desarenadores, plantas de tratamiento, desalinizadoras, caminos de acceso u otro tipo de estructuras artificiales, que sin duda implican corta de bosque y vegetación y que además causarían impactos ambientales significativos. El turismo que ingresa a nuestro país viene a ver naturaleza inalterada, no ese tipo de obras o estructuras.
  • Que el conocimiento científico que se tiene sobre estos sitios ecológicamente tan complejos y frágiles, sigue siendo aún limitado y debería privar ante todo el principio precautorio. Por el contrario, los promotores cifran erróneamente en los estudios ecológicos y ambientales, la supuesta no afectación a estas áreas protegidas.
  • Que los parques nacionales y otras reservas equivalentes, han sido establecidos para proteger nuestra extraordinaria diversidad biológica, lo que incluye la fauna silvestre. Es en estos lugares protegidos donde la fauna tiene acceso al agua que necesita, lo cual podría afectarse o eliminarse completamente, si se permite que sea captada para otros propósitos. Esta situación se haría particularmente grave en las áreas protegidas del Pacífico Seco, en las cuales, con base en los modelos climáticos existentes, el agua se haría aún más escasa.
  • Que el ecoturismo es de vital importancia para la economía del país. Con base en datos oficiales del ICT y del Banco Central, en el 2017, para un 45,3% de los turistas su motivo principal de la visita fue la observación de la flora y la fauna, y los ingresos de divisas por concepto de turismo fueron de US$ 3.873 millones. Con base en estos datos podemos estimar que nuestros parques y reservas contribuyeron con casi US $2000 millones a la economía del país y con la generación de unos 50.000 empleos directos.
  • Que la coyuntura política y económica actual en nuestro país tiende a priorizar los aspectos económico-productivos por encima de los ambientales, lo que hace que una apertura de este tipo en áreas ecológicamente sensibles, resulte en estos momentos aún mucho más peligrosa y riesgosa.
  • Que los parques nacionales y reservas biológicas por su importancia ecológica son inalienables, imprescindibles e inembargables, por mandatos del ordenamiento jurídico ambiental costarricense, artículo 50 de la Constitución Política, y asimismo por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Que dichos tratados obligan al país a formular las medidas necesarias para la protección de estas áreas protegidas, lo que podría estarse incumpliendo al aprobar legislación que permita abrir estas zonas al desarrollo de proyectos de infraestructura energética de gran escala.
  • Que, en lugar de aperturas genéricas y generalizadas de todas las áreas silvestres protegidas para proyectos de acueductos, debería analizarse cada caso por separado, buscándose las soluciones específicas para cada situación. Existen opciones fuera de las ASP, algunas de estas podrían ser: perforación de pozos fuera de las ASP, trasvase de aguas de otras microcuencas o sub-cuencas o, en caso de que las condiciones lo permitan, aprovechamientos de ríos o quebradas de sitios cercanos, expropiando a finqueros, en vez de afectar parques o reservas biológicas.
  • Que el proyecto de ley carece de estudios que justifiquen porque es procedente desafectar parques nacionales y reservas biológicas, cuando por otro lado se está presentando una situación generalizada de fugas en las tuberías de AyA, lo que violenta el criterio de tutela científica en el manejo ambiental.
  • Que además de los parques nacionales y reservas biológicas, existen también otras categorías de manejo como las reservas forestales, refugios de vida silvestre, zonas protectoras y humedales, algunas de propiedad estatal, que contienen gran riqueza y diversidad biológica, y que serían también gravemente afectadas con este proyecto de ley.

Por lo tanto:

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos oponemos categóricamente al proyecto de ley expediente 20 447. Consideramos que se comete un enorme error al promoverlo, por lo que hacemos un llamado ferviente a los diputados y diputadas para no aprobar esa propuesta. Estamos dispuestos a llevar esta batalla a las instancias legales, institucionales y políticas que sean necesarias, tanto nacionales como internacionales, a fin de detener la destrucción de nuestros parques nacionales y reservas equivalentes.

Aclaramos que no estamos en contra del principio del acceso al agua para consumo humano en cantidad y calidad suficiente, sino en la afectación y precedente que se crea con este proyecto de ley. Abogamos por la búsqueda y aplicación de otras opciones, como las señaladas en esta nota. Consideramos también que el agua se debe considerar como un derecho de todo ser viviente, no solamente de los humanos.

Instamos al Gobierno y a los diputados, a no promover ni aprobar reformas legales genéricas para abrir los parques nacionales al desarrollo de proyectos de infraestructura comercial o industrial de gran escala, en este caso, para obras de acueductos.

Instamos a la sociedad costarricense a oponerse categóricamente a este proyecto de ley y a defender por todos los medios esa enorme riqueza natural que son los parques nacionales y reservas biológicas, patrimonio de todos los costarricenses, tanto de las actuales como de las futuras generaciones.

 

****

Organizaciones firmantes

 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (SITRAMINAE)

Firma responsable: Roberto Molina,

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Firma responsable: Henry Picado

Fundación Promar

Firma responsable: Javier Rodríguez Fonseca

Asociación ABAAnimal

Firma responsable: Juan Carlos Peralta Víquez

Sea Shepherd Costa Rica

 Firma responsable: Jorge Serendero Hülssner

 For The Oceans Foundation

Firma responsable: Marcela Aguilar Bruno

The Leatherback Trust.

Firma responsable: Elizabeth Solano Pacheco, cédula 1-0810-0765

Preserve Planet

Firma responsable: Luis Diego Marín Schumacher, cédula: 1-753-303

Personas firmantes

Mario Boza Loría

Álvaro Sagot Rodríguez

Rolando Portilla Pastor

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta enviada al Presidente Carlos Alvarado con respecto a la amenaza sobre los Parques Nacionales y Reservas Biológicas de nuestro país:

#2 Nota Presidente Carlos Alvarado (Versión 4)

 

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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De nuevo atacan instrumento de protección del recurso hídrico

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.

Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.

Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa, los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.

Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.

En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA. En el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.

El año pasado, cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.

Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.

Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.

Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.

Como resultado de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.

 

Publicado por CONCEVERDE.

Enviado por José Francisco Alfaro.

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