La APSE brinda su solidaridad y apoyo al movimiento estudiantil que en los últimos días se mantiene en protestas en defensa del injusto recorte al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020, que amenaza con el cierre de cupos de carreras, despidos de personal, recorte de becas y cierres técnicos de sedes.
Manifestamos también nuestro abierto rechazo a la represión que han sufrido los estudiantes en los últimos días. Los ataques a la comunidad estudiantil y sus protestas son una afrenta contra el derecho humano de la libre expresión y manifestación y se suman a la amplia lista de ataques que hemos sufrido quienes disentimos del actual Gobierno y sus políticas. Defendemos el derecho de las y los estudiantes a protestar, así mismo como defendemos el derecho de las y los trabajadores de hacer Huelgas, razón por la cual nos hemos opuesto radicalmente al proyecto antihuelgas (Exp. 21049).
Desde la pasada huelga en contra de la Reforma Fiscal denunciamos que las políticas de austeridad aplicadas por este Gobierno implicaban recortes inmediatos al presupuesto social, y en particular advertimos sobre el impacto que tendría en el presupuesto de la Educación Pública. Denunciamos también una política antiestatal orquestada desde el Ministerio de Hacienda, cámaras empresariales y medios de comunicación corporativos cuyo objetivo es reducir el gasto público enfocándose principalmente en los salarios y los programas sociales. El ataque que ya se dirigió a distintas instituciones como municipalidades, Caja y más recientemente JAPDEVA, ahora se centra en las Universidades Públicas, ninguna institución pública está inmune en esta arremetida neoliberal.
Hacemos un llamado a la afiliación apsina y la sociedad en general a solidarizarse con las comunidades estudiantiles en lucha en defensa de la Educación Pública, en oposición a todas las políticas fiscales de recortes y en rechazo a las políticas de criminalización de la protesta social que pretenden amordazar a quienes le hacemos resistencia a la agenda neoliberal.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, coordinador del proyecto «Protestas. Base de datos de acciones colectivas», del IIS-UCR
M. Sc. Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UCR.Foto: Karla Richmond.
Prácticamente, desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Carlos Alvarado ha debido enfrentar reiteradas oleadas de protesta social como consecuencia de una serie de políticas y proyectos impulsados durante su gestióni. Las mismas han tenido como protagonistas a distintos actores, desde las organizaciones sindicales hasta los sectores de estudiantes y de transportistas pasando por las organizaciones feministas, entre otros.
A dichas protestas, el gobierno ha contestado mediante la combinación de estrategias de contención que han incluido la negación y postergación de las demandas, la represión de las protestas y la negociación. En el caso de está última estrategia, su uso se ha limitado casi que únicamente a momentos en los que los conflictos han llegado a un punto de confrontación tal que ponen en riesgo, el normal funcionamiento de la economía nacional o la prestación de servicios públicos, como la salud o la educación.
Este artículo pretende contribuir a las discusiones sobre la coyuntura social y política nacional, mediante la exposición de datos referidos a la protesta social generados en el marco del proyecto PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Específicamente, se ofrecen datos registrados para el tercer trimestre del 2019 (julio-setiembre) relacionados con los repertorios de protesta, los actores demandantes, las demandas y los actores demandados.
Costa Rica: la protesta social en el tercer trimestre del 2019
Durante el tercer trimestre del 2019, se registraron un total de 272 acciones de protesta en todo el país. En comparación con los dos trimestres anteriores, el tercero se colocó en el segundo lugar en términos de la frecuencia de acciones de protesta, siendo superado por el segundo trimestre (mayo-junio) en el que se registraron 299 protestas. Por su parte, como es usual, el primer trimestre (enero-marzo) fue el de menor cantidad con 100 protestas (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Costa Rica: Distribución de las acciones de protesta según el primer, segundo y tercer trimestre del 2019. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En términos geográficos, San José fue la provincia con la mayor cantidad de protestas con un total de 73, seguido de Alajuela con 30 y Puntarenas con 21 (ver protestas.iis.ucr.ac.cr).
El mes de julio fue el de mayor cantidad de protestas, sumando un total de 138. Las acciones de estudiantes iniciadas en junio y continuadas en julio, desembocaron en la salida de Edgar Mora como ministro de Educación. Asimismo, el sector de transportistas tomó las calles para denunciar los posibles efectos que la entrada del cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA), implementado como parte de la Ley N.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tendría sobre el sectorii.
Por su parte, las organizaciones sindicales del sector salud se declararon en huelga contra la misma ley, pero en este caso por las implicaciones de los títulos relacionados con el gasto público. En agosto, este mismo tema generó que dichas organizaciones retomaran las calles.
En cuanto a los repertorios de protesta, la declaración pública, el bloqueo y la concentración fueron los tipos más usados durante el período (ver tabla 1). Tal como ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno de Alvarado, la calle ha sido un escenario central para dirimir los conflictos entre los diferentes actores políticos, registrándose un incremento de los repertorios contenciosos, principalmente el bloqueo que fue el formato más usado en julio y el segundo más recurrido en agosto y setiembre.
Tabla 1. Costa Rica: repertorios de protesta para los meses de julio, agosto y setiembre de 2019
Tipo de repertorio
Mes
Total
Julio
Agosto
Septiembre
Declaración pública
47
23
28
98
Bloqueo
53
14
13
80
Concentración
11
4
5
20
Reunión con autoridades
8
8
1
17
Huelga 1/
4
7
5
16
Marcha
8
5
1
14
Denuncia ante entidades
5
2
5
12
Ciberacciones
1
4
1
6
Asamblea
0
4
2
6
Paro
1
0
1
2
Toma de propiedad
0
0
1
1
Total
138
71
63
272
1/ El dato refiere a la cantidad de días huelgas registrados, no a la cantidad de huelgas. Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica, IIS-UCR.
En el caso de los actores demandantes, destacaron dos: las personas trabajadoras, sobre todo del sector público, y estudiantes de secundaria que, en conjunto, fueron protagonistas en el 79% de todas las acciones de protesta ocurridas en el trimestre.
Durante este trimestre también fueron reiteradas las declaraciones públicas de los sectores empresariales, en la mayoría de los casos representados en la UCCAEP, contra las acciones de protesta de las organizaciones sindicales y los acuerdos entre estas y el ejecutivo en el caso de la huelga en la CCSS. También para apoyar el proyecto de Ley N.º 21049 y las propuestas hechas por algunos diputados en temas como la suspensión en el pago de salarios. Incluso en julio, la UCCAEP solicitó, mediante una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, la disolución de la ANEP por su participación en bloqueos. Sobre este último tema, diferentes cámaras empresariales como la CADEXCO, la CNAA y la CICR, entra otras, reclamaron cero tolerancia contra los cortes de calle ocurridos en julio (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a). Lo mismo ocurrió en agosto pero contra los acuerdos firmados el 12 de ese mes para poner fin a la hulega en el sector de la salud (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019b).
Las principales demandas giraron en torno a las disputas ocasionadas por la implementación de la Ley N.º 9635 y sus efectos sobre diferentes sectores. De la misma manera, el impulso a otros proyectos de ley como el N.º 21049 para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos y el N.º 20786 de Educación Dual, sacaron a las calles a sectores estudiantiles y sindicales que, en determinados momentos, consiguieron el apoyo de otros actores como los transportistas (ver Alvarado, Cortés y Sáenz 2019a, 2019b y 2019c).
En concordancia con lo anterior, el poder ejecutivo y el legislativo fueron los actores más interpelados durante el período, con el 61% de las protestas dirigidas en su contra.
A manera de cierre
En términos de la protesta social, el tercer trimestre del 2019 presentó una ligera baja en comparación con el segundo trimestre, que se mantiene como el período de mayor conflictualidad social del presente año. No obstante, luego del mes de junio, los meses de julio, agosto y setiembre (en ese orden) han sido los de mayor cantidad de protestas en el transcurso del año.
Las tensiones generadas por la entrada de la Ley N.º 9635 y por los proyectos N.º 21049 y N.º 20786 ocuparon el centro de las agendas de los actores demandantes, los cuales recurrieron a distintos repertorios de acción, institucionales y no-institucionales por igual, para tratar de frenar su tramitación.
En lo inmediato, la coyuntura del tercer trimestre, como la del segundo, pareciera estar marcada por la decisión de otros actores de sumarse a las protestas sostenidas por las organizaciones sindicales. Tanto el sector de estudiantes como el de transportes fueron dos actores que contribuyeron a incrementar las acciones de protesta, tras un período donde la conflictualidad social estaba siendo determinada casi que únicamente por las y los trabajadores del sector público.
Asimismo, como se mencionó en la introducción, desde el inicio de su mandato, el gobierno de Alvarado ha enfrentado un incremento sostenido de la protesta social, lo cual contrasta con la tendencia detectada durante el gobierno de su antecesor y compañero de partido, Luis Guillermo Solís, quien consiguió reducir la protesta año con año.
Pareciera que son dos los factores que están determinando esta tendencia registrada desde mayo de 2018. En primer lugar, la presencia de un entorno político cerrado para los actores demandantes, lo cual se manifiesta en el “cierre” institucional que experimentan a la hora de colocar sus demandas y en la falta de mecanismos de diálogo y negociación que los incluyan en las discusiones sobre temas prioritarios para el país como el plan fiscal o la reforma en el empleo público. Esto se ha traducido en una mayor confrontación reflejada en el incremento de las acciones callejeras como los bloqueos, las marchas y las huelgas. Indudablemente, la huelga de setiembre-diciembre de 2018 es el acontecimiento reciente que está marcando la dinámica entre los actores de la contienda política en Costa Rica, de lo cual el proyecto de Ley N.º 21049 es una manifestación. Dicho proyecto de ley, lejos de contribuir a crear espacios de interlocución entre los diferentes actores, pretende reducir los márgenes de acción de las organizaciones sindicales, en medio de un clima político-ideológico crecientemente autoritario y antisindical.
El segundo factor, íntimamente relacionado con el primero, es la configuración de un bloque hegemónico de poder compuesto por el poder ejecutivo y legislativoiii, las cámaras empresariales, bajo la dirección de la UCCAEP, y las empresas de comunicación. Dichos actores se han estructurado como un bloque cohesionado y excluyente, a la hora de impulsar los proyectos considerados estratégicos para sus intereses, como fue el caso de los proyectos N.º 20580 y 21049.
Considerando este escenario, la coyuntura inmediata no pareciera indicar un cambio en los patrones de acción de este bloque hegemónico que continúa impulsando sus proyectos, por lo que la determinación de lo que ocurra en los meses siguientes en términos de la protesta social, estará marcado en buena medida por la capacidad que tengan los actores de la protesta, particularmente las organizaciones sindicales, para articular-se con otros actores de cara a resistir los embates de lo que parece una nueva ronda de políticas neoliberales en el país.
i Desde luego, no todas estas fueron formuladas por Casa Presidencial ni por el partido de gobierno. No obstante, todas han contado con el apoyo expreso de Alvarado y los miembros estratégicos de su gabinete.
ii En la provincia de Limón, donde se concentraron la mayoría de bloqueos de los transportistas, se sumaron las demandas de este sector y las de las y los trabajadores portuarios contra la crisis de los muelles estatales de Moín y Limón y la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín, megaproyecto de infraestructura concesionada a una transnacional holandesa.
iii Cabe señalar que en el caso del poder legislativo y los partidos que lo integran, particularmente Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, se ha conformado un bloque que vota cohesionada los proyectos de ley estratégicos como el 20580 y el 21049. Claro está que algunos diputados y diputadas de los tres partidos se han distanciado en diferentes momentos de sus fracciones, pero siempre siendo una minoría. Por su parte, el resto de las fracciones han mostrado posturas oscilantes en estos y otros temas, con la excepción de José María Villalta, diputado del partido Frente Amplio.
Con el fin de visibilizar la responsabilidad de la Sala Constitucional en la defensa de los derechos humanos y en el respeto a la Constitución Política, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum inició este jueves 19 de setiembre una serie de piquetes frente al edificio de este tribunal.
Lea la información completa en la siguiente imagen.
A un año de las represiones y la criminalización de la protesta social, se llevará a cabo este viernes 13 de setiembre a las 4 p.m. se llevará a cabo el conversatorio: «Luchas, protestas sociales y represión estatal«.
Reafirma que la ruta del diálogo iniciada por este sindicato fue la decisión correcta para no repetir los errores cometidos en la huelga del año pasado y, que en última instancia, provocaron la presentación de los proyectos que pretendían limitar el derecho a huelga de los y las costarricenses.
El movimiento de Colegios Rurales Organizados al Movimiento Estudiantil convocaron a huelga este pasado 4 de setiembre en contra del proyecto de ley 21049 que se discute en la Asamblea Legislativa.
Este jueves 5 de setiembre varios sindicatos estuvieron en huelga frente a la Asamblea Legislativa, para defender el derecho a la protesta social, diciendo NO al Proyecto de Ley 21049 y 21096.
“Tendamos la mirada en otra de las direcciones de la historia proletaria: la que se refiere a las conquistas de la clase obrera en el terreno de la emancipación integral. ¿Qué vemos? Una vía dolorosa, sangrienta, trajinada por una multitud de mártires de la libertad, desconocidos casi todos ellos” (García Monge)
La huelga es un Derecho Fundamental, reconocido y protegido en un amplio bloque del derecho internacional de Derechos Humanos.
Pero para llegar a constituirse en derecho fundamental, la huelga pasó por diferentes estadios o etapas, a un costo humano muy caro: primero, huelga-delito, luego, huelga-libertad y finalmente, huelga-derecho.
En un primer estadio, contemporáneo a la Revolución Francesa, la coalición de los obreros y la huelga, configuraron delitos tipificados en los códigos penales europeos.
Bueno, pues resulta que el Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (N° 21049), representa una involución histórica, que prácticamente nos transporta en el tiempo, a más de 200 años atrás, a los albores sangrientos de aquella Revolución.
En su versión original, el proyecto pretendía adicionar un inciso –el inciso f- al artículo 350 del Código de Trabajo (CT). Este artículo enumera las causales de disolución de los sindicatos.
La propuesta original estableció que los sindicatos pueden ser disueltos cuando organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotaje sobre bienes públicos o ejecutar cualquier otra conducta que configure un ilícito penal.
Esta disposición fue acotada en el texto sustitutivo del proyecto, que estipuló que los sindicatos serán disueltos cuando organizan o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas, acceso en las instalaciones públicas, servicios públicos, actos de sabotaje sobre bienes públicos o realizar cualquier otra conducta que implique un ilícito penal.
En estos términos, dicha propuesta fue dictaminada afirmativamente –por mayoría-.
Luego que fue dictaminado el proyecto, vía artículo 137 del Reglamento Legislativo, se presentó una sugestiva moción, al tenor de la cual se eliminó la creación de aquel pernicioso inciso del artículo 350 CT.
Algunos, de pronto con cierta ingenuidad, se dieron por satisfechos con la llamativa eliminación de ese inciso, pero no advirtieron los alcances de un nuevo párrafo, incisivo y malicioso, que se incorporó al final del mismo artículo, cuyo texto deviene más lesivo que aquellas propuestas que calculadamente se “desecharon” en el camino.
En definitiva, la Comisión antihuelgas aprobó un nuevo párrafo al artículo 350 CT (in fine), que ahora establece que si la autoridad judicial dicta una sentencia condenatoria contra un representante o directivo del sindicato, en calidad de autor, instigador o cómplice, por acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, por los delitos señalados en los artículos 128,144,229, 263, 263 bis, 264, 339 y 340 del Código Penal, enviará una copia de la sentencia al Ministro/a de Trabajo, para los efectos correspondientes a este artículo; es decir, para que solicite la disolución del sindicato.
Desde luego que esta enmienda no es nada inocua, que por contrario, amplia, en demasía, las causas por las que puede ser disuelto un sindicato.
Es pertinente denotar que esa pluralidad de delitos, de muy distinta naturaleza, que contempla el texto aprobado son los siguientes: lesiones culposas (artículo 128 Código Penal), omisión de prestación de auxilio a un menor de 10 años que se encuentre perdido o desamparado o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera (144), daño agravado (229).
Además, el delito de entorpecimiento de servicios públicos (263), obstrucción de vías públicas, que consiste en impedir, obstruir o dificultar, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes (263 bis); disposiciones que coartan y penalizan la protesta ciudadana.
Finalmente, también quedaron comprendidos el delito de abandono de servicio de transporte (264), denegación de auxilio (340) y no podía faltar, el consabido delito de incumplimiento de deberes (339).
En cualquiera de esta amplia gama de supuestos, en que sea condenado un dirigente sindical, la responsabilidad personal se transfiere indebidamente a la esfera jurídica del sindicato –ex lege-, cuya disolución se vuelve inminente.
Valiéndose de esa fraudulenta técnica legislativa, el texto aprobado por aquella Comisión, resulta todavía mucho más dañino, porque contempla una considerable cantidad de nuevas causas por las que un sindicato, a merced de la responsabilidad penal de cualquiera de sus dirigentes, que es estrictamente personal e intransferible, puede ser sencillamente disuelto.
Así, en conexión con el Derecho de Huelga del Enemigo, tenemos, por una parte, que se viene a sancionar, con la disolución, ilegítimamente la actividad de los sindicatos, con disposiciones punitivas que desbordan los límites ordinarios de la responsabilidad penal y las reglas del ordenamiento democrático.
Por otra parte, se criminaliza la protesta social o ciudadana, inherente al derecho de huelga, en detrimento, además, de la libertad de expresión, reunión y movilización, que son todas libertades públicas.
Un retroceso sin precedentes en la legislación de nuestro país, que nos devuelve a aquella fase de la huelga delito, que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, en pleno Siglo XXI, era tan sólo un episodio anecdótico, el cual dábamos por sentado que estaba totalmente superado.
El Plan Fiscal como el mítico Caballo de Troya deslumbraba por su grandeza redentora, y ahora resulta que de sus entrañas emerge una soldadesca revestida de proyectos de ley y medidas que tienden a la precarización de los empleados públicos, los pensionados y las pequeñas y medianas empresas, así como a la prohibición de la protesta social… Sale a relucir su verdadero objetivo: arrasar con lo que queda de nuestro Estado Social de Derecho, coartando libertades ciudadanas y derechos adquiridos. Es decir, someter al país a los dictados del capitalismo rupestre y salvaje.
El periódico La Nación, atendiendo a esos dictados –que es su misión histórica–, dedica una de sus “valiosas” páginas a una entrevista al ex superintendente de Chile don Guillermo Larraín. Destaca en el titular su opinión: “privilegios en pensiones, deben limitarse” (La Nación, 05-08-2019, p.16). Y otra de esas páginas de la misma edición la dedica a un artículo de uno de sus ideólogos, don Jorge Woodbridge, titulado “Ajustar privilegios y cumplir la regla fiscal” (¡una feliz coincidencia, querido Sancho!). Sí, así como se oye, al mejor estilo de la vieja pedagogía escolar, a punta de reglazos, tenemos que someternos a la “ley” (¿desde cuándo el ser humano se hizo por causa del sábado?), aunque esta mate la dignidad de las personas. La Nación se ha venido dedicando, un día sí y otro también, a sacar la basurita en ojo ajeno para ocultar la viga en ojo propio, la de los verdaderos privilegios en este país de la “dinastía de los conquistadores” (Samuel Stone).
El señor Larraín viene de Chile que junto con Argentina están entre los primeros países que privatizaron el sistema de pensiones llevándolo al fracaso total, según la OIT en su último Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018). Al parecer, no lo reconoce. Sin embargo, tratando de corregir el entuerto apuesta por la homogenización de los regímenes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores para coadyuvar a los Estados a superar los déficit fiscales crecientes. Una receta mágica, que también están impulsando algunos proyectos de ley en curso en la Asamblea Legislativa (¡caray, otra coincidencia!). Como hemos venido insistiendo, la receta es populista y fiscalista. De Chile y los chilenos hemos recibido valiosos insumos y debemos estar muy agradecidos. Pero en esta materia, y en la línea que recomienda el señor Larraín, no, y también muchas gracias.
El tope que se fijó de 1.5 millones –más tarde de 1.6– en el Régimen del IVM de la Caja es anacrónico y desfasado. Por esa razón, muchos profesionales del sector público prácticamente no se jubilan o lo hacen a edades muy avanzadas, cerrando horizontes laborales a la generación de relevo e incrementando las tasas crónicas del desempleo. ¿Quién en su sano juicios va a dejar de percibir un salario de 2.5 a 3.5 millones por una pensión de 1.6 millones? Al menos, lo pensaría y postergaría. Si se trata de equidad y razonabilidad, estamos hablando de trabajadores que han aportado cotizaciones brutas muy elevadas y, aunque estemos de acuerdo con el criterio de la contribución solidaria en que se basa el régimen, lo cierto es que resulta altamente inequitativo. También, por esta razón fue que se crearon regímenes especiales, es decir, para mantener el principio de la solidaridad pero también el de la equidad y garantizar la progresividad de los derechos de los pensionados.
Ahora bien, si se quiere ser serio con la reforma en una materia compleja y vital –que incluya régimen del IVM, regímenes especiales, ROP y Pensiones Complementarias– para garantizar desarrollo y bienestar social en un país donde cada vez serán más los jubilados, atendamos a algunos de los once consejos de la OIT en el Informe citado. Por ejemplo, el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación e información objetiva y veraz y conformar comisión o equipos técnicos representativos de los actores implicados.
En este campo y en muchos otros necesitamos concertar políticas de Estado para romper el círculo electoralista y apostar por la sana política que nos conduzca a la Costa Rica próspera y solidaria de los próximos 50 años.
*Imagen ilustrativa tomada de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social
Con el documento "Contextos y texturas de un país: Dilemas de las protestas recientes" CEP Alforja busca contribuir a la discusión y la reflexión para comprender a fondo lo que ocurre con el sistema político costarricense.
