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Etiqueta: protesta social

Violencia en contra de líderes sociales en América Latina: una perspectiva desde las juventudes trabajadoras

Por: Benjamín Sevilla García,

Secretario de Juventud ANEP

Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.

La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.

Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.

La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.

La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.

Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.

El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.

Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.

Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.

El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.

Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.

Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.

Fuente: https://anep.cr

 

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Organizaciones campesinas convocan a Encuentro Social Multisectorial

Diferentes organizaciones campesinas están convocando a un gran Encuentro Social Multisectorial para este martes 15 de enero a las 9:00 a. m. en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, Calle 20. El objetivo de la actividad es llevar ponencias concretas con soluciones a los problemas nacionales, con el fin de conformar una concertación nacional que haga frente al proceso de neoliberalización y desmantelamiento del Estado Social de Derecho, bajo el poder de grupos financieros y empresariales internacionales muy poderosos.

Dentro del marco de la Campaña contra la Criminalización de la Protesta Social, este espacio también lleva como componente en su convocatoria la solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez, trabajador de RECOPE criminalizado por el gobierno después de la gran huelga del pasado año 2018.

Esta convocatoria es un esfuerzo de pequeñas organizaciones campesinas tales como cooperativas, juntas de ferias y centros agrícolas cantonales.

 

Bruno de Jesús Coto Barboza

Secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Confederación Unitaria de Trabajadores (C. U. T.)

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos

Enviado por Isabel Ducca.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Tercera parte y final

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Jorge D. García: “Desde el año 1958, aprobada la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, los docentes cotizamos sin interrupción para financiar nuestras pensiones. Sin embargo, esos dineros fueron destinados a gasto ordinario de los diferentes gobiernos, hasta 1995, año de creación del Régimen de Capitalización Colectiva de Pensiones Magisteriales. De fuente absolutamente confiable, y con referencia en mano, puedo informarle que la reserva resultante, si se hubiera creado un fondo de pensiones a partir de 1958 y hasta 1995, una vez canceladas las pensiones correspondientes, sería de aproximadamente 5 billones de colones (5 mil millones de colones, en valores de aquella época). Increíblemente, cuando en una ocasión se encaró a Hacienda al respecto, dijeron “que la ley no los obligaba a crear un fondo de pensiones” (¡). Pero la desgracia no termina ahí. La respuesta de las diferentes legislaturas a la presión que resulta de la ausencia de dicho fondo de pensiones, ha sido limitar y disminuir los beneficios de las pensiones del Magisterio, llegando al extremo de presentar en corriente legislativa, en las últimas semanas, proyectos que resultarían incluso en el cierre a futuro del sistema de pensiones del Magisterio. Y todo ello bajo premisas como de que el Magisterio “no cotizó para recibir tales beneficios” (Proyecto 21035 en corriente legislativa) ¿Amnesia histórica o simple ineptitud?”

Una vez impuesto el proyecto de ley 20580, aprobado en segundo debate por los integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, mediante el procedimiento de torcer brazos, tanto de los diputados (con el uso de toda clase de presiones, las que todavía no llegan al conocimiento público) como de algunos funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en el caso de los magistrados de la Sala Constitucional o Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, quienes optaron por ignorar las graves violaciones al orden jurídico y constitucional del país, contenidas en ese expediente, el régimen de la dictadura en democracia, imperante en el país y su aparato mediático se afanan en declarar, de manera festiva, que han derrotado al movimiento cívico y social que se les enfrentó, con coraje y determinación, a lo largo de más de ochenta días de una huelga sostenida, sobre todo por los trabajadores de la educación y otros funcionarios públicos. Nada más falso que este alborozo, cuando bien sabemos que lo que sucedió es que esa costosa “victoria”, obtenida por la clase política del PLUSC y el oficialista PAC, ahora convertido en uno más de los integrantes de la coalición neoliberal-neoconservadora, las cámaras o sindicatos empresariales, y los grandes medios de comunicación colectiva, es algo que ocurre en momentos en que un gran sector de la población desinformado por ellos, todavía no se ha percatado de que las leyes contenidas en ese expediente, las que establecen medidas económicas de austeridad, y de restricción de los ingresos de los funcionarios del sector público, terminarán por afectar al conjunto de la economía: todo se resume en que no habrá crecimiento económico, sino todo lo contrario, una vez que se desplieguen esas políticas, a lo largo de los próximos meses y años. Entonces la llamada opinión pública, a semejanza de los vientos girará en otra dirección, con lo que las protestan también.

Envalentonadas por los detalles más visibles de esta volátil coyuntura social y política, las fuerzas de la reacción proclives hacia la conformación de un régimen totalitario, dentro del que la división de poderes no existe en modo alguno, como lo demostró la actitud evasiva y complaciente hacia los designios del Poder Ejecutivo que mostró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la que hacíamos referencia, en un hecho que ha sido calificado, en estos días, como un golpe de estado blando, por parte del filósofo y escritor Arnoldo Mora Rodríguez. Estas fuerzas sociales y políticas se preparan para una ofensiva total contra las conquistas históricas de los trabajadores, tanto en materia de sindicalización como en lo referente al derecho de huelga, como parte de una contrarreforma conservadora.

Mientras el capital financiero y sus adláteres se preparan para saquear los fondos de pensiones la opinión pública se indigna y estremece al conocer la lista de grandes empresas que durante una década, entre los años de 2008 hasta el 2017, reportaron haber tenido cero utilidades, dentro de lo que el economista Luis Paulino Vargas Solís calificó, como una hábil jugada financiera más propia de la elusión fiscal que de llamada evasión en sí misma, pues sostiene ese autor que: “1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.”(Vargas Solís, 2018). Dicho de otro modo, la mentira y el terror mediático fueron las herramientas esenciales del régimen para imponernos el endeudamiento del país, ocultando la evasión e impunidad de la clase política y de un grupo de empresarios, entre ellos tenedores de títulos de la deuda pública, además de especuladores con el valor de la moneda nacional (la que sufrió una fuerte devaluación durante los últimos meses), por lo general cercanos a las altas esferas del poder político.

Después de muchas semanas satanizando la lucha del magisterio, y de otros trabajadores del sector público, cuando ya el plan fiscal pasó de la Asamblea Legislativa a las esferas de decisión del Poder Ejecutivo, resulta que los gobernantes y los dirigentes de los viejos aparatos políticos, no sólo se disponen a anular el Código Procesal Laboral y el código de trabajo, en sus disposiciones más esenciales, para de ese modo criminalizar la protesta social, sino que preparan sendos proyectos de ley(como es el caso del expediente 21035) para saquear los fondos de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial y el Magisterio Nacional(régimen de capitalización, creado en los años noventa, después de que el reparto fuera saqueado por los gobiernos que se sucedieron entre 1958 y 1995), mientras que el de la Caja(Invalidez, vejez y muerte) y los regímenes complementarios están en constante riesgo por las maniobras del Poder Ejecutivo y la voracidad del capital financiero, sin que haya una respuesta enérgica además de una acción organizada por parte de la ciudadanía para contrarrestar los efectos de esas amenazas para las jubilaciones de las generaciones más jóvenes. Por todo lo anterior, no nos cabe duda alguna de que estos temas serán prioritarios en las agendas de lucha del movimiento social, durante los próximos años.

Esta huelga, sostenida sobre todo por los trabajadores de la educación, ha sido un hecho histórico bastante singular ya que puso a prueba la naturaleza del régimen político y de sociedad existentes en la Costa Rica del siglo XXI. Sin abandonar el discurso democrático los gobernantes, los dirigentes políticos, el aparato mediático y buena parte de la opinión pública se desenmascararon, mostraron su desesperación por imponer sus decisiones inconsultas en el orden de lo político y lo social, el autoritarismo se les salió hasta por los poros, acudiendo a muchas de las tácticas propias de los movimientos totalitarios del siglo anterior, pues no hay ya duda alguna de que a nuestras clases dirigentes les estorba la democracia, una fachada de la que aún no logran desprenderse del todo, pero que han venido sustituyendo por la llamada dictadura en democracia partiendo de que la presunta legitimidad otorgada por los electores equivale a un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Podríamos concluir manifestando que este fue apenas un episodio de una larga lucha que recién empieza, en la que los trabajadores y sus organizaciones sindicales mostraron su mejor músculo, en el futuro veremos como ellos mismos superarán sus acciones y su voluntad de resistencia, llevándolos hasta alturas todavía insospechadas.

s. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.

2. Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.»

 

Enviado por el autor.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Segunda parte

Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Esperanza Tasies: “Hemos hablado públicamente contra Hacienda, hemos dicho que quienes están ahí, deben ser investigados por sus nexos con los tenedores de bonos y evasores porque un hecho cierto es que ahí podrán ver a quienes incriminar por este saqueo y chantaje al país”.

Esta huelga cívica y laboral, que han venido protagonizando los trabajadores del sector público, y sobre todo los que laboran en el sector de la educación de Costa Rica, durante un lapso de más de ochenta días, constituyéndose en una de las más largas de nuestra historia social más reciente, es ya un hecho histórico singular que nos ha dejado profundas enseñanzas, las que se harán sentir o podrán ser captadas con mucha más intensidad, en el largo y el mediano plazo, sobre todo por parte de quienes serán realmente las víctimas de la contrarreforma social, puesta en marcha por el gobierno, los partidos políticos y la clase empresarial, aunque muchos de ellos no logren entender todavía los sutiles hilos de la trama, los que habrán de evidenciarse, de manera brutal a lo largo de los próximos meses y años. Resulta innegable que esta ha sido una lucha contra viento y marea, en un medio en el que por desgracia muchas de las víctimas de lo que vendrá han terminado, por el momento, amando a los opresores y denostando en los peores términos, ante la carencia de argumentos sólidos, a quienes escogieron el duro camino de la lucha y la resistencia, razón por la que cabe destacar nuestro reconocimiento y respeto para estas gentes valerosas.

La estrategia de signo totalitario de los mencionados sectores sociales, destinada a aplastar cualquier foco de resistencia a sus políticas, se basa en una campaña ideológica muy bien montada, con la que han pretendido satanizar la figura de quienes trabajan en la función pública, haciéndole creer a un amplio segmento de la población, sobre todo entre la que habita en las áreas urbanas, una de cuyas características más esenciales es la de estar conformado por gentes que no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean aquellas que, como los grandes diarios y noticiarios de televisión, por lo general en poder de los empresarios, han sido los eternos detractores de los movimientos huelguísticos y de las organizaciones sindicales, llevándolos a afirmar tercamente que son los salarios y beneficios que tienen estos trabajadores los que llevaron (o llevarán) al país y la economía nacional a una profunda crisis que, según afirman los voceros del régimen, se expresa en un abultado déficit fiscal(aunque las cifras del mismo sean presentadas, de una manera contradictoria, fragmentada y presentando variaciones intencionales, en diferentes momentos, llegándose a admitir la existencia de presuntos errores), el que según las élites del poder es preciso corregir o eliminar con un conjunto de medidas de política social y económica, cuando en realidad no solucionan nada al no atacar la elevada evasión y elusión tributarias, sino que lo que buscan es obtener la aceptación de los usureros internacionales para seguir endeudando al país, para en el mediano y largo plazo llevarlo a lo quiebra y someterlo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (Han hablado de un déficit fiscal que supera el 8 % del PIB, aunque después dijeron que era apenas equivalente al 6% del mismo, en tanto que el paquete fiscal si acaso produciría un monto del 1,9% del mencionado PIB, al cabo de un año y siempre que la economía crezca, cosa que no va a suceder como consecuencia de la disminución del poder de compra de los funcionarios públicos), mientras tanto se abocan a una serie de acciones punitivas que, aunque son presentadas como una reforma tributaria en los términos ya indicados, y reducir así el crecimiento de la deuda pública, en realidad de lo que se trata en esencia, es de la implementación de una violenta reorganización del régimen de empleo público, la que traerá una reducción y un estancamiento de los salarios nominales de esos trabajadores, una medida que dará lugar en los próximos años a una disminución importante de la demanda de bienes y servicios, por parte de ese sector de la sociedad, lo que terminará por afectar también a quienes laboran en el sector privado, donde habrá una disminución del empleo y en el caso de la abultada informalidad de grandes segmentos del mundo laboral, esta también continuará creciendo sin ninguna perspectiva de que vaya a bajar, en el mediano plazo.

Durante el interregno del conflicto, y aún antes de su materialización, los poderes fácticos se abocaron a la especulación con las tasas de interés de los títulos valores de la deuda pública(Una maniobra de la que casi nadie se ha percatado, pero que ha hecho crecer la deuda pública hasta alturas insospechadas, esa obligación financiera que nunca se podrá pagar) y con el tipo de cambio o paridad fija entre el colón costarricense y el dólar estadounidense, el que hace ya muchas semanas superó los seiscientos colones por dólar, en una jugada que les ha dejado grandes ganancias (del orden de los 93.111 millones de colones, según informó el Semanario Universidad en su edición n°2253, 7 al 13 de noviembre de 2018, página 2) y ha empobrecido a la mayoría de la población, dada la violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, al que se suela llamar salario real. Son medidas que los han beneficiado inmensamente, de una manera fraudulenta y descarada, pero que al mismo tiempo han formado parte esencial de la estrategia del terror, bien diseñada para someter al pueblo costarricense a los designios de las élites o poderes fácticos, que son los que de verdad toman las decisiones más importantes en materia de política económica y social, tanto en este como en los otros países de la región.

Uno de los aportes de esta huelga, digamos que colaterales, más no en daño, es el hecho esencial de que, durante las largas semanas en que se ha sostenido con heroica y decidida determinación, se ha producido un importante y voluminoso material informativo, producido por valiosos economistas y analistas sociales como Luis Paulino Vargas, Walter Antillón Montealegre, Gerardo Contreras, Manuel Delgado, Sofía Guillén, Pablo Abarca y Esperanza Tasis, entre otros, el que ha sido divulgado y analizado con las bases sindicales, lo mismo que con amplios sectores de la población, en lo que ha sido todo un acto de reflexión y educación política que nos presenta un panorama muy diferente al de los anuncios paradisíacos de los impulsores del proyecto de ley 20580, aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. El hecho esencial es que la huelga permitió desenmascarar, ante los ojos de los sectores populares, la perfidia de los planes de la reacción conservadora para destruir la economía nacional, poniendo al país en manos del FMI y de los banqueros internacionales, con su insaciable codicia. En la siguiente y última entrega de este artículo hablaremos del saqueo de los fondos de pensiones, de la criminalización de la protesta social, y de las implicaciones de la judicialización de la política, con lo que se cae el mito de la división de poderes, dentro de lo fue una democracia de baja intensidad, basada sobre todo en las mascaradas electorales, la que se nos ha venido cayendo a pedazos con la complicidad y decidida participación de los políticos profesionales del PLUSC PAC(que por fin se desenmascaró, al destartalarse su fachada progre), además de la complicidad de un sector del llamado Frente Amplio, por lo que estamos apenas en los inicios de una dura y larga batalla. Hace ya mucho rato que la dictadura en democracia, ese engendro fascistoide, se encuentra enquistada entre nosotros, aunque muchas buenas gentes no se den por enteradas.

 

Enviado por el autor.

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La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Primera parte

Primera parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

Los expertos en toda clase de artes políticas, especialmente apropiadas para manejar el pensamiento y la voluntad de las gentes del común, alineándolas dentro de sus formas de pensar y actuar para llevar este país a la ruina, e impidiéndoles captar todos los componentes de lo que está en juego, dentro del presente histórico que estamos viviendo, han desplegado durante los dos meses y medio, desde que dio inicio esta huelga tan singular, una ofensiva incesante de gestos violentos, cínicos y descarados. Desde el primer momento, dijimos que esta era una huelga cívica y laboral que tenía como su propósito más importante, el poner de manifiesto ¿qué tipo de sociedad y de régimen político es el que impera en este país centroamericano?, el tema de la protesta social, de la democracia y del ejercicio de las libertades públicas era lo que estaba en juego, dentro de un primerísimo plano, como se hizo evidente al poner de relieve la legitimidad de la protesta contra las políticas de un gobierno, y de una sociedad política (PLUSC, PAC, FA), cuyos voceros se muestran decididos a terminar con el estado social de derecho, y con lo que queda de las conquistas (ahora convertidas en privilegios), obtenidas por la clase trabajadora, como resultado de sus luchas durante las décadas del treinta, cuarenta y cincuenta del siglo anterior. La mafia política, hoy enseñoreada, siente que encontró su momento para derrumbar la institucionalidad democrática y social del país, desquitándose con los trabajadores del sector público, dañando de paso a toda la economía nacional, la que no crecerá con el tipo de políticas que impulsan, ya que habrá un notorio decrecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios. Ya no están los reformadores sociales de antaño, de uno y otro bando, quienes dieron impulso a un proyecto de nación más inclusivo, llevando el bienestar de las gentes a índices notoriamente buenos, ahora estamos en el camino de convertirnos en uno de los países de la región, donde la desigualdad social crece más rápido, tal y como lo ha demostrado una serie de informes recientes.

Habiendo tomado el camino de “la dictadura en democracia”, un régimen que ya lleva sus días en Costa Rica(los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, Óscar Arias dixit), nos damos cuenta de que es ahora cuando este se mostró en todo su esplendor, dentro de las exteriorizaciones de un juego que oscila entre las más elaboradas formas de “torcer brazos” y “voluntades”, hacia el interior de los poderes públicos, hasta el uso de las manifestaciones de un terror sistemático, con la amenaza del caos, si los receptores o destinatarios de estos mensajes se niegan a aceptarlos y asumirlos. Con el poderoso concurso de la gran mayoría de los medios de comunicación/incomunicación social han llegado al punto en que la mentira termina siendo asumida como la verdad única e irrefutable. Los managers y operadores políticos de todo pelaje, a los que se une una legión de trolles en las llamadas redes sociales nos han dado una demostración de sus habilidades bien aprendidas, además el gran hermano (someone that is watching you all the time, just like on the most evidents manifestations of the terrify universe of 1984, the George Orwell roman) convenció, no sin algunas dificultades, a estas buenas gentes, de que los culpables de la implantación del caos y la catástrofe nacional, serán en última instancia, aquellos que terminarán siendo sus víctimas propiciatorias: los trabajadores formales e informales del sector privado. Según este terrorífico relato los culpables son aquellos trabajadores asalariados que, como los del sector público disfrutan de algunos derechos y garantías, con las que no pueden siquiera soñar los trabajadores de las empresas privadas, muchas de ellas grandes beneficiadas con la evasión fiscal, sobre todo en materia de impuesto sobre la renta; sin embargo, lo que no saben estos últimos es que una vez que los primeros vean reducido su poder de compra, por la vía del congelamiento institucional e inflacionario de sus salarios, serán ellos los más afectados, dado que el Producto Interno Bruto no crecerá y el despegue económico tan falsamente anunciado no llegará, las empresas tendrán que reducir sus puestos de trabajo y quienes se mueven en el sector informal ¿a quién o a quienes les venderán sus productos?

El régimen totalitario de la dictadura en democracia, durante este su cuarto gobierno, si nos atenemos a la realidad, aunque el tercero fue un tanto anodino y disfrazado de progre, decidió reprimir esta huelga acudiendo a las amenazas, pero sobre todo a la manipulación mediática más descarada. No bastaba con doblar brazos, cosa que intentaron en todo momento, había que montar un drama alrededor de los temas del curso escolar con los pobres niños sin recibir lecciones, como si la mayor lección obtenida por ellos no hubiera sido ya la huelga misma, los mismos estudiantes podrán constatar en los años venideros los estragos del caos que sembraron estos gobernantes autoritarios y falsos, ellos serán los mejores jueces: sus mentores en el aula, por lo menos podrán mirarlos a los ojos y de frente, en cambio si no hubieran sido capaces de luchar, incluso contra toda esperanza -como decía San Pablo o Pablo de Tarso-, se habrían ganado el desprecio más profundo de la generación que los sucederá, la de sus propios alumnos, pues cabe recordar que las lecciones que nos da la vida no se reducen a las paredes de un aula, tal y como le sucedió a muchos franceses colaboracionistas del período de la ocupación nazifascista alemana en su país. Cabe destacar que para los trabajadores de la educación de Costa Rica este episodio de lucha no ha culminado en una derrota, aunque algunas apariencias pudieran decirnos lo contrario: ya dejaron sembradas las semillas de la resistencia y la lucha, las que vendrán a dar sus frutos en los años y en las décadas venideras, frente a tanta barbarie, surgida en las entrañas de un régimen que sólo destruyendo puede continuar, de momento, con su precaria y mediocre existencia.

Enviado por el autor.

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Tertulia: El derecho a la protesta social en Costa Rica

Durante el devenir de nuestra historia, la nacional y la global, las protestas sociales han sido catalizadoras y detonantes del cambio. Cuando a las personas se les han negado derechos, sean estos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales o ambientales, se han creado movimientos de desaprobación que han surcado nuevos caminos.

¿Cómo han variado los índices y características de la protesta social durante los últimos años en el país? ¿Cuáles son los derechos que tienen las y los ciudadanos en la protesta? ¿Se están atendiendo problemas sociales con respuestas policiales? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos en esta nueva #TertuliaDelFarolito.

Fecha: jueves 29 de noviembre

Hora: 7 p.m.

Lugar: El Farolito – Centro Cultural de España en Costa Rica

Participan:

  • Stefan Gómez, investigador del Estado de la Nación, politólogo, profesor universitario
  • Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, sicóloga social, profesora universitaria, activista y ex candidata a diputada
  • Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

 

Modera:

Sergio Pacheco

 

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Dos heroínas y un héroe

Las dos heroínas y un héroe ( que se les unió en Cañas)
Tres personas, en un acto de civismo extremo.

Es otra manera pacífica de protestar, con vehemencia y determinación. Exponen su seguridad física a los embates del tiempo.
1-Francina Suárez Guido, del ICE.
2-José Manuel Araya Rosales, del ICE ( a un mes de pensionarse)
3-Olga Mendoza Elizondo, educadora.

Gratitud por siempre por su compromiso y entrega por Costa Rica.
Estás personas caminantes salieron de Liberia el martes a las 5:40 am hacia San José, en protesta contra el Combo Fiscal.

Marchan por una reforma justa y solidaria.

De Roxana Cedeño, compartido en redes digitales.