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Etiqueta: proyecto de Ley

Proyecto de ley sobre datos crediticios abre “portillo estructural” para mercantilizar información personal, advierte OMERCON

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) alertó que el Proyecto de Ley N.° 24.374 sobre información de interés crediticio, pese a su lenguaje técnico y garantista, abre un “portillo estructural” que permitiría la mercantilización de los datos personales financieros de la población, con riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y la equidad social.

En un pronunciamiento técnico dirigido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la organización sostiene que el texto sustitutivo del proyecto incurre en una contradicción de fondo: mientras afirma proteger los datos personales, en la práctica legitima su circulación en el ámbito privado sin contar con mecanismos institucionales suficientes para garantizar esa protección efectiva.

Datos personales como mercancía

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que la iniciativa legal transforma la información crediticia en un activo gestionable por actores privados, lo que abre la puerta a la creación de mercados de datos financieros. Esto incluye la recopilación, procesamiento y circulación ampliada de información sensible sin un sistema robusto de trazabilidad que permita controlar su uso.

OMERCON advierte que esta lógica contradice estándares internacionales en materia de protección de datos, donde se ha establecido que la información personal no debe ser tratada como mercancía.

Riesgos para la seguridad y la privacidad

El pronunciamiento subraya que el historial crediticio revela aspectos profundamente sensibles de la vida económica de las personas, como su nivel de ingresos, endeudamiento, relaciones financieras y vulnerabilidades económicas.

En un contexto nacional marcado por el crecimiento de la criminalidad organizada, la circulación de estos datos en múltiples plataformas privadas incrementa los puntos de vulnerabilidad y podría facilitar delitos como extorsión, fraude o secuestro, al convertir esta información en un insumo de alto valor estratégico.

Sistema público existente y falta de justificación

El documento señala que Costa Rica ya cuenta con un sistema público funcional para la gestión de información crediticia, a través del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que opera bajo supervisión estatal y principios constitucionales.

Según OMERCON, el proyecto no presenta evidencia empírica que demuestre fallas estructurales en este sistema ni que justifique la creación de un modelo privado, lo que sugiere que la propuesta responde más a intereses económicos específicos que a una necesidad pública real.

Impactos regresivos para la ciudadanía

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor carga administrativa para las personas, que tendrían que corregir errores en múltiples bases de datos privadas
  • Amplificación del daño reputacional por difusión de información incorrecta
  • Reproducción del sobreendeudamiento al no responsabilizar a entidades crediticias por prácticas de otorgamiento irresponsable

Además, el proyecto generaría una asimetría institucional al limitar el uso de datos por parte del Estado mientras amplía el acceso para actores privados con menor capacidad de fiscalización.

Experiencia internacional: más control público, no privatización

El análisis comparado incluido en el pronunciamiento muestra que los sistemas más avanzados en protección de datos, como los de la Unión Europea o Finlandia, refuerzan el control público sobre la información crediticia en lugar de privatizarla, estableciendo límites estrictos a su uso y comercialización.

Llamado a rechazar el proyecto

Como conclusión, OMERCON plantea que el proyecto implica un cambio estructural innecesario y potencialmente perjudicial para la ciudadanía, por lo que recomienda su rechazo.

En su lugar, propone fortalecer el sistema público existente, endurecer las sanciones por uso indebido de datos, regular el crédito irresponsable y avanzar en legislación específica de protección al consumidor financiero.

Le invitamos a descargar y leer el pronunciamiento completo para conocer en detalle los argumentos y propuestas planteadas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/OM059-2026_Pronunciamiento_24374.pdf

UCR respalda proyecto de ley para garantizar acceso público a las playas

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).

Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.

Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.

Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.

No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.

En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.

El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.

Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.

Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.

En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Dictamen completo: https://drive.google.com/file/d/1qAqqbQroeuwAZ9S7YZdYVJMSRTXJrb6x/view?usp=sharing

Jubilados en Acción propone proyecto de ley para sancionar malversación de fondos destinados a pensiones y obras comunales

La Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional aprobó en su junta directiva un proyecto de ley de iniciativa popular que presentará a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de establecer sanciones severas e inconmutables contra la malversación de recursos públicos destinados a fondos de pensiones y a obras comunales.

Se trata de una propuesta que, según la organización, responde a décadas de impunidad en el manejo de recursos públicos, en particular aquellos que debieron respaldar las pensiones del Magisterio Nacional entre 1958 y 1992 y que —de acuerdo con el planteamiento del proyecto— fueron desviados para otros fines sin autorización legal.

Antecedentes expuestos por Jubilados en Acción

La asociación indica que los aportes, durante más de tres décadas, no fueron utilizados para construir el fondo de pensiones que por ley correspondía. Como consecuencia, las personas jubiladas fueron incorporadas al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), recibiendo una pensión de gracia administrada por el Ministerio de Hacienda.

El documento sostiene que este proceso histórico derivó en:

  • La equiparación de las pensiones del Magisterio con otras catalogadas como “de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.
  • Rebajos arbitrarios y congelamientos aplicados en coyunturas electorales.
  • La imposibilidad práctica de litigar por la vía contencioso-administrativa, debido a la prescripción señalada por algunos juristas.

La organización rechaza el criterio de prescripción, argumentando que se trata de un daño colectivo agravado, comparable —en su razonamiento— con delitos de lesa humanidad al afectar a un gremio completo que contribuyó al desarrollo del país.

Corrupción estructural y ejemplos internacionales

En el proyecto se afirma que la corrupción endémica en Costa Rica ha perjudicado tanto a trabajadores como a comunidades, afectando obras públicas, infraestructura educativa y fondos sociales.

La asociación sostiene que países como Singapur, China y Vietnam han enfrentado fenómenos similares con legislaciones severas dirigidas especialmente a altos jerarcas, lo que —según señalan— ha permitido desarticular redes de corrupción y garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios legítimos.

Fundamento ético y político de la propuesta

Jubilados en Acción sitúa su iniciativa en la tradición pedagógica costarricense, evocando a Carmen Lyra, Omar Dengo y Joaquín García Monge, y afirma que la propuesta busca no solo reparar injusticias al Magisterio jubilado, sino impulsar una transformación profunda de la administración pública.

Contenido del proyecto de ley

El texto propone reformas al Código Penal y nuevas facultades de fiscalización ciudadana.

  1. Reforma al artículo 356 del Código Penal (malversación)

El proyecto incorpora un aumento de penas para quienes administren, custodien o exploten fondos públicos y los utilicen para fines distintos a los establecidos por ley.

Actualmente, la pena ordinaria propuesta es:

  • 1 a 8 años de prisión por malversación.
  • Aumento en un tercio cuando afecte servicios públicos.

La innovación fundamental del proyecto es la creación de una pena especial:

  • 18 a 36 años de prisión, inconmutables, cuando la malversación afecte fondos de pensiones o fondos públicos destinados a obras sociales o de infraestructura.
  1. Supervisión ciudadana y gremial

El proyecto autoriza expresamente a las organizaciones comunales y gremiales para:

  • Supervisar el uso de los recursos públicos asignados a sus comunidades o sectores.
  • Solicitar rendición de cuentas formal a las instituciones responsables.

Para Jubilados en Acción, esta disposición busca romper con la opacidad histórica sobre fondos públicos y fortalecer el control social y democrático.

Un llamado a la Asamblea Legislativa

La organización insta a que la Asamblea Legislativa tramite el proyecto como una respuesta a décadas de impunidad, y afirma que esta es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos destinados a pensiones y obras sociales nunca más sean desviados ni utilizados de manera irregular.

Presentación de proyecto de ley “Caudales Ecológicos”

El día martes 26 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Asamblea Legislativa se realizará la presentación de un proyecto de ley gracias al diálogo con comunidades y organizaciones defensoras de los ríos frente a la expansión de los quebradores.

Este evento es de invitación abierta y el proyecto tiene el propósito de integrar el concepto de “caudales ecológicos” para garantizar la protección efectiva de las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad frente a actividades mineras excesivas y desproporcionadas en los cauces de los ríos.

Gremio de rescatistas apoya el proyecto de ley que reconoce la capacidad de sentir de los animales y promueve su bienestar

Por Rebeca Hidalgo
Activista por el bienestar animal

El Proyecto de Ley N.º 24.482 «Reconocimiento de la capacidad de sentir de los animales y la armonización de su entorno con el de los seres humanos» es fundamental y debe ser aprobado lo más pronto posible, no solo por razones éticas y morales, sino también por la creciente necesidad de proteger a los animales en vista de los alarmantes casos de maltrato animal reportados en los últimos tiempos.

La iniciativa de ley fue presentada por la legisladora Vanessa Castro y entro al orden del día de la comisión de Ambiente.

En primer lugar, este proyecto de ley parte del reconocimiento de que los animales son seres sintientes, es decir, tienen la capacidad de experimentar sensaciones de placer o dolor. Tal como establece la Sala Constitucional en el voto 2012-4620, el maltrato animal “vulnera las buenas costumbres, la moral y el orden público” y debe ser prevenido y prohibido por razones constitucionales. El maltrato a los animales no solo afecta su bienestar, sino que implica una lesión directa a la dignidad humana, ya que la violencia contra los animales refleja insensibilidad y crueldad que impactan negativamente en la convivencia social.

La jurisprudencia constitucional subraya que los animales no humanos deben ser protegidos porque tienen la capacidad de sentir, y por ello, los seres humanos, en su «superioridad racional», tienen la responsabilidad de garantizar que sus actos hacia los animales estén marcados por el respeto y la dignidad. Este vínculo entre la dignidad humana y la protección animal es el núcleo del proyecto de ley, que pretende regular esta relación para evitar crueldad y sufrimiento innecesario a los animales.

Además, los recientes casos de maltrato animal evidencian la urgente necesidad de reforzar la legislación en esta materia. Noticias como la investigación por maltrato contra un perro en Heredia​, la crueldad hacia 26 perros y 4 gatos en Tibás​, y el caso del perrito encerrado en un carro a temperaturas extremas en Cartago​, son solo ejemplos de una situación que ha llegado a niveles alarmantes en el país.

Este proyecto de ley es crucial para abordar este problema desde una perspectiva legal y moral, garantizando que los animales reciban un trato digno, acorde a su capacidad de sentir, y que la sociedad costarricense avance hacia una convivencia más ética y respetuosa con todas las formas de vida.

Foro Ciudadano en defensa del modelo público del sistema eléctrico nacional

Análisis del Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414)

Este es un foro coordinado entre las diputadas Rosaura Méndez del PLN y Sofía Guillén del FA, en conjunto con la UCR. Se analizará el proyecto de “armonización energética” que está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Se realizará el 11 de julio a las 6:00 p.m. en la Sala de Conferencias de la Asamblea Legislativa.

Si desea formar parte de este foro, debe inscribirse en el siguiente enlace:  Inscripciones, el cupo a este foro es limitado.

“Defender nuestro modelo eléctrico es proteger nuestra seguridad energética”.

Proyecto de ley 24109 para las indemnizaciones a los exmulleros ¿Qué ha pasado?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con representantes de los exmuelleros de Limón para conocer como ha seguido el proceso del proyecto de ley que procura reconocer y pagar las indemnizaciones que les asiste como extrabajadores y que durante décadas ha prevalecido la injusticia histórica del no reconocimiento de este derecho.

Consejo Universitario entregó propuesta de Proyecto de Ley para declarar el Día Nacional de la Primera Conexión de Costa Rica a Internet

El director del Consejo Universitario, Dr. Jaime Caravaca Morera, hace entrega de la propuesta de proyecto de ley al M.Sc. Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. (Foto Andrea Jiménez, CU)

Fiorella Ulloa Retana, Consejo Universitario

En la mañana de este jueves 13 de junio, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) entregó al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa una propuesta de proyecto de ley para declarar el 26 de enero como Día Nacional de la Primera Conexión de Costa Rica a la Internet.

La iniciativa tiene como objetivo que se declare de interés público la educación digital y tecnológica, así como autorizar a las instituciones públicas que realicen actividades informativas y de capacitación que promuevan el uso seguro de Internet, sus servicios y aplicaciones para una mayor alfabetización digital y buenas prácticas por parte de la ciudadanía. Con esto, la Universidad pretende motivar el desarrollo tecnológico costarricense enfocado en la democratización del conocimiento y el acceso universal a Internet en nuestro país.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, la conexión a la red de redes es un hito histórico que se concretó gracias al trabajo de esta casa de estudios superiores y su articulación con otras instancias nacionales e internacionales; una muestra más del compromiso de la UCR por contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, a través del desarrollo nacional y de la región.

Contribuciones

La propuesta de ley impulsada por la MTE Stephanie Fallas Navarro, representante del sector administrativo en el Consejo Universitario, resalta los cambios que Internet trajo al modelo tradicional de educación universitaria, los cuales favorecieron la virtualización y la digitalización de muchos procesos que han agregado valor tanto a las actividades sustantivas de la Institución como a la gestión administrativa.

30 años después de esa primera conexión a Internet, Costa Rica ha tenido un avance significativo, no solo en el ámbito educativo, también entre muchos otros, en la efectividad de las interacciones globales para la economía y el comercio nacionales, lo cual ha generado que el país sea más atractivo para la inversión extranjera.

ANEP aportará su basta experiencia en proyecto para generar una pensión anticipada a policías

Comunicado de la ANEP

La iniciativa fue presentada por el diputado, Carlos Andres Robles y en su exposición, donde el sindicato estableció el contacto para poder aportar su basta experiencia en el tema. 

En esta iniciativa se presenta el proyecto de ley 24.329, el cual pretende que las y los oficiales se puedan pensionar tras cumplir 25 años de servicio o alcanzar las 300 cuotas. Es importante mencionar que ANEP ya ha presentado proyectos en las anteriores legislaturas con el mismo fin.

Para escuchar mejor esta propuesta de ley, compartimos el video:

Walter Coto Molina expone su Proyecto de Ley Pensión Consumo

Actividad organizada por la ANEP

En esta charla, se expone esta idea innovadora que le permitiría obtener pensión sin excepción a todos los costarricenses, esto por medio del consumo, y sin que el Estado, patronos y trabajadores pongan más dinero. Por lo tanto, inicialmente se observa un importante cambio de paradigma,  que podría colocar a Costa Rica con un aporte de significación mundial.

La presente iniciativa de ley tiene como finalidad la creación de un nuevo régimen de protección denominado “Pensión – Consumo” para contribuir a universalizar la cobertura de las pensiones de vejez, invalidez y muerte de la población nacional, para lo cual se asignaría una proporción de lo recaudado con el impuesto sobre las ventas, a la creación de fondos individuales de ahorro.

Específicamente se propone la creación de Fondos de Pensiones mediante una contribución social equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor de las compras de bienes y servicios sujetas al impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, mediante un transitorio único, se aumenta la tasa vigente del impuesto sobre ventas al 14%, destinando durante el primer año de aplicación un 13% al impuesto de ventas y un 1% de dicho impuesto en forma de contribución social a la pensión-consumo. Durante el segundo año se destinará el 12% al impuesto ventas y 2% a la pensión-consumo. A partir del tercer año se destinará un 10% al impuesto de ventas y un 4% de ese impuesto se transferirá con carácter de contribución social a la pensión de consumo.

La idea es que, mediante la devolución de un porcentaje de lo pagado por dicho impuesto, se fomente una cultura tributaria, que, al incrementar la recaudación general por reducción de la evasión, se generen recursos suficientes para crear fondos de ahorros destinados a complementar los existentes regímenes de retiro (pensión).

Finalmente, para observar y escuchar mas a profundidad los objetivos y procesos que conllevaría esta ley, compartimos el video: