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Etiqueta: proyecto de Ley

Diseño constitucional del Estado

Durante las Jornadas de Análisis del dictamen de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público se invita al Foro: “Diseño constitucional del Estado, entre frenos, balances y contrapesos” el día lunes 09 de agosto del 2021 a las 5:00 p.m., se contará con la participación de:

  • Carlos Manuel Arguedas Ramírez
  • Paola Vega Rodríguez
  • Olga Marta Sánchez Oviedo

Modera: Patricia Quesada Villalobos

Organiza: Área de Ciencias Sociales

La transmisión será en vivo por el YouTube de UniversidadDeCR y el de WebTVUCR

Primeros comentarios sobre la sentencia de la Sala IV sobre la Ley de Empleo Público

Por Mauricio Castro

Dos comentarios sobre la sentencia de Sala IV sobre proyecto de ley de empleo público: 

1) Lo evidente: es inconstitucional que el Poder Ejecutivo haya tratado de concentrar el poder total, por encima del poder judicial, el TSE, las U. Públicas, la CCSS y las municipalidades (siempre lo dijimos) pero oficialmente queda desenmascarada la intentona de este gobierno y sus partidos aliados que desean ese control para cuando estén en gobierno.

2) LO NO EVIDENTE: obviamente no tenemos la sentencia en su integralidad, sino solo el por tanto, pero la Sala Cuarta hace lo mismo que hizo en la sentencia sobre la ley de fortalecimiento fiscal del 2018: son constitucionales el art. 43 sobre negociación colectiva y el transitorio XV siempre y cuando se entiendan de forma distinta a como están redactados.  El 43 dice que no se pueden negociar por convención colectiva nuevas obligaciones en materias económicas (salarios por ejemplo) y otros aspectos.  La Sala dice que el artículo se tiene que entender EN EL SENTIDO DE QUE SI SE PUEDEN NEGOCIAR NUEVAS OBLIGACIONES EN ESAS MATERIAS (SALARIOS Y OTRAS) SIEMPRE Y CUANDO ESAS NUEVAS OBLIGACIONES RESPETEN LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD CONSTITUCIONALES DEFINIDOS POR SALA IV, ASÍ COMO LAS NORMAS DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA. El transitorio XV dice que los jerarcas deben obligatoriamente denunciar las convenciones colectivas.  La Sala dice que este transitorio debe entenderse en el sentido de que NO ES OBLIGATORIO DENUNCIAR LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, en los términos de lo que ya había dicho en el voto sobre ley de fortalecimiento fiscal. ¿Qué sigue? En las normas declaradas inconstitucionales, el proyecto debe volver a la A. Legislativa para su corrección. En cuanto a los artículos 43 y transitorio XV va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con el voto sobre la ley de fortalecimiento fiscal: como quedan en la ley, aunque se deben interpretar de manera contraria a lo que dicen, la Procuraduría General de La República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y la Contraloría IGNORARÁN OLÍMPICAMENTE LO ORDENADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, y provocarán que el tema se litigue por unos diez años, a nivel nacional e internacional. Cuando finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al país, con fuertes consecuencias económicas, ninguno de esos funcionarios de la PGR, CGR, Hacienda o MTSS se hará cargo, y les pasarán la factura a todos-as los-las costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Organizaciones sindicales y sociales emplazan a Poderes de la República ante la corrupción y exigen parar impunidad

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y el Movimiento Nacional Territorios Seguros emplazan a los Presidentes de los Supremos Poderes para que tomen acciones concretas y conjuntas con la ciudadanía para evitar que los actos de corrupción deterioren más nuestra democracia y la paz social y continúe la impunidad.

La solicitud la hacen en una nota enviada al Presidente Carlos Alvarado Quesada, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

La misiva suscrita por el Presidente y Secretario General de la CTRN Lenin Hernández Navas y Mario Rojas Vílchez en conjunto con Carlos Campos Rojas coordinador del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, emplaza a los representantes de los tres Poderes de la República a que públicamente firme un compromiso con el pueblo de Costa Rica para promover un proceso en conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública con el fin de que la impunidad no sea el denominador común en los actos de corrupción.

Urgen proyectos anticorrupción

Las organizaciones solicitan impulsar el proyecto de Ley 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.

Además, solicitan generar un proyecto de ley para que la elección de los diputados y los puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

Corrupción sale caro al país.

De acuerdo con el Presidente de la CTRN, Lenin Hernández el estado paga ₡.

1 billón 140 mil millones, que representa un 3% del Producto Interno Producto (PIB) en sobreprecios en las compras anuales que realiza porque los sistemas de vigilancia de costos son deficientes, y no hay mecanismos de comparación, entre las contrataciones que hace el estado y los precios que paga el sector privado.

“En la CTRN creemos que es necesario una lucha contra la corrupción que no se limite solo a la protesta, sino también, a la propuesta. Por eso es un honor compartir este llamado con el Movimiento Territorios Seguros coordinado por don Carlos Campos que en conjunto le pedimos a los tres poderes de la República un compromiso público de transparencia, así como la dotación de instrumentos de control ciudadano y rendición de cuentas, porque es la única forma, de luchar contra la corrupción”, señaló Lenin Hernández Navas Presidente de la CTRN.

Por su parte Carlos Campos Rojas de Territorios Seguros declaró que firmó el documento porque es consecuente con la necesidad de que los costarricenses establezcan un proceso de diálogo como parte de su responsabilidad ciudadana y cumplan con el mandato constitucional de garantizar la paz y la transparencia en la función pública y así enfrentar los casos de corrupción que se quieren establecer como una cultura normal.

“Firmar este documento es parte de nuestra responsabilidad ciudadana de sumarnos a otros grupos de personas de la función pública que están comprometidos con sacar adelante a Costa Rica. Con esta firma queremos promover el encuentro, el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas para detener la corrupción y la impunidad”, destacó el representante de Territorios Seguros.

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”,  el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.

¡La corrupción destruye nuestra patria! ¡Devora la calidad de vida de nuestras familias!

Para cubrir el hueco financiero producto del despilfarro y una corrupción acumulada en los últimos 50 años de DESGOBIERNOS, quienes han estado sometidos al verdadero poder económico, han DESVALIJADO nuestra Patria, así como han endeudado a toda la sociedad en unos $40 mil millones que pagarán nuestros hijos y nietos en condiciones de vida de total esclavitud, DEUDA ETERNA para FIESTA ETERNA de las elites que pagaremos con proyectos de ley que implican la imposición de más impuestos, robo de impuestos, alza de precios en bienes y servicios, congelamiento de salarios y pensiones en los próximos 10-20 años y más, etc., etc.!

A los pocos y verdaderos dueños de Costa Rica les tienden la alfombra roja para que ingresen a casa presidencial y la asamblea legislativa para que sus MANDADEROS les satisfagan sus VORACES E INSACIABLES INTERESES!

Al pueblo costarricense, el Soberano de acuerdo al Artículo 9 Constitucional, lo desprecian, lo reciben con garrote, gases lacrimógenos, cárcel, represión y le imponen leyes que son la MORDAZA y el GRILLETE, para que acepte la ETERNA FIESTA con nuestros impuestos!

ANTE EL CÁNCER DE LA CORRUPCION ACUMULADA EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS Y QUE RECORRE COSTA RICA ENTERA, QUE DESTRUYE NUESTRA CALIDAD DE VIDA E HIPOTECA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS CON MÁS ENDEUDAMIENTO CON EL FMI.

LA PATRIA DEMANDA QUE SUS HIJOS LA DEFIENDAN!

ROMPAMOS EL SILENCIO Y UNAMOS CORAZONES EN LA LUCHA, SALGAMOS A LAS CALLES RESCATEMOS LA BANDERA TRICOLOR QUE HOY LOS PIRATAS Y FILIBUSTEROS HAN MACILLADO!

JUNTA DIRECTIVA SINDICATO UNPROBANPO

Mensaje en defensa de la Constitución

El pasado lunes 28 de junio Elián Jiménez Campos, estudiante de V Año del Liceo UNESCO y presidente del Movimiento de Estudiantes de Secundaria -MEDSE se hace presente en las afueras de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y comparte un mensaje en defensa de la Constitución del 7 de noviembre de 1949 y contra las acciones que pretenden violentarla. Del mismo modo, hace un llamado a las juventudes y a las federaciones de las universidades a pronunciarse en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público y a defender el Estado de Derecho.

Compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.

Movimiento Estudiantil convoca a una manifestación en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

El Consejo Superior Estudiantil, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de la UCR, ha convocado a una manifestación en contra del proyecto de Ley marco de empleo público, recientemente aprobado en primer debate. Esta se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de la Cultura el lunes 28 de junio de 2021.

El rector da permiso para que los estudiantes asistan, y reitera el llamado a participar activamente en la discusión sobre el proyecto de ley y sus implicaciones con el Estado Social de Derecho. Se insta al cuerpo docente a compartir la información con sus estudiantes y hacerles partícipes de esta discusión.

Asadas de León Cortés y frailes se organizan contra proyectos de gasificación de residuos

Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, o mejor conocidas como ASADAS, de las comunidades de Santa Cruz, La Angostura, La Cuesta y San Antonio del cantón de León Cortés en conjunto con miembros de la ASADA de Frailes de Desamparados, se pronunciaron contra el proyecto que pretende instalar una planta gasificadora de residuos sólidos en León Cortés, proyecto que alcanzó cierto grado de formalización en 2011 bajo la administración del alcalde Leonardo Quesada.

Según Sandra Mora, quien forma parte de la ASADA de Frailes, este proyecto podría poner en riesgo las tomas de agua de Frailes y Bustamante las cuales están ubicadas en Cerro Abejonal, cerca de donde se desarrollaría la planta de gasificación.

“Los mantos acuíferos, las zonas de recarga de las ASADAS de San Antonio, San Pablo, La Angostura y La Cuesta, nos contaminan mucho el agua, los mantos acuíferos. También el aire, nos lo van a contaminar con tanta cosa que van a hacer. Nosotros de antemano estamos queriendo que esta planta no se realice y no llegue a la zona» mencionó Víctor Picado, vicepresidente de la ASADA de La Cuesta de León Cortés.

Roberto Padilla de la ASADA de La Angostura dijo que han mantenido reuniones desde años atrás con las ASADAS mencionadas anteriormente, e incluso menciona que se han reunido con Guillermo Aguilar, representante de la empresa Agropecuaria Setenta Cuarenta y ocho SA, la cuál sería la encargada de desarrollar la planta gasificadora, para manifestar su oposición a que este proyecto se desarrolle en el cantón.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA, recibió el documento de Evaluación Ambiental a Proyecto De Residuo a Energía León Cortes el día 22 de diciembre de 2020 para su respectiva revisión. En una resolución emitida el 12 de mayo de 2021, SETENA ordena, entre otras cosas (tema de una próxima nota), a la empresa Agropecuaria 70-48:

“…Ubicar en un mapa, con la escala adecuada a la magnitud del proyecto, la ubicación de la naciente y el respectivo cuerpo de agua que se forma debido este afloramiento de agua superficial. En el mapa debe estar incluido la ubicación de la infraestructura que requiere el proyecto. Además, se debe trazar en el mapa el respectivo radio de protección de la naciente…”

Además, SETENA señala que la empresa deberá adjuntar un mapa de susceptibilidad ambiental integral vs. componentes del proyecto que indiquen «los impactos y potencialización de amenazas entre el proyecto, obra o actividad y el medio ambiente». A su vez, la resolución solicita a la empresa adjuntar: «…impactos ambientales que producirá el proyecto y sus opciones: Se debe incluir todo lo relacionado a la calidad del agua, ya que el Ap se encuentran cuerpos de agua (nacientes, quebrada) …».

Dentro del factor de ambiente socio económico del proyecto de gasificación, SETENA señala a la empresa la falta de «una breve caracterización de las organizaciones sociales con incidencia en la zona, así como las estructuras de organización social predominantes en la zona, identificando y analizando grupos de interés alrededor del proyecto, sus intereses, necesidades, posición sobre el proyecto. Deberá presentarse, además, un análisis de las fuerzas impulsoras y obstructoras del proyecto, así como de la combinación de varios grupos, que pudieran interactuar simultáneamente en la ejecución del proyecto.

Para comprender en que consiste gasificar residuos sólidos, se puede consultar la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) al decir:

«…proceso en el que los materiales combustibles, como la biomasa son parcialmente oxidados o parcialmente quemados en presencia de un agente gasificante (por ejemplo: aire, oxígeno, vapor, CO2, o mezclas de estos componentes), presentando un cambio en la estructura química. El producto es un combustible llamado gas de síntesis, o syngas. El gas de síntesis puede ser usado para generar calor y energía…»

Otra manera de comprenderlo es la definición estipulada en un acuerdo de la Municipalidad de León Cortés, del año 2012, respecto a este proyecto, donde definen que la gasificación busca: «transformar los residuos sólidos en un gas combustible y con este gas generar energía eléctrica»

Desde años anteriores diversos colectivos de León Cortés han manifestado oponerse al proyecto de planta gasificadora. Ejemplo de ello se encuentra en la página de Facebook: «No a la gasificación de basura en León Cortés»

En próximas entregas le estaremos ampliando más acerca de las diferentes aristas de este proyecto. Siga www.lossantosdigital.com para más contenido.

 

Compartido con SURCOS por Jefry Naranjo.

Facultad de Ciencias Sociales UCR difunde material gráfico sobre Proyecto de Ley del Empleo Público

La Facultad de Comunicación – FCS de la Universidad de Costa Rica realiza una serie de imágenes en donde motiva a luchar por un Estado Social de Derecho, las imágenes dejan en claro cuáles son las principales demandas sobre el proyecto de Ley sobre el Empleo público.

Invitamos a visualizar las imágenes en la galería. Además, puede descargar la carpeta comprimida con los elementos gráficos para compartir y utilizar en trabajos de educación ciudadana:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/06/Empleo-público.zip

SINDEU se hace un llamado a toda la población a sumarse a las manifestaciones en contra del proyecto ley marco empleo público

Desde el SINDEU se hace un llamado a toda la población a sumarse a las manifestaciones en contra del proyecto ley marco empleo público; Este proyecto atenta contra las garantías sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, además, atenta contra el Estado Social de derecho. “La aprobación de este proyecto acrecentaría la crisis económica de trabajadores públicos y privados indirectamente, creciendo el desempleo”

Es por eso que los días: lunes 14, martes 15 y miércoles 16 se está convocando a manifestarse frente al edificio de la Asamblea Legislativa, a partir de las 2:30 p.m.

 

Compartido con SURCOS por Trino Barrantes.