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Etiqueta: proyecto ley

UCR: La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

La ley que aspira a cubrir a trabajadores agrícolas ante accidentes ofídicos es casi una realidad

La UCR impulsó el proyecto de ley aprobado en segundo debate. Las personas beneficiarias de esta ley son quienes realizan labores agrícolas y están en condición de pobreza

Por primera vez en la historia nacional, Costa Rica está cerca de concretar una ley que garantizará la cobertura universal del seguro de riesgos a todas las personas trabajadoras independientes afectadas por mordeduras de serpientes.

Esta ley, aprobada en segundo debate en febrero del 2022 en la Asamblea Legislativa, fue impulsada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), en conjunto con el diputado José María Villalta del partido Frente Amplio.

El proyecto de ley constituye el expediente 22 334 y su aprobación abre el camino para que todas las personas agrícolas trabajadoras del campo, quienes en la mayoría de los casos no están aseguradas, puedan tener una protección ante eventuales envenenamientos ofídicos. También, podrían acceder a una compensación económica por las secuelas temporales o permanentes debido a un accidente de este tipo.

“Nos llena de alegría dar este paso. Lo que nos motivó a generar este proyecto de ley, junto con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, fue la preocupación por las y los trabajadores que se encontraban en total situación de desprotección. Trabajadores independientes de zonas rurales y de escasos recursos, muchas veces en condición de pobreza, que sufren de accidentes laborales y no cuentan con un seguro. Esto les impide tener una pensión y protección social para sus familias si quedan en una situación de invalidez”, indicó el diputado José María Villalta.

La problemática

La idea del ICP-UCR en impulsar esta ley se desprende de un estudio publicado en enero del 2020 en la prestigiosa revista científica “Toxins”, del Instituto Multidisciplinario y de Publicación Digital (MDPI).

El estudio, que parte de una tesis de licenciatura desarrollada por la Lic. Jazmín Arias en la Universidad Nacional, y con la participación del Instituto, logró documentar en la región Brunca de Costa Rica la seriedad de las secuelas o consecuencias del envenenamiento por mordeduras de serpientes.

Asimismo, reveló que muchas de las familias afectadas son las que poseen el menor ingreso per cápita registrado en el país.

Desde las palabras del Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, científico del ICP-UCR y profesor emérito de la UCR, la investigación fue un aporte de gran relevancia. Si bien desde antes se conocía que un porcentaje de las personas que sufren envenenamiento ofídico tenían consecuencias diversas que afectan su calidad de vida, la información era más anecdótica y no estaba sistematizada.

En ese momento, la estudiante desarrolló un valioso estudio cualitativo que mostró cómo campesinas y campesinos que trabajan de manera independiente, o bien como trabajadores ocasionales y que son afectados por esta patología, no reciben compensación, ni rehabilitación, ni apoyo psicológico para enfrentar las secuelas de diverso tipo que les causan los envenenamientos ofídicos.

“Jazmín también documentó las consecuencias económicas que impactaron a estas personas y a sus familias. Este tema ha recibido muy poca atención no solo en Costa Rica, sino también en muchos otros países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de atender este aspecto olvidado del problema. En varios países se ha demostrado que las consecuencias psicológicas de los envenenamientos son terribles, con el desarrollo de cuadros de síndrome de estrés post-traumático, depresión y ansiedad. También se ha mostrado que muchas personas afectadas y sus familias, usualmente personas en condiciones de vulnerabilidad social, sufren una verdadera catástrofe económica producto de las secuelas de las mordeduras. Algo similar pudo observar Jazmín Arias en su estudio en la zona sur de Costa Rica”, ahondó el Dr. Gutiérrez.

En Costa Rica, las personas víctimas son atendidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y reciben los antivenenos necesarios para su recuperación costeados por la seguridad social. No obstante, muchas de ellas quedan con secuelas permanentes, sin la posibilidad de seguir laborado, sin recibir rehabilitación por no ser asalariados regulares y, además, sin ningún tipo de indemnización.

“El estudio se basó en entrevistas semiestructuradas con 15 personas que habían sufrido envenenamiento por mordeduras de serpiente. Las personas describieron muchas dificultades como consecuencia de estos venenos, como secuelas físicas permanentes, incluidas dos amputaciones, secuelas psicológicas, dificultades económicas y dificultades para reinsertarse en el trabajo agrícola”, se menciona en el artículo científico publicado.

Aunque la mortalidad se ha reducido drásticamente debido a la atención que provee el sistema de salud, algunos casos tienen una alta severidad con secuelas física y psicológicas. «Este es un aspecto que hasta hace poco no se había analizado a cabalidad ni se había documentado bien. La información de que disponemos ahora indica que este aspecto de las secuelas es un ángulo fundamental del problema, al que hay que ponerle mucho mayor atención». Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Karla Richmond, UCR.

Esperanza

De acuerdo con el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, Costa Rica ha tenido importantes avances para reducir el impacto de los envenenamientos ofídicos en el país, pero es claro que se ha tardado en compensar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas de estos envenenamientos. Por lo tanto, esta ley viene a llenar ese vacío.

“Este nuevo proyecto de ley viene a llenar en buena medida este vacío y esta deuda que el país tiene con las personas afectadas por esta enfermedad. La aprobación de esta ley lanza una señal de esperanza de que en nuestro país, mediante sinergias entre las universidades públicas, el sistema de salud pública, el sector político y de gobierno y los sectores comunitarios organizados, podemos avanzar por sendas marcadas por la solidaridad y la procura del bien común. Este logro nos debe motivar a seguir mejorando cada vez más los esfuerzos para reducir el sufrimiento humano causado por las mordeduras de serpientes”, manifestó el Dr. Gutiérrez.

La entidad que emitirá el la cobertura será el Instituto Nacional de Seguros (INS). El tomador de la póliza será el Consejo de Salud Ocupacional y estará a cargo de cumplir con las obligaciones dispuestas en los incisos a), b) y c) del artículo 214 del Código de Trabajo respecto a los trabajadores independientes indicados.

Asimismo, el documento del proyecto de Ley señala que no será necesario presentar planillas ni reportar de previo al trabajador para el aseguramiento. No obstante, el Consejo de Salud Ocupacional sí deberá llevar los controles o registros necesarios para verificar que los reportes de accidente que remita sean procedentes.

“El mecanismo diseñado establece la creación de un seguro especial, una póliza especial, que sería financiado con recursos del Consejo de Salud Ocupacional, un órgano del Ministerio de Trabajo con la competencia legal para promover la salud ocupacional y prevenir accidentes de trabajo. Este Consejo suscribiría una póliza colectiva de riesgo del trabajo con el INS que cubriría a las personas trabajadoras independientes que no están aseguradas, comentó Villalta.

Villalta reiteró que las personas beneficiarias de esta ley son quienes están en condición de pobreza, con escasos recursos económicos, y que por eso no han podido suscribir un seguro por su cuenta.

Por ese motivo, el mecanismo fue diseñado para proporcionar una cobertura a pesar de que la persona, antes de sufrir el accidente o la mordedura de serpiente, no haya estado asegurada. Si este mecanismo funciona bien, se podría extender la cobertura a otros riesgos y accidentes de trabajo que actualmente están descubiertos.

“Esta ley podría ser la semilla de un mecanismo de protección más ambicioso que cubra a las personas trabajadoras independientes del campo y de la ciudad que sufran accidentes de trabajo y que no tienen un seguro. En el país hay muchos casos de trabajadores independientes de bajos ingresos que no tienen una cobertura. Si hoy sufren un accidente laboral, no tienen protección. ¿Un ejemplo? Los repartidores de comida de plataformas digitales. El proyecto tiene una gran perspectiva a futuro porque, si funciona bien el mecanismo, podríamos extender esta protección a otras poblaciones desprotegidas”, resaltó Villalta.

Actualmente, en Costa Rica se reportan entre 400 y 600 casos de mordeduras de serpientes cada año. La mayor incidencia se dan en Puntarenas, Limón y Alajuela, aunque ocurren envenenamientos en todo el país.

Las zonas más afectadas son regiones bajas de clima tropical húmedo y con vocación agrícola y ganadera, regiones donde se distribuye la especie Bothrops asper (terciopelo), que causa la enorme mayoría de los accidentes y los más graves.
 
Ahora, la iniciativa está en manos del Poder Ejecutivo para continuar el proceso y para que entre en vigencia deberá salir publicado en La Gaceta.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR: Tecnólogos de alimentos advierten sobre grave error al clasificar alimentos como “ultraprocesados”

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Concepto carece de fundamento técnico científico
  • Profesionales aseguran que el procesamiento de alimentos no es el causante

Fotos tomadas durante la filmación del video para la campaña de Construcciones de la Universidad. El video fue realizado por la agencia ORSON.
La ciencia y la tecnología de alimentos aplica procesos complejos y de alta tecnología para convertir alimentos perecederos en alimentos que pueden ser transportados del campo a la ciudad, comercializados, almacenados y consumidos en forma segura por la población.

La Escuela de Tecnología de Alimentos, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica y la Asociación de Tecnología Alimentaria de Costa Rica han manifestado su rotundo rechazo hacia el término de alimento “ultraprocesado” y el sistema de clasificación de alimentos NOVA, acuñada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este concepto que la OPS utilizó por primera vez en 2015 en el documento titulado “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”, actualmente sirve como fundamento del Proyecto de Ley 20.365 “Ley para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Frente a este proyecto que se analiza en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, los expertos advierten que la definición de alimento “ultraprocesado” extraída del documento de la OPS carece de fundamento técnico científico que la respalde y resulta totalmente ambigua, por lo que se dificultaría tasar con impuestos a determinados grupos de productos tal como lo propone el proyecto del ley.

En la casi totalidad de alimentos procesados los ingredientes de origen alimentario o alimentos enteros constituye más del 90 o inclusive el 98% del peso de los productos, Si bien algunos alimentos procesados tienen numerosos ingredientes, aditivos y auxiliares de fabricación, estos no constituyen ni de cerca el mayor porcentaje de la composición de los productos, ya que se encuentran en el orden de partes por millón, asegura la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología Alimentaria (ALACCTA).
En la casi totalidad de alimentos procesados los ingredientes de origen alimentario o alimentos enteros constituye más del 90 o inclusive el 98% del peso de los productos, Si bien algunos alimentos procesados tienen numerosos ingredientes, aditivos y auxiliares de fabricación, estos no constituyen ni de cerca el mayor porcentaje de la composición de los productos, ya que se encuentran en el orden de partes por millón, asegura la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología Alimentaria (ALACCTA).

Para las expertas pensar que el procesamiento del alimento como tal tiene algún efecto sobre su perfil nutricional es un concepto totalmente erróneo. Aseguran que un alimento puede experimentar un proceso sencillo y ser altamente calórico, así como puede ser sometido a un proceso extenso y complejo y resultar con baja densidad calórica y ser muy saludable.

Una de las principales preocupaciones que han manifestado es que seguir esta clasificación puede dar una percepción negativa o confusa de alimentos escenciales para la salud de la población sólo por el hecho de estar envasados, ser esterilizados o estar fortificados con vitaminas y minerales.

“La calidad nutricional de un alimento no depende de su proceso, depende de los ingredientes que contiene el mismo. Por esto, no es preciso clasificar a los alimentos que tienen procesos complejos como dañinos a la salud” explican las ingenieras Ing. Ana María Quirós Blanco y M.Sc. Ana Isabel Incer González, ambas investigadoras del CITA-UCR.

Mientras que la OPS, y el proyecto de ley presentado en Costa Rica, señalan que el aumento del peso corporal se encuentra directamente relacionado con el consumo de alimentos “ultraprocesados”, los tecnólogos de alimentos aseguran que cualquier alimento puede ser parte de una dieta balanceada combinada con un estilo de vida saludable.

Además indicaron que el sobrepeso y la obesidad en la población es un problemática asociada a múltiples factores, por lo que recomiendan que al proponer políticas públicas se realice un abordaje multidisciplinario, incluyendo criterios de profesionales en diferentes áreas como la nutrición, la ciencia y tecnología de alimentos y la medicina, entre otros.

En una actividad realizada el 18 de mayo en la Escuela de Tecnología de Alimentos de la UCR, la Dra. Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y la Ing. Ana María Quirós Blanco investigadora del CITA-UCR dieron a conocer los principales argumentos en contra de la clasificación NOVA y la denominación de alimentos "ultraprocesados".
En una actividad realizada el 18 de mayo en la Escuela de Tecnología de Alimentos de la UCR, la Dra. Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y la Ing. Ana María Quirós Blanco investigadora del CITA-UCR dieron a conocer los principales argumentos en contra de la clasificación NOVA y la denominación de alimentos «ultraprocesados».

El gremio defiende su aporte a la sociedad señalando que el procesamiento de los alimentos no es el culpable de la obesidad de la población, por el contrario gracias al avance de la ciencia y la tecnología de alimentos hoy en día es posible poner a disposición de la población alimentos seguros, nutritivos y de calidad, que se elaboran utilizando procesos complejos y de alta tecnología.

La posición de las expertas costarricenses además cuenta con el respaldo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ALACCTA), organización que manifestó no reconocer el concepto de “alimento ultrocesado”, el cual ha generado una especie de satanización de los alimentos procesados, sin que haya evidencia de que reducir su consumo vaya a producir los efectos que de buena fe esperan los reguladores.

¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

Según la clasificación NOVA existen cuatro grupos de alimentos: mínimamente procesados, procesados, ingredientes culinarios y ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados se definen con once características relacionadas con el origen de sus ingredientes, los procesos que se utilizan en su elaboración, su empaque e incluso por su apariencia y forma.

Entre sus ingredientes predominan el almidón, azúcar, aceites, sal y están presentes en su composición aditivos industriales con conservantes, estabilizantes, resaltadores del sabor, colorantes, aromatizantes, y emulsionantes, entre otros.

Alimentos «ultraprocesados» según sistema NOVA
Formulados en su mayor parte o totalmente a partir de sustancias derivadas de alimentos u otras fuentes orgánicas. Por lo común, contienen pocos alimentos enteros, o ninguno. Vienen empaquetados o envasados; son duraderos, prácticos, de marca, accesibles, con un sabor agradable o extremadamente agradable, y a menudo causan hábito. En general no son reconocibles como versiones de alimentos, aunque pueden imitar la apariencia, forma y cualidades sensoriales de estos. Muchos de sus ingredientes no están disponibles en las tiendas al menudeo. Algunos ingredientes se derivan directamente de alimentos, como aceites, grasas, almidones y azúcares, y otros se obtienen mediante el procesamiento ulterior de componentes alimentarios, o se sintetizan a partir de otras fuentes orgánicas. Numéricamente, la mayoría de los ingredientes son preservantes y otros aditivos, como estabilizadores, emulsificantes, solventes, aglutinantes, cohesionantes, aumentadores de volumen, endulzantes, resaltadores sensoriales, colorantes y saborizantes, y auxiliares para el procesamiento. Puede obtenerse volumen agregando aire o agua. Los productos pueden “fortificarse” con micronutrientes. En su mayoría están diseñados para consumirse solos o combinados como snacks, o para sustituir los platos y comidas recién preparados a base de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Los procesos incluyen la hidrogenación, hidrolización, extrusión, moldeado, modificación de la forma, preprocesamiento mediante fritura, horneado.

Como ejemplos se mencionan papas fritas en paquete, snacks empaquetados dulces o salados, helados, chocolates y caramelos; panes, bollos, galletas, pasteles y tortas empaquetados; cereales de desayuno endulzados, barras “energizantes”; mermeladas, jaleas y margarinas.

En bebidas se incluyen las gaseosas, las bebidas “energizantes”; bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogur líquido de fruta, bebidas y néctares de fruta, bebidas de chocolate, leche “maternizada” para lactantes, preparaciones lácteas complementarias y otros productos para bebés; y productos “saludables” o “para adelgazar”, como sustitutos en polvo o “fortificados” de platos o de comidas.

En esta clasificación también entrarían muchos alimentos y bebidas más que son muy importantes en la dieta de los costarricenses como la leche en polvo fortificada o el atún enlatado en agua que vienen envasados y pasan por diferentes procesos para su producción, según señalan los tecnólogos en alimentos.

El Sistema NOVA clasifica los alimentos en cuatro grupos, mientras que otros sistemas de clasificación de sólida base científica y amplio uso internacional establecen 15 o más grupos y numerosos subgrupos. En el caso de la ciencia de alimentos, la comunidad reconoce al Codex Alimentarius como la referencia científica válida para el establecimiento de los requisitos que deben cumplir los alimentos frescos y procesados.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Rectoría UCR: Proyecto de ley amenaza financiamiento para sedes regionales universitarias

Escrito el . Publicado en Derechos.

De manera casi unánime, 10 de los 11 diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa votaron a favor del proyecto de ley Nº 20595 «Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público», el cual derogaría artículos específicos de la Ley 6450 (incisos 3 y 3 bis), que sirven de fuente de financiamiento de ¢2093 millones para la inversión regional de cada universidad pública, y que provienen de fondos del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto, impulsado por los diputados del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero y Steven Núñez, pretende definir un mínimo del monto que reciben estas instituciones para el desarrollo de sedes regionales, usando como base el dinero asignado actualmente para estos fines. El problema radica en que la iniciativa no asegura que este dinero vaya a aumentar, pues el texto indica que en el futuro se realizarían «transferencias», sin que se especifique que estas serían incrementos.

Debido a este riesgo, jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) acudieron el jueves 12 de abril a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios y hacerles ver el error que sería la aprobación final de este proyecto en el plenario. La Universidad de Costa Rica advirtió que la sola posibilidad de restar recursos a las universidades públicas crearía un vicio de constitucionalidad, indicó el rector, Dr. Henning Jensen Pennington.

La Rectoría de la UCR puntualizó que las universidades públicas nos veríamos afectadas, ya que este tipo de fondos responden al Plan Nacional de la Educación Superior (Planes), y con el nuevo proyecto quedaría a criterio del Plan Nacional de Desarrollo. Pero también, según el artículo 84 de la Constitución Política, las universidades se sustentan con patrimonio propio, y no de la caja única del Estado, pues el proyecto busca que los giros se realicen según la disponibilidad de recursos públicos.

Por otra parte, el artículo 85 de la Carta Magna señala que el Estado dotará de patrimonio a las universidades públicas y les creará «rentas propias» y, justamente, este financiamiento es considerado como una renta propia en la Ley 7386 que reforma el artículo 3 y 3 bis de la Ley 6450, la cual asigna y distribuye un monto idéntico a las instancias regionales de cada casa de educación superior (en el caso de la UCR, un porcentaje importante de ese dinero va directamente al Recinto de Paraíso y el resto al Programa de Desarrollo Regional).

Las autoridades superiores de la UCR indicaron que, después de la reunión con los diputados, los rectores acordaron enviar un texto con una redacción satisfactoria para ambas partes, de modo que queden eliminados los aspectos inconstitucionales y para asegurar que este presupuesto crezca porcentualmente en la misma medida que lo hace cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). No preocupa que ese proyecto derogue la ley actual, señalaron las autoridades universitarias, siempre y cuando los recursos crezcan con criterios académicos y no políticos.

Otro aspecto que cabe destacar es que el proyecto en cuestión no fue presentado a las universidades públicas para su pronunciamiento, lo cual va también en contra de lo que establece la Constitución Política, así como tampoco fue analizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

La Universidad de Costa Rica confía en que las y los diputados cambiarán de opinión y entregarán un informe de mayoría negativo que, en teoría, eliminaría cualquier posibilidad de que esta iniciativa pueda ser aprobada por los 57 diputados de esta o la próxima legislatura.

 

Información generada desde la Rectoría UCR.

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UCR: Proyecto de ley pone en peligro recursos para sedes regionales de universidades públicas

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Aunque es un proyecto que atañe a las universidades públicas, este no fue enviado en consulta a estas instituciones ni tampoco se consultó al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa

UCR Proyecto de ley pone en peligro recursos para sedes regionales de universidades publicas
El Recinto de Paraíso se vería directamente afectado con este proyecto de ley (foto archivo ODI).

El proyecto de ley Nº 20595 Ley de eficiencia en la asignación del gasto público, presentado por los diputados Steven Núñez y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pone en riesgo fondos destinados a programas de regionalización de las universidades públicas.

El texto, que ya se votó afirmativamente en la Comisión de Hacendarios, propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general. De igual forma, las otras universidades públicas que perciben ingresos producto de esta ley, los destinan prioritariamente a sus actividades en Sedes Regionales.

Este tipo de ingresos se constituyen en rentas propias para las universidades estatales, por lo que eliminarlas reñiría con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que dice “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia, y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”.

Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, esto supone que el proyecto tenga vicios de constitucionalidad.

Los rectores de las universidades públicas ven también con preocupación el artículo 4 del proyecto en el cual se establecen los criterios para la asignación presupuestaria, ya que no son suficientemente claros y podrían eventualmente ser interpretados de manera antojadiza.

Además, aunque es un proyecto que atañe a las universidades públicas, éste no fue enviado en consulta a estas instituciones ni tampoco se consultó al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Ante esta situación, los rectores sostuvieron una reunión con los diputados Steven Núñez y Javier Cambronero del PAC, y con el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, a fin de presentarles sus inquietudes al respecto y acordaron enviar una propuesta de texto sustitutivo que elimine aquellos elementos del proyecto relacionados con el financiamiento de las universidades públicas que puedan resultar inconstitucionales y que garantice que los recursos sigan creciendo en condiciones idénticas al crecimiento del FEES, como lo establece la ley actual.

Los rectores se comprometieron también a estar vigilantes para evitar que se apruebe el proyecto en las condiciones actuales, ya que lesiona directamente los programas de regionalización de las universidades públicas.

 

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Gasto en fármacos para tratamientos especiales se incrementó un 244% en diez años

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

  • Primer Foro de la Facultad de Farmacia 2018
  • Proyecto de Ley plantea adquirir medicamentos de alto impacto financiero mediante fondo solidario

Foto Norberto Rivera Romero,del Consejo Universitario.Código: 10610. quien utiliza un medicamento para la dibetes, un dispositivo en forma de lapicero que contiene cuatro inyecciones.20/05/2014.Foto/Anel Kenjekeeva
La cotización media del seguro de salud, promedio de junio del 2017, es de ₡78,333 mensuales. «¿Hasta qué punto podemos llegar a ser solidarios en un sistema donde puede llegar el día en que, cuando necesite una acetaminofén, no me la den?», afirmó el Dr. Chaves.

El Agalsidasa beta es un medicamento indicado para el reemplazo enzimático en la Enfermedad de Fabry, un padecimiento que causa el daño renal progresivo, así como ataques cardíacos y cerebrales por citar algunos efectos.

Al día de hoy, tres pacientes han recibido dicho tratamiento con un costo anual de $239.089 cada uno. Si se incorpora el resto de las enfermedades que requieren un tratamiento especial, “el 27% del presupuesto de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está en menos de 10.000 pacientes”.

Así lo afirmó el Dr. Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología de la Caja en el marco del Foro: “Soluciones Innovadoras ante el impacto de las enfermedades crónicas en Costa Rica”, realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Durante su presentación, el Dr. Chaves expuso la importancia del proyecto: “Ley para la Adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS». Esta iniciativa busca fuentes alternativas orientadas a sufragar el gasto de los fármacos de costo elevado, los cuales actualmente constituyen un nuevo desafío para la sostenibilidad financiera de la seguridad social del país.

De acuerdo con el especialista, solo en el 2015 los fármacos no LOM, considerados como aquellos que no están dentro de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), correspondió a un monto cercano a los $37.021 millones.

A esa cantidad hay que agregarle los medicamentos esenciales. Se calcula que cada paciente que ingresa al sistema de seguridad social recibe en promedio más de 12 medicamentos. En el caso de una consulta ambulatoria se prevé que se reciben más de cinco fármacos y en consulta de emergencia cerca de 2,1.

Si las cifras anteriores se multiplican por el número de consultas que la CCSS atiende anualmente, del total del gasto en salud cerca del 7% corresponde a medicamentos. En el 2017, ese número correspondió a $198.378 millones.

UCR Gasto en farmacos para tratamientos especiales se incremento en diez anos2
Fuente: Gerencia Financiera, Dirección de Presupuesto CCSS. Del período (2006) al último período registrado (2016) hubo un incremento de 244% solo en fármacos para tratamientos especiales.

UCR Gasto en farmacos para tratamientos especiales se incremento en diez anos3
Fuente: Gerencia Financiera, Dirección de Presupuesto CCSS. En el gráfico se explica que los medicamentos NO LOM (no incorporados en la Lista Oficial de Medicamentos) supera el crecimiento de los medicamentos que sí se encuentran en la Lista Oficial.

“Sobre el total del gasto de medicamentos, el monto destinado a fármacos no LOM es superior a un 13,2%. Es ahí donde se viene a preguntar hasta dónde el sistema va a soportar. La CCSS ha logrado sostener los gastos mediante un modelo solidario de financiamiento tripartito: patronos, trabajadores y estado. Sin embargo, es una situación que hay que ponerle atención en un futuro próximo”, afirmó el Dr. Chaves.

El experto detalló que si no fuera por la seguridad social, un costarricense que presente una patología compleja y requiera de estos fármacos de alto valor financiero, tendría que trabajar hasta 20 horas diarias. Esto, si ganara el salario mínimo, con el fin de acceder al tratamiento anualmente.

“Es aquí cuando se ve la solidaridad del sistema pero, para seguir garantizando el derecho y el acceso a los medicamentos de los ciudadanos que así lo precisan, es necesario buscar nuevas fuentes que permitan enfrentar los gastos”, afirmó Chaves.

UCR Gasto en farmacos para tratamientos especiales se incremento en diez anos4
Las enfermedades crónicas poseen un porcentaje muy alto como causas de muerte en nuestro país. “Parte del compromiso UCR con Costa Rica es aportar a las políticas de salud, tratar de unir esfuerzos y compartir experiencias con otros países a fin de crear estrategias que mejoren nuestro sistema de salud. Estamos orgullos de lo que tenemos, por eso hay que fortalecerlo y la academia es un espacio propicio”, afirmó la decana de la Facultad de Farmacia, la Dra. Liditette Fonseca González.

Desafío latente

El decreto de medicamentos esenciales que tiene Costa Rica data desde 1982 y su objetivo es resolver las necesidades de salud presentes en la mayoría de la población. Por esa razón, se seleccionan los fármacos más requeridos en el país con base en criterios epidemiológicos, clínicos, farmacológicos y de sustentabilidad.

En casos excepcionales, cuyos medicamentos no están disponibles para pacientes en condiciones complejas, la CCSS pone a disposición un formulario terapéutico abierto. En este documento el médico debe justificar, con medicina basada en la evidencia, el por qué ese fármaco representaría un beneficio para el paciente.

El Dr. Chaves manifestó que solo en el 2016 el Comité Central de Farmacoterapia avaló el 54% de las peticiones. Sin embargo, los últimos datos también señalan que las solicitudes por formulario terapéutico abierto aumentan cada vez más.

“La política de medicamentos esenciales ha permitido tratar a más de un millón de pacientes hipertensos, quienes representan el 1,93% del presupuesto de medicamentos, y a 258.000 pacientes diabéticos con el 3,30%. Estos logros se han alcanzado con el 7,5% del presupuesto de salud a la inversión en medicamentos. Pero los fármacos de muy alto costo de adquisición, como en la enfermedad de Pompe, son casi $900.000 en dos pacientes. Por eso hablamos del índice de solidaridad, ¿hasta dónde se puede costear de manera solidaria sin afectar el derecho a la salud de los demás?”, afirmó.

LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE REQUIEREN MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO FINANCIERO, CON BASE EN INFORMACIÓN DE LA CCSS, SON: HEMOFILIA, CÁNCER DE MAMA, LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA, LINFOMAS, ARTRITIS REUMATOIDE Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE. TAMBIÉN HAY OTROS PADECIMIENTOS COMO EL CÁNCER RENAL DE CÉLULAS CLARAS, EL CÁNCER DE PRÓSTATA, EL MELANOMA, LA ENFERMEDAD DE FABRY Y LA ENFERMEDAD DE GAUCHER.

Soluciones

Una de las propuestas que se plantea, es generar un incremento en el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, como a las gaseosas y sus concentrados, así como otras bebidas líquidas envasadas excepto el agua.

En el caso de las gaseosas se estima un aumento de ₡5,5 y para las otras bebidas líquidas un incremento de ₡4,1. De acuerdo con Chaves, esto podría generar un ingreso a la CCSS de ₡10.000 millones.

“Se valora que el aumento del precio en promedio sea de un 2%. Por lo tanto, se espera que no afecte ni los niveles de consumo de estas bebidas, ni la producción de estas y, por ende, tampoco las fuentes de trabajo en esta industria. El objetivo final de la Ley es adquirir de manera solidaria medicamentos de alto impacto económico, a fin de fortalecer la labor de la CCSS en cuanto a seguir garantizando el acceso a los medicamentos”, afirmó.

El proyecto de ley también procura brindar tratamiento a enfermedades de baja prevalencia, así como fortalecer los programas de vacunación. Actualmente, la idea está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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