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Etiqueta: pueblos indígenas

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En esa fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en 1982.

Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.

Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno, y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada.

A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.

En nuestros países la población indígena se encuentra marginada y ha sido olvidada por los diferentes gobiernos de turno. Incluso a pesar de la existencia de una ley que protege sus territorios, la violación de los mismos es casi a diario y no hay protección de autoridades. Incluso muchos indígenas han pedido la vida defendiendo esos territorios que incluso las mismas instituciones del Estado han querido aprovecharse de ellas.

Es muy lamentable el estado de las poblaciones indígenas. A pesar de ello siguen luchando por mantener viva su esencia, su lengua, sus tradiciones y eso también debe protegerse por parte del Estado. Incluso cada uno de nosotros debe sumarse a la lucha de ellos por preservar su identidad, su historia y su deseo de compartirla con los que les rodeamos.

Dios quiera que esta conmemoración sirva para tomar conciencia de apoyar a las poblaciones indígenas y hacer lo posible para que vengan muchas generaciones de ellas y compartan con las generaciones venideras nuestras.

Recuperador de Crun Shurín a 12 años de la arrastrada

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Pablo Sibar Sibar
9 de agosto 2022

Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.

Ahí a las 2 de la madruga abrazados para poder repeler el frio de esa Ciudad fue que conversamos que habitamos agotado toda las vías para que el Estado Costarricense nos devolvieran nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.

Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los  comenzaríamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestro territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.
 
Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.

En mis más de 40 años de lucha he escuchado muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.

Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.

Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.

Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.

Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.

Muchas gracias por leer y solicito lo divulguen.

Conversatorio: Política Pública y Pueblos Indígenas de Costa Rica

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Se extiende invitación para el próximo miércoles 10 de agosto de 2022, al conversatorio “Política Pública y Pueblos Indígenas de Costa Rica: Desafío de la interculturalidad y pertinencia cultural en la función pública”.

Con la participación de Carlos Von, de la Unidad de Prospectivas y Políticas Públicas; Elides Rivera, indígena broran del territorio de Térraba; Donal Rojas, de la Mesa Nacional Indígena; Randall Otárola, ex viceministro de presidencia y la moderadora Xinia Zúñiga, investigadora de UCREA-UCR.  

El objetivo es conocer las experiencias, avances y pendientes sobre la construcción de políticas públicas para los Pueblos Indígenas en Costa Rica, impulsadas desde el Poder Ejecutivo durante las últimas administraciones de gobierno.

Para ingresar al conversatorio lo puede hacer desde el siguiente enlace: https://www.youtube.com/c/WebTVUCR 

 

Compartido con SURCOS por Colegio de Profesionales en Sociología.

Pueblos indígenas de Costa Rica. Museo del Oro Precolombino

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En Costa Rica existe la población indígena que corresponde aproximadamente a un 2,4% del total de los habitantes. Existen 8 pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios. En este video dirigido por Andrés “Toro” Segura con la asistencia de Luis Carlos Bogantes, y el guion e investigación por parte de Sofia Quirós y Priscilla Molina, retrata la historia de diferentes miembros de los pueblos indígenas de Costa Rica. 

Compartimos el video de YouTube:

Carta abierta en apoyo a Cristhian González Gómez; funcionario de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica

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En la carta a continuación, diferentes organizaciones y personas pertenecientes a movimientos sociales de Pueblos Originarios, realizan un pronunciamiento en defensa de Cristhian González Gómez; funcionario de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica. 

Si desea ser parte de los y las firmantes de la carta abierta, acceda al siguiente enlace de Google Formularios: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdScXYQA5DtxFY3WApLs9FQIo_hl8Qu5muXO3SACzojdHReag/viewform

Compartimos la carta a continuación: 

Señora Allegra Baiocchi.

Agente Residente Sistema de Naciones Unidas Costa Rica.

Señora Catalina Crespo Sancho. 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica 

5 de agosto, 2022.

Reciban un cordial saludo de parte de las organizaciones, instituciones y personas que suscribimos esta carta.

La cual tiene el objetivo de expresar el respaldo y apoyo a las labores realizadas por Cristhian González Gómez, funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cristhian no sólo ha sido amable, respetuoso y responsable con el trato directo frente a las Organizaciones Propias de Pueblos Originarios que nos encontramos fortaleciendo nuestra cultura, sino que, es objetivo, altamente ético y su labor se caracteriza por la probidad y por la defensa de los Derechos Humanos. Cristhian pertenece a uno de los Pueblos Originarios que habitan la Zona Sur del país -Pueblo Bruncakj, en el Territorio de Boruca-, por lo que sabemos que cuenta con la experiencia y sensibilidad necesaria para escuchar nuestras necesidades y acompañarnos desde tan importante organismo internacional. Sin lugar a duda su presencia en la ONU y en los Territorios Indígenas de la Zona Sur y del país ha sido de mucha importancia. 

Queremos hacer público ante usted, que agradecemos profundamente el trabajo del señor Cristhian González y que respaldamos sus labores. Conocemos de su integridad humana, profesional y, sobre todo, su profundo compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las personas más vulnerabilizadas, discriminadas y violentadas en el país.

Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos injustos a González Gómez que fueron expresados en una carta que le fue presentada a la señora Defensora de los Habitantes, durante una reunión con sectores que se oponen abiertamente a las recuperaciones de tierra-territorio y que han promovido y participado en agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios. En esa carta, según la nota publicada por un diario de circulación nacional, se menciona que el señor Cristhian González Gómez tiene participación en las “invasiones en la zona” y que supuestamente cuenta con una actitud imparcial ante las Organizaciones Propias que estamos recuperando nuestras tierras-territorios. Señalamiento que es falso y que más bien da cuenta de la alta complejidad del contexto que atraviesan nuestros Pueblos y Territorios; contexto en el que las y los recuperadores han probado que son los principales afectados de la violencia y que, por tanto, la ONU les dirige la atención y escucha.

Las invitamos a dialogar con los diversos sectores inmersos en este conflicto, con el objetivo de reducir la tensión y la violencia que nos aqueja.

Finalmente, esperamos que se pueda reconocer la importante labor del señor González Gómez, así como de los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes señalados en la misma carta. A ellos y ella, les agradecemos profundamente su labor y compromiso real con la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y de cualquier sector que se encuentre en vulnerabilidad. 

Saludos fraternos.

Ingresan personas no indígenas a Yuwi Senaglö

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– Entran 2 sujetos no indígenas a casa donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas Mata, reconocido como ocupante de mala fe por el INDER.

Comunicado público

El jueves 4 de agosto 2022. Al ser las 11:20 minutos aproximadamente 2 sujetos no indígenas, uno de ellos identificado como Fernando Blanco, ingresaron a la casa donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas desde el 27 de septiembre del 2020. Esto en el terreno recuperado Yuwi Senaglö, Territorio Cabecar de China Kichá.

Recordamos al Estado de Costa Rica, que el compromiso adquirido es que no se iba permitir la entrada de ninguna persona a la casa donde está atrincherado Miguel Vargas. Los acuerdos corresponden a los alcanzados con el Viceministro de Seguridad en ese momento, Eduardo Solano Solano. 

Aproximadamente a las 11:50 a.m. la Fuerza Pública logró sacar al sujeto Fernando Blanco. El otro sujeto se niega a salir y es apoyado por Miguel Vargas. 

Por lo que solicitamos a la Fuerza Pública retirar de forma inmediata al sujeto de la casa y del terreno recuperado. 

Recuperadores (as) cabécares de Yuwi Senaglö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

En el siguiente enlace puede encontrar la noticia: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/570747571207312/

Nuevo ataque contra familia recuperadora en el territorio Bribri Yäbami Dí (Cabagra)

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 27 de julio de 2022 fue cortada la siembra de arroz en la recuperación de la comunidad Dí Bütôk wüyïrké en el Territorio Bribri de Yäbami Dí conocido como Cabagra. Se presume que el sospechoso del ataque es el ex ocupante ilegal; llamado Luis Ángel Pérez Jiménez.

El inicio se da el martes 26 de julio alrededor de las 6:00 AM. La Familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak se dirigió a trabajar en el arrozal que sembraron como parte del proceso de recuperación de tierra-territorio y que se encontraba a punto de ser cosechado. Para su sorpresa, el arrozal se encontraba completamente destruido y la cosecha, por lo tanto, se dio por pérdida. Este ataque atenta directamente con la alimentación de la Familia Bribri y recuperadora del territorio; Sandí Morales.

El ataque se dio en el territorio que se encuentra a 400 metros norte de la escuela de la comunidad Dí Bütôk wüyïrké, conocida en español como Las Juntas del Territorio Bribri de Yäbami Dí. El proceso de recuperación inició el 28 de abril del 2021, siendo ocupada ilegalmente, hasta ese momento, por Luis Ángel Pérez Jiménez.

Desde entonces, Luis Ángel Pérez Jiménez respondió con diversos ataques en contra de la Familia recuperadora Sandí Morales. También, Pérez Jiménez pertenece a la Comisión Pluriétnica y Multicultural; organización que aglutina distintas personas que, ocupan u ocupaban ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas de la Zona Sur de Costa Rica.

Entre las denuncias judiciales en contra del no indígena, Luis Ángel Pérez Jiménez, se encuentra la establecida por amenazas agravadas del 8 de junio del 2022 y del Expediente: 21-0000360-0634-PE que fue interpuesta ante la Fiscalía de Buenos Aires. Según lo relatado por el recuperador, Donald Sandí Morales, Pérez Jiménez les amenazó, al decir: “ese ganado no me lo van a sacar en ningún lado y esa agricultura no la van a aprovechar”. Amenaza que se sospecha fue cumplida el día 27 de julio.

Por lo anterior demandamos: 

  1. Que el Estado de Costa Rica ejecute el desalojo administrativo contra Luis Ángel Pérez Jiménez quien ocupa ilegalmente un terreno en Yäbami Dí.
  2. . Que la Fuerza Pública garantice la integridad y vida del Pueblo Bribri de Yäbami Dí.
  3. Que la Fiscalía Indígena, OIJ y Defensa Pública se presente lo antes posible en el terreno recuperado para tomar las denuncias y realizar las diligencias necesarias para establecer las responsabilidades respectivas y se ordene, como medidas cautelares, que Pérez Jiménez se retire del Territorio Bribri Yäbami Dí.
  4. Que el Poder Judicial investigue el supuesto actuar delictivo de la Comisión Multiétnica y Pluricultural.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Familia Recuperadora Sandí Morales, Clan Duri Wak.

Consejo Iriria Sat Kök.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Imagen ilustrativa.

Actualización 2 de Alerta Temprana en el Territorio de Yämabï Dí: detonan Arma de Fuego

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este sábado 30 de julio del 2022 aproximadamente las 6:10 p.m., el ex ocupante ilegal Luis Pérez amenazó de muerte a la familia Sandí Morales, recuperadora del Clan Duri Wak. A quiénes les gritó: «cholos hijos de puta sigan jodiendo con esas demandas los van a sacar en bolsa de aquí…”. Posteriormente, realizó cuatro detonaciones con un arma de fuego, pesada.

Por tercera vez en esta semana el señor Luis participa en amenazas y agresiones contra esta familia, aunque la Fuerza Pública ha hecho acto de presencia no hay acciones concretas ante los hechos violentos contra la familia Sandí, por lo que respetuosamente se solicita la presencia del OIJ para el respectivo proceso de revisión sobre las armas de fuego y las tenencias de las mismas por parte del señor Pérez.

Conjuntamente, se le solicita al Poder Judicial haga cumplir las medidas cautelares que ordenan a Luis Pérez a no perturbar, ni molestar a la familia Sandí Morales y a las personas testigos de las causas judiciales en su contra. Además, mantener una patrulla de la Fuerza Pública que garantice y resguarde la integridad de la familia Sandí.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

Para información y seguimiento diríjase al siguiente enlace: https://www.facebook.com/112372567940780/posts/175495791628457/ 

 

Imagen de portada ilustrativa.

Sobre tres designaciones notables

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

A mis contactos en WhatsApp acostumbro enviar mensajes cortos de opinión jurídica y política sobre temas concretos. Desde el 21 noviembre de 2019, día de la gran movilización nacional del Paro Cívico y como resultado de la sangrienta represión, terminé con un llamado a la ¡resistencia! esta clase de notas, en las que expreso puntos de vista jurídicos ante eventos del movimiento popular y/o hechos políticos, pero luego del triunfo electoral en que se ganó la presidencia popular con la fórmula Gustavo Petro – Francia Márquez, he dejado de usar el llamado a la ¡resistencia! Esto, por cuanto ya somos gobierno. No obstante, se ganó el gobierno más no el poder, que continúa arraigado en el terrorismo de Estado narco paramilitar. Eso lo tiene claro la izquierda legal que aporta en el Pacto Histórico y en el Frente Social democrático. Continuaré con esa notas sin pie de firma o nombre propio sino como “!Puro Abogado!”

SOBRE LAS DESIGNACIONES.

Ha caído muy bien la designación que ha hecho el presidente Petro de tres miembros de las comunidades indígenas en importantes cargos de representación tanto a nivel nacional como internacional. La lideresa social arhuaca, Leonor Zalabata Torres, será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) en New York. Patricia Tobón, abogada y Comisionada de la Verdad, dirigirá la Unidad de Victimas, y Giovani Yule, sociólogo nasa, estará al frente de la Unidad de Restitución de Tierras.

Las reacciones por parte de la derecha militarista, latifundista, terrateniente y racista no se hicieron esperar.

De la compañera Leonor Zalabata Torres esgrimen que ella no maneja el inglés. En forma pausada, la lideresa ha transmitido conocimiento de la alta función encomendada y explica que el español es idioma oficial en la ONU, junto con el inglés.

De la designación de la abogada Patricia Tobón resalta la importancia del tema que le corresponde y el valor que el presidente Petro da al informe de la Comisión de la Verdad y su aceptación en el ámbito internacional.

Del compañero Giovani Yule señalan que tiene intereses en los procesos de restitución de tierras y que por ello incurriría en un conflicto al ser dizque “juez y parte”.

En particular, la designación de Giovani Yule es tan acertada que se equivocan quienes creen que la entidad de restitución de tierras cumple funciones judiciales. Nada más alejado de la realidad.

Las Unidad de Restitución de Tierras está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y a la Resolución 1519 de 2020, que pone a disposición de los ciudadanos y grupos de interés, en lo referente a tierras despojadas durante el conflicto, la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer los contenidos de las decisiones y consultar la información que esta entidad genera en el desarrollo de su misión, sus funciones y deberes, esencialmente administrativos.

Conforme a como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado, en los procedimientos administrativos atinentes al tema de restituciones no podrá ser reservada o limitada; por el contrario, es de carácter público, y debe ser clara, diáfana y amplio acceso. En este sitio se proporciona y facilita el acceso en los términos más amplios posibles. Precisamente, de esto está huérfano el proceso administrativo. La corrupción, el clientelismo y el negacionismo han anidado en estos trámites, que se colocan a espaldas de los intereses de las víctimas despojadas y sacrifican el sentido de valía y exposición de ese derecho privado de las víctimas.

En hora buena llega el nombramiento del compañero Giovani Yule para que el direccionamiento del contenido de los expedientes redunde en el éxito de los reclamos asistidos. Dizque el compañero Giovani Lule se convertiría en “juez y parte”, afirman, en craso desconocimiento de la materia y ello redunda, precisamente, en el enredo jurídico en que el mal uso del derecho ha permitido burlar los alcances de los revictimizados y hacer ineficaces los fines altruistas de la Ley.

La función de la Unidad de Restitución de Tierras no es la de juez, sino de trámite administrativo. Pero un procedimiento administrativo viciado y sin tema de prueba asistido, solo genera impunidad. Simple es comprender que lo del empleo público está debidamente reglado y pone en función al principio de legalidad. No se configura impedimento alguno. Están en juego intereses de clanes económicamente poderosos y hasta de multinacionales, sobre el manido efecto distractor de los llamados “poseedores de buena fe” en el que la simulación de los actos y negocios jurídicos es de uso frecuente.

Sabido es que la restitución de tierras tiene la competencia sobre la suerte de diez millones de hectáreas que fueron despojadas en lo que se ha dado en llamar la “reforma agraria blanca” del narco paramilitarismo en Colombia. Lo de los tres millones de hectáreas disponibles en baldíos es otro tema. Con seguridad que por el conocimiento que tiene el compañero Giovani Yule de la inscripción en el Registro Único de Tierras Abandonadas (RUPTA), garantizará protección de bienes e intereses de las víctimas.

Igualmente, respaldará y avalará las medidas cautelares que impiden el registro de traspaso al operar la inscripción en el registro sobre bienes inmuebles o tierras en cuestión; algo que ostenta hoy todos los defectos con la consiguiente burla y dilación en el reconocimiento de los derechos y permite la piñata en ejercicio y beneficio de los tales, repito, “poseedores de buen fe”. El meollo del asunto es llegar al tercero poseedor de buena fe exenta de culpa y en ello radica la impunidad. La enorme labor por cumplir radica en la obtención del Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno. En esa directriz se interrelacionan e identifican lo del predio (claridad sobre su existencia jurídica), el diseño y administración real en el registro de esas tierras, y el papel del sujeto de restitución y su familia.

La función del director de Restitución de Tierras se centra en llevar a su nombre y en el de los reclamantes el fundamento de ese accionar. Por ello no es un juez, sino que, por el contrario, es quien presenta al juez el asomo sólido de las pretensiones de las víctimas para la consecuente y subsiguiente aplicación de la reparación integral. Precisamente, hasta después de darse la sentencia de restitución de tierras las victimas continúan desamparadas, pues la burocracia de bolsillo, en esa entidad rectora, no aplica en la ejecución de las sentencias respectivas. Serán esos algunos de los “entuertos” que el compañero Giovani Yule corregirá.

Para concluir con este análisis, es dable destacar que es función del órgano administrativo de restitución de tierras garantizar el goce de este derecho fundamental. Vale decir, buscar la restitución jurídica y material de tierras, así como la permanencia y protección de los territorios. Todo ello concatenado y de la mano, en función de la aplicación de la Reforma Agraria Integral. El acierto en la acertada designación de la ministra de Agricultura por parte del presidente Gustavo Petro, augura el éxito en el logro de tal promesa electoral y en el cumplimiento del soberano compromiso del Estado de Colombia en cuanto a la implementación total de los Acuerdos de La Habana.

DE LA LEY 1448 DE 2011 (junio10)

Se trata de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.

Me corresponde, por consecuencia profesional y política y por ser un conocedor de la materia, aportar a la doctora Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas, designada por el presidente Petro, en las experiencias resultantes en cuanto al centenar o millar de víctimas de colombianos y colombianas refugiados en Centroamérica y en particular en Costa Rica, donde lideré, organicé y asistí a cientos de refugiados víctimas del conflicto armado interno. No pude representarlos en ejercicio del derecho de postulación, pese a mi doble calidad de abogado colombiano y costarricense, por prohibición expresa de la normativa de víctimas, que no permite que ellas sean representadas por abogados. Pues bien, no es la primera vez que he denunciado que a cientos de solicitudes de víctimas del conflicto armado en Costa Rica una cónsul uribeña no les dio tramite, ni remitió nada a la Unidad Nacional de Victimas, coludida con el entonces Procurador fascista de apellido Ordóñez, quien la apadrinaba.

Este álgido asunto requiere que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leiva Durán, atienda la situación de miles de refugiados colombianos en varios países que no han retornado ni aparecen en el Registro Nacional de Victimas y estaban en contra de esa ley.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO – Acerca de la visita de la Defensora de los Habitantes al Territorio Indígena de Salitre, Cantón de Buenos Aires ¿Inconsistencia o cambio de posición de la Defensoría?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

21 de julio del 2022

Los abajo firmantes, investigadoras e investigadores de las universidades públicas, expresamos nuestra preocupación por las opiniones emitidas por parte de la señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho a raíz de la visita que realizó al territorio Indígena de Salitre. Dicho evento, fue publicado por un diario nacional que la difunde bajo los titulares: “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve” (8 de julio del 2022) y “Funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena” (11 de julio del 2022)1. Posteriormente, esta acción fue objeto de otras publicaciones en la prensa nacional: “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas” (11 de julio del 2022) y “Defensora de los Habitantes califica de ilegales las recuperaciones de los territorios indígenas” 2; el sindicato de la Defensoría también manifestó inquietud por las declaraciones de la señora Crespo3, así como varias organizaciones indígenas cuestionaron en diferentes publicaciones las declaraciones de la señora Defensora4. Luego, el diario vocero de esa visita, agregó un nuevo titular: “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”5 en la que se consignan denuncias hacia personas específicas de esa institución, según se afirma, por parte de la propia señora Defensora, apoyada en las acusaciones realizadas por las personas participantes en la reunión referida.

Ante esta situación consideramos imprescindible manifestarnos y señalar lo siguiente:

1. Los propios pueblos indígenas, los organismos internacionales, diferentes organizaciones no gubernamentales, y la Defensoría de los Habitantes han documentado y denunciado durante décadas y en repetidas ocasiones, la grave violación a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, la cual ha venido escalando y agudizando a vista y paciencia de la institucionalidad pública y de las autoridades de todos los poderes de la República. Hay avances formales y normativos pero no hay resultados efectivos, ni en la solución de las situaciones urgentes, como lo son la recuperación de sus tierras y la legítima auto representación política, ni en los problemas estructurales e históricos de esta población.

La Ley Indígena 6172 de 1977, la firma del Convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país, el voto a favor de la Declaración de la Naciones Unidad sobre el Derechos Indígenas adoptada en 2007 entre otras normativas han sido obviadas en nuestro país. Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido seguidas eficientemente por el Estado y ni siquiera la legislación general para las y los ciudadanos costarricense se aplica de la misma manera cuando se trata de personas indígenas.6

Hay en esta acción continuada, más que una desaplicación de la ley, una negación persistente de la condición de sujetos históricos y de sujetos de derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que es en extremo preocupante.

2. En el caso de las recuperaciones de tierras en Salitre, es necesario considerar la insistencia y gestión indígena durante decenas de años para reclamar sus tierras por todas las vías legales posibles. Desde los años noventa los indígenas venían planteando procesos judiciales agrarios de reivindicación, que en algunos casos tardaban hasta 8 o 10 años en ser fallados en favor de la comunidad indígena. Luego sucedía que las órdenes de desalojo no se concretaban por múltiples razones de tipo administrativo y hasta político.

Las recuperaciones de tierras son acciones desesperadas que tienen una justificación en la desidia institucional, en la negación de acceso a la justicia, y en la presión histórica que los usurpadores no indígenas ejercieron para dominar en todas las esferas, y apropiarse de estas tierras impunemente. 

Después de una década de las primeras recuperaciones que se dan en el 2012 en Salitre, la intervención estatal ante este hecho continúa pendiente. El Plan RTI (Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas) elaborado por el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) para atender esta problemática es todavía un documento que está en etapa de campo y no ha logrado hacer efectiva ninguna devolución territorial, después de más de 6 años de haberse iniciado.

De manera tal, que ni las acciones administrativas, ni las acciones legales emprendidas por los pueblos indígenas han tenido resultados contundentes, por lo que las recuperaciones territoriales se mantienen en el horizonte como la única posibilidad de resarcimiento de sus derechos territoriales, aunque esto signifique asumir riesgos contra la integridad de las personas indígenas. En consecuencia, las reacciones violentas de quienes ocupan ilegalmente el territorio, mientras permanezcan impunes, seguirán abonando a la profundización y extensión del conflicto, que lamentablemente ya ha cobrado la vida de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.

3. Según la ley – y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones- los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas, por eso el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos.

4. La Defensoría de los Habitantes ha sostenido hasta ahora una posición muy clara en ese sentido, haciéndoles ver a los habitantes no indígenas, que si tienen documentos de propiedad anteriores a 1977 tienen derecho a una indemnización, si por el contrario, adquirieron los terrenos después de 1977, estarían en condición de ilegalidad según la ley y lo que corresponde es el desalojo sin indemnización. Esta explicación la misma señora Defensora la comunicó a la señora Thais Vidal en el año 2020 bajo el oficio: DH-DIND-0176-2020, de manera que dos años después no es posible alegar asombro, ni desconocimiento de una situación que ya conocía y ante la cual había emitido un criterio institucional.

5. Es decir, la Defensoría no solo tiene conocimiento pleno de lo que sucede en los territorios indígenas, de los conflictos, los intereses en juego, las distintas informaciones y desinformaciones circundantes, sino también de los asesinatos, hostigamientos, criminalizaciones y las constantes amenazas de muerte que líderes y lideresas indígenas por parte de finqueros no indígenas, de personas contratadas por ellos o bien, de personas indígenas afines a sus intereses. La señora Defensora ha expresado públicamente que conoce bien esta la situación de los territorios.

6. La Defensoría de los Habitantes ha gozado del respeto y la confianza de lideresas y líderes comunitarios y de la población indígena, gracias al profesionalismo, objetividad, transparencia y coherencia con la que han actuado el personal especializado en derechos indígenas y algunos Defensores y Defensoras a la hora de emitir criterios, informes, alertas, recomendaciones, solicitudes y recordatorios a las instituciones públicas. Estas acciones las han realizado sobre la base de hechos ocurridos en los territorios, datos concretos y observaciones directas. Sin duda, su participación ha sido fundamental en varios momentos críticos en defensa de los derechos indígenas, labor, por cierto, claramente disminuida en los últimos cuatro años.

7.Es ante lo anteriormente expuesto, que nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas.

En particular llama la atención que una de las personas activamente participante -según se dice en la noticia – fuera la señora Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpación de tierras en Salitre (No. 2016-0321)7 – como es de conocimiento público – llegando al punto de declararse indígena “pluriétnica”8, para obtener su propósito. Dos peritajes culturales llegaron a las mismas conclusiones sobre la falta de legitimidad de documentos aportados por la señora Vidal, acerca de su identidad como indígena bribri y posteriormente la ADI de Ujarrás declaró que tampoco es cabécar. ( Véase Resolución de la Sala Constitucional N°20139-2014 que declara sin lugar Recurso de Amparo). En esas ocasiones, la señora Vidal cuestionó a los profesionales responsables porque sus dictámenes no la favorecen, incluyendo su apelación a la sentencia mediante recurso de casación, el cual la Sala III declaró sin lugar ( R 2017-000585).

Considerando los criterios antes expuestos, con todo respeto solicitamos a la señora Defensora de los Habitantes, que:

  • La Defensoría de los Habitantes conforme a su misión de tutelar los derechos en general y de los pueblos indígenas en particular y en su agenda como Defensora, se mantenga la acción consecuente que la ha caracterizado en la defensa y restitución de derechos de los Pueblos Indígenas, retomando con fortaleza las acciones que estén a su alcance para que se agilice el Plan RTI y todas las acciones institucionales necesarias para garantizar el saneamiento y la seguridad de los territorios indígenas. Así como se ejecuten acciones específicas para garantizar el acatamiento de la normativa nacional e internacional en materia indígena, un papel fundamental de la Defensoría.
  • Aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones, y en caso de que haya variaciones con el criterio histórico que ha mantenido la institución-, muestre los argumentos y datos que fundamentan un cambio tan importante.
  • En ese mismo sentido, respetuosamente le hacemos un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría.

Nombre / Institución:

1. Xinia Zúñiga Muñoz. Investigadora. CICDE – UNED / Proyecto Conflictos Territoriales UCREA-UCR.

2. Denia Román Solano. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Antropología. CIAN UCR.

3. David Solís Aguilar. ProCultura, CICDE-UNED / FLACSO Guatemala.

4. Mauricio Alvarez Mora. Docente en las Escuelas de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y IDELA-UNA.

5. Jeffrey Peytrequín Gómez. Esc. Antropología UCR.

6. Rebeca Arguedas Ramírez. Académica UNED.

7. Andrea Cuenca Botey, Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UNED.

8. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

9. Patricia Mora Castellanos. Escuela de Estudios Generales UCR.

10. Alberto Gutiérrez Arguedas, Sede de Occidente y CIEP, UCR.

11.Ma. del Carmen Araya Jiménez, CIAN-UCR.

12. Jorge Arturo Lobo Segura. Escuela de Biología, UCR.

13. Helga Arroyo Araya. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Psicología.

14. Alejandro Alvarado Alcázar, Escuela de Sociología, UCR.

15. Onésimo Rodríguez Aguilar, director, Centro de Investigaciones Antropológicas.

16. María E. Bozzoli Vargas, Proyecto Conflictos Territoriales UCREA/Esc.Antropop. CIAN. UCR.

17. Ana Lucía Calderón Saravia, asesora curricular, Centro de Evaluación Académica, UCR.

18. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

19. Maritza Marín Herrera, Académica de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

20. Vernon Soto Lugo. Docente de Ciencias biológicas en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

21. Macarena Barahona Riera. Docente e investigadora de Escuela de Estudios Generales.

22. Sylvia Elena Solano Ulate. Docente de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

23. María José Chaves Groh. Docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el CIEM, UCR.

24. Ángela Ramírez Guerrero. Docente en la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica.

25. Geanina Amaya Rodríguez. Docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.

26. César Moya Aburto, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

27. Carmen María Camacho Rodríguez, académica e investigadora jubilada (UNA, UCR, ICAP).

28. Verónica Jerez Brenes, docente, Escuela Estudios Generales, UCR.

29. Ernesto Cortes Amador, docente, Escuela de Antropología, UCR.

30. Silvia Rojas Herrera, académica, Escuela de Sociología, UNA.

31. Catalina Carrillo Vargas, académica IDESPO y Sede Brunca, UNA.

32. Mariana Porras Montero, docente de la Escuela de Trabajo Social, UCR.

33. Celia Barrantes Jiménez, docente interina Escuela de Antropología, UCR.

34. Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR/Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas-CONARE.

35. Vania Solano Laclé, docente de la Escuela de Antropología y coordinadora del proyecto EC-581 Observatorio para la acción contra el racismo, CIAN-UCR.

36. Francisco Javier Mojica Mendieta, Antropólogo Proyecto Pueblos Originarios-U Públicas-CONARE; docente posgrado en Antropología-UCR; Director de Revista Trama, ITCR.

37. Giovanni Beluche Velasquez. Coordinador del Programa de Humanidades de la UTN.

38. Zuiri Méndez Benavides, docente Escuela de Sociología y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

39. Luis Andrés Sanabria Zaniboni. Proyecto EC-518 Observatorio Bienes Comunes. Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

40. José Antonio Mora Calderón. Docente Sede de Occidente y Coordinador de Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR.

41. Nathalia Vargas Umaña. Trabajadora Social, Gestora Sociocultural y activista feminista.

42. Mar Fournier Pereira. Docente Escuela de Psicología, UCR

43. Mariana R. Mora. Docente Escuela de Sociología UCR

44. Daniel Solano Ulate. Docente Escuela de Danza, Escuela de Música, UNA.

45. Marcelo Valverde Morales. Académico IDELA, UNA.

46. Luis Paulino Vargas Solís, investigador CICDE-UNED.

47. Ali García Segura. Bribri Talamanca. Investigador Facultad Ciencias y Letras UCR.

48. Paulo E. Coto Murillo, Investigador y docente, CICDE-UNED/ Posgrado de Sociología, UCR.

49. Mariano Saenz Vega, Investigador docente Ad-Honorem, UCR.

50. Anacristina Rossi, Profesora de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.

51. Priscilla Carballo Villagra, investigadora, CICDE-UNED.

52. Pablo Arturo Díaz González, investigador, CICDE-UNED.

53. David Arias Hidalgo, profesor-investigador ITCR-

54. Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS, docente UCR.

55. Raquel Lafuente Chryssopoulos, profesora-investigadora Escuela de ingeniería en producción industrial, integrante del Consejo Institucional ITCR.

56. Evelyn Hernández Solís, Estadística de la Oficina de Planificación, ITCR.

57. Noemy Quirós Bustos, Coordinadora Centro de Investigación CEQIATEC, profesora-investigadora Escuela de Química, ITCR.

58. Roberto Cortés Morales, Director Escuela de Ingeniería en Computación, ITCR.

59. Isabel Ducca Durán, catedrática jubilada de la Universidad Nacional.

60. Carolina Quesada Cordero, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.

61. Nora Garita Bonilla, catedrática jubilada, Universidad de Costa Rica.

Siguen más firmas…

1 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve. y https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479557/funcionarios-de-defensor-a-ocultaron-lamento-ind-gena

2 https://semanariouniversidad.com/pais/defensora-visita-salitre-guiada-por-abogada-condenada-a-carcel-por-usurpar-tierras-indigenas/ y https://delfino.cr/2022/07/defensora-de-los-habitantes-califica-de-ilegales-las-recuperaciones-de-territorios-indigenas

3 https://delfino.cr/2022/07/sindicato-de-la-defensoria-senala-a-catalina-crespo-por-reunirse-con-usurpadores-de-tierras-indigenas?s=09.

4 https://www.facebook.com/111882987093775/posts/555428809405855/

5 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479926/denuncian-a-funcionarios-de-la-defensor-a-de-los-habitantes

6 La Comisión impuso a Costa Rica la Medida Cautelar 321-12 desde el 2015 vigente hasta el momento. https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp. El país ha recibido la visita de dos Defensores de Derechos Indígenas, James Anaya (2011) y Francisco Cali Tzay (2020) quienes en sendos informes han expresado su preocupación por múltiples violaciones de derechos indígenas en nuestro país. Para mayor información véase https://www.sciencespo.fr/opalc/content/pueblos-indigenas-en-salitre-las-medidas-cautelares-solicitadas-costa-rica-por-la-cidh.html#:~:text=Las%20medidas%20cautelares%20constituyen%2C%20como,de%20la%20CIDH%3A%20la%20violencia

7Dictada a las 11 horas 56 minutos, del 20 de mayo de 2016, por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. Sentencia de cárcel para Thais Vidal https://www.youtube.com/watch?v=DUF9jcySHBc). La señora Vidal, abogada de profesión, obtuvo ejecución condicional de la pena, lo mismo que su pareja el señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez agrario quienes compran ilegalmente una parcela en Cebror de Salitre a una persona que no era indígena bribrí, pero que de buena voluntad la comunidad indígena la había dejado habitar en el Territorio.

8 ADI de Ujarrás niega identidad indígena a Thais Vidal https://www.tvsur.co.cr/etiqueta/thais-vidal-salitre/